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El señor CORDERO.-
Señor Presidente , la pena de muerte, como sanción máxima, sin duda constituye uno de los temas más polémicos y controversiales dentro de una sociedad, al envolver posiciones doctrinarias, prácticas y religiosas.
Lamentablemente, se ha desatado frente al asunto una polémica que lleva siglos. Y, si bien es cierto que al comienzo de la era civilizada no se discutió el derecho social para imponer dicho castigo, ya en el siglo IV existían tesis contrarias, según se deduce de algunos escritos de pensadores cristianos como Orígenes y Tertuliano.
En ese contexto, deseo ser enfático en señalar que soy partidario de tal sanción por la única razón de que los delincuentes, cuando cometen un crimen atroz, contrarían las reglas básicas de convivencia impuestas por una sociedad. Ello, sumado a mi formación doctrinaria de proteger a mis semejantes en nombre del Estado y de velar por la correcta aplicación de la ley, me hace imposible concebir la no materialización de la pena que nos ocupa, dispuesta por nuestro propio ordenamiento jurídico en casos graves y de especial relevancia que logran provocar estupor en la población.
Lo anterior se ve acrecentado por mi experiencia personal de cuarenta años en Carabineros, situación que me hizo conocer muy de cerca profundos dramas causados por la acción ruin de los parias de la sociedad.
No consigo entender que no se aplique la sanción mencionada si se trata de un hecho de tal envergadura y gravedad que es castigado con ella, como ocurre con 33 delitos específicos consagrados en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, ordenamiento este último cuyo artículo 416 sanciona la muerte fría, calculada y artera de un carabinero. Por ese motivo, no puedo apoyar una iniciativa que derogue la pena capital, puesto que con ello dejaría en la indefensión a los integrantes de la policía uniformada, que trabajan con tanto riesgo.
Durante siglos el tema en debate ha dividido a la sociedad. Y la polémica se acentúa cuando se registran situaciones tan escalofriantes como la de niños violados y asesinados. En la historia de la Humanidad la pena máxima ha pasado por períodos de vigencia o de abandono, pero su aplicación se ha reservado para sucesos muy excepcionales. Es así como la Iglesia Católica jamás, hasta el día de hoy, ha discutido el derecho para concretar dicha sanción en casos extremos, ya que siempre ha considerado a la autoridad como delegatoria por parte de Dios de todo aquello que atañe a la conservación del bien común, incluido el derecho a la imposición de las penas, entre ellas la máxima.
Cabe hacer resaltar que los últimos documentos eclesiásticos, los del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, admiten en casos excepcionales la pena de muerte.
Asimismo, los principales exponentes en el área protestante, como Lutero y Calvino, fueron partidarios abiertos y sin reservas de ella.
Estimo que la libertad es el fundamento del derecho de castigar al delincuente que con su acto lesiona gravemente la estructura de la sociedad, la cual tiene, también, el derecho a mantenerse incólume reparando el daño mediante la eliminación de su causante.
Otro aspecto positivo de la imposición de la pena capital lo constituye su poder disuasivo en los delincuentes. En efecto, en 1960 se cometieron más de 8 mil 400 homicidios en Estados Unidos, precisamente cuando varios Estados suprimieron su vigencia. Nueve años más tarde se llegó a 14 mil 700 homicidios, en lo cual influyó la no existencia de la sanción, sin duda.
En conclusión, si bien la pena de muerte -en cuyos efectos disuasivos creo- prácticamente carece de aplicación en nuestro sistema normativo al mediar una serie de exigencias a nivel judicial y en última instancia el indulto del Primer Mandatario , rechazaré el proyecto de ley, ya que sería reemplazada por un presidio perpetuo de 30 años. Advierto que en esa forma la sociedad emite una señal de debilidad frente a la delincuencia, flagelo en creciente y sostenido aumento durante los últimos años.
En la mañana de hoy, señor Presidente , escuchamos la exposición del señor Ministro de Hacienda sobre el Presupuesto de la Nación, en el cual, según se dio a entender, se ha incluido en el área social todo lo relacionado con seguridad ciudadana. Es la primera vez que ello sucede. Y se realiza una demostración evidente en contra de la delincuencia y en favor de las víctimas. Sobre esa base, si el Senado apoya la eliminación de la pena capital me parece que se va en la dirección contraria a la filosofía del Estado expuesta justamente por el señor Ministro. Por lo tanto, votaré en contra.
Muchas gracias.
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