ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde seguir ocupándose del proyecto de ley que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Continúa con la palabra el Diputado señor Acuña. El señor ACUÑA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que establece el Estatuto de Atención primaria de Salud Municipal enviado por el Ejecutivo, como dijimos ayer, significará un aporte fundamental para mejorar las prestaciones a lo largo del país, pues plantea con claridad las perspectivas de progreso en el terreno profesional, técnico y funcionario en general, con un enfoque humanitario e integral que envuelve el sentido más tradicional y auténtico para cualquier trabajador de la salud. Significa considerar, al tratar con una persona sana o enferma, los múltiples factores que afectan su condición de salud, que no tienen que ver solamente con los aspectos médicos, sino que, además, con los síquicos-sociales y con la relación familiar, el bienestar, el trabajo, las condiciones de vivienda y el ambiente en general. La motivación por esta práctica de la medicina, en la inmensa mayoría de los profesionales de la salud al incorporarse a sus carreras de formación, tendrá en la atención primaria un campo de la más profunda satisfacción profesional dentro de una actividad tan necesaria para toda la población y en condiciones de remuneración adecuada. El Estatuto propuesto por el Gobierno viene a satisfacer una muy sentida aspiración de un gran sector de los funcionarios de la salud. Su principal innovación está en el régimen funcionario, ya que posibilita desarrollar una carrera basada en la capacitación progresiva, el perfeccionamiento y la especialización, así como la eficiencia, la creatividad y la responsabilidad. La implementación de este nuevo sistema hace necesario que el Gobierno desarrolle un amplio programa de capacitación, al que tengan acceso todos los funcionarios del sector, profesionales y no profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. Los aspectos normativos y el desarrollo de los recursos humanos en salud siguen siendo responsabilidad del Gobierno, a través de la cooperación con las municipalidades del país. En el Estatuto se establecen canales de comunicación entre los servicios de salud a nivel nacional y el sector municipalizado, que garantizarán el perfeccionamiento en centros hospitalarios y consultorios del personal de los dos sistemas. La capacitación estará respaldada a lo largo del país por la regionalización docente asistencial, que significa básicamente el apoyo de un hospital docente en cada región. El Estatuto establece sueldo base, asignación de atención primaria y asignaciones especiales. La de experiencia se pondera en un 80 por ciento; la de perfeccionamiento, en un 35 por ciento; la de mérito funcionario, en un 35 por ciento; la de responsabilidad, en un 30 por ciento, y la de zona y desempeño difícil, hasta en un 30 por ciento. Se reconocen todos los años de servicio en salud en el sector público y se aseguran las imposiciones por el total de haberes. Además, habrá asignaciones por estudios y títulos de postgrado. En este aspecto, indudablemente, el nivel es muy superior a cualquiera de los regímenes actuales del personal de la salud, ya sea a través del Código del Trabajo, del Estatuto Administrativo o incluso de la ley N° 15.076. Como han dicho otros colegas, el proyecto beneficiará alrededor de 15 mil personas, repartidas en 320 consultorios municipalizados, y tendrá un costo superior a los 3 mil millones de pesos. Ayer se hizo alusión a opiniones emitidas por colegios profesionales y por funcionarios y coordinadoras de trabajadores y profesionales municipalizados. Sin embargo, no se dijo que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en opinión de dirigentes, da respuesta a las aspiraciones del sector. Se ha hecho gran esfuerzo para acercarse a la realidad. Tampoco se dijo ayer que a los trabajadores de la salud se les reconoce una gran deuda social, ya que el traspaso obligado e inconsulto a las municipalidades les significó la pérdida de muchas conquistas sociales y laborales en el Gobierno pasado. Por último, de mi intervención se desprende nuestra votación favorable al proyecto de ley, pues según las palabras del señor Ministro, existe la disposición y la voluntad de resolver los diferentes problemas de la salud en la medida en que se vayan presentando. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Smok. El señor SMOK.- Señor Presidente, los Diputados señores Bayo y Melero ayer pretendieron presentar el proyecto en discusión como la ratificación y cristalización de la política de salud en atención primaria del anterior gobierno. Es demasiado obvio que la política en atención primaria desarrollada durante el régimen pasado fue repudiada, o por lo menos generó fuerte insatisfacción, tanto en los 14 mil funcionarios como en la población, que se sintió postergada y recibió una atención de mala calidad, que mas que primaria fue por mucho tiempo primitiva. Esto se puede desprender claramente de las condiciones salariales a las cuales fueron sometidos los trabajadores, de la arbitrariedad para su estabilidad laboral y carrera funcionaría que representó la alcaldización, de la desprotección y postergación que significaron los escasos fondos destinados para esta atención. Quiero recordar que cuando asumió el poder el gobierno democrático, los recursos destinados a la atención primaria de cada chileno beneficiario eran equivalentes a cuatro dólares per cápita al año. En estos términos no podía mantenerse. Es claro que la atención primaria fue sólo una barrera de contención de todos los problemas no resueltos en salud. Es claro que los trabajadores en atención primaria estuvieron sometidos a un régimen sin calificación, a condiciones y remuneraciones no adecuadas; imposibilitados de capacitarse, de hacer una carrera, de moverse a lo largo del país. Asumieron la atención primaria como un espacio para no enfrentar la cesantía y la desesperanza de conseguir otro trabajo. Esta es la percepción de la ciudadanía y de los profesionales y funcionarios de la atención primaria desarrollada por el anterior gobierno. Exactamente, éstos son los puntos que hoy deben ser resueltos. Con desconocimiento histórico, se dijo que era la primera vez que la municipalidad tenía que ver con la salud. Quienes conocemos la historia de Chile, sabemos que en el siglo pasado la municipalidad era la única responsable en esta materia. De más está decir que la experiencia resultó frustrada y el país caminó en otro sentido al cabo de su evaluación. Por ello, no está descartada la necesidad de descentralizar la salud, tanto a nivel administrativo como de la capacidad de enfrentar los problemas locales, que, por cierto, son diversos a lo largo del país, que empieza en una zona tropical y termina en una polar, que posee concentraciones urbanas y altos índices de ruralidad, que tiene áreas de gran riqueza y de, extrema pobreza. Hubo un sistema primitivo, de mala calidad, mal pagado, peor percibido por la comunidad, descoordinado en las instancias de atención secundaria y terciaria; sin programas destinados a la atención primaria, que implica la prevención, el fomento, el autocuidado de la salud; sólo curación, en términos bastante rudimentarios, de la enfermedad ya desatada. La gestión no fue técnica, sino autoritaria, caprichosa. Se nombró y destituyó a personas por decisión y capricho de la autoridad, sin concursos, sin carrera fundonaría y sin ninguna forma de calificación o perspectiva. Hoy, en el marco de la descentralización, tenemos que hacer un viraje rotundo, que garantice a los funcionarios rentas adecuadas, comparables con las del resto del sistema de salud; la posibilidad de perfeccionarse y el ascenso por méritos; mecanismos claros y transparentes para la nominación y selección de cada uno de ellos; cursos de perfeccionamiento en las distintas instancias, para hacer de la atención primaria municipal un cuerpo de participación comunitaria y social del mayor interés para todos. Es lo que esperamos con la nueva forma de financiamiento. En consecuencia, porque la atención primaria que se prestó no fue capaz de prevenir, debemos aprobar la idea de legislar. A continuación, quiero plantear ciertas dudas y reflexiones que me merece el proyecto, algunas de las cuales son insuficiencias que quedarán planteadas para el análisis del segundo informe o para posteriores trámites legislativos. Se plantea y se pretende sinceramente igualar los salarios de los trabajadores de la atención primaria con los del resto del sistema de salud. La variedad de salarios existentes en distintos municipios es muy amplia, de manera que hay una dispersión de datos que impiden tener una respuesta clara si este proyecto logra o no ese propósito. Sí es claro que ningún trabajador de atención primaria, como objetivo del legislador, debe ganar menos que un trabajador cuyos servicios son prestados en un hospital. Y este punto lo seguimos reivindicando. Hemos planteado para enfrentar a quienes dicen que aquí hay un proceso burocratizante, desincentivador del mérito, la necesidad de que los estímulos por perfeccionamiento, por méritos y por responsabilidades, sean un tema fuerte y ordenador. Por lo mismo, tenemos dudas de si, en aquellas municipalidades donde se está pagando más del salario aquí establecido, deba restringirse los incentivos, hasta hacerlos desaparecer, como una forma de compensar este sobresueldo, toda vez que un alto porcentaje de funcionarios haría perder el interés por seguir perfeccionándose, asumiendo responsabilidades y haciendo méritos. Creo que la desaparición plena y total de los incentivos no debe ser la forma de compensar los sobresueldos que eventualmente algunos municipios estén planteando. En materia de beneficios de los trabajadores, veo como pendiente el tema relacionado con un bienestar para los funcionarios de atención primaria y la justa posibilidad de recibir atención gratuita para él y sus cargas, como se ha asumido para el resto de los trabajadores de la salud. También es claro que cuando se autoriza al municipio, en materia de rentas, a fijar un piso como ocurre en este caso, nuevamente se plantea el problema de que las municipalidades ricas pueden pagar mucho más que las pobres, produciéndose permanentemente una presión de los funcionarios por trasladarse a los municipios donde les paguen mejor. Por lo tanto, debemos hacer una reflexión acerca del sistema de financiamiento. Por cierto, debe ser refrendado el tema de que sea per cápita la asignación de recursos, además de considerar, y muy fuertemente, los factores socioeconómicos y epidemiológicos locales. No veo en este proyecto suficientemente establecidos los elementos de ruralidad. Estos temas deben ser extraordinariamente bien planteados, porque es la única manera de que las comunas pobres puedan acceder a mejores niveles de salud. Si seguimos aumentando los ingresos generales municipales y otorgando la posibilidad de que los municipios puedan asignar mayores recursos, es evidente que seguiremos manteniendo la brecha que hoy existe entre los municipios a lo largo del país. Y ésa, sin duda, no es la intención de ninguno de los legisladores que han sido partícipes de este proceso. En este mismo punto del financiamiento se hace referencia al per cápita, a las condiciones socioeconómicas y epidemiológicas y a las prestaciones. Hay que ser muy preciso en qué se entiende por "prestaciones", porque si es por atenciones curativas, se estaría faltando a los programas y a todos los mecanismos de educaciones e incentivos de autocuidado que nos parecen mucho más significativos y que tendrían una dificultad clara de ser medidos y, en consecuencia, restituidos en sus bienes. Por lo tanto, el tema de las prestaciones no debe ser manejado en un concepto restrictivo de atenciones dadas para recuperarse de una enfermedad, sino que como prestaciones dadas a una comunidad para educar, incentivar y promover mejor su salud. Una segunda reflexión debe estar encaminada a dilucidar si la comuna es el espacio mínimo en el cual se puede prestar atenciones de salud. Es evidente que en este país hay comunas que son el espacio suficiente y adecuado, pero también es claro que una cantidad muy importante de ellas están bajo los 20 mil habitantes. Al respecto sostengo hoy que bajo poblaciones de 20 mil habitantes no se llega en forma suficiente a la masa crítica como para tener un servicio municipal de salud. Por lo tanto, cuando decimos que la comuna debe ser el espacio, también debamos tener la capacidad de generar asociaciones que vayan más allá de la comuna para enfrentar los temas de salud. Reitero: bajo 20 mil habitantes, una comuna no es capaz de generar un sistema de atención primaria en condiciones habituales. Lo digo con la certeza de representar una región donde hay comunas con menos de mil habitantes, donde, por cierto, ya tener un practicante, supera con mucho la capacidad de enfrentar los temas de salud de esas comunidades. Las asociaciones comunales o las instancias provinciales o regionales, para asumir en esos casos los temas de salud, deben ser mejor y más ampliamente clarificadas en este proyecto. Es evidente que el punto no pone en discusión ni disminuye el afán descentralizador que compartimos, pero lo adecúa a los elementos de la realidad. Han de saber los señores parlamentarios que no en todas partes la comuna es la medida de la descentralización. Lo será en Francia y por mucho tiempo, pero en España son las regiones autónomas, los espacios mínimos para generar los programas descentralizados de salud. Por lo tanto, no podemos hacer de esto un San Benito, en orden a que sea la comuna o nada. En muchas partes, va a ser la comuna y en buena hora; en otras, deben ser asociaciones comunales o instancias provinciales o regionales las que tomen en sus manos el desarrollo de estos programas. No veo bien reflejado en este proyecto las opciones que necesariamente la experiencia y la práctica se deberán generar en este sentido. Un tercer punto en debate y que me parece pendiente, es si debemos manejarnos por un principio que es novedoso aparentemente, o por lo menos, no excluyente: administra el propietario. O sea, la municipalidad debe ser propietaria de los bienes de los consultorios municipales como, por cierto, hasta ahora lo es parcialmente. Una buena cantidad de consultorios y otros recursos que están en manos del Ministerio, en comodato o en las municipalidades. Más allá de la razón administrativa de fondo, en orden a que administre quien es propietario de los bienes, en este proyecto hay un punto de la línea del no retomo. Los trabajadores de salud, incluso la comunidad, tienen derecho a tener aprensiones de si el espacio municipal será suficiente. No basta con decir que no puede compararse el municipio autoritario con el municipio democrático. Puede haber dudas razonables de si el sistema municipal, en sí, va a funcionar definitivamente. Una actitud prudente implica la posibilidad de tener una marcha blanca, de uno o dos años, que permita evaluar el funcionamiento de la municipalización de la salud, hoy día debatida en un Parlamento y establecida y respaldada por una ley, antes de hacer el traspaso definitivo de los bienes. Esa es una posibilidad no despreciable y queda inserta, de la misma manera, en el principio sostenido, de que quien administra debe ser el propietario. Un cuarto punto en cuestión es si esta ley genera suficientes instancias de participación, porque es claro que una comunidad puede, a través de su cuerpo de concejales y alcaldes, hacer una propuesta sobre el programa de salud de ese municipio, adecuado a normas técnicas como se plantea, pero aquí no veo de ninguna forma acciones coherentes de la comunidad sumándose a las acciones de las autoridades de salud. A nadie le daña ni le resta prestigio ni poder que los concejos comunales o locales de las juntas de vecinos sean partícipes de las iniciativas que surjan del consultorio. La