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- rdf:value = " El señor TOHA.-
Señor Presidente, Honorables Diputados, conceptualmente la atención primaria de salud es el proceso dirigido a la mantención de la salud de la población, prevenir las enfermedades, detectar oportuna y precozmente las alteraciones de la salud y considerar el diagnóstico y tratamiento adecuado a las enfermedades que afectan a la población con más frecuencia.
Se ha complementado este concepto en el sentido de la focalización de esta atención hacia las personas y la familia en su contexto comunitario, gestándose así un tipo de atención que comprende al grupo familiar, con orientación hacia la comunidad.
Este último elemento determina que lo fundamental no son los casos, sino una población objetiva, considerando sus riesgos de salud. De este modo, esta función en torno a la salud adquiere un carácter intersectorial que es asumido a todo nivel de la estructura social.
Estos conceptos complementan las características que deben distinguir a la atención primaria, como un primer paso en el enfoque de la atención de salud, el cual es preventivo, integral y permanente, muy cercano a la gente, que se ejerce en un equipo de salud.
Concebida así la atención, los municipios y ahora los municipios gestados democráticamente asumen un importante papel en relación a mejorar el nivel de vida de su población, lográndose la descentralización administrativa y contando con un amplio marco de participación.
El actual Gobierno recibió una atención primaria que se caracterizaba por estar orientada a la recuperación de la salud en forma especial, con una desvinculación evidente de los servicios de salud dependientes del respectivo ministerio y de los centros de atención primaria, lo que impedía la adecuada orientación desde el punto de vista técnico.
Los recursos asignados a través de la facturación por atención prestada cubrían, a veces, hasta un 60 por ciento de los recursos necesarios, privilegiando lo curativo por sobre lo preventivo y el fomento de la salud, con un descuido paralelo de la capacitación del personal. Todos estos elementos configuraron un ambiente desmotivador, muy propio de las precarias condiciones de trabajo.
Los aspectos negativos mencionados anteriormente, que el Gobierno y las autoridades de salud se han esforzado en corregir, hacen imprescindible legislar al respecto, y el proyecto que hoy entramos a discutir, sobre Estatuto de atención primaria de salud municipal, cumple en parte importante este objetivo.
Cabe recordar que a raíz de una pretendida descentralización, que abarcó distintos ámbitos del quehacer nacional, entre los que se contaron la educación y la salud, fueron municipalizados, entre otros servicios, los consultorios de atención primaria, a la vez que se crearon las instituciones de salud previsional, Isapre. Los municipios asumieron, así, la administración de su personal y bienes, como también la obligación de brindar la atención de salud que se requiere a nivel poblacional.
Tal sistema de administración ha mostrado algunas ventajas, como pudiera ser una descentralización en la toma de decisiones; a la vez, evidencia un mayor grado de autonomía administrativa. Sin embargo, también se señalan graves deficiencias en relación con su financiamiento, con el manejo de la salud municipal y con el "status" del personal funcionario.
En este último campo, que nos ocupa preferentemente, a raíz de esta iniciativa podemos advertir como principales problemas la inexistencia de una carrera funcionaría, la deficiente preocupación por la capacitación y perfeccionamiento, la enorme diferencia de remuneraciones del personal de esos servicios en comparación con otros que prestan iguales funciones y una precaria estabilidad funcionaría.
Estas inquietudes abarcan gran parte del sistema municipal, por cuanto sus problemas son extensivos a los funcionarios del sector, como los profesores de establecimientos municipalizados, según lo vimos al tratar el Estatuto Docente, y también el personal de salud, según este proyecto.
El prolijo y completo informe del Diputado Montes me induce a no repetir los aspectos más puntuales de este proyecto los analizaremos en la discusión particular, y en forma muy preferente lo tratado en la Comisión de Hacienda.
Con este proyecto se busca regular, a lo menos, tres aspectos que presentan deficiencias.
Primero, en relación a la parte laboral, establecer una carrera funcionaría que reconoce la experiencia, facilita la capacitación y el perfeccionamiento, al tiempo que otorga al trabajador la calidad de funcionario público del sector municipal.
Segundo, en cuanto a la rearticulación del sistema, se reconoce la necesidad de que constituya una unidad que permita horizontalidad en la tarea de atención primaria, a la vez que verticalidad en la configuración del sistema.
Por último, en un tercer punto, se racionaliza el financiamiento proveniente del Ministerio, estimulando el aporte municipal y reemplazando el sistema Fapem por la asignación de recursos per cápita.
