REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 325a., EXTRAORDINARIA Sesión 34a. en martes 5 de enero de 1993. (Ordinaria, de 11.00 a 14.09 horas) Presidencia de los señores Hamuy Berr, don Mario, y Melero Abaroa, don Patricio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESION III. ACTAS IV. CUENTA V. ORDEN DEL DIA VI. PROYECTOS DE ACUERDO VII. INCIDENTES VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA INDICE GENERAL I.- Asistencia; 3005 II.- Apertura de la sesión 3007 III.- Actas 3007 IV.- Cuenta 1.- Alcance sobre la Cuenta 3007 2.- Preferencia para tratar proyecto de ley sobre convenios de pago de patentes mineras 3007 V.- Orden del Día. 3.- Normativa sobre derechos de los consumidores. Primer trámite constitucional. (Continuación) 3008 4.- Preferencia para tratar proyecto de ley que adscribe al personal de Gendarmería de Chile a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 3029 5.- Convenios de pago de patentes mineras y prórrogas del pago de las correspondientes a 1992. Proposición de la Comisión Mixta 3031 6.- Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala. 3032 7.- Adscripción del personal de Gendarmería de Chile a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. Tercer trámite constitucional 3032 VI.- Proyecto de acuerdo 8.- Gestiones diplomáticas conducentes a convocar a la Comisión Bryan-Suárez Mujica 3033 VII.- Incidentes 9.- Alcances sobre convocatoria del Consejo Superior de Seguridad Nacional 3035 10.- Información sobre labor desarrollada en comunas de Macul, San Joaquín y La Granja (Región Metropolitana). Oficios 3036 11.- Condolencia por el fallecimiento del Presidente de la Corte Supre ma. (Oficios) 3038 12.- Mayores prevenciones para accidentes por inmersión. Oficios 3039 13.- Instalación de cuartel de policía de Investigaciones en comuna de Llay-Llay. (Quinta Región). Oficios 3039 14.- Alcance a proyecto de acuerdo aprobado en relación con la convoca toria de la Comisión Bryan-Suárez Mujica 3039 15.- Títulos de dominio para comunidades indígenas de la Décima Re gión. Oficios 3040 16.- Petición de informaciones sobre importación de carne. Oficios 3041 17 - Pavimentación del camino de Bulnes a Los Canelos. (Octava Región). Oficio 3042 Pág. 18.- Problemas de alcantarillado y agua potable de Villa Illinois, de las comunas de San Carlos y San Nicolás. (Octava Región). Oficio 3042 19.- Información sobre recursos para el pago de asignación de zona a profesores. Oficios 3042 20.- Reparación de caminos en comuna de Carahue. (Novena Región). Oficio 3043 21.- Implementación de unidad en el Archivo Nacional y en el Museo Histórico Nacional. Oficios 3044 22.- Investigación sobre denuncia del Comité de Exonerados Políticos de Codelco-Chile, División Chuquicamata. Oficios ...” 3044 23.- Petición de antecedentes sobre monto de pensión de jubilación de profesora de Arica. Oficios 3046 24.- Exoneraciones de personal de sector salud en Municipalidad de San Ramón. (Región Metropolitana). Oficio 3047 25.- Solicitud de antecedentes sobre contactos económicos y culturales con Islas Faulkland o Malvinas y apoyo del Gobierno de Chile a pretensiones de soberanía sobre ellas de la República Argentina. Oficios 3048 de dicho Servicio (boletín NQ 501-07) 3049 Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales retira las urgencias y las hace presente nuevamente, con calificación de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos: 2.- Establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Adminis tración del Estado (boletín Ns 696-06) 3049 3.- Proyecto sobre plantas de personal de municipalidades (boletín NQ 821-06) 3049 4.- Modifica diversos cuerpos legales en materia de competencia de los Tribunales Militares (boletín Ne 854-07) 3050 5.- Modifica la ley NQ 18.755, sobre Organización y Atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero y deroga otras disposiciones legales (boletín NQ 668-01) 3050 6.- Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con calificación de "suma", para el despacho del proyecto sobre estatuto de atención primaria de salud municipal (boletín NQ 598-11) 3050 7.- Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual incluye en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria de sesiones del Congreso' Nacional, el proyecto que autoriza erigir dos monumentos en memoria de doña Juana Fernández Solar, Sor Teresa de t Los Andes (boletín Ne 895-04) 3051  Pág. Oficios del Senado mediante los cuales comunica que ha dado su aprobación, en segundo trámite constitucional, a los siguientes proyectos, con modificaciones: 8.- Modifica el artículo 4Q Bis del decreto ley Ne 539, de 1974 (boletín NQ 734-14). 3051 9- Proyecto sobre mejoramiento de pensiones de los empleados públi- eos y otras disposiciones previsionales (boletín NQ 718-13) 3051 10.- Adscribe a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, al personal de Gendarmería de Chile que indica y hace imponibles sus remuneraciones (boletín Ns 559-07) 3054 11.- Modifica la ley N9 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (boletín N9 574-01) 3056 12.- Proyecto sobre rebaja de dividendos por créditos hipotecarios ex Anap. El proyecto se encuentra calificado de "simple urgencia" (boletín N9 763-14) 3057 13.- Crea un Fondo para la Capacitación y Formación Sindical, proyecto calificado de "simple urgencia" (boletín N9 606-13) 3057 los derechos específicos y rebajas arancelarias de la banda de precios del trigo a la harina de trigo (boletín N9 520-01) 3058 15.- Modifica la ley N9 18.893, sobre Organizaciones Comunitarias Terri toriales y Funcionales (boletín Ne 882-06) 3059 16.- Fija una nueva planta para el personal del Servicio de Registro Civil e Identificación (boletín N9 778-07) 3059 17.- Proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Argentina para la cooperación entre Carabineros de Chile y Gendarmería Nacional Argentina (boletín N9 643-10) 3059 18.- Aprueba el Convenio suscrito con la República de Singapur, en materia de exención del impuesto a la renta, el 24 de enero de 1991 (boletín N9 601-10) 3060 19.- Proyecto de Acuerdo relativo al Convenio sobre promoción y pro tección recíproca de inversiones, suscrito entre las Repúblicas de Chile y Francia (boletín N9 822-10) 3060 20.- Proyecto de Acuerdo relativo al fomento y protección recíprocos de inversiones y su protocolo, suscritos entre la República de Chile y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (boletínN9 843-10) 3060 21.- Oficio del Senado mediante el cual comunica que ha dado su apro  22.- Oficio del Senado mediante el cual comunica que ha dado su apro bación, en primer trámite constitucional, al proyecto que dicta nor-mas sobre acreditamiento y supervisión de organismos de certifica-ción oficial de calidad de productos hortofrutícolas exportados a comunidades europeas y a otros estados. Proyecto calificado de "simple urgencia" (boletín Ne 893-03) (S) 23.- Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que permite convenios de pago de patentes mineras y prorroga el pago de aquellas correspondientes al período 1992 (boletín Ns 850-08) IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicaciones: -De la Comisión Especial encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida por diez señores Diputados, mediante la cual informa que procedió a constituirse y designó como su Presidente al Diputado señor Baldemar Carrasco. -Del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, mediante la cual adhiere a la moción que autoriza erigir dos monumentos en memoria de doña Juana Fernández Solar, Sor Teresa de los Andes (boletín N2 895-04). 2.- Oficios: -Del Tribunal Calificador de Elecciones, mediante el cual remite copia fiel de la resolución adoptada y demás antecedentes relativos a la provisión de la vacante producida ante el sensible fallecimiento del Diputado señor Akin Soto. -Del señor Contralor General de la República, mediante el cual responde al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Carlos Valcarce, acerca del pago de asignaciones familiares. -Del Ministerio del Interior, mediante los cuales da respuesta a los que se le dirigieron en nombre de los Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan: -De la Diputada señora María Angélica Cristi, recorridos de locomoción colectiva, venta de bebidas alcohólicas. -Del Diputado señor Sergio Pizarro, recursos para la municipalidad de Chañaral. -Del Diputado señor Andrés Palma, Estadio Monumental de Colo-Colo. -Del Diputado señor Manuel Antonio Matta, antecedentes solicitados a la Municipalidad de Retiro. -Del Diputado señor Andrés Chadwick, obras en la localidad de Pueblo Hundido. -Del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, entrega de títulos de dominio, proyectos de mejoramiento urbano. -Del Diputado señor Jaime Orpis, proyectos de pavimentación. -Del Diputado señor Mario Hamuy, funcionamiento de locales comerciales. -Del Diputado señor Juan Pablo Letelier, construcción de un puente, pavimentación de veredas. -Del Diputado señor Pedro Alvarez-Salamanca, construcción de una nave. -Del Diputado señor Antonio Horvath, habitantes de la localidad denominada El Gato. -Del señor Ministro de Hacienda, por los cuales responde: -El que se le remitiera en nombre de los Diputados señores José Antonio Galilea y Edmundo Villouta, acerca de un proyecto de regadío. -El que se le enviara en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, sobre devolución de imposiciones. -El que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Sergio Pizarro, acerca de una oficina de tesorería. -Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante los cuales responde: -El que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Sergio Correa, referido a la situación legal de empresas dependientes del Sendos. -El que se le enviara en nombre del Diputado señor Ramón Pérez, referido a operación de naves. -El que se le remitiera en nombre del Diputado señor Antonio Horvath, referido a la empresa Emaza. -Del señor Ministro de Educación, mediante los cuales responde: -El que se le dirigiera en nombre del Diputado señor José Gar-cía, sobre convenios celebrados por ese Ministerio. -El que se le enviara en nombre de los Diputados señores Car-los Cantero, Francisco Bayo y Juan Pablo Letelier, junto con el Comité parlamentario del Partido Renovación Nacional, acerca de cursos en escuelas rurales. -El que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Sergio Velasco, sobre instituciones privadas de educación. -Del señor Ministro de Justicia, por los cuales responde: -El que se le enviara en nombre del Diputado señor Octavio Jara, referido a la reparación de oficinas del Servicio de Registro Civil. -El que se le dirigiera en nombre de la Corporación, referido al predio "Hacienda Ñuble Rupanco". -Del señor Ministro de Obras Públicas, mediante los cuales da respuesta a los que se le dirigieron en nombre de los Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan: -Del Diputado señor Antonio Horvath, aperturas de sendas, reparación de puentes. -Del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, obras para la Décima Región. -Del Diputado señor Carlos Recondo, obras de vialidad. -Del Diputado señor Juan Pablo Letelier, puente en Corcolén, acceso al río Cachapoal. -Del Diputados señores Baldemar Carrasco y Antonio Hor- vath, pavimentación de un camino. -Del Diputado señor Teodoro Ribera, obras viales para la No-vena Región. -Del Diputado señor Dionisio Faulbaum, puente Pudeto. -Del Diputado señor Manuel Antonio Matta, puente en Río Blanco. -Del Diputado señor Víctor Reyes, obras de vialidad en la Décima Región. -Del Diputado señor Ramón Pérez, reparación de caminos. -Del Diputado señor Armando Arancibia, obras de vialidad en la Tercera Región. -Del Diputado señor Claudio Rodríguez, obras de emergencia fluvial. -Del Diputado señor Pedro Alvarez-Salamanca, reposición de un puente. -De los Diputados señores Juan Pablo Letelier y Juan Masfe- rrer, obras de vialidad en la provincia de Cachapoal. -Del Diputado señor Andrés Chadwick, situación fluvial del río Claro. -Del Diputado señor Juan Martínez, inundaciones en la Octava Región. -Del Diputado señor Vicente Sota, acceso a Pomaire. -De los Diputados señores Juan Pablo Letelier y Juan Masfe- rrer, construcción de una pasarela. -Del Diputado señor Carlos Valcarce, pavimentación de un camino, acceso a la ciudad de Arica, plaza de pesaje. -Del Diputado señor Isidoro Tohá, reparación de un puente. -Del Diputado señor René García, pavimentación de un cami-no. -Del Diputado señor Víctor Pérez, pavimentación asfáltica. -Del Diputado señor Andrés Sotomayor, proyectos comuna de Lo Prado. -Del Diputado señor Sergio Pizarro, equipos de vialidad. -Del Diputado señor Andrés Aylwin, construcción de un paso bajo nivel. -De los Diputados señores Juan Antonio Coloma, Mario De- vaud y Mario Palestro, pavimentación de caminos. -Del Diputado señor Carlos Dupré, abovedamiento de un ca-nal. -Del Diputado señor Eugenio Ortega, asfaltado de un camino. -Del Diputado señor Raúl Urrutia, obras realizadas en la Quinta Región. -Del Diputado señor Octavio Jara, camino Candelaria-Santa Fe. -Del Diputado señor Pedro Guzmán, reparación de un camino. I. ASISTENCIA. -Asistieron los siguientes señores Diputados: (107) --Aguiló Meló, Sergio --Álamos Vázquez, Hugo --Alessandri Balmaceda, Gustavo --Arancibia Calderón, Armando --Araya, Nicanor de la Cruz --Aylwin Azocar, Andrés --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bosselin Correa, Hernán --Caminondo Sáez, Carlos --Campos Quiroga, Jaime --Cantero Ojeda, Carlos --Cardemil Alfaro, Gustavo --Carrasco Muñoz, Baldemar --Cerda García, Eduardo --Coloma Correa, Juan Antonio --Concha Urbina, Juan --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Chadwick Piñera, Andrés --Dupré Silva, Carlos --Elgueta Barrientos, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Escalona Medina, Camilo --Espina Otero, Alberto --Estévez Valencia, Jaime --Fantuzzi Hernández, Angel --Faulbaum Mayorga, Dionisio --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René García --Ruminot, José Hamuy Berr, Mario --Horvath Kiss, Antonio --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Hurtado Ruiz-Tagle, José María --Jara Catalán, Sergio --Jeame Barrueto, Víctor --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristian --Leblanc Valenzuela, Luis --Letelier Morel, Juan Pablo --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Maluenda Campos, María --Manterola Urzúa, Martín --Martínez Ocamica, Gutenberg --Martínez Sepúlveda, Juan --Masferrer Pellizzari, Juan --Matta Aragay, Manuel Antonio --Matthei Fomet, Evelyn Mekis --Martínez, Federico --Melero Abaroa, Patricio --Molina Valdivieso, Jorge --Montes Cisternas, Carlos --Morales Adriasola, Jorge --Munizaga Rodríguez, Eugenio --Muñoz Barra, Roberto --Muñoz D'Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarrete Carvacho, Luis --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Solís, Héctor --Orpis Bouchon, Jaime --Ortega Riquelme, Eugenio --Ortiz Novoa, José Miguel --Palestro Rojas, Mario --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Peña Meza, José Pérez --Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Pizarro Mackay, Sergio --Pizarro Soto, Jorge --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Rebolledo González, Víctor --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Ribera Neumann, Teodoro --Ringeling Hunger, Federico --Rocha Manrique, Jaime --Rodríguez Cataldo, Claudio --Rodríguez del Río, Alfonso --Rodríguez Guerrero, Hugo --Rojo Avendaño, Hernán --Rojos Astorga, Julio --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Schaulsohn Brodsky, Jorge --Seguel Molina, Rodolfo --Smok Ubeda, Carlos --Sota Barros, Vicente --Sotomayor Mardones, Andrés --Taladriz García, Enrique --Tohá González, Isidoro --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Ávila, Raúl --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Velasco De la Cerda, Sergio --Vilches Guzmán, Carlos --Vilicic Kamincic, Milenko --Villouta Concha, Edmundo --Yunge Bustamante, Guillermo -Con permiso constitucional, estuvo ausente el Diputado señor Gustavo Ramírez Vergara. -Asistió, además el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Jorge Marshall Rivera; el Ministro de Justicia, señor Francisco Cumplido Cereceda, y el Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Alberto Etchegaray. II. APERTURA DE LA SESION - Se abrió la sesión a las 11.00. El señor HAMUY (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor HAMUY (Vicepresidente).- Las actas de las sesiones 32a y 33a quedan a disposición de los señores Diputados. IV. CUENTA El señor HAMUY (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. - El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor HAMUY (Vicepresidente). - Terminada la Cuenta. ALCANCE SOBRE LA CUENTA. El señor NARANJO.- Pido la palabra. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor NARANJO.- Señor Presidente, en la Cuenta se consigna que el proyecto que modifica la organización y las atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero ha sido enviado a la Comisión de Hacienda. Me parece que dicha iniciativa, por tener estrecha relación con el sector agrícola, también debiera ser enviada a la Comisión de Agricultura. El señor HAMUY (Vicepresidente).- El proyecto ya fue tramitado. En la Cuenta sólo se expresa que estos oficios de Su Excelencia el Presidente de la República tiene por objeto retirar su urgencia original para hacerla presente nuevamente con calificación de "simple". El señor MELERO.- Pido la palabra. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MELERO.- Señor Presidente, solamente deseo informar al Diputado señor Naranjo que este proyecto, despachado por la Comisión de Agricultura, se encuentra en la Comisión de Hacienda, la que haría muy bien en apurar su tramitación. El Presidente de la República sólo reitera la urgencia para que esté dentro del plazo correspondiente; pero, repito, la Comisión de Agricultura lo debatió y conoció en profundidad. PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO DE LEY SOBRE CONVENIOS DE PAGO DE PATENTES MINERAS. El señor PIZARRO (don Jorge).- Pido la palabra. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, solicito que se vote sin debate en esta sesión el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que permite convenios de pago de patentes mineras y prorroga el pago de aquellas correspondientes al período 1992, ya que existe un problema de plazo. Hay acuerdo en todas las bancadas para que los mineros se acojan al beneficio que establece este proyecto de ley. