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- rdf:value = " CONSECUENCIAS DE CONSTRUCCION DE CENTRAL HIDROELECTRICA PANGUE.
El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-
En el tumo del Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado don Octavio Jara.
El señor JARA (don Octavio).-
Señor Presidente, hago presente que ocuparé el tiempo del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y siete u ocho minutos cedidos por el Comité de la Democracia Cristiana.
La Empresa Eléctrica Pangue S.A. está construyendo la central hidroeléctrica Pangue, en la zona del Alto Biobío, específicamente en el área que corresponde a las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, provincia de Biobío, Octava Región.
El Alto Biobío, donde nace y escurre el río Biobío, que es el principal recurso hídrico de la Octava Región y el segundo del país, y que abastece de agua a la mayor parte de la población e industria de la región, constituye una unidad básica natural y cultural, y, por ende, tiene un valor incalculable para el país y particularmente para la Octava Región.
Desde un punto de vista ecológico, es un ecosistema, es decir, una unidad integral fundada en una rica diversidad biológica y vegetal, al decir de algunos, única en el país y en el mundo.
Pero, además, es la tierra ancestral del pueblo mapuche pehuenche. Se estima que son más de 5.000 los indígenas que viven en comunidades en siete reducciones: Callaqui, Pitril, Cañicu, Malla Malla, Trapa Trapa, Quepuca Raleo y Raleo Lepoy. Constituyen la población mayoritaria del área, en la que habitan también colonos pobres.
La actividad económica en el sector es mínima, y está referida fundamentalmente a la ganadería menor y a una agricultura de subsistencia para el autoconsumo y de explotación rústica y de extracción manual de recursos forestales. El comercio es de ínfima expresión y la actividad industrial es primaria, con escasa y obsoleta tecnología, reducida a procesos elementales y en pequeña escala.
En esta zona se dan los mayores índices de pobreza que existen en el país: más del 90 por ciento de su población se encuentra en esta situación.
Este contexto ecológico, cultural, social y económico será significativamente alterado con la construcción de la central.
El proyecto Pangue fue autorizado, en cuanto a generador de energía eléctrica, tanto por el gobierno anterior como por el actual.
En nuestra legislación vigente no existen normas que impidan o condicionen este tipo de proyectos por consideraciones medio ambientales.
La central hidroeléctrica Pangue tendrá un costo de 470 millones de dólares, una potencia instalada de 450 megavatios y aportará al Sistema Interconectado Central el 9,7 por ciento de la energía que transporta, que es el 85 por ciento de la energía que genera el país y con la cual se abastece a más del 90 por ciento de nuestra población.
La central Pangue ha sido identificada por la Comisión Nacional de Energía como el mejor proyecto desde el punto de vista de la planificación del desarrollo eléctrico del Sistema Interconectado Central. Al decir de la Comisión Nacional de Energía, Pangue es un proyecto estratégico, por cuanto es la mejor alternativa económico social de abastecimiento futuro de energía eléctrica.
La postergación de la puesta en servicio de la central, proyectada para 1997, o la paralización del proyecto, tendría consecuencias económicas que implicarían alzas considerables de las tarifas eléctricas, que tendríamos que pagar todos los usuarios de electricidad, a través de un incremento de la tarifa a nivel de generación de un 46 por ciento. Se calcula que la central Pangue significará un ahorro social al país de 387 millones de dólares. Todas las otras alternativas o tienen mayores costos o no son viables para la generación masiva de electricidad.
De modo que la construcción de la central Pangue aportará significativos beneficios económicos y sociales al país y responde, entendemos, por ende, al interés nacional.
Para la empresa Pangue S.A. el proyecto es de mucho interés, por cuanto es muy rentable. Efectivamente, se puede calcular que la central generará una utilidad anual superior a los 46 millones de dólares, es decir, en 10 años la empresa recuperará la inversión realizada.
Luego, en la central hidroeléctrica Pangue se da una plena coincidencia entre el interés público y nacional del país, con el interés de lucro de la empresa privada.
Pero el interés que hasta la fecha no se ha considerado ni es coincidente con el proyecto Pangue, al menos tal cual está formulado, es el interés local, el de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. Y resulta que quienes se verán más directamente afectados por la construcción de la represa serán, precisamente, quienes viven en dichas comunas.
En efecto, la construcción de la central Pangue provocará profundas y significativas alteraciones, algunas irreversibles, de carácter ecológico, económico, social y cultural en la zona.
Desde luego, un impacto brutal, imposible de mitigar, es la transformación irreversible de una cuenca con características estéticas y ecosistémicas únicas, conclusión a la que llega Mideplan. Desde la perspectiva del largo plazo, no cabe duda de que el costo económico de esta transformación será enorme, aunque imposible ahora de medir, por cuanto en el futuro se incrementarán cada vez más el valor de los bienes ambientales, y el Alto Biobío es un medio único en el mundo, un ecosistema singular, que sufrirá una transformación esencial, lo que impedirá que podamos traspasar a las futuras generaciones la herencia natural, con la misma diversidad y riqueza que heredamos.
