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rdf:value = " REFORMA TRIBUTARIA El señor VALDES ( Presidente ).- Corresponde iniciar el análisis de la iniciativa, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta y la tasa del impuesto al valor agregado, y que establece un beneficio a las donaciones con fines educacionales, con informe de la Comisión de Hacienda. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 17a, en 11 de agosto de 1993. Informe de Comisión: Hacienda, sesión 20a, en 31 de agosto de 1993. El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).- Este proyecto se inició en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , tiene urgencia calificada de "Suma" y fue aprobado en general por la unanimidad de los integrantes de la referida Comisión, los Senadores señores Lavandero ( Presidente ), Gazmuri, Prat, Romero y Zaldívar (este último fue reemplazado en una sesión por el Honorable señor Páez). La Comisión propone el texto que figura en su informe. El señor PAEZ.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. El señor PAEZ .- Debo hacer presente que nuestra bancada llegó a un acuerdo con diferentes Comités para dejar sin efecto la hora de Incidentes y usar dicho tiempo en el tratamiento de este proyecto. Y también acordaron suspender ahora por 10 ó 15 minutos la sesión. Por lo tanto, solicito que se recabe el consentimiento de la Sala para esos efectos. El señor VALDES ( Presidente ).- Si no hay objeción, se procederá en la forma sugerida por el señor Senador. Acordado. Se suspende la sesión por 15 minutos. )---------------( -Se suspendió a las 18:47. -Se reanudó a las 19:17. )---------------( El señor VALDES (Presidente).- Continúa la sesión. Solicito autorización para que puedan acompañar al señor Ministro de Hacienda en la Sala el señor Director de Presupuestos , don José Pablo Arellano , y el Asesor de dicho Secretario de Estado , don Manuel Marfán . -Se accede. El señor VALDES (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).- Gracias, señor Presidente. Corresponde discutir en esta ocasión el proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre materias tributarias. En primer lugar, quiero recordar aquí que las principales modificaciones contenidas en la reforma de 1990 fueron aprobadas con carácter transitorio, y que por ese hecho quedó pendiente una decisión más definitiva acerca de la estructura impositiva. El proyecto de ley que hoy se presenta al Senado es fruto, precisamente, del debate encaminado a definir un esquema tributario más permanente, y, al igual que el propuesto en 1990, recoge acuerdos y consensos construidos en conjunto con Parlamentarios de la Concertación y del Partido Renovación Nacional. La opinión pública ya los conoció en su momento y, a nuestro juicio, están reflejados estrictamente en la normativa que ahora se somete a la consideración de la Sala. El proyecto, en consecuencia, aborda en primer lugar los temas que quedaron pendientes en la reforma de 1990 en relación con el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta. Para el primero se propone una tasa permanente de 17 por ciento a contar de 1996, manteniéndose la tasa actual de 18 por ciento durante los años 1994 y 1995. Y se faculta al Presidente de la República , a partir de 1996, para aumentar la tasa de 17 por ciento (que, repito, será la tasa permanente desde ese año) a 18 por ciento, o para rebajarla a 16 por ciento, según las condiciones macroeconómicas de ese momento. Este es un elemento bastante novedoso que, en nuestra opinión, facilitará el manejo macroeconómico futuro. De otro lado, la iniciativa plantea restablecer, con carácter de permanentes, los impuestos generales que gravan los ingresos personales al nivel existente antes de la reforma de 1990. Sin embargo, para evitar una reducción abrupta con efectos presupuestarios, ese nivel permanente regirá para los ingresos percibidos a contar del año 1995, estableciéndose una escala intermedia para el año 1994. Respecto del impuesto de primera categoría que grava las utilidades devengadas de las empresas, el proyecto sugiere mantener el nivel actual de 15 por ciento. El conjunto de estas modificaciones llevará a una reducción gradual de la carga tributaria actual como proporción del PGB. No obstante, esta menor carga impositiva permitirá mantener equilibradas las cuentas fiscales sin sacrificar la permanencia de los programas en curso, en particular los de carácter social, que son altamente prioritarios en esta reforma. Pero es indudable que la mantención del equilibrio fiscal con ingresos tributarios decrecientes va a limitar el crecimiento del gasto global del sector público en los próximos años. Ahora, al zanjarse los aspectos transitorios que quedaron pendientes en la reforma de 1990, se hizo posible introducir en este proyecto tributario otras modificaciones adicionales, que, a nuestro parecer, significan un mejoramiento de la estructura impositiva vigente. Y me refiero a medidas tales como: 1) favorecer el ahorro de las personas; 2) reforzar la inserción internacional de la economía chilena, ya sea evitando la doble tributación que enfrentan las rentas provenientes de inversiones directas de chilenos en el exterior o reduciendo los impuestos que gravan las remesas por concepto de uso de patentes y asesorías técnicas del exterior prestadas en Chile; 3) mejorar los incentivos tributarios a la inversión nueva de las empresas pequeñas y medianas, y 4) alentar a las empresas para que se involucren en proyectos de establecimientos educacionales subvencionados administrados por las municipalidades o sus corporaciones, o por instituciones privadas sin fines de lucro. Junto con lo anterior, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados consigna también una modificación en el cálculo del aporte del Estado a los establecimientos educacionales con financiamiento compartido. El propósito de esta enmienda es introducir un estímulo para que las familias aumenten su aporte al financiamiento de la educación. En lo que se refiere a los mecanismos de incentivo al ahorro de las personas, la iniciativa plantea postergar el pago de impuestos por la fracción ahorrada de sus ingresos, hasta que ese ahorro sea retirado. En particular, podrá postergarse el impuesto por los ahorros personales que no excedan del 30 por ciento de la base imponible, o de 65 unidades tributarias anuales. Cuando el ahorro personal exceda estos límites, el remanente podrá utilizarse en los ejercicios tributarios siguientes. El mecanismo propuesto sustituirá los incentivos vigentes, pero, al mismo tiempo, permitirá expandir el rango de instrumentos a otros nuevos que hoy no están acogidos a ningún sistema especial. Entre otros, podrán acogerse a este beneficio las inversiones nominativas del contribuyente en instrumentos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo, cuotas de fondos mutuos y de fondos de inversión, cuentas de ahorro voluntario en las administradoras de fondos de pensiones y cuentas de ahorro asociadas a seguros de vida. Se amplía así el universo de alternativas de ahorro personal susceptibles de obtener un beneficio tributario, y se eliminan las distorsiones introducidas por la superposición de los diversos esquemas en vigor. De paso, se derogan los beneficios que hoy estimulan operaciones especulativas calzadas que, sin constituir ahorro, generan un perjuicio fiscal injustificado (me refiero a los créditos bancarios que se prestan por el plazo de un año, se integran como ahorro y sirven para deducir pago de impuestos). Debo agregar que en la Cámara de Diputados se modificó la fecha de vigencia propuesta para este mecanismo, el que regirá a contar de la fecha en que la Concertación, Renovación Nacional y el Gobierno suscribieron el acuerdo tributario que dio origen a este proyecto de ley. Cabe destacar que las sociedades anónimas abiertas no constituyen necesariamente entidades dedicadas a la intermediación financiera; por tanto, llegamos a la conclusión de que les sería más dificultoso llevar los registros necesarios para la operación del mecanismo propuesto. Por esa razón, si la iniciativa es aprobada, la inversión en acciones de sociedades anónimas abiertas mantendrá todos los beneficios vigentes en virtud del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en vez de los del nuevo sistema planteado. Sin embargo, queremos señalar en esta Corporación que el mecanismo propuesto en materia de ahorro es, por cierto, perfectible, y en ese sentido el Gobierno ha tenido durante todo este proceso una disposición favorable para discutir mejoras que sean fruto del acuerdo y del consenso. En este período intermedio, después del acuerdo con Renovación Nacional, hemos recogido algunas observaciones que mejoran el sistema. Por ello, el Ejecutivo , reflejando el ánimo consensual existente en la materia, presentará una indicación que, a nuestro juicio, mejorará el incentivo en forma significativa. Ella propone liberar de la obligación de devolver los impuestos postergados a las primeras 10 unidades tributarias anuales (un poco más de 2 millones de pesos) de retiro de los ahorros que se hayan acogido al beneficio. O sea, el ahorrante podrá retirar en un año hasta 2 millones de pesos sin pagar impuesto por ellos. En cuanto al tema de la doble tributación de la inversión chilena en el exterior, las modificaciones propuestas en el proyecto permitirán eliminar esa doble carga impositiva que afecta a las rentas que obtienen las empresas nacionales por sus inversiones directas en el exterior. La actual legislación lleva a que esas rentas deban pagar impuestos en el país en que se originaron y nuevamente en el nuestro al momento de declararlas, inhibiendo de esta manera a las empresas nacionales a invertir en el extranjero. La iniciativa propuesta posibilitará aceptar en Chile los impuestos pagados por esas rentas en el extranjero, hasta el límite de 15 por ciento correspondiente a nuestra tasa de impuestos a las utilidades. Otra materia que aborda el proyecto se refiere al pago de patentes y de asesorías técnicas del exterior. Se propone reducir la tributación a la renta que grava los derechos de uso de patentes industriales, fórmulas y uso de marcas, desde un nivel de 40 por ciento (tasa que en el exterior se considera hoy relativamente alta) a un 35 por ciento. Adicionalmente, se plantea rebajar el impuesto a las asesorías técnicas externas prestadas en Chile, desde 40 por ciento a 20 por ciento, uniformándolo con el impuesto que deben pagar esas asesorías cuando son prestadas fuera del país. Los tributos que gravan esas rentas no han seguido la misma trayectoria de otros impuestos ligados al comercio internacional, y su nivel actual es alto comparado con el de otros países. Respecto del incentivo a la inversión productiva de empresas pequeñas y medianas, introducido ya en la reforma de 1990, el proyecto propone aumentar el crédito respectivo desde 2 por ciento a 4 por ciento -ello constituye un estímulo adicional a la inversión de las empresas pequeñas en activos fijos depreciables nuevos-, manteniendo el tope de 500 UTM. Otra materia que aborda la iniciativa se refiere a las donaciones para la educación. Un aspecto de especial relevancia es la introducción de incentivos para que las empresas se involucren en proyectos atinentes a establecimientos subvencionados de educación prebásica, básica y media administrados por municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro. El sistema propuesto permitirá que del impuesto de Primera Categoría se deduzca 50 por ciento de las donaciones para proyectos educacionales destinados ya sea a mejorar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos aludidos o a la constitución de comisiones de confianza que generen una renta para financiar gastos operacionales. Cuando el destino permanente de los fondos sea este último, el beneficio tributario ascenderá a 70 por ciento de la donación, en 1994 y 1995, y a 60 por ciento en 1996. La parte que no se rebaje de impuestos podrá tratarse como gasto necesario para producir la renta. En todo caso, las empresas no podrán rebajar de sus impuestos, por concepto de donaciones educacionales, más de 2 por ciento de la base imponible o más de 14 mil UTM (o sea, unos 240 millones de pesos). La norma despachada por la Cámara de Diputados dispone que los proyectos educacionales que aprovechen esta franquicia deberán ser aprobados por el Intendente respectivo, previo informe del Secretario Regional Ministerial de Educación y del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos. Al igual que en el mecanismo de tributación para el ahorro personal, el Gobierno tiene buena disposición para acoger perfeccionamientos a la propuesta de este tipo de donaciones, en la medida en que ellos no impliquen un daño fiscal ni retrasen la tramitación de la iniciativa. En ese sentido, el Ejecutivo , después de conversar con distintos Parlamentarios, se encuentra preparando una indicación para modificar el texto, de manera de flexibilizar las normas que afectan a los proyectos con mayor contenido de gastos operacionales, y no necesariamente de inversión en infraestructura. En esa forma, podrán financiarse componentes tales como el mejoramiento de las remuneraciones de los profesores o la capacitación de éstos. Lo anterior tiende a dar mayor énfasis al contenido educacional de los proyectos. Respecto de las subvenciones a establecimientos con financiamiento compartido, la Cámara aprobó una modificación al sistema original propuesto por el Gobierno, incrementando los incentivos al reducir los descuentos a la subvención del Estado por los aportes de las familias y elevar el máximo del cobro por alumno. La fórmula específica se encuentra descrita en la iniciativa en estudio, a la cual solicito que se remitan los señores Senadores, en razón de la brevedad de mi exposición. Un aspecto en que no pudo perfeccionarse el acuerdo que dio origen a este proyecto fue el de hacer extensiva a los establecimientos municipales de educación media la posibilidad de acogerse al sistema de financiamiento compartido. En nuestros sondeos previos, nos pareció detectar que no había consenso en torno de este punto, de tal manera que el Ejecutivo presentará una indicación para mantener esa modalidad en los términos planteados por la propuesta original, es decir, sólo para la educación particular subvencionada. En lo fundamental, el nuevo esquema de financiamiento compartido implicará introducir un importante aliciente para mejorar la calidad de la educación, ya que se elevarán los incentivos al aporte de las familias en este proceso. Estos son los temas principales, en cuanto a la estructura tributaria. Sin embargo, creo conveniente referirme brevemente a otro aspecto del acuerdo político de los Parlamentarios de la Concertación, de Renovación Nacional y el Gobierno, tocante a los esfuerzos a que se compromete el Ejecutivo , en materia de austeridad fiscal, con relación al límite y selectividad del gasto público. El acuerdo firmado hace algún tiempo, que motivó este proyecto de ley, dice que "El Gobierno se compromete a redoblar sus esfuerzos para aumentar la austeridad en el manejo de los recursos públicos. En particular esto se reflejará en el presupuesto para 1994 que someterá al Congreso en los próximos meses. En el proyecto de presupuesto de 1994 los gastos corrientes se elevarán a un ritmo menor al crecimiento proyectado para el PGB en comparación a 1993 y mantendrá la disposición" -que se aprobó el año pasado- "que limita el gasto global conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos, durante la vigencia «le este acuerdo. "Los recursos públicos de inversión" -provenientes de la reforma tributaria, con la que se vincula la iniciativa ahora sometida a la consideración del Senado- "deberán dedicarse a