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para proceder en la forma indicada por el Diputado don Jorge Pizarro. Acordado. V. ORDEN DEL DIA. NORMATIVA SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor HAMUY (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde seguir ocupándose del proyecto relativo a los derechos de los consumidores. Los informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda fueron rendidos en la sesión anterior. - El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 446-03, y figura en el número 5 de los documentos de la Cuenta de la sesión 30-, celebrada el 15 de diciembre de 1992. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. El señor KUSCHEL.- Pido la palabra. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, Adam Smith, en su obra "Las causas de la riqueza de las naciones", decía: "No esperemos nuestro sustento de la generosidad del carnicero, del cervecero o del panadero; esperémoslo del cuidado que ellos tienen en su propio interés. No nos dirigimos a sus sentimientos humanitarios, sino a su egoísmo, y jamás les hablemos de nuestras necesidades, sino de las ventajas que ellos lograrán. Si exceptuamos a los mendigos, nadie quiere depender fundamentalmente de la generosidad de sus conciudadanos.". Nuestro sustento no debe depender de la generosidad; pero, ¿puede depender por completo de la mano invisible de Adam Smith? Economistas, filósofos, reformadores, críticos sociales, políticos y burócratas han dicho que no. El egoísmo hará que los vendedores engañen a sus consumidores; se aprovecharán de su inocencia e ignorancia para cobrarles un precio excesivo y para darles "gato por liebre". Además, se ha dicho que sí sé dejan libres las fuerzas del mercado, el resultado puede implicar a personas distintas de las directamente afectadas. Se puede afectar el aire que respiramos, el agua que bebemos, la salubridad de los alimentos que comemos. Se ha dicho que el mercado debe ser complementado por disposiciones tendientes a proteger al consumidor contra sí mismo y contra la avaricia de los vendedores, y para protegemos a todos de las consecuencias negativas de las transacciones del mercado. La gran pregunta es si las disposiciones que se dictan para combatir esos efectos y para complementar el mercado están bien orientadas hacia este objetivo o, si como pasa frecuentemente, "el remedio es peor que la enfermedad". La historia de la intervención de las distintas autoridades en los mercados, especialmente en una o pocas industrias, es muy antigua y se pierde en el pasado. Algunos economistas la sitúan a partir de 1970, y en forma masiva desde 1980 hasta ahora. Otros creemos que la intervención en los mercados se aceleró a partir de 1930 aproximadamente, provocando un frenazo en el crecimiento de la economía o una disminución del ritmo de este crecimiento. ¿Por qué relacionar estos dos procesos en circunstancias de que uno tiene que ver con las garantías de nuestra seguridad, la protección de nuestra salud, el mantenimiento de la limpieza del aire y del agua, y el otro, con el grado de eficacia que alcanzamos en la organización y funcionamiento de la economía? ¿Por qué tendrían que entrar en conflicto estos dos aspectos? La respuesta es que, finalmente, todos los movimientos de las décadas del 40, 50, 60 y comienzos del 70, en Chile, como el ecológico, de retomo a la tierra, hippie, de alimentación orgánica, de protección de los desiertos, de crecimiento cero, de "lo pequeño es bonito", antinuclear, verde, y contra el consumismo tienen como común denominador el ser movimientos anticrecimiento. Se han opuesto a los nuevos desarrollos, la innovación industrial, al uso creciente de los recursos naturales. Los organismos creados como respuesta a dichos movimientos han impuesto elevados costos a un número cada vez mayor de industrias para cumplir requisitos estatales y burocráticos, cada vez más específicos y generalizados. Han impedido la producción o la venta de algunos productos y obligado a que se invierta capital con fines no productivos, en la forma indicada por los burócratas estatales. Al preguntamos qué productos o servicios actuales son menos satisfactorios por haber mejorado poco en los últimos años, tendríamos que contestar: la salud pública, los correos, la educación, los ferrocarriles, de pasajeros y de carga. En cambio, si nos preguntamos qué productos han mejorado más, tendríamos que señalar los electrodomésticos, los computadores, el vestuario, los supermercados, los centros comerciales. Los bienes y servicios deficientes han sido producidos principalmente por el Estado, y los mejores, por empresas privadas, con escasa intervención estatal. Sin embargo, la población está bastante persuadida de que las empresas privadas producen artículos deficientes y que se necesitan funcionarios estatales que impidan a las empresas privadas ofrecer productos y servicios defectuosos y fraudulentos a precios inauditos a los vulnerables, confiados e ignorantes consumidores. La intervención del Estado en el mercado está sometida a las leyes del mismo y no a las que se aprueban en el Poder Legislativo. Tenemos como ejemplo el de los ferrocarriles versus los automóviles. En Chile, Estados Unidos y todo el mundo los ferrocarriles se mantienen como un servicio sumamente atrasado; en el caso de Chile, estamos en el nivel de 1940, en circunstancias de que los automóviles están al nivel de 1993. Mientras el gobierno de Estados Unidos subsidiaba el petróleo, la industria automotriz de ese país continuó fabricando y distribuyendo automóviles de alto costo e ineficientes en el consumo de gasolina; entre tanto Alemania y Japón se especializaban en automóviles pequeños y económicos, lo que terminó por marginar a Estados Unidos del mercado automotor. Todo acto de intervención establece posiciones de poder, y tal vez por eso se procede a la intervención; pero la forma en que ese poder será utilizado y con qué propósito, depende mucho más de las personas que ocupen la mejor posición para controlarlo que de las intenciones y objetivos de los patrocinadores iniciales de dicha intervención, por ejemplo, los resquicios legales que conocimos en años anteriores se establecieron en la normativa jurídica con un propósito, y muchos años después otras personas las utilizaron con otra finalidad. Estados Unidos, que tiene una economía de mercado desde hace mucho tiempo, ha creado, entre otras cosas, las siguientes instituciones "defensoras de los consumidores": Comisión interestatal de comercio, creada en 1887; Administración para alimentos y medicamentos, en 1906, que debemos recordar ahora por el caso de las uvas envenenadas de que fuimos víctimas los chilenos; Comisión para la seguridad de los productos de consumo; Administración para la seguridad de tráfico en autopistas; Agencia de protección del medio ambienté. En la literatura y en los estudios que se han acumulado sobre ellas, hay casos divertidos vistos desde lejos, pero macabros para las víctimas, que muchas veces son como los consumidores de las uvas chilenas. Se ha dicho que estas instituciones son como gatos que ladran. Han sido concebidas como gatos y terminan como perros, o las dos o tres cosas a la vez. Siempre existe la ilusión, el deseo y la creencia errónea de que el comportamiento de los organismos sociales se puede modelar a voluntad. Los reformadores piensan que la culpa es del hombre y no del sistema; que hay que echar a la gente mala y poner gente buena, en lo posible como uno. Hay un tema fascinante para distorsionar las ideas; por ejemplo, el del medio ambiente y la contaminación. Finalmente, en todos los casos de intervención es el consumidor el que termina pagando. Hemos escuchado afirmaciones similares, por ejemplo, en la experiencia reciente nuestra, respecto de la tarificación eléctrica, aspecto en que finalmente también el consumidor paga todo. La amenaza de control y regulación de los precios es el único obstáculo importante para el desarrollo energético alternativo por parte de la empresa privada. Se argumenta que los riesgos son demasiado grandes y que los costos de capital, demasiado elevados. Esto no es así. Asumir riesgos es de la esencia de la empresa privada. Los riesgos no se eliminan imponiéndolos al contribuyente en vez del capitalista. Es así como de Alaska a Estados Unidos se construyó un oleoducto que demuestra que los mercados privados pueden movilizar inmensas sumas si los proyectos son prometedores. Recientemente, empresas privadas chilenas están involucradas en un proyecto gigantesco de transporte de gas desde Argentina, y es alentador que ello no nos sorprenda mucho, porque era algo impensable hace unos pocos años. Los recursos de capital del país no aumentan utilizando la recaudación de impuestos, sino el mercado de capitales para movilizarlos. El fondo del asunto es que, pase lo que pasare, los chilenos debemos pagar la energía que consumimos. Y pagaremos mucho menos en total y tendremos mucha más energía si pagamos directamente y somos libres de escoger, nosotros mismos, cómo emplear la energía, que si pagamos indirectamente por medio de impuestos e inflación y los burócratas nos dicen cómo, en qué y cuándo emplear la energía. A medida que avanzamos por la vida, aunque sea sorda, ciega y mudamente, con los años nos damos cuenta de que la perfección no es cosa de este mundo. Siempre habrá productos y servicios deficientes, charlatanes, sinvergüenzas y timadores; pero, en conjunto, la competencia del mercado, si funciona, protege al consumidor mucho mejor que la alternativa ofrecida por los mecanismos gubernamentales que tratan de sobreponerse al mercado. Como dijo Adam Smith, la competencia no protege al consumidor porque los hombres de negocios sean más bondadosos que los burócratas y los políticos, o porque sean más altruistas o generosos o incluso porque sean más competentes, sino porque el hombre de negocios tiene interés en servir al consumidor. Si un comerciante ofrece artículos de calidad inferior o a precios más altos que otro, el consumidor dejará de comprarle; si vende artículos que no satisfacen su necesidad, no los comprará. Por consiguiente, los comerciantes buscan por todas partes aquellos productos y servicios que satisfagan las necesidades y ejerzan atracción sobre el consumidor, y van tras éste cada vez con mejores alternativas, porque no podrán seguir en el negocio de no hacerlo. Cuando el consumidor llega a la tienda, nadie lo obliga a entrar ni a comprares libre de irse o no a otra parte. Esta es la libertad de elegir, de vivir, de ser. Así como esto es bueno en la economía, también lo es en la política. Tendremos que ofrecer las mejores alternativas políticas; pero como los políticos hacemos las leyes, no creo que despachemos una legislación de defensa del elector. No existe policía alguna que saque el dinero del bolsillo del consumidor para que pague algo que no desea o haga algo que no quiere. Pero se ha preguntado quién evitaría que las empresas privadas distribuyan productos adulterados o peligrosos. Costaría muy caro hacerlo, como lo demuestran los ejemplos del elixir sulfanilamida, la talidomida, las hormonas y otros, que constituyen incidentes históricos graves al respecto. Naturalmente, se cometen errores y se generan accidentes. En el campo de las uvas, mi impresión es que las regulaciones las provocaron. La diferencia radica en que la empresa privada que comete un serio error puede verse obligada a cerraren cambio, un organismo estatal puede obtener, gracias a un yerro un presupuesto todavía mayor. Mientras las empresas privadas desaparecen si cometen errores, las oficinas públicas, frente a esa misma situación, consiguen más recursos para aumentar su burocracia y, eventualmente, no incurrir en más errores; pero la situación es a la inversa. Puede haber casos imprevistos que provoquen efectos negativos; pero el Estado no tiene mejores medios para predecirlos que las empresas privadas. La única manera de impedirlos consistiría en detener el progreso, lo cual eliminaría la posibilidad de efectos favorables imprevistos, y ningún consumidor entre ellos el que habla es experto en todos los artículos que compra. Si implementáramos excesivos controles llegaríamos a una situación en que eliminaríamos la totalidad de los efectos imprevistos negativos; pero en la realidad también se suprimirían los efectos imprevistos positivos, que impulsan el crecimiento económico. Un burócrata "defensor" del consumidor preguntaría, entonces, cómo juzgaría éste la calidad de productos y servicios complejos si no existiera un servicio nacional del consumidor como el propuesto. De acuerdo con la respuesta del mercado, el consumidor no tiene por qué juzgar por sí mismo; dispone de más bases para la elección. Una de ellas es el empleo de un intermediario. En definitiva, todos los comerciantes e industriales son intermediarios al servicio del consumidor. La principal función del almacén, del supermercado o de cualquier local comercial consiste en controlar la calidad por cuenta del consumidor. Ningún consumidor es experto en todos los artículos que compra, ni siquiera en los más triviales. Si adquirimos un artículo que resulta defectuoso, estamos más predispuestos a devolverlo al detallista al cual se lo compramos que al fabricante. El detallista dispone de muchos más medios que nosotros para juzgar la calidad. Los distribuidores no son sólo eso, sino auténticas agencias de prueba, de control de calidad y de verificación para él consumidor. Otro invento del mercado es la marca, la reputación, el prestigio, la seguridad y la confianza. Un distribuidor serio agrega valor a productos de fábricas y de plantas industriales más allá del que ellos poseen. También se están desarrollando, en forma automática, laboratorios u oficinas privadas de certificación y control de calidad para una gran gama de productos y servicios. Se editan revistas, publicaciones y estudios, aunque se ha comprobado en Europa y Estados Unidos que sólo ¡un 2 por ciento! de los consumidores está dispuesto a pagar por estos servicios especializados de control del consumidor. Debe ser porque la mayoría, el 98 por ciento de los consumidores, obtiene la orientación y la información que desea y está dispuesta a pagar por ello de manera distinta. El funcionario nos dirá ahora que la publicidad manipula al consumidor. Al respecto, hay muchos ejemplos de fracasos publicitarios, no sólo en aspectos económicos, sino también, como lo supimos en Chile, en franjas televisivas. La realidad parece ser que el público tiene gustos distintos a los de los críticos. Pero si la publicidad es engañosa, qué es preferible: ¿No hacer publicidad o que el Estado ejerza un control sobre la misma? Entre las empresas privadas existe competencia. Un publicista puede competir con otro; esto es más difícil con el Estado. También el Estado hace publicidad o "informa". El ejemplo de las uvas es útil para ilustrar este aspecto. El peligro más importante para el consumidor es el monopolio privado o estatal. Su protección más eficaz es la competencia libre a nivel nacional y la libertad de comercio a nivel mundial. Se protege al consumidor de la explotación a que puede someterlo un vendedor, mediante la existencia de otro vendedor a quien comprarle y que está impaciente por venderle. Finalmente, la educación general, como personas, ciudadanos chilenos, juega un rol muy importante. En Renovación Nacional estamos por la expansión de las libertades personales y su proyección en todos los campos de la actividad económica, social y política. Postulamos una democracia liviana, realmente eficiente, cercana. No queremos una democracia pesada, con impuestos altos, demasiadas oficinas y reparaciones públicas, demasiado centralismo, que retire recursos de las regiones donde tenemos compatriotas que quieren consumir, pero también desean ahorrar, invertir y crear en sus respectivas regiones y en Chile. Los impuestos altos afectan no sólo al país, sino también a los consumidores. Sacan recursos de la asignación por el mercado para ser asignados o distribuidos con criterios distintos. Así, su utilización pierde eficiencia y, en último término, reduce la inversión y el crecimiento. Por otra parte, los impuestos en Chile tienen el efecto centralizador e hipertrofiador de Santiago, que, contando con el 40 por ciento de la población, invierte y gasta alrededor del 85 por ciento de lo que se invierte y gasta en Chile. Esto, evidentemente, afecta al consumidor. Otro aspecto que afecta al consumidor y que no se menciona en el proyecto del gobierno es la cantidad de trámites burocráticos que se exige para que existan empresas que compitan y entreguen productos y servicios alternativos cuando una empresa establecida no lo hace en forma adecuada. Nos oponemos a que las uniones comunales de juntas de vecinos se encarguen de la defensa del consumidor, la que no tiene nada que ver con las funciones de tales juntas, ni con los intereses de los consumidores. También deseo referirme a una situación local de Puerto Montt. El comercio ambulante, a vista y paciencia de las autoridades, está experimentando auge. Mientras se conversa de participación, de comprensión, se elude la normativa comercial existente relativa a salud y al uso de espacios públicos. Ahí sí que hay un problema pendiente de defensa del consumidor y de los ciudadanos. Por estas razones, pensamos que mejor que la burocracia o que las oficinas, la competencia, el propio afán de las empresas por atender bien a la ciudadanía, en suma el mercado, garantiza mejor que cualquier oficina el buen funcionamiento de una economía. Por estas razones, nos opondremos al proyecto. He dicho. El señor HAMUY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Dupré. El señor DUPRE.