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El señor SABAG.-
Señor Presidente, el proyecto en estudio sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal es de la máxima importancia.
Quiero recoger las opiniones de algunos señores Diputados que han señalado el éxito de los servicios traspasados a los municipios. Eso es relativo. Desde luego, el traspaso de la educación y la salud se hizo mediante una decisión autoritaria, jamás consultada a los trabajadores. No quiero referirme a los funcionarios que eran autoridades en esa época, pues solamente recibían la orden de hacerse cargo de estos servicios, y aunque muchos de ellos pudieron no estar de acuerdo no les quedaba otra cosa que aceptar, por cuanto si no cumplían las órdenes del gobierno de ese entonces su cargo era inmediatamente requerido.
Lamentablemente, en el informe emitido por la comisión técnica no aparece información alguna de los actuales responsables de la salud me refiero a los municipios, pues cuando se estudió este proyecto estaban en función los municipios antiguos. No figuran en el informe los antecedentes en los cuales ellos puedan manifestar el éxito, la aprobación o el rechazo de este sistema de salud, ni menos se ha pedido la opinión a los nuevos municipios. Hablamos mucho de la autonomía municipal. Sin embargo, cuando tratamos un proyecto tan importante como éste, ni siquiera les consultamos.
Hoy día, cuando existen municipios democratizados, que llevan más de cinco meses en ejercicio, que han conocido los graves problemas que los afectan y están en una etapa organizativa, cuyo congreso para formar la Confederación Nacional de Municipalidades se realizará el 5, 6 y 7 de mayo en este mismo Congreso Nacional, oportunidad en que se van a exponer sus puntos de vista para enfrentar esta situación de hecho que les llega y les cae como ley amarrada.
Este es un aspecto que me preocupa y en el que debemos considerar a los verdaderos responsables.
Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Montes.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, quiero aclararle al Diputado señor Sabag que la Comisión de Salud recibió la opinión de los municipios.
En las páginas 2 y 3 del informe aparece la lista de personeros de los municipios que estuvieron presentes en el estudio del proyecto: directores de las corporaciones municipales de las áreas de salud, de municipios de diferentes características y de distintas experiencias; incluso, hay documentos entregados a la Comisión no sólo por uno, sino que aunaron sus esfuerzos tres, cuatro y cinco municipios para reflexionar sobre el tema.
Lo que plantea el Diputado señor Sabag fue considerado en el trabajo en la Comisión y hubo bastantes opiniones al respecto.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, existe la lista de esas personas, pero sus opiniones no figuran en el informe. No se dice si están conformes, cuál es la experiencia de esos municipios; es decir, se enumera a los invitados, pero no se consignan sus opiniones. En cambio, sí que aparece interpretada la opinión del Ejecutivo. Estimo que las verdaderas autoridades en este aspecto son los nuevos municipios, cuyo parecer no ha sido considerado para nada. Evidentemente, el estatuto presenta deficiencias. En su estudio participaron miembros integrantes de la Comisión de Salud y, fundamentalmente, médicos que dominan esta materia. Yo no pertenezco a esa Comisión, sino que a la de Hacienda, y, en consecuencia, me tocó conocer algunos puntos. Pero, más que eso, quiero hablar aquí como representante de quince comunas rurales de mi distrito, donde estos servicios traspasados han tenido claras deficiencias y limitaciones en cuanto a financiamiento. Hay municipios que no reciben del Ministerio de Salud ni siquiera los recursos para pagar la planilla del personal de atención primaria, y tienen que contribuir con recursos, no tan solo para pagarla, sino que para comprar todos los medicamentos y pagar los gastos generales del servicio. Hay municipios que por cuya planilla de empleados pagaron menos cantidad que sus aportes en salud. Entonces, les están quitando recursos. No olvidemos que el Gobierno se ha comprometido a que la atención primaria en el país sea gratuita; pero cuando lo dice debe ser a su costa y no de los municipios.
