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El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija la nueva planta de personal de la Dirección del Trabajo.
Diputados informantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda, son los señores Cardemil y Devaud, respectivamente.
El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 811-13 y se encuentra en el número 13 y 14 de los documentos de la Cuenta de esta sesión.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, este proyecto de ley, discutido latamente en la Comisión, tiene importancia extraordinaria para la efectiva fiscalización de las leyes del trabajo y provisionales. Durante su estudio se escuchó al Director y a las asociaciones de funcionarios de la Dirección del Trabajo a fin de obtener una correcta información y disponer de todos los antecedentes que permitieran a esta Sala conocer cabalmente los antecedentes de la materia de que trata.
Es de todos conocida la necesidad de que la Dirección del Trabajo cuente con los elementos necesarios para cumplir eficientemente sus funciones, sobre todo que las organizaciones de trabajadores nos están reclamando permanentemente la falta de una fiscalización adecuada de las disposiciones legales del trabajo.
El objetivo principal de este proyecto de planta, enviado por el Ejecutivo a la Cámara el 29 de septiembre de 1992, es el mejoramiento de la mermada situación de la planta del personal de los servicios del Trabajo, especialmente en lo que concierne a la carrera funcionaría, la optimización técnica de las funciones y el mejoramiento de las remuneraciones.
En este orden de cosas, cabe precisar que la iniciativa persigue dos objetivos:
1°- Garantizar de manera más adecuada la carrera funcionaría y la estabilidad asociada a ésta, al mismo tiempo que obtener un mejoramiento económico de los funcionarios, más acorde con las delicadas responsabilidades que deben asumir como integrantes de un servicio fiscalizados y
2°- Racionalizar y optimizar los recursos humanos del Servicio, buscando aumentar su productividad.
Al respecto, cabe ponderar la creación de la planta técnica. Ello permitirá que el personal fiscalizador que actualmente desempeña labores de oficina se dedique a sus funciones legales específicas, radicando en funcionarios técnicos algunas de sus actuales tareas, que corresponden a requerimientos de inspección realizados en oficinas o actuaciones de ministros de fe en situaciones no conflictivas.
El proyecto constaba de siete artículos, que pasaron a ser nueve, porque el Ejecutivo, acogiendo una observación de la Comisión, formuló indicación para agregar dos artículos nuevos.
El artículo 1° estructura la nueva planta del personal para la Dirección del Trabajo, que consta de seis plantas, que se extienden en número de cargos y grados, de la siguiente manera:
Planta de Directivos: del grado 1° al 9a; 33 cargos. Esta planta aumenta su número de cargos de 16 a 33, lo cual obedece, básicamente, a la necesidad de contemplar grados adecuados para los directores
regionales, quienes no los tienen en la actualidad, salvo en tres casos.
Planta de Profesionales: del grado 5 al 15; 101 cargos. Aumenta de 99 a 101 cargos, manteniéndose su grado tope y elevándose el de inicio al 15.
Planta de Fiscalizadores: del grado 10 al 16; 474 cargos. En consideración a la naturaleza misma de las funciones que cumple esta repartición pública, este escalafón experimenta el mayor aumento, elevándose de 376 a 474 cargos.
Planta de Técnicos. Planta nueva que se crea, cuya dotación es de 103 cargos, con grados 14 de tope y 18 de inicio.
Planta de Administrativos: del grado 16 al 22; 178 cargos. Disminuye su número de cargos, debido a la creación de la nueva planta de técnicos.
Planta de Auxiliares: del grado 19 al 23. Aumenta el número de cargos de 68 a 87.
Su artículo 2a, establece los requisitos para el ingreso y promoción en las plantas de la Dirección del Trabajo, buscando profesionalizar, en armonía con la actual realidad del Servicio, a quiénes sirvan los diversos aspectos involucrados en la función fiscalizadora, dado el contenido técnico que ello conlleva.
Planta de Directivos: Se exige estar en posesión de un título profesional universitario de una carrera de a lo menos diez semestres de duración.
Planta de Profesionales: Se exige estar en posesión de un título profesional universitario de una carrera de a lo menos diez semestres de duración.
Planta de Fiscalizadores: Se exige poseer un título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, manteniéndose la posibilidad, para los actuales funcionarios, de acceder a ella sin contar con el requisito antes mencionado, en el evento de que posean una antigüedad no inferior a tres años en el Servicio.
Planta de Técnicos: Se exige un título
de técnico de una carrera de a lo menos cuatro semestres de duración o título de contador general o haber aprobado a lo menos seis semestres de una carrera conducente al título profesional. Como alternativa se requiere la licencia de educación media, haberse desempeñado en la Dirección del Trabajo por un lapso no inferior a cinco años y estar investido de la calidad de fiscalizador o ministro de fe.
Planta de Administrativos: Se exige contar con licencia de educación media.
Planta de Auxiliares: Se exige haber aprobado la educación básica.
Indicaciones al proyecto de ley.
Mediante oficio N° 453-325, del 21 de enero de 1993, Su Excelencia el Presidente de la República formula indicaciones al proyecto de ley en informe.