- Señor Presidente, los Diputados democratacristianos somos partidarios del proyecto de ley en discusión. Lo hemos impulsado, porque se trata de una materia importante, quizás una de las de mayor significación que despacharemos en el actual período legislativo, como es la relativa a los derechos de los consumidores. Como se ha indicado, el proyecto, enriquecido, es fruto del trabajo realizado en el seno de la Comisión de Economía sobre la base de dos textos: uno presentado por el Ejecutivo, y otro, del cual soy autor con el apoyo de otros parlamentarios. Su importancia fundamental radica en la posibilidad de hacer valer los derechos que corresponden a todos los consumidores y en el alcance general, universal, de su ámbito de beneficios, puesto que establece derechos y condiciones para toda la sociedad, para todos los chilenos, en su calidad de consumidores. Debe ser uno de los pocos, si no el único proyecto que despacharemos, que beneficia a toda y no a una parte de la población. Por ello destaco su significación. Además, estamos llenando un vacío jurídico que se apreciaba cada día más fuertemente en nuestro ordenamiento, con un texto legal que nos ubicará entre los países que por su desarrollo, requieren hacer participar a los ciudadanos en las grandes decisiones, y que en el desarrollo del proceso de consumo se impone en los casos de una sociedad libre con una economía abierta. La necesidad de avanzar en la legislación sobre derechos de los consumidores responde no sólo a condiciones de abusos o de frustraciones que a veces se puedan cometer, sino también a la necesidad de adecuarse a la abundancia y complejidad del otorgamiento de servicios y ofrecimiento de bienes que se producen en un mercado claramente en expansión. Ante esta realidad, es necesario que el consumidor juegue un rol de equilibrio junto al productor, al comerciante o al intermediario. Esta búsqueda de equilibrio se hace necesaria con mayor razón con el descubrimiento constante de nuevos productos, la puesta en práctica de modernos y sofisticados métodos de fabricación, el desarrollo de la publicidad y la aparición de nuevos métodos de venta de productos. Tenemos que garantizar los derechos de los consumidores respecto de las activas prácticas comerciales, las creativas claúsulas contractuales y los nuevos créditos de consumo. Se trata de corregir el desequilibrio de poder real que podría darse, y que en muchos casos ocurre, entre productores y consumidores. Con esta nueva legislación pretendemos que exista una buena educación, una buena formación de los consumidores para que éstos, debidamente informados, puedan utilizar en mejor forma sus recursos, escoger más libremente entre los diferentes productos o servicios que se ofrecen en el mercado, ejercer efectivamente alguna influencia sobre los precios de los bienes y contribuir con su participación responsable en el mercado, a una mejoría de la calidad de los bienes o servicios que se ofertan. En este sentido, en el proyecto en discusión podemos encontrar cinco criterios básicos en los que se enmarcan los derechos enunciados: a) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en el consumo de bienes. b) El derecho a la protección de los legítimos intereses económicos. c) El derecho a una justa reparación cuando el consumidor considere vulnerados sus derechos. d) El derecho a una adecuada información y educación del mercado de bienes y servicios. e) El derecho del consumidor a ser escuchado ante las instancias correspondientes respecto de la protección de sus legítimos intereses. Los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores deben reunir las condiciones indispensables para no poner en peligro la salud y la seguridad de la población. Si por su naturaleza algunos de ellos implican riesgos para la población, éstos deben ser conocidos por los consumidores a través de los medios apropiados. Los consumidores requieren de protección y prevención contra aquellas enfermedades o dolencias causadas por productos o servicios defectuosos que encontraren en el mercado. En el caso de los alimentos, en el proyecto se establece una clara regulación, a fin de evitar que a los consumidores se les venda productos alterados o contaminados. También se regula la situación de aquellos que en contacto con medio ambiente inadecuado o por su manipulación desde el proceso de producción hasta el de consumo, puedan afectar la salud y seguridad de los consumidores. Por otra parte, el derecho a protección de los intereses económicos busca la forma de defenderse de eventuales abusos de poder en la venta de productos, en los contratos-tipo, establecidos unilateralmente; contra la exclusión abusiva en los contratos dé derechos esenciales, en las condiciones abusivas del otorgamiento de los créditos, en las demandas de hecho para pago de mercaderías y en los métodos de venta, a veces agresivos. Se requiere que el consumidor tenga garantías suficientes para protegerse de productos defectuosos o de servicios insuficientes. El proyecto que hoy consideramos también consagra normas para evitar alguna forma de publicidad abusiva o tramposa, tanto visual como auditiva, que pueda inducir a error en la adquisición de un bien o en el otorgamiento de un servicio. Se estimula así crear una publicidad que afirme la veracidad de lo que se ofrece al público consumidor. También se establece que todas las informaciones consignadas en etiquetas o envases deben, necesariamente, ser exactas. Los consumidores deben tener las garantías suficientes para que en la adquisición de un bien de consumo durable se garantice, además, un servicio técnico que los repare. En nuestro proyecto de ley hemos incluido normas que regulan el otorgamiento y cobro de los créditos que se conceden en adquisición de bienes y servicios. Entre las disposiciones esenciales aprobadas se pone término, claramente, a la práctica abusiva del cobro de intereses sobre intereses, muy común en algunos sectores. Otro de los principios que se norman es el relativo a la información a los consumidores y a su educación como tales, porque consideramos esencial que para adoptar una buena decisión al adquirir bienes o requerir servicios se disponga de una información suficiente que permita conocer las condiciones y características esenciales del bien o servicio que se ofrece: su naturaleza, calidad, cantidad, precios y condiciones de venta. Señor Presidente, es indispensable reiterar que el proyecto sobre derechos del consumidor constituye una necesidad ineludible para nuestro país, fundamentalmente porque en una economía social de mercado, como la actual, es necesario realzar los principios de participación que deben tener los consumidores en el proceso económico. Este tipo de legislación, además tiene efecto práctico sólo en una sociedad libre. No podría dictarse una ley de derechos del consumidor en sociedades de control económico estatal o en sociedades totalitarias, puesto que esos regímenes son inherentes a la carencia de participación popular en las decisiones políticas, tales como se da para los consumidores en el uso legítimo del reconocimiento y aplicación de sus derechos. Por otro lado, desde el punto de vista de los derechos de los consumidores, nos colocaremos a la altura de la legislación de los países más avanzados en la aplicación de economías abiertas, con una gran participación social en las decisiones económicas. Quiero recoger la crítica de que, con este proyecto, estaríamos vulnerando las relaciones que deben darse en una economía social de mercado. Por el contrario, en países como los de la Comunidad Económica Europea, en las naciones de Europa en general y en Estados Unidos, estas leyes se generaron hace muchos años y se siguen dictando disposiciones importantes. Así, con fecha 4 de diciembre, el Presidente Bush anunció la aplicación de normas que obligan a que prácticamente todos los alimentos elaborados lleven etiquetas científicamente comprobadas que informen al consumidor sobre su contenido, situación que está considerada en nuestro proyecto de ley. Los funcionarios de la Administración norteamericana señalaron, el 2 de diciembre, que cuando las nuevas normas entren en vigencia, todos los comestibles deberán llevar una etiqueta de formato uniforme sobre su contenido. Dicha medida se ha impuesto en aquel país y tiene como propósito evitar confusiones al consumidor en el momento de elegir un producto. Tanto el Presidente Bush como sus asesores, en particular el Secretario de Salud norteamericano, han dicho: "La torre de Babel de las etiquetas de alimentos ha sido derrumbada, y los consumidores norteamericanos son los beneficiados.". ¿Quién con un mínimo de criterio podría acusar a la Administración Bush de ser estatista? Queremos insistir en los efectos positivos que el proyecto tendrá para nuestra economía. Por un lado, habrá mayor trasparencia en el mercado de venta o transacciones de bienes y servicios. El productor, importador, comerciante o intermediario podrá dedicarse libremente a la actividad económica que quiera sólo garantizando que su actividad no generará riesgos para la población. Podrá vender al precio que quiera, pero éste deberá ser claramente informado al público consumidor. Podrá ofrecer garantías para sus productos o transar los servicios y entregar las que él estime adecuadas; pero deberá detallar en qué consisten tales garantías y precisar su vigencia. Podrá recurrir a la publicidad que estime conveniente, pero deberá responder de la calidad y de la veracidad de lo que está publicitando. Además, estamos avanzando en la consecución del propósito de evitar el abuso que una minoría pueda cometer en contra de los consumidores. Estoy seguro de que, al tenor del contenido de esta ley, habrá mayor toma de conciencia en la necesidad de establecer relaciones reales y de equilibrio entre el productor, comerciante, importador y consumidor. La transparencia en el mercado del rol que deberá jugar el consumidor a través de esta ley, incentivará a masificar aún más a los productos que los proveedores diligentes, probos y responsables van a ofrecer. Elevará y perfeccionará la calidad de dichos productos y la eficiencia de los servicios que se ofrecen al público, todo lo cual redundará en ventajas claras para nuestra economía. Antes de entrar a los aspectos más relevantes del proyecto, quiero recoger otras críticas que he leído y escuchado en los últimos días. Estas posiciones críticas han provenido fundamentalmente de la Cámara de Comercio Detallista y de Sideco, institución que, junto con Asimet, la Confederación de la Producción y el Comercio Sofofa, Conupia, el Servicio de Salud del Ambiente, la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, etcétera, fueron escuchadas en nuestra Comisión, y sus documentos con proposiciones -que nos merecen el máximo de respeto- se recogieron mayoritariamente en este texto legal. Aunque con respecto a sus posiciones, creo que, a lo mejor, no tuvieron tiempo suficiente para reflexionar sobre el texto del proyecto en informe, el cual, a raíz de las discusiones al interior de la Comisión de Economía, ha sufrido importantes adiciones en relación con las iniciativas originales. En particular, he tenido especial interés en conocer la posición de las organizaciones empresariales o de base y, por ello, asistí a todas las reuniones o eventos a que fui invitado y, por supuesto, a varios encuentros con representantes de la Cámara de Comercio Detallista y de Sideco. Se indica que los comerciantes y los empresarios estiman inadecuado incluir en esta ley un capítulo particular relativo a las organizaciones de consumidores. Como podrá apreciarse en la lectura del texto legal informado, la Comisión de Economía no incluyó un capítulo de la naturaleza indicada, pues lo estimó innecesario dada la posibilidad de libre asociación que nuestro ordenamiento jurídico vigente permite. De manera que no existe fundamento para dicha crítica y así lo manifestamos, como posición nuestra, a las organizaciones empresariales en los encuentros aludidos. Se sostiene que las multas serán a beneficio del Semac y que se habría modificado su destino original, el cual era a beneficio municipal. Esto no es exacto, puesto que se trata de multas por incumplimientos o sanciones legales nuevas, que no existían, y que, por tanto, no podían haberse destinado antes a beneficio municipal. A través del proyecto de ley se pretende que el producto de las multas permita al Sernac realizar las tareas de educación, de información y de orientación del consumidor. No obstante ello, creo que en la Comisión estamos dispuestos -al menos el Diputado que habla- a considerar otras alternativas para el destino de los fondos provenientes de la aplicación de estas multas por infracciones a la ley. Discutimos mucho sobre el particular y finalmente en forma mayoritaria llegamos a la proposición que he formulado. Podremos estudiar una alternativa mejor durante el segundo informe del proyecto en la medida en que no se altere su propósito central de informar e instruir adecuadamente al consumidor en el mercado de bienes y servicios que él requiere. Podría ser que este financiamiento vaya también a las juntas de vecinos con el mismo propósito u otro. Hemos conversado con algunos señores Diputados para que, en compromiso, de consuno con las organizaciones gremiales, se formulen indicaciones respecto de este artículo y del número 20, para rediscutir en la Comisión algunos planteamientos que se han hecho al respecto. También se ha dicho que transformaremos al Semac en una nueva Dirinco. Categóricamente afirmo que no. Semejante aseveración no me la explico sino en función de un alto contenido de injusticia o que constituya un juicio político sectorial. El proyecto entrega al Semac funciones básicas, informativas, educativas y de orientación a los consumidores. Asimismo, las juntas de vecinos tendrán un rol asesor y orientador respecto de su tarea; no serán fiscalizadoras ni ejecutivas en sus acciones. Espero que esta explicación despeje algunas dudas existentes, sin perjuicio -repito- de que estamos dispuestos a conversar sobre esta materia con todos los interesados que deseen conocer detalladamente los aportes que se han hecho al proyecto. Finalmente, quiero destacar los aspectos específicos más importantes del proyecto. En su título I establecemos las definiciones centrales respecto de los consumidores y de los proveedores. Los consumidores son "las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, productos o servicios de cualquier naturaleza." Los proveedores son "las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa". Otro aspecto importante de la ley son los derechos básicos de los consumidores, consignados en el Título II: El derecho a la libre elección del bien o servicio. "El acceso a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condición de contratación y otras características esenciales de los mismos. "El no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios. Derecho a la seguridad en el consumo de bienes o servicios y a la protección de la salud. "La reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta ley. El derecho a la educación para el consumo. "El cambio y/o devolución de bienes, conforme a la ley." En cuanto a la juntas de vecinos, en el artículo 59 proponemos el texto que leeré a continuación: "Corresponde a las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, con personalidad jurídica vigente, en el ámbito de su respectiva jurisdicción territorial y respecto a los consumidores, lo siguiente: "Asesorarlos ante las autoridades administrativas; representarlos colectivamente ante entidades, organismos privados, proveedores de bienes y/o prestadores de servicios; estudiar y proponer medidas encaminadas a la protección de los derechos; informarlos y capacitarlos en el conocimiento y ejercicio de sus derechos; recopilar, elaborar, procesar y divulgar información para un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado; realizar y apoyar investigación en el área del consumo." ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales de proveedor? Señalamos: "En las prestaciones que tengan por objeto la reparación de un bien, el proveedor deberá especificar separadamente los repuestos empleados y el precio de los mismos, así como los términos en que se obliga a garantizarla, cuando así se conviniere. "Cuando se expendan productos con alguna deficiencia, usados o refaccionados, o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricación o elaboración se hayan utilizado partes o piezas usadas, se deberá informar de manera expresa tal circunstancia al consumidor y se dejará constancia de ello en los propios artículos o en sus envoltorios y en facturas, boletas o documentos respectivos. "Queda prohibido entregar vales, fichas o mercancías Como "vueltos" o saldos a favor del consumidor en lugar de moneda de curso legal.", con lo cual pondremos atajo a un abuso que se ha generalizado en algunas partes. "No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que otorguen a una de las partes la facultad de resolver a su solo arbitrio el contrato, salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades de venta por correo, a domicilio o por muestrario." Se trata de la situación generada en lo que se denomina "letra chica de los contratos". Asimismo, no producirán efecto alguno en dichos contratos las cláusulas o estipulaciones que establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales, susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén expresadas con la debida claridad y separación. Las estipulaciones tampoco producirán efecto cuando "pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no les sean directamente imputables" o cuando "comporten renuncia a los derechos que esta ley reconoce a los consumidores.", los cuales son irrenunciables. En el artículo 16, el proyecto señala que "el consumidor podrá optar entre la reparación gratuita del bien o, previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada: a)"Cuando los productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio no cumplan las especificaciones correspondientes. b)"Cuando los materiales, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostenten o a las menciones del rotulado. c)"Cuando cualquier producto, por su deficiencia de fabricación, elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso o consumo al que está destinado. d)"Cuando el proveedor y consumidor hubieren convenido que los productos objeto del contrato deban reunir determinadas especificaciones y esto no ocurra. e)"Cuando después de haberse hecho efectiva la garantía y prestado el servicio técnico correspondiente subsistieren las deficiencias que afectan el normal uso del bien. f)"Cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que habitualmente se destine. g)"Cuando la ley de los metales en los artículos de orfebrería, joyería y otros sea inferior a los que en ellos se indique." El artículo 19 previene: "Cometerá infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, cause menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo producto, mercadería o servicio." Respecto del destino de las infracciones, en el inciso final del artículo 20 preceptuamos que "El total de lo que se recaude por concepto de multas será destinado al Servicio