financiar los programas de carácter social y aquellos de infraestructura que no pueden ser adecuadamente abordados por inversionistas privados.". Deseo expresar a los señores Senadores que el Gobierno reitera el compromiso asumido y que el proyecto de Presupuestos que enviaremos próximamente al Congreso efectivamente se enmarcará en los términos expuestos, en lo relativo a la expansión del gasto corriente y al límite del gasto global. Quiero señalar, también, que la alta prioridad que en el uso de estos recursos debe asignarse a los programas sociales es un compromiso que el Gobierno ha estado cumpliendo. Hoy día lo conversamos en forma explícita con algunos señores Senadores de Renovación Nacional, quienes nos manifestaron una inquietud tocante a este tema y a otro que mencionaré de inmediato. A ellos les reafirmamos -y lo hago ahora en la Sala- que el Ejecutivo mantendrá esa prioridad, para el efecto de que los recursos que se recauden en virtud de estas disposiciones tributarias vayan en beneficio de los sectores sociales, especialmente de educación y salud. Tal como lo tratamos con los señores Senadores, existe una preocupación compartida por el financiamiento de estos últimos rubros en el sector municipalizado. En cuanto a la educación, el Gobierno está estudiando una enmienda a la legislación sobre las subvenciones, a fin de que en el futuro no vuelva a producirse una situación deficitaria. Si bien se tendió a corregir ésta, por lo menos parcialmente, con un aporte presupuestario al comienzo de este año, ella ha empezado a reaparecer, debido al mecanismo propio del financiamiento, lo que hace pensar que no ha sido resuelta en forma definitiva. Por consiguiente, el Ejecutivo tiene el ánimo de corregir esas deficiencias, para disponer de un sistema municipal de educación y de salud que posea una buena y permanente base de recursos. En cuanto al otro punto, relativo a la inversión en infraestructura, se nos ha consultado hasta dónde está vigente el compromiso del Gobierno sobre esta materia. Deseo reafirmar que ese compromiso está plena y absolutamente vigente. Como les explicaba a los señores Senadores con quienes conversé, la primera manifestación de voluntad que en ese sentido expresó el Gobierno fue el envío al Congreso Nacional de la iniciativa sobre concesiones en materia de obras públicas, ya aprobada y cuya aplicación es impulsada en este momento, con gran dinamismo, por el Ministerio del ramo. Está comenzando la ejecución del primero de los proyectos: el túnel "El Melón", y hay una lista larga de otros que esa Secretaría de Estado ha decidido realizar, los que están en distintas etapas de la tramitación administrativa. No sólo se incluyen obras en caminos, sino, también, sanitarias, en puertos y en diversos ámbitos que pueden considerarse dentro del rubro general de inversión en infraestructura. También se nos plantearon algunas dudas en cuanto a la ejecución del puerto de Punta Arenas. Resulta importante que los señores Senadores conozcan la posición adoptada por el Gobierno sobre este punto, la que no estimamos incoherente con el acuerdo señalado. El puerto de Punta Arenas es una necesidad de larga data, inserta en el contexto del desarrollo portuario y del mejoramiento de las condiciones del transporte en todo el país. El Ejecutivo , a través del Presidente de la República , contrajo con los habitantes de Magallanes el compromiso de que esa obra se iba a ejecutar con una alta urgencia dentro del programa general de inversiones. Para este efecto, se iniciaron conversaciones y negociaciones con algunos inversionistas privados, las que fueron prolongándose ante ciertas discrepancias en la estimación del valor de los activos que aportaría la Empresa Portuaria de Chile a la constitución de la sociedad que debía formarse. En esas circunstancias, y considerando que el tiempo avanzaba, el Jefe del Estado resolvió no postergar más el comienzo del proyecto, a fin de cumplir lo prometido, e instruyó al Ministerio de Obras Públicas -no a EMPORCHI- para que lo iniciara. Ahora, el Gobierno ha sido claro en señalar que aún no ha sido tomada la decisión definitiva sobre la forma de gestión que tendrá ese puerto. Ello se hará en el momento oportuno. Por lo tanto, lo que debe importar es que la obra se realice, que entre en operación lo antes posible. Creemos que ello interesa tanto al país como a Magallanes, y no nos parece que, en este sentido, exista alguna contradicción con lo acordado acerca de la reforma tributaria. Pienso que así lo han entendido los señores Senadores con los cuales intercambiamos opiniones en el día de hoy. El señor RUIZ (don José ).- ¿Me permite una interrupción, señor Ministro , con la venia de la Mesa? El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).- Con todo gusto, señor Senador. El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz. El señor RUIZ (don José) .- Señor Presidente, deseo agregar que para la participación del área privada -lo que involucra constituir una sociedad entre EMPORCHI y empresas de ese sector- se requiere la modificación de cierta legislación vigente. Con tal objeto, el Gobierno debiera haber enviado al Congreso Nacional una iniciativa de ley, pero ésta difícilmente podría haber sido despachada durante 1993. Con esto deseo reafirmar que el inicio, este año, de la ejecución del proyecto relativo al puerto de Punta Arenas, para cumplir el compromiso del Presidente, se habría visto afectado por la demora en la tramitación parlamentaria de una normativa que autorice a EMPORCHI para asociarse con privados, facultad que no posee en la actualidad. He dicho. El señor VALDES (Presidente).- Continúa con el uso de la palabra el señor Ministro. El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).- Agradezco la observación del Hono-rable señor Ruiz . Efectivamente, lo que expresa Su Señoría, ha sido, también, una consideración importante. Cabe recordar que el puerto de Corral se realizó con capitales privados, lo que fue apoyado fuertemente por el Gobierno. De manera que no vemos ninguna contradicción con la idea de que el sector privado aporte lo más que pueda al financiamiento de infraestructura, en la medida en que, de esa forma, quedará libre el máximo de recursos económicos para programas sociales. Otro aspecto del acuerdo a que llegó la Concertación con Renovación Nacional incluye la constitución de comisiones para estudiar diversos temas tributarios de interés, los cuales no podían despacharse con la premura que requiere la aprobación de este proyecto de ley. El Gobierno manifestó la voluntad de analizarlos y de emitir con los Parlamentarios un informe en conjunto, no más allá del 1° de noviembre próximo, luego de lo cual someterá a la consideración del Congreso las materias susceptibles de una acción inmediata, como una contribución de este mecanismo que se generó a partir del acuerdo tributario. Deseo indicar que hemos estado trabajando con algunos señores Parlamentarios (Senadores y Diputados, de Gobierno y de Oposición), que hemos avanzado en el tratamiento de varios puntos y que en un futuro muy cercano estaremos en condiciones de presentar algunas iniciativas de carácter tributario que han sido fruto de un consenso al interior de los grupos de estudio. De tal modo que reitero nuestro compromiso con el mecanismo elegido, sobre la base de que las conclusiones a que se llegará no serán de naturaleza semiacadémica, sino que se traducirán en iniciativas legales, cosa que, como he dicho, sucederá pronto. Cabe destacar -y reitero lo ya dicho en este sentido- que el proyecto recoge elementos que hoy generan un amplio asentimiento en el país. El Gobierno espera que, al igual que en 1990, esta reforma tributaria sea aprobada por una amplia mayoría y permita garantizar un horizonte de estabilidad en la legislación. Debo recordar, además, que respecto de esta iniciativa se consultó, para el efecto de un apoyo adicional, a los dos candidatos presidenciales que representaban en ese momento a las fuerzas que suscribieron el acuerdo. Tuvimos una reunión con el Senador señor Eduardo Frei , en la cual le explicamos el proyecto, cuyo alcance se extiende a los próximos cuatro años, y otra con el entonces candidato de Renovación Nacional, don Manuel Feliú , y ambos manifestaron su respaldo. De tal modo que si ha habido algún proyecto consensuado en Chile, con un sentido del futuro, yo diría que ha sido éste. Termino haciendo una consideración de orden práctico. Hemos recibido de parte de diversos señores Diputados y Senadores, a través de las Comisiones de Hacienda, la sugerencia de adelantar la presentación y discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Las razones son obvias: Estamos en medio de un proceso electoral que, sobre todo en su fase última, va a requerir una gran dedicación de parte de los señores Parlamentarios. Por lo tanto, hemos pedido al personal de la Dirección de Presupuestos un esfuerzo extraordinario -se ha estado trabajando sábados y domingos, desde hace algunas semanas- a fin de presentar la iniciativa el 15 de septiembre. De esa manera, ella podría ser despachada antes del 15 de noviembre, día en que se cumple el plazo de 60 días dispuesto por la Constitución, y el tema quedaría zanjado. Lo anterior supone un buen calce en el tiempo entre el proyecto de Ley de Presupuestos y la reforma tributaria en debate. Anticipando la aprobación de ésta -basados en que estaba respaldada en un acuerdo político-, en julio entregamos una cifra indicativa a los diferentes ministerios, al Poder Judicial , al Parlamento, etcétera, respecto del nivel de gastos compatible con el acuerdo tributario. En estos días estamos iniciando las reuniones con los distintos servicios y sectores y tenemos por delante un programa muy apretado para estar en condiciones de presentar el proyecto el 15 de septiembre, tal como nos hemos comprometido. Señalo esto simplemente como un elemento adicional, porque los señores Senadores podrán determinar el calendario más adecuado para la Corporación, según los temas que estén en estudio en ese momento. De cualquier forma, me parece que sería importante ver la manera de que estos dos proyectos calcen entre sí y de que la Ley de Presupuestos pueda ser despachada a más tardar el 15 de noviembre. Finalmente, deseo agradecer a quienes han participado a lo largo de varios meses en estas conversaciones. Creo que, una vez más, se ha dado un ejemplo en el sentido de que un problema que interesa al país, como es la estructura tributaria, es abordado desde un punto de vista verdaderamente nacional. El acuerdo alcanzado ha sido extraordinariamente bien acogido por todos los sectores de opinión pública, y en especial por el privado. La mejor prueba de ello es que a cuatro meses de un proceso electoral las cifras de aumento de la inversión total en el primer semestre del año en curso son bastante notables: 24 por ciento, en términos reales. En consecuencia, señor Presidente, junto con manifestar este reconocimiento, expreso mi esperanza de que el proyecto sea aprobado en el plazo más breve posible. Muchas gracias. El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat. El señor PRAT.- Señor Presidente, el proyecto que estamos llamados a votar responde a un acuerdo a que llegaron el Gobierno y Renovación Nacional. Nuestro Partido concurrió a suscribirlo hallándose en una posición de mucha crítica respecto de la forma como se han gastado los recursos en este período, pero lo hizo en el ánimo de buscar beneficios para el país, fundamentalmente con el objetivo de asegurar un equilibrio macroeconómico que de otro modo se habría visto gravemente afectado. Lo hizo, también, para conseguir una estabilidad tributaria por un plazo prudente (se determinó en 4 años); para obtener de la autoridad -tanto presente como futura, cualquiera que ésta sea- una orientación clara acerca del uso de los recursos públicos y de las prioridades de su gasto, y, por último, para introducir el concepto de democracia tributaria, en orden a que el contribuyente pueda ir progresivamente definiendo las prioridades sociales a las que deben destinarse sus aportes al Estado. Sin embargo, como he dicho, nuestra aproximación al acuerdo ha partido desde una posición especialmente crítica respecto de la administración de los recursos públicos. Quizá el tiempo que ha debido esperarse en el día de hoy para comenzar el debate del proyecto sea un reflejo de ello. A esta demora nos referiremos más adelante. Nos ha merecido reparos, en primer lugar, la forma en que se dio cumplimiento al acuerdo de 1990. En nuestra opinión, no habría sido necesario venir al Congreso a solicitar más recursos para cubrir el déficit incubado, si la ley que dispuso un alza temporal de tributos, dictada ese año, hubiera sido seguida de un adecuado manejo de las finanzas públicas. Hemos identificado cuatro maneras equivocadas de administrar los recursos durante la gestión del actual Gobierno. La primera consiste en inyectar ciegamente más y más fondos en sistemas estructuralmente agotados. Tal es el caso de la salud pública, donde el gasto anual por persona atendida ha crecido en 66 por ciento, sin que la población perciba mejoramiento alguno. Los Ministros que se han desempeñado en la Cartera del ramo han visualizado la falta de racionalidad y carencia de incentivos para un buen funcionamiento, pero en el momento de proponer soluciones la Concertación gobernante se ha tensionado en exceso. La segunda deriva del hecho de gastarlos centralizadamente a través de mecanismos que desincentivan la eficiencia, la que sólo se logra cuando las decisiones pertinentes se toman cerca de las personas llamadas a ser beneficiadas por la acción pública. El problema que planteo se observa en el manejo del presupuesto para el sector Educación, aspecto que se ha traducido en que las municipalidades se encuentren hoy ahogadas en déficit que hacen imposible la gestión que les compete. Si bien se había logrado materializar una preferencia hacia la subvención por alumno, lo cual favorece la libertad en que se sustentan la competencia y la creatividad, estos tres años, no obstante el crecimiento global de dicho presupuesto en 33 por ciento, la subvención cae en 7 por ciento real, perdiendo relevancia entre programas fuertemente centralizados y burocratizados. La tercera -y la más gruesa- radica en el gasto en burocracia, en vehículos, en honorarios, en oficinas (sólo en los denominados "gastos de oficina" se invierten hoy 130 millones de dólares más que el equivalente en 1990), en nuevas reparticiones, en comisiones. La cuarta modalidad es la que ha demorado el tratamiento del proyecto en esta sesión: el gasto de recursos públicos en áreas y actividades que no son propias de la acción del Estado. El presupuesto de este año considera alrededor de 700 millones de dólares para ese efecto, en circunstancias de que se trata de ámbitos en que el sector privado tiene interés en invertir. Si a éste se le hubieran dejado espacios para ello, la liberación de esos fondos no sólo habría hecho innecesaria la reforma en debate, sino que, además, habría permitido que fueran destinados a las actividades sociales, y, en particular, a las correspondientes a los municipios, que hoy se ahogan en los déficit señalados. Estas son, pues, las cuatro formas equivocadas de utilizar los recursos evidenciadas por este Gobierno, ya próximo a su término. En conjunto, ellas han impedido aprovechar bien aquellos con que se ha contado, muy superiores a los disponibles en 1990. En el trienio 1991-1993, el gasto público habrá crecido en 2 mil 877 millones de dólares, con relación al trienio precedente. Es cierto que el presupuesto está equilibrado, pero hoy lo está en 8 mil 200 millones de dólares, en tanto que antes lo estaba en 6 mil 500 millones de dólares. Sin embargo, merced a las cuatro vías