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El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, desde que decidí postularme como candidato a Diputado por la comuna de La Florida, tomé como propio el grave problema de los deudores hipotecarios que afectaba a un número muy importante de familias que se desintegran por el elevado monto de sus deudas.
Por ello, desde la sesión especial de 22 de agosto de 1990, en que se trató la situación de los deudores hipotecarios, propuse soluciones concretas y efectivas, las cuales, lamentablemente, no fueron aprobadas en aquella oportunidad.
Recuerdo que fui el único Diputado que votó en contra del proyecto de ley del Ejecutivo que originó, como resultado final, la ley N° 19.003, mediante la cual se condonaron las deudas a los deudores del Serviu. Mis apreciaciones fueron absolutamente confirmadas, ya que del total del universo de deudores que se trató de beneficiar, no se alcanzó a llegar ni al 50 por ciento de ellos. Testigo de lo anterior fueron los diferentes movimientos y organizaciones que vieron en mis planteamientos una solución para su problema.
Consiente de que la ley N° 19.003 muy poco había contribuido a la solución de este problema nacional, con el apoyo de los Diputados de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, promoví una nueva sesión especial, la que fue convocada para el 19 de marzo de 1991, pero que fracasó porque los Diputados de la Concertación, especialmente los de la bancada de la Democracia Cristiana, no dieron el quorum requerido.
Debido al gran impacto que causó en la opinión pública, y a los airados reclamos de cientos de personas que representaban a estos deudores en las tribunas de la Cámara de Diputados, se acordó otra sesión que se llevó a efecto el 3 de abril de 1991. Lamentablemente, ella tuvo muy poca difusión por la delicada situación que vivía el país con motivo del asesinato del ex Senador don Jaime Guzmán Errázuriz.
En aquella oportunidad reiteré la difícil situación económica y el sufrimiento
de los deudores hipotecarios, y manifesté que era hora de que el Gobierno asumiera su deber de dar protección a la familia, como expresamente se lo ordena la Constitución Política. Como legislador, procuré que se tomaran en consideración las normas contenidas en los artículos 1.573 y 1.913 del Código Civil, sobre cesión de créditos. Propuse el recálculo de las deudas en relación con su monto original al tiempo de su contratación y no a la fecha de la ley que la consagre, y que se imputara a ella el monto de lo pagado.
Esta proposición, a petición mía y de los Diputados de Renovación Nacional, se envió mediante oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, cuya respuesta aún esperamos.
Periódicamente he continuado interviniendo en las sesiones de la Cámara en favor de estos deudores, y a petición de sus bases, a quienes siempre escuchamos, propuse, entre otras materias, la creación de un seguro de desempleo, para el caso de cesantía de un deudor, con el propósito de que ello no afecte el pago mensual de su dividendo habitacional, y el descuento por planilla a los trabajadores, para facilitarles su pago mensual al Serviu o a cualquiera institución financiera, asegurando de esa forma que el Ministerio de la Vivienda cuente con los fondos para solucionar el problema habitacional de las miles de familias que aún esperan contar con su vivienda propia. En la sesión del 31 de marzo de 1992, oportunidad en que se trató el problema de los deudores de la ex Anap, ratifiqué la falta de creatividad y de audacia del Ejecutivo para proponer soluciones definitivas.
Por todas estas razones me siento en la obligación de dar a conocer a la opinión pública los siguientes antecedentes que requieren, a lo menos, de una respuesta de las autoridades, considerando que en sus manos se encuentra la solución a todos estos problemas.
¿Qué pasa con las siguientes cuentas y depósitos?
Cuentas de ahorros sistemáticas CAS y cuentas especiales correspondientes a 38.340 ahorrantes, por un valor de 2.895.843.724 pesos al 15 de febrero de 1990.
Cuentas de ahorro mutuos y depósitos de cajas de previsión que están a nombre de sus imponentes, que representan a 24.912 ahorrantes por un valor de 2.562.824.219 pesos al 15 de febrero de 1990.
Depósitos de valores hipotecarios reajustares por un valor de 4.916.981.432 pesos, que afectan a 66.850 inversionistas.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su Comité.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, voy hacer uso sólo de un minuto del tiempo correspondiente a la Unión Demócrata Independiente.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Muy bien. Puede continuar, Su Señoría.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Fondos acumulados por aplicación del ex impuesto del cinco por ciento habitacional, por la cantidad de 410.198.807 pesos al 15 de febrero de 1990, que pertenecen a 3.512 ahorrantes.
Préstamos pendientes a ex empresas constructoras, al 31 de marzo de 1990, por la suma de 4.800.798.458 pesos.
¿Cuántas propiedades, casas y departamentos de la ex Anap están en poder del Ministerio de Bienes Nacionales?
Por los antecedentes que dispongo puedo afirmar que hay centenares de afectados a los que el Ministerio de Bienes Nacionales no les ha entregado las escrituras de cancelación y alzamiento de prohibiciones e hipotecas.
Cabe destacar que todas estas cuentas están depositadas en la Tesorería General de la República y corresponden a recursos de la ex Anap.
Sobre esto último, pido que se envíe oficio al señor Ministro de Bienes Nacionales. Asimismo, en relación con lo expuesto anteriormente, solicito que se oficie al señor Ministro de Hacienda para que nos informe de dónde se obtienen los recursos para financiar la ley N919.199, la que, por suerte, está entregando solución definitiva a estos deudores, gracias a dos indicaciones que hizo llegar el Ejecutivo al Senado, puesto que quedaban muchas cosas pendientes y los Bancos del Desarrollo y del Estado se estaban aprovechando de estas reglas poco claras. No quiero pensar que la ley N2 19.199 recién aprobada por la Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial con fecha 21 de marzo se está financiando con dineros de todos los ex deudores de la Anap, depositados en la Tesorería General de la República.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, en su nombre y en el del Comité de Renovación Nacional.
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