Este es un grave problema que afrontan, fundamentalmente, todos los municipios rurales. Ha habido discriminación para asignar los fondos. En el papel no se aplica una medida equitativa, en cuanto a la atención y número de habitantes de cada comuna, sino que en forma discriminatoria, y, posteriormente, los municipios deben asumir todas las responsabilidades en estos aspectos.
En relación con los profesionales que trabajan en los consultorios, casi ninguno se quiere ir a municipios pequeños o comunidades alejadas, donde los profesionales contratados por las municipalidades tienen enorme desventajas respecto de los contratados por el Servicio Regional de Salud. Cuando más, algunos permanecen en ellas dos o tres meses e inmediatamente las abandonan, porque o ganan un concurso o se van a ciudades más importantes. Por eso, es elemental que todos los profesionales sean médicos generales de zona pagados por el Servicio Nacional de Salud. En esa forma podrían trabajar por obligación como antes dos o tres años en zonas rurales para, después desempeñarse en hospitales y acudir a cursos de perfeccionamiento, a los cuales tienen legítimo derecho. Es muy difícil que los municipios puedan tener profesionales en los consultorios; hay una rotación permanente, aun cuando pudieran pagar mejores sueldos, porque las ventajas de trabajar en el Servicio Nacional de Salud, en los hospitales, las ventajas que otorgan los perfeccionamientos y estudios son evidentes. En la actualidad existen deficiencias en los municipios que comprobamos cada vez que visitamos las comunas. Lo primero que se nos dice es que no tienen médico y que les consigamos uno, cuando éste llega, a los pocos días prácticamente se lo "levantan" los propios funcionarios del Servicio Nacional de Salud.
Por eso, tengo mis aprensiones con respecto al proyecto de Estatuto de Salud Municipal.
En el informe se habla de que se había tratado de consultar en el Estatuto Docente, a fin de hacer una similitud con él; pero creo que aquí también está la experiencia de los alcaldes para que opinen acerca del Estatuto Docente, de estas rigideces que a veces tratamos de introducir en la Administración Pública, en que se dan casos grotescos, como, por ejemplo, que en una escuela haya cinco alumnos y tres profesores, y el alcalde no cuenta con facultad alguna para prescindir de sus contratos de trabajo, ni siquiera para trasladarlos, porque son propietarios de sus cargos. Y tenemos municipios en que el promedio es de 14 alumnos por profesor, y no se les puede echar porque la rigidez que establecemos impide la eficiencia en los municipios y en la Administración Pública. ¿Por qué la administración pública debe ser signo de ineficacia? Así como en la empresa privada se le exige eficiencia, la Administración Pública también debe serlo. Aquí no estamos propiciando que se despida a la gente, y yo les digo que siempre, toda actividad a aquella persona capaz, que realmente se desempeña bien, nadie, jamás, trata de despedirla. Muchas veces, con medidas rígidas sólo se protege la ineficiencia y que no se preste un buen servicio a la comunidad.
De modo que cuando se trata de hacer una similitud en este aspecto, estas rigideces van a perjuicio directo de la población, puesto que muchas veces los malos funcionarios se cobijan en medidas de protección que no benefician a la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Hay varias limitaciones que es necesario estudiar, y esperamos que puedan recogerse las opiniones de los municipios y hacerse las correcciones que correspondan cuando el proyecto vuelva a la Comisión.
Por último, deseo expresar que las remuneraciones de estos funcionarios tienen muy mala presentación. Cada vez que uno llega a los hospitales o a los consultorios, dicen: "Ni siquiera ganamos el salario mínimo" y muestran la planilla. Siempre se toma como base la cantidad mínima, que antes era de 28 mil pesos o menos, y que ahora asciende a 38 ó 39 mil pesos. Ellos, evidentemente, ganan mucho más, porque reciben incrementos a raíz de diversas leyes, pero no los consideran y estiman que el salario mínimo es inferior al ingreso mínimo de la empresa privada, que rige para todos los habitantes del país.
En consecuencia, para una mejor presentación hacia los trabajadores, estimo que para el último grado funcionario debe considerarse el ingreso mínimo nacional y sobre éste aplicarse los incrementos.
He dicho.
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