equivocadas descritas, ese mayor gasto no ha permitido llevar a la población los beneficios a que aspira, de modo que hoy nos vemos forzados a legislar para mantener la reforma tributaria, parcialmente de una manera feliz. Al acercarnos a este acuerdo, habríamos querido que los impuestos bajaran a los niveles de 1990. Pero, como dije anteriormente, la acción de legislar sin medir el efecto de largo plazo de la normativa diseñada fue incubando un déficit que el próximo año habría sido altamente inconveniente para el equilibrio macroeconómico, con perjuicios para todas las actividades del país. Y por eso nos acercamos a este acuerdo. El señor Ministro reseñó los elementos sustanciales del acuerdo tributario. Por mi parte, quiero destacar los aspectos a nuestro juicio más relevantes, los susceptibles de mejoramiento y los dignos de celebrar. En primer lugar, en cuanto a los impuestos a las personas, se retrotraen a la situación que prevalecía en junio de 1990, reduciéndose a 45% la tasa máxima. Sin embargo, se introducen dos elementos que consideramos positivos, uno de los cuales, como señaló el señor Ministro , puede perfeccionarse. El primero es el incentivo al ahorro personal a través de postergar el pago de los impuestos por los ingresos depositados en ciertos instrumentos, mecanismo que, según indicó el señor Ministro , podría perfeccionarse por la vía de una exención tributaria respecto de parte de los mismos. El otro elemento consiste en establecer un mecanismo de retribución del Estado por el aporte que padres y apoderados hacen a la educación de sus hijos en el caso de las enseñanzas básica y media impartidas en establecimientos que reciben subvención fiscal. Por razones prácticas, de buena operación, en el acuerdo se resolvió que este beneficio debe traducirse en un mejoramiento del actual sistema de financiamiento compartido de la educación, modalidad a la que hoy accede sólo 3 por ciento de los alumnos de las enseñanzas básica y media. El mecanismo en vigor es excesivamente mezquino. El acuerdo lo extiende ampliamente, de manera que se extingue el aporte estatal cuando el del apoderado supera las cuatro unidades de subvención educacional, en circunstancias de que ahora ello sólo ocurre cuando el aporte citado en último término llega a las 2,5 unidades. La gradualidad, entonces, es mucho mayor. Y eso significa mantener el aporte fiscal pese a la colaboración de los apoderados al establecimiento educacional. Nos había satisfecho especialmente la extensión del sistema a la enseñanza municipal, por cuanto habría permitido recoger aportes de apoderados que hoy no se reciben y que en algunos casos pueden efectuarse. Desgraciadamente, el señor Ministro nos informa que en el Senado será retirada esa modalidad, que la Cámara de Diputados ya aprobó. Y es preciso aclarar que, de nuestra parte, la acogimos por creer que constituye un avance racional en el sentido de que si las personas pueden hacer aportes a la educación particular subvencionada los hagan también en el ámbito municipal. En segundo término, tocante al impuesto a las empresas, se mantiene la tasa del 15 por ciento, pero con la facultad de destinar hasta 2 por ciento de la base imponible a proyectos sociales en el área de la educación. Para los efectos del acuerdo, propusimos que ello fuese posible, no sólo en el ámbito educacional, sino además en el de la salud, que hoy adolece de falta de recursos, y en el de la propia infraestructura comunal. Identificamos siete áreas de la actividad social comunal que podrían ser elegibles para esos aportes, los cuales en sí configuran una suerte de democracia tributaria. Desafortunadamente, sólo hemos logrado el consentimiento del Gobierno para destinar esos recursos a la educación. Estamos en un proceso común de perfeccionamiento de la modalidad para flexibilizarla y hacer posible que con ese aporte se mejore el proyecto educativo que incluye pago de remuneraciones de profesores, perfeccionamiento, edificación y equipamiento en general. Se han logrado otros avances importantes, como la eliminación de la doble tributación de las empresas chilenas que invierten en el exterior; la rebaja de los impuestos correspondientes para reducir los pagos por royalties; la elevación del estímulo tributario a la inversión de la pequeña y mediana industrias; y la restricción del límite superior del valor anual de las patentes industriales y comerciales (contempladas en un proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la Ley sobre Rentas Municipales) a 4 mil UTM. En tercer lugar, respecto del Impuesto al Valor Agregado -como el señor Ministro explicó-, se establece una tasa permanente de 17 por ciento, pero se faculta al Presidente de la República para rebajarla o aumentarla en un punto, transformándose tal flexibilidad en un elemento de manejo monetario anticíclico. Y desde ya se ha dispuesto, por necesidad de recursos tributarios, que en los dos primeros años -1994 y 1995- se mantenga en el 18 por ciento actual. En cuarto término, hemos logrado el compromiso de que durante toda la vigencia del acuerdo tributario se mantendrá una política de austeridad fiscal, de límite y selectividad del gasto. Y quiero hacer una precisión respecto de lo señalado por el señor Ministro en la materia: el compromiso a que se refiere la letra D del acuerdo es válido respecto de los recursos públicos en general y no sólo de los provenientes de la reforma en análisis. Eso es algo que debe quedar claro y explícito en esta discusión. En cuanto a los 2 mil 800 millones adicionales que recibe el Estado como consecuencia de la reforma tributaria pasada, de los cuales 800 millones obedecen al alza temporal de tributos que se acordó en 1990 y el resto es propio del crecimiento de la economía, se ha sostenido que el Gobierno cumplió el acuerdo, pues dedicó los 800 millones al área social. Eso querría decir que quedaría eximido de la responsabilidad de haber gastado demasiado sueltamente el resto de esos recursos, para aplicarlos en la forma equívoca que señalé anteriormente. Eso no puede ser entendido así, y menos aun en el actual acuerdo, que dispone explícitamente que los recursos públicos -cualesquiera que sean: producto de los tributos, del crecimiento de la economía o de otra fuente de ingresos fiscales- deben ser objeto de austeridad fiscal y quedar sujetos al límite establecido en la Ley de Presupuestos que se discute anualmente en el Congreso Nacional, aparte que los de inversión deberán dedicarse a financiar los programas de carácter social y los de infraestructura que no pueden ser adecuadamente abordados por inversionistas privados. Cuando decimos "adecuadamente" estamos refiriéndonos a impedimentos de índole práctica y no de carácter legal. Respecto de estos últimos, podemos legislar para salvarlos. Y, desde ya, el Gobierno cuenta con el sistema constitucional de la urgencia para lograr que los proyectos respectivos se tramiten rápidamente. Dentro del acuerdo, es importantísima una agenda de temas pendientes, los cuales ahora no fueron incluidos, no por ser de menor importancia, sino para facilitar la discusión presupuestaria en las fechas que la Constitución establece. Para ello, se resolvió constituir una comisión que deberá emitir pronunciamiento a más tardar el 1° de noviembre próximo. De entre tales materias, cabe destacar: análisis general de la tributación agrícola y minera, y particularmente, de las dificultades prácticas que evidencia el inicio de la contabilidad; análisis de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado en la agricultura, sector que hoy, atendido el sistema a que se lo somete, aparece como sujeto de segundo orden en cuanto a la apreciación de honorabilidad; análisis del impuesto a las ganancias de capital en acciones -sea de primera categoría y/o adicional- que afecta a inversionistas extranjeros y que tiene a las bolsas de comercio chilenas en una situación altamente desmejorada con relación a las del extranjero; análisis para una solución de la situación tributaria existente en las zonas extremas; análisis de la forma de determinar los avalúos urbanos y rurales y la fecha de su aplicación; análisis de la tributación que afecta a las pensiones de jubilación; análisis de la tributación que afecta a las cotizaciones previsionales y de salud de los trabajadores independientes, las cuales tienen hoy un tratamiento inequitativo respecto de lo que sucede con los dependientes; y análisis para una simplificación de numerosos impuestos que, generando una escasa recaudación, entraban diversas actividades económicas y productivas. A consecuencia del mismo acuerdo, se consideró mantener abierta la referida comisión especial para incorporar temas de relevancia pública que, por la rapidez con que aquél se generó, pueden haber quedado al margen. Desde ya, ingresó para su estudio una materia muy fundamental que afecta a la generalidad de las exportaciones del país, las cuales enfrentan una situación muy crítica que pone en riesgo su supervivencia. Al respecto, se considera ampliar la devolución de impuestos de distinta índole que se aplican a lo largo del proceso exportador. Esos temas -como señalé- están siendo analizados por una comisión en la cual participan Parlamentarios de Renovación Nacional, quienes seguramente querrán hacer mayores precisiones sobre el particular. En resumen, señor Presidente , participamos en el acuerdo tributario en la búsqueda de los valores que nos parecen fundamentales para el bien nacional en cuanto a asegurar el equilibrio macroeconómico y la es-tabilidad tributaria -para ello hemos logrado un período de cuatro años-; obtener la reorientación en el uso de los recursos públicos y sus prioridades, y finalmente, avanzar hacia una democracia tributaria. Habríamos quedado satisfechos si se hubiese logrado una rebaja absoluta de impuestos. Empero, creemos que el acuerdo es conveniente. Y en esa virtud concurrimos a él y aprobaremos el proyecto, pues entendemos que fue lo mejor que pudo obtenerse. He dicho. El señor LAVANDERO.- Pido la palabra. El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero. El señor LAVANDERO .- Señor Presidente, en junio de 1990 el Congreso Nacional aprobó una reforma tributaria destinada a financiar el programa social del Gobierno, la que tuvo carácter transitorio, pues se dejó pendiente la decisión acerca de la estructura tributaria que debía prevalecer en definitiva. Pero jamás se pretendió que, cumplida la etapa transitoria, los ingresos fiscales cayeran abruptamente en 1994, porque ello acarrearía graves consecuencias sobre la estabilidad económica. Se ha sostenido aquí que, en determinado momento, el crecimiento del país podría haber otorgado financiamiento adecuado a los proyectos de gasto social. Sin embargo, tal crecimiento genera su propio gasto y su propia inversión pública. Cuando una nación crece, se produce un gasto y debe invertirse en infraestructura. De modo que el crecimiento no puede ser dedicado solamente al gasto social. Por lo tanto, a fin de evitar problemas que podrían surgir hacia 1994, el Ejecutivo , tras un consenso con Renovación Nacional, envió al Parlamento un proyecto de nueve artículos permanentes y siete transitorios que, en cumplimiento del acuerdo conseguido, fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Hacienda. El exhaustivo análisis hecho por el señor Ministro de Hacienda me ahorra un examen más profundo de la iniciativa. Me limitaré, entonces, a exponer someramente su contenido. El proyecto en debate aborda los temas pendientes de la reforma de 1990 respecto del IVA y del Impuesto a la Renta. Para el primero propone una tasa permanente de 17 por ciento a contar de 1996; mantiene el 18% actual durante 1994 y 1995; y faculta al Presidente de la República para que en 1996 y 1997, dependiendo de las condiciones macroeconómicas, aumente la tasa a 18 por ciento o la disminuya a 16 por ciento. Por otro lado, la iniciativa plantea restablecer con carácter permanente los impuestos generales que gravan los ingresos personales al nivel existente antes de la reforma de 1990 y rebajar la tasa máxima de 50 a 45 por ciento; esta reducción se aplicará a contar del año comercial 1995, y se establecerá una escala intermedia para el año comercial 1994. Tocante al Impuesto de Primera Categoría, que grava las utilidades devengadas, el proyecto sugiere mantener el nivel de 15 por ciento. Junto con tratar los temas pendientes de la reforma de 1990, la iniciativa plantea enmiendas tributarias adicionales, cuyos objetivos esenciales son: favorecer el ahorro de las personas naturales; reforzar la inserción internacional de la economía chilena; mejorar los incentivos tributarios a la inversión nueva de las empresas pequeñas y medianas; y alentar a las empresas para que se involucren en proyectos de establecimientos educacionales. El conjunto de tales modificaciones conducirá a una reducción gradual de la actual carga tributaria, lo que permitirá mantener equilibradas las cuentas fiscales sin sacrificar la permanencia de los programas que se encuentran en curso. Pero es necesario advertir - y esto es indudable - que la mantención del equilibrio fiscal limitará el crecimiento del gasto global del sector público en los próximos años. Quiero reiterar que el proyecto, de todas maneras, significará un menor ingreso fiscal, el que en 1994, en lo relativo al impuesto a los ingresos personales, será de 9.959 millones de pesos; en lo atinente al incentivo tributario al ahorro de las personas, de 12.224 millones; en lo que respecta a rebajas al impuesto adicional, de 7.192 millones, y por concepto de la reducción de los descuentos a la subvención educacional bajo el sistema de financiamiento compartido, de 4.100 millones. O sea, en 1994 habrá un menor ingreso fiscal de 33.475 millones de pesos. Ahora, si consideramos que durante 1995 y 1996 las menores entradas serán de 69.837 millones y 172.619 millones, respectivamente, comprobaremos que los menores ingresos fiscales en esos tres años alcanzarán a la extraordinaria cantidad de 275.931 millones de pesos, suma representativa del compromiso del Gobierno de reducir el gasto fiscal en 1994, 1995 y 1996. He querido dar a conocer tales cifras a fin de destacar los esfuerzos del actual Régimen para compatibilizar el crecimiento con el gasto social. Debo recalcar, sí, que el costo fiscal derivado de las rebajas de impuestos establecidas en esta iniciativa sólo se hará efectivo a partir de 1994. La Comisión de Hacienda despachó el proyecto en estudio debidamente financiado, en la forma antes referida. Por ende, no obstante el sacrificio señalado, sus normas no producirán desequilibrios presupuestarios. Es evidente que, si se hubiesen obtenido mayores recursos, tanto el proceso de mejoramiento de los sectores postergados como los proyectos de infraestructura se habrían materializado más rápidamente. Los profesores, los trabajadores de la salud y los funcionarios públicos habrían aumentado sus remuneraciones si la situación tributaria se hubiera mantenido o acrecentado, y si el ahorro -no sólo el público, sino también el privado- hubiese aumentado. Sin duda, ello habría redundado en mayores beneficios tanto para los trabajadores del sector privado como para los del público. Tales son los antecedentes que puedo proporcionar en representación de la Comisión de Hacienda. Empero, frente a las observaciones formuladas por un señor Senador, no puedo dejar de expresar algunas consideraciones. Se ha sostenido que en el sector salud no se han percibido los beneficios derivados de la reforma tributaria de 1990. Es fácil afirmarlo. Pero hay que tener presente la cuantía de la destrucción que afectaba a dicho sector. No debemos olvidar que parte importante de los trabajadores de la salud tenían un ingreso mínimo de 18 mil pesos mensuales, el que, tras la reforma