Los otros impactos ecológicos, si bien no menores, como el flujo cero, que se espera corregir para garantizar un caudal mínimo, son mitigables en algún grado si se adoptan las medidas recomendadas de prevención y seguimiento adecuadas.
Pero, además, la construcción de la represa causará profundas alteraciones en los asentamientos humanos y en la vida social, económica y cultural del poblado de Raleo y de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco.
Desde luego, y según la propia empresa, llegarán no menos de 1.800 trabajadores externos, de modo que la población de la zona aumentará significativamente.
Esto implica que deberán convivir por un tiempo no menor de cuatro años en un mismo lugar, una cultura indígena y rural mayoritariamente autóctona o distinta, caracterizada por una situación social de extrema pobreza, con trabajadores y personas extrañas que vienen de otros lugares, que expresan la cultura dominante del país y que, además, poseerán niveles de ingreso considerablemente superiores al promedio de los sectores locales.
Esta situación provocará inevitablemente un choque o contradicción cultural, económica y social, que generará variados y complejos problemas, pero, además, se crearán numerosas y nuevas necesidades que, junto con las tradicionales, deberán ser satisfechas.,
En efecto, se producirá una evidente situación de inseguridad ciudadana, por cuanto se crearán condiciones favorables para el aumento de la delincuencia, prostitución, alcoholismo y conductas violentas en general, tanto en el villorio de Raleo mismo, como en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco.
De otro lado, se requerirá imperiosamente de una mayor infraestructura sanitaria, de salud y vivienda y, además, se producirá una considerable alza en el costo de la vida, la que se expresará en mayores costos de los arriendos, alimentos, vestuarios y*servicios en general, que hará relativamente más pobres y más difícil la vida a los lugareños.
Asimismo, la construcción de la central provocará una fuerte presión por la explotación de los recursos forestales y turísticos y por adquirir propiedades en el sector, las que aumentarán considerablemente de valor, quedando los lugareños expuestos a las maniobras y engaños de especuladores.
Toda la problemática que he relacionado y, tal vez, otras muchas que se producirán en la zona, hacen concluir que la construcción de la central Pangue en el Alto Biobío requiere, además, de otro tipo de consideraciones.
Es bueno que en este caso el interés económicosocial general del país, que es el interés de todos, coincida con el interés y lógica de lucro de la empresa privada.
Pero, precisamente, esta coincidencia nos presenta un desafío mayor, que consiste en cómo articular y asumir adecuadamente el interés del país y del sector productivo, con el legítimo interés local de la población que vive en la zona.
Este es el punto central del problema, que implica comprender que el desarrollo nacional no puede hacerse a costa del desarrollo local; que, muy por el contrario, si queremos impulsar el desarrollo nacional, debemos empezar por asumir y cautelar, en primer lugar, el desarrollo local, por cuanto, sin un verdadero desarrollo de éste, no es posible ni legítimo el desarrollo nacional.
De modo que, tanto el sector público como el privado, deben entender, de una buena vez, que este tipo de megaproyectos puede causar enormes e irreparables perjuicios al entorno físico y a la gente que allí habita si no se consideran y respetan sus directos, inmediatos y futuros intereses.
En este orden de ideas, es obligación del Gobierno, como representante del interés nacional, y mía, como parlamentario de la zona, asegurar que un proyecto con claros beneficios para el país y la empresa que lo ejecuta no redunde en el deterioro ambiental, ecológico, social, económico y cultural del área donde se realiza.
Se dice que la construcción de la represa generará empleo para los habitantes de la zona, pero la verdad es que ello no será significativo, porque se requerirán fundamentalmente trabajadores calificados que no existen en el sector. Además, será una situación temporal, a lo más por cuatro años, mientras se construya la central, con lo cual incluso se generará, a futuro, un problema adicional de cesantía, si no se implementa un plan de reconversión laboral en el intertanto.
Además, Pangue Sociedad Anónima, y fundamentalmente para poder postular al crédito solicitado al Banco Mundial, ha impulsado la ^creación de una Fundación, denominada Pehuén, cuyo objetivo principal es desarrollar proyectos y programas de inversión, de salud, de capacitación, de educación y de vivienda, entre otros, destinados a mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades de Callaqui, Pitril y Quepuca Raleo, en el marco se dice de su propio modo de vida y tradiciones. Ha creado, también, una estación ecológica para atender y hacer seguimientos a los principales problemas de este carácter.
