REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 326a., ORDINARIA
(Ordinaria, de 10.30 a 17.06 horas)
Presidencia del señor Molina Valdivieso, don Jorge, y de la señora Caraball Martínez, doña Eliana.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.


INDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESION
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.FACIL DESPACHO
VI.ORDEN DEL DIA
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
INDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia 3689
II.Apertura de la sesión 3691
III.Actas 3691
IV.Cuenta 3691
V.Fácil Despacho.
1.Normas de certificación sobre exportación de productos hortofrutícolas. Segundo trámite constitucional 3691
VI.Orden del Día.
2.Normativa sobre probidad de autoridades públicas y de parlamentarios. Primer trámite constitucional 3696
VII.Incidentes.
3.Iluminación de carretera del Valle de Azapa (Primera Región) Oficio 3726
4.Recursos para el sector educacional 3727
5.Red vial de la provincia de Malleco. Oficio 3727
6.Crisis de empresas pesqueras de la zona norte Oficio 3728
7.Endeudamiento de pequeños y medianos agricultores de la zona de Talca. Oficios 3728
8.Evacuación de aguas lluvias Oficios 3729
9.Corte del suministro de agua potable a los bomberos de Arica. Oficio 3730
10.Homenaje al Presidente Salvador Allende en el 20° aniversario de su muerte 3730
11.Disminución de la actividad agrícola 3732
12.Crisis del carbón. Proceso de reconversión 3734
13.Modificación a normativa tributaria. Tercer trámite constitucional.3741
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia hecha presenta para el despacho del proyecto de ley que establece y modifica normas previsionales y sobre procedimientos en juicios que indica (boletín N° 603-13) (S) 3759
2.Oficio del Senado, por el que comunica haber dado su aprobación, en segundo trámite constitucional, con modificaciones, al proyecto que modifica disposiciones que indica de la ley sobre impuesto a la renta, la tasa del impuesto al valor agregado y establece un beneficio a las donaciones con fines educacionales (boletín N° 1032-05) 3759 
Pág.


IX.Otros documentos de la Cuenta.

1.Comunicaciones:
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, por la que informa haber elegido como su Presidente al Diputado señor Jaime Campos Q.
Del Diputado señor Ojeda, mediante la cual adhiere al proyecto de ley, originado en moción, que obliga a las empresas eléctricas, telefónicas y de agua potable a especificar en sus boletas, en forma separada, los distintos rubros cobrados (boletín N° 1087-03).
2.Oficios:
De la Contraloría General de la República, por el que responde el que se le remitiera en nombre del Diputado señor Horvath, relativo a sumarios administrativos instruidos en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Del Ministerio de Hacienda, mediante el cual responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Acuña, en relación con un calendario de recursos destinados a reparar los daños causados en la infraestructura vial de las diversas comunas de la Novena Región.
Del Ministerio de Defensa Nacional, por el que responde el que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Letelier, referente a construcción de un gimnasio en la localidad de Lo Miranda.
Del Ministerio de Obras Públicas, mediante los cuales responde los que se le remitieran en nombre de los Diputados que indica y sobre las materias que señala: 
De los Diputados señores Ribera, Vilches y Peña, encauzamiento de ríos en diversas comunas de la Novena Región.
Del Diputado señor Kuschel, construcción de rampa en Puntilla-Isla Tenglo, Puerto Montt.
Del Diputado señor Rodríguez, don Alfonso, camino rol-75, Parral La Montaña, provincia de Linares.
Del Diputado señor Latorre, puente en camino La Poza de Cabildo-La Puntilla, reparación de puente menor en sector Catemu, provincia Cardenal Caro.
Del Diputado señor Tohá, continuación de construcción del teatro municipal de Chillón, Octava Región.
Del Ministerio de Planificación y Cooperación, por el que responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Horvath, relativo a apoyo a intendencia y Serplac, Undécima Región.
Del Ministerio del Interior, mediante el cual responde el que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Espina, sobre mayor vigilancia policial en establecimientos educacionales de la comuna de Ñuñoa. (Res.).


I.ASISTENCIA.