vida de un consultorio no se da al interior de sus paredes. Al contrario, en un concepto sano de atención primaria, se da hacia el exterior, y no es posible ni razonable que la comunidad beneficiaría no tenga nada que decir al interior de este consultorio. No estoy propugnando quitarles poder de decisión a los consultorios, como tampoco hacer participar a esas organizaciones en instancias técnicas. Nadie podría sostener que los centros de padres y apoderados le quitan prestancia y decisión al rector de un colegio o a su cuerpo de profesores. Nadie tiene dudas tampoco de que un centro de padres y apoderados, bien dispuesto con las actividades del colegio, tiene acción sinérgica con los resultados del establecimiento. En salud, de la misma manera, debemos invitar a las juntas de vecinos, centros juveniles, centros de madres, clubes deportivos a ser partícipes; a estar comprometidos con la atención de sus consultorios de atención primaria. Un quinto punto que no está bien expresado en el proyecto, está relacionado con los mecanismos por los cuales se pone término a la relación laboral. Ayer, algunos Diputados plantearon como crítica, aduciendo modernidad, que el proyecto no permitiera fácilmente echar a funcionarios. Claramente queda reflejado el subconsciente de algunos Diputados, que les gusta ver la posibilidad de echar a los funcionarios como un mecanismo para diferenciar lo que es una buena ley de una mala. Eso no es moderno. Lo moderno es dar las oportunidades e incentivos para que los funcionarios se sientan partícipes del sistema donde laboran y puedan progresar y adaptarse a él. No obstante, la autoridad de Hacienda ha mantenido en el proyecto una actitud, diría, porfiada de entender que en la eventualidad, remota pero emblemática, simbólica, de que tuviera que terminarse con un cargo por un cambio demográfico o epidemiológico de una comunidad o cierre de un consultorio, y no existiere la posibilidad de reubicar a ese funcionario, el desahucio debe considerar once meses, de la misma manera establecida en el estatuto docente, y no ocho, como se ha llegado a plantear ahora en una cosa novedosa, o seis meses, como establece el estatuto municipal. Digámoslo de una manera simple y brutal, ¿por qué tiene un costo distinto, si estamos hablando del mismo ámbito, el despedir a un profesor que a una enfermera, en el caso de que se extinga su función? Es necesario homologar las condiciones de término de relación laboral de esta iniciativa con las del estatuto docente. El ámbito, la instancia y las decisiones son equivalentes y la legislación está estableciendo una diferencia que me parece caprichosa y molesta. Señor Presidente, de este proyecto se deduce, impensadamente quizás, una conclusión también favorable para otros trabajadores del Estado. Esta es la primera iniciativa donde la asignación de zona se considera parte de la remuneración, y por tanto, imponible. Ese es un tema de la mayor importancia, porque los funcionarios públicos y los profesores sometidos al estatuto docente no pueden imponer sobre su asignación de zona y, en consecuencia, no se ve reflejada a la hora de jubilar o establecer sus fondos de retiro. A partir de este proyecto, y compartiendo ese juicio, debe hacer una modificación y adecuación de las demás condiciones contractuales y del resto de la legislación sobre empleados públicos que también haga imponible la asignación de zona. Aquí hay elementos de la mayor novedad y necesidad de legislar para enfrentar una atención primaria moderna. He planteado algunas dudas; he sostenido que esto no se parece en nada a lo que se hizo durante los últimos doce años en atención primaria, y por lo tanto, sostengo, junto con mi bancada, que concurriremos a la aprobación en general de este proyecto. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI.- Gracias, señor Presidente. En primer lugar, me sorprende que en esta discusión sobre un tema tan importante, como el que estamos analizando, no se encuentren presentes autoridades del Ministerio de Salud. Ayer, estuvo el señor Ministro. Hoy sólo está el señor Subsecretario. Ya se han formulado algunos comentarios como el manifestado por el señor Smok con relación a la no imponibilidad de la asignación de zona. No sé cómo se recogerá esa idea, que me parece positiva, para que el Gobierno la transforme en una indicación. En enero de 1992, el Gobierno ingresó a esta Cámara el proyecto que establece un estatuto de atención primaria de salud municipal. Dicha iniciativa se vio entrabada por el rechazo planteado por algunos dirigentes políticos del mismo sector, los mismos que seis meses después solicitaron que volviera a reactualizarse su discusión. Se planteó como razón principal para rechazar la iniciativa, que el Gobierno legitimaba el traspaso de los consultorios de Salud primaria a los municipios. Algunos de los que adoptaron la medida nos comunicaron que deseaban revertir el proceso. No hemos ocultado nuestra satisfacción al comprobar que a través de este proyecto, por fin se ha reconocido que la municipalización y descentralización de la salud primaria, a la larga, fue un hecho positivo y esencial para el desarrollo del proceso, según las palabras del propio mensaje. Diría que el gran mérito del Gobierno de la Concertación ha sido no innovar en materias que estaban dando resultados positivos y probablemente, muchas veces, aunque con dificultad, lo han aceptado. Concordamos con el mensaje en que, a pesar de lo positivo de la municipalización, faltaba mejorar en forma significativa las remuneraciones de los funcionarios del sector, quienes han sido postergados en relación con el personal del Servicio de Salud, cuyas remuneraciones, cargos y plantas se fijaron en esta Cámara, en 1991, en la ley N° 19.086. El proyecto en discusión establece normas respecto de todo el personal que desempeña funciones de atención primaria de salud en establecimientos municipales, tanto en su relación laboral y sus deberes como en la carrera funcionaría y en lo referente al financiamiento y a la administración de los consultorios. La ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales, que contiene las normas generales del régimen laboral, establece las categorías de funcionarios y especifica los requisitos que deben cumplir las personas que deseen ingresar al sistema de atención primaria de salud. El Título III del proyecto contiene normas sobre la carrera funcionaría, la igualdad de oportunidades para el ingreso, la capacitación, las calificaciones y la estabilidad en el empleo. La carrera funcionarla considera la experiencia, el perfeccionamiento y los méritos. Las remuneraciones estarán constituidas por el sueldo base y las asignaciones de atención primaria municipal; de responsabilidad y de desempeño en condiciones difíciles. Pero la asignación primaria municipal, a la cual tiene derecho el funcionario por el solo hecho de ser parte de una dotación, corresponde a un porcentaje que fluctúa entre el 80 y el 100 por ciento del sueldo base, siendo la más alta para los profesionales y la más baja para los auxiliares. Dicha situación debe ser corregida por constituir una grave injusticia para quienes más necesitan de una mejor asignación. Por ello, los parlamentarios de nuestras bancadas solicitamos al Ejecutivo que la asignación sea de ciento por ciento para todos los funcionarios del sector salud, sin distingo alguno. Otra injusticia grave que se visualiza en el proyecto tiene relación con algo que estudiamos en 1991, al aprobarse la ley N° 19.086. cuyo artículo 8° dispone que los funcionarios de planta a contrata del Servicio Nacional de Salud, sus cargas, incluyendo los jubilados por vejez y los becarios, que fueran beneficiarios del régimen de prestación de salud contenido en la ley N° 18.479, se considerarán clasificados en el grupo B a que se refiere el artículo 29 del referido cuerpo legal, para los efectos de la contribución al financiamiento de las prestaciones y atenciones que reciban en la modalidad de atención institucional en los establecimientos del Sistema Nacional del Servicio de Salud o adscritos a éste. En este sentido, solicitamos enfáticamente al Gobierno que los funcionarios de la salud primaria puedan acogerse a ese mismo beneficio. No es justo que quienes trabajan en hospitales tengan derecho a atención gratuita, pero no los 13 mil funcionarios de los consultorios. El punto fue motivo de una larga discusión en la Comisión en ese momento, y el Ministro de Salud de la época se comprometió a considerarlo al estudiarse éste estatuto. A pesar de haberlo planteado en la Comisión, esta propuesta ni siquiera figura en el mensaje. Por lo tanto, insistimos en que es de justicia que esta materia forme parte del estatuto, como una forma de precaver él daño que sufrirían los funcionarios de la atención primaria si no pudieran acogerse a este beneficio. No existe razón alguna para que los funcionarios de la salud primaria tengan un tratamiento distinto al de los del Servicio Nacional de Salud. El Título IV contiene normas referentes al financiamiento, el que se entregará mediante decreto supremo en relación con la población potencialmente beneficiaría, las características epidemiológicas y socioeconómicas de los sectores y la cantidad mensual de prestaciones de salud. Pero no sabemos en forma cierta si estos nuevos indicadores significarán aumentar definitivamente los recursos que hoy se destinan a los servicios de salud a través del Fapem. De no ser así, y a pesar de los cinco mil millones de pesos que significa la aplicación de este estatuto, la salud primaria no mejorará sustancialmente. A la fecha, en la gran mayoría de los municipios el Fapem alcanza apenas para pagar las remuneraciones de los; funcionarios del sector salud, lo cual ha originado el enorme déficit que deben afrontar, el que en la actualidad supera esa cantidad, situación que en gran parte les ha impedido efectuar inversiones en obras de adelanto comunal. Es erróneo, como aquí se ha manifestado, culpar de esta situación a la gestión municipal. El problema radica en el alto costo que ha alcanzado la salud primaria, y los déficit no sólo ocurren en los antiguos municipios, como se pudiera pensar o se ha dicho, sino que también en los nuevos, creados por este Gobierno y administrados por alcaldes elegidos, democráticamente. Hace poco tiempo, en un largo artículo publicado en la prensa, las nuevas municipalidades informaron sobre el grave déficit que tienen en las áreas de salud y de educación, lo que les impide realizar una gestión administrativa municipal de acuerdo con lo que se habría esperado. Lo curioso es que lo hacen como si esto fuera una tarea que el Gobierno debe dar a los nuevos municipios, en circunstancias de que debería focalizar el gasto en salud en todos los municipios del país. Me pregunto qué habría pasado si en estos últimos años la salud no hubiera recibido los enormes aportes entregados por los municipios. Han sido miles de millones de pesos. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado cuando evaluamos la gestión municipal. Además, ¿cuántas inversiones se han hecho a través de los municipios para mejorar la salud? Personalmente, tuve una gran experiencia en la construcción de nuevos consultorios quizás un consultorio modelo, en nuevas instancias de salud y también en nuevos programas que muchas veces ni siquiera eran financiados por los Fapem. Aún resta mucho por hacer porque existe un enorme rechazo de pacientes, pero gracias a la política de prevención que se llevó a cabo en el Gobierno anterior, el país ha logrado los indicadores de salud que hoy sustenta y que nos coloca entre los mejores de Latinoamérica y de muchos países del mundo. Por tanto, urge una focalización que asigne mayores recursos a la salud, especialmente a las comunas de alto riesgo y de escasos recursos. Es cierto que se producen injusticias en la salud primaria cuando se comparan los sueldos y las posibilidades de las municipalidades de mayores con las de menores recursos, en las cuales muchas veces los consultorios primarios se convierten en la única alternativa de atención que tiene la población. Es cierto que el presupuesto del sector salud es uno de los que más ha aumentado en estos últimos años aproximadamente 60 por ciento. Sin embargo, en ninguna forma y de ninguna parte se observa o advierte una mejoría en la misma proporción en la atención de salud en general. Nos preocupa de especial manera que, a pesar de reconocer la municipalización, el proyecto presenta una seria tendencia a la centralización. Con un estatuto de salud general no se motiva la eficiencia a través de incentivos reales. La capacitación no es necesariamente un incentivo, porque muchas personas pueden capacitarse toda una vida sin ser buenos funcionarios. El incentivo debe otorgarse al que trabaja con amor, con cariño y dedicación, que se entrega a los pacientes, ya que muchas veces es el auxiliar más modesto y no el profesional más capacitado. El Ministerio de Salud es el verdadero empleador en esta materia y las autoridades municipales pierden la posibilidad de establecer las condiciones de trabajo, transformándose en meros administrativos de los recursos del Estado. La tendencia moderna en el mundo y en Chile es aumentar la participación privada como la mejor manera de lograr avances en el desarrollo. Esperamos, entonces, que los municipios, que ahora son autónomos, vayan poco a poco privatizando la atención de salud para lograr mejores niveles de atención a la población. Y a quienes esto les parezca muy raro, descabellado e inaceptable les voy a citar dos ejemplos de hospitales que he tenido la suerte de visitar: el de Pucón y el de San Bernardo, instituciones privadas que atienden salud primaria y secundaria en excelentes condiciones y como quisiéramos que fueran todos los consultorios de nuestro país. Ellos están acogidos al Fapem, pero han dado un ejemplo de lo que puede llegar a ser la atención primaria en salud con la participación de la empresa privada. Renovación Nacional, a pesar de las inquietudes planteadas, aprobará el proyecto, porque sabe que ha creado grandes expectativas entre los funcionarios de la salud y, además, brinda la posibilidad de corregir una serie de injusticias que ellos podrían haber sufrido. Por otra parte, queremos insistir en la necesidad de reparar la injusticia que se produce con la asignación discriminatoria al personal de menor grado, según lo establece el artículo 28, como también en que el Ejecutivo presente una indicación para que los funcionarios de la salud primaria tengan los mismos derechos de atención institucional que los del Servicio de Salud acogidos a la Ley N° 19.086. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto en estudio sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal es de la máxima importancia. Quiero recoger las opiniones de algunos señores Diputados que han señalado el éxito de los servicios traspasados a los municipios. Eso es relativo. Desde luego, el traspaso de la educación y la salud se hizo mediante una decisión autoritaria, jamás consultada a los trabajadores. No quiero referirme a los funcionarios que eran autoridades en esa época, pues solamente recibían la orden de hacerse cargo de estos servicios, y aunque muchos de ellos pudieron no estar de acuerdo no les quedaba otra cosa que aceptar, por cuanto si no cumplían las órdenes del gobierno de ese entonces su cargo era inmediatamente requerido. Lamentablemente, en el informe emitido por la comisión técnica no aparece información alguna de los actuales responsables de la salud me refiero a los municipios, pues cuando se estudió este proyecto estaban en función los municipios antiguos. No figuran en el informe los antecedentes en los cuales ellos puedan manifestar el éxito, la aprobación o el rechazo de este sistema de salud, ni menos se ha pedido la opinión a los nuevos municipios. Hablamos mucho de la autonomía municipal. Sin embargo, cuando tratamos un proyecto tan importante como éste, ni siquiera les consultamos. Hoy día, cuando existen municipios democratizados, que llevan más de cinco meses en ejercicio, que han conocido los graves problemas que los afectan y están en una etapa organizativa, cuyo congreso para formar la Confederación Nacional de Municipalidades se realizará el 5, 6 y 7 de mayo en este mismo Congreso Nacional, oportunidad en que se van a exponer sus puntos de vista para enfrentar esta situación de hecho que les llega y les cae como ley amarrada. Este es un aspecto que me preocupa y en el que debemos considerar a los verdaderos responsables. Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Montes. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero aclararle al Diputado señor Sabag que la Comisión de Salud recibió la opinión de los municipios. En las páginas 2 y 3 del informe aparece la lista de personeros de los municipios que estuvieron presentes en el estudio del proyecto: directores de las corporaciones municipales de las áreas de salud, de municipios de diferentes características y de distintas experiencias; incluso, hay documentos entregados a la Comisión no sólo por uno, sino que aunaron sus esfuerzos tres, cuatro y cinco municipios para reflexionar sobre el tema. Lo que plantea el Diputado señor Sabag fue considerado en el trabajo en la Comisión y hubo bastantes opiniones al respecto. El señor SABAG.- Señor Presidente, existe la lista de esas personas, pero sus opiniones no figuran en el informe. No se dice si están conformes, cuál es la experiencia de esos municipios; es decir, se enumera a los invitados, pero no se consignan sus opiniones. En cambio, sí que aparece interpretada la opinión del Ejecutivo. Estimo que las verdaderas autoridades en este aspecto son los nuevos municipios, cuyo parecer no ha sido considerado para nada. Evidentemente, el estatuto presenta deficiencias. En su estudio participaron miembros integrantes de la Comisión de Salud y, fundamentalmente, médicos que dominan esta materia. Yo no pertenezco a esa Comisión, sino que a la de Hacienda, y, en consecuencia, me tocó conocer algunos puntos. Pero, más que eso, quiero hablar aquí como representante de quince comunas rurales de mi distrito, donde estos servicios traspasados han tenido claras deficiencias y limitaciones en cuanto a financiamiento. Hay municipios que no reciben del Ministerio de Salud ni siquiera los recursos para pagar la planilla del personal de atención primaria, y tienen que contribuir con recursos, no tan solo para pagarla, sino que para comprar todos los medicamentos y pagar los gastos generales del servicio. Hay municipios que por cuya planilla de empleados pagaron menos cantidad que sus aportes en salud. Entonces, les están quitando recursos. No olvidemos que el Gobierno se ha comprometido a que la atención primaria en el país sea gratuita; pero cuando lo dice debe ser a su costa y no de los municipios. Este es un grave problema que afrontan, fundamentalmente, todos los municipios rurales. Ha habido discriminación para asignar los fondos. En el papel no se aplica una medida equitativa, en cuanto a la atención y número de habitantes de cada comuna, sino que en forma discriminatoria, y, posteriormente, los municipios deben asumir todas las responsabilidades en estos aspectos. En relación con los profesionales que trabajan en los consultorios, casi ninguno se quiere ir a municipios pequeños o comunidades alejadas, donde los profesionales contratados por las municipalidades tienen enorme desventajas respecto de los contratados por el Servicio Regional de Salud. Cuando más, algunos permanecen en ellas dos o tres meses e inmediatamente las abandonan, porque o ganan un concurso o se van a ciudades más importantes. Por eso, es elemental que todos los profesionales sean médicos generales de zona pagados por el Servicio Nacional de Salud. En esa forma podrían trabajar por obligación como antes dos o tres años en zonas rurales para, después desempeñarse en hospitales y acudir a cursos de perfeccionamiento, a los cuales tienen legítimo derecho. Es muy difícil que los municipios puedan tener profesionales en los consultorios; hay una rotación permanente, aun cuando pudieran pagar mejores sueldos, porque las ventajas de trabajar en el Servicio Nacional de Salud, en los hospitales, las ventajas que otorgan los perfeccionamientos y estudios son evidentes. En la actualidad existen deficiencias en los municipios que comprobamos cada vez que visitamos las comunas. Lo primero que se nos dice es que no tienen médico y que les consigamos uno, cuando éste llega, a los pocos días prácticamente se lo "levantan" los propios funcionarios del Servicio Nacional de Salud. Por eso, tengo mis aprensiones con respecto al proyecto de Estatuto de Salud Municipal. En el informe se habla de que se había tratado de consultar en el Estatuto Docente, a fin de hacer una similitud con él; pero creo que aquí también está la experiencia de los alcaldes para que opinen acerca del Estatuto Docente, de estas rigideces que a veces tratamos de introducir en la Administración Pública, en que se dan casos grotescos, como, por ejemplo, que en una escuela haya cinco alumnos y tres profesores, y el alcalde no cuenta con facultad alguna para prescindir de sus contratos de trabajo, ni siquiera para trasladarlos, porque son propietarios de sus cargos. Y tenemos municipios en que el promedio es de 14 alumnos por profesor, y no se les puede echar porque la rigidez que establecemos impide la eficiencia en los municipios y en la Administración Pública. ¿Por qué la administración pública debe ser signo de ineficacia? Así como en la empresa privada se le exige eficiencia, la Administración Pública también debe serlo. Aquí no estamos propiciando que se despida a la gente, y yo les digo que siempre, toda actividad a aquella persona capaz, que realmente se desempeña bien, nadie, jamás, trata de despedirla. Muchas veces, con medidas rígidas sólo se protege la ineficiencia y que no se preste un buen servicio a la comunidad. De modo que cuando se trata de hacer una similitud en este aspecto, estas rigideces van a perjuicio directo de la población, puesto que muchas veces los malos funcionarios se cobijan en medidas de protección que no benefician a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Hay varias limitaciones que es necesario estudiar, y esperamos que puedan recogerse las opiniones de los municipios y hacerse las correcciones que correspondan cuando el proyecto vuelva a la Comisión. Por último, deseo expresar que las remuneraciones de estos funcionarios tienen muy mala presentación. Cada vez que uno llega a los hospitales o a los consultorios, dicen: "Ni siquiera ganamos el salario mínimo" y muestran la planilla. Siempre se toma como base la cantidad mínima, que antes era de 28 mil pesos o menos, y que ahora asciende a 38 ó 39 mil pesos. Ellos, evidentemente, ganan mucho más, porque reciben incrementos a raíz de diversas leyes, pero no los consideran y estiman que el salario mínimo es inferior al ingreso mínimo de la empresa privada, que rige para todos los habitantes del país. En consecuencia, para una mejor presentación hacia los trabajadores, estimo que para el último grado funcionario debe considerarse el ingreso mínimo nacional y sobre éste aplicarse los incrementos. He dicho. Con su venia, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Huepe. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor HUEPE.- Señor Presidente no entraré en un análisis de fondo del proyecto, puesto que debemos tratar de concluir hoy su debate para aprobarlo. En relación con los municipios rurales, sólo quiero destacar mi preocupación por el hecho de que el sistema per cápita, no sólo incluye este esquema sino que además, las condiciones socioeconómicas, las situaciones epidemiológicas de las comunas, que podrían significar en algunas comunas rurales, en contraste con el sistema actual del Fapem, incluso una disminución del aporte. Por lo tanto, sugiero que al reglamentarse el sistema se fije un piso, una limitación, para que los municipios rurales no dispongan de menos recursos para la atención de salud, que los que recibían anteriormente. Además, la medida obligará a las comunas rurales a enfrentar un gran desafío, a aprovechar la posibilidad que otorgará esta ley para trabajar en forma integrada a través de los sistemas locales de salud, lo cual obligará a una participación de los municipios, de la comunidad organizada, del gobierno regional y de las autoridades del sector salud; y a los municipios, a un trabajo preventivo mucho más intenso y a integrar las acciones de salud con otros Ministerios y dependencias, por cuanto es claro que lo que suceda en vialidad o en educación también incide en salud. Quiero destacar dos ideas: procurar que no disminuya el aporte de salud a los municipios y que se realice un trabajo integrado en las comunas rurales, a fin de que el nuevo sistema no las perjudique finalmente. He dicho. Agradezco la interrupción del Diputado señor Sabag. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Recupera la palabra el Diputado señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, si todavía queda tiempo, concedo una interrupción al Diputado señor Latorre. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LATORRE.- Señor Presidente, con el ánimo de dar continuidad a la preocupación de los Diputados señores Sabag y Huepe respecto de las comunidades rurales, quiero hacer también algunos alcances. Reitero lo que señalé con motivo de una invitación que el Colegio Médico cursó a algunos parlamentarios en momentos en que la Comisión de Salud analizaba abiertamente este proyecto, cuando aún no tomaba su forma actual. Sin ser especialista en el tema, reitero mi convicción, de que es realmente absurdo legislar sobre un tema como éste sin hacer una clara distinción entre lo que es el mundo urbano y el rural. Muchos de los alcances que se han planteado tienen validez siempre y cuando se especifique si se habla de una realidad urbana o rural. Yo recogería, por ejemplo, lo expresado por la Diputada señora Cristi, en cuanto a que muchos municipios han efectuado aportes importantes para fortalecer la atención primaria de salud, y, de hecho, no sólo ha habido grandes inversiones, sino que incluso se han generado iniciativas originales que han permitido su desarrollo en sectores importantes de la población. Pero esa realidad, lamentablemente, no se puede exponer como un éxito o una posibilidad real de que ocurra en el mundo rural. Me parece que muchas de las disposiciones que hoy probablemente vamos a aprobar en general, cuando las lean los concejales o alcaldes de municipios rurales les provocarán una impresión traumática, porque, lamentablemente, a pesar de la buena fe y del espíritu del legislador, no se consideran efectivamente en este proyecto muchas de las realidades que caracterizan al sector rural de nuestro país. Son muchas las políticas sociales que están muy bien inspiradas, pero cuya aplicación práctica no tienen ningún efecto en el mundo rural, porque hoy nos enfrentamos a una situación que no podemos desconocer: no existe la presencia del sector público en el mundo rural; restricciones presupuestarias o políticas prácticamente lo desmantelaron. En consecuencia, muchas políticas sociales que aprobamos, y de las cuales nos enorgullecemos públicamente, ya sea como parlamentarios o como adherentes del actual gobierno, no necesariamente tienen una correspondencia real en su aplicación en el mundo rural. Podría citar muchos ejemplos que ilustran esta realidad, relacionados con subsidios, con programas de mejoramiento de viviendas, de fortalecimiento de comunicaciones y para que ciudadanos que viven en el mundo rural accedan a beneficios que tienen los del mundo urbano, pero, lamentablemente, el grado de ruralidad constituye un elemento que afecta la posibilidad de acceso a esos beneficios concedidos para todos los chilenos, sin excepción. Me parece que el grado de ruralidad, obviamente, siempre conllevará un grado de postergación, de dificultad, para que determinados beneficios lleguen a la población del mundo rural, lo cual es comprensible, y sería torpe de nuestra parte no entender que el esfuerzo presupuestario necesario para que esos beneficios lleguen a cada uno de los chilenos que viven en lugares incluso tremendamente aislados, es extraordinariamente difícil. Sin embargo, esto no puede ser válido en el caso de derechos consagrados para la población de nuestro país en materia de educación y de salud. Podemos entender que sea dificultoso resolver los problemas de caminos, que haya dificultades para instalar medios de comunicación, de telefonía rural, etcétera, que la electrificación, incluso, conlleve una inversión demasiado alta y que muchas veces sea inaccesible para zonas rurales, pero la aceptación de esa realidad no debe alcanzar lo relacionado con atención primaria en salud y educación básica. Este proyecto, aun cuando está bien inspirado, aunque incluso ha sido enriquecido en la discusión efectuada en la Comisión de Salud con el aporte de muchos parlamentarios, no conlleva una solución real a importantes problemas del mundo rural en materia de salud. Coincido con los Diputados señores Sabag y Huepe en su preocupación, por ejemplo, por la falta de médicos. Independientemente de las distintas posturas políticas, es irrisorio pensar que un médico quiera trabajar en las comunas de Paredones, de Pumanque o de Navidad, que está a menos de 200 Kilómetros de Santiago. Por ejemplo, hace cuatro meses que la policlínica de esta última comuna no tiene médico; en la de Chépica, hace un mes. Lo mismo ocurre en Paredones. Esto se repite en varias de las 14 comunas de mi distrito, de modo que podría agregar innumerables otros ejemplos. Y como me indican los Diputados señores Sabag y Peña la situación es similar en Portezuelo y Puerto Saavedra. Esta es una realidad que sólo se puede resolver a través de un gran esfuerzo del Ministerio de Salud. Como una solución parcial, debe hacerse un esfuerzo para que los profesionales de estas policlínicas sean médicos generales de zonas. Pero es indispensable que exista alguna entidad dependiente del Ministerio, que planifiquen en mejor forma los alcances reales de la atención primaria de salud. Represento a un distrito de 14 comunas eminentemente rurales. Excepcionalmente hay algunas que tienen un hospital, con un nivel que permite una atención muy limitada. Es extraordinariamente difícil que en el resto de las comunas existan profesionales del área médica. Por eso, las autoridades tendrán que ser realmente capaces de gestar y estructurar instrumentos que permitan resolver por sí solos el problema que estamos abordando, especialmente en lo que se refiere a la atención primaria en salud. Aquí se plantea la posibilidad de que las comunas puedan actuar asociadas. Se sugiere una serie de mecanismos que pueden tener una proyección positiva, pero que en absoluto reemplazan la imperiosa necesidad de que el Ministerio de Salud vele por la supervisión y la elaboración de programas que permitan informar y sugerir a las comunas sobre lo que deben hacer al respecto. No se trata de discutir la mayor o menor efectividad que haya tenido el proceso de municipalización de la salud y particularmente de la educación. No se puede comparar la realidad de las comunas urbanas con la de las rurales. El que meta en una misma bolsa las realidades de estas comunas comete un gravísimo error y actúa en forma insensata, porque llegará el día en que necesariamente tendremos que revisar este criterio. Espero que el Ejecutivo que obviamente tiene que darse cuenta de esta situación, en el futuro, pueda dar cauce a iniciativas legales, administrativas, a políticas internas, que permitan corregir esta grave distorsión que afecta a tantos chilenos que viven en el mundo rural y que tienen tanto derecho a la salud como aquellos que viven en el área urbana. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención me sumo a las palabras del Diputado señor Juan Carlos Latorre, que no es lo mismo la atención primaria en el área rural que en la urbana. Comparto plenamente en que son mundos diferentes. Las acciones de salud que se desarrollan en el campo cuestan mucho más que las que se realizan en las ciudades. Para analizar el proyecto en términos generales en primer lugar, es necesario analizar la génesis del traspaso de los servicios de salud a las municipalidades, especialmente de postas rurales y consultorios de salud, a las municipalidades. Hoy aparece lejano el decreto ley N° 3.063, de 1979, que permitió el traspaso a las municipalidades de los establecimientos de atención primaria en propiedad y administración por parte del Ministerio de Salud. Los objetivos centrales eran obvios y necesarios: avanzar definitivamente en la descentralización y desconcentración del país, haciendo participar a la comunidad local en la atención primaria de salud; otorgar un mayor énfasis a la medicina preventiva, orientada fundamentalmente hacia los grupos más necesitados, vulnerables y desprotegidos; adecuar los programas de salud a las necesidades reales de la población, etcétera. Finalmente, el tema de la salud pública, que históricamente fue responsabilidad exclusiva del Estado, hoy se reparte en una serie de órganos públicos y privados, manteniendo éste sólo un rol subsidiario en la atención de salud. Menos lejana aparecen aquellas airadas voces de protesta por tales políticas. Connotados dirigentes, políticos y sociales, muchos de los cuales se encuentran hoy en este hemiciclo, dieron una verdadera lucha frontal contra las profundas reformas y modernizaciones impulsadas por el gobierno de las Fuerza Armadas y de Orden. A pesar del escaso tiempo transcurrido, constatamos la espectacular "vuelta de carnero" que han dado para justificar todo aquello que ayer declararon injustificable. Por el bien de Chile, especialmente de los más necesitados, nos alegramos del cambio experimentado en la Concertación, aun cuando lo disfracen bajo la fórmula de correcciones, ajustes u otros similares. A estas alturas lo importante es que se hayan consolidado definitivamente en nuestra sociedad las modernizaciones y la gran obra social implementada por el gobierno anterior, tanto por su implacable lógica y fundamentación, cuanto por los innumerables beneficios en que se traducen. Se mantiene la duda de si este cambio de actitud en el sistema se debe a una profunda convicción de última hora o a consideraciones meramente realistas y utilitarias, distinción que a la larga resultará fundamental, pues cualquiera puede modificar un sistema ya implementado mediante la corrección de aquellos defectos que sólo se podían percibir por su aplicación práctica y por el transcurso del tiempo. Sólo quienes creen firmemente en él y comparten realmente sus fundamentos y principios inspiradores, pueden proyectarlo con eficacia y profundizarlo día a día. En este sentido el proyecto reconoce y consolida el sistema de salud municipal. Así, el artículo 54 señala que: "corresponderá a las municipalidades desarrollar la función de atención primaria de salud", lo cual nos alegra profundamente. El gran mérito político del proyecto y otras consideraciones que expondré, me llevan a aprobarlo en general. Si bien se centra en la situación laboral de los trabajadores de la salud, lo cual me parece loable, no mejora el nivel de salud y bienestar de la población. No nos engañemos. Este proyecto no evitará las largas colas en los consultorios ni mejorará la atención que en ellos se presta. Como se ha señalado, el proyecto persigue tres finalidades: una laboral, que consiste en establecer una carrera funcionaría para los trabajadores del sector; una unidad de acción, que implica establecer directrices del Ministerio de Salud para el sector; y una financiera, que implica reemplazar el Fapem por una asignación de recursos per cápita. Si bien la aplicación práctica de este proyecto solucionaría varios problemas reales del sistema, como legisladores debemos tener cuidado en esta materia, por cuanto el hilo conductor de estos cambios se encuentra en la centralización de las decisiones, esquema caduco en el mundo moderno, y en la limitación de la autonomía municipal, que constituía anteriormente su motor. En esta iniciativa también preocupa el supuesto aumento de las remuneraciones de los trabajadores del sector, por cuanto tengo antecedentes que me llevan a concluir que es irreal o, al menos, irrisorio, en torno al cual se han creado falsas expectativas de mejoramientos económicos, que al parecer no son tales. En este tipo de proyectos el Gobierno debe realizar un real esfuerzo financiero y no distraer los recursos del Estado en proyectos que tienen una clara finalidad de compensaciones políticas o de prebendas para grupos de presión afines. Por ello, no aceptamos que el Gobierno se ampare en la falta de recursos, pues en muchos proyectos políticos y no sociales, por todos conocidos, hemos observado las grandes sumas que el Ejecutivo les ha destinado, los que, sin duda, tienen prioridades menores que las urgentes necesidades sociales que tiene nuestra población, especialmente de salud. Por estas razones, presentaremos todas las indicaciones conducentes para que se produzca el efecto deseado; esto es, mejorar la situación laboral de los trabajadores del sector, pero cuidando de no introducir elementos distorsionadores que, a la larga, pudieran burocratizar y estatizar el sistema, haciéndolo inoperante. Por estas consideraciones, la UDI presentará su voto afirmativo a la idea de legislar sobre esta materia, por el convencimiento de que toda obra debe ser evaluada y perfeccionada, luego de que se ha puesto en práctica y ha demostrado sus bondades; con la misma convicción emplearemos todos los medios legislativos a nuestro alcance para evitar que se alteren los fundamentos básicos que durante una década, permitieron construir y consolidar este sistema, cuyos beneficios ya nadie discute. Por su intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor José García. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor GARCIA (don José).- Agradezco al Diputado señor Masferrer la interrupción que me concede. Señor Presidente, quiero insistir en tres preocupaciones que tenemos respecto de este proyecto. En primer lugar, compartir la preocupación que, con justicia, ha señalado el Diputado señor Smok, en relación con exceptuar la asignación de zona de la imponibilidad de las remuneraciones consignadas en el artículo 22. El espíritu del Parlamento y creo que también es el del Ejecutivo es que las remuneraciones de los funcionarios del sector público sean imponibles en su totalidad para impedir que se originen mayores diferencias en ellas mientras se encuentran en servicio activo y, luego, en las pensiones, al momento de jubilar. Tanto es así que una de las leyes más importantes y trascendentes despachadas por el Parlamento la N° 19.200dispone que el INP pensionará a los trabajadores del sector público considerando una cotización del ciento por ciento de sus remuneraciones. Por lo tanto, cuando la iniciativa vuelva a Comisiones, creo que todos los parlamentarios en forma unánime esperamos que el Ejecutivo también se sume deberemos corregir esta omisión, porque reitero el espíritu es que todos los trabajadores del sector público y del municipal traspasado realicen sus cotizaciones previsionales por el ciento por ciento de sus remuneraciones. Otra preocupación se relaciona con las remuneraciones bases establecidas en el artículo 13 transitorio. Durante su discusión en la Comisión de Hacienda todos los parlamentarios coincidieron veo que está presente el Diputado señor Arancibia en que no resulta conveniente que el Estado disponga que sus organismos públicos paguen sueldos bases inferiores al ingreso mínimo establecido para el sector privado. Lo que ocurre es que cuando los funcionarios de la salud municipalizada y otros funcionarios públicos muestran sus colillas de remuneraciones y dicen: "Este es mi sueldo base", obviamente se refieren al sueldo base establecido por la ley, pero no hacen alusión a los otros beneficios y asignaciones que muchas veces incrementan en forma considerable sus remuneraciones. Por eso, este artículo debe ser corregido; deben establecerse sueldos bases, por lo menos, iguales a los fijados para el sector privado. Por ejemplo, los técnicos y administrativos de salud tendrían un sueldo base de sólo 32.000 pesos, y los auxiliares, de sólo 29.500 pesos. Entonces, no es posible que nosotros, como legisladores, permitamos que el Estado chileno esté entregando una vara de remuneraciones mínimas al sector privado y una muy distinta, mucho más baja aún, al sector público. Sin duda, es otra situación que hay que corregir. Por último, también queremos expresar nuestra preocupación porque la Comisión de Hacienda rechazó el artículo 12 transitorio que, en nuestra opinión, reviste la mayor trascendencia e importancia. Este artículo transfería en forma definitiva al patrimonio de las municipalidades los bienes que en la actualidad están en comodato. Mucho se ha hablado de la importancia de la atención primaria de salud y de la conveniencia de que los servicios que le prestan estén descentralizados. Pero si no aprobamos esta disposición el Ejecutivo se comprometió a enviar a la Comisión de Hacienda todos los antecedentes correspondientes, sencillamente no habremos hecho bien las cosas, pues no será posible que las municipalidades realicen inversiones significativas ni mejoramientos importantes en los inmuebles respectivos mientras estos permanezcan en comodato y no sean traspasados definitivamente a su patrimonio. Llamo la atención en cuanto a que la Comisión de Hacienda rechazó este artículo porque el Ejecutivo no envió oportunamente la información relativa al costo total que significa el traspaso de estos bienes. De mantenerse esta situación y de aprobarse la ley sin este artículo, estaríamos dejando "cojo" este Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el reafianzamiento de que la atención primaria de salud debe estar descentralizada y en manos de los municipios. He dicho. Agradezco la interrupción al Diputado señor Masferrer. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Puede continuar el Diputado señor Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Orpis. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, para complementar lo señalado por el Diputado señor García, sólo quiero plantear una duda de carácter jurídico relacionada con las asignaciones. En la actualidad, si se revisa la liquidación de renta de un funcionario de la salud, se apreciará que tiene un sueldo base, más distintas asignaciones: de locomoción, de colación, etcétera. Esta liquidación constituye un contrato, suscrito entre la entidad traspasada y el funcionario de salud, y una ley para las partes. En este caso, se produce una rebaja del sueldo base y la estructura de las asignaciones es diferente. Una vez que esté en aplicación este Estatuto, podría ocurrir perfectamente que los funcionarios exijan mantener su antigua estructura de remuneraciones, porque ese contrato tiene carácter de ley para las partes. Sólo dejo planteada esta duda de carácter jurídico, para que en el segundo informe sea resuelta por la Comisión técnica, por las autoridades del Ministerio o por la propia Comisión de Hacienda. Esta inquietud se planteó en la Comisión de Hacienda, y quedó pendiente para la segunda discusión; pero quise traerla a colación a propósito de la discusión general. Nada más, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Puede continuar el Diputado señor Masferrer. El señor MASFERRER.- He terminado, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, iba a hacer una intervención muy breve relativa a algunos puntos particulares del proyecto, pero algunas afirmaciones de los Honorables colegas que me han precedido en la palabra me obligan a realizar una reflexión muy corta sobre el sentido que se le pretende dar al debate. Nadie podría negar que estamos frente a un problema extremadamente serio: el de la atención de la salud que afecta a la gran mayoría de los chilenos y, sobre todo, a los sectores de más bajos ingresos. En las distintas bancadas hay connotados médicos con experiencia, que han participado en forma muy directa en el desarrollo y en el quehacer de este sector. Si queremos usar el debate en forma puramente circunstancial, con sentido político muy estrecho, entenderemos algunas expresiones que pretenden decirnos que lo que existía en salud en 1990 era casi un paradigma de lo que deben ser los sistemas de salud primaria no sólo en América Latina, sino en todo el mundo. La lógica implacable que se aplicó entonces afectó no sólo a los trabajadores de la salud primaria, sino también a los de la secundaria y a los usuarios de los servicios de salud, es decir, al público en general. En los últimos tiempos, la ciudadanía chilena ya se pronunció en forma mayoritaria en dos oportunidades, con mucha claridad, respecto de la gestión de las autoridades del régimen pasado, y sobre lo que espera de las nuevas autoridades elegidas democráticamente. No se puede pretender atribuir a la Concertación cambios de posiciones. Sugiero a los Honorables colegas de la Oposición que lean el programa de la Concertación sobre ésta y otras materias. Descubrirán, con sorpresa, que ya entonces se planteaba con mucha claridad, uno, que la salud era un asunto prioritario; dos, que se asumía un problema extremadamente complejo y difícil de resolver y, tres, que no se planteaban cosas muy distintas de las que hoy día se proponen. Sin embargo, dejando de lado estas cuestiones que corresponden a debates más bien adjetivos, quiero subrayar cuestiones importantes y que han surgido en distintas oportunidades. La gran mayoría de los chilenos tiene un problema que espera que se resuelva de la manera más eficiente y adecuada posible: obtener un sistema de prevención y de atención de salud que les permita satisfacer, por lo menos, sus necesidades básicas. No cabe duda de que el sistema municipalizado todavía padece de muy serias deficiencias y limitaciones. Pero hay dificultades e insuficiencias que van mucho más allá del problema de los recursos. Este proyecto de ley, que tan trabajosamente ha venido elaborando el Gobierno quiero destacar el equipo de profesionales que ha trabajado en él, encabezado por el Director de Salud Primaria del Ministerio, doctor Belmar, y en el cual han participado los trabajadores del sector y sus organizaciones, hace una propuesta que trata de abarcar justamente algunas de las tan extendidas y complejas problemáticas que el sector salud tiene ante sí, sobre todo en la atención de los sectores populares más necesitados y de más bajos ingresos. Es sabido que quienes pretendan privatizar la salud hasta el límite sólo persiguen continuar produciendo una redistribución regresiva también en estas atenciones, lo que afectará justamente a los sectores de más bajos recursos. Sabemos que el sistema de las isapres incluso como está concebido hoy día, en la medida en que en el futuro vaya aumentando la edad promedio de sus afiliados, también enfrentará crecientes dificultades para mantener la atención y cumplir con los compromisos. Pero, para los efectos de analizar los aspectos que nos inquietan, me interesa subrayar por lo menos desde la óptica del que habla, tres cuestiones: La primera tiene que ver con la dignificación, homologación, sistematización, estabilidad y posibilidad de perfeccionamiento que se da a los trabajadores de la salud primaria. Se propone un sistema que pondrá término a la anarquía, heterogeneidad y arbitrariedad que predominaron en el pasado, a las que aludieron distintos colegas, entre los cuales recuerdo al Diputado señor Smok, y sobre las cuales no vale la pena insistir. Se dijo que en la salud, el activo, el recurso más importante, es el humano: los médicos, el personal paramédico y los auxiliares. Ese activo, ese elemento