El Gobierno, por su parte, ha hecho esfuerzos que es necesario reconocer y valorar. Aparte de hacer recomendaciones a la empresa en el aspecto ecológico, sólo en el último año ha invertido en la zona más de 188 millones de pesos en proyectos de carácter social de diversa índole.
No obstante, creo que tanto los esfuerzos del Gobierno como las iniciativas de Pangue resultan absolutamente insuficientes y parciales y no consideran ni cautelan los diversos intereses locales afectados y amenazados.
En efecto, en cuanto a los esfuerzos del Gobierno, éstos han sido sectoriales, descoordinados, sin visión integral y global del desarrollo del sector, y no han expresado, hasta ahora, una voluntad política de intervenir para posibilitar la defensa de los intereses locales.
En lo que respecta a las iniciativas de Pangue, más allá de su inspiración final, carecen de toda legitimidad social, por cuanto ambas son manejadas y dirigidas, en la práctica, por la propia empresa, de modo que es l��gico pensar que responden, principalmente, a sus propios intereses. Pero, además, son marcadamente paternalistas y restringidas a una pequeña área la más inmediata a la represa y consideran sólo parte de las comunidades o reducciones más próximas, lo que ha provocado incluso divisiones, conflictos y pugnas entre los propios indígenas del sector.
En suma, tales iniciativas se sustentan en el mero arbitrio de la empresa y, en este sentido, son muy poco formales o institucionales y, desde luego, no son en absoluto proporcionales a la magnitud de los impactos negativos que la construcción de la central ocasionará.
En síntesis, la central hidroeléctrica Pangue, si bien desde un punto de vista económico es muy beneficiosa para el país y para la empresa, en el actual contexto provocará un enorme perjuicio a la zona y a la gente que habita el sector.
Se requiere, entonces, de una solución adecuada a la envergadura del problema, de una intervención mayor para crear un escenario político, institucional y económico que permita conciliar el interés nacional y el de la empresa con los intereses ecológicos, sociales, culturales y económicos del sector y de la gente que vive en él.
Creemos que ello sólo es posible si la central Pangue se construye en el contexto de un "Proyecto de desarrollo integral para las comunas de Santa Bárbara y Quilaco", que asuma con una visión multisectorial y global toda la problemática ya existente y, sobre todo, la que se va a generar con la central.
Para ello, tanto el Gobierno como la propia empresa Pangue S.A., deben expresar su voluntad política de involucrarse en el desarrollo del sector, incorporando a los costos del proyecto Pangue los recursos especiales que implicará el financiamiento del proyecto de desarrollo integral, entendiendo que ello no es sino el pago por los beneficios que el país en general y la empresa en particular obtendrán, que, en todo caso, serán inmensamente mayores.
Para expresar y formalizar esa voluntad política, es absolutamente indispensable crear un instrumento institucional que hoy día no existe, que impulse este proyecto y garantice realmente la defensa de los intereses locales, coordinando los esfuerzos públicos y privados, locales y centrales.
En esta perspectiva, en septiembre pasado entregué al Presidente de la República una iniciativa para crear una corporación de derecho público para el desarrollo del Alto Biobío.
Observaciones de orden constitucional y político me han hecho reformular, conjuntamente con Mideplan, dicha iniciativa, en el sentido de proponer ahora una asociación de carácter regional, conforme con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución Política, lo que se encuentra en estudio por organismos de Gobierno.
Se trata de facultar al gobierno de la Octava Región para asociarse con entidades públicas y privadas, con el fin de impulsar y promover el desarrollo específico del sector.
Para ello, se requiere de una ley de iniciativa exclusiva del Ejecutivo que, una vez promulgada, permita la formación de una asociación o corporación sin fines de lucro, entidad que, aparte de las funciones de coordinación y de gestión de recursos, pueda ejecutar, por sí o por terceros, proyectos de desarrollo social o productivo.
Este organismo, en primer lugar, permitirá la participación formal e institucional de todos los sectores involucrados en la zona, tanto públicos como privados, nacionales y locales, políticos, sociales, económicos, académicos y culturales.
En segundo lugar, posibilitará la creación de una instancia autónoma y descentralizada que impulse, con la participación de todos los actores, una visión integral y global del desarrollo del área, lo que hace posible el manejo o gestión coordinada de los múltiples, variados y complejos problemas que existen y que generará la construcción de la central.
En tercer lugar, es el instrumento institucional que permitirá articular todos los intereses en juego: los del país, los de la empresa y los de la localidad, minimizando y manejando los impactos ecológicos que se provocarán, preservando con su propia participación la identidad cultural del pueblo pehuenche y posibilitando, realmente, superar las condiciones de pobreza de toda la gente del sector.