Las indicaciones N°. 1, 2 y 3 modifican requisitos referidos a las plantas de directivos, técnicos y profesionales, respectivamente.
La indicación N° 4 se refiere al establecimiento de una comisión consultiva del Director del Servicio, para asesorarlo en el encasillamiento a que se refiere el artículo 3a.
Por último, con el fin de ajustar el proyecto de ley a las ideas matrices, se propuso una indicación que eleva los cargos en la planta de fiscalizadores, en razón de que la Ley de Presupuestos de 1993 aprobó una mayor dotación para el Servicio, ascendente a 1.223 cargos.
En consecuencia, sin incrementar dicha dotación legal, se aumentan los cargos de planta de 272 a 1.056, incluyendo 80 cargos adicionales de fiscalizadores.
Con el propósito de ilustrar en mejor forma el contenido de la iniciativa, se adjuntaron al decreto con fuerza de ley N2 2, de 1967 ley orgánica del servicio, un organigrama de la Dirección del Trabajo, según el proyecto de ley, y otro, referido a la estructura organizacional y funcional de las Direcciones Regionales e Inspecciones del Trabajo en el año 1991.
De esta manera, la Dirección del Trabajo, a lo largo de todo el país, podrá desarrollar una eficiente labor, como lo han planteado insistentemente las organizaciones de trabajadores y empleadores.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Para que entregue el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, paso a informar sobre la incidencia, en los fondos fiscales, de este proyecto de ley.
El costo total de la planta propuesta es de 3.300 millones de pesos al año, lo que implica un mayor gasto del 16,56 por ciento respecto de su valor actual, vale decir, 477 millones de pesos anuales.
Ello no significa un aumento de la dotación de la Dirección del Trabajo, la que se mantiene en los mismos 1.088 funcionarios; sólo se amplía el número de cargos de planta.
La Dirección de Presupuestos completó la información financiera del proyecto, precisando que los nuevos cargos creados tienen un costo anual de 262 millones de pesos. También comunicó que en la actual Ley de Presupuestos se otorgaron recursos, para este objetivo, por la suma de 176 millones de pesos, por lo que el costo neto del artículo 8a lo que es importante retener para la aprobación de este proyecto sólo alcanza a 85.924.800 pesos anuales. Además, también se considera un 5 por ciento adicional equivalente a 4 millones de pesos, destinado a cubrir diferencias de remuneraciones provenientes de asignaciones de zona, trabajos extraordinarios, suplencias, etcétera.
Lo anterior supone un costo neto, en moneda de 1993, equivalente a 90.221.040 pesos anuales, por solventar una vez que entre en vigencia el referido artículo.
Llamo la atención sobre la necesidad de aprobar esta disposición, que crea 80 cargos en la planta de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, distribuidos en los grados que indica, artículo extraordinariamente importante por la escasez de funcionarios que realizan tareas de fiscalización.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por este proyecto. Sin duda, la fijación de la nueva planta de la Dirección del Trabajo mejorará la fiscalización que debe efectuar este servicio, el cual es requerido por gran parte de la población de este país, fundamentalmente, por los trabajadores.
Los parlamentarios de regiones sabemos que, desde hace algún tiempo, han desaparecido inspecciones comunales del Trabajo. Por otra parte, en provincias cuya superficie es similar a la de un país europeo, existe una dirección provincial o una sola inspección comunal. Su personal lo constituyen un fiscalizador y una secretaria, quienes deben atender las consultas y reclamos del trabajo de, aproximadamente, ocho o nueve comunas, lo que resulta triste y doloroso así lo hemos comprobado los parlamentarios porque humana y físicamente, con ese número exiguo de funcionarios es imposible atender todos los reclamos y requerimientos que los trabajadores de los diversos niveles de la actividad laboral chilena quieren formular. En este sentido me alegro por el aumento de cargos en las plantas de directivos, de profesionales, de fiscalizadores, de técnicos, etcétera. De esta manera, las inspecciones del trabajo dejarán de ser en parte un mascarón de sensibilidad social, de justicia laboral. En la actualidad, su función sólo es conciliar, es decir, llamar al empleador y al trabajador, a un arreglo, a un convenio. Sin embargo, todos sabemos que más del 90 por ciento de los casos que se plantean en estos servicios terminan en los juzgados de letras, donde, generalmente, los trabajadores pierden, porque no cuentan con asesoría, a diferencia de la parte empresarial, la que sólo excepcionalmente llega a acuerdo con los trabajadores.
Me alegra que se haga justicia a antiguos funcionarios de las inspecciones del Trabajo al darles la titularidad del cargo en las plantas de técnicos, si logran aprobar seis semestres en institutos profesionales o universidades. También me parece de absoluta justicia que los funcionarios administrativos que durante muchos años actuaron como ministros de fe sin percibir la renta correspondiente es decir, desempeñando delicadas funciones ad honorem, con licencia de educación media y experiencia de a lo menos tres años en el servicio, obtengan la titularidad en el cargo en la planta de técnicos.
Por estas razones votaré favorablemente.
Muchas gracias.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ortega
El señor ORTEGA.-
Señor Presidente, coincido con el Diputado señor Muñoz Barra en la importancia de este proyecto de ley.