Asistieron los siguientes señores Diputados: (94)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Meló, Sergio
--Alamos Vázquez, Hugo
--Alessandri Balmaceda, Gustavo
--Alvarez-Salamanca  Buchi, Pedro
--Arancibia Calderón, Armando
--Araya de la Cruz, Nicanor
--Aylwin Azocar, Andrés
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Bosselin Correa, Hernán
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Alfaro, Gustavo
--Carrasco Muñoz, Baldemar
--Cerda García, Eduardo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Concha Urbina, Juan
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Devaud Ojeda, Mario
--Dupré Silva, Carlos
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--Escalona Medina, Camilo
--Estévez Valencia, Jaime
--Faulbaum Mayorga, Dionisio
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René
--García Ruminot, José
--Hamuy Berr, Mario
--Horvath Kiss, Antonio
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Huepe García, Claudio
--Hurtado Ruiz-Tagle, José María
--Jara Catalán, Sergio
--Jara Wolff, Octavio
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leay Morán, Cristian
--Leblanc Valenzuela, Luis
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Valdivieso, Jorge
--Montes Cisternas, Carlos
--Munizaga Rodríguez, Eugenio
--Muñoz D’Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarrete Carvacho, Luis
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Solís, Héctor
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palestro Rojas, Mario
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Mackay, Sergio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Rebolledo González, Víctor
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Ringeling Hunger, Federico
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Guerrero, Hugo
--Rojo Avendaño, Hernán
--Rojos Astorga, Julio
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Schaulsohn Brodsky, Jorge
--Seguel Molina, Rodolfo
--Smok Ubeda, Carlos
--Sota Barros, Vicente
--Sotomayor Mardones, Andrés
--Taladriz García, Enrique
--Tohá González, Isidoro
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Avila, Raúl
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Yunge Bustamante, Guillermo
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Martín Manterola y Gustavo Ramírez.
Asistieron, además, el Ministro de Hacienda, señor Alejandro Foxley; el Ministro de Justicia, señor Francisco Cumplido, y el Ministro Secretario General de Gobierno, señor Enrique Correa.
Concurrió, también, el Senador señor Jorge Lavandero. 


II.- APERTURA DE LA SESION

Se abrió la sesión a las 10.30.
El señor MOLINA (Presidente).- En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III.ACTAS

El señor MOLINA (Presidente).- El acta de la sesión 34a se declara aprobada.


IV.CUENTA

El señor MOLINA (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor MOLINA (Presidente).- Terminada la lectura de la Cuenta.


V.FACIL DESPACHO


1.NORMAS DE CERTIFICACION SOBRE EXPORTACION DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS. Segundo trámite constitucional.