En esta perspectiva, la Empresa Pangue S.A. debería comprometer su participación en esta asociación regional, aportando sus recursos, ideas y capacidades, que están ya dispuestos en sus dos iniciativas: la Fundación Pehuén y la Estación Ecológica, que reconocemos y valoramos, pero que entendemos que deben legitimarse en una instancia independiente y autónoma de la Empresa, institucionalizando y formalizando su aporte real a la solución de los problemas que su propio proyecto creará.
En el marco de esta asociación, lo menos que puede hacer la Empresa Pangue
S.A. es realizar un estudio para dotar de energía eléctrica, convencional o alternativa, a todos los sectores de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, comprometiéndose a financiar y ejecutar, en colaboración con la comunidad local, tales proyectos, dentro de los próximos cuatro años. No es posible que personas que viven a escasos kilómetros de la central hidroeléctrica, que aportará el 10 por ciento de la energía para abastecer el 90 por ciento de la población del país, no tengan energía eléctrica.
Por su parte, el Gobierno no puede excusarse de intervenir política, institucional y financieramente en una problemática regional y local, que en cierto modo, en parte, él mismo ha generado, inspirado, por cierto, en el interés nacional.
De este modo, en primer lugar, tiene la oportunidad de expresar su voluntad política de superar o, al menos, morigerar los desequilibrios existentes y los que se generarán en la zona, impulsando y patrocinando la Asociación Regional propuesta. Asimismo, dará una clara señal al país de poner en práctica una instancia descentralizada y autónoma, en el contexto del proceso regionalizador que se va a iniciar.
En segundo lugar, deberá programar recursos especiales y adicionales para financiar, conjuntamente con Pangue S.A. y las municipalidades involucradas, el Proyecto de Desarrollo Integral propuesto, impulsando programas sectoriales de inversión local, debidamente coordinados, en todas las áreas que considere el Proyecto de Desarrollo propuesto, y muy especialmente proyectos que faciliten la inversión de la población en actividades productivas, en especial en el área ganadera y turística, que posibiliten su autosustentación y mejoramientos significativos en sus ingresos y niveles de vida.
Asimismo, el Gobierno debería, desde ya, declarar la zona del Alto Biobío como reserva nacional o, al menos, área silvestre protegida, y concordar estos instrumentos de intervención con la declaración de Área de Desarrollo Indígena, cuando se promulgue la ley, con lo cual, por una parte, permitiría mejorar la conservación de los recursos naturales y, por otra, cautelar la identidad cultural del pueblo pehuenche, resolviendo los problemas de propiedad de tierras indígenas que existen en el sector. En este contexto, también deberá asegurar la construcción de una red vial periférica al embalse que se creará, que garantice el acceso público al lago, en la perspectiva de impulsar y regular el desarrollo de la actividad turística que se dinamizará en esta área.
Por otra parte, para compensar el alza en el costo de la vida que se producirá a raíz de la construcción de la central, deberá estudiar el otorgamiento de una asignación de zona a todos los funcionarios públicos y municipales de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco.
También deberá estudiar la creación de la comuna de Alto Biobío, en razón de las especificidades ecológicas, económicas, sociales y culturales que presenta esta zona, única y particularmente valorada en el país y en el extranjero, por su rico patrimonio ecológico y cultural.
Por todo ello, se reclama una intervención política mayor, expresada en lo principal y sin perjuicio de otras en las propuestas que he hecho.
Los recursos requeridos para financiar las iniciativas formuladas constituyen una mínima parte, comparados con los ahorros que le significarán al país y los beneficios que reportará a la empresa la construcción de la central Pangue.
De modo, pues, que como país tenemos la oportunidad de aplicar a un caso concreto los principios en los cuales todos hemos estado concordando. En efecto, con la creación de la asociación regional estaríamos poniendo en práctica uno7 de los instrumentos más importantes de la descentralización y creando el espacio institucional para coordinar los esfuerzos públicos y privados a fin de impulsar un verdadero desarrollo local. Además, estaríamos dando una clara señal de preocupación real sobre los problemas ambientales, y proponiendo una forma de conciliar el crecimiento económico con los equilibrios ecológicos. Por último, estaríamos expresando, en la práctica, la voluntad política de cautelar la integridad sociológica y cultural de una importante minoría étnica.
Todos estos principios inspiran plenamente las políticas globales del Gobierno, de modo que lo solicitado es la aplicación consecuente de ellos, y se enmarca, además, dentro de la lógica que debe regir a una sana economía de mercado, en cuanto a que quien se beneficia, quien usa y quien deteriora debe pagar.
Si en el caso concreto de la central Pangue no se aplican estos principios y esta lógica, por una parte se estaría siendo inconsecuente y, por otra, se estaría dando la paradoja de que uno de los sectores más pobres del país estaría subsidiando a los grandes centros de desarrollo y de consumo del país.
He dicho.
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