En los campos y en las empresas, una queja frecuente es la falta de capacidad fiscalizadora de las inspecciones del Trabajo. Al respecto, en el nuevo proyecto sobre convenio colectivo, le entregamos a éstas nuevas funciones, concretamente en cuanto a los contratos de trabajo de los temporeros, que estarán bajo su control y fiscalización cuando su duración sea de más de 28 días.
En todo caso, si bien el proyecto es trascendente desde el punto de vista de la justicia social, me parece que es una observación hacia el Ejecutivo en el tema de las plantas se está legislando en forma desordenada. Hace poco, en la Comisión de Gobierno Interior tratamos una iniciativa miscelánea de readecuación de plantas de diferentes servicios. Hoy estudiamos otras dos sobre ampliación o fijación de plantas de dos servicios. En definitiva, no se sabe exactamente si hay una normalización de todo el sistema de plantas en la Administración Pública, de acuerdo con un criterio compartido y común para los distintos cargos de sus instituciones.
Votaré a favor del proyecto, por considerar muy importante la nueva función de la Dirección del Trabajo en relación con los convenios colectivos en el campo; pero insisto en la necesidad de tener un criterio más uniforme en todo lo relacionado con las plantas de la Administración Pública.
Muchas gracias.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, nuestra bancada también votará favorablemente la iniciativa. Nos parece positivo un mejoramiento en las remuneraciones del personal de la Dirección del Trabajo, particularmente de los fiscalizadores, puesto que sus rentas todavía están muy distantes de las de profesionales similares del sector privado.
Además, consideramos importante el encasillamiento a que se someterá al personal a contrata, puesto que les dará mayor estabilidad y seguridad en su trabajo.
Sin embargo, formulamos dos observaciones: la primera, relativa al artículo 3a, similar a la que hiciéramos al proyecto de planta de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, ya que también está relacionada con la facultad discrecional del director general para encasillar a los funcionarios.
Esta discrecionalidad, de ninguna manera, puede significar atropellar derechos de los funcionarios ni pasar por alto las normas sobre carrera funcionaría. Nos preocupa enormemente que con estas facultades tan amplias entregadas a los directores de los servicios, se posibiliten arbitrariedades.
La segunda observación dice relación con el artículo 6a, que prescribe: "El personal que actualmente ocupe un cargo en extinción adscrito a la Planta de Directivos, por aplicación del derecho establecido en el artículo 2a transitorio, de la Ley N° 18.972, mantendrá inalterable su situación, no obstante la nueva planta establecida en esta ley, entendiéndose que dichos cargos quedan adscritos por el solo ministerio de la ley a la nueva planta.".
Esto implica que los funcionarios adscritos a la planta porque en algún minuto la legislación estimó que estos cargos tenían la calidad de exclusiva confianza del Presidente de la República, quedan condenados a los grados que ocupan actualmente, sin ninguna posibilidad de ascenso, lo que nos parece de la mayor injusticia, ya que se trata de profesionales que prestan sus servicios y aportan su experiencia y capacidad a la Administración del Estado, su experiencia y su capacidad. En consecuencia, no existe razón alguna que justifique que dichos funcionarios no tengan derecho a subir en sus grados, en circunstancias de que a todo el personal de la Dirección del Trabajo se le mejorará su situación. A mayor abundamiento, cabe recordar que, en un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia dictaminó la improcedencia e inconstitucionalidad de normas de esta naturaleza.
Con motivo del reencasillamiento del personal de los servicios de Salud, se suscitó el mismo problema: a los funcionarios adscritos a la planta los subieron de grado, les pagaron las diferencias de remuneraciones y, luego, por dictamen de la Contraloría General de la República y por instrucciones internas del Ministerio de Salud, se les impidió el ascenso, y se les exigió el reintegro de esas diferencias. Esto motivó que distintos profesionales del sector salud interpusieran un recurso de protección ante los tribunales de justicia, el que fue ganado en primera instancia, cuyo fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.
Por ello, pediremos votación separada para el artículo 6e, y lo votaremos en contra porque representa una manifiesta arbitrariedad e injusticia con estos servidores del Estado.
Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Angel Fantuzzi.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FANTUZZI.-
Señor Presidente, aprobaré el proyecto de aumento de la planta de funcionarios de este servicio y del mejoramiento de sus remuneraciones. Mi apoyo se basa en la necesidad de fiscalizar mejor, porque, muchas veces, en materia laboral debemos legislar exclusivamente porque algunos empresarios no cumplen con la ley por falta de fiscalización adecuada. Espero que el aumento de fiscalizadores y de recursos se traduzca en menos leyes laborales, pues algunas sólo entorpecen las relaciones entre trabajador y empresario.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, si los señores Diputados revisan el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, podrán verificar que todos los artículos fueron aprobados por unanimidad, y, al parecer, de acuerdo con lo manifestado por el Diputado señor Sota, ocurrió lo mismo en la Comisión de Hacienda.
Las relaciones entre trabajadores y empleadores que inciden en la legislación laboral se discuten desde hace tres años en el Parlamento. Algunos señores Diputados han hecho presente, en el hemiciclo y a las autoridades del sector, la necesidad de que existan más fiscalizadores.