El señor MOLINA (Presidente).- En la tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo informe reglamentario, que dicta normas sobre acreditamiento y supervisión de organismos de certificación oficial de calidad de productos hortofrutícolas exportados a comunidades europeas y a otros Estados.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, es el señor Caminondo.
El segundo informe está impreso en el boletín N°893-03 y figura en el número 3 de los documentos de la Cuenta de la sesión 32a, celebrada el 31 de agosto de 1993.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Caminondo.
El señor CAMINONDO.- Señor Presidente, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar un proyecto de ley, en segundo informe y con urgencia calificada de "simple", que dicta normas sobre acreditamiento y supervisión de organismos de certificación oficial de calidad de productos hortofrutícolas exportados a comunidades europeas y a otros Estados.
Hago presente que la Honorable Cámara, en sesión de 13 de agosto de este año, al entrar a estudiar el proyecto en segundo informe, acordó remitirlo nuevamente a la Comisión para que ésta se pronunciara sobre algunas indicaciones formuladas en la Sala durante la discusión general y respecto de las cuales la Comisión no había emitido pronunciamiento.
Es bueno recordar brevemente que esta iniciativa deriva de las exigencias impuestas por la Comunidad Económica Europea, en orden a que, antes, de su introducción en el territorio de las naciones miembros, las frutas y hortalizas procedentes de terceros países destinadas a ser consumidas en estado fresco y para las que se exijan normas de calidad se deben someter a un control de conformidad, a fin de determinar si cumplen con las normas de calidad requeridas. El control de conformidad de las mercancías puede ser efectuado tanto en el territorio de la comunidad como en los servicios oficiales del país de origen que hayan sido autorizados previamente por las autoridades competentes de esa Comunidad.
Este proyecto de ley pretende, por tanto, crear en nuestro país un sistema oficial de control de conformidad para adecuarse a estas exigencias.
Previamente, es preciso hacer presente que los artículos 2°, 7°, 9° y 10 permanentes y el transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
A continuación, me referiré fundamentalmente a las indicaciones que acogió nuestra Comisión.
En el artículo 5° se introdujo una indicación cuyo objetivo principal es disminuir de 45 a 30 días el plazo que tiene el Ministro de Economía para pronunciarse respecto del reclamo que interponga un interesado a quien se le haya negado la inscripción en el registro especial para actuar como certificador oficial de productos hortofrutícolas.
Asimismo, se agregó un inciso segundo al mismo artículo, en el cual se expresa que si dentro del plazo señalado en el inciso anterior, es decir, 30 días, no se evacuare el pronunciamiento, éste se entenderá acogido en favor del reclamante.
Por otra parte, la Comisión conoció una indicación que consiste en reemplazar en el inciso quinto del artículo 14, las expresiones "un extracto" por "en extracto".
Sin debate y por unanimidad se aprobó esta indicación por ser concordante en el texto del inciso final del artículo 4a y, además, por ser la terminología que se emplea habitualmente en la legislación.
Adicionalmente, la Comisión analizó indicaciones a diversos artículos, referidas todas al alcance que se da a la certificación de calidad de productos hortofrutícolas, cuando se requiere, para las comunidades europeas, otras comunidades de países y otros Estados. Estas indicaciones restringen el funcionamiento de los certificados de productos hortofrutícolas sólo a los productos que se exporten a comunidades europeas y excluyen expresamente otras comunidades de países y a otros Estados.
Se argumentó, por algunos señores
Diputados, que las normas de este proyecto debían emplearse solamente respecto de los productos que se envíen a la Comunidad Económica Europea, en atención a las exigencias impuestas en el reglamento a que me he referido al comienzo del informe. Por tanto, hacerlo extensivo para otros países no se justificaría y se incentivaría a que en corto tiempo otros impongan las mismas exigencias.
En contraposición a este planteamiento, en el seno de la Comisión se sostuvo que el espíritu de esta iniciativa legal es dar agilidad a los sistemas de acreditamiento y supervisión de organismos de certificación de control de calidad. Si en el futuro otro país estableciera las mismas exigencias, ya se dispondrá de un cuerpo legal para solucionar la situación y no será necesario dictar otra ley especial para resolver el caso.
La Comisión, por la mayoría de sus miembros, acordó acoger las indicaciones que se detallan en las páginas 3 y 4 del informe, las cuales, en síntesis, limitan la aplicación de este control de calidad a los productos hortofrutícolas que se envíen a los países de la Comunidad Económica Europea.
En virtud de lo expuesto y demás antecedentes contenidos en el informe, la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción propone aprobar este proyecto con las modificaciones indicadas.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los artículos 2°, 7°, 9° y 10 permanentes, y el artículo transitorio.
En discusión particular el resto de los artículos.
Ofrezco la palabra sobre el artículo 1°.
Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, Chile entrega en la actualidad excelentes productos hortofrutícolas. Hoy, sin lugar a equívocos, se producen en nuestro país los mejores del mundo, de óptima calidad. Sin embargo, esta calidad no siempre es advertida en los mercados exteriores por falta de homogeneidad en el envío de la fruta. En consecuencia, los distintos agentes de la producción han reconocido la necesidad de que exista un control de calidad que debe ser lo suficientemente flexible para no entrabar el proceso exportador. De allí que hemos estudiado el proyecto en el marco de una idea general que tiende a establecer normas específicas para la Comunidad Económica Europea.