tributaria de 1990, aumentó a 50 mil; este mejoramiento, dado el gran número de funcionarios del sector, significó un alto desembolso. Algunos hospitales carecían de sábanas y colchones. Los sistemas de calefacción y agua caliente estaban enteramente inutilizados. Hubo que efectuar, entonces, ingentes inversiones en infraestructura -ellas no son captadas por todos- y en mejoramiento de los ingresos del personal. En cuanto a la educación, debemos advertir que, aparte el extraordinario deterioro de su infraestructura, la recibimos organizada en un sistema bastante complejo: municipalizado. Cabe recordar que los sueldos de parte importante de los trabajadores del sector alcanzaban, más o menos, a 25 mil pesos mensuales. Después de la reforma tributaria de 1990, ninguno de ellos percibe menos de 60 mil pesos al mes, a lo que deben agregarse las asignaciones de experiencia, de zona difícil, de capacitación y directiva. Como estos beneficios se han otorgado a alrededor de 110 mil profesores, el gasto ha llegado a aproximadamente 38 mil millones de pesos. ¡Treinta y ocho mil millones de pesos que hace tres años el magisterio no percibía! Y algo similar ha ocurrido en lo que respecta a la infraestructura: cerca de dos mil establecimientos educacionales se encontraban absolutamente deteriorados. Se aumentaron los desayunos y almuerzos escolares; se proporcionaron libros y cuadernos que antes no se entregaban. En consecuencia, los esfuerzos realizados en este ámbito han sido impresionantes. Pero, por supuesto, ante la enorme destrucción que existía, todo lo hecho aparece como una gota de agua en el océano. En el plano habitacional, no hay que olvidar que el déficit del sector oscilaba entre 800 mil y un millón de viviendas. Y recordemos los cientos de comités formados por allegados. Pues bien: en poco más de tres años hemos construido, con esos mismos recursos, alrededor de 250 mil viviendas para más de un millón de chilenos que carecían de ellas. Por consiguiente, las inversiones en salud, educación y vivienda alcanzan a montos considerables. A lo anterior habría que agregar el aumento de la Administración Pública, la que ahora cuenta con más funcionarios precisamente para mejorar los servicios que presta al sector privado. También crecieron las remuneraciones del sector público. A más de 40 de sus organismos, además de enmiendas estructurales en sus plantas, se les concedieron reajustes, lo cual implica también un esfuerzo extraordinario realizado por el actual Gobierno. No olvidemos que Carabineros ha visto incrementada su dotación en más de 6 mil 600 funcionarios, proporcionándoseles, además, equipamientos indispensables para poder ejercer en mejor forma su actividad, como chalecos antibalas, elementos disuasivos, de comunicaciones, etcétera -y lo mismo ocurrió en la Policía de Investigaciones-, todo lo cual importa ingentes recursos. También puedo destacar que después de tres años de Gobierno de la Concertación alrededor de un millón de chilenos ya no son considerados pobres. Gracias a la reforma tributaria y al esfuerzo realizado por la actual Administración para aumentar el gasto social, después de tres años casi un millón de personas no son consideradas pobres. Por consiguiente, frente a la tremenda destrucción con que recibimos el Gobierno, son mezquinas las palabras que sostienen que no se observan inversiones o que no se ven a primera vista. Quiero destacar, señor Presidente , que en lo personal jamás me habría imaginado que en tres años de Gobierno pudiéramos haber realizado tanto. ¡Jamás me habría imaginado que en ese lapso pudiéramos haber construido el deterioro sufrido por los más empobrecidos del país, entre ellos el sector público! En consecuencia, debo rescatar, desde mi punto de vista personal, que he contribuido con mi modesto esfuerzo a mejorar en forma extraordinaria la situación con que recibimos el país en 1990. Aparte de informar el proyecto en representación de la Comisión de Hacienda, he formulado algunas consideraciones, porque estimo injusto lo expresado aquí, y que se le pretende achacar al Gobierno. Si algunos sectores -como lo han dicho fuera del Hemiciclo- sostienen que los profesores, que los trabajadores de la salud y los funcionarios públicos no reciben remuneraciones suficientes, yo pediría que efectuáramos un esfuerzo mayor a fin de obtener los recursos necesarios para financiar su mejoramiento. Pero no puede, por una parte, plantearse ante la opinión pública mayores gastos en sueldos y, por otra, recortar los ingresos fiscales. Debo expresar aquí con claridad que el sector público ha ahorrado, incluso en la inversión presupuestaria del presente año, para evitar que se produzcan desequilibrios macroeconómicos. Y el Gobierno, por supuesto, no puede gastar los recursos provenientes del superávit porque, si lo hiciera, subiría la inflación y no podríamos cumplir las metas que nos hemos fijado. De manera que aquí hay una sola forma de reparar con más rapidez la injusticia social: aumentando los recursos tributarios y, por esta misma vía, acrecentando el ahorro nacional, a fin de ir a una justicia social más pronta, como la que los mismos sectores de la Oposición plantean en las distintas tribunas del país. Por estas razones, señor Presidente , además de informar el proyecto en representación de la Comisión de Hacienda, he querido formular estas pequeñas consideraciones. He dicho. El señor URENDA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero. El señor OTERO .- Señor Presidente, después de escuchar las explicaciones dadas por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, tendré que declararme mezquino. El señor LAVANDERO .- ¡No me extraña! El señor OTERO .- En realidad, señor Presidente, o soy mezquino o he vivido en otro país. Porque no sólo el Presidente de la República, sino el propio Ministro de Hacienda durante el viaje oficial a los Estados Unidos han hablado del estado en que este Gobierno recibió la economía nacional. Creo que ése es un hecho indesmentible. Cuando se habla de haber recibido un país destruido es desconocer la realidad. Probablemente, hay una transposición de fechas y se está confundiendo el año 1973 con el año 1990. Sostener en el Senado que este Gobierno recibió un país destruido, simplemente es desconocer la historia y desmentir lo que el propio señor Ministro de Hacienda ha reconocido en innumerables oportunidades: el extraordinario estado en que se encontraba la economía del país cuando se produjo el cambio de mando en 1990. Pero quiero ir un poco más allá, señor Presidente . Cuando uno analiza una ley tributaria, es muy importante dejar establecido qué es lo que va a ocurrir. Aquí hubo un acuerdo con el señor Ministro de Hacienda por el cual los Senadores de Renovación Nacional votamos favorablemente un proyecto de reforma tributaria destinado a solucionar los problemas sociales que efectivamente existían en Chile. Y en honor a la verdad, ningún Gobierno en el mundo ha podido resolver todos los problemas sociales que afectan a un determinado país. Votamos favorablemente esa iniciativa con el fin de mejorar fundamentalmente la situación en salud, educación y de los pensionados. Hoy, después de cuatro años, se nos pide cambiar un acuerdo -determinante en el despacho de esa ley- que especificaba que, al cabo de cuatro años, los impuestos iban a bajar. Por lo tanto, lo que hoy estamos haciendo con esta iniciativa de ley -digámoslo claramente- es restablecer impuestos cuya aplicación, por mandato de la ley, termina el 31 de diciembre. ¿Y por qué lo estamos haciendo, señor Presidente ? Porque el Gobierno, en lugar de adecuar sus gastos al presupuesto real, teniendo en cuenta que la mayor tributación concluía el 31 de diciembre, continuó gastando. Entonces, ahora se nos presenta la siguiente situación: o aprobar la reforma tributaria o provocar un déficit que debería enfrentar el próximo Gobierno. Ese es el planteamiento que se nos formula. Y ésa es una de las consideraciones que llevó a mi Partido a llegar a este acuerdo. Porque, antes de sacar dividendos políticos, Renovación Nacional ha demostrado tener un profundo sentido patriótico, aun cuando desde el punto de vista electoral deba efectuar enormes sacrificios. Recuerdo que durante la campaña electoral pasada en muchos foros, cuando hablábamos de los adelantos hechos en salud, se nos decía: "El pueblo dice". Pues bien, yo quiero repetir en el Senado lo que "el pueblo dice". He concurrido a los distintos sectores de la Región Metropolitana, y si preguntamos a la gente si ha mejorado la salud, la respuesta será que no. Pero, en honor a la verdad, no puedo dejar de reconocer que el Gobierno ha gastado en salud. Pero gastar, a diferencia de lo que piensa el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, no significa invertir bien, sino gastar. Y si yo ocupo 20 millones de dólares en traer sábanas chinas que van a estar 10 años guardadas, evidentemente gasté 20 millones de dólares, pero hice una muy mala inversión. Hace cuatro meses escuché al señor Ministro de Salud en un consultorio señalar lo que había que hacer -y lo aplaudí-, pero que no se hizo en los tres años anteriores, porque no hubo un plan coordinado para resolver el problema de la salud. Es más, los Senadores de Renovación Nacional han planteado al señor Ministro de Hacienda la necesidad de solucionar el gravísimo problema del déficit extraordinario que afecta a la educación y a la salud municipalizada. Todos sabemos de qué manera los presupuestos de los municipios están siendo gravados por la administración de estos dos sectores. En realidad, no presenta mejoría en lo relativo a la salud; y no la habrá a menos que exista un plan orgánico y estructurado, que el Ministro del ramo ha expresado que va a plantear, pero que todavía el Senado no conoce. En cuanto a la educación, todos hemos reconocido que la única manera de transformar el futuro del país es incentivando la educación técnico-profesional. ¿Dónde está el equipamiento y la transformación de los liceos humanísticos en técnico-profesionales? Es muy poco, casi ninguno. ¿Dónde está el cambio fundamental en la educación? En la práctica lo hemos escuchado, pero no ha existido. Se han presentado proyectos sobre aumento de remuneraciones para el profesorado; sin embargo, hoy día nos anuncian que irá a la huelga los primeros días de septiembre porque fue insuficiente. ¿Pero ha mejorado la calidad de la educación? Esa es la pregunta que debe hacerse. Porque para saber si el gasto corresponde o no y es buena la inversión, hay que ver los resultados. Obviamente, éste no es un problema del señor Ministro de Hacienda , como tampoco lo es, por ejemplo, que se haya destinado una gran cantidad de millones de dólares a financiar una ley que nos fue impuesta y que favorecía a todos los exonerados, pero también a mucha gente que no le correspondía ser beneficiada. Sin embargo, cuando se trata de un Poder del Estado , como es el Judicial -indispensable para mantener un Estado de Derecho y una democracia-, no existen los fondos necesarios para aumentar las remuneraciones de su personal a un nivel que permita el ingreso a la carrera judicial de las personas mejor preparadas. Todos sabemos que si no se aumentan sustancialmente los ingresos del Poder Judicial , su reforma será de papel. En materia de educación, este proyecto efectivamente tiene adelantos. El hecho de permitir que el padre pueda contribuir más sin disminuir la subvención es un paso adelante, que nosotros aplaudimos. Por eso se ha llegado a este acuerdo, pero no es la solución para la educación. Porque se está obligando a la gente de menos recursos a matricular a sus hijos o en colegios municipales o en establecimientos subvencionados, en circunstancias de que debiéramos dar el monto de la contribución al padre de familia para que matricule a su hijo en el colegio que estime conveniente. De ese modo estaríamos permitiendo una real libertad de educación y una mejor calidad de la enseñanza. En cuanto al incentivo de inversión educacional, en esta oportunidad quiero simplemente hacer una sugerencia al señor Ministro , porque creo que tal vez se podrían solucionar algunos problemas para lograr el objetivo que se persigue. Conversando con empresarios -no con los grandes, que son los menos, sino con los medianos y pequeños, que realmente podrían invertir en la capacitación de sus trabajadores-, y analizando por qué se usan tan poco los beneficios del SENCE, me han dado como razón que lo que invierten ahora sólo lo pueden recuperar un año más tarde, cuando rebajan el impuesto al hacer su declaración anual. Creo que perfectamente bien podría autorizarse que el dinero que se gasta en el SENCE se pudiera rebajar de los pagos provisionales mensuales o del IVA mensual, con lo cual los empresarios realmente invertirían en capacitación. Y tengo el temor, señor Presidente , de que con el sistema propuesto ocurra lo mismo, porque los dineros que gasten los empresarios no los van a recuperar de inmediato, sino que tendrán que esperar el término del año tributario para obtener su real recuperación. Y me parece que probablemente esto puede constituir una barrera para el buen logro del propósito perseguido por el señor Ministro y con el cual han coincidido los Senadores de Renovación Nacional. Sin embargo, echo de menos algo en este proyecto, señor Presidente . Se ha considerado la inversión, incentivar la economía y el ahorro, lo que me parece muy justo y muy legítimo; pero todas las normas benefician a los que poseen muchos recursos, a los que tienen muy buenas asesorías y, fundamentalmente, a las empresas. Los ahorros van a quedar limitados a las cuentas de ahorro, a los depósitos a plazo, a las cuotas de fondos mutuos, a los fondos de inversión, a las cuentas de ahorro voluntario de las administradoras de fondos de pensiones y a las cuentas de ahorro asociadas a seguros de vida. Me pregunto, señor Presidente , ¿acaso la compra de la casa propia no es tal vez el ahorro más fundamental y vital para un país? Sin embargo, no se considera ahorro y ni obtiene ninguna ventaja tributaria quien, en lugar de recurrir al Estado, invierte en la casa propia, fomentando la industria de la construcción, que es el motor de un país. Eso no se considera inversión. Reconozco de antemano, señor Ministro , que técnicamente no lo es; pero, en la práctica, constituye la inversión más importante que puede hacer una persona. Y ahí están, precisamente, la clase media y los profesionales jóvenes, a quienes debemos incentivar, pues están formando familias. Pero en ninguna parte del proyecto -repito- aparece considerada la situación de quien invierte en la casa propia. ¿Cuántos chilenos podrán ahorrar en este tipo de cosas? ¿Cuántos sabrán lo que significa esta iniciativa tributaria, para gozar de sus beneficios? Sin embargo, en aquello que realmente les interesa seguirán pagando un impuesto permanente. Porque, si queremos incentivar el ahorro, la rebaja propuesta de los tributos que afectan a las personas es realmente escasa. Si se trata de un empresario, paga 15 por ciento por las utilidades. Y si invierte en algo, no tributa. Pero el profesional que está comenzando, el empleado de clase media que percibe una remuneración relativamente alta, si quiere invertir, queda afecto a tasas que llegan hasta 45 por ciento. Personalmente, pienso que en esta reforma se pudo hacer mucho más por las personas naturales y, fundamentalmente, por la clase media y los profesionales, que en Chile no han tenido nunca la posibilidad de influir políticamente para lograr leyes que los beneficien. Quiero terminar señalando que hemos contribuido a este acuerdo por creer que, efectivamente, llega un momento en que es necesario adoptar un compromiso claro respecto de la inversión. El señor Ministro de Hacienda ha declarado públicamente en el Senado cuál es ese propósito. Y esta Sala de Senadores sabe muy bien que estuvimos a punto de pedir segunda discusión para el proyecto, porque había señales no claras de parte del Gobierno, una de las cuales era la construcción de un puerto. Se nos dijo que era por razón de una ley. ¡Cuántos proyectos hemos visto pasar por el Parlamento, calificados de "Suma Urgencia" o de "Discusión Inmediata", para lograr un propósito! Esa no es una excusa. Nosotros esperábamos -como lo dijo ese Secretario de Estado - que realmente se cumpliera el compromiso y que la obra fuera ejecutada por el sector privado. En materia de remuneraciones, ¿cómo no nos va a preocupar lo que hace alrededor de una semana demostré en este Hemiciclo, al informar el proyecto de ley relativo a las plantas de personal de las Subsecretarías dependientes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que en la de Transportes había 150 empleados de planta y sobre 140 a honorarios? Eso es duplicar la planta de un servicio, aunque ello no aparezca realmente así. Obviamente, todas estas observaciones que formulo no afectan al señor Ministro , quien no puede controlar las influencias políticas. Lo que estamos señalando no constituye una crítica al equipo económico de Gobierno; es la realidad que hemos visto, no respecto de ese grupo de técnicos, sino el resultado completo de esta Administración. Por último, estas consideraciones me obligan a indicar al titular de la Cartera de Hacienda la necesidad de que, en el período en que corresponda formular indicaciones -ellas sólo pueden provenir del Ejecutivo por disposición constitucional-, podamos realmente solucionar los problemas planteados y hacer más eficaz el incentivo al ahorro y, también, el fondo de fomento a la educación. He dicho. El señor URENDA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. El señor GAZMURI .