El proyecto resuelve en parte el problema de la adecuada fiscalización, pues si bien aumenta en más o menos 25 por ciento el número de funcionarios de la Dirección, no es menos cierto que éstos requieren llegar a las empresas con cabal conocimiento de la actual legislación laboral. De acuerdo con informes de sus organizaciones, ya se han dictado cursos tendientes a que ejerzan una buena fiscalización.
Las funciones que cumplen estos trabajadores nos llevan a aprobar la iniciativa legal. Por ejemplo, se les ha encomendado específicamente controlar el cumplimiento de la legislación laboral y previsional. Al hablar de aplicación de la legislación laboral y previsional no nos estamos refiriendo a un tema fácil y simple, sino a la obligación de los fiscalizadores de conocer el conjunto de la legislación previsional chilena, con el objeto de obtener su aplicación en las relaciones de los trabajadores con los empresarios. Otra función consiste en fijar por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo. ¿Qué significado tiene esto? Que los funcionarios están obligados a conocer al dedillo todas las leyes del trabajo.
También deben divulgar los principios técnicos y sociales de la legislación laboral, fomentar y supervigilar el funcionamiento de las organizaciones sindicales y realizar toda acción tendiente a resolver y prevenir conflictos del trabajo.
En lo referente a la estructura y organización, los servicios del Trabajo están conformadas por una Dirección Nacional y 13 direcciones regionales. Quiero llamar la atención en este punto.
No me cabe la menor duda de que en más de una oportunidad todos los señores Diputados, especialmente los que representan a regiones, se han acercado a la inspección comunal y han podido comprobar las precarias condiciones en que los funcionarios realizan su actividad. En Rengo, Sexta Región caso que conozco específicamente, los funcionarios del Servicio cuentan con un solo vehículo y deben cumplir funciones de fiscalizadores, de recepcionistas y hasta de "juniors" en las oficinas. Carecen de comodidades para desarrollar su labor y deben cumplir las funciones exigidas tanto por los trabajadores y empresarios como por los señores Diputados y las autoridades del ramo.
Me llamó la atención el planteamiento del Diputado señor Ortega, porque la Dirección del Trabajo es uno de los organismos públicos que más preocupación requiere de parte del Gobierno y del Parlamento. Si no contamos con buenos fiscalizadores, obviamente tendremos más conflictos y dudas por parte de la clase trabajadora. Por lo tanto, se requiere este aumento para que cada comuna del país cuente con la colaboración de estos funcionarios, cuyo objetivo es lograr buenas relaciones entre los trabajadores y empresarios.
En la Comisión se criticó la discrecionalidad que ejercerá el Director del Trabajo. Debo informar que el tema, planteado en una de las sesiones por el Diputado señor Coloma, fue latamente explicado por dicha autoridad. Nos informó que necesita una discrecionalidad mínima, conversada con sus subalternos, para desarrollar una efectiva labor, porque si no existe don de mando resulta muy difícil lograr buenas relaciones entre los funcionarios y la Dirección. Si se ha presentado indicación sobre la discrecionalidad, es fundamental que se discuta en esta sesión, a fin de demostrar, fehacientemente, que ella es necesaria.
También se ha criticado la cantidad en que aumenta el número de fiscalizadores. Adhiero a las palabras del Diputado señor Fantuzzi, quien ha sido bastante consecuente con lo planteado en la Comisión: Chile necesita mayores fiscalizadores, principalmente gente preparada para desarrollar y emprender este trabajo. Se establecen exigencias para algunos cargos, las que sin duda se van a cumplir.
Además de la unanimidad, deseo solicitar que se discuta de inmediato cualquier indicación, para que el proyecto sea pronto enviado al Senado. Esto es importante, porque acaba de terminar la época de la recolección dé la fruta, que ocupó a los temporeros, entre otros trabajadores que se benefician con esta iniciativa. Ahora que se acerca el período de invierno, se necesita mayor gente que trabaje en terreno, porque las denuncias de los parlamentarios y de las distintas autoridades son permanentes.
Si no damos agilidad al Servicio, quiere decir que tenemos dos discursos: uno para la tribuna, y otro, para el reclamo. Si estamos pidiendo mayor fiscalización, invito a aprobar el proyecto de ley que posibilita contar con más fiscalizadores.
Por todas estas razones, lo votaré favorablemente en general y también en particular.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Manterola.
El señor MANTEROLA.-
Señor Presidente, también votaré favorablemente el proyecto de ley, en atención a que además del mejoramiento objetivo de las remuneraciones de los funcionarios de este servicio, garantiza su carrera funcionaría y estabilidad en el empleo. Ello también significa necesariamente un aumento en la eficiencia y cumplimiento de sus tareas.
El proyecto busca, asimismo, racionalizar y optimizar los recursos humanos, para lo cual existe el propósito de rescatar de la actual dotación del escalafón de fiscalizadores al personal que se desempeña en labores de oficina y que es necesario para las tareas de fiscalización propias de esta Dirección.