Por esta razón, se presentaron indicaciones para no hacer extensivas esas normas a otros mercados, dando la posibilidad de tener la flexibilidad suficiente para llegar a cada mercado con el producto que éste requiere. Esta ha sido una de las consideraciones que se ha tenido presente en la Comisión para modificar el proyecto del Ejecutivo.
En Chile necesitamos adecuar la legislación para que el proceso exportador, que tanto éxito ha tenido en los últimos veinte años, continúe siendo una de las importantes palancas de desarrollo del país. Esto lo digo porque en la actualidad, si analizamos los resultados del negocio exportador, nos encontramos con que éste se ha visto debilitado enormemente en los últimos años. Una de las causas de este problema es que los productos chilenos no son homogéneos en su presentación en el exterior, por lo que muchas veces los precios han sido inferiores a los de nuestros competidores.
Un sistema que puede regular la calidad, sin caer en discrecionalidades ni en rigideces, será ampliamente beneficioso para los productores y para todo el país. Debe estar en manos del sector privado, pues no considero conveniente que en un momento determinado lo otorgue el Estado, porque ahí caemos en el riesgo de las rigideces y de las discrecionalidades que mencioné con anterioridad.
En consecuencia, siendo consecuente con lo expresado, anuncio el voto favorable de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor René García.
El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, en el artículo le, que trata sobre la calidad de los productos hortofrutícolas, echo de menos que no se exija reciprocidad. No sacamos nada con mandar productos de calidad si cuando llegan a los mercados europeos nos encontramos con que han subido los impuestos y cambiado las reglas del juego
Indudablemente, habría que hacer varias calificaciones: si estamos mandando un producto de primera, de segunda o de tercera calidad, dentro de lo permitido en la exportación. Pero, una vez dadas las reglas del juego, no deben cambiarse.
Es importante la calidad de los productos y acreditar su sanidad, pero que también exista reciprocidad, porque hemos visto que cuando la Comunidad Europea se ve afectada, son los propios agricultores los que botan nuestra fruta, la queman, etcétera. O sea, cuando entren productos a Chile, así como nos hemos preocupado de mandar sólo de buena calidad, habría que preocuparse de que se exijan las mismas condiciones. En caso contrario, ocurrirá lo que está pasando con el aceite, que tiene cero peso de arancel. Si uno se esfuerza para que el nombre de nuestro país quede en alto, estimo indispensable que Chile exija a los productos que se importan las mismas condiciones de los que se exportan. Esto es importante porque, en caso contrario, nuestra agricultura se verá muy afectada y no tendrá la compensación que queremos para que esto resulte equitativo en ambos sentidos.
Por las razones expuestas, anuncio mi voto favorable, manifestando estas aprensiones al artículo l°.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.
El señor DUPRE.- Señor Presidente, también anuncio la votación favorable de los Diputados democratacristianos a este proyecto y a las indicaciones que ha hecho presente el Diputado señor Munizaga, las cuales dicen relación con la supresión de las palabras "y otros Estados", que pretenden extender la certificación y supervisión de la calidad de los productos hortofrutícolas que se pueden exportar. Nos parece bien que el Gobierno haya enviado este proyecto, al igual que el que remitió al Senado, cuya Comisión de Economía lamentablemente rechazó la idea de legislar, porque permite resolver la certificación de calidad y posibilita la competencia adecuada con nuestros productos en los mercados internacionales. La internacionalización creciente de la economía de los países en desarrollo determina el mejoramiento de los estándares de calidad para mantener altas condiciones de competitividad.
Hace poco, como la Cámara habrá tomado conocimiento, el Foro Económico Internacional y el Internacional Institute of Management Development, en su último informe de competitividad mundial, han situado a nuestro país en el quinto lugar entre las quince naciones de reciente industrialización.
Las ventajas relativas que Chile mantuvo en el pasado, en cuanto a costos laborales y a paridad cambiaria, han disminuido, situación que favorece a las naciones recién llegadas a la competencia internacional. Por tanto, nuestro país deberá cambiar su estrategia competitiva y pasar de la exportación de grandes volúmenes de productos con bajo valor agregado a otros de gran tecnología y calidad.
A nuestro juicio, es indispensable hacer un esfuerzo de armonización de los sistemas de norma y de certificación, y el proyecto lo permite. Por eso, a pesar de estar en desacuerdo con las indicaciones al interior de la Comisión hemos creído conveniente aprobarlas para favorecer su pronto despacho.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, deseo manifestar nuestra satisfacción de que podamos ver en segundo informe este proyecto. Sin duda, representa un avance de gran trascendencia para la exportación hortofrutícola, actividad en que nos vemos envueltos como país.