fundamental para prestar este servicio, en el pasado estuvo sujeto a la ausencia de normas, a la absoluta arbitrariedad e inequidad; incluso hasta hoy es objeto de reclamaciones y de protestas. Este Estatuto apunta a resolver el problema, a dignificar, a dar estabilidad y perspectiva de desarrollo a un sector que es vital: los trabajadores de la salud. No cabe duda de que en esta materia hay avances y deficiencias. Sin embargo, entre las deficiencias no figura la mencionada en forma reiterada en la mañana de hoy ya superada durante la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda, relativa a la imponibilidad de las remuneraciones. Quiero pedir a los Honorables colegas, sobre todo a los integrantes de la Comisión de Hacienda, que lean el artículo 22. El Ejecutivo presentó una indicación aprobada por unanimidad en virtud de la cual dicho artículo establece que la totalidad de las remuneraciones, incluso las asignaciones de zona serán imponibles. Por lo tanto, esa cuestión ya está zanjada y no debe seguirse planteando como un asunto que el Gobierno debe resolver. Pero existen otros problemas. No puedo sino coincidir con lo planteado por el Diputado señor José García: que plantea un sueldo base inferior al ingreso mínimo legal vigente constituye un error insostenible) sobre todo tratándose de un servicio del sector público descentralizado. Esto tiene mucho que ver con la solución que se dio a la asignación de atención primaria. Tal vez una solución distinta, como lo planteó el Diputado señor Andrés Palma en su informe, habría sido incorporar la asignación de atención primaria como una parte del sueldo que reciben los trabajadores y no crear esta diferencia artificial que da lugar a problemas de presentación en que aparece un sueldo base inferior al mínimo legal Vigente. La segunda cuestión a la cual quisiera hacer alusión muy rápidamente, se refiere al problema que se crea a una parte de los funcionarios que trabajan en el sector salud; específicamente a quienes laboran en las entidades administradoras de salud municipal. De acuerdo con el artículo 3° del proyecto, este personal queda excluido de la normativa del Estatuto en discusión. Señor Presidente, si el Gobierno y el Congreso han hecho un esfuerzo por dar sistematicidad y definir claramente los distintos cargos de los funcionarios que trabajan en el sector municipal, es muy importante que se busque una solución a la brevedad para quienes trabajan en los Daem, o como se llamen las entidades administradoras de salud municipal, porque en la actualidad no son funcionarios municipales ni públicos y están sometidos a las normas del contrato privado del Código del Trabajo, por lo que, no cabe duda, están expuestos a un trato discriminatorio y desigual respecto de los demás trabajadores que se desempeñan en el sector. Si existen estas entidades administradoras y hay gente laborando allí, por algo será. Consideramos que también merecen un tratamiento apropiado y que sus cargos deben ser definidos o establecidos en este Estatuto, igual el de los otros trabajadores de servicios traspasados, o incorporados a la planta municipal. Al respecto, los representantes del Gobierno manifestaron en la Comisión de Hacienda que existía la disposición y voluntad de enviar un proyecto que resolviera la situación de este sector de trabajadores. Esperamos que este compromiso se cumpla a la brevedad y se evite que todo este segmento siga en la indefinición y en las condiciones de incertidumbre en que hoy se encuentra. Ahora bien, quiero remarcar una cuestión que ya fue tocada: el nuevo sistema de financiamiento. Estimo positivo el nuevo criterio de considerar la población y el número de habitantes y prestaciones, pero de manera muy particular deseo insistir en lo dicho: tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de la población de la comuna respectiva, porque sabemos que este criterio de considerar el número de habitantes presenta el riesgo de que se genere o traduzca en una disminución de los aportes de salud para servicios que en la mayoría de las comunas del país, si no en todas, enfrentan una situación extremadamente difícil. Incluso, hemos visto como ciertas municipalidades, en su desesperación, han planteado la restitución de este servicio al sistema nacional de salud. Creemos que esto es extremadamente serio, y en ningún caso, podría traducirse en una disminución de los aportes que se realicen al nuevo sistema de financiamiento municipal para las atenciones de salud. Deseo adherirme a los criterios aquí vertidos, en el sentido de no considerar estrictamente el número de habitantes sin estimar otros factores, como la ruralidad o las condiciones socioeconómicas de la comuna, que pueden traducirse en un deterioro de los aportes para este sector fundamental. Conocemos comunas en las que es muy difícil obtener que un profesional se establezca para entregar allí este servicio esencial. La Oficina Mundial de la Salud estima que lo adecuado es que exista un médico por 1.100 habitantes. Existen comunas en este país en que esta proporción es sobrepasada con largueza. Ahora, sabemos que el Estatuto algo apunta en este sentido. El artículo 44 es un incentivo para los médicos, ya que les permite optar a cursos de perfeccionamiento y becas en cualquier etapa de su carrera, por lo que contarán con un estímulo adicional para trasladarse a comunas del interior del país, que son las más necesitadas de esta atención profesional. Otro incentivo es la norma que establece la posibilidad de trabajar en el servicio cíe la salud y en el sistema nacional del servicio de salud; es decir, tener horarios parciales en esos organismos para su desempeño profesional. No cabe duda de que esto todavía es insuficiente, por lo que esperamos que además de estas medidas establecidas en este Estatuto se vayan adoptando otras disposiciones que permitan subsanar esta cuestión tan importante como es contar con el número de médicos requerido en las distintas comunas, sobre todo, en las rurales. Hay otro punto relacionado con el financiamiento. Sabemos que los servicios de salud municipalizados entregan atención a muchos demandantes que se encuentran afiliados al sistema de isapres, y no existe un mecanismo que permita satisfacer esas prestaciones. Pido a las autoridades del sector que se sirvan informar qué medidas o propuestas van a formular para que el sector salud pueda obtener algún reembolso por las prestaciones que, a su costo, otorga a los afiliados al sistema de isapres. Por último, termino subrayando una cuestión respecto de la cual creo importante insistir. No cabe duda de que este proyecto no resuelve todos los problemas del sector salud; pero avanza en el sentido correcto, por cuanto significa dar estabilidad y posibilidades de perfeccionamiento al factor fundamental que lo sustenta: sus trabajadores. En tanto ello exista, además de las otras medidas que el proyecto contempla, daremos un paso para superar las grandes necesidades y carencias que todavía enfrentan los sectores de más bajos ingresos. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro. El señor PALESTRO.- Señor Presidente, este proyecto de tanta importancia, especialmente para la gente modesta, la gente pobre, la gente de la poblaciones, merece toda nuestra atención, dado el poco tiempo de que disponemos para su despacho en esta sesión. Aunque no soy médico y muchos menos un profesional brillante como el doctor Bayo,... El señor BAYO.- Muchas gracias. El señor PALESTRO.- ... deseo expresar mi pensamiento. Debo decir que en la iniciativa se establece una serie de buenas intenciones, que nosotros compartimos, porque todavía seguimos creyendo en el diablo. Por ejemplo, en el informe de la Comisión de Salud se establece que los objetivos básicos del proyecto son: "a) aumentar y mejorar la capacidad de los establecimientos, optimizando la calidad y cantidad de las atenciones, de los medicamentos e insumos de la atención primaria, creando una efectiva y necesaria descentralización en salud; "b) mejorar las condiciones laborales y crear una carrera funcionaría a nivel de atención primaria en consultorios y demás establecimientos de esta índole, que mantenga y atraiga a profesionales y funcionarios calificados. "c) asegurar la integralidad de las acciones de salud, regulando el cumplimiento en los establecimientos de atención primaria, de los planes, programas y normas del Ministerio de Salud.". Como decía, muy buenas intenciones, incluso respecto del personal que trabaja en los consultorios de poblaciones o de pequeñas comunas. El que ingresa a esos servicios lo hace, en primer lugar, por la necesidad elemental de obtener algún dinero para poder alimentar a su familia; y, en segundo lugar, porque, a pesar de ganar unos cuantos pesos y trabajar más de 24 horas diarias, posee el cariño y el calor humano para ponerse a disposición de la gente pobre, de la gente modesta, que todos los días acude multitudinariamente a solicitar servicios a los consultorios. He visto, especialmente en los consultorios del Hospital Barros Luco, de La Feria, de la población Dávila; es decir, de los pocos que existen en esa verdadera colmena humana que es el sector sur de Santiago, que a esa gente se le atiende en la mejor forma posible, sin ninguna disponibilidad de medios materiales, tratando de que salga reconfortada de los males que la aquejaron y que la llevaron a solicitar atención. Se sabe ocurre especialmente en los grandes consultorios que la gente prácticamente se amanece para estar en los primeros lugares, sólo para que les asigne el día y la hora en que serán atendidas. Ni siquiera son atendidas en el mismo día, porque generalmente se les da fecha para 15 ó 20 días después. Lo anterior no es porque así lo quieran, ni por flojera, ni por desidia, ni por mala voluntad de los funcionarios que allí laboran. Todo lo contrario, ya que éstos son extraordinariamente atentos para dar aunque sea una aspirina a la gente que va a requerir una atención médica. Esto se debe sencillamente a que al personal no le alcanza el tiempo para atender como corresponde a esa inmensa cantidad de personas que va a requerir sus servicios, debido a que son muy pocos. Pero, aunque son escasos y cuentan con pocos recursos, lo hacen en buena forma, con calor humano. Ayer se hablaba del personal de los consultorios que fue a la huelga y se decía que dejaban de atender a la gente pobre que requería sus servicios. Pero, felizmente, también hemos escuchado palabras que me parecen muy justas, sobre todo viniendo de gente que nunca habló en ese tono, para referirse en forma humana a las personas que trabajan, se sacrifican y entregan toda una vida al servicio del prójimo, con el fin de que ahora el Fisco o las municipalidades, en este caso, las traten como corresponde. Me alegra que los reconozcan esos parlamentarios, que siempre han sido enemigos frontales de cualquier movimiento reivindicatorio. Incluso los últimos movimientos de los funcionarios ni siquiera fueron para conseguir mejoras económicas, sino que para lograr mejores condiciones de trabajo en los consultorios, para atender como corresponde a seres humanos. Este es un paso de avance en esta materia. Según mi manera de ver las cosas, que es ideológica, que mantengo y mantendré siempre, hay sectores de la vida nacional en que el Estado debe y tiene que jugar un rol fundamental, entre los cuales está participar en la conducción y administración de la salud, exactamente igual como debe hacerlo en educación. Considero que esos sectores no pueden pasar a manos privadas, no pueden ser objeto de negocios, como lo han sido hasta ahora. Pienso que el Estado debe intervenir para orientar y dirigir todo lo que se refiere a estos dos servicios, porque, según las encuestas, son los que más golpean y duelen al pueblo chileno. Todas las encuestas dan como primera prioridad arreglar la atención de salud y la educación. Por el respeto que tengo hacia los trabajadores y los médicos que laboran en los consultorios, quienes muchas veces lo hacen por amor al arte, a la humanidad y por entregar sus conocimiento al pueblo, a la gente modesta que no puede ir a una isapre o a una clínica privada porque no tiene dinero, rindo un homenaje al funcionario pequeño y modesto, como a los médicos que entregan sus conocimientos, sacrificio y sentido de fraternidad, a la gente de esos sectores, sin ninguna posibilidad de mejorar sus conocimientos médicos ni muchos menos la de ganar más dinero, lo que podrían hacer en cualquier otro hospital fiscal o particular. Entre las necesidades que veo en mi distrito, en comunas tan grandes como Lo Espejo, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín y todo el sector sur, está la de concluir el hospital ubicado en La Marina con Club Hípico, que se empezó a levantar durante el gobierno de Frei y se continuó en la administración de Allende, el llamado "elefante blanco", cuya construcción se paralizó, cuando hace tanta falta un establecimiento de envergadura, con todos los implementos necesarios y el personal adecuado. En su oportunidad la comunidad presionó e impulsó una campaña para terminarlo. Por lo anterior, pido que se envíe oficio al Ministro de Salud, en mi nombre, y si es posible en el de la Cámara, para que informe qué hay de las promesas que se hicieron en aquel tiempo, de que se iba a contar con ese edificio tan grande; cuáles son los planes respecto de la edificación de servicios de salud en el sector sur, lo que se prometió hace mucho. Se ofreció un hospital más pequeño, cerca de la comuna de La Florida, que ahora con las peleas que se originan entre las barras del Colo Colo y de la U es mucho más necesario. He dicho. El señor SEGUEL.- Y en mi nombre, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para enviar el oficio solicitado. Acordado. Ha terminado el Orden del Día. Solicito el asentimiento de la Cámara para votar el proyecto e insertar los discursos de los Diputados señores Matta, Morales, Ortiz, Ojeda, Concha, Claudio Rodríguez, Bayo y Peña, que no han alcanzado a intervenir. En todo caso, tendría que hablar el Comité Radical, que no ha hecho uso de la palabra. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No hay acuerdo. Queda pendiente el proyecto. Habrá que citar a una sesión especial para la próxima semana. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Nuevamente solicito el acuerdo de la Sala para proceder en la forma planteada. Acordado. El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Señor Presidente, ¿qué plazo hay para entregar los discursos? El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Hasta el próximo martes. Tiene la palabra el Diputado señor Rocha. El señor ROCHA.