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El señor GAZMURI .-
Señor Presidente, el proyecto en discusión, respecto del cual los Parlamentarios de la Concertación contribuimos a los acuerdos que finalmente nos permiten contar con la seguridad de que será aprobado por el Senado, se origina, precisamente -como bien se ha dicho-, en las características de la reforma tributaria acordada en 1990, oportunidad en la cual, en razón de que era indispensable llegar a un consenso, se dio carácter transitorio al mayor esfuerzo impositivo convenido. Y deseo repetir lo que planteé en la discusión general de la iniciativa en ese entonces: "En consecuencia, queremos dejar constancia de que, a nuestro juicio, el esfuerzo tributario mayor orientado a financiar el gasto social no puede tener la transitoriedad de tres años, pues los problemas que pretendemos enfrentar son múltiples y muy profundos, y su solución va a ser una tarea de más de un Gobierno de transición, como es el del Presidente Aylwin .".
Por lo tanto, sobre esta primera cuestión, quiero dejar establecido que la necesidad de revisar y, a nuestro juicio, de prolongar la vigencia de las disposiciones fundamentales de la reforma tributaria de 1990 se planteó en la oportunidad de discutirse y aprobarse el proyecto respectivo.
No deseo alargarme demasiado, pero creo que lo acordado entonces habría que evaluarlo en dos sentidos. El primero es sí se estableció -como algunos temieron en esta Sala- una carga impositiva que finalmente iba a dañar el desarrollo del país y los procesos de inversión. Sobre la materia, a casi cuatro años, podemos ser concluyentes. Tal como lo afirmamos en esa ocasión, con la reforma se establecían cargas tributarias muy moderadas. Y con esa estructura impositiva, el país ha tenido en estos años altas tasas de crecimiento y, lo que es más importante, las mayores de las últimas décadas en materia de inversión.
Por lo tanto, creo que hay aquí una afirmación central: que la carga tributaria actual es completamente compatible con elevados grados de crecimiento económico y con los niveles más altos de inversión que ha vivido la economía chilena. Al mismo tiempo, es compatible con el objetivo central de equilibrar desarrollo y equidad, desarrollo e integración. Porque, sin duda, recibimos una economía cuyas variables macroeconómicas eran sustancialmente sanas. Y digo "sustancialmente", pues en 1990 enfrentábamos problemas de inflación que no eran menores, y costó bastante disminuir esa tendencia. Pero es evidente también que recibimos un país profundamente enfermo en lo social, con un modelo de desarrollo que, si bien aseguraba crecimiento y equilibrio macroeconómico, producía crecientes grados de desigualdad y falta de integración de grandes sectores a los frutos del desarrollo.
Ese es el giro que se ha intentado dar durante estos años, y es la gran tarea pendiente que tiene la sociedad chilena para los años venideros: cómo llevar a cabo un modelo de desarrollo crecientemente integrativo. Porque hasta 1990 había tendencia a crecer, pero también a aumentar la desigualdad y la pobreza. Pienso que la gestión global del Gobierno ha invertido la situación. No es un detalle que haya un millón menos de pobres, según las mismas estadísticas con que se medía históricamente la pobreza en el país. Los resultados tienen que ver, sin duda, con la orientación, el destino y el gasto de los mayores recursos provenientes de la reforma tributaria.
A mi juicio, nadie puede sostener seriamente en el país que no hemos avanzado sustantivamente en materia de infraestructura, de inversión pública en salud, en ritmo de construcción de viviendas (sobre todo, orientadas a los sectores populares y medios), de mejoramiento de la situación general del sistema educacional, y que, además, en estos años hayamos tenido que gastar efectivamente cantidades importantes de dinero en reparar a muchos chilenos que fueron desposeídos de sus derechos básicos durante el Régimen anterior.
Indudablemente, siempre se puede mejorar la eficiencia del gasto. Nosotros estaremos siempre abiertos a esos procesos.
Y una segunda conclusión es que la reforma tributaria permitió desarrollar programas sociales que, globalmente, pueden considerarse exitosos. De no aprobarse la iniciativa en estudio, el año próximo disminuirán los fondos que al Estado le resultan indispensables para mantener los programas actuales y para ampliar otros, porque no cabe duda de que las necesidades no han desaparecido sino al contrario, tal como lo dijimos hace casi cuatro años.