La certificación oficial de la calidad de los productos hortofrutícolas de exportación a la Comunidad Europea constituye una conquista que beneficiará sobre todo a los productores y a una actividad económica de gran importancia. Sin embargo, el proyecto deberá ser complementado en un futuro cercano con una norma que permita el control de calidad en general, sobre el cual varios parlamentarios hemos conversado en la mañana de hoy con representantes del sector agrícola. Hay algunos matices de diferencias, pero no respecto a su necesidad.
Como en la bancada socialista existe el compromiso de contribuir a que el sector se mantenga, fortalezca, modernice y sea más transparente, votaremos a favor de la iniciativa. Sólo tenemos un reparo formal en el artículo 13, que me gustaría plantear en esta ocasión; es un problema de redacción de secretaría. Después del "Ministerio", debería decir "de Economía", para que no haya equívocos.
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al colega Galilea.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, sólo deseo aclarar al Diputado señor Letelier que en el artículo 2° se señala que cada vez que se menciona al Ministerio, se alude al de Economía. En los otros casos se habla específicamente del Ministerio de Agricultura. Con ello, el artículo 13 queda claro.
El señor MOLINA (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, vamos a votar a favor del proyecto. Proponemos que se voten todos los artículos simultáneamente.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, tal como han señalado algunos colegas, el proyecto tiende a resolver al menos ésa es la intención un problema que adquiere cada vez mayor relevancia, que dice relación con el certificado de calidad de determinados productos hortofrutícolas, como una forma de acreditar en mercados internacionales su origen en nuestro país y que cumplen en ciertas condiciones. El hecho de haber sido rotulado significa que han debido someterse a la consideración de instituciones inscritas y reguladas a través de un procedimiento legal.
El proyecto es complementario de uno rechazado hace algunas semanas en la Comisión de Economía del Senado, que se refiere a un sistema de certificación de calidad general y de carácter voluntario y que fue consensuado con las instituciones más representativas del sector hortofrutícolas.
Por otra parte, el proyecto se ajusta a patrones de carácter internacional. Básicamente, se trata de asimilar la certificación de calidad y de origen en nuestro país a la norma europea calificada con la sigla EN 45.000, que precisamente dice relación con acreditamiento de organismos de certificación.
En la discusión del proyecto hubo distintos puntos de vista respecto del rol que en la materia corresponde al Estado y al sector privado. El procedimiento que establece da a éste uno prioritario, en la medida en que los organismos de certificación son privados, independientemente de que para habilitarse como tales deben estar en un registro especial de carácter nacional, que debe desarrollarse dentro de ciertos términos.
Quiero destacar que tanto este proyecto como el que lamentablemente rechazó la Comisión del Senado esperamos que sea revertida esta decisión en los próximos días son parte del esfuerzo en materia agrícola del Gobierno del Presidente Aylwin, en estrecha relación con representantes del sector privado, como señaló el colega señor Letelier.
Varios Diputados tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Exportadores, señor Ronald Bown, con el presidente de la Asociación de Productores Hortofrutícolas, señor Ricardo Ariztía, y con representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura. En ella ratificaron su apoyo a la idea de que abordemos un sistema que permita certificar la calidad, de tal manera que exista una forma de homogeneizarla y se cumplan las características que aparezcan en el rótulo. Así, no se producirá lo que ocurre muchas veces hoy, que cuando llegan a destino productos de nuestro país se demuestra que no cumplen determinadas condiciones señaladas en su rotulación, con lo cual se desprestigia la calidad de todas las exportaciones chilenas, particularmente del sector hortofrutícola.
He querido hacer estos alcances para reiterar el apoyo al artículo 1° que resume en general el proyecto y manifestar la conveniencia de que la Cámara lo apruebe unánimemente.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestra.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, este proyecto no sólo es importante para el sector hortofrutícola, sino para todos los chilenos, ya que es necesario mantener la calidad de los productos que se exportan a Europa, sobre todo si están libres de epidemias. Una industria que gravita en el presupuesto nacional, que en los últimos años aparece como un soporte de la economía de Chile, no puede estar expuesta a la irresponsabilidad de algunos, ya que podría perjudicar a todos quienes trabajan en la exportación de frutas a mercados tan exigentes como la Comunidad Económica Europea. El proyecto es una buena perspectiva para los empresarios del rubro, que saben que países importadores exigen la mayor seguridad y frutas de primerísima calidad.
El problema del envenenamiento de la uva en Estados Unidos todavía subsiste, sigue pendiente, y hay pocas posibilidades, de acuerdo con el trato que los norteamericanos dan a los países de América Latina, de llegar a una solución o arreglo para las personas que salieron perjudicadas con esa exportación. Pueden aparecer casos iguales en Europa y es justamente lo que trata de prevenir el proyecto en discusión.
Por lo tanto, como Diputado del Mida, daré mi voto a favor, porque creo que es una buena alerta a los trabajadores de un rubro que aporta tanto a la economía en estos instantes.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- En atención a la coincidencia de las intervenciones, propongo a la Sala aprobar el proyecto en la forma propuesta por la Comisión.
Aprobado.
Despachado el proyecto.