- Señor Presidente, el proyecto en discusión, respecto del cual los Parlamentarios de la Concertación contribuimos a los acuerdos que finalmente nos permiten contar con la seguridad de que será aprobado por el Senado, se origina, precisamente -como bien se ha dicho-, en las características de la reforma tributaria acordada en 1990, oportunidad en la cual, en razón de que era indispensable llegar a un consenso, se dio carácter transitorio al mayor esfuerzo impositivo convenido. Y deseo repetir lo que planteé en la discusión general de la iniciativa en ese entonces: "En consecuencia, queremos dejar constancia de que, a nuestro juicio, el esfuerzo tributario mayor orientado a financiar el gasto social no puede tener la transitoriedad de tres años, pues los problemas que pretendemos enfrentar son múltiples y muy profundos, y su solución va a ser una tarea de más de un Gobierno de transición, como es el del Presidente Aylwin .". Por lo tanto, sobre esta primera cuestión, quiero dejar establecido que la necesidad de revisar y, a nuestro juicio, de prolongar la vigencia de las disposiciones fundamentales de la reforma tributaria de 1990 se planteó en la oportunidad de discutirse y aprobarse el proyecto respectivo. No deseo alargarme demasiado, pero creo que lo acordado entonces habría que evaluarlo en dos sentidos. El primero es sí se estableció -como algunos temieron en esta Sala- una carga impositiva que finalmente iba a dañar el desarrollo del país y los procesos de inversión. Sobre la materia, a casi cuatro años, podemos ser concluyentes. Tal como lo afirmamos en esa ocasión, con la reforma se establecían cargas tributarias muy moderadas. Y con esa estructura impositiva, el país ha tenido en estos años altas tasas de crecimiento y, lo que es más importante, las mayores de las últimas décadas en materia de inversión. Por lo tanto, creo que hay aquí una afirmación central: que la carga tributaria actual es completamente compatible con elevados grados de crecimiento económico y con los niveles más altos de inversión que ha vivido la economía chilena. Al mismo tiempo, es compatible con el objetivo central de equilibrar desarrollo y equidad, desarrollo e integración. Porque, sin duda, recibimos una economía cuyas variables macroeconómicas eran sustancialmente sanas. Y digo "sustancialmente", pues en 1990 enfrentábamos problemas de inflación que no eran menores, y costó bastante disminuir esa tendencia. Pero es evidente también que recibimos un país profundamente enfermo en lo social, con un modelo de desarrollo que, si bien aseguraba crecimiento y equilibrio macroeconómico, producía crecientes grados de desigualdad y falta de integración de grandes sectores a los frutos del desarrollo. Ese es el giro que se ha intentado dar durante estos años, y es la gran tarea pendiente que tiene la sociedad chilena para los años venideros: cómo llevar a cabo un modelo de desarrollo crecientemente integrativo. Porque hasta 1990 había tendencia a crecer, pero también a aumentar la desigualdad y la pobreza. Pienso que la gestión global del Gobierno ha invertido la situación. No es un detalle que haya un millón menos de pobres, según las mismas estadísticas con que se medía históricamente la pobreza en el país. Los resultados tienen que ver, sin duda, con la orientación, el destino y el gasto de los mayores recursos provenientes de la reforma tributaria. A mi juicio, nadie puede sostener seriamente en el país que no hemos avanzado sustantivamente en materia de infraestructura, de inversión pública en salud, en ritmo de construcción de viviendas (sobre todo, orientadas a los sectores populares y medios), de mejoramiento de la situación general del sistema educacional, y que, además, en estos años hayamos tenido que gastar efectivamente cantidades importantes de dinero en reparar a muchos chilenos que fueron desposeídos de sus derechos básicos durante el Régimen anterior. Indudablemente, siempre se puede mejorar la eficiencia del gasto. Nosotros estaremos siempre abiertos a esos procesos. Y una segunda conclusión es que la reforma tributaria permitió desarrollar programas sociales que, globalmente, pueden considerarse exitosos. De no aprobarse la iniciativa en estudio, el año próximo disminuirán los fondos que al Estado le resultan indispensables para mantener los programas actuales y para ampliar otros, porque no cabe duda de que las necesidades no han desaparecido sino al contrario, tal como lo dijimos hace casi cuatro años. No deseo referirme extensamente a los contenidos específicos del proyecto, pero sí decir que quienes contribuimos al acuerdo -al igual que otros, éste ha sido objeto de negociación- hemos debido transar inevitablemente. Considero razonable el planteamiento formulado respecto de rebajar el impuesto de Segunda Categoría y el Global Complementario a partir del período 1995-1996, como también el conjunto de incentivos tendientes a favorecer el ahorro y la inversión de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, parece razonable la disminución del IVA a contar de 1996, porque, efectivamente, representa una carga tributaria elevada que grava por igual a sectores que exhiben desniveles sociales importantes. Además, esta reforma significa una disminución impositiva que, a mi juicio, también es razonable. En ese sentido, desde el punto de vista del Senador que habla por lo menos, sin perjuicio de la utilidad de corregir determinados impuestos -sobre todo el de Segunda Categoría-, considero que, desde una perspectiva global, quedamos en una situación tal que el Estado no podrá contar con la cantidad de recursos necesarios para acometer las múltiples tareas que en una sociedad como la nuestra ineludiblemente debe realizar. Durante la discusión también se plantearon -a lo menos nosotros lo hicimos- ideas en orden a debatir la introducción de ciertos gravámenes en la dirección de un sistema tributario más progresivo. Desgraciadamente, ellas aún no han encontrado el consenso ni eco suficiente. En particular, propuse discutir en serio la posibilidad de establecer tasas de impuestos o de aranceles mayores -es una cuestión técnica que habría que determinar- a ciertos consumos suntuarios que en el país originan un gasto muy cuantioso. En lo personal, no me opongo por principios de ningún tipo a que gaste en suntuarios quien puede hacerlo; pero me parece que la experiencia universal indica que es útil y socialmente rentable que aquel que gaste más en suntuarios quede gravado con cargas impositivas mayores. Asimismo, sugerí estudiar en profundidad la posibilidad de aplicar -por lo menos respecto de algunos productos de consumo masivo, que afectan de manera significativa la canasta familiar- un sistema de IVA diferenciado, como existe en las principales economías de mercado del mundo. Se dieron razones de distinto tipo para no incorporar tales conceptos a la discusión; pero creo que, en la medida en que maduremos en el debate de estos temas, podríamos llegar a consignar un tipo de estructura tributaria donde el carácter progresivo del sistema impositivo fuera un elemento medular. Finalmente, me parece positiva la facilidad que se da a las empresas que deseen hacer donaciones a la educación. Y considero que un tema de futuro es cómo maximizar la inversión en ese campo. En tal sentido, que el sistema tributario estimule a las empresas y al sector privado a hacer un mayor aporte al desarrollo del sistema educacional lo estimo favorable como tendencia, siempre que -y lo planteo como observación- los proyectos educativos apunten a fortalecer el carácter de equidad en el ámbito de las regiones, provincias, comunas y sectores sociales que debe tener el mencionado sistema, sobre todo en un país como el nuestro, en los niveles básico y medio. Por tanto, para que el sistema educacional opere, considero fundamental atender a la necesidad de que los proyectos del área tengan determinadas características. De no ser así, podríamos llegar a la situación de que las comunas ricas, los sectores de alta concentración industrial, generaran sus propias condiciones de diferenciación creciente con el resto de las comunas del país. A mi juicio, aquí hay una cuestión de equidad y de distribución territorial que debe cuidarse mucho en la implementación de la ley. De lo contrario, y entendiendo que en una sociedad que va igualando oportunidades el sistema educacional es herramienta fundamental, podríamos estar estimulando la modalidad de establecer diferencias en aquél (incluido el público) de manera gravosa y en desmedro de las regiones y territorios de menor riqueza. En efecto, si la calidad de la educación allí va a ser muy inferior a la media nacional, estaremos condenando a esas regiones a autorreproducir sus condiciones de subdesarrollo, o de menor desarrollo relativo. Con estas observaciones, anuncio mi voto favorable en general al proyecto en discusión. El señor VALDES (Presidente).- Se ha convocado a una sesión especial para las 21. A ese respecto, existe la alternativa de prorrogar la de ahora hasta finalizar el tratamiento de este proyecto y la votación consiguiente. Siendo, al parecer, mejor la segunda solución, si no hay observaciones en contrario, optaríamos por la prórroga. Acordado. El señor JARPA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor VALDES (Presidente).- No tengo inconveniente alguno en dársela, señor Senador; pero hay una lista de oradores inscritos. El señor JARPA .- Creo que se han dado tan buenos y largos argumentos, señor Presidente , especialmente por el señor Ministro de Hacienda y por algunos señores Senadores, que ya podríamos votar y economizar así la agradable oportunidad de seguir oyendo discursos. El señor VALDES ( Presidente ).- Su Señoría ha hecho una proposición que tiene méritos indiscutidos; pero, frente al hecho de que restan tres señores Senadores inscritos para hacer uso de la palabra, quisiera saber la opinión de la Sala. Según parece, no hay acuerdo para votar de inmediato. Como ya el señor Ministro realizó una exposición muy importante, la que fue contestada y analizada en dos o tres intervenciones fundamentadas, rogaría que los siguientes discursos se limitaran a pocos mi-nutos. Así podremos terminar lo antes posible, pues creo que el ambiente es favorable a votar el proyecto, y, por consiguiente, no resultaría necesario extremar los argumentos; al contrario. A continuación, corresponde usar de la palabra al Honorable señor Cantuarias. El señor CANTUARIAS.- Seré tan breve como me sea posible, señor Presidente. Sin embargo, preparé con anterioridad lo que expondré sobre la materia, y a riesgo de quedarme solo en el Hemiciclo -enterándose posteriormente de mis palabras los señores Senadores a través del apartado correspondiente o del Acta, pues me costaría gran esfuerzo resumirlas-, intervendré para fundamentar mi posición. En consecuencia, me atengo a las disposiciones reglamentarias, ofreciendo las disculpas del caso. Señor Presidente, en diversas oportunidades he manifestado mi oposición a la idea de que se disponga un nuevo aumento de impuestos en nuestro país sin que previamente se haya realizado un análisis riguroso sobre dos materias: primero, la evolución de los ingresos fiscales, tanto por concepto de tributos, cuanto por causa del mayor crecimiento registrado en el producto geográfico bruto (PGB); segundo, la evolución del gasto social, principalmente en lo que respecta a la efectividad de su focalización en los más pobres. El Gobierno parece empeñado en una suerte de política asistencialista por parte del Estado, como método preponderante -si no único- para enfrentar este desafío, y hemos visto que por tal camino no se llega muy lejos. Por lo pronto, antes de aumentar los impuestos, tenemos que analizar cómo se están empleando los recursos públicos, puesto que hay señales claras e inequívocas de una mala administración que no se compadece con los graves problemas que estamos enfrentando en el ámbito social. Evolución de los ingresos fiscales. En 1993, la recaudación tributaria estimada ascenderá a 1 mil 584,8 millones de dólares, cifra que, comparada con la de 1989 (5 mil 424,6 millones de dólares), arroja un aumento de 2 mil 160,2 millones. De esa suma, aproximadamente mil 450 millones de dólares corresponden a mayor crecimiento del PGB, en tanto que 712 millones provienen de la reforma tributaria propiamente tal. Sobre la base de estos antecedentes, se puede sostener que el crecimiento económico ha generado el doble de recursos que la reforma tributaria, o más. Incluso se ha detectado un superávit fiscal, el que -de mantenerse dicha reforma más allá de los plazos previstos y de continuar creciendo la economía a una tasa anual de 6,5 por ciento del PGB- podría incrementarse en más de 7 mil 170 millones de dólares en el próximo quinquenio. Evolución del gasto social. Diversos estudios técnicos realizados partir de 1987 revelan la existencia de una filtración significativa del gasto social hacia sectores de más altos ingresos, fenómeno que no ha sido abordado todavía. La magnitud de dichas fugas o filtraciones no se ha podido precisar con certeza, porque los antecedentes respectivos (encuestas CASEN 1990 y 1992) aún no se dan a conocer. Con todo, ya un estudio de la Oficina de Planificación Nacional (hoy día, Ministerio), realizado en 1989 sobre la base de la encuesta CASEN 1987, mostró que el porcentaje del gasto social efectivo -esto es, del percibido por el 30 por ciento más pobre de nuestra población- sólo alcanzó al 3 por ciento del PGB. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda ha reconocido en esa materia que sólo el 60 por ciento del gasto social está llegando efectivamente al 40 por ciento de ese segmento de chilenos. A partir de esto resulta claro que hay un 40 por ciento del gasto social que se filtra hacia los sectores de más altos ingresos. Otros estudios efectuados en esta materia concluyen que, si se focalizara sólo el 70 por ciento de las filtraciones que percibe el 20 por ciento más rico del país, y el 30 por ciento de las que van al quintil inmediatamente inferior, se liberarían recursos del orden de los 170 millones de dólares anuales, lo que podría irse asumiendo gradualmente hacia el futuro. Así, en el ámbito de la educación, por ejemplo, tenemos que el 94 por ciento de los niños asiste a escuelas gratuitas subvencionadas por el Estado. Asimismo, alrededor de 20 por ciento de los recursos asignados a la Cartera correspondiente va a la educación superior, que no es precisamente en donde se concentra la población más pobre del país. Por otro lado, sabemos que, en salud, el 70 por ciento de los chilenos son beneficiarios del sistema público; y que el Programa de Alimentación Complementaria es universal. En fin, los antecedentes históricos demuestran que existen muchos programas sociales que benefician a personas ajenas al 40 ó 30 por ciento más pobre de nuestros compatriotas. Y todo ello sin considerar la parte del gasto social que queda entrampada en la burocracia, y que en los últimos tres años ha aumentado significativamente por la vía de contratos a honorarios, aumentos en las plantas de los servicios públicos, viáticos y horas extraordinarias, entre otros ítem. Durante 1992 se destinaron a gasto social alrededor de 2 mil 18 billones de pesos, más o menos 66 por ciento del gasto público total. Pues bien, si a esa suma le descontamos 902 billones por concepto de beneficios previsionales del sistema antiguo -bonos de reconocimiento y otros que no es posible focalizar-, queda un saldo de un mil 116 billones de pesos para el gasto social efectivo. Si tales recursos se hubieran focalizado en el 30 por ciento más pobre de la población (alrededor de 4 millones de personas), cada uno habría percibido una suma anual de 280 mil pesos, y cada familia, 94 mil pesos mensuales. Ahora, dirigidos sólo al 10 por ciento calificado de indigente (cerca de 1,3 millones de chilenos), cada uno habría recibido 290 mil pesos por mes. A fines de 1991, el Congreso Nacional, con los votos favorables también de la UDI, asignó al programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación de 1992, denominado Programa MECE, la suma de 15 mil 488 millones de pesos, de los cuales 13 mil millones y fracción provenían de un préstamo del Banco Mundial; el resto era aporte fiscal. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el propio Ministerio de Educación, se ha podido constatar que el nivel de ejecución del referido Programa MECE alcanzó en el curso de 1992 a 33 por ciento. Es decir, de los 15 mil 488 millones de pesos, sólo se gastaron 5 mil 373 millones, cifra que resulta sorprendentemente baja, si se consideran las múltiples demandas insatisfechas en el sector educacional y el nivel de recursos comprometidos. Existen rubros donde el grado de ejecución es simplemente inexplicable, pudiendo citarse los siguientes ítem: Biblioteca de Aulas. Se destinó la suma de 772 millones de pesos, y se usaron sólo un millón 809 mil pesos: 0,23 por ciento de ejecución. Requisitos de inversión. Se contemplaron un mil 178 millones de pesos, de los cuales se gastaron únicamente 34 millones: 2,89 por ciento de ejecución. Material didáctico. Se disponía de un mil 226 millones de pesos, y sólo se invirtieron 40 millones: 3,27 por ciento de ejecución. INTEGRA. Se asignaron 844 millones de pesos, y sólo se invirtieron 102 millones: 12,11 por ciento de ejecución. JUNJI. Se le destinó la suma de 719 millones de pesos, de los cuales sólo se emplearon 147 millones: 20,46 por ciento. Estos antecedentes revelan en forma categórica e inequívoca la ineficiencia de las actuales autoridades en el uso de los recursos públicos. Y no son los únicos ejemplos. Asimismo, existen cuantiosos fondos que se incluyen en el gasto social y que, sin embargo, no llegan directamente a los pobres. Por ejemplo, de los 18 mil 831 millones de pesos que la Ley de Presupuestos asigna al Programa MECE 1993, 5 mil millones se gastan en convenios y contratos de personas adicionales a la planta del Ministerio de Educación y en la adquisición de servicios y bienes de consumo. Además, podemos señalar que el actual Gobierno ha contratado a más de 3 mil 600 nuevos funcionarios en la Administración Pública; ha adquirido alrededor de 350 vehículos adicionales, y sólo en 1993 desembolsará más de 8 mil millones de pesos en pago a asesores, vía contratos a honorarios. Por último, se ha podido establecer que, de los recursos destinados en 1992 a gasto social, alrededor de 120 millones de dólares no se emplearon efectivamente en el correspondiente ejercicio presupuestario, lo que asciende al 20 por ciento de la recaudación derivada de la reforma tributaria. Finalmente en este punto, quisiera recordar que, con todo lo que se ha dicho respecto de la eficacia y de atender a la situación de los más pobres, lo cierto es que, desde el punto de vista doctrinario, no se ha creado ningún nuevo instrumento, ni un solo elemento real con qué resolver sus problemas. Consideraciones previas a una nueva reforma tributaria. De acuerdo con lo previsto en la ley, a partir de 1994 los ingresos tributarios disminuirán, ya que la tasa del IVA baja a 16 por ciento; la del impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta disminuye a 10 por ciento, y los tramos de impuestos a las personas se modifican nuevamente. Ante esta inminente realidad, el Ejecutivo ha planteado la necesidad de un nuevo aumento de impuestos para financiar los futuros programas sociales y evitar un déficit fiscal. El primer antecedente que se debe considerar en esta materia es la evolución del gasto público entre 1990 y 1992. Mientras los ingresos tributarios por concepto del mayor crecimiento del PGB en el período 1989-1993 han aumentado en un mil 448,2 millones de dólares, el gasto general del Gobierno se ha incrementado en un mil 904,4 millones de dólares, lo que arroja un déficit de 456,2 millones de dólares. Luego, hay un desequilibrio objetivo en esta materia que es necesario corregir antes que propiciar más alzas impositivas. En segundo lugar, estudios realizados por algunos organismos técnicos revelan que por cada punto porcentual de incremento del PGB, los ingresos tributarios aumentan en aproximadamente 70 millones de dólares, cifra que, proyectada en una tasa de crecimiento de nuestra economía del orden del 7 por ciento anual, arroja una recaudación adicional cercana a los 490 millones de dólares por año. Entonces, aquí hay una importante fuente de recursos para financiar programas sociales. En tercer término, es preciso asumir el imperativo de una profundización en el proceso de focalización del gasto social, a fin de que los recursos destinados a este objeto se utilicen efectivamente en los correspondientes ejercicios presupuestarios y en verdad lleguen a los más pobres. Esto pasa por una reformulación de los programas sociales vigentes y de los gastos en burocracia realizados durante los últimos ejercicios presupuestarios. En este ámbito, el principal desafío es impedir que los fondos destinados a gasto social -que representan cifras significativas- sean percibidos por los sectores de más altos ingresos. En cuarto término, es imprescindible revisar la política de inversión pública del Estado, ya que existen diversas iniciativas, que involucran cuantiosos recursos del erario, que pueden ser asumidas gradual y sostenidamente por el sector privado. En este sentido, a vía de ejemplo, cabe considerar que en 1993 el Estado gastará en obras de infraestructura alrededor de 700 millones de dólares. Por lo demás, en el acuerdo que, como se ha recordado, informa el proyecto en análisis, se establecía de manera específica que los recursos públicos de inversión deberán dedicarse a financiar los programas de carácter social y los de infraestructura que no pudieren ser adecuadamente abordados por inversionistas privados. Sin embargo, no se ha dado una respuesta satisfactoria acerca de la situación planteada aquí con relación, por ejemplo, al puerto de Punta Arenas . En quinto lugar, es urgente revisar la política de transferencias fiscales a algunas empresas públicas, a fin de que éstas autofinancien sus propias actividades y proyectos de inversión, ya sea directamente o a través de asociaciones con capitales del sector privado. En 1993, el Estado contempla transferencias por las siguientes cantidades: a empresas de servicios sanitarios, 20 millones de dólares; a la Empresa Portuaria de Chile, 34 millones de dólares; a aeropuertos, 33 millones de dólares; a la ENAMI, 20 millones de dólares. Eso totaliza 107 millones de dólares, sin considerar los traspasos efectuados en los años 90, 91 y 92 a otras empresas públicas, como ENACAR y Ferrocarriles. Adicionalmente, urge analizar la eficiencia de dichas entidades, pues se dispone de antecedentes que, en algunos casos, revelan incluso la existencia de cuantiosas pérdidas, fenómeno que es necesario revertir. Los resultados de las empresas CORFO, dados a conocer hace pocos días, son elocuentes y categóricos al respecto. En efecto, se ha informado que éstas habrían registrado una caída del 52 por ciento de sus utilidades en el primer semestre del presente año, respecto del mismo período de 1992, y que sólo ENACAR muestra pérdidas por sobre 6 mil 600 millones de pesos. Finalmente, es indispensable avanzar en el proceso de privatización de las empresas estatales, puesto que ello representaría para el Fisco contar anticipadamente con recursos que de otro modo tardaría años en percibir (alrededor de 10 mil millones de dólares). Tales privatizaciones, junto con permitir al Fisco disponer hoy de utilidades futuras, dejarían a salvo la recaudación tributaria que esos organismos estatales generarían en manos del sector privado, y aun se incrementarían, si consideramos que su administración privada podría acrecentar la eficiencia en materia de logros, metas y resultados. No podemos aprobar nuevas alzas de impuestos sin antes examinar y corregir debidamente las situaciones descritas. Una acertada ponderación de cada uno de estos factores permitiría constatar que existe una alternativa de financiamiento de los programas sociales distinta de la que representa la reforma tributaria, por lo cual resulta innecesaria una prórroga en esta materia. Principales prioridades sociales. Por otro lado, nos parece fundamental que se definan los programas sociales prioritarios para los próximos ejercicios presupuestarios, de manera de dar una respuesta adecuada a las principales necesidades de la sociedad en su conjunto. A nuestro juicio, dichas prioridades deben considerar, entre otros, los siguientes aspectos: 1.- Solución del déficit en la educación y salud municipalizadas, lo cual pasa por actualizar el valor histórico de las transferencias fiscales efectuadas en este ámbito. 2.- Superación de los problemas asociados al antiguo sistema previsional del INP, estableciéndose una política de beneficios previsionales común para todos los imponentes del sistema, suprimiéndose las discriminaciones existentes en esta área (pensiones de viudez y orfandad, por ejemplo) e incrementándose en forma gradual y sostenida los montos de este tipo de beneficios. 3.- Modernización del sistema de salud pública, a través de la efectiva descentralización de sus servicios y una progresiva incorporación del sector privado a los mismos. 4.- Un plan social extraordinario para la zona del carbón, en la Octava Región, el que incluso fue solicitado al Presidente de la República , por la unanimidad de los miembros del Senado, en una sesión reciente. Sobre el particular, cabe observar que el mercado laboral en esa Región -que represento- está afectado mucho más allá del simple comportamiento de la actividad agrícola o minera local. Así, mientras a nivel nacional la tasa de ocupación en el ámbito industrial registró un incremento de 7,1 por ciento en el trimestre móvil abril-junio de 1993, generándose 54 mil 100 nuevos puestos de trabajo -hago notar, de pasada, que el 85 por ciento de ellos se concentró en la Región Metropolitana-, en la Octava Región ese sector no proporcionó ninguna fuente nueva de ocupación. Los datos oficiales entregados por el INE permiten establecer que en el período junio de 1992 a junio de 1993 nuestra zona no sólo fue incapaz de crear otras fuentes de trabajo, sino que éstas disminuyeron en 400 puestos. En el mismo lapso, la ocupación nacional creció en 4,9 por ciento, lo que significó 222 mil nuevos empleos, 72 por ciento de los cuales se centralizaron en la Región Metropolitana. Proposiciones para una nueva reforma tributaria. Conocemos la importancia de las políticas tributarias en el logro de los principales objetivos sociales diseñados por la sociedad en su conjunto. Una apropiada formulación tributaria puede resultar gravitante en materia de incentivos al ahorro interno (impuesto a las personas), en cuanto a inversión privada en las áreas de salud y educación (impuesto de primera categoría), y en el alivio de los sectores de más escasos recursos, derivado de una mayor disponibilidad de sus ingresos. Por ello, además de analizar los aspectos señalados, es imprescindible concordar en una política tributaria que, sin descuidar el imperativo de lograr una recaudación que permita financiar los programas sociales definidos por la comunidad, no descuide los restantes objetivos precedentemente expuestos. En razón de lo anterior, estimamos que, antes de subir los impuestos, sería indispensable: 1°) Recuperar el mecanismo de tributación sobre renta percibida o retirada, establecido en el impuesto de primera categoría, antes de la reforma tributaria, a fin de incentivar la inversión privada en nuevos proyectos y, con ello, generar más empleos productivos. 2°) Reponer el régimen de renta presunta para el sector agrícola, el que en la actualidad atraviesa por una seria depresión económica y enfrenta fuerte competencia desleal proveniente del extranjero. El sistema de contabilidad fidedigna es insostenible en esa área de la producción, y así lo ha demostrado la práctica. Similar mecanismo debiera aplicarse en la pequeña minería. 3°) Disminuir la carga impositiva que hoy afecta a las personas como consecuencia de los tramos establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta. Actualmente, los tramos de renta contemplados en ese cuerpo legal para los tributos personales (global complementario e impuesto único sobre las remuneraciones) son considerablemente altos, si se los compara con los aplicados en los once países más desarrollados del mundo. Asimismo, proponemos la adopción de mecanismos que estimulen el ahorro de las personas de clase media, ya que, a diferencia de lo que sucede con las empresas -ámbito en el que, pese a haberse suprimido el sistema de renta percibida o retirada, se mantienen mecanismos de incentivo al ahorro, como el de la reinversión-, las primeras deben tributar tanto por lo que consumen como por lo que ahorran. 4°) Recuperar la tasa de 16 por ciento del IVA, impuesto regresivo que afecta con especial rigurosidad a los sectores de más bajos ingresos, que son precisamente aquellos a los cuales es urgente ayudar. Los mayores ingresos que el Fisco percibirá en los próximos años como consecuencia del importante crecimiento de nuestra economía permiten una reducción gradual de ese tributo sin producir déficit fiscales. 5°) Reponer la tasa de 10 por ciento de impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, liberando así mayores recursos en el sector privado para estimular nuevos proyectos de inversión y más empleos productivos. Tal como señalamos en el caso anterior, los mayores ingresos por concepto de crecimiento de la economía permiten compensar dicha reducción impositiva sin generar desequilibrios en las arcas fiscales. 