Nacional del Consumidor, organismo que las aplicará -quiero realzar esto, porque es parte importante de la crítica que se hacer a programas de educación e información de materias vinculadas al consumo." No hay otra facultad que este proyecto le confiera al Sernac en relación al destino de las multas. Según el artículo 25, "Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los precios de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente. "Sin perjuicio de lo anterior, cuando se exhiban los bienes en vitrinas, anaqueles o estanterías, se deberá indicar allí sus respectivos precios con caracteres claramente legibles.". Así terminaremos con las ventas de mercaderías con códigos, sin que el público consumidor conozca los precios previamente, antes de llegar a las cajas de pago. El artículo 26 dispone: "La información básica comercial de los servicios y de los productos de fabricación nacional o de precedencia extranjera, sus etiquetas, envases, empaques y las garantías, como también la publicidad y difusión de los mismos, deberá ser en idioma castellano, en términos comprensibles y legibles y conforme al sistema general de pesos y medidas aplicables en el país, sin perjuicio de que el proveedor o anunciante pueda incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida. El artículo 27 establece: "Quedan prohibidas las expresiones "Producto de Exportación", "Calidad de Exportación" o cualquiera otra similar que lleven a entender que existe una calidad destinada al mercado interno y otra para el mercado externo. "Expresiones tales como "Garantizado" y "Garantía", sólo podrán ser consignadas cuando se señale en qué consisten y la forma en que el consumidor pueda hacerlas efectivas.". Indicamos, además, en el artículo 32, que "En toda promoción u oferta se deberá informar al consumidor en forma clara y precisa sobre las bases de la misma. "En los anuncios respectivos deberán indicarse las condiciones y el tiempo de duración de la promoción u oferta o el volumen de mercadería que ellas comprende,..." Respecto de las ventas de crédito -muy importantes para un grueso público consumidor-, precisamos que "En toda operación de consumo en que se conceda crédito al consumidor, el proveedor deberá poner a disposición de éste la siguiente información: "El precio al contado del bien o servicio de que se trate. "La tasa de interés mensual vencida que se aplica, la que deberá quedar señalada en forma explícita en los documentos respectivos. "El monto de cualquier pago adicional que fuere procedente cobrar, y "El monto y número de pagos a efectuar y su periodicidad." Con el número 35 se consigna una disposición muy importante, esperada desde hacer muchos años por un grupo de chilenos que señala: "Los intereses se aplicarán solamente sobre los saldos insolutos del crédito concedido y los pagos no podrán ser exigidos por adelantado, salvo acuerdo en contrario. Se elimina la posibilidad del cobro de intereses sobre intereses. El señor MELERO (Vicepresidente).- Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el Director del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, don Luis Sánchez Castellón. Se encuentra presente el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. Si le parece a los señores Diputados, así se acordará. Acordado. En el tiempo de su segundo discurso, puede continuar el Diputado señor Dupré. El señor DUPRE.- Señor Presidente, el artículo 40 del proyecto expresa: "En las prestaciones de servicios dirigidos al público en general, no se podrá establecer preferencia o discriminación arbitraria alguna respecto a los solicitantes, tales como selección de clientela, reserva de derecho de admisión u otras prácticas similares.". El artículo 41 prescribre que "los proveedores de servicios tendrán la obligación de consignar en la respectiva boleta o factura por los trabajos efectuados, las partes, repuestos y materiales empleados, el precio de cada uno y el valor de la mano de obra, así como la garantía que se haya otorgado." Respecto de la protección de la salud, el artículo 46 dispone que cuando "la peligrosidad de un servicio o producto, o la toxicidad de este último, en niveles considerados como nocivos para la salud o seguridad de las personas, los daños o perjuicios que de su consumo provengan serán de cargo, solidariamente, del productor, importador y primer distribuidor, o del prestador del servicio," según sea el caso. A mi juicio, estos son, quizás los aspectos más importantes consignados en el proyecto. Pido disculpas por la extensión de mi intervención, pero ello se debió al alto interés que he tenido en legislar sobre esta materia, y porque se trata -como lo dije al comienzo- de uno de los pocos proyectos que despacharemos durante nuestro período legislativo, que beneficiará a todos los chilenos, en su calidad de consumidores. La Cámara deberá reconocer en todos los miembros de la Comisión de Economía -opositores y gobernistas- su contribución en el despacho en general de un buen proyecto, que tendrá, sin duda, efectos positivos en la comunidad. Como Diputado de Gobierno y coautor del proyecto en particular quiero reconocer el aporte que, a esta iniciativa, significaron muchas indicaciones de los Diputados de Oposición señores Recondo; Pérez, don Juan, y don Ramón, y Kuschel, y obviamente de mis colegas de la Concertación. Proponemos a la Cámara la aprobación de un buen proyecto de ley que, repito, significará beneficios al desarrollo de nuestra economía y, en especial, salva-guardará derechos de los chilenos. La Democracria Cristiana apoya el proyecto de ley y lo votará favorablemente para su aprobación en general. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero completar la intervención que sobre el proyecto inicié en la sesión anterior y que fue interrumpida precisamente por el término del Orden del Día. No quiero extenderme en consideraciones que, indudablemente, serán materia de análisis en la discusión particular. Quiero destacar, en la forma más breve posible, aquellas ideas que, en mi opinión, justifican legislar sobre el tema y, asimismo, aprobar en general el proyecto que debatimos. Como Presidente de la Comisión de Economía, debo señalar que todos sus miembros se dedicaron exhaustivamente al estudio de esta iniciativa. Escuchamos las opiniones de sectores representativos, no sólo de los consumidores, sino también, y muy especialmente, de aquellas agrupaciones del comercio a nivel nacional como de empresas del sector productivo, que expresaron su interés en que sus opiniones quedaran documentadas en el trabajo de nuestra Comisión. Conocimos el pensamiento de la Cámara Nacional de Comercio de Chile, de la Asociación Gremial de Dueños de Establecimientos Comerciales -Sideco-, de la Confederación del Comercio Detallista de Chile, de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Asociación Chilena de Defensa del Consumidor, de la Organización Internacional de Uniones de Consumidores -Iocu- y de innumerables personeros que documentalmente, en nuestra Comisión, opinaron respecto de la constitucionali dad del proyecto y de la participación del Estado en el funcionamiento de este mercado que juega un rol tan importante en el desarrollo de nuestro país. Como me referiré fundamentalmente a un planteamiento de orden general, "reiteraré ahora algunas ideas relacionadas con el problema de fondo. Recogimos la opinión de todas las instituciones que expresaron, respecto del proyecto, una plena adhesión a lo que significa el funcionamiento de una economía social de mercado. El punto de discusión está en cómo se logra que, efectivamente, en este tipo de economía, la relación entre el proveedor y el consumidor genere un mercado competitivo. Dijimos en la sesión pasada que aquí se producía el fenómeno de que el consumidor muchas veces accedía a este mercado con una información deficitaria respecto de cuándo puede exigir la calidad, la condición de ventas, el precio final de un producto determinado, y que, en consecuencia, para que este mercado efectivamente fuera competitivo, era fundamental la existencia de una legislación que garantizara al consumidor la información básica. El problema de fondo está planteado en estos términos. En nuestro país nadie puede sostener que la posición del consumidor en relación con un producto, sea simétrica con la de aquel que lo comercializa. Entre los comerciantes hay una gama muy amplia de situaciones que debemos advertir con prudencia y cuidado, pues no todos tienen las mismas condiciones para su desarrollo. No cabe la menor duda de que en la relación consumidor-proveedor, el consumidor requiere de acceso a información más integral que la que se le ofrece hoy. Se plantea, entonces, el rol del Estado en esta materia. Sobre este punto, intervine en la sesión pasada y quisiera completar algunas opiniones. El rol del Estado, especialmente en materia económica, implica precisar lo que la sociedad espera de los órganos públicos en el área de que se trate, que en el caso de nuestra preocupación de hoy, dice relación con la actividad económica, en el nivel del consumidor. En esta perspectiva, debemos reconocer que en nuestro país existen expectativas crecientes de información sobre la forma en que operan los mercados, especialmente de los productos y servicios de consumo masivo, así como sobre las características y calidades de esos mismos bienes y servicios. En este aspecto la experiencia chilena carece de historia. Nuestra concepción económica, predominante por décadas, otorgaba al Estado un rol rector y ejecutor de la mayor importancia. En tal contexto, el consumidor se vio limitado a un papel de simple receptor final de la actividad productiva y económica general, careciendo de toda relevancia como agente integrante del proceso productivo. Surgió así un sistema de intervención estatal, de tipo proteccionista, cuyo objetivo básico consistía en asegurar el abastecimiento regular de bienes y servicios de consumo habitual y a costo accesible. Los estancos de bienes y la fijación de precios o de márgenes de comercialización fueron claros ejemplos de esta concepción del rol del Estado y del escaso papel económico asignado al consumidor. El requerimiento actual, por el contrario, es de información, lo que se busca ahora, a diferencia de lo que fue la experiencia del pasado, es lograr un consumidor activo, que conozca los productos de los que hace uso y los mercados en que ellos se transan, con el objeto de que tome sus decisiones económicas personales, contando con un adecuado nivel de información para optimizar los resultados de dicha decisión. Estimamos necesario que, para asumir esta tarea, se perfeccionen los mecanismos institucionales de carácter público o privado y que éstos se aboquen en forma preferente a la recopilación, análisis y difusión de la información adecuada y relevante para el consumidor nacional. En este sentido, reconocemos la labor desarrollada por el Servicio Nacional del Consumidor. Los esfuerzos desplegados por esta institución y los resultados obtenidos, nos parecen en general satisfactorios. En necesario resaltar que, como sociedad, debemos analizar este tema, cometido que aún se encuentra pendiente, y recoger, sin apasionamientos, prejuicios o ideologismos artificiales, nuestra experiencia actual y pretérita sobre el modo en que se han desenvuelto en el mercado sus agentes más relevantes; proveedores, consumidores y, desde luego, el Estado. Es preciso reconocer que a nivel de nuestra población, esta evolución, que estimamos positiva, sólo ahora comienza. Será necesaria aún una larga evolución para que dejemos atrás las actitudes pasivas que, como consumidores, hemos ejercitado por largos años. Por lo demás reflejo de esta actitud ha sido la existencia de un aparato estatal fundamentalmente fiscalizador y sancionador de conductas atentatorias contra el modelo de desarrollo económico que impera en nuestro país. Las amplias facultades de que, en su época, gozaron la Superintendencia de Abastecimientos y Precios y la Dirección de Industria y Comercio, constituyen claros ejemplos de lo que estamos indicando. Frente a esa visión del rol del Estado, actualmente se abre paso una concepción más abierta, pero no menos decidida, en que la subsidiariedad se ha transformado en un concepto activo y dinamizante de los mercados internos. En efecto, hoy somos testigos de un Estado que privilegia la divulgación de información destinada a facilitar las decisiones económicas de la población, haciendo resaltar por igual los méritos y debilidades de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Con este objeto, resulta imprescindible fomentar la labor del Estado como instancia actualmente existente, que conjuga la voluntad de adoptar las decisiones necesarias para perfeccionar la transparencia de los mercados, con la capacidad técnica y económica para reunir y difundir información económica útil para el consumidor, la que éste no puede proporcionarse por sí mismo. No obstante, debemos destacar que el desarrollo creciente de estos objetivos pasa también por una aproximación y confianza crecientes entre los agentes económicos involucrados. Proveedores, consumidores y el propio Estado deben entender que, más allá de las diferencias legítimas que pueden existir entre ellos, forman parte de un mismo proceso productivo y de satisfacción de necesidades, en que unos y otros se necesitan mutuamente para desarrollar sus propias actividades y para obtener los beneficios particulares que cada uno de ellos espera de su actividad económica. Es precisamente en esta línea donde tiene sentido este esfuerzo por perfeccionar el sistema legislativo que establece los derechos de los consumidores. Es en esta línea en que se le ha dado forma a un proyecto de ley que, en nuestra opinión, después de un arduo trabajo en la Comisión de Economía, ha sido perfeccionado, recogiendo, en gran medida, los planteamientos hechos por aquellas instituciones que quisieron entregar su parecer en nuestra Comisión. Respecto de las opiniones vertidas en la prensa de los últimos días, deseo señalar lo siguiente: En los documentos entregados a la Comisión por la Confederación del Comercio Detallista de Chile, se establece que los representantes oficiales del comercio, concurrentes a una convención realizada por ellos, y previa consulta a sus bases, se pronunciaron en contra de la constitución de asociaciones de consumidores. Dicho planteamiento fue recogido por mayoría en nuestra Comisión, pero ellos se pronunciaron públicamente en contra de la constitución de tales asociaciones, que estiman confrontacionales, porque existen juntas de vecinos, centros de madres, juveniles, deportivos y otros, en que cabe perfectamente la participación comunitaria en esta materia. - Manifestaciones en Tribunas. El señor MELERO (Vicepresidente).- Hago presente a la tribuna que está absolutamente prohibido cualquier tipo de manifestaciones. Puede continuar Su Señoría. El señor LATORRE.- Hay quienes piensan que esto es mentira; pero tengo el documento firmado por la referida Confederación, que dice textualmente: "Los representantes oficiales del comercio, concurrentes a esta Convención, previa consulta a sus bases, se pronuncian en contra de la constitución de asociaciones de consumidores, que se estiman confrontacionales, existiendo, además, juntas de vecinos, centros de madres, juveniles, deportivos y otros, en que cabe perfectamente la participación comunitaria en ésta y otras materias.". En la Comisión de Economía recogimos esta inquietud. Nos pareció perfectamente razonable conceder el mayor espacio a la reflexión respecto de una eventual legislación que de vida legal a las llamadas asociaciones de consumidores. El Diputado señor Dupré se refirió al punto y quiero ratificarlo. Nosotros acogimos esa inquietud. Si la actual legislación sobre juntas de vecinos señala expresamente que estas agrupaciones tienen la posibilidad de opinar, al incorporar en este proyecto una referencia directa a ese rol eventual de la junta de vecinos sólo se reproducía una disposición de dicha legislación. No obstante, nos parece razonable conversar y discutir nuevamente sobre el mejor mecanismo para que no sólo los consumidores puedan exigir que se actúe de acuerdo con la legislación vigente, sino también para que el propio comercio pueda, organizadamente, tener facultades legales para defender a sus afiliados a través de sus cámaras o asociaciones con personalidad jurídica vigente, como lo planteaban en el documento a que acabo de hacer referencia. Creemos, en consecuencia, perfectamente razonable, en el marco de una economía social de mercado, que, con un cuerpo legal como el que estamos discutiendo, se mejore la existencia de mercados verdaderamente competitivos y transparentes. Para finalizar, quiero decir que no deja de parecerme extraño que, hoy, algunos parlamentarios se hayan pronunciado en contra de este proyecto en general, en circunstancias de que fue aprobado por 7 votos a favor y sólo una abstención. Hemos reconocido el esfuerzo de parlamentarios de la Oposición, para analizar en conjunto cada norma de esta iniciativa. Lo dijimos en la sesión pasada y quiero destacarlo hoy: Hay algunos Diputados entre ellos el señor Ramón Pérez, que destinaron, en la sesión pasada mucho tiempo al análisis de cada una de las disposiciones, en cuya redacción se fueron considerando opciones, pero a partir de una aprobación en general de este proyecto. Es decir, existía una disposición favorable a la necesidad de legislar sobre esta materia, aunque reconocemos la legitimidad de una categórica postura contraria a algunas normas o de un deseo de modificarlo sustancialmente. Nuestra Comisión trabajó el presente proyecto en ese contexto. Quiero dejar testimonio de ello en la Sala, porque si hoy se presentan indicaciones, se posibilitará nuevamente una discusión respecto de esas indicaciones en la Comisión, sin perjuicio de destacar el esfuerzo realizado por intentar un acuerdo lo más consensual posible en esta materia. La expresión "consensual en esta materia" la utilizó el colega señor Ramón Pérez en la sesión pasada. En consecuencia, ratifico nuestra postura favorable a la aprobación en general de este proyecto, y esperamos que durante su trámite legislativo podamos, con muy buena disposición y apertura, recoger aquellas inquietudes que apunten a perfeccionarlo. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez. El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente, me remontaré al origen de esta iniciativa del Ejecutivo, que responde a una necesidad muy sentida por parte de la sociedad chilena y en particular de los consumidores. Se ha cuestionado globalmente el proyecto buscando descalificarlo, aduciéndose que no cautelaría adecuadamente las reglas del libre mercado al cual se le atribuyó tal cantidad de bondades que, en definitiva, permitiría arreglar todos los problemas de la comercialización de bienes y servicios. Pero la realidad ha sido contraria. Desde ya, la ley N° 18.233, dictada por el gobierno pasado, contiene disposiciones que pretenden sancionar, por ejemplo, el fraude en la venta de productos y mercaderías o en la prestación de un servicio, el cobro de un precio superior al exhibido y la negativa injustificada en aquéllas. En fin, la ley vigente contiene elementos que apuntan a que la comercialización de bienes y servicios no sea un mercado transparente y a que los derechos de los consumidores hayan sido transgredidos, quedando en situación de desequilibrio respecto de los proveedores. Es natural y obvio que así sea, por cuanto hoy en día el proveedor es una persona especializada que no sólo conoce las características del producto, sino que además tiene un conocimiento cabal de los precios que se transan en el mercado por los competidores y puede acceder a una información técnica que no está comúnmente a disposición de los consumidores. En esta situación de desequilibrio, el consumidor, inducido además por una publicidad engañosa, compra bienes o contrata servicios que no corresponden a sus necesidades y termina por ser engañado. De acuerdo con la opinión unánime de los Diputados integrantes de la Comisión de Economía, ésta es una situación real. De hecho, en el Servicio Nacional del Consumidor se han presentado cientos de denuncias y se reciben permanentemente quejas de los consumidores de que los productos son defectuosos, de que ha habido fraude o de que se les ha entregado algo que no corresponde a sus características o composición. Ello ha conducido a qué actualmente exista gran insatisfacción en los consumidores del país con respecto a lo que sucede en el mercado, conformando una situación real y concreta que vive cotidianamente el consumidor chileno. Para realizar una encuesta, la empresa Cep-Adimark buscó en una oportunidad la información en la opinión pública, indagando qué pensaba respecto de estas materias. La opinión general fue clara y mayoritariamente reprobatoria respecto de la indefensión en que se encuentran los consumidores de bienes y servicios que se ofrecen en el país. Esa es la realidad. Aparte de hacer lucubraciones de orden general relativas a las concepciones sobre la economía del país, es conveniente aterrizarías de acuerdo con la realidad existente en el país en estas materias. De ahí nace fundamenta mente la necesidad de legislar para proteger los derechos de los consumidores. No considero lesivo para los provee, dores o comerciantes establecer algunos derechos básicos que permitan una adecuada libertad de opción de los consumidores respecto de un bien o de un servicio. Estos derechos son: la libre elección del bien o servicio; el acceso a una información veraz y oportuna; el no ser discriminados arbitrariamente; la seguridad en el consumo de bienes o servicios y la protección de la salud; la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de la ley; la educación para el consumo, y el cambio y/o devolución de bienes, conforme a la ley. ¿Son derechos abusivos? ¿Es ir en contra de proveedores o comerciantes? ¿Es atentar contra una economía de libre mercado que el Estado intervenga más allá del rol subsidiario que se le atribuye en este tipo de materias? Definitivamente, no. Lo mínimo que puede hacer un Estado democrático, cuya concepción de la economía del país consiste en que debe estar al servicio de la gente y, por lo tanto, tener un imperativo de bien común, es impedir que los derechos de las personas sean afectados, situación que debe prever un proyecto de estas características. Por otro lado, las obligaciones que se establecen para los proveedores también son de sentido común. Enunciaré, por vía ejemplar, algunas de ellas. El artículo 6a dispone: "Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades, conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación de un servicio.". El 8° señala: "Los proveedores no podrán negar la venta de bienes o la prestación de servicios que hayan ofrecido al público.". El 9° establece: "Cuando se expendan productos con alguna deficiencia, usados o refaccionados, o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricación o elaboración se hayan utilizado partes o piezas usadas, se deberá informar de manera expresa tal circunstancia al consumidor", etcétera. ¿Afectan a colocar estas normas en situación desmedrada a los proveedores del país? Sólo se trata de incorporar elementos de equidad en el funcionamiento de nuestra economía, los cuales no distorsionan su mecánica ni su dinámica. Nadie pretende -sería iluso hacerlo- que estableciendo determinados derechos de los consumidores y ciertas obligaciones para los proveedores, se transformará cualitativamente la economía del país. Claramente no es así. Y tanto no es así que en la mayoría de las democracias occidentales no sólo existen legislaciones que establecen derechos de los consumidores, sino que, además, les otorgan derechos para asociarse y defenderlos en conjunto. ¿Existen entonces, por ejemplo en Austria, en Francia o en Estados Unidos una menor economía de libre mercado? Obviamente que no. Por lo tanto, ni el derecho comparado ni la experiencia internacional sobre estas materias entregan elementos que abonen la tesis de que aquí hay una intervención desmesurada del Estado y de que se pretende transformar o negar la posibilidad de una economía libre. Obviamente, no es así. Es más, me atrevería a decir que el papel del Servicio Nacional del Consumidor es relativamente menor. Para ello, es conveniente, por vía ejemplar, repasar brevemente algunas de sus atribuciones. El artículo 59 dispone que debe formular, realizar y promover programas de información y educación al consumidor; realizar, a través de laboratorios o entidades especializadas, análisis selectivos de los productos que se ofrezcan en el mercado; recopilar, elaborar, procesar, divulgar y publicar información para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de las características de la comercialización de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado; realizar y apoyar investigaciones en el área del consumo; promover el cumplimiento de las disposiciones legales; realizar estudios y prestar servicios a título oneroso, a personas naturales o jurídicas, en materias propias de su competencia. ¿Se está dotando al Servicio Nacional del Consumidor -organismo especializado del Estado para intervenir en este tipo de materias- de atribuciones que permitan decir que el Estado intervendrá en la economía y que distorsionará el mercado, alterando la libre competencia en el país? Naturalmente, debemos decir que no. Por lo tanto, se trata de un argumento fuera de propósito, altamente ideologizado, que busca defender determinados elementos corporativos, muy legítimos, pero que no deben tomarse en cuenta en la medida en que el interés básico y central de legislar sobre la materia es el de velar por el bien común, al cual deben supeditarse los intereses corporativos. Desde ese punto de vista, no cabe sino rechazar las críticas formuladas a esta iniciativa. Es más estamos convencidos de que el proyecto no atenta contra los proveedores y comerciantes. Por el contrario, en la medida en que entre en vigor y los proveedores y comerciantes sean parte del espíritu que lo anima, se puede mejorar sustantivamente la transparencia en los mercados, eliminar prácticas abusivas y monopólicas, permitir que la calidad de los productos mejore y eliminar, además, la posibilidad de prácticas desleales que perjudican a quienes realizan bien su trabajo, que son honestos, que no tratan de engañar al público, que entregan bienes de buena calidad. Considero necesario tomar muy en cuenta este punto, porque si no cautelamos los derechos de los consumidores; si no precisamos determinadas obligaciones que deben cumplir los proveedores; si no perseguimos la responsabilidad de los proveedores y comerciantes que infringen las disposiciones legales, lo único que hacemos es amparar los abusos, las irregularidades y la competencia desleal. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que nuestro país tiene determinados compromisos internacionales relacionados con las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la materia. Este organismo elaboró una serie de recomendaciones, suscritas por nuestro país, que, en general, dicen relación con las cuestiones que estamos analizando. Algunas de ellas son: la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad, la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores, el acceso de los consumidores a una información adecuada, la educación del consumidor, la posibilidad de compensación efectiva, de la libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad, para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afectan. Es decir, estamos llevando a la práctica recomendaciones formuladas por la propia Organización de las Naciones Unidas que nuestro país se comprometió a adoptar, estamos adecuando nuestra legislación a las directrices planteadas por las Naciones Unidas y que cada uno de los países signatarios se comprometió a seguir. Por eso, extrañan mucho las críticas formuladas. En verdad, da la impresión de que este cúmulo de acusaciones, de temores infundados, de críticas ideologizadas, efectuados en forma particularizada, buscan, hasta cierto punto, cuestionar el fondo del proyecto. El acuerdo que debe adoptar esta Cámara, en definitiva, es decidir si legislará o no en materia de derechos de los consumidores, puesto que la actual ley es insuficiente. A pesar de las nuevas autoridades que asumieron en el Servicio Nacional del Consumidor; del rol que ha tenido el Sernac, claramente diferente al anterior; del papel que han jugado su Director y las autoridades del Ministerio de Economía, que le han dado una intención distinta a la labor fiscalizadora del Estado en estas materias, existe inquietud, insatisfacción, malestar de los consumidores por la situación de indefensión en que se encuentran respecto de la legislación vigente, materia a la cual me referí anteriormente. Por lo tanto, si la Cámara optara por rechazar la idea de legislar, se colocaría en contra de opinión, muy generalizada y mayoritaria del país, de dotar a nuestra nación de un instrumental jurídico que le dé el marco legal necesario párala protección de los derechos de los consumidores. En este sentido, señor Presidente, reiteramos que la bancada socialista va a votar favorablemente este proyecto de ley, porque estima indispensable legislar sobre esta materia. Creemos que hemos dado los argumentos suficientes para que se comprenda la necesidad de legislar sobre este punto. Hay otro tipo de críticas puntuales que también me gustaría recoger. Dicen relación, por ejemplo, con el tema de las multas y con el hecho de destinarlas al Servicio Nacional del Consumidor para tareas de educación a los consumidores. En gran parte, esto se basa en que la Comisión estimó que no deberían existir las asociaciones de consumidores. Por lo tanto, se consideró importante que, al no existir esas asociaciones, se entregaran al Sernac los recursos suficientes para cumplir esta tarea de colaboración tan necesaria y conveniente para la libre elección de los consumidores. Señor Presidente, también quiero referirme al tema de las asociaciones de consumidores. Para nadie es un misterio que estas bancadas y los Diputados miembros de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo sostuvimos la necesidad de legislar sobre esta materia. Nosotros pensamos, de acuerdo con una tendencia jurídica moderna, que en la normativa interna, no solamente se deben establecer derechos de carácter individual sino también los derechos de carácter social. Desde ese punto de vista, me parecía que quienes mejor podían colaborar con los organismos del Estado para cautelar sus propios intereses eran precisamente los consumidores, agrupados en una asociación. Por eso, celebramos cuando el Ejecutivo envió un proyecto de ley que contemplaba un capítulo respecto de esta materia. Lamentablemente, el Ejecutivo, para no entrabar el trámite del proyecto -porque dentro de la propia Concertación existieron voces disonantes respecto de esta materia-, después retiró este capítulo, que posteriormente, con el Diputado Armando Arancibia, colocamos en el debate. Desafortunadamente, quedamos solos; no fuimos comprendidos en este punto que me parece absolutamente básico, porque si no queremos hipertrofiar las organizaciones del Estado y darles una injerencia más allá de lo necesario, y si tampoco deseamos dejar a los consumidores en manos de la voracidad de proveedores inescrupulosos, es absolutamente necesaria e importante la participación social, la que no solamente debe estar presente en este tipo de materias, sino, en forma creciente, en toda la institucionalidad nacional. Además, de los mismos programas que los partidos han ofrecido al pueblo, fluye la necesidad de incorporar este tipo de participación social. Esto lo menciono como un aspecto de carácter general, pero también es importante en el sentido de que constituye el mecanismo más apropiado, ya que como se trata de intereses propios, pueden tener cierto grado de especialización en la materia. Lamentablemente, en definitiva imperó el criterio de la Democracia Cristiana, que, en este punto, entrega facultades a las uniones comunales de juntas de vecinos, las cuales, -lo sabemos perfectamente- no se interesan ni se preocupan, por no ser objeto de su acción comunitaria, defender los derechos de los consumidores; con esto se les entrega una carga adicional que naturalmente -estoy convencido- no podrán cumplir a cabalidad. Desde ese punto de vista, y lo decimos claramente, es lamentable que se haya desechado tan livianamente este aspecto, con argumentos de carácter político que, a mi juicio, no corresponden a la realidad que se vive en el país. Dejo establecido que, a pesar de no haber sido comprendidos hasta este momento, seguiremos insistiendo sobre el punto. Aunque en- su tramitación el proyecto no incorpore este aspecto, consideramos necesario mantenerlo en el debate público, porque más a la corta que a la larga, será conveniente legislar sobre una materia tan crucial, que puede dar una connotación distinta a la ley, aparte de entregarle al Servicio Nacional del Consumidor la eficacia fiscalizadora que hoy no tiene, por cuanto está reducido a una mínima expresión. Es un servicio absolutamente "jibarizado", que carece de capacidades humanas y materiales para realizar una fiscalización adecuada, ya que sólo existe en las cabezas de regiones, por lo que miles de pequeñas comunas no tienen posibilidad alguna de fiscalización por parte de Sernac y ni siquiera de que se les entregue una información debidamente fundamentada. Desde ese punto de vista, lamentablemente este proyecto de ley se aprobará con un vacío que habrá que llenar en el futuro. Finalmente, es importante destacar en este proyecto el avenimiento, innovación muy importante, por cuanto establece una instancia previa para que el proveedor y el consumidor puedan resolver el problema de mutuo acuerdo. Esto me parece un elemento muy importante, ya que recurrir a los mecanismos legales actuales para resarcirse de los daños materiales de que son objeto los consumidores, lleva a larguísimos trámites, por lo, que muchos desisten de requerir las compensaciones correspondientes. Esta innovación es muy importante, ya que permitirá resolver la mayoría de estos problemas, virtud que deseaba recalcar. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Antes de conceder la palabra al Diputado señor Schaulsohn, hago presente a la Sala que restan cuatro minutos para el término del Orden de Día. No sé si Su Señoría quiere hacer uso de ese tiempo o quedar en el primer lugar para la sesión en que continuaremos con el tratamiento del proyecto. Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn. El señor SHAULSOHN.- Señor Presidente, ¿el proyecto se va a votar hoy? El señor MELERO (Vicepresidente).- No, señor Diputado. El señor SCHAULSOHN.- Si no se vota, haré uso de la palabra en la próxima sesión; de lo contrario, haré uso de ella para agotar el Orden del Día, de modo que no se vote. El señor MELERO (Vicepresidente).- No hay acuerdo de los Comités para que se vote hoy. Además, hay Comités que no han hecho uso de la palabra, razón por la cual se continuará con el debate en general de esta iniciativa en la próxima sesión. Ha terminado el tiempo del Orden del Día. PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO DE LEY QUE ADSCRIBE AL PERSONAL DE GENDARMERIA DE CHILE A LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, ¿a continuación se tratará el proyecto de "leasing" habitacional? El señor MELERO (Vicepresidente).- No, señor Diputado, porque se tomó un acuerdo, a comienzo de esta sesión, para tratar, terminado el Orden del Día, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que permite los convenios de pagos de las patentes mineras; a continuación, se pasará a los proyectos de acuerdos y a Incidentes. Tiene la palabra el Diputado señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, tomando en cuenta que probablemente la resolución sobre el informe de la Comisión Mixta será muy rápido, y por encontrarse presente en la Sala el Ministro de la Vivienda desde el inicio de la sesión, a lo mejor podríamos acordar debatir y votar en general este proyecto, que es aceptado por todas las bancadas. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Ministro de Justicia señor Cumplido. El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, solicito el asentimiento de la Sala para que se trate en la presente sesión el proyecto, en tercer trámite constitucional, que traspasa personal de Gendarmería a la previsión de la Caja de Carabineros. La modificación introducida fue aprobada por unanimidad en el Senado, y se relaciona con la planta necesaria para atender la parte salud. De lo contrario, este proyecto, que es de extraordinaria urgencia, se postergará para la próxima semana. He dicho. El señor ORPIS.- Pido la palabra. El señor MELERO (Vicepresidente).