VI.ORDEN DEL DIA


2.NORMATIVA SOBRE PROBIDAD DE AUTORIDADES PUBLICAS Y DE PARLAMENTARIOS. Primer trámite constitucional.

El señor MOLINA (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día, corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional y en segundo trámite reglamentario, que garantiza la probidad de las autoridades y jefes de los servicios públicos, Diputados y Senadores.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Schaulsohn.
El informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia está impreso en el boletín N° 966-07 y figura en el número 24 de los documentos de la Cuenta de la sesión 34° celebrada el 7 de septiembre de 1993.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, me corresponde informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley que garantiza la probidad de las autoridades y jefes de los servicios públicos, Diputados y Senadores, originado en moción parlamentaria de los señores Bosselin, Barrueto, Elgueta, Elizalde, Letelier, Molina, Montes, Sabag, Smok y del Diputado que habla. También ha contado con el entusiasta respaldo y participación de los Diputados señores Espina y Chadwick, al igual que de todos los miembros integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En este segundo informe, el proyecto fue objeto de un acucioso estudio, tomándose en consideración las observaciones formuladas en la Sala durante su primer trámite reglamentario.
El proyecto, sometido a la consideración de la Cámara en su discusión particular, busca garantizar la transparencia de las actividades que ejercen determinadas autoridades de gobierno, los jefes de los servicios públicos, las personas que representen al Estado en las entidades en que participe y que no formen parte de su administración y a los gerentes que les corresponda designar en aquellas que desarrollen actividades empresariales.
En segundo lugar, busca establecer en el ámbito parlamentario la aplicación de normas que garanticen el recto proceder de sus miembros y que regulen sus relaciones con el mundo de los negocios.
Como instrumento para lograr el cumplimiento de estos objetivos, en el primer trámite reglamentario se propuso un proyecto de ley que consta de diez artículos permanentes. En este segundo trámite han sido objeto de modificaciones los siguientes artículos.
El artículo 1° imponía a determinadas autoridades de gobierno, ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores, a los jefes de servicios públicos, a las personas que representen al Estado en las entidades en que participe y que no formen parte de su administración y a los gerentes que designe en aquellas que desarrollen actividades empresariales, la obligación de hacer una declaración jurada en que consten sus bienes propios, los de la sociedad conyugal y los que pertenezcan a su cónyuge, la que deberá entregarse dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha en que asume el cargo.
En el precepto aprobado en el primer trámite reglamentario se precisó que eran los jefes superiores de los servicios públicos quienes estaban obligados a prestar esta declaración y no los funcionarios que ejercen jefaturas al interior de los mismos. Asimismo, se incluyó a los gerentes que le corresponda designar al Estado en aquellas entidades que desarrollen actividades empresariales.
Con el fin de determinar el contenido de la declaración, se empleó una terminología legal que, por su generalidad, evitaba que pudiera quedar excluido algún bien. Por ello, se habla de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles que integren el patrimonio del declarante, el de la sociedad conyugal, si la hubiere, y el de su cónyuge.
Se descartó la idea del proyecto original en cuanto a hacer una enumeración más pormenorizada, por vía ejemplar, de los bienes que habrían de figurar en la declaración jurada.
En el segundo trámite reglamentario se ha sustituido esta disposición sobre la base de una indicación presentada por el Ejecutivo, que obliga a prestar declaración jurada de sus bienes propios y de los de la sociedad conyugal, si la hubiere, a las siguientes categorías de autoridades y funcionarios: los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores; los directores de sociedades o instituciones de derecho privado en que el Estado, sus empresas o reparticiones, tengan participación mayoritaria o igualitaria; los trabajadores de cualquier órgano de la Administración del Estado, central o descentralizada, que tengan el carácter de funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.