Para las adecuadas relaciones laborales en el país, es menester que también exista de parte del Estado la correspondiente fiscalización, para que empleadores y trabajadores cumplan con las normas legales y previsionales. Un organismo de esta naturaleza es imprescindible, y su buen funcionamiento permitirá que se desarrollen normalmente dichas relaciones.
Dado que el proyecto permitirá concretar plenamente los objetivos reseñados, lo votaré favorablemente.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, es grato para mí anunciar que aprobaré el proyecto que fija la nueva planta de la Dirección del Trabajo, ya que significará mejorar el quehacer de oficinas que deben preocuparse de problemas laborales, especialmente de la fiscalización del pago de sueldos y de horas extraordinarias y del cumplimiento del horario de trabajo.
Espero que el aumento de 204 cargos mejore el servicio, especialmente en la Novena Región, y que la nueva estructura permita a la mayoría de los funcionarios ser encasillados en grados superiores a los actuales, a fin de mejorar sus remuneraciones, y a la minoría, expectativas en la carrera funcionaría.
Me alegro también de que se eleve al grado 23 el ingreso a la planta de auxiliares, ya que ellos siempre han tenido rentas muy bajas, y he escuchado su clamor cuando en función del accionar parlamentario he concurrido a las diferentes oficinas.
En más de una ocasión he recabado el mejoramiento del servicio a través del aumento de vehículos para inspecciones y en más de una entrevista con el Director Nacional del Trabajo he logrado implementos para las oficinas.
Es indispensable que la fiscalización sea permanente en comunas importantes de la provincia de Malleco, como Collipulli, Traiguén, Victoria y Curacautín. No es posible que atiendan una mañana a la semana o a veces un día al mes, pues esto imposibilita que la gente pueda consultar, presentar reclamos o formular peticiones.
Por lo anterior, daré mi aprobación al proyecto, el cual espero que sea ley a la brevedad.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Solicito la autorización de la Sala para que puedan ingresar el Subsecretario y el Director del Trabajo.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, muy breve, porque ya se han precisado los elementos centrales del proyecto; sólo quiero hacer algunos comentarios al respecto.
Coincido con el proyecto original que envió el Ejecutivo, cuyos objetivos básicamente eran dos. Primero, garantizar de manera más adecuada la carrera funcionaría y su estabilidad. No cabe dudas de que se habían ido produciendo retrasos en la adecuación de la ley a la realidad de la Dirección del Trabajo y su importante rol fiscalizador. No es normal que en la Administración Pública haya equivalencias en materias de plantas, porque muy pocas se han constituido de acuerdo con la ley. Muchas personas prestan servicios por la vía de contratas a honorarios, en situación de inestabilidad y de irregularidad, respecto de lo que debe ser una correcta Administración Pública.
El segundo objetivo es racionalizar y optimizar los recursos humanos del Servicio, buscando la manera de aumentar su productividad. El proyecto define bastante bien dicho aspecto, de manera que esperamos que su aprobación redunde en un mejoramiento del sistema fiscalizador vigente.
Sin perjuicio de ello, es importante señalar algo que no se ha dicho en forma suficiente: el proyecto fue cambiando paulatinamente. En la Ley de Presupuesto de 1992, se aumentaron los fondos disponibles para la Dirección del Trabajo, y el proyecto quedó desfasado, en términos de que el Ejecutivo debió presentar una indicación, generando una tercera idea matriz que, a mi entender, significaba el aumento de la planta de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo. Entonces, en relación con las disposiciones que contienen las ideas matrices del proyecto original, ahora nos asaltan dudas por los cambios que ellas ha ido sufriendo durante esta larga tramitación.
Como las ideas matrices originales del proyecto en cuanto a carrera funcionaría, estabilidad, racionalización y optimización de los recursos son las adecuadas, la UDI, después de un análisis detallado de lo expuesto, ha decidido apoyarlo en general.
Estamos dispuestos a no presentar indicaciones para votar de inmediato como lo ha planteado el Diputado señor Seguel, a quien deseo rectificar, en el sentido de que el proyecto no fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, porque en esa oportunidad ya hicimos los mismos planteamientos que ahora, toda vez que jamás ha sido nuestra intención retrasar su despacho.
Sin perjuicio de lo anterior, nos vamos a abstener en la votación del artículo 3a como ha explicado el Diputado señor García, porque el preceptuarse que "mediante una o más resoluciones, el Director del Trabajo procederá a encasillar en las nuevas plantas fijadas en el artículo Ia de esta ley...", evidentemente se le está facultando de manera discrecional. Independientemente de quien sea el Director del Trabajo, nosotros consideramos que esta materia debe regirse por la ley Na 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que norma el ingreso de funcionarios a la Administración Pública.
El artículo 6a dispone: "El personal que actualmente ocupe un cargo en extinción adscrito a la Planta de Directivos por aplicación del derecho establecido en el artículo 2a transitorio, de la ley Na 18.972, mantendrá inalterable su situación, no obstante la nueva planta establecida en esta ley, entendiéndose que dichos cargos quedan adscritos por el solo ministerio de la ley a la nueva planta..." Nos opondremos también a este artículo porque dentro de la normalidad que tratamos de implantar en la realidad de la Dirección del Trabajo, no tiene ninguna justificación.