- ¿Sobre el mismo tema? El señor ORPIS - No, señor Presidente. Quiero referirme a lo planteado por el Diputado señor Sota. Señor Presidente, solicito, por su intermedio, la unanimidad de la Sala para ver en la presente sesión el proyecto de ley sobre "leasing" habitacional ya que se trata de la discusión general de un proyecto muy importante. El señor MELERO (Vicepresidente).- No hubo acuerdo de los Comités para que esa iniciativa sea tratada en la presente sesión. Voy a hacer una reseña de lo que se ha propuesto. En primer lugar, existe acuerdo para ver de inmediato el proyecto sobre las patentes mineras. En segundo lugar, el Ministro de Justicia ha planteado la posibilidad de estudiar el proyecto de Gendarmería, respecto de lo cual solicitaré el asentimiento de la Sala. En tercer lugar, el Diputado señor Orpis ha sugerido tratar el proyecto sobre "leasing" habitacional, para lo cual también solicitaré el asentimiento de la Sala. El señor SCHAULSOHN.- Pido la palabra. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, sería más práctico solicitar el asentimiento unánime de la Sala para suprimir los proyectos de acuerdos e incidentes, con el objeto de dedicamos al despacho de estos proyectos de ley, que son de interés general. El señor MELERO (Vicepresidentes- Señor Diputado, no hay acuerdo para acceder a su petición. Por consiguiente, solicito el asentimiento de la Sala para tratar a continuación del proyecto sobre las patentes mineras, la iniciativa sobre el personal de Gendarmería, planteada por el señor Ministro. Acordado. El señor SCHAULSOHN.- Pido la palabra. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, ¿qué pasará con los proyectos de acuerdo y la hora de Incidentes? ¿Está prorrogando el Orden del Día? El señor MELERO (Vicepresidente).- Se prorroga el Orden del Día. El señor SCHAULSOHN.- ¿Por cuánto tiempo, señor Presidente? El señor MELERO (Vicepresidente).- Hasta el total despacho del informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de patentes mineras y de las modificaciones a la iniciativa relativa a Gendarmería, que son muy simples. Enseguida, corresponde tratar proyectos de acuerdo e Incidentes. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, de esa manera la Sala sesionará hasta una hora indeterminada, y en la práctica eso implica "comerse" la hora de Incidentes. Si no sabemos cuánto demoraremos en la discusión de estos proyectos, parece más razonable suprimir lisa y llanamente la hora de Incidentes, y en el tiempo que resta dedicamos a su despacho. ¿En qué momento tendremos la hora de Incidentes? ¿A las 15 ó 16 horas? Tal vez. El señor MELERO (Vicepresidente).- Respecto del proyecto sobre patentes mineras, como trata del informe de la Comisión Mixta, habría sólo tres discursos, de 10 minutos como máximo cada uno. El debate que podría alargarse, como usted bien señala, es el que podría suscitar el proyecto que se refiere a Gendarmería. Hasta el momento no tengo el asentimiento para suprimir los proyectos de acuerdo y la hora de Incidentes. No sé si se acoge la petición formulada por el Diputado señor Schaulsohn. Tiene la palabra el Diputado señor Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, estoy de acuerdo en dar la unanimidad para suprimir la hora de Incidentes; pero sería bueno tratar y votar los proyectos de acuerdo que corresponde ver hoy. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, no veo inconveniente en que haya Incidentes. Se prorroga el Orden del Día, se ven los proyectos de ley sobre los cuales se ha llegado a acuerdo, se votan los proyectos de acuerdo; y después entramos a Incidentes, al que generalmente los parlamentarios no se quedan. ¿Cuál es el problema? No doy la unanimidad para suprimir Incidentes. Cada partido es libre de hacer uso del tiempo que le corresponde en ella. ¿Por qué suprimirla? No veo razón alguna. El señor MELERO (Vicepresidente).- Entonces, se procederá a ver el proyecto sobre patentes mineras, que requiere de quorum de ley orgánica; habrá tres discursos, de 10 minutos como máximo. Luego, se pasará al proyecto de ley sobre Gendarmería. Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, entiendo que el Honorable señor Pizarro, cuando en la mañana pidió la unanimidad, señaló que se votaría sin discusión. Siendo así, el acuerdo unánime de la Sala es tratar el informe de la Comisión Mixta sin discusión. Ruego al señor Secretario verificar esta situación, pues me pareció escuchar "sin discusión", caso en el cual correspondería sólo votar. El señor MELERO (Vicepresidente).- Diputado señor Pizarro, ¿ésos serían los términos del acuerdo? El señor PIZARRO MACKAY (don Sergio).- A pesar de que fue el Diputado señor Jorge Pizarro quien formuló la petición, el acuerdo es el que dice el Diputado señor Schaulsohn. CONVENIOS DE PAGO DE PATENTES MINERAS Y PRORROGA DEL PAGO DE LAS CORRESPONDIENTES A 1992. Proposición de la Comisión Mixta. El señor MELERO (Vicepresidente).- En consecuencia, se procederá a votar, sin debate, la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto que permite convenios de pago de las patentes mineras y prorroga el pago de aquellas correspondientes a 1992-1993. -El informe de la Comisión Mixta está impreso en el boletín N° 850-8 y figura en el número 23 de los documentos de la Cuenta de esta sesión. El señor MELERO (Vicepresidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa; 77 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor MELERO (Vicepresidente).- Aprobada la proposición de la Comisión Mixta. AUTORIZACION A COMISION PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE CON LA SALA. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Dupré. El señor DUPRE.- Señor Presidente, por su intermedio, solicito el asentimiento de la Cámara para que la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pueda sesionar simultáneamente con la Sala mañana, de 10.00 a 11.00 porque, junto con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, escucharemos al Canciller señor Silva Cimma. Hay acuerdo entre ambos en este sentido. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, una consulta nada más. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SCHAULSOHN.- ¿Reglamentariamente procede pedir autorización de un día para otro? Deseo que el señor Secretario aclare el punto. El señor MELERO (Vicepresidente) .Por unanimidad se puede. Para citar a los señores Diputados se necesita adoptar el acuerdo con anticipación. El señor DUPRE.- Mañana empieza la sesión a las 10.30. El señor MELERO (Vicepresidente).- Como no hay oportunidad de lograr el asentimiento antes, tiene que adoptarse hoy. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. ADSCRIPCION DEL PERSONAL DE GENDARMERIA DE CHILE A LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE. Tercer trámite constitucional. El señor MELERO (Vicepresidente).- En conformidad con lo acordado por la Sala, a continuación, corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que adscribe al personal de Gendarmería de Chile a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, y hace imponibles sus remuneraciones. -Las modificaciones del Senado se encuentran impresas en el boletín Ne 559-07 y figuran en el número 10 de los documentos de la Cuenta de esta sesión. El señor MELERO (Vicepresidente).- Para su aprobación, las modificaciones requieren de quorum calificado. ¿Habría unanimidad para votarlas, sin discusión? Acordado. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 74 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones. El señor MELERO (Vicepresidente).- Aprobadas las modificaciones del Senado. Despachado el proyecto. -Aplausos. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, quiero solicitar que recabe una vez más el asentimiento de la Sala a fin de discutir y votar hoy el proyecto de leasing para la vivienda. No ha sido objeto de indicaciones y fue aprobado por unanimidad en las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano de Hacienda. Interesa mucho al Ejecutivo y a las personas que hoy postulan a casa. Les haríamos un favor bastante importante en la medida en que hoy lo remitiéramos al Senado. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, tal como lo solicité previamente, daría mi asentimiento para la discusión general del proyecto, siempre y cuando vuelva a la Comisión por una serie de observaciones que habría que introducirle. El señor MELERO (Vicepresidente).- Señor Diputado, no hay unanimidad para tratarlo en este momento. VI. PROYECTO DE ACUERDO. GESTIONES DIPLOMATICAS CONDUCENTES A CONVOCAR A LA COMISION BRYAN-SUAREZ MUJICA. El señor MELERO (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Corporación para conocer de un proyecto de acuerdo ingresado en la mañana, relativo a las uvas contaminadas con cianuro. Acordado. El señor Prosecretario le dará lectura. El señor ZUÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los señores Orpis, Pérez, don Víctor; Melero, Recondo, Masferrer, Ulloa, Leay, Bartolucci, Correa y Naranjo. "Considerandos: "l°.- Que un tribunal federal de los Estados Unidos de Norteamérica exoneró de toda responsabilidad a la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) por el daño causado a nuestro país en el caso de las uvas envenenadas con cianuro. "2°.- Que el Gobierno de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, y los particulares, han realizado todas las gestiones y esfuerzos necesarios para obtener una solución justa a este conflicto, tanto por las vías diplomáticas, administrativas y judiciales, sin obtener resultado alguno. "3°. Que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha optado por no hacerse parte en el proceso, alegando "inmunidad soberana", con lo cual se evidencia que nuestro país sólo tendrá por la vía judicial largas esperas y altos costos. "4°. Que esta Honorable Cámara de Diputados, a través de una comisión especial investigadora del caso de las uvas envenenadas con cianuro, concluyó en su oportunidad que el embargo fue unilateral e inconsulto; que la medida adoptada fue discriminatoria y desproporcionada; que la contaminación no ocurrió en Chile; que el procedimiento de la FDA presenta negligencias inexcusables; que no hay responsables comprobados en Chile que puedan vincularse con delito alguno relacionado con el caso, y que se reconoce el derecho a obtener una indemnización equitativa por estos hechos. "5°.- Que ha llegado el momento en que resulta jurídica y políticamente conveniente solicitar al Presidente de la República que otorgue protección gubernamental a las legítimas pretensiones de indemnización que los agricultores y el Estado chileno reclaman, recurriendo a los instrumentos de conciliación que ligan a Chile con los Estados Unidos de Norteamérica, como es el Tratado Bryan-Suárez Mujica, de 1916. "6°- Que la próxima administración que asuma el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ofrece una oportunidad favorable a la invocación del mencionado Tratado, por cuanto no ha tenido responsabilidad alguna en las resoluciones de las anteriores administraciones, especialmente en aquellas del FDA. "7°.- Que Su Excelencia el Presidente de la República ha manifestado públicamente su voluntad de "ejercer las acciones que correspondan" para la favorable resolución del caso de las uvas contaminadas con cianuro. "Por tanto, sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo: "La Honorable Cámara de Diputados solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que efectúe a la brevedad todas las gestiones diplomáticas conducentes a convocar a la Comisión Bryan-Suárez Mujica, establecida en el Tratado con los Estados Unidos de Norteamérica, de 1916, con la finalidad de obtener, luego de agotadas las instancias administrativas y judiciales, una indemnización equitativa por el grave daño causado a los agricultores y Estado chileno por las medidas adoptadas por la administración de ese país en el caso de las uvas contaminadas con cianuro.". El señor MELERO (Vicepresidente).- ofrezco la palabra a algún señor Diputado que sostenga el proyecto de acuerdo. El señor RECONDO.- Pido la palabra. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor RECONDO.- Señor Presidente, como se deduce de los considerandos, de la redacción del proyecto de acuerdo, y, además, de la extensa discusión a todo nivel, tanto el tema de las uvas envenenadas como los procedimientos que nuestro país ha seguido en tomo del caso son vastamente conocidas por la opinión pública. En su oportunidad, en la Cámara de Diputados se constituyó una Comisión Especial para investigar el caso de las uvas envenenadas. En el punto 4a de los considerandos están expresadas algunas de las conclusiones a las cuales llegó la Comisión. Hasta ahora, el Gobierno y el Estado de Chile han considerado prudente realizar todos los pasos por la vía judicial para conseguir un pronunciamiento de los tribunales norteamericanos con el objeto de lograr una indemnización, tanto para el Estado chileno como para aquellos agricultores que tuvieron serias pérdidas a raíz de este caso. Frente al reciente fallo de un tribunal federal de los Estados Unidos, que exonera de toda responsabilidad a la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA, de este hecho, y dadas las condiciones especiales en que Estados Unidos enfrenta un cambio de Gobierno, efectivamente se dan las circunstancias para explorar jurídica y políticamente también otra vía con el fin de obtener la indemnización tanto para el Estado chileno como para los agricultores de nuestra patria. Por ello, hemos propuesto que el Presidente de la República, por lo tanto, el Gobierno, realice las gestiones diplomáticas que conduzcan a convocar a la Comisión Bryan-Suárez Mujica, establecida en los tratados con los Estados Unidos de Norteamérica el año 1916, con la finalidad de obtener a la mayor brevedad esta indemnización tan necesaria. Estoy seguro de que nuestro país, por unanimidad, la considera extraordinariamente justa, en razón del público conocimiento que hoy existe sobre la arbitrariedad cometida en el caso de las uvas envenenadas. Por eso, solicito a la Honorable Cámara aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Pizarro. El señor PIZARRO (don Sergio).- Señor Presidente, también voy a votar a favor del proyecto de acuerdo, porque jurídicamente procede. Según el tratado Bryan-Suárez Mujica, agotadas las gestiones administrativas primero, y judiciales después, y habiendo daño económico para una de las partes contratantes, procede aplicar el tratado, formándose una Comisión y evaluándose efectivamente el daño por el cual la otra parte debe responder. Es el Gobierno el que ha de hacerlo. Al margen de lo dicho por el distinguido Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, deseo hacer una referencia al debate que hubo cuando discutimos el tratado vinculado al de Bryan, relacionado con el asesinato del ex Canciller Letelier y de la señora Mofitt. En esa oportunidad, al margen de las razones morales y políticas que muchos Diputados planteamos, dijimos claramente que votábamos también a favor de ese tratado, vinculado al de Bryan, porque era un precedente importante para que en el futuro, cuando las situaciones cambien y administraciones estadounidenses perjudiquen a chilenos -en este caso los exportadores-, pudiéramos aplicar el tratado, sobre la base de la vieja práctica de la reciprocidad. Espero que la nueva Administración de los Estados Unidos acepte la reciprocidad y la petición del Gobierno chileno de aplicar el tratado Bryan-Suárez Mujica. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputados que impugne el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para tomar conocimiento de otro proyecto de acuerdo, relativo a la situación de los grupos diferenciales de los profesores y establecimientos de esa área. Varios señores DIPUTADOS - No hay acuerdo. El señor MELERO (Vicepresidente).- No hay acuerdo. INCIDENTES ALCANCES SOBRE CONVOCATORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE SEGURIDAD NACIONAL. El señor MELERO (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer tumo corresponde al Comité del Partido Radical Social Demócrata. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, el miércoles 30 de diciembre recién pasado, fue convocado el Consejo Superior de Seguridad Nacional, a solicitud del Presidente subrogante de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y del Comandante en Jefe de la Armada, con el apoyo del Comandante en Jefe del Ejército. La solicitud se motivó en la acusación constitucional que varios Honorables colegas han presentado en contra de tres miembros de Corte Suprema y del Auditor General de Ejército, señor Femando Torres. Tal convocatoria me parece absolutamente improcedente desde el punto de vista jurídico-constitucional y al mismo tiempo, amerita una opinión conjunta a esta Honorable Cámara de Diputados. En el hecho, deberemos debatir si procede la acusación constitucional; pero presentarla es facultad privativa de los Diputados. El pretender intervenir a través de factores ajenos a la Cámara de Diputados para incidir en su resultado o en sus condiciones, me parece absolutamente improcedente. Por lo tanto, solicito a los Comités parlamentarios que estudien esta materia con el objeto de buscar una posición en cuanto a la convocatoria del Consejo Superior de Seguridad Nacional, la que vulnera las facultades privativas de la Honorable Cámara de Diputados, cuestión que no podemos dejar pasar. INFORMACION SOBRE LABOR DESARROLLADA EN COMUNAS DE MACUL, SAN JOAQUIN Y LA GRANJA. (Región Metropolitana). Oficios. El señor PALMA (don Andrés).