6°) Regular mediante una ley las tarifas de peaje -que claramente constituyen un tributo-, pues la posibilidad de que ellas se establezcan por decreto supremo no está contemplada en la Constitución Política. La Carta Fundamental no faculta al Presidente de la República para fijar tasas de peaje, ni autoriza al legislador para otorgarle tal prerrogativa. 7°) Establecer, por un período determinado, un conjunto de franquicias tributarias para la zona del carbón, materia que fue objeto de un acuerdo del Senado, el cual ya se puso en conocimiento del Gobierno. 8°) Crear un sistema de franquicias tributarias para los contribuyentes que realicen inversiones en áreas sociales, como educación y salud, a través de un mecanismo de créditos contra impuestos o imputación de gastos. 9°) Introducir el concepto de equidad tributaria al interior de las familias, sumando todos sus ingresos y dividiéndolos por partes iguales para cada cónyuge, aplicando a cada renta individual las tasas de impuestos vigentes. Este es el método que aplican en la práctica los empresarios naturales, formando sociedades con sus cónyuges y repartiendo las utilidades entre ambos, bajando de este modo los tramos de rentas, sobre los cuales corresponde aplicar una tasa menor de impuesto. Estos planteamientos obedecen a la necesidad de reformular la estructura del Estado que queremos para el futuro, avanzando en el proceso de descentralización iniciado hace algunos años, fortaleciendo las funciones que le son propias y liberándolo de aquellas tareas que las personas están en condiciones de asumir con mayor grado de eficacia. Todo ello supone una estructura tributaria que reconozca a la gente el derecho a disponer del fruto de su propio trabajo, que incentive el ahorro y fomente la inversión, pilares fundamentales en el objetivo de progresar en la lucha contra la pobreza y de generar mayores oportunidades de trabajo para quienes anhelan salir definitivamente de la situación en que hoy se encuentran. Las observaciones expuestas se hicieron llegar oportunamente al Ministerio de Hacienda; pero, desafortunadamente, no recibimos respuesta alguna. Hoy vemos que el Gobierno pretende subir de nuevo los impuestos, sin haber resuelto las situaciones mencionadas precedentemente y que son decisivas para nuestro futuro. Para ello, ha sostenido que esta reforma tributaria significará una rebaja de impuestos para alrededor de 130 mil personas, antecedente que nos resulta más bien irónico, por cuanto es obvio que, de no mediar esta iniciativa legal, serían millones los chilenos que se verían beneficiados, directa e indirectamente, con la recuperación de las tasas impositivas vigentes antes de 1990. Por último, señor Presidente , deseo hacer notar que la forma en que estamos tratando este proyecto, con escasa presencia de Senadores en la Sala, refleja una práctica que, en mi opinión, es muy perniciosa. Los acuerdos acerca de materias tan trascendentales para el país tomados fuera del recinto del Senado y de este Hemiciclo producen el efecto de la exigua asistencia que en este momento registramos, lo cual, sin duda, no ennoblece el trabajo político ni la representación parlamentaria que ostentamos. Por las razones expresadas, no puedo estar de acuerdo con esta iniciativa. El señor VODANOVIC.- ¿Me concede una interrupción, Honorable colega? El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente , con la venia de la Mesa, doy una interrupción al Senador señor Vodanovic. El señor VALDES ( Presidente ).- Puede usar de la interrupción Su Señoría. El señor VODANOVIC.- Quiero rectificar lo afirmado recién por el Honorable señor Cantuarias. Todos los señores Senadores que harán uso de la palabra se hallan en la oficina contigua preparando sus intervenciones. Señor Presidente , ¿cuántos oradores hay inscritos? El señor VALDES ( Presidente ).- Ocho, Su Señoría, lo que al ritmo que llevamos significa aproximadamente dos horas más de debate. El señor VODANOVIC.- Honorables colegas, ¿podríamos hacer un esfuerzo y proceder a votar ahora el proyecto? El señor VALDES ( Presidente ).- Sería un esfuerzo muy saludable. El señor VODANOVIC.- Soy uno de los inscritos, pero no tendría inconveniente en borrar mi nombre de la lista si otros señores Senadores compartieran este propósito. Porque ocho intervenciones más es demasiado. ¡La verdad es que tantas luces van a hacer destellar la Sala! El señor VALDES ( Presidente ).- Sería bueno que la actitud de Su Señoría fuera contagiosa. El señor ZALDIVAR .- ¿Me permite, señor Presidente? El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ZALDIVAR .- Señor Presidente , yo también estoy inscrito y renuncio a mi derecho. Creo que las cosas ya están dichas. Sólo hay diferentes visiones acerca de la materia. Seguramente tendremos otra oportunidad de exponer nuestras apreciaciones. Además, pronto corresponderá escuchar la exposición sobre la Hacienda Pública por parte del Ministro de esa Cartera . Adhiero a la posición del Senador señor Vodanovic. El señor VALDES (Presidente).- Muy bien. Ya son dos menos. ¿Hay otros imitadores de esta postura? El señor GAZMURI .- Quería contestar lo dicho por el Honorable señor Cantuarias , pero lo haré en otra ocasión. El señor VALDES (Presidente).- Perfecto. Tiene la palabra el Senador señor Díaz. El señor DÍAZ .- Señor Presidente, procuraré ser breve; pero creo que no puedo callar ante algunas reflexiones formuladas con relación a dos tópicos fundamentales: uno atinente al área de salud y el otro, a la de educación. En lo relativo a la salud, se dijo poco menos que se habían despilfarrado los recursos. Debo aclarar que no ha existido despilfarro, sino una inversión real. Hemos manifestado aquí, una y otra vez, que cuando el Presidente Aylwin asumió su Administración, la situación de los hospitales y el deterioro que en general había experimentado el Sistema Nacional de Servicios de Salud eran increíbles. Hubo que efectuar una inversión muy significativa en infraestructura hospitalaria. Y debemos tener en cuenta que cualquier inversión en recursos humanos podría haber significado prácticamente un deterioro irrecuperable en parte de los hospitales y en todos los consultorios. Además, la recuperación de un recinto hospitalario con una buena inversión como la que hubo significaba ponerlos en actividad dentro de un plazo relativamente corto, en circunstancias de que -repito una vez más- la formación de un médico implica una inversión durante siete años. Si en marzo de 1S90, cuando asumió el Presidente Aylwin , se hubiera adoptado una política de mejorar sustancialmente la situación del recurso humano en el Servicio Nacional de Salud, en los hospitales, etcétera, para apreciar el cambio de todas maneras se habría requerido esperar siete años en el caso de médicos generales y diez años tratándose de facultativos de la UCI o de la UTI o de cualquier especialidad, siendo menor el lapso en las enfermeras y matronas. Por lo tanto, no acepto la afirmación de que ha habido despilfarro en Salud, porque se hizo una inversión muy significativa e importante para recuperar los hospitales. Un solo dato: hace poco, todos aplaudimos el resultado de la operación hecha a los siameses. ¡Todos! ¡Chile entero lo celebró! Pero el Ministro señor Jiménez , en un momento dado, para poder atender las demandas del caso, tuvo que establecer un programa para mejorar sustancialmente los equipos del Hospital Barros Luco-Trudeau, lo cual representó una inversión de un millón y medio de dólares. Y gracias a ello no sólo se pudo realizar aquella intervención quirúrgica, sino muchas otras, salvando decenas de vidas. Digno es de recordar que, al asumir el actual Gobierno, en el sector Salud había un déficit de 12 mil funcionarios. Por lo tanto, señalar que ha habido un incremento excesivo en la burocracia y de la "empleomanía", no responde a la realidad, aun cuando es efectivo que en un servicio tan fundamental pero a la vez tan deteriorado como el de la Salud, hubo contratación de un número significativo de funcionarios. Pero hay que reiterar una vez más: la formación de un m��dico dura siete años y la de una enfermera o una matrona un período que oscila entre seis y siete años. Por otra parte, no podemos olvidar que en general se ha mejorado notoriamente también la situación de los servidores públicos, aunque no se han satisfecho todas sus legítimas aspiraciones. Pero, indiscutiblemente, han tenido avances importantes. Respecto de la eficiencia, quiero decir que se habla mucho del sector privado de la salud y de las ISAPRES. La próxima semana analizaremos un proyecto de ley sobre la materia. Se sostiene que éstas gastan 20 por ciento de su presupuesto en administración, en circunstancias de que los servicios de salud públicos sólo 4,5 por ciento. ¡Pero la eficiencia es la misma en ambos casos! Un niño en un hospital nace en condiciones similares al que llega a la vida en cualesquiera de las clínicas más "pintadas" de las ISAPRES. De modo que no es válido lo que se afirma sobre el particular. También se manifestó que hay despilfarro en la Educación. Sin embargo, son 900 las escuelas de escasos recursos que han sido ostensiblemente mejoradas con el programa del actual Gobierno. Aquí se sostuvo que el MECE tuvo un costo de 15 mil 888 millones de pesos; pero es extraordinariamente significativo lo que se ha hecho hasta ahora y cuál ha sido el resultado del mejoramiento de la Educación en Chile. Es cuestión de observar las estadísticas y leer los diarios para comprobar que ha habido una recuperación fundamental en el sector. Es más, no sólo se ha innovado lo que era el sistema tradicional, sino que se ha celebrado un convenio con el Gobierno español para crear aulas tecnológicas en todo el país. Y en la Región que represento en el Senado hay 26 recintos que ya no imparten el método tradicional de enseñanza, sino uno distinto, de gran creatividad y de estímulo a la realización e inventiva en los niños. Es algo absolutamente diferente, pero sus resultados no los podremos apreciar nosotros de inmediato, sino las futuras generaciones. Cabe señalar que este Gobierno ha focalizado los recursos precisamente hacia los sectores más modestos. Sin embargo, se enfrenta a una situación gravísima que no fue advertida por ninguna Administración anterior: son más de un millón los discapacitados en Chile, suma equivalente a casi un 10 por ciento de la población. Este Gobierno es el único que los ha considerado. Pretende hacer una inversión sencillamente con cargo al Erario. Esto, sin duda, también significa focalizar recursos, porque evidentemente, el país debe ser solidario con una persona que, además de enferma, enfrenta la desgracia de ser pobre. Y sobre el particular, concuerdo plenamente con lo expresado por el Senador señor Gazmuri , en el sentido de que, si no hay recursos, debe establecerse un impuesto especial a los suntuarios, porque no es lógico que tengamos que recurrir al crédito externo para solucionar los problemas de los discapacitados y de los pobres en Chile. ¡Aquí tenemos que resolver la situación! Señor Presidente , quería ser brevísimo en mi exposición. No sé si lo logré; pero ése fue mi propósito. El señor VALDES (Presidente).- Lo consiguió, señor Senador. Le corresponde usar de la palabra al Honorable señor Mc-Intyre. El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, seré muy breve también. No quiero hacerme cargo de algunas observaciones hechas por un señor Senador con respecto al deterioro y destrucción con que este Gobierno encontró el país. No creo que valga la pena rebajar el nivel del debate y dedicarse a hacer recriminaciones, porque lo que ahora deseamos es proyectar una ley hacia el futuro, para que sirva realmente a Chile. Las observaciones que haré obedecen a mis particulares impresiones y dicen relación a dos o tres puntos incluidos en la normativa legal en estudio. El primero de ellos se refiere a los puertos. Aquí se ha mencionado el de Punta Arenas. Pienso que el desarrollo de esa ciudad -fundamental para todos los que hemos vivido en ella o la conocemos- constituye una aspiración largamente anhelada por todos sus habitantes, porque implica llenar un vacío importante en el mejoramiento del transporte hacia la Antártida de los barcos pesqueros, de las naves en tránsito, etcétera. Debemos estar muy contentos realmente, porque Punta Arenas va a tener un puerto. Pero no se trata de eso, sino de la inversión que se hará en la ciudad, del orden de los 20 millones de dólares. En 1990, recién iniciado el actual Gobierno, se presentó una situación parecida con el puerto de San Vicente, que costó 9 millones de dólares. Esa cifra debe de haber aumentado, ya que después se descubrió una falla importante en su construcción. Había firmas particulares que deseaban construir y explotar ese muelle, como también las hubo para el de Coronel. Pero la inversión sólo se hizo en San Vicente, sin que se canalizaran recursos a otros puertos tan importantes como aquél. En esa época ya se reclamaba el de Punta Arenas, el de Isla de Pascua , el de San Antonio, el de Valparaíso, etcétera. Ahora bien, los 20 millones de dólares que se destinarán a Punta Arenas, según la explicación que se ha dado en esta Sala, son insuficientes. Y se ha dicho que será necesaria la tramitación de un proyecto de ley al efecto. Se mencionó como fecha de su envío el 31 de diciembre, en circunstancias de que hoy día hemos aprobado una ley en menos de 24 horas. ¿Por qué no puede aprobarse un sistema para construir ese muelle con la participación de los privados y para que durante el tiempo que dure la obra (en este lapso no hay operaciones) pudiera tramitarse la iniciativa legal correspondiente? Al parecer, en esto habría otros antecedentes que no resultan convenientes ni adecuados. Está claro que el puerto de Punta Arenas va a recibir del Erario 20 millones de dólares en circunstancias de que existe preocupación también por otros lugares, por ejemplo, Valparaíso , donde se está modernizando la red de alcantarillado, e Isla de Pascua . Vale decir, se trata de 20 millones de dólares que harán falta para la construcción de puertos en otras zonas del país. Otro punto interesante -según mi experiencia particular- se relaciona con las inversiones. En 1990 contribuí con mi voto favorable a apoyar un programa social del Gobierno bastante positivo. Recién se iniciaba la Administración del señor Aylwin y había fe en que sus programas sociales estaban bien orientados. Creo no haberme equivocado en entregar mi voto. Ahora bien, durante este año se aprobó una ley relativa a los exonerados, con un costo de 500 millones de dólares. El sugerido por nosotros fue de un monto distinto. Sin embargo, no tuvimos posibilidad de formular indicaciones, absolutamente ninguna. La iniciativa se votó favorablemente. Sin duda, muchos de los exonerados necesitaban realmente una ayuda y había que hacerles justicia. Pero no parece admisible que a una iniciativa de un contenido social de tanta importancia no se le haya podido hacer alguna variación. Un tercer punto que deseo plantear se refiere a una petición o sugerencia al Gobierno, y es el relativo a los beneficiarios del artículo 3° del proyecto. Pertenezco al directorio de un hospital de caridad que no persigue fines de lucro. Y he tenido conocimiento de que otros recintos de similar naturaleza -como el Sanatorio Marítimo y los hospitales de San Bernardo y de la Araucanía- deben enfrentar permanentemente serias dificultades en la parte financiera. Se quiere hacer caridad y ayudar al prójimo con el mínimo de costo posible, pero no hay financiamiento para ello. Por eso, deben realizarse colectas para obtener recursos, aunque reciben ayuda de algunas fundaciones. Pero todos esos aportes resultan insuficientes. Por lo tanto, pido al Ejecutivo -nosotros no tenemos iniciativa al respecto- que, así como entre los beneficiarios de la ley en estudio figuran los establecimientos educacionales, se agreguen también en alguna forma los hospitales dedicados a la caridad y que no persiguen fines de lucro. A mi juicio, ésa sería una positiva labor de beneficencia, además de constituir algo muy importante en el área de la salud, porque doy fe de que en tales recintos se trata de hacer lo máximo por los seres humanos necesitados. El señor VALDES ( Presidente ).