- Señor Presidente, deseo fijar en este debate la posición del Partido Radical. Estamos en presencia de uno de los proyectos de ley más importantes que nos ha tocado debatir durante nuestro período parlamentario. Largamente esperado y discutido, ha tenido grandes modificaciones durante su tramitación, tanto por iniciativas del Gobierno como de los parlamentarios. El trabajo realizado en las Comisiones ha sido intenso. Algunos parlamentarios, aún no acostumbrados a las reglas de la democracia, han criticado su demora y la han tomado como debilidad del Gobierno y como triunfo propio estas modificaciones, y no advierten que con nuestra actitud se ejerce la democracia, recogiendo en lo posible la inquietud de las bases y reconociendo el derecho del Parlamento a formular las indicaciones pertinentes. Todos los parlamentarios supimos de la justificada reticencia de los trabajadores de la salud municipal a este proyecto. Hoy se sienten en gran medida interpretados y satisfechos con él. Estamos en presencia de un proyecto destinado fundamentalmente a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñan en la atención primaria. Este hecho debe hacernos meditar acerca de las condiciones en que ellos ejercieron sus labores desde el momento de la municipalización: sin estabilidad laboral, sin carrera funcionaría y con remuneraciones en nada comparables con los trabajadores que permanecieron en los Servicios de Salud. Este proyecto los ubica en un contexto de dignidad laboral. Mediante distintas asignaciones e incentivos, les estimula para ejercer sus labores con dedicación, con esa cuota insoslayable de vocación que es preciso traspasar a los enfermos. No más designaciones arbitrarias o con reglas desconocidas. Desde ahora habrá concursos públicos y serán nominados, con la transparencia que se requiere, quienes tengan más experiencia, méritos y capacitación. Sus feriados, fueros maternales, permisos administrativos, vacaciones, jomadas parciales de contrato para compatibilizar con otros trabajos en los servicios de salud, serán derechos que podrán impetrar los funcionarios. Desde el punto de vista de los trabajadores, expreso mi aprobación al proyecto. Sabemos que el sistema de financiamiento es inadecuado; que los consultorios dejaban de lado prestaciones poco rentables según el criterio del Fapem para desarrollar funciones que reportaban mayores beneficios. Incluso, en el legítimo deseo de allegar mayores recursos, se creaban acciones innecesarias, como traslados en ambulancias, que podían obviarse, y que, muchas veces, no se hacían. Esto pretende solucionarse en el proyecto, pero no puedo dejar de manifestar mi preocupación por las variables que señala el artículo 48: "a) Población potencialmente beneficiaría en la comuna y características epidemiológicas y socioeconómicas de ella, y conjunción copulativa- "b) Cantidad de prestaciones mensuales que efectivamente realicen los establecimientos de salud municipal de la comuna." Aquí surge un elemento que me resisto a aceptar: la existencia de salud para ricos y para pobres. Y lo peor, la consolidación de una injusticia, la de haber nacido en un lugar pobre, que debería mantenerse de acuerdo al sistema propuesto, en lo futuro. Siento como verdad que es débil el componente de las características socioeconómicas, como ya ha sido dicho en esta Sala. Pienso en una comuna de mi distrito, calificada como de extrema pobreza, denominación que para el analista desaprensivo podría significar un privilegio: tendrá mayor atención de parte del Estado. Pero ello no es así, y los elementos copulativos establecidos la afianzarán en esta triste y poco deseable condición. Y recuerdo a Tirúa, comuna ubicada en el extremo sur de la provincia de Arauco, con una población de algo menos de nueve mil habitantes, donde la mortalidad infantil llega, según me lo informaron médicos del lugar, a 60 niños muertos por cada mil que nacen, suma muy superior a la media del resto de la provincia de Arauco y, por supuesto, a la nacional. La aplicación de esta normativa ¿revertirá esta situación? Hago presente a los señores parlamentarios que así como en Tirúa, así también en Contulmo y en Los Álamos, que son comunas con gran componente rural y población mapuche, de costumbres ancestrales, que chocan con las que se aplican en los servicios médicos, renuentes a acoger los sistemas de la medicina tradicional, se advierte gran interés de los médicos y de los otros trabajadores de la salud por cumplir sus funciones con abnegación y eficiencia. Apoyaremos este proyecto; pero no podemos dejar de señalar nuestra desazón al observar tal como lo dijimos en materia educacional, que con la iniciativa propuesta, consolidamos la municipalización, sistema que si bien en democracia ofrece perspectivas más favorables, no deja de constituir un sistema muy poco deseable para comunas más alejadas y pobres de este país. He dicho. En conformidad con un acuerdo anterior, se incluyen las siguientes intervenciones: El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Señor Presidente, Honorables parlamentarios, durante dos largas sesiones hemos estado debatiendo acerca del proyecto de ley que nos preocupa. En el seno de las propias Comisiones de Salud y de Hacienda, que hoy entregan su informe, se destinaron también largas horas al análisis de las materias que contiene esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Esto, sin duda, apunta a la profundidad con que debe abordarse el tema, asunto que en mi opinión no recoge el citado proyecto de ley. Tanto en las comisiones que se preocuparon de su estudio como en la Sala de Diputados, se han dado importantísimos argumentos. Comparto alguno de ellos pero obviamente que otros no. El largo debate que hemos realizado no es otra cosa que la más clara demostración de que este, proyecto recibirá numerosas indicaciones a su articulado, por lo que se puede prever que su despacho final no será tan simple. Sin perjuicio de ello, da la sensación de que existirá consenso en aprobar la idea de legislar en este sentido, aunque obviamente sobre la base de mejorar la actual legislación, pues para nadie es desconocido que toda obra hecha por el ser humano es perfectible. Y este es el caso, pues, sin duda, es importante introducir mejoramientos a una legislación que dio nacimiento a la descentralización de la salud primaria, pero que con el correr del tiempo y de su aplicación se ha podido constatar la necesidad de ajustarla a lo que la realidad indica. No obstante lo anterior, es importante destacar este proceso descentralizador que se inicia en el gobierno anterior. ¿Qué perseguía? Es simple concluirlo: acercar la salud a las personas. Precisamente, a través de este proceso, hoy comunas pequeñas y apartadas tienen su respectivo consultorio; comunidades alejadas de los centros urbanos poseen sus respectivas postas de atención, lugares ambos en los cuales atienden a los vecinos de su jurisdicción, en especial los más humildes, con una serie de programas, como son el control del niño sano, la mujer embarazada, etc. ¿Podría entonces alguien decir, objetivamente, que el sistema, desde este punto de vista, no ha dado resultado? La verdad es que creo que no, pues si la realidad actual la comparamos con la realidad de la atención de salud de hace 20 años atrás, es fácil concluir que existe una gran diferencia. Es decir, definitivamente en este sentido se ha avanzado decididamente. Por eso, inquieta escuchar opiniones como las emitidas en esta Sala por el Diputado democratacristiano Hosain Sabag, quien aparentemente, sin mayor conocimiento, acusa a los alcaldes del gobierno anterior, afirmando que este proceso de municipalización de la salud se llevó adelante debido a que los alcaldes de la época no podían oponerse, ya que recibían órdenes acerca de lo que había o no había que hacer. Yo le quiero decir al Diputado Sabag que está muy equivocado, pues si no hubo oposición a este plan de descentralización de salud, que, precisamente, porque quienes tuvimos el honor de servir a nuestras comunidades en el gobierno pasado, éramos y somos convencidos partidarios de que la única manera de acercar beneficios como éste, el de la salud, a la gente, es a través de la descentralización de los sistemas que por largos años estuvieron centralizados en Santiago y que nos llevaron al fracaso más rotundo. Se trata en definitiva, señor Sabag, de si creemos o no en la descentralización, y nosotros creemos en ella, a pesar de que haya que hacerle muchas mejoras que la práctica ha ido aconsejando. Sin embargo, así como destacamos las ventajas que la municipalización de la salud ha traído para las personas, también sabemos reconocer sus limitaciones, y ellas apuntan principalmente al financiamiento o desfinanciamiento del sistema, porque en ese sentido, hay que decirlo, el traspaso de la atención de salud primaria a las municipalidades se hizo sin el financiamiento adecuado y allí está el gran problema del proceso, pues a medida que han pasado los años se ha ido transformando en una pesada carga para los municipios. Por eso, estimo que una modificación a la ley, sin que vaya acompañada de un real proceso de mejoramiento del financiamiento del sistema, está condenada al fracaso, pues para nadie es desconocido que la falta de financiamiento limita seriamente la contratación de personal médico y paramédico que permita cumplir con la cobertura de atención mínima que requieren los consultorios. Por otra parte, la misma situación anterior, afecta también al desarrollo de los programas de prevención establecidos por el Ministerio de Salud, ya que al no haber el personal suficiente contratado, no se pueden desarrollar, por tener que ocuparse el personal a tratar los casos más graves y urgentes. También la falta de financiamiento impide obviamente cancelar remuneraciones adecuadas, lo que conlleva a una alta movilidad del personal principalmente profesional, ya que al ver éstos sus proyecciones limitadas, rápidamente emprenden el vuelo de consultorios y postas, agravando la situación anterior la falta de garantías y de perfeccionamiento profesional, situación que se transforma en angustiante en las comunas más pequeñas. De allí que comparta lo expresado por el Diputado Latorre, en orden a que debe considerarse como factor fundamental en el sistema de financiamiento la calidad de urbano y rural que tienen las distintas comunas de nuestro país. Creo, señor Presidente, que ha llegado la hora de pasar de los discursos a la acción y el proyecto propuesto, a lo menos en mi opinión, no recoge el asunto de fondo. En el mensaje que precede al articulado del proyecto, se señala como idea fundamental o matriz que: "se pretende desarrollar una nueva y verdadera atención primaria de Salud que se constituya en una estrategia de desarrollo para el país en esta área tan importante". Y yo pregunto: ¿Cómo transformaremos en cosa real esta intención declarada por el gobierno en su mensaje, sin un financiamiento adecuado? Francamente, lo veo muy difícil. Honorables Diputados, no se puede ni se tiene derecho a seguir ilusionando a la gente. La gente ya no quiere más mensajes ilusionantes; la gente quiere soluciones reales. Por otra parte, ¿qué opinarán las municipalidades cuando vean que los contratos existentes con el Ministerio serán modificados unilateralmente por este último? ¿Qué opinarán los señores alcaldes o concejales, por muy de gobierno que sean, cuando vean violada la autonomía municipal? El problema no es de fácil solución. Quiero pensar, en todo caso, que los alcaldes y concejales harán, por esta vez, abstracción de su cercanía o lejanía del gobierno y no mirarán para el lado, pues estoy cierto de que tienen muy claro que ellos son representantes del pueblo ante el Gobierno y no del Gobierno ante el pueblo, función esta última que les está reservada a gobernadores y a intendentes. Por último, señor Presidente, Honorables Diputados, sin perjuicio de todas las aprensiones que he señalado precedentemente, daré mi aprobación en general al proyecto presentado por el gobierno, porque estoy convencido de que hay que introducir mejoramientos al actual sistema; porque estoy convencido de que hay que darle mayor estabilidad y mejores condiciones al sistema y, por ende, a los funcionarios que en él laboran; y porque espero que, a través de la vía de la indicación, este proyecto sea enriquecido en el largo trámite que aún le queda por cumplir. He dicho. El señor PEÑA.- Señor Presidente, uno de los compromisos fundamentales que contrajimos cuando junto con procurar la libertad y esperanza presentamos el Programa de Gobierno al pueblo de Chile se refería a educación, vivienda, trabajo, seguridad social y salud, como áreas básicas que apuntaban al pago de la enorme deuda social heredada del gobierno anterior. Hoy nadie podría señalar seriamente que no hemos cumplido, y no sólo tenemos el deber de cumplir con el Programa, en sus líneas principales, sino también y fundamentales, tenemos el deber moral de resolver los graves problemas que aún subsisten y que afligen a miles de chilenos. La tarea era demasiado grande. Chile estaba brutalmente dividido. Específicamente en salud, y pese a la espectacularidad, con que todavía se esmeran algunos, en este mismo Parlamento, en hacer creer en los milagros de las privatizaciones y especialmente en el área de servicios públicos, o en la descentralización desde el punto de vista de la conducción y administración del Estado, lo cierto es que ese sistema mantenía a miles de chilenos pobres no sólo con la necesidad de hacer las interminables "colas" para procurar una pequeña atención, sino que además, ni siquiera existían, en los centros de salud pública desmantelada, sábanas, gasa, farmacias vacías, etcétera. En fin, no es necesario seguir. Es bueno, sin embargo, no olvidar. Han transcurrido algunos años del Gobierno del Presidente Aylwin, y con satisfacción he recorrido, los centros de salud en mi distrito y he comprobado con alegría como se han superado, en gran medida, esas y otras carencias, amén de la preocupación, si bien todavía insuficiente se ha tenido respecto del personal, sobre todo, de los escalafones menores del Servicio. Tenemos hospitales reacondicionados en Nueva Imperial y Carahue, y los otros centros funcionan bien. Gracias a la gente que confió en nosotros, porque algo hemos hecho por sus hijos. He señalado estas palabras previas y generales y ahora haré algunas observaciones respecto del comentario que me merece el proyecto. En general, el proyecto no nos gusta. Conversamos en su oportunidad con las autoridades del sector, pero en el fondo, se nos dijo, que no era posible "cambiar" para volver atrás, aun cuando sea corrigiendo el sistema anterior. Al parecer, es parte del dogma de los tiempos que recorre con fuerza los países "en vías de desarrollo" con la gran diferencia de que los países altamente desarrollados han logrado precisamente los niveles admirables no descuidando jamás, el compromiso del Estado con el sector público, en materia de salud. Creo interpretar a la mayoría de los trabajadores del sistema de salud municipalizada cuando afirmo que a ellos no les gusta ser dependientes de la municipalidad y que prefieren depender del Ministerio, aun cuando se hagan esfuerzos por nivelar sus sueldos y procurar una estabilidad en el empleo y/o eventualmente se generen de una carrera funcionaría. No es problema de plata solamente; es también, y en último término, en muchos casos, una cuestión de dignidad. En el caso de mi distrito, seis comunas con una alta ruralidad, y, salvo contadas excepciones, el sistema de posta no ha funcionado bien, y esto especialmente a la falta de médicos. Tal es el caso, por ejemplo de la comuna de Freire, en la que recién ahora, con el nuevo alcalde hay cuatro médicos contratados. Hace unos días, en Carahue se me informaba que no había médico en la Municipalidad. Esto sólo por nombrar uno de los elementos, que es sin duda el principal. Y si agregamos los malos caminos, etcétera, comprobamos que en realidad la salud no llega en forma adecuada y oportuna a la gente pobre de los amplios sectores parales. Quizá si la solución sea especialmente para las comunas más apartadas que sean cubiertas y atendidas por médicos generales de zona, contratados por el Servicio Nacional de Salud, y que según contrato tengan la obligación de concurrir a prestar atención de salud, en cualquier lugar de su región, con un sistema rotatorio para evitar discriminaciones y odiosidades, y que, en consecuencia, su lugar de trabajo no sea necesariamente y sólo, por ejemplo, el hospital base de sus operaciones, sino que mensualmente tenga la obligación de hacer la rotación, si las necesidades del Servicio, que no es otra que la salud de la gente, así lo requiere. Claro, se me dirá que eso significaría tener buenas casas en cada comuna, mejores ambulancias o vehículos para traslado, o un viático especial. No me resto a esa aspiración legítima y necesaria, pero esto pasa por dos cuestiones, a mi juicio, específicas, que sea el Estado a través de sus servicios regionales de salud y no las municipalidades quien coordine y que el Estado invierta recursos en la infraestructura necesaria. Creo, sin embargo, que urge pensar en una solución. La salud de la gente, con un alto grado de dignidad, eficiencia y oportunidad es lo