- El segundo punto de mi intervención tiene que ver con el trabajo realizado en 1992 con las organizaciones comunitarias y diversas entidades del distrito que represento en esta Corporación. Dicho trabajo fue muy intenso, y la nómina de organizaciones con las que hemos logrado desarrollar y efectuar algunos proyectos de bien comunitario es bastante extensa. Por eso, solicito que se oficie a diversas entidades del Gobierno, agradeciendo el apoyo que prestaron para su materialización. En primer lugar, al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y por su intermedio, al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, por la labor desarrollada para instalar y equipar en buses dados de baja, bibliotecas en las juntas de vecinos "Población Yungay," "Villa La Serena" y "Villa Serrano," en la comuna de La Granja; en las juntas de vecinos "Germán Riesco," "Villa O'Higgins" y "Joaquín Edwards Bello Norte," en la comuna de San Joaquín; y en las juntas de vecinos "Santiago," "Jaime Eyzaguirre," "Los Conquistarores" y "Chacarilla," en la comuna de Macul. Al mismo tiempo, queremos agradecer a esa misma Secretaría de Estado la iniciación, a través del Fondo de Equipamiento Comunitario, de la construcción de sedes sociales en las juntas vecinales N°s 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la comuna de La Granja, y en la comuna de San Joaquín en las juntas de vecinos "Villa O'Higgins," "Palena Huasco," "Salomón Sumar"; la ampliación de la sede "Libertad y Trabajo," la reparación de la sede B "Germán Riesco" y la ampliación de la sede de la junta de vecinos San Miguel. En segundo lugar, agradecer al gobierno metropolitano por los proyectos aprobados y ejecutados en el distrito, vinculados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que significaron la reparación y habilitación del Liceo 104, la ampliación de la capacidad de la Escuela E-514, la pavimentación de los pasajes 11, 13 y 15 poniente, la ampliación de la sede social de la Villa Esmeralda, la construcción de la sala de máquinas de la Primera Compañía de Bomberos de La Granja, la construcción de las terminaciones del ala oriente y la ampliación del consultorio de La Granja, el equipamiento de diversos consultorios de esa comuna, la ampliación de la sede comunitaria de la unidad vecinal Ne 4 y la construcción de la sede social de la junta de vecinos de la Villa Poeta Neruda, en la misma comuna; en la comuna de Macul, la reparación y construcción de los servicios sanitarios de las Escuelas 176, 209 y 189 y la ampliación y mejoramiento del Liceo Politécnico A-55, el término de la construcción del consultorio "General Urbano" de Macul, la ampliación de la sede comunitaria de la unidad vecinal NQ 13 y la pavimentación de diversos pasajes en la población San Juan de Macul. Por otra parte, en la comuna de San Joaquín, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional ha permitido el mejoramiento del Liceo B-95 y de la Escuela 492 de La Legua, la habilitación del consultorio "Nueva la Legua", la iluminación de la avenida Lo Ovalle, la construcción del cierre perimetral de la Villa Venezuela, el equipamiento médico del consultorio "Sor Teresa de Los Andes", el equipamiento del centro de salud de apoyo al consultorio "San Joaquín" y la construcción y pavimentación de calles en la población "Nueva Sierra Bella". Por ello, solicito que esto se incluya en los oficios de agradecimientos. En tercer lugar, al gobierno metropolitano y al Ministerio de la Vivienda, por la pavimentación del eje "Sofía Eastman Tacora", en las unidades vecinales N°s 7 y 8 en La Granja; la pavimentación de los pasajes 13, 14 y 15 poniente en San Gregorio; la pavimentación de la calle Nueva Venecia en la unidad vecinal N2 2; la construcción de las sedes sociales de la unidad vecinal "Villa Azul" y de la "Villa El Pilar", en la comuna de La Granja; la pavimentación de la calle Las Dalias, en la misma comuna, de los pasajes 1, 2, 3, y 4 poniente y 1 y 2 sur, en la población San Gregorio; el mejoramiento de la plaza de la unidad vecinal NQ 12, en la comuna de San Joaquín, y la construcción de paneles de información en la unidad vecinal N°s 13, en la comuna de Macul, todo lo cual ha sido posible gracias a la acción mancomunada del gobierno, el parlamentario y los dirigentes vecinales. De igual manera, quiero dar a conocer la gratitud de numerosos niños y jóvenes por el trabajo que desarrolla la Compañía de Jesús en las comunas de San Joaquín y La Granja, que ha permitido establecer, en conjunto con las juntas de vecinos, seis bibliotecas de atención a los niños y escolares de estas comunas, las que hoy funcionan en la Villa Azul, en el sector C de la población San Gregorio, en la villa Lo Ovalle, en la población Yungay, en la villa "Naltahua" y en la población Palena-Huasco, de las comunas de La Granja y de San Joaquín. Asimismo, señor Presidente, pido que se envíen oficios de felicitación a las siguientes organizaciones comunitarias que han implementado proyectos de mejoramiento en sus sectores: -a la junta de vecinos N2 13, de la villa "El Salitre", de la comuna de Macul, por haber implementado un parque de juegos infantiles. -a la junta de vecinos N° 5, de la villa "Jaime Eyzaguirre," de la comuna de Macul, por haber construido una multicancha. -a la junta de vecinos N° 3, "Nueva Santa Julia," por haber implementado un sistema de amplificación con el objeto de mejorar las comunicaciones en el sector. -a la junta de vecinos N° 5, de la comuna de San Joaquín, por haber reparado la sede comunitaria. -al club deportivo "La Castrina", en la comuna de San Joaquín, por haber reparado su sede social. -a la junta de vecinos N° 13, en Las Industrias, de la comuna de San Joaquín, por haber reparado también la sede social. -a la junta de vecinos N° 7, de la población "Francisco Encina", de la comuna de San Joaquín, por haber construido y reparado camarines y multicancha. -a la junta de vecinos N° 3, de la cooperativa San Miguel, por el mejoramiento y reparación de la sede comunitaria. -al club deportivo Real-Brasilia, por haber construido una reja en un pasaje de su población, y -al club de rayuela "Aníbal Pinto", por la iluminación de dos canchas de rayuela. -a la Villa "Lo Ovalle", de la unidad vecinal NQ 16, en la comuna de La Granja, por construir la caseta telefónica y estar prestando un servicio al sector. -al taller laboral "Amistad y Esperanza", por la construcción de la sede comunitaria. Igualmente, a la junta de vecinos de la villa "Santa Eduvigis", a la junta de vecinos del sector D, de la población San Gregorio, al centro de madres "Las Chinitas", a la junta de vecinos N° 7, de Villa "El Pilar", a la junta de vecinos N° 8, Villa "Poeta Neruda", al club Deportivo Unión Santana, a la junta de vecinos Villa "La Serena" N° 18, al club deportivo Santa Rosa y a la Junta de Vecinos "Villa Azul". Esto es sólo parte del trabajo que implementaron las organizaciones comunitarias de las comunas de San Joaquín, Macul y La Granja, antes de la asunción de las autoridades comunales democráticas. En esta oportunidad, solicito de manera excepcional, finalizado 1992, que se envíen estas felicitaciones y agradecimientos, debido a que con la elección de autoridades democráticas en los municipios este tipo de tareas u operaciones de apoyo al trabajo de las organizaciones comunitarias, que hasta ahora correspondía a los parlamentarios competerá ahora a los alcaldes y concejales. Sin embargo, es bueno que se aprecie, se conozca y se reconozca, por parte de esta Honorable Corporación, el trabajo que las organizaciones comunitarias han venido desarrollando para mejorar su vida y para ampliar la democratización del país. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviarán a los señores Ministros los oficios por usted solicitados, pero no corresponde que la Cámara oficie al resto de las organizaciones. Es prerrogativa suya hacerlo. Su Señoría puede transcribir su enjundiosa intervención de agradecimientos, pero no corresponde que lo haga la Corporación. El señor PALMA (don Andrés).- Muy bien, señor Presidente; transcribiré mi intervención y la suya reciente. El señor MELERO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Diputado. CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA. (Oficios) El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Velasco. El señor VELASCO.- Señor Presidente, con motivo del triste deceso del señor Presidente de la Corte Suprema, don Enrique Correa Labra, solicito que en mi nombre, y en el de la bancada demócrata- cristiana, se envíen oficios de condolencias a su distinguida familia y al señor Presidente subrogante de ese Alto Tribunal. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. MAYORES PREVENCIONES PARA ACCIDENTES POR INMERSION. Oficios El señor VELASCO.- Señor Presidente, es de su conocimiento, y la prensa así lo ha dado a conocer que durante estos últimos 10 días han aumentado en más de 150 por ciento las víctimas por inmersión. 34 personas se han ahogado en playas, ríos y lagos del territorio nacional, en su mayoría estudiantes de tercero y cuarto medios de distintas delegaciones que realizan paseos con motivo del término del año de estudios. Pido, señor Presidente, que se envíe oficio al señor Ministro de Defensa Nacional para que solicite a la Armada de Chile una mayor y más completa vigilancia que la que realiza en la actualidad. También solicito que se dirija oficio al señor Ministro del Interior en el sentido de que Carabineros de Chile realice una mejor y mayor vigilancia en las playas, puesto que muchos jóvenes imprudentes se accidentan en ellas, causando un dolor muy grande a sus familias. Pido asimismo que se remita oficio al señor Ministro de Defensa a fin de que la Digeder extienda su programa de enseñanza de la natación, el cual es muy importante en un país que tiene más de 4.200 kilómetros de costa. Es indispensable que nuestra juventud tenga el conocimiento necesario en esta disciplina deportiva especialmente, puesto que -reitero- a diario vemos a través de la prensa, de la radio y de la televisión, cómo se producen estos accidentes que causan profundo dolor a las familias afectadas y enormes pérdidas de vidas al país. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. El señor PALESTRO.- Y en mi nombre también, señor Presidente. El señor MELERO (Vicepresidente).- También en nombre del Diputado señor Palestro. INSTALACION DE CUARTEL DE POLICIA DE INVESTIGACIONES EN COMUNA DE LLAY-LLAY. (Quinta Región). Oficios. El señor MELERO (Vicepresidente).- En el tumo de la Democracia Cristiana tiene la palabra el Diputado señor Sergio Jara. El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, en la comuna de Llay-Llay, provincia de San Felipe, Quinta Región, los robos y otros atentados a las personas motivan la preocupación de la comunidad y del señor alcalde. Solicito, por su intermedio, que se oficie a los Ministros de Defensa Nacional y del Interior para que se ordenen las diligencias que correpondan con el objeto de que se instale un cuartel de la Policía de Investigaciones en la comuna de Llay-Llay, para cuya materialización la Municipalidad está dispuesta a colaborar con la respectiva infraestructura. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. ALCANCE A PROYECTO DE ACUERDO APROBADO EN RELACION CON LA CONVÓCATORIA DE LA COMISION BRYAN-SUAREZ MUJICA. El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, me referiré al proyecto de acuerdo aprobado en esta sesión relativo a las uvas envenenadas y a la aplicación del Tratado Bryan-Suárez Mujica. A estas alturas, el sector privado ha gastado más de dos millones de dólares por concepto de costas judiciales, en todas las gestiones realizadas ante los tribunales norteamericanos. En los acuerdos sobre derecho internacional se dice que al agotarse las instancias judiciales internas procede recurrir a las instancias diplomáticas. Creemos que por el costo que ha significado al sector privado y al Estado el recurrir a la justicia norteamericana, es bueno hacer procedente esta solución de carácter internacional. Alrededor de 150 millones de dólares corresponden al patrimonio estatal, puesto que son producto de las gestiones que se hicieron en su oportunidad, a través de los Capítulos XVIII y XIX, para indemnizar a los agricultores por el supuesto cianuro encontrado en los dos granos de uvas. La indemnización debe ser amplia, no solamente en dinero, sino también en facilidades de carácter comercial en un mercado abierto. Asimismo, debe considerarse la tecnología, porque en el sector frutícola hay áreas muy importantes que dependen, por ejemplo, del bromuro de metilo. Hay otras actividades que hay que sanear en el Valle de Aconcagua, en relación con el río, y que requieren de asesoría técnica internacional. En consecuencia, señor Presidente, nos parece que hay que tener la mentalidad muy abierta en la búsqueda de compensaciones racionales que permitan al sector privado y a los trabajadores frutícolas contar con mejores posibilidades en el desarrollo de sus quehaceres en las próximas temporadas. Apoyamos el proyecto de acuerdo recientemente votado y señalamos las variables a que he hecho referencia. He dicho. TITULOS DE DOMINIO PARA COMUNIDADES INDIGENAS DE LA DECIMA REGION. Oficios. El señor MELERO (Vicepresidente).- En el tumo del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Caminondo. El señor CAMINONDO. Señor Presidente, las comunidades indígenas han sido permanentemente postergadas en nuestra sociedad y, además, han perdido, con el transcurso de los años, la mayor parte de sus tradiciones y las tierras heredadas de sus antepasados. Es nuestro deber otorgarles las facilidades necesarias para lograr su plena integración con el resto de los habitantes del país, sin que ello implique desconocer sus orígenes, tradiciones y características particulares. Una de las bases fundamentales que permitirán un adecuado proceso de integración deriva del reconocimiento de la propiedad de los predios que ocupan y que en muchos casos se retarda por problemas netamente administrativos. En este sentido, deseo expresar la preocupación que existe entre los representantes de las comunidades Cachim y Fudihuincul que habitan en la comuna de Panguipulli, provincia de Valdivia, Región de Los Lagos. Desde hace bastante tiempo sus representantes realizan las gestiones necesarias ante los Ministerios de Agricultura y de Bienes Nacionales a fin de obtener, en el corto plazo, la entrega de los títulos de dominio de los referidos predios. Se les manifestó a estas comunidades que los mencionados inmuebles no constituyen una reserva indígena en los términos señalados en la ley N° 17.729, modificada por el decreto ley 2.568 de 1979, motivo por el cual para su saneamiento, Indap, a través del Dasin, se encontraba regularizándolos mediante un procedimiento especial, similar al de la ocupación de una comunidad indígena. A pesar de que el año pasado se les informó que se encontraba finalizado el proyecto de división y plano de hijuelación del predio Fudihuincul, los cuales serían sometidos a la consideración del juzgado de letras de Panguipulli en el más breve plazo, aún no han logrado una solución definitiva a sus aspiraciones. En relación con el predio denominado Cachim se les expresó que se encontraba pendiente el estudio de cuatro inscripciones de dominio y sus respectivas transferencias en los conservadores de Valdivia y de Panguipulli. Asimismo, se les prometió una agilización de los trámites respectivos, situación que hasta el momento tampoco se ha cumplido. Es fácil comprender la angustia de estas comunidades indígenas frente al retardo de una adecuada solución que les permita contar con los títulos de dominio que reconozcan su calidad de propietarios de los predios antes mencionados. Muchos de ellos temen que en definitiva se vean privados de sus tierras, como ha ocurrido en varias oportunidades a lo largo de los años. Por las razones expuestas, solicito que se oficie a los Ministerios de Agricultura y de Bienes Nacionales, a fin de que se proceda a agilizar los trámites necesarios para que estas comunidades indígenas puedan recibir los títulos de dominio de los predios Cachim y Fudihuincul, ubicados en la comuna de Panguipulli, y se indiquen las razones por las cuales no ha sido posible hasta el momento regularizar la propiedad de estos inmuebles. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por el señor Diputado. PETICION DE INFORMACIONES SOBRE IMPORTACION DE CARNE. Oficios. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Hugo Alamos. El señor ALAMOS.- Señor Presidente, en los últimos años, especialmente durante el recién pasado, se han estado importando distintos tipos de carne de países vecinos. Hasta el año pasado había autorización para importar desde Paraguay mil toneladas de carne anual. Hoy en la mañana he sido informado que para este año se habría decretado la autorización para importar dos mil toneladas de carne desde Paraguay, aplicándosele el arancel de 2.75 por ciento en lugar de 11 por ciento. O sea, esta carne importada representará una competencia desleal con el producto nacional. Popularmente, este tipo de carne se denomina "carnaza" y compite especialmente, con la del animal de segunda calidad, que produce el pequeño propietario o el campesino más modesto. Son vacas de desecho o animales de inferior calidad. De modo que, solicito que se dirija oficio a los señores Ministros de Agricultura y de Hacienda, a fin de que informen, a la brevedad posible, sobre las razones por las cuales se ha autorizado esta importación de carne desde Paraguay en condiciones tan ventajosas, que naturalmente actúan contra el productor chileno. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, en su nombre y en el de los Diputados señores Caminondo, Ribera y José García, que así lo han hecho presente. PAVIMENTACION DEL CAMINO DE BULNES A LOS CANELOS. (Octava Región). Oficio. El señor ALAMOS.- Señor Presidente, a continuación quiero expresar que la pavimentación del camino de Bulnes a Los Canelos, que estaba comprometida para este año, no fue incluida en los planes respectivos. Según se informa, habría habido algunas aprensiones del Ministerio y habría sido rechazada por autoridades del Gobierno, porque el tránsito de ese camino no justificaba la pavimentación. Eso no es así. Las informaciones que tiene el propio Ministerio de Obras Públicas indican que debe ser pavimentado. Por lo tanto, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que nos informe por qué la pavimentación del camino de Bulnes a Los Canelos, vía Tres Esquinas, ha sido excluido de los planes de este año. El señor MELERO (Vicepresidente) .Se enviará el oficio solicitado. PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN VILLA ILLINOIS, DE LAS COMUNAS DE SAN CARLOS Y SAN NICOLAS. (Octava Región). Oficio. El señor ALAMOS.- Por último, quiero señalar que en el punto donde confluyen las comunas de San Carlos y San Nicolás, al llegar al puente Ñuble, está la Villa Illinois, que ha crecido ostensiblemente, junto a la cual se han creado otras poblaciones: Ismael Martín, "San Nicolás", etcétera. El distrito 42, al cual represento, es el sector que tiene los peores problemas de alcantarillado y agua potable. Por esa razón, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que nos informe sobre qué medidas ha adoptado ese Ministerio para solucionar este gravísimo problema de contaminación que afecta a la Villa Illinois. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría. INFORMACION SOBRE RECURSOS PARA EL PAGO DE ASIGNACION DE ZONA A PROFESORES. Oficios. El señor MELERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. Hago presente a Su Señoría que restan 9 minutos al Comité de Renovación Nacional. El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, deseo referirme a la asignación de zona que debe pagarse a los profesores del país, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto Docente, ley N° 19.070. En el inciso sexto del artículo 5°, transitorio, a la letra se señala lo siguiente: "En las localidades donde la subvención estatal a la educación se incremente por concepto de zona conforme a lo establecido en el artículo 10° del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1989, la remuneración básica mínima nacional se complementará con una cantidad adicional, que se pagará con cargo a dicho incremento y en un porcentaje equivalente al de este mismo." Esto significa que la remuneración básica mínima nacional en aquellas localidades donde se paga asignación de zona ha de reajustarse en el mismo porcentaje en que se incremente la subvención. El inciso noveno del mismo artículo dispone que para incrementar en el porcentaje de zona la remuneración básica mínima nacional, "los sostenedores ajustarán las remuneraciones determinadas en el inciso sexto en un plazo que: vencerá el 31 de diciembre de 1993." En consecuencia, al finalizar este año, los profesores del país tendrán que recibir su respectiva asignación de zona. Sin embargo, cabe hacer presente que la aplicación de las normas señaladas, referidas a la asignación de zona, implicarán un aumento notable de las rentas brutas. Por ejemplo, según la antigüedad y la existencia de otras asignaciones, el aumento de la renta bruta fluctuará entre un 40 y un 60 por ciento en aquellas zonas geográficas que tienen asignación de zona ascendente a un 105 por ciento, como es el caso de Aisén y Coihaique. No obstante lo prescrito por la ley, estos incrementos podrían no ser efectivos, por varias razones. En primer lugar, porque el Estatuto Docente en el inciso octavo de su artículo 5e transitorio, indica que la aplicación de los incisos sexto y séptimo "en ningún caso significará mayor gasto para el sostenedor por sobre la cantidad global que le corresponde percibir por concepto de incremento de la subvención estatal por zona,...". Luego, el mismo artículo 52 transitorio preceptúa, en el referido inciso, que los mayores gastos derivados del pago de la asignación de zona, "en ningún caso dará derecho a imputar dicho pago a la subvención complementaria transitoria...,". En segundo lugar, los incrementos podrán no ser efectivos porque los municipios no están en condiciones de financiar con recursos propios el mayor gasto que se genere, puesto que, en la actualidad, ya enfrentan una situación deficitaria que les compromete un porcentaje considerable de sus disponibilidades. Por lo expuesto, es probable que los profesores no reciban la asignación de zona y de esta forma, las normas que la consagran, contempladas en el. Estatuto docente, se transformen en letra muerta. En razón de lo anterior, solicito que se oficie a los Ministros de Educación y de Hacienda, para que informen sobre la forma en que abordarán el mayor gasto que significará a las municipalidades el cumplimiento del pago de la asignación de zona dispuesta por la ley N° 19.070. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma indicada, en su nombre y en el de los Diputados señor Horvath y señora Prochelle, que también lo han solicitado. REPARACION DE CAMINOS EN COMUNA DE CARAHUE. (Novena Región). Oficio. El señor MELERO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Ribera. El señor RIBERA.- Señor Presidente, en la comuna de Carahue y casi en el límite con la provincia de Malleco, existe un sector campesino denominado "La Cabaña", muy distante de Nueva Imperial y Carahue, -los centros poblados más cercanos- y realmente alejado de las vías de comunicación, lo que dificulta mucho su conexión con tales localidades. Hace algunas semanas, se constituyó en dicho lugar un comité de vigilancia y de saneamiento de terrenos para lograr el título de dominio definitivo a través del Ministerio de Bienes Nacionales. En esa oportunidad, específicamente el 7 de noviembre, se reunieron alrededor de 80 personas. El presidente, de dicho Comité es don Oscar Lino Pino, y su secretario, don Amoldo Jiménez Peña. Ellos desean, además, que el Ministerio de Obras Públicas asuma el compromiso de reparar y, en definitiva, de mejorar el camino que comienza en el sector Chacamo hasta La Cabaña, de una extensión aproximada de doce kilómetros. Por otro lado, también en Carahue, distante a 10 kilómetros de La Cabaña, se ubica otro sector campesino, denominado Chanquín Bajo, cuyos caminos también están en muy mal estado. Sus dirigentes comunitarios, -don Osvaldo Saravia y don Osvaldo Montecinos-, me han pedido que solicite a esta Honorable Cámara que se envíe el oficio respectivo para que el Ministerio de Obras Públicas considere estos caminos entre aquellos que deben ser reparados en el curso de 1993, concretamente durante este verano. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados. IMPLEMENTACION DE UNIDAD EN EL ARCHIVO NACIONAL Y EN EL MUSEO HISTORICO NACIONAL. Oficios. El señor MELERO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente, he tomado conocimiento de que don Augusto Grosse Ickler, quien fuera explorador eximio y funcionario distinguido por más de 30 años en la zona austral de nuestro país, se ha acogido a jubilación. Don Augusto Grosse, en su extensa labor como explorador, investigador y también como divulgador de las características y ventajas de la zona austral del país, recopiló y reunió gran cantidad de material fotográfico, películas, documentos y una serie de elementos que utilizó en sus publicaciones, en sus exploraciones y en su labor de divulgación. Por este motivo, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas, en el cual desarrolló la mayor e importante labor de su vida, y también al señor Ministro de Educación, para que se estudie la implementación de una unidad especial en el Archivo Nacional y en el Museo Histórico Nacional, sobre la base de los elementos acopiados y de la obra realizada por este notable funcionario público, don Augusto Grosse, al servicio de la región austral y de nuestro país. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se procederá en la forma solicitada por Su Señoría. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. INVESTIGACION SOBRE DENUNCIA DEL COMITE DE EXONERADOS POLITICOS DE CODELCO-CHILE, DIVISION CHUQUICAMATA. Oficios. El señor MELERO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el señor Palestro. El señor PALESTRO.- Señor Presidente, he recibido una comunicación sobre un hecho de mucha gravedad que no puede silenciarse ni mucho menos dejar de darse a conocer a la opinión pública y, sobre todo, a las autoridades ministeriales y a la Contraloría General de la República, documento que viene firmado por los responsables -todos trabajadores serios- que también lo han entregado al Presidente de la Cámara. Sin hacer acusaciones, solicitan la correspondiente investigación sobre lo que denuncian. Se trata del Comité de Exonerados Políticos de Codelco-Chile, División Chuquicamata, Provincia El Loa, de Calama. El documento, en la parte pertinente, señala: "Don Mario, el ya mencionado Comité molesta su atención, para comunicarle que en el día de hoy, se entregó en la Cámara de Diputados, por intermedio de su Presidente señor José Viera-Gallo, una solicitud (cuya copia adjuntamos) de que esa Cámara investigue irregularidades de Codelco-Chile, en la cual esa empresa solucionó en parte una cooperación de algunos exonerados, nuestras denuncias se concretan en que de acuerdo a lo investigado por este Comité se habrían cometido discriminación, inmoralidad y posiblemente corrupción, que pasamos de inmediato a explicar a Ud. "1.- Con fecha 4 de abril de 1990, se firma una declaración de principios, entre el Ministerio de Minería, Presidencia Ejecutiva de Codelco-Chile, Confederación de Trabajadores del Cobre y representante de los exonerados, en esa declaración Codelco-Chile, contrae el compromiso de contratar a todos los trabajadores que fueron despedidos entre los años 1973 y 1989, por motivos estrictamente políticos. "2.- Con fecha, 8 de marzo de 1991 (un año después) maliciosamente, sin que este Comité tuviera participación alguna se firma un acuerdo, donde no se respeta la declaración ya mencionada, este acuerdo lo firman en representación de los exonerados algunos dirigentes sindicales, sin autorización de este Comité (sin autorización de la asamblea sindical, a la cual ellos pertenecen y en contra de los estatutos sindicales ya que los mencionados estatutos le prohíben a los dirigentes sindicales inmiscuirse en asuntos que no sean propios de su sindicato) este acuerdo es discriminatorio y se encuentra fuera de toda norma legal y atropella la declaración de principios. "3.- Este acuerdo desde su comienzo establece la asistencia de este Comité, como así al final se confirma que este Comité es concurrente a la firma, lo cual no es veraz. "Este documento se vicia con tal afirmación ya que no figura ningún dirigente de este Comité firmando dicho documento. "4.- Este acuerdo establece en su punto primero que se pagará a los trabajadores una colaboración económica de $ 1.500.000 por trabajador, sin embargo esta empresa canceló a algunos privilegiados sumas millonadas que fluctúan entre los $ 20.000.000 y $ 80.000.000, esta información la recibió nuestro representante del señor Jaime Piña de Recursos Humanos de Codelco-Chile, como también se lo comunicó el Senador de la República señor Humberto Palza, según le informaron a él. "5.- Los requisitos que estableció Co-delco-Chile para recibir estos beneficios, el principal era, "Tener un año de antigüedad en la empresa", sin embargo se favoreció a muchos ex trabajadores sin esa antigüedad, como lo prueban documentos adjuntos (listado de los favorecidos). "6.- Otro de los requisitos exigidos por la empresa era que el contrato de trabajo hubiere concluido por despido, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 30 de junio de 1974, cuya responsabilidad no fuera imputable al trabajador, sin embargo se favoreció a muchos trabajadores que renunciaron voluntariamente, otros por fallas, otros irresponsables, etcétera, (lo prueban documentos adjuntos). "7.- El acuerdo se firmó con fecha 8 de marzo de 1991, sin embargo con fecha 1Q de marzo de 1991, ya estaba todo solucionado, (según finiquito de pago de beneficio). "Estimado compañero, nuestras aspiraciones, son que Codelco-Chile, entregue a esa Cámara la información del total de los dineros que dispuso para solucionar el problema de los exonerados, como también el listado de los favorecidos con la cooperación y el monto de dinero recibido por cada trabajador, porque existen muchas dudas de quiénes fueron los favorecidos, hay antecedentes que se favoreció a personas que jamás trabajaron en Codelco. "Pensamos que en la investigación solicitada se aclararán todas las irregularidades cometidas por la empresa y confirmen que los trabajadores de este comité tendrán los beneficios que de "derecho" nos corresponde. "Esperando que la presente tenga la acogida que se merece y esperando una favorable respuesta, saluda atentamente a usted". (Fdo.): Carlos Betancourt Estay, Representante; Enrique A. Cuéllar Tejeiro, Secretario: Manuel Lanas Lanas, Director." Señor Presidente, por la gravedad de los cargos y por valer la pena investigarlos, solicito que estos antecedentes se envíen al Ministro de Minería, en razón de estas inquietudes de un grupo importante de trabajadores de Chuquicamata que piden nuestra participación. Es nuestra obligación hacer llegar estas denuncias a quien corresponda. Solicito además que se oficie a la Contraloría General para que realice una investigación exhaustiva. Todos los antecedentes se encuentran en poder del presidente de la Cámara y de algunos señores Diputados, a quienes se les entregó una carpeta completa con documentos que acreditan la seriedad y responsabilidad con que se hace esta denuncia a la Corporación, de la que me hago cargo. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio al señor Ministro de Minería, y los antecedentes, a la Contraloría General de la República. El turno siguiente corresponde al Comité Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. PETICION DE ANTECEDENTES SOBRE MONTO DE PENSION DE JUBILACION DE PROFESORA DE ARICA. Oficios. El señor MELERO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, muchas veces leemos en la prensa noticias que realmente impactan. En los días de Navidad hubo una noticia que conmocionó al país, frente a la cual, como Cámara, no podemos permanecer indiferentes. Me refiero al fallecimiento de la profesora María Paredes Breems, ocurrido el 25 de diciembre recién pasado en la ciudad de Arica, especialmente por las circunstancias que rodearon su deceso. La maestra Paredes adoptó la lamentable y trágica decisión de suicidarse por un conjunto de problemas que la afectaban. Uno de ellos consistió en la larga y tediosa tramitación de que fue objeto para obtener su pensión de invalidez, como quiera que se prolongó por más de dos años. Sin duda, los factores determinantes para adoptar esta decisión límite, fueron la impotencia frente al magro resultado obtenido -43 mil pesos mensuales por 33 años de trabajo- y la tramitación que sufrió durante dos años en que tuvo que realizar trámites, presentar papeles y soportar esperas y vejámenes. La maestra Paredes es una víctima de la burocracia que ha salido a la luz pública por la impactante forma en que terminó su vida. Sin embargo, miles de chilenos anónimos, diariamente, son víctimas inocentes del agobio que representa la burocracia, reflejada en colas interminables, papeleos inútiles, largas esperas, ocasionando desde pérdidas de empleo, de oportunidades, de tiempo y frustración de proyectos, hasta la privación de los medios de subsistencia, como ocurrió a dicha maestra. Este suceso debe suscitar una profunda reflexión, especialmente en quienes ejercemos la actividad pública. La burocracia, por sobre todo, menoscaba la dignidad de las personas, pudiendo afectar seriamente su integridad física y psíquica, más aún cuando actúa bajo el amparo de la legalidad, dejando a sus víctimas impotentes ante tales injusticias. Precisamente porque he conocido muchos casos de personas que, sin llegar al suicidio, han sufrido los efectos de la burocracia, realicé en primer lugar, un estudio para detectar la magnitud del problema. Luego, hice la denuncia pública; entregué los resultados al Gobierno, y, dentro de mis facultades, me he abocado a estudiar distintas iniciativas de ley para eliminar la burocracia en nuestro país, colocando plazos a los diferentes trámites y sancionando su incumplimiento. El caso de la maestra Paredes y las circunstancias que rodearon su muerte, no pueden sernos indiferentes. Por lo tanto, pido que se oficie a la Superintendencia de Seguridad Social, para que investigue la legalidad con que se otorgaron las licencias por parte de la Ilustre Municipalidad de Arica. También, solicito que se oficie al alcalde de esa Municipalidad, por intermedio del Ministro del Interior, para que consigne, con detención, todas las circunstancias del fallecimiento y los detalles de la tramitación de la pensión de invalidez. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría. También se adhieren a la petición de estos oficios los Diputados señores Valcarce, Horvath y Masferrer. EXONERACIONES DE PERSONAL DE SECTOR SALUD EN MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON. (Región Metropolitana). Oficio. El señor ORPIS.- Señor Presidente, ayer tomé conocimiento de que en el sector salud de la Ilustre Municipalidad de San Ramón se están produciendo exoneraciones masivas. Existirían distintas listas de funcionarios a cuyos contratos de trabajo se les está poniendo término sin razones justificadas. Por su intermedio y a través del Ministerio del Interior, pido que se oficie al señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Ramón para que envíe copia de la nómina de todas las personas afectadas. Fundamento mis observaciones en que esas medidas se contradicen con el estatuto del personal de los funcionarios de salud, el cual les otorga mayor estabilidad en sus cargos, iniciativa que se encuentra en tramitación en el Parlamento. En segundo lugar, estimo igualmente contradictorio que el Gobierno, habiendo enviado una proposición de ley en materia de exoneraciones políticas, en la práctica también las esté efectuando con el mismo carácter, porque las que se están realizando en esa ilustre municipalidad no tienen otros fundamentos. He dicho. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría. SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE CONTACTOS ECONOMICOS Y CULTURALES CON ISLAS FAULKLAND O MALVINAS Y APOYO DEL GOBIERNO DE CHILE A PRETENSIONES DE SOBERANIA SOBRE ELLAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Oficios. El señor MELERO (Vicepresidente) .En el tiempo que resta a la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente, deseo solicitar antecedentes acerca de las relaciones sociales, culturales y económicas que tiene Chile con las Islas Faulkland o Malvinas, en su perspectiva histórica y también en su potencial de futuro. Del mismo modo, sería interesante conocer antecedentes sobre los chilenos radicados o que trabajen temporalmente en esas islas y que se estudie la posibilidad de nombrar un cónsul de nuestro país en ellas. Por otra parte, tiempo atrás, extrañado por una declaración -a mi juicio, por los antecedentes que tenía, gratuita-, de respaldo a nuestro vecino país con respecto a sus intenciones de soberanía en las Islas Faulkland, solicité todos los antecedentes que llevaron al Gobierno a suscribir ese apoyo, el cual, por extenderse a las Islas Giorgias y las Islas Sandwich, podría significar una posición difícil para nuestras legales intenciones de soberanía en la Antártida. Con estos datos, solicito, vía oficio, a los señores Ministros de Relaciones Exteriores, Secretario General de Gobierno y Secretario General de la Presidencia los antecedentes relativos a ambas situaciones. Gracias. El señor MELERO (Vicepresidente).- Se procederá en la forma solicitada por Su Señoría. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haber cumplido su objeto, se levanta la sesión. - Se levantó a las 14.09 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.