Por último, en el artículo 8a, nos abstendremos respecto de la creación de 80 nuevos cargos de fiscalizadores en la Dirección del Trabajo. Creemos que tienen razón el Ministro y las personas que, en la Comisión, puntualizaron que es necesario el aumento. Pero también pensamos que son muchos los servicios que se encuentran en análoga situación. Cuando el Presidente de la República, por tercera
vez, pregunta dónde debe recortarse el presupuesto, a propósito de la prórroga de la reforma tributaria, de alguna manera desea que, conjuntamente, se consideren las limitaciones que se pueden plantear para evitar el aumento del aparato del Estado.
El artículo puede ser justificable y requerirse el aumento de la dotación de personal, como lo requieren otros servicios, por ejemplo, la Contraloría General, tema que se planteará en los meses posteriores. Entonces, como una muestra de la seriedad y de la consistencia de nuestros planteamientos acerca de ser especialmente cuidadosos en todo aumento del gasto público, nos vamos a abstener, siempre en el espíritu constructivo de resolver cada caso en forma adecuada si los argumentos así lo ameritan las distintas proposiciones que el Ejecutivo formule.
Por eso, junto con anunciar nuestro voto favorable en general, pedimos, para no retrasar la tramitación del proyecto, que se retire la indicación presentada, y que se voten separadamente los artículos 3° 6° y 8°.
He dicho.
El señor CARRASCO.-
Pido la palabra.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.
El señor CARRASCO.-
Señor Presidente, solamente deseo señalar la necesidad de que la adecuación de esta planta del personal de la Dirección del Trabajo tome muy en cuenta la situación de las regiones.
Creemos que a nivel regional hay absoluta debilidad en la función y en el trabajo de los fiscalizadores de este Servicio. Dado que, normalmente, se aduce carencia de personal o falta de atribuciones, pedimos al señor Ministro que tenga especial preocupación por las funciones que deben ejercer estos funcionarios en las regiones. Hay despidos masivos en industrias, especialmente en las pesqueras, en las cuales no existe control alguno por parte de los inspectores del trabajo. Acaba de producirse un despido masivo, la mitad del personal, en la empresa Pesca Chile, con asiento en Puerto Chacabuco, que está trabajando desde hace muchos años en la región, sin que se hayan entregado las explicaciones que lo justifique. Aprovechando la presencia del señor Director del Trabajo en la Sala, le solicito que se preocupe de investigar el motivo por el cual, sin ninguna razón justificada, han sido despedidos 350 trabajadores de la empresa Pesca Chile. Es preciso que esa ciudad tenga una explicación, porque cuando se despide de una sola vez a tantos trabajadores no solamente se afecta a la masa laboral que allí trabaja y a su familia, sino a toda la actividad comercial de una ciudad tan pequeña como Puerto Aisén.
Por eso, insisto en la necesidad de adecuar la planta del personal de la Dirección del Trabajo a las necesidades regionales, porque, dada la distancia, a veces se cometen en los extremos mayores abusos que en el centro del país.
Votaremos favorablemente el proyecto, en el bien entendido de que las regiones serán favorecidas con la iniciativa.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, brevemente quiero plantear tres aspectos.
En primer lugar, comparto la alegría de muchos colegas por el hecho de que este Servicio, que fue "jibarizado" en su tiempo, hoy retome ciertas responsabilidades cruciales, dado el sistema económico imperante en nuestro país. Es de conocimiento del señor Ministro y de su equipo ministerial que algunos de nosotros no estamos muy convencidos del esquema que se nos ha propuesto; pero hemos dicho en más de una ocasión que estamos dispuestos a probar y a ver si los trabajadores en general y los empresarios en particular tienen la capacidad de respetar las leyes laborales en todos los lugares y en todos los rincones del país.
En segundo lugar, me sumo a la inquietud de los colegas Seguel y Carrasco sobre la situación en provincias. En Rengo y en otras comunas donde la actividad hortofrutícola es relevante en los "packings" y empresas exportadoras en generales dramática, toda vez que para cumplir su labor, los fiscalizadores tienen que pedir vehículos prestados a esas mismas empresas; es decir, no hay capacidad fiscalizadora y, evidentemente, los problemas son serios. Sin duda, este proyecto contribuirá a solucionarlos siempre y cuando el aumento de los fiscalizadores llegue a regiones y provincias, donde en la actualidad hay una masa de trabajadores muy desamparada y desprotegida que desea la presencia del Estado a través de los inspectores del trabajo, que garanticen los derechos que, hace muchos años, no se respetan.