- El último orador inscrito es el Honorable señor Díez, a quien ofrezco la palabra. El señor DIEZ .- Señor Presidente, seré muy breve en mi exposición y no hablaré de números, sino de la política que hay detrás del proyecto que estamos despachando. Pienso que es un signo de progreso y de madurez democrática que los Partidos de la Concertación, el Gobierno y Renovación Nacional se hayan juntado para analizar la situación financiera del país, la política tributaria del mismo, su política de gastos y algunos temas pendientes; todo ello frente a un proceso electoral que se encuentra en marcha y teniendo en cuenta la continuidad que debe seguirse en este sentido, que va más allá de la oportunidad de que disponemos para elegir representantes. De manera que, a mi modesto entender, el paso de considerar al país mucho más importante que la próxima elección y tratar que ésta no influya en las decisiones que se tomen para su desarrollo marca la salida del atraso mental, causa del subdesarrollo económico. No estamos aquí para pretender echar agua a los molinos de nuestros propios Partidos. Tenemos conciencia de que éstos son sólo instrumentos al servicio del bien común y que debemos cuidarlos en la medida en que nos sirvan como tales. Y aquí se está haciendo una obra en la que el bien común se aprecia con mucha claridad. Con un mecanismo electoral en que los Partidos de Gobierno, los de Oposición y el propio Ejecutivo , se comprometan a gestar un horizonte de estabilidad tributaria que va mucho más allá de la actual Administración, en que la institucionalidad económica apunta tanto a los inversionistas como a las personas en general; en que se acuerde preservar el equilibrio de las finanzas públicas -hacerlo es obligación de éste y de los Gobiernos que vengan en el futuro, vinculados al compromiso con estas colectividades políticas-, estamos diciendo al país que nuestras diferencias en materia de administración ya no son tales frente a los principios generales, porque todos adquirimos el deber de preservar la estabilidad de las finanzas públicas y la política tributaria de la nación. Pero hay otro principio en el que también estamos de acuerdo y que es causa y motor eficientes para alentar el progreso de las personas: estimular el ahorro a través de incentivos. Porque los países no pueden pretender crecer sin estimular su ahorro. Y si además de estimular el ahorro establecemos incentivos para la educación, el sistema tributario serviría para mejorar la calidad de ella, necesidad imprescindible si deseamos mantener un país en crecimiento y transformar el crecimiento económico en desarrollo social y personal. Por eso, el establecer beneficios tributarios para las donaciones a los establecimientos educacionales de la Enseñanza Básica y Media, junto con aumentar el ahorro, incentivará a que parte de aquéllas se destine a lo que tanto necesitamos: la preparación de nuestro pueblo. Además, señor Presidente , el acuerdo es importante, porque muestra a un Chile activo, audaz, atrevido, en un mundo cuya globalización no podemos impedir pero sí aprovechar. En ese sentido, adquiere relevancia la decisión de rebajar los impuestos a las empresas chilenas que inviertan en el exterior, pues así la inserción de nuestro país en la economía mundial y continental será más eficiente. Al mismo tiempo, se disminuyen los impuestos por los "royalties", es decir, el conocimiento extranjero que llega al país, lo cual contribuirá a bajar considerablemente los costos y a mejorar la competitividad de nuestras empresas. Aun a riesgo de cansar al Senado y de extenderme en demasía, quiero llamar la atención sobre el compromiso de austeridad fiscal, de límite y selectividad en el gasto, y de mantener las disposiciones que acotan el gasto global, algunas de las cuales están contenidas en la Ley de Presupuestos, que sólo dura un año. Quiero destacar que el comprometerse a dar carácter permanente a las disposiciones que limitan el gasto y transformar un acuerdo transitorio en una costumbre y un hábito en el manejo financiero del Estado también es importante. De hecho, el Gobierno y los partidos políticos que firmaron el acuerdo han confeccionado una agenda con los temas pendientes. Y en este momento ya hay comisiones formadas por Parlamentarios de diversas colectividades y por representantes del Gobierno, que están analizando cada uno de los aspectos del sistema tributario, algunos de los cuales son, a nuestro juicio, muy trascendentes para el país. Dentro de los compromisos de estabilidad tributaria, se acordó realizar un análisis general de la tributación agrícola. La agricultura atraviesa por una crisis; fue "pagadora" de muchas situaciones que han servido para abrir la exportación de nuestros productos industriales, y necesita ser tratada por el Gobierno con justicia, devolviéndole lo que ella ha aportado al crecimiento e industrialización del país, no sólo a través de la tributación, sino también de la forma como se perciben los tributos: el IVA de los agricultores en general y el IVA de los pequeños agricultores en particular, quienes, por primera vez en este período, podrán descontar el impuesto que pagan por sus insumos. De igual manera, señor Presidente, es necesario llegar a una solución en el tema de los avalúos. Los avalúos urbanos, a veces, son bastante injustos. Me explico (y ruego al señor Ministro tenerlo presente cuando se estudie el asunto): en algunas oportunidades las propiedades urbanas destinadas a habitación suben de valor comercial, porque las variaciones del propio sector, o de la edificación, o del turismo, o de la industria de la construcción, o del comercio, las hacen subir de precio. Sin embargo, su tasación fiscal debería seguir siendo la misma mientras ellas no cambien de destino, pues lo más probable es que las familias que las habitan no vean aumentados sus ingresos. De manera que si no se considera tal situación, estaremos dando un sentido deshumanizado a la economía, pues los afectados tendrán que abandonar la vivienda por no poder pagar las contribuciones. En efecto, junto con la plusvalía del barrio, suben también los avalúos de las propiedades y, consecuencialmente, las contribuciones que debe pagar el núcleo familiar, el cual se mantiene viviendo en la casa con los mismos ingresos económicos, pese a que el jefe de hogar tiene más edad. Con las propiedades agrícolas ocurre algo similar. Las tierras, a veces, experimentan en su valor alzas que tal vez no tienen otro fundamento que el de ser cada día más escasas debido al aumento de la población. Al producirse ese fenómeno, los inversionistas deciden destinar sus ahorros y ganancias a la compra de predios agrícolas, más con el propósito de asegurar una parte de su capital que de contribuir a la producción. Cuando ello sucede, no existe la debida relación entre el avalúo de la propiedad y la rentabilidad de la agricultura. Creo que ésa es una de las materias que será indispensable analizar, junto con la idea de ir aumentando progresivamente la exención de contribuciones a los dueños de casas o propiedades agrícolas pequeñas, en la medida en que el país crezca. Así como aliviamos la carga tributaria a las personas en las tasas del Global Complementario, también debemos rebajar las contribuciones de bienes raíces en los niveles más modestos. En todo caso, señor Presidente , el hecho de que seamos capaces de haber alcanzado un acuerdo de esta naturaleza y de tenernos confianza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos (quizás no fijados con suficiente precisión); el espíritu que lo anima y la tendencia que marca el proyecto constituyen, a mi juicio, un hito en el concepto que tenemos de los impuestos: han de servir ya no sólo para financiar el Presupuesto Nacional, sino también para orientar la tendencia general del país. Por lo anterior, vamos a votar favorablemente la iniciativa. Y las reservas que tenemos respecto a la forma como se han administrado los dineros fiscales las haremos presentes cuando corresponda discutir la Ley de Presupuestos para el próximo año. Por ahora, no podemos negar la satisfacción que nos causa el hecho de que el progreso de un sistema de libertad nos haya llevado a alcanzar el acuerdo que comentamos. Porque la libertad, cuando no se tiene, es un fin en sí misma, pero cuando se goza de ella es un medio que debe ser usado para propósitos como los del proyecto que el Senado discute esta noche. He dicho. El señor HORMAZABAL.- ¿Me permite, señor Presidente? Seré muy breve. El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor HORMAZABAL .- Señor Presidente, como la idea es votar la iniciativa cuanto antes, no haré uso de mi derecho a intervenir y aclarar algunos conceptos, a mi juicio equivocados, que se expresaron durante el debate. Por ejemplo, que el costo del proyecto sobre exonerados es de 500 millones de dólares. No es así, y aunque así fuera, el país podría haber ahorrado esa suma si no se hubieran cometido abusos incalificables contra esos chilenos. Como se trata de votar, llegaré hasta aquí solamente. El señor VALDES (Presidente).- En consecuencia, queda cerrado un interesante debate y procede votar en general el proyecto. En votación. -(Durante la votación). El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que realmente incurrí en una equivocación. Se trata de 200 millones de dólares en los tres años; o sea, 70 millones al año aproximadamente. Sin embargo, mantengo mi posición en cuanto a que no hubo oportunidad de decir absolutamente nada sobre ese gasto. De todas maneras voto que sí, a pesar de que tuve la intención de hacerlo en el otro sentido. El señor PAEZ .- Señor Presidente , estoy pareado con el Honorable señor Cooper , de tal manera que no puedo votar. Pero, si me faculta el Comité Renovación Nacional, lo haré favorablemente. El señor DIEZ.- ¡Lo autorizamos, señor Senador ! El señor PAEZ.- Entonces, voto que sí. El señor SIEBERT.- Señor Presidente, en primer lugar, comparto el compromiso a que llegaron Renovación Nacional y el Gobierno, a pesar de que, a mi juicio, el acuerdo correspondiente se podría haber perfeccionado en muchos aspectos. Sin embargo, después de escuchar aquí la exposición del señor Ministro, se aprecia buena voluntad para acelerar los temas pendientes, de modo que al 1° de noviembre tengamos un panorama claro sobre el particular. En segundo término, la ley en proyecto dará estabilidad, al menos por los cuatro años siguientes. Y existe la intención de mejorar los elementos que han sido criticados, uno de los cuales es el concerniente a los incentivos al ahorro, al cual se refirió específicamente el señor Ministro . En consecuencia, como además existen compromisos de austeridad y de revisar los errores -aquí reconocidos-, apruebo el proyecto. El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, deseo llamar la atención sobre uno de los conceptos formulados durante el debate por un señor Senador en cuanto a que los chilenos fueron desposeídos de sus derechos básicos por la Administración pasada. Me parece innecesario referirme al éxito que tuvo el Gobierno anterior en el desarrollo de nuestra economía. Y sostener lo contrario es lo mismo que pretender tapar el sol con un dedo. Me quedo con la opinión de Su Excelencia el Presidente de la República y de las autoridades económicas, quienes en todo momento han reconocido la realidad en esta materia. Voto que no. El señor JARPA.- Señor Presidente, voto favorablemente el proyecto porque hago fe en lo expresado por el señor Ministro de Hacienda, en el sentido de que se está avanzando en el estudio de las materias que quedaron pendientes. Pienso que es muy importante que nos preocupemos de estimular el ahorro en aquellos sectores sociales que pueden hacerlo, pero también lo es que nos preocupemos de las personas que no tienen posibilidad de ahorrar y ni siquiera de pagar sus deudas, como es el caso de los campesinos y los parceleros. El señor VALDES (Presidente).- Terminada la votación. -Se aprueba en general el proyecto (18 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y un pareo). Votaron por la afirmativa los señores Díaz, Díez, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Jarpa, Lavandero, Martin, Mc-Intyre, Pacheco, Páez, Prat, Ruiz (don José), Siebert, Soto, Vodanovic y Zaldívar. Votaron por la negativa los señores Cantuarias, Fernández y Sinclair. No votó, por estar pareado, el señor Valdés. El señor VALDES ( Presidente ).- Como la Comisión de Hacienda se ha convocado para tratar este proyecto y preparar el segundo informe el próximo lunes a las 22 horas, propongo que fijemos como plazo para presentar indicaciones ese mismo día a las 12. El señor SIEBERT .- ¿Me permite, señor Presidente? El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Siebert. El señor SIEBERT .- Señor Presidente , ¿podría ser a las 18? El señor VALDES ( Presidente ).- Hay un problema de selección y edición del boletín de indicaciones. Además, la Comisión debe tener tiempo para estudiarlas. El señor GAZMURI.- Que sea a las 16, señor Presidente. El señor PRAT.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría. El señor PRAT .- Señor Presidente , ¿está definido que la Comisión sesionará el lunes? El señor VALDES (Presidente).- Sí, señor Senador. Ya se encuentra citada para tal efecto. El señor PRAT.- Porque ello es bien difícil de lograr cuando existen programas preestablecidos. ¿No es posible que sea el martes, como habitualmente ocurre? El señor VALDES (Presidente).- La Mesa fue informada de que, por la unanimidad de sus miembros, la Comisión acordó reunirse el lunes a las 22. El señor GAZMURI.- Por la unanimidad de los cinco señores Senadores que concurrimos. El señor VALDES ( Presidente ).- Así fue comunicado. Y se fijó ese día y hora, porque es necesario editar el boletín de indicaciones con tiempo, para que la Comisión alcance a estudiarlas. Tiene la palabra el señor Ministro. El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , deseo solamente agradecer a los señores Senadores por el resultado de la votación y por el debate, el que, a mi juicio, ha sido muy constructivo. Además, en nombre de muchos ciudadanos quiero expresar nuestra complacencia por el hecho de que, en un momento extraordinariamente político, en vísperas de una elección -como lo expresó un señor Senador en la Sala-, se haya tenido la capacidad de abordar un tema con una perspectiva nacional que va más allá de la coyuntura política. Creo que esto reafirma la fe y la confianza que tenemos en la alta calidad de nuestra política, lo que ha diferenciado a este país de otros en la reconstitución de su democracia. Con la votación obtenida hoy, así queda demostrado, porque existen pocas naciones en el mundo donde, en vísperas -repite- de un proceso electoral, se puede llegar a un acuerdo en materias tan delicadas como la tributaria. Ello habla muy bien del actual proceso democrático en Chile, del espíritu que anima a las fuerzas de Oposición que han apoyado este proyecto, y también de la enorme colaboración brindada por los Parlamentarios de Gobierno. El señor VALDES (Presidente).- Se agradece la presencia del Señor Ministro. ¿Habría acuerdo para fijar plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 6, a las 12? Acordado. Por otra parte, queda citada la Corporación a una sesión especial para el miércoles 8 a las 10:30, a fin de despachar en particular la iniciativa. "
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