No deseo referirme extensamente a los contenidos específicos del proyecto, pero sí decir que quienes contribuimos al acuerdo -al igual que otros, éste ha sido objeto de negociación- hemos debido transar inevitablemente.
Considero razonable el planteamiento formulado respecto de rebajar el impuesto de Segunda Categoría y el Global Complementario a partir del período 1995-1996, como también el conjunto de incentivos tendientes a favorecer el ahorro y la inversión de las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, parece razonable la disminución del IVA a contar de 1996, porque, efectivamente, representa una carga tributaria elevada que grava por igual a sectores que exhiben desniveles sociales importantes.
Además, esta reforma significa una disminución impositiva que, a mi juicio, también es razonable. En ese sentido, desde el punto de vista del Senador que habla por lo menos, sin perjuicio de la utilidad de corregir determinados impuestos -sobre todo el de Segunda Categoría-, considero que, desde una perspectiva global, quedamos en una situación tal que el Estado no podrá contar con la cantidad de recursos necesarios para acometer las múltiples tareas que en una sociedad como la nuestra ineludiblemente debe realizar.
Durante la discusión también se plantearon -a lo menos nosotros lo hicimos- ideas en orden a debatir la introducción de ciertos gravámenes en la dirección de un sistema tributario más progresivo. Desgraciadamente, ellas aún no han encontrado el consenso ni eco suficiente. En particular, propuse discutir en serio la posibilidad de establecer tasas de impuestos o de aranceles mayores -es una cuestión técnica que habría que determinar- a ciertos consumos suntuarios que en el país originan un gasto muy cuantioso. En lo personal, no me opongo por principios de ningún tipo a que gaste en suntuarios quien puede hacerlo; pero me parece que la experiencia universal indica que es útil y socialmente rentable que aquel que gaste más en suntuarios quede gravado con cargas impositivas mayores.
Asimismo, sugerí estudiar en profundidad la posibilidad de aplicar -por lo menos respecto de algunos productos de consumo masivo, que afectan de manera significativa la canasta familiar- un sistema de IVA diferenciado, como existe en las principales economías de mercado del mundo.
Se dieron razones de distinto tipo para no incorporar tales conceptos a la discusión; pero creo que, en la medida en que maduremos en el debate de estos temas, podríamos llegar a consignar un tipo de estructura tributaria donde el carácter progresivo del sistema impositivo fuera un elemento medular.
Finalmente, me parece positiva la facilidad que se da a las empresas que deseen hacer donaciones a la educación. Y considero que un tema de futuro es cómo maximizar la inversión en ese campo. En tal sentido, que el sistema tributario estimule a las empresas y al sector privado a hacer un mayor aporte al desarrollo del sistema educacional lo estimo favorable como tendencia, siempre que -y lo planteo como observación- los proyectos educativos apunten a fortalecer el carácter de equidad en el ámbito de las regiones, provincias, comunas y sectores sociales que debe tener el mencionado sistema, sobre todo en un país como el nuestro, en los niveles básico y medio.
Por tanto, para que el sistema educacional opere, considero fundamental atender a la necesidad de que los proyectos del área tengan determinadas características.
De no ser así, podríamos llegar a la situación de que las comunas ricas, los sectores de alta concentración industrial, generaran sus propias condiciones de diferenciación creciente con el resto de las comunas del país.
A mi juicio, aquí hay una cuestión de equidad y de distribución territorial que debe cuidarse mucho en la implementación de la ley. De lo contrario, y entendiendo que en una sociedad que va igualando oportunidades el sistema educacional es herramienta fundamental, podríamos estar estimulando la modalidad de establecer diferencias en aquél (incluido el público) de manera gravosa y en desmedro de las regiones y territorios de menor riqueza. En efecto, si la calidad de la educación allí va a ser muy inferior a la media nacional, estaremos condenando a esas regiones a autorreproducir sus condiciones de subdesarrollo, o de menor desarrollo relativo.
Con estas observaciones, anuncio mi voto favorable en general al proyecto en discusión.
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