Un tercer aspecto que deseo plantear dice relación con los requisitos establecidos en el artículo 2°, para ocupar ciertos cargos en la planta y, en particular, en la de fiscalizadores. Indudablemente comparto el criterio de profesionalizar este Servicio. Es positivo y adecuado, aunque admito que algunas disposiciones son poco realistas y poco prácticas. Al señalar como requisito para ser fiscalizador, alternativamente, el primero es el que más me preocupa la calidad de egresado de una carrera de a lo menos ocho meses de duración, el proyecto está fijando un criterio inadecuado. Si no se demuestra lo contrario, la única carrera útil para cumplir el rol de fiscalizador sería la de abogado, y, en términos comparativos, serán muy pocos los que opten por este cargo debido a los bajos niveles de renta que conllevan. Por lo tanto, quienes tengan título universitario para acceder a esta planta no serán los abogados. No puedo probar que éste sea un buen criterio. Tal vez se piense que los estudios garantizan que las personas por sí y ante sí sean buenos fiscalizadores. Está implícito que éstos deben ser criteriosos y capaces de administrar correctamente la ley; pero no estoy convencido de que esta norma sea la más adecuada. Es útil que los fiscalizadores tengan un nivel de educación superior y, en este caso, el aumento a ocho semestres constituye un mejor requisito, pero también podría ser una limitante, sobre todo en provincia, donde habría pocos profesionales dispuestos a dedicar su existencia a cumplir una labor tan loable, pero cuya renta es magra.
Este es un aspecto sobre el cual voy a presentar una indicación, a menos que el Ejecutivo nos convenza con una explicación que vaya más allá de decir simplemente que es necesario profesionalizar el Servicio en sí. Al respecto, me gustaría una opinión más de fondo. Personalmente, no estoy convencido de que se trate de una norma que garantice profesionalismo. Para mí lo único que permite es que algunas personas accedan a estos cargos. Por ejemplo, un ex dirigente sindical, un trabajador con capacitación apropiada podría ser un gran fiscalizador, pero la vida no le dio la oportunidad de acceder durante ocho semestres a un instituto superior y, por tanto, no cumple con el requisito exigido por el proyecto. Por ello, solicito una explicación sobre esta norma.
Si no hay respuesta y hay acuerdo unánime para votar y despachar hoy esta iniciativa solicitaré que este aspecto se desglose en la votación.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, este proyecto es muy importante por su incidencia en la defensa de trabajadores obreros y empleados, los que muchas veces se sienten desamparados y traicionados por algunos inspectores o fiscalizadores de los servicios del Trabajo que no han entendido el papel que deben desempeñar. La iniciativa aumenta el número de inspectores para proteger mejor al trabajador que está en conflicto con su empleador, lo que es constante a través de todo el territorio.
Creemos que este Servicio es muy importante, más todavía cuando hay una embestida de los industriales y empresarios para hacer desaparecer la organización sindical que es fuerza promotora de solución de conflictos, como también medio de conseguir las justas demandas que los asalariados solicitan a los patrones, quienes, muchas veces, hacen oídos sordos ante ellas.
Cuando se discutió aquí la modificación del Código del Trabajo, se planteó la remisión a una norma que existió durante la dictadura; las huelgas debían durar solamente 30 días, y si el conflicto no se solucionaba, el patrón quedaba autorizado para despedir a los obreros que quisiera.
Recuerdo que alguien dijo que eso lo había pedido la Central Unitaria de Trabajadores. Yo manifesté que no lo aceptaba, aunque fuera una petición de esa entidad, porque significaba repetir la misma disposición del Código del Trabajo que aplicaba la dictadura contra los trabajadores; es decir, que no tuvieran ninguna defensa al término del conflicto con los patrones, ya que éstos muchas veces buscaban subterfugios para que no hubiera solución a la huelga, justamente para expulsar a los trabajadores más ariscos, más difíciles de tratar.
Por ello, el proyecto tiene el mérito de priorizar en la Dirección del Trabajo a los inspectores, quienes supongo jugarán el papel que les corresponde en este instante, en que el movimiento sindical no está en condiciones de ejercer la misma defensa fuerte y vigorosa que tenía antiguamente y que la dictadura fue mermando y socavando durante los 16 tristes años que vivió el país bajo el mando del señor Pinochet.
El señor TALADRIZ.-
¡Hasta cuándo! ¡Estamos en otra, hombre!
El señor PALESTRO.-
Voy a votar a favor del proyecto, porque es una manera de defender y dar prestancia este Servicio, el único que debe proteger como corresponde a los trabajadores.
Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Salas.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SALAS.-
Señor Presidente, quiero referirme a algo aseverado recientemente, en cuanto a los requisitos que el proyecto establece para los fiscalizadores.
Por tratarse de un tema delicado y complicado, ya que esta labor consiste en fiscalizar la correcta aplicación de la legislación laboral y previsional, las personas que ingresen al Servicio deben ser muy idóneas y preparadas.
No se trata de funcionarios de una repartición cualquiera, sino de personas que deben estar muy bien preparadas, pues les corresponde defender los derechos de los trabajadores.
Es normal que las empresas cuenten
con excelentes abogados e ingenieros comerciales. Sin embargo, la Dirección del Trabajo, por su menguada planta, no dispone de personal especializado, situación que, justamente, trata de corregir la iniciativa en estudio.
En el debate habido en la Comisión se concluyó en que ésta es una planta modesta, ya que hay un fiscalizador por cada diez trabajadores, y uno por cada 200 sindicatos. Por lo tanto, está muy por debajo de lo que la Dirección del trabajo necesita para fiscalizar la aplicación de las leyes laborales y, en muchas oportunidades, hacer justicia a los trabajadores o llegar a acuerdo con las empresas para evitar todo problema o roce social creado entre los sindicatos, los trabajadores y los empleadores.