Se acordó, en definitiva, no incluir en la declaración los bienes propios del cónyuge, atendido a que son personas individuales y autónomas entre sí en relación con sus bienes. No es dable, por lo demás, obligar a dar publicidad al patrimonio de una persona que no ha optado a ningún cargo público. A mayor abundamiento, la consagración del delito de enriquecimiento ilícito obvia cualquier encubierta maniobra de disimular el incremento patrimonial no justificado a través de interpósita persona, como podría ser el cónyuge, o pariente, o extraño.
En esta nueva disposición se ha optado por efectuar una enunciación más detallada y, por lo mismo, más comprensiva para el común de las personas, de los bienes que habrán de figurar en la declaración, incluidas las actividades que les proporcionen o puedan proporcionarles ingresos económicos. Esta declaración debe considerar no sólo los bienes existentes en Chile, sino también los ubicados en el extranjero.
Con el propósito de extender la obligación que este artículo impone, se aprobó una indicación destinada a hacerlo aplicable a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, a los miembros de los escalafones superiores del Poder Judicial y a los notarios, conservadores y archiveros.
Algunos señores Diputados señalaron que las funciones cumplidas por ese personal son de carácter profesional y no político, y que por ello no correspondía incluirlos en la obligación de declarar bienes. En apoyo de esta disposición se argumentó que, si bien no ejercen función pública, por el cargo que ocupan están provistos de poder y, por lo tanto, pueden ejercer influencia. Por otra parte, muchos de ellos manejan dineros públicos.
Cabe agregar dos elementos adicionales.
Entre las personas que deben presentar declaración jurada de bienes no se mencionan a los concejales ni a los alcaldes. Algunos señores Diputados estiman que esta omisión debería ser subsanada en la Sala, por cuanto no habría fundamento para excluir a estas personas, que también pueden estar expuestas a presiones indebidas del mismo modo que lo pueden estar los demás funcionarios enumerados y que también pueden tener conflictos de intereses, que es precisamente lo que el proyecto busca eliminar o corregir.
También se ha mencionado la posibilidad de incluir en la nómina a los consejeros regionales. Dejo planteada la inquietud. En realidad, la observación formulada es bastante lógica, y si hubiese unanimidad en la Sala perfectamente podría incluirse a estas personas.
En el inciso primero del artículo 3e se han introducido enmiendas formales para precisar que estas declaraciones juradas, que tendrán carácter público, permanecerán bajo la custodia del Contralor General de la República y de los Secretarios de la Cámara de Diputados y del Senado, tratándose de las declaraciones de bienes que afecten al patrimonio de los parlamentarios.
Entre las ideas nuevas incorporadas en el segundo informe, está la renovación de la declaración cada cuatro años o, en todo caso, dentro de los treinta días siguientes a la cesación en el cargo o función. En el caso de omisión de la declaración o de falsedad manifiesta de su contenido, los responsables incurrirán en responsabilidad administrativa si la tuvieren, sin perjuicio de las demás sanciones que en derecho correspondan.
El artículo 7, que obliga a cada cámara a tener una comisión de ética, fijando su competencia y atribuciones, también fue objeto de modificaciones. En esta ocasión, se ha acordado incorporar el precepto de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, dado el propósito de que rija por igual para los Diputados y Senadores, pese a reconocerse que se trata de una materia que podría ser abordada en los respectivos reglamentos internos, atendido el poder de autogobierno de que gozan las asambleas parlamentarias.
De acuerdo con la disposición aprobada, cada Cámara deberá tener una comisión de ética, que tendrá el número de miembros que señale el reglamento, elegidos con el voto conforme de los dos tercios de los Diputados o Senadores en ejercicio. Se establece un quorum de dos tercios por las delicadas funciones que deberá cumplir esta Comisión, y para evitar que mayorías políticas circunstanciales ejerzan un predominio en la designación de los mismos.
Esta Comisión estará encargada de velar por el correcto desempeño de los parlamentarios en sus cargos y por el cumplimiento de sus deberes. Entre los deberes cuyo cumplimiento habrá de fiscalizar, están aquellos que los obligan a asistir a las sesiones de la respectiva Corporación y de las comisiones de que formen parte; a observar una conducta moralmente intachable; a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria, y a una entrega honesta a sus funciones con preeminencia del interés público sobre el privado.
A petición de un parlamentario, esta Comisión también podrá absolver consultas específicas sobre materias que caigan dentro de la esfera de sus atribuciones, que pudieren afectar al solicitante.
