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El señor HAMUY (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, días pasados señalé a la opinión pública el problema suscitado con la dictación del decreto supremo N°363, de 7 de enero de 1993, del Ministerio de Obras Públicas, que establece las tarifas de peajes a lo largo de todo Chile.
Ese decreto modifica otro del año 1991, cuyo número no tengo en este momento creo que es el N°278, que establece las categorías o tipos de vehículos que deben pagar este impuesto.
El decreto supremo N°363 no incluyó a automóviles, camionetas y station wagons sin eje adicional, es decir, sin carro de arrastre, mención que sí hacía el decreto anterior.
En consecuencia, a ninguno de esos vehículos debió cobrársele peaje entre el 7 y el 16 de enero del presente año, día en que el Ministerio de Obras Públicas publicó una aclaración a ese decreto.
Prueba del error es la declaración del propio Ministerio nueve días después de percatarse del hecho. El artículo 22 del decreto supremo N°15, publicado el sábado recién pasado en el Diario Oficial, dice que deben entenderse incorporados en el decreto 363 los autos, camionetas y station wagons. Con esto, desde el punto de vista legal, queda "resuelto" el problema.
Pero un principio de derecho público es que no existe la irretroactividad del acto administrativo. Sobre esto hay jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República. En consecuencia, salvado el error por parte del Ministerio de Obras Públicas, en un decreto que lleva además la firma de los Ministros de Hacienda y de Economía, el nuevo decreto no puede tener efecto retroactivo.
Es más, al tomar razón la Contraloría del decreto aclaratorio Na 15, publicado el sábado pasado, hizo un alcance. Explícitamente señaló que no puede regir sino a contar del sábado 16 de enero, y en ningún caso debe entenderse que enmienda hacia atrás, al 363.
Curiosamente, en el Diario Oficial no se publica el alcance de la Contraloría, lo que me parece muy delicado. Habrá sido omisión del Diario Oficial o de quien envió el decreto. Es algo que deberá aclararse. Lo concreto es que no debió cobrarse a los automóviles, camionetas y station wagons, sin carro de arrastre; que pasaron por las plazas de peajes del país entre el 7 y el 15 de enero.
Por lo demás, según estadísticas históricas del Ministerio de Obras Públicas, que tengo en mi poder, el 67,76 por ciento de los que pagaron en enero de 1991 corresponde a este tipo de vehículos; es decir, el grueso de los que pasan por las plazas de peaje, precisamente lo constituyen automóviles, camionetas y station wagons.
Por falta grave de quien dictó el decreto, literalmente se metió la mano en el bolsillo de los chilenos, sin fundamento legal suficiente. Esto es exacción, o sea, cobro ilegal de impuestos.
Según datos históricos, lo recaudado durante esos días es del orden de 600 a 700 millones de pesos, cifra nada despreciable, sobre todo si consideramos los recursos para gasto social, que habrá que ver cómo se incorpora en la Ley de Presupuestos.
Pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas o a quien corresponda, para que entregue antecedentes de cuántos vehículos efectivamente cancelaron durante esos días en las plazas de peaje e indique el monto de lo recaudado.
En segundo lugar, que se oficie al Contralor General de la República, para que explique las circunstancias en que se tomó razón de decreto N°15 y qué hará ese organismo del Estado ante la no publicación en el Diario Oficial del alcance.
El hecho es delicado, sienta un precedente lamentable. Lo concreto es que ha habido una exacción por parte del Estado; sin respaldo legal, a los chilenos vuelvo a reiterarlo se les ha metido la mano en el bolsillo, más allá de la obligación de pagar peaje. Este no es el problema. Para que un ciudadano pague por transitar en su vehículo, tiene que haber, como en todo impuesto, una ley que respalde ese desembolso.
Por último, me han manifestado que en el Ministerio se estaría averiguando quién dio el dato. Quiero aclarar que no fue ningún funcionario.
Me preocupé de estudiar el alza del peaje y analicé los decretos anteriores. De su observancia surgió la omisión en que incurrió el decreto N2 363. De ahí hice el planteamiento público, del cual salió la aclaración. No he sido dateado ni nada que se parezca.
Me parece tremendamente absurdo alzar los peajes en plena época de verano, tema al que en algún momento nos referiremos; pero quiero despejar la duda para que no se piense que funcionarios del Ministerio entregaron antecedentes a parlamentarios. Por último, si lo hicieran, en su derecho están.
El análisis de los dos textos motivó el tema.
He dicho.El señor HAMUY (Vicepresidente).-Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría, de la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Longton, Álvarez-Salamanca, Masferrer, Orpis, Alessandri, Horvath y Sabag
"
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