Por las razones mencionadas y por otras que se desprenden del proyecto, esta iniciativa legal tiene enorme trascendencia para este sistema de salud, para sus trabajadores y para el funcionamiento administrativo. En efecto, después de varios años de vigencia, cabe hacer algunas correcciones a las deficiencias manifestadas en la práctica, a la vez que se posterga para más adelante según creo necesario una evaluación extensa y definitiva respecto de su viabilidad. Así, en cuanto a sus trabajadores, es evidente el deterioro que ha sufrido su poder adquisitivo en los últimos años, producto de la incapacidad de los municipios para mejorar sustancialmente las remuneraciones.
Este es precisamente uno de los talones de Aquiles del sistema, por cuanto la gran cantidad de necesidades de los municipios obligan a priorizar los gastos, resultando generalmente beneficiada la inversión en obras, más que los funcionarios, sean del sector salud o educativo.
En este sentido, resulta urgente modificar el sistema, permitiendo mejorar las remuneraciones e incorporar beneficios y asignaciones que favorezcan a quienes por largos años han trabajado en condiciones muy difíciles, con precarias implementaciones técnicas, pero con mucha dedicación y esfuerzo frente a la comunidad.
Esta situación manifiesta la principal deficiencia del sistema, toda vez que pone a la municipalidad ante la disyuntiva de optar entre salud, educación y obras municipales, todas áreas de gran importancia y que deben ser postergadas alternativamente, unas en pos de las otras.
Por eso, este proyecto es importante, por cuanto supera una falencia que no podría haber sido superada por la sola iniciativa de las comunas, pues las restricciones presupuestarias son evidentes, asumiendo el Estado su rol de tutor de la salubridad pública y de los derechos de los trabajadores mediante el aporte de nuevos recursos al sistema, única alternativa posible en este caso, en tanto el sistema municipal beneficie a los compatriotas de escasos recursos que no pueden contribuir a su financiamiento.
Es necesario poner énfasis en dos aspectos que merecieron la atención de la Comisión de Salud. En primer término, la inconveniencia de que exista un traspaso de los bienes entregados inicialmente en comodato a los municipios, por cuanto esto convierte en definitivo un proceso que aún no ha sido evaluado en forma íntegra, a la vez que incorpora una indeterminación en el destino físico de los inmuebles al considerarse de propiedad municipal.
En esta materia, concuerdo con la opinión de los trabajadores, vertida en la Comisión de Salud, en el sentido de que esto culmina un proceso no acabado, que se demuestra con estas modificaciones y que en virtud de ellas podría resultar irreversible. Lamentablemente, este criterio fue rechazado por la Comisión, considerándose, por el contrario, la fórmula opuesta, esto es, el traspaso de los bienes a las municipalidades, consignado en una de las disposiciones transitorias. Con posterioridad, la Comisión de Hacienda rechazó este artículo aduciendo falta de antecedentes sobre los bienes afectados por este traspasó.
En segundo lugar, es preocupante la situación que se podría derivar del fondo que permitirá suplir las diferencias que resulten de la aplicación del proyecto a las remuneraciones vigentes, cuando éstas sean negativas para los trabajadores, por cuanto éste cubre principalmente los onerosos gastos de los municipios de mayor capacidad económica, postergando a los pequeños o rurales que, coincidentemente, en ocasiones, pagan los mínimos legales a sus trabajadores. En el caso de los municipios con gastos superiores al promedio, sólo se exige un estudio de la forma de reducir el déficit en el futuro, lo que no obsta para que sean beneficiados por el citado fondo.
No creo necesario ahondar en el detalle del mejoramiento de las remuneraciones del personal, materia compleja y técnica, pero sí manifestar mi preocupación, ya que esta alza efectiva de las remuneraciones se establece fundamentalmente por la vía de las asignaciones, sin afectarse en forma importante los sueldos bases.
Respecto de los derechos del personal, en particular, destaco los siguientes avances: la estabilidad funcionaría, al permitir que la relación laboral sólo termine por causas legales; la permutabilidad de los cargos, que permitirá superar dificultades existentes entre funcionarios que residan en comunas distintas a las de origen; la consagración legal del derecho a la capacitación y perfeccionamiento, que constituye un importante estímulo al ascenso de la carrera funcionaría, a la vez que mejora la atención al público a través de la formación de personal más idóneo para las necesidades de la población; el respeto a la antigüedad en los cargos, que representada en puntaje, junto con el perfeccionamiento, posibilitará un mejoramiento de las remuneraciones.
Por todas estas consideraciones, manifiesto mi apoyo a la iniciativa en estudio, con las prevenciones señaladas, en el entendido de que constituye un importante avance en el mejoramiento de las remuneraciones del personal de la salud, que desde hace años no experimentaban incrementos significativos.
De esta manera, una vez más, el Gobierno cumple su compromiso con los funcionarios de la Administración Pública y, al mismo tiempo, da muestras concretas de su voluntad, de avanzar en la solución de los grandes problemas que afligen a nuestra nación, injustamente postergada durante largos años.
He dicho.
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