que interesa. Problema también grave, al menos en mi distrito, es la distancia entre una posta y otra. Hemos reclamado varias veces y por distintos lugares, pero se nos indica que existen ciertos patrones fijados por el Servicio u otro agente, y que indica tales requisitos. Creo que en este sentido es necesario flexibilizar la normativa. Las realidades del país, incluso dentro de una misma región, son distintas. Esto hace, en definitiva, que sean los hospitales de los centros urbanos del Servicio Nacional de Salud los establecimientos que realmente prestan la salud adecuada a la gente, y en el caso de mi distrito, repito, lo hacen bien y eficientemente. Aprovecho de agradecer a los médicos, enfermeras, farmacéuticas, auxiliares y personal administrativo que hacen posible tales niveles de compromiso. Ahora, si esto no es realidad, espero las informaciones del caso. La salud rural sigue descansando básicamente en los hospitales, esos establecimientos que muchos contribuyeron a marginar y jibarizar en épocas felizmente pasadas. Hace unos días visité el Hospital de Carahue, invitado por su directora, la doctora Rey. Pude comprobar un ambiente grato de trabajo, en un hospital remodelado, con dotación de personal casi completo, con existencia de fármacos necesarios, con gasa y sábanas limpias, además de médicos, enfermeras, dentistas, laboratoristas, personal de farmacia, paramédicos, en general, que hacen posible y aseguran una atención digna. No me cabe duda de que luego en Nueva Imperial podré comprobar algo similar. Existen todavía algunas carencias, yo diría menores pero necesarias, como uno o dos médicos más, una ambulancia apta para transitar en barro en invierno, etcétera, pero avanzamos. Ojalá, luego podamos, en el sector costero de mi distrito, especialmente en la comuna de Saavedra conversar acerca de la conveniencia y la necesidad de construir un hospital, y más adelante de un esfuerzo similar en la comuna de Teodoro Schmidt. En el caso de Saavedra, por lo menos de parte del Director Regional de Salud, doctor Fernando Muñoz, de quien además me honro en ser amigo, existe la verdadera voluntad de avanzar en el estudio preliminar sobre tal obra, y de existir evaluaciones positivas, el terreno y la posibilidad de infraestructura, a lo mejor en el plazo de unos cuatro años a esta fecha, podamos tener gratas novedades: inaugurando ese centro para Puerto Saavedra y su comuna. Por último, señor Presidente, estoy de acuerdo y comparto las ideas dadas en Sala, por otros señores Diputados en orden a que es necesario distinguir para abordar bien el problema de la atención primaria de salud, entre atención primaria rural y atención primaria que se presta en sector urbano. Creo que este paso legislativo es no sólo necesario sino impostergable para llevar tranquilidad a un sector importante de personas comprometidas con la atención primaria de salud que, además, es la gran cobertura que como Estado se debe asegurar a toda la población y que debe reunir la calidad de digna y eficiente. Me alegra que estemos cumpliendo con el compromiso contraído con la gente. He dicho. El señor BAYO.- Señor Presidente, voy a referirme inicialmente a las expresiones del Diputado señor Smok, el que, aprovechándose de mi ausencia transitoria de la Sala, ha criticado mi intervención del día de ayer. Su juicio sobre la atención primitiva dada en el pasado sería justificable escucharlo en otros, alejados del área compleja, difícil como lo es el de la salud. Pero no es justificable de ninguna manera en quien, como médico, Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara y miembro del Parlatino, tiene la obligación de conocer la realidad del pasado y del presente y emitir juicios más técnicos que políticos. No este parlamentario, sino las tres evaluaciones hechas al sistema de salud municipalizada, una de ellas con participación de un ex Ministro de Estado en este Gobierno, que han concluido que gracias a este sistema se logró: aumento en infraestructura y equipamiento, aumento en la cantidad de recursos humanos y aumento en el número de atenciones de salud en el nivel primario. Como lo dijimos ayer, estos elementos positivos, no permitían desconocer serias dificultades financieras en el sector y escasos niveles de coordinación y supervisión con el sector estatal. A mayor abundamiento, si el tipo de atención fuera "primitivo", no se habrían comprobado las modificaciones positivas de los indicadores biodemográficos que Chile exhibe para orgullo nuestro, con cifras de país desarrollado cuando aún no lo somos. Ahí están los resultados, con antecedentes aceptados internacionalmente y que el señor Diputado debería conocer. Ayer dijimos y hoy lo reiteramos que "nadie medianamente informado desconoce la influencia trascendental que la atención primaria tiene en la situación de salud del país". No podemos actuar livianamente, desconociendo lo positivo del sistema, poniéndole trabas a su perfeccionamiento, con la secreta esperanza insinuada en algunas intervenciones en esta Sala de retrotraemos a la situación centralista, estatizante, fracasada en el mundo entero. Estas intervenciones confirman las discrepancias al interior de la Concertación, cuyo programa en materia de salud felizmente no ha sido respetado. Hoy Renovación Nacional, a través de su posición positiva frente a este proyecto, está demostrando que en materia de salud hay necesidad de actuar con el tecnicismo y la visión de futuro que algunos en esta Sala han demostrado no poseer. He dicho. El señor CONCHA.- Señor Presidente, este proyecto plantea de inmediato interrogantes que muchos otros se formulan y cuyas respuestas no son fáciles y mucho menos categóricas: ¿Es bueno el sistema de salud municipalizado? ¿Reciben los usuarios atención adecuada? ¿Ha mejorado la salud de la población, como consecuencia de la acción desarrollada por este sistema? ¿Significa el sistema municipalizado sólo un medio burocrático más? Tal vez hacerse estas preguntas sólo sea un juego dialéctico, ya que estando frente a una realidad lo importante es enfrentarla, determinar sus deficiencias, estudiar y aplicar las medidas que permitan mejorar el servicio y ampliar al mismo tiempo su cobertura para alcanzar especialmente los sectores de menores recursos de la población. Lentamente las municipalidades han llegado a ser los organismos rectores de la vida comunal. De simples órganos encargados del aseo y ornato público, del tránsito urbano, de cobradoras de patentes y dispensadores de algunas modestas concesiones, han pasado a ser organismos poderosos, con cuantiosos presupuestos, impulsores de la vida social, cultural y educacional, encargados de la salud pública, del desarrollo comunitario y en la práctica de todos los problemas que afectan a la comuna, de tal modo que los alcaldes son hoy autoridades que gozan de amplias y completas atribuciones. En los años ochenta se inició tímidamente el proceso municipal de atención de la salud. Al principio, las Municipalidades, a regañadientes, temerosas de asumir un campo inédito, difícil y costoso, se hicieron cargo de la atención primaria, de la que el Servicio de Salud estatal se desprendió con dolor, herido en su majestad al ver invadido su campo propio por un órgano no versado en la materia. El resultado, hasta hoy, no parece perfecto; pero el sistema ha terminado imponiéndose, incluso a aquellos más apegados al criterio estatal, porque los vientos de la descentralización han penetrado en todas las actividades, incluso en la administración pública, lo que obliga a subsanar sus defectos, a mejorar la organización y a dotarla de recursos bastantes para el cumplimiento de sus fines. Este es el objeto de este proyecto, que responde al propósito de mejorar la calidad de vida, mediante el mantenimiento de la salud de la población y la prevención y control de los riesgos de salud. Para lograrlo, el proyecto encara el problema de los recursos humanos, cuya calidad y estabilidad procura optimizar dado que un servicio de salud depende fundamentalmente de la competencia y eficiencia del funcionario que presta la atención, llámese médico, dentista, enfermera, técnicos o auxiliares. El servicio debe estar constituido de tal modo que atraiga a profesionales y funcionarios calificados, que asegure su carrera funcionaría, que asegure la estabilidad y la constante capacitación o perfeccionamiento, todo lo cual está regulado en el proyecto de modo satisfactorio, pues se regula la carrera funcionaría, se contempla un sistema de remuneraciones incluyendo una base mínima nacional para cada categoría funcionaría, previéndose las asignaciones de atención primaria, de zona, de responsabilidad y desempeño difícil. Todas las cuales se hacen imponibles. Por otra parte, se regula el ingreso mediante concursos de antecedentes, se fijan los requisitos exigidos para cada estamento y se reconocen los derechos del personal, incluyéndose las facilidades y oportunidades de capacitación y perfeccionamiento. Encara asimismo el proyecto el financiamiento del sistema, mediante aporte estatal que se determina en relación a la población potencialmente beneficiaría en la comuna, a sus características epidemiológicas y socioeconómicas y a la cantidad de prestaciones mensuales efectivamente realizadas. Se determinará por decreto del Ministerio de Salud, previa consulta al gobierno regional, el que fijará la proporción en que se aplicarán los criterios que le sirven de base, el listado de prestaciones que dan derecho al aporte, el valor de cada una de ellas y los procedimientos necesarios para la determinación y transferencia del aporte. ¿Cubrirá este sistema de financiamiento el gasto en que incurrirán los municipios? El sistema de aporte que establece el proyecto se anuncia como un método de financiamiento superior al Fapem. Sólo el tiempo dirá si es bastante o si debe ser complementado con subsidios en otras medidas. Las reformas que se introducen al sistema de atención primaria de salud mejorarán sustancialmente el sistema porque se contará con herramientas adecuadas para atenderlo en forma eficiente. Las obras de los hombres no son perfectas, su calidad no depende del carácter moderno que algunos Diputados señalan como indispensable, porque "moderno" no es nada más que actual, no es signo de perfección ni cosa que le parezca y menos cuando la modernidad de que se habla sólo significa pretender dejar entregado a la iniciativa privada la solución de los problemas, dejando al margen al sector público, que los encara considerando el interés general y no el bolsillo del particular. Voto favorablemente este proyecto. He dicho. El señor OJEDA.- Señor Presidente, este proyecto tiende a establecer una descentralización en la salud, con el objeto de promover y procurar una atención eficiente de ella. Se refiere a tres grandes materias que pretende abordar: la parte laboral, el financiamiento y el manejo de la salud municipal. Inicialmente fue objetado y rechazado por las organizaciones de la salud correspondiente. Debido a ello, el Ejecutivo debió introducir modificaciones mediante indicaciones que fundamentalmente mejoran las condiciones económicas de los trabajadores del sector de la atención primaria de salud municipal. El propósito del Gobierno, y que configura su idea matriz, es resolver los problemas de accesibilidad y falta de capacidad resolutoria del primer nivel de salud, desarrollar una nueva y verdadera atención primaria de salud, que se constituya en una estrategia de desarrollo para el país en esta área importante. El proyecto regula y homogeniza las normas que rigen el personal de atención primaria. Establece normas para asegurar la carrera funcionaría del personal. Garantiza su estabilidad profesional y sus derechos. Es decir, mejora sus condiciones laborales, lo que implica mayor estímulo y atracción para profesionales y funcionarios calificados. El Estatuto establece normas que señalan procedimientos transparentes de selección del personal, basado en los años de servicios, la capacidad adquirida y la evaluación del desempeño funcionario anterior. Y en esta parte es conveniente que en los concursos se otorgue cierto porcentaje a aquellos funcionarios a contrata que postulen a cargos de planta, por la experiencia que ellos han obtenido. Contempla, además, una normativa que procura dar mayor efectividad a la atención primaria, más aún, cuando el aumento de la población económicamente activa ha contribuido en parte, al aumento de las enfermedades crónicas y de las patologías terminales. Además, la urbanización descontrolada ha contribuido a las alteraciones del medio ambiente atmosférico. Esto, por supuesto, demanda priorizar la atención primaria de salud, estableciendo para ello, la descentralización de las acciones, la participación social en el proceso de hacer salud y el enfrentamiento intersectorial de los problemas de la salud. La descentralización, la participación social y la interterritorialidad se logran al establecer a la comuna como objeto y sujeto de todo el quehacer de atención primaria de salud. Lo importante de este Estatuto es que constituye el primero en esta especie, y en razón de, ello no podemos esperar perfección. El proyecto pretende aglutinar disposiciones dispersas, fijar la naturaleza jurídica de las relaciones laborales, mejorar las condiciones salariales insatisfactorias, la desigualdad de ingresos para similar responsabilidad. Mención importante es la capacitación que se está procurando extender a todos los sectores de la salud primaria. Faltan, no obstante, algunos elementos que mejoran más las condiciones laborales de los funcionarios, lo que no puede ser hecho en instantes en que existe una gran distancia en lo que es y lo que debe ser, respecto del grado y demás derechos. Pero, pensamos que este Estatuto es un gran paso para ello. Hay problemas que resolver como por ejemplo, definir judicialmente a la entidad administradora, precisar las categorías funcionarías y resolver sobre dotación, suplencias, en caso de licencias, sobre mérito y puntaje en concurso sobre financiamiento, etcétera. Es indudable que en la discusión particular, podrán hacerse valer algunas indicaciones que corrijan y respondan las dudas planteadas. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto, salvo aquellas ideas contenidas en artículos que, por la naturaleza de la proposición, requieren un quorum especial. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobado en general el proyecto. Corresponde votar las ideas de legislar contenidas en los artículos 35, 41 y 48, que se refieren exclusivamente a mayores atribuciones del concejo comunal o del gobierno regional. Para aprobarlas sólo en cuanto a ideas, no a artículos para que quede claro, se requieren 66 votos a favor. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobadas las ideas contenidas en esos artículos. Despachado en general el proyecto. El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Al artículo 3° 1.- De la Comisión de Hacienda para agregar al final de este artículo, reemplazando el punto aparte (.) por una coma (,), la siguiente frase: "ni a los que se desempeñan en los Departamentos de Salud Municipal.". Al artículo 8° 2.- Del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 8°.- Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra d) del artículo 5° de esta ley se deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Tener licencia de enseñanza media. b) Haber aprobado un curso básico de Atención Primaria de Salud de 50 horas. c) Haber aprobado un curso de administración aplicada a la Atención Primaria, de 120 horas, o un curso equivalente en cualquier establecimiento de enseñanza superior reconocido oficialmente. El reglamento de la presente ley, determinará las funciones que deberán desempeñar los Administrativos de Salud.". Al artículo 9° 3.- Del Ejecutivo para sustituirlo por el siguiente: "Artículo 9°.- Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra e) del artículo 5° de esta ley, se deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Tener licencia de enseñanza básica. b) Haber aprobado un curso básico de Atención Primaria de Salud de 50 horas y un curso de resucitación cardiorrespiratoria. c) Haber aprobado un curso específico relacionado directamente con la función que desempeñará, tales como transporte de enfermos, alimentación complementaria, mantenimiento de equipos y de establecimientos de atención primaria. El reglamento de la presente ley, determinará las funciones que deberán desempeñar los Auxiliares de Salud.". Al artículo 11 4.- Del Ejecutivo para sustituir la expresión "al número de habitantes de la comuna", por la siguiente: "a la población potencialmente beneficiarla". Al artículo 16 5.- Del Ejecutivo para reemplazar el inciso segundo por el siguiente: "Se podrá establecer diferentes modalidades respecto del horario de trabajo, de acuerdo a las necesidades de funcionamiento del establecimiento de Atención Primaria de Salud". 6.- Del Ejecutivo para agregar el siguiente inciso tercero: "Asimismo, se podrá contemplar contratos a tiempo parcial de funcionarios señalados en las letras a) y b) del artículo 5° de la presente ley, a fin de incorporar profesionales generales y especialistas en funciones de atención primaria municipalizada.". Al artículo 18 7.- Del Ejecutivo para agregar a continuación de la expresión "o de quien dependa", la siguiente: "el funcionario". Al artículo 22 8.- De la Comisión de Hacienda para sustituirlo por el siguiente: "Artículo 22.- El personal tendrá derecho a que se le efectúen imposiciones provisionales sobre la totalidad de sus remuneraciones, rigiéndose para estos efectos por las disposiciones de la ley N° 19.200.". Al artículo 26 Inciso primero Letra a) 9.- De la Comisión de Hacienda, para agregar a continuación de la palabra "asimilado", las expresiones "de acuerdo al Título II de esta ley". Letra b) 10.- De la Comisión de Hacienda para eliminar las palabras "con contrato indefinido". Al artículo 27 11.- De la Comisión de Comisión de Hacienda para sustituir el primer párrafo de este artículo, por el siguiente: "Artículo 27.- El sueldo base no podrá ser inferior al sueldo base mínimo nacional para cada una de las categorías funcionarías señaladas en el artículo 5°, cuyo monto será fijado por ley.". 12.- De la Comisión de Hacienda para incorporar el siguiente inciso segundo: "El sueldo base mínimo nacional de cada categoría funcionaría se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje en que se reajusten las remuneraciones del Sector Público.". Al artículo 28 13.- De la Comisión de Hacienda para sustituir la frase "sueldo base mínimo nacional señalado en el artículo precedente" por la siguiente: "sueldo base definido en la letra a) del artículo 26". Al artículo 29 14.- De la Comisión de Hacienda para sustituir el numeral "26" por el numeral “27”. Al artículo 30 Inciso primero 15.- De la Comisión de Hacienda para reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 30.- El Director de un Consultorio de Salud Municipal de Atención Primaria tendrá derecho a una asignación de responsabilidad directiva, equivalente al 30% de la suma del sueldo base y de la asignación de atención primaria correspondiente a su categoría funcionaría y nivel de la carrera funcionaría". Inciso segundo 16.- De la Comisión de Hacienda para agregar una coma (,) a continuación de la expresión "Programa Materno", y sustituir la coma (,) que se encuentra entre las palabras "Adulto" y "del Adulto Mayor", por la conjunción "y". Al artículo 31 17.- De la Comisión de Hacienda para suprimir las palabras "mínimo nacional" y para agregar en seguida de "correspondientes a su" la expresión "categoría y". Al artículo 35 Inciso segundo 18.- Del Ejecutivo para suprimirlo. Al Artículo 37 Inciso final 19.- Del Ejecutivo para agregar después de "determinará las normas de", la expresión "constitución y de". Al artículo 39 20.- Del Ejecutivo para sustituir la palabra "experiencia" por "antigüedad". Al artículo 41 Inciso segundo 21.- De la Comisión de Hacienda para sustituirlo por el siguiente: "Los sueldos bases fijados en conformidad con el inciso anterior deberán ser ascendentes, teniendo en cuenta los factores constitutivos de la carrera funcionaría, esto es la antigüedad, la capacitación y el mérito. Dichos sueldos bases se fijarán como un porcentaje del sueldo base del nivel 15 de la carrera funcionaría.". Incisos tercero, quinto y sexto 22.- De la Comisión de Hacienda para suprimirlos. Inciso séptimo 23.- De la Comisión de Hacienda para suprimirlos. 24.- De la Comisión de Hacienda para incorporar el siguiente artículo 42 bis: "Artículo 42 bis.- El número máximo de bienios computables para la carrera funcionaría será de quince, y el sueldo base que resulte de la aplicación de este máximo deberá ser a lo menos un 80% superior al sueldo base mínimo nacional que corresponda a la categoría del funcionario.". Al artículo 43 Incisos primero y segundo 25.- De la Comisión de Hacienda para reemplazarlo por los siguientes: "Artículo 43.- Para los efectos de la aplicación de la carrera funcionaría, se reconocerá como actividades de capacitación los cursos y estadías de perfeccionamiento que formen parte de un programa de formación de recursos humanos reconocido por el Ministerio de Salud. El reglamento establecerá un sistema acumulativo de puntaje mediante el cual se reconocerán las actividades de capacitación que cumplan con los requisitos señalados en el inciso anterior que hayan sido aprobadas por el funcionario como parte de su formación académica y durante su desempeño en establecimientos de atención primaria de salud municipal o en un servicio de salud. Dicho sistema de puntaje será común para todas las categorías funcionarías y considerará el nivel técnico, el grado de especialización y la duración de las actividades de capacitación. El máximo puntaje por capacitación computable para la carrera funcionaría deberá permitir acceder a un sueldo base que exceda al menos en un 35% del sueldo base mínimo nacional correspondiente a cada categoría funcionaría.". Inciso final 26.- De la Comisión de Hacienda para agregar, eliminando el punto aparte la siguiente frase: "y el porcentaje sobre el sueldo base mínimo nacional que corresponda a cada cursó.". Al artículo 44 Inciso segundo 27.- Del Ejecutivo para sustituir el inciso segundo por el siguiente: "Los profesionales a que se refieren las letras a) y b) del artículo 5° de esta ley podrán participar en concursos de misiones de estudios y de especialización, durante toda su carrera funcionaría. Dicha participación consiste en comisiones de servicio, con goce de remuneraciones y con obligación de retornar a su cargo de origen, por lo menos por el doble del tiempo que ésta haya durado.". Al artículo 45 Inciso primero 28.- De la Comisión de Hacienda para reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 45.- Aquellos funcionarios cuyo desempeño sea evaluado como positivo para mejorar la calidad de los servicios del establecimiento en el cual laboran, obtendrán un puntaje válido para la aplicación de la carrera funcionarla mientras dure la vigencia de la evaluación. El máximo puntaje asignable por este concepto permitirá obtener un sueldo base que exceda hasta en un 35% al sueldo base mínimo nacional que corresponda a su categoría funcionaría.". 29.- Del señor Devaud para agregar el siguiente artículo 45 bis: "Artículo 45 bis.- Para ser Director de los Departamentos de Salud Municipal, o de la Corporación de Salud Municipal, o Director de un consultorio de salud municipal, se requiere estar en posesión del título de médico cirujano, farmacéutico, químico-farmacéutico, bioquímico o cirujano-dentista. Sólo por excepción y en circunstancias muy calificadas por la Dirección Provincial de Salud, podrán ejercer estos cargos, profesionales cuyo plan de estudios contemple diez semestres y tengan especializaron en Administración Pública. En su defecto y previa calificación de la Dirección Provincial de Salud, podrán ejercer tales funciones otros profesionales de la salud en calidad de interinos." Al artículo 46 Inciso segundo 30.- De la Comisión de Hacienda para reemplazarlo por el siguiente: "El funcionario tendrá derecho a apelar de la resolución recurrida de la comisión de evaluación y de este recurso conocerá el Alcalde, aplicándose en todo, lo dispuesto en los artículos 45 a 50, ambos inclusive, de la ley N° 18.883, en cuanto no sean incompatibles con esta ley.". Al artículo 47 31.- De la Comisión de Hacienda para agregarle la siguiente letra g), nueva: "g) por disminución de la dotación, según lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley. En este caso, el afectado que se encuentre desempeñando funciones en la dotación municipal de salud en virtud de un contrato indefinido, tendrá derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la municipalidad respectiva, con un máximo de ocho años.". Al artículo 48 Inciso segundo 32.- De la Comisión de Hacienda para suprimir las expresiones "previa consulta al gobierno regional correspondiente". Incisos tercero y cuarto 33.- Del señor Concha para eliminarlos. 34.- De la Comisión de Hacienda para reemplazar las palabras "apelar" y "apelación", por "reclamar" y "reclamación", respectivamente. Al artículo 50 Inciso primero 35.- De la Comisión de Hacienda para reemplazar el párrafo que se inicia con las palabras "Dicho cobro..." y que termina con "normativa señala", por el siguiente: "Este cobro no podrá exceder el valor que para cada grupo determine la referida ley, su reglamento y normas complementarias, en la forma y condiciones que dicha normativa señala.". 36.- De la Comisión de Hacienda para consultar el siguiente artículo 50 bis: "Artículo 50 bis.- El Servicio de Salud retendrá los aportes a que se refiere el artículo 49, a las Entidades de Salud Municipal, cuando éstas no se encuentren al día en los pagos de cotizaciones previsionales de su personal. El monto retenido no podrá ser superior a las cotizaciones impagas y será transferido a dichas entidades cuando éstas demuestren que se han efectuado.". Al artículo 51 37.- De la Comisión de Hacienda para reemplazar el artículo "los" por "las" y para suprimir las expresiones "reajustes de". Al artículo 56 38.- Del Ejecutivo para agregar el siguiente inciso segundo: "El reglamento establecerá los diversos aspectos que deberá contener dicho programa.". Al artículo 57 Inciso primero 39.- Del señor ConchaInciso segundo 40.- Del señor Concha ", Servicio que examinará si el programa se ajusta a las normas técnicas y directrices del Ministerio de Salud, sus observaciones deberán ser aprobadas o rechazadas por el Concejo Municipal. En caso de rechazado total o parcial, el Intendente Regional, previa consulta con el secretario regional ministerial de Salud, determinará a más tardar el día 30 de diciembre si el programa aprobado por el concejo se ajusta al marco fijado por los planes nacionales y regionales que regulan la respectiva actividad. El programa entrará en vigencia una vez que se hayan incorporado las observaciones formuladas por el Intendente.". Artículos transitorios Al artículo 22 41.- De la Comisión de Hacienda para sustituirlo por el siguiente: "Artículo 2° transitorio.- Las disposiciones sobre carrera funcionaría entrarán en vigencia dentro de ciento ochenta días contados desde la publicación de esta ley. Los reglamentos necesarios para la aplicación de la carrera funcionaría deberán dictarse dentro del plazo de noventa días contados desde la publicación de esta ley. En tanto no entre a regir la carrera funcionaría, se considerará como sueldo base, sólo para efectos de la aplicación de las asignaciones establecidas en los artículos 28,30 y 31 y de las normas de adecuación de remuneraciones del artículo 42 transitorio de la presente ley, el sueldo base mínimo nacional que corresponda a la categoría del funcionario. Dentro del plazo indicado en el inciso primero, las municipalidades deberán fijar la primera escala de sueldos base conforme al artículo 41 de la presente ley y sus reglamentos, y ubicar al personal perteneciente a la dotación inicial de salud municipal en los niveles de la carrera funcionaría que correspondan de acuerdo a los artículos 42, 42 bis, 43 y 45 de este Estatuto. No obstante, las remuneraciones que resulten de la aplicación de las normas antes citadas se devengarán a contar del l2 del mes siguiente al vencimiento del plazo indicado en el inciso primero de este artículo.". 42.- De la Comisión de Hacienda para consultar el siguiente artículo 2° transitorio bis: "Artículo 2° transitorio bis.- Las disposiciones contenidas en el Párrafo 1° del Título III, con excepción del artículo 50, entrarán en vigencia en un plazo máximo de dos años contado desde la publicación de esta ley, pudiendo aplicarse con anterioridad a esa fecha si así se conviene entre los correspondientes municipios y el Ministerio de Salud, a proposición del municipio. En tanto no entren en vigencia dichas disposiciones seguirán rigiendo los actuales procedimientos para el traspaso de recursos a las municipalidades, establecidas por aplicación del decreto con fuerza de ley N° 1-3063 del Ministerio del Interior.". Al artículo 3° 43.- De la Comisión de Hacienda para reemplazar las expresiones "aquellos funcionarios" por "los funcionarios paramédicos" y para agregar a continuación de la expresión "normalizada" la frase "dentro del plazo de dos años contado desde la entrada en vigencia de la presente ley". Al artículo 4° Inciso segundo 44.- De la Comisión de Hacienda para agregar a continuación de las palabras "sueldo base", la frase "de acuerdo a lo establecido en los artículos 26 letra a), 27 y 2° transitorio de la presente ley". 45.- De la Comisión de Hacienda para reemplazar las expresiones "las asignaciones e incrementos de las remuneraciones "y" los reajustes de la remuneración base de este Estatuto" por "la carrera funcionaría" y "las remuneraciones del Sector Público", respectivamente. Al artículo 5° Inciso segundo 46.- De la Comisión de Hacienda para sustituirlo por el siguiente: "No obstante, esta dotación podrá incrementarse para incorporar un número adicional de funcionarios en la dotación, en aquellos casos en que, desde dicha fecha hasta el 31 de diciembre de 1992 se hayan creado o ampliado establecimientos de Atención Primaria de Salud Municipal. Esta dotación adicional deberá ser aprobada por el Servicio de Salud correspondiente.". Al artículo 7° Inciso primero 47.- De la Comisión de Hacienda para sustituir la frase "en servicio de 30 de septiembre de 1991" por la siguiente: "que integren la dotación a que se refiere el artículo 5° transitorio". Inciso segundo 48.- Del Ejecutivo para reemplazar la frase "1° de enero de 1992" por "1° de enero de 1993".. Al artículo 8° 49.- De la Comisión de Hacienda para intercalar el siguiente inciso tercero: "Con cargo al fondo de recursos complementarios, se transferirán los recursos necesarios para el pago de la bonificación a que se refiere el artículo 3° de la ley N° 19.200 y de la asignación de desempeño difícil establecida en el artículo 31 de esta ley.". Al artículo 9° Inciso primero 50.- De la Comisión de Hacienda para agregar a continuación del numeral "30" lo siguiente: "y 31", suprimiendo la conjunción "y" que figura entre los numerales "29" y "30". Inciso segundo 51.- De la Comisión de Hacienda para sustituir las expresiones "contratado al 30 de septiembre de 1991 por las entidades administradoras" por las siguientes: "que integren la dotación de las entidades administradoras, por contratos efectuados". Al artículo 11 52.- De la Comisión de Hacienda para suprimirlo. Al artículo 12 53.- De la Comisión de Hacienda para rechazarlo. Al artículo 13 54.- Del Ejecutivo para reemplazar en la letra a) "$ 88.500" por "$ 108.655", en la letra b) "$ 73.160" por "$ 85.414", en la letra c) "$ 32.010", por "$ 37.815", y en la letra e) "$ 29.500" por "32.323".. Al artículo 14 54.- De la Comisión de Hacienda para sustituir el numeral "004" por "104".