Por lo anterior, anuncio mi voto favorable al proyecto, el que debería ser aprobado en particular por unanimidad, ya que existe interés entre los parlamentarios de entregar estas herramientas a la Dirección del Trabajo.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Palestro.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, en cuanto a la letra a), quiero hacer referencia al título de abogado o de profesional. Según se ha dicho, los únicos que accederán a la calidad de inspectores y fiscalizadores del trabajo serán abogados, ya que se establece un requisito muy alto para entrar a la planta. Por eso, pido que esa letra se vote en forma separada.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, sólo deseo recoger dos o tres aspectos sobre los cuales se ha solicitado la opinión del Ejecutivo.
El primero se refiere a los requisitos. La idea de generar una planta de técnicos que cumpla determinadas funciones fue precisamente distinguir entre tareas de mayor y de menor especialización que hoy cumplen los fiscalizadores. Por ejemplo, la planta de técnicos tiene por objeto actuar en comparendos, oficiar de ministros de fe en votaciones sindicales y en finiquitos, actividades en las cuales se exigen determinados requisitos de títulos para cumplirlas. Se consagra una exigencia mayor, de ocho semestres, para los trabajadores que ingresan a la planta de fiscalizadores, que no pertenecen a la Dirección ni cumplen requisitos de antigüedad, precisamente para ir especializando las funciones del Servicio.
Respecto de la consulta sobre qué profesionales serían contratados por la Dirección del Trabajo, que cumplirían con el requisito de los ochos semestres de estudios superiores, puedo mencionar a los profesores, a los contadores y a los egresados de la carrera de administración pública, todos los cuales cuentan con el requisito de especialización para cumplir dichas funciones.
Brevemente quiero mencionar dos aspectos adicionales. Uno de ellos tiene que ver con el grado de discrecionalidad en el reencasillamiento. Durante el debate del proyecto se presentó una indicación con el objeto de que en el reencasillamiento de los actuales funcionarios de la Dirección del Trabajo exista una instancia a la cual pueda consultar el Director, que esté integrada en los mismos términos que la Junta Calificadora Central establecida en la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Como se trata de reencasillar a quienes están en funciones, ello debiera hacerse aplicar con la transparencia que da una instancia consultiva, como lo es dicha Junta Calificadora, que obliga a definir determinados parámetros objetivos en este proceso.
Por último, cabe destacar que la planta propuesta complementa el aspecto cuantitativo de la Dirección del Trabajo. En estos tres últimos años, la dotación de personal y los recursos destinados a la Dirección se han incrementado sobre un 40 por ciento. Nos parece importante este proceso de fortalecimiento, tanto por su efecto sobre el adecuado resguardo de los derechos laborales y del cumplimiento de las leyes que se dictan en nuestro país, como por el efecto sobre las relaciones laborales que se desarrollarán en el futuro.
Si queremos relaciones laborales modernas, si deseamos autonomía social, en virtud de la cual los trabajadores y los empresarios, a través de los mecanismos de convenciones colectivas y de relaciones individuales, puedan generar derechos y deberes para las partes, debemos . tener un conjunto de normas laborales que, como reglas del juego, den garantías. Esta es una tarea primordial del Estado. Por eso, durante los últimos tres años, gracias al respaldo de este Honorable Congreso, se han incrementado los recursos humanos de la Dirección del Trabajo sobre el 40 por ciento.
Sin embargo, el esfuerzo cuantitativo de incorporación de personas y de recursos a la Dirección del Trabajo requería, al mismo tiempo, la elaboración de una planta que permitiera una mejor carrera funcionaría. Esto tiene que ver tanto con relaciones equitativas al interior de la Dirección del Trabajo como con la eficacia de su gestión. En ese sentido, estimamos que el proyecto en debate complementa el esfuerzo de fortalecimiento de la Dirección realizado durante estos tres años.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobado.
Se ha hecho presente el acuerdo de que el proyecto se vote también en particular. Hay una indicación y cuatro peticiones para votar separadamente los artículos 3°, 6°, 8° y 2°, letra a).
El señor SEGUEL Señor Presidente, está retirada la indicación.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Efectivamente.
Entonces, hay que votar en forma separada los artículos mencionados.
En primer lugar, propongo dar por aprobados en particular, con el mismo quorum anterior, todos los artículos, salvo los artículos 2°, letra a), 3°, 6° y 8°.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En votación la letra a) del artículo 2°, relativa a la planta de fiscalizadores.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobada.
En votación el artículo 3°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 15 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobado.
En votación el artículo 6°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 22 votos. No hubo abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobado.
En votación el artículo 8°
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobado.
Durante la discusión del artículo 7°, en la Comisión, el Ejecutivo formuló indicación para cambiar la referencia "el año de 1992" por "el año 1993".
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Seguridad Social).-
Señor Presidente, quiero, simplemente, agradecer a la Honorable Cámara el respaldo a este proyecto que beneficia a los trabajadores de la Dirección del Trabajo, y, principalmente, aumenta la eficacia con que esa Institución debe salvaguardar las relaciones laborales en nuestro país.
Gracias.
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