En el ejercicio de sus atribuciones, esta Comisión podrá aplicar sanciones de amonestación, verbal o escrita, de censura o multa, en los casos que determine el reglamento.
Estas son las ideas del proyecto modificadas en la Comisión. Junto con el artículo 1°, que consagra la declaración de bienes; el 2a, que hace extensiva esta obligación a los Senadores y Diputados, y el 3a, que establece que las declaraciones juradas de bienes son públicas y que deben actualizarse cada cuatro años, el proyecto establece un artículo 5°, que señala que las personas a que se refiere el artículo 1°, es decir, los funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República: ministros, subsecretarios, etcétera, quedarán inhabilitadas durante el ejercicio de la función pública y hasta un año después de haber cesado en dicho cargo, para desempeñarse como directores o gerentes en empresas que presten servicios a la comunidad en virtud de concesiones otorgadas por el Estado, aun cuando éste no tenga participación alguna en su propiedad.
Este artículo no me parece necesario reiterar lo que se argumentó en el primer trámite reglamentario está dentro de la filosofía del proyecto, de evitar conflictos de intereses.
Hay una corrupción pura, simple, clásica y tradicional, que afecta al funcionario público que recibe una cantidad de dinero a cambio de hacer algo indebido en favor de un tercero. En el mundo contemporáneo, la sociedad es cada vez más compleja en la interrelación entre el sector privado y el público. Entonces, se trata de evitar posibles conflictos de intereses.
El artículo 5a determina que en el período de un año un funcionario público de cierto rango no puede incorporarse automáticamente al sector privado cuando se trate de empresas reguladas por el Estado en materias esenciales. Esta norma pretende impedir que ese funcionario tenga la tentación de incurrir en una conducta indebida en relación con esas empresas del sector privado, a cambio de un posible empleo bien remunerado y permanente una vez que abandone la función pública. Por lo tanto, se establece el período de un año durante el cual debe abstenerse de aceptar ofertas de esta naturaleza para evitar conflictos de intereses.
En la misma línea, el artículo 6° prohíbe a las personas mencionadas en los artículos 1° y 2° cobrar, aceptar o percibir dádivas, regalos o promesas de terceros, entendiéndose que también lo son las invitaciones que por su función pública les extiendan personas naturales o jurídicas, asumiendo ellas los gastos que irroguen, para visitar, conocer, inaugurar o publicitar instalaciones, proyectos u otros similares.
El propósito de la norma es obvio. El Congreso Nacional está llamado a legislar sobre múltiples materias que afectan intereses de la empresa privada, y los funcionarios de Gobierno que tienen poder regulador también pueden decidir sobre materias que involucren beneficio o perjuicio económico para ella. En consecuencia, no parece razonable que en el presente o en un futuro eventual, sea perfectamente legal que ciertas empresas interesadas en determinada legislación que dependa de los parlamentarios, o en resoluciones que sean facultad de los funcionarios de Gobierno, puedan obsequiar pasajes, viajes u otro tipo de cosas a los parlamentarios o funcionarios que el día de mañana deban resolver sobre cuestiones complejas (por ejemplo, en el estudio de la famosa Ley de Telecomunicaciones, o de la Ley de Pesca, o del proyecto de ley sobre deudas subordinadas que viene pronto). Me parece que poner una especie de barrera entre lo que el sector privado puede obsequiar, de modo directo o indirecto, a personas que deben tomar decisiones que les pueda afectar, es esencial para la transparencia del sistema democrático y para evitar la generación de conflictos de intereses. En lo anterior, se entienden incluidas las invitaciones que cursen las líneas aéreas para viajar gratuitamente a la inauguración de nuevas rutas, tal vez algo que parece inocuo, pero que no lo es. En Chile existe una controversia sobre la política de cielos abiertos, respecto del destino de las líneas aéreas nacionales versus la presencia fuerte en el mercado de líneas aéreas extranjeras. No es conveniente que ninguna de ellas ofrezca a parlamentarios, ministros o subsecretarios viajes gratuitos sin ninguna justificación, aunque no se persiga declaradamente un propósito deshonesto, sino porque simplemente se van estableciendo vínculos que afectan la transparencia del proceso legislativo y las decisiones administrativas, lo cual, en definitiva, debilita la democracia y puede abrir las puertas a la corrupción que queremos evitar.
En la misma línea de propósitos, el artículo 9a establece el delito de tráfico de influencias. En Chile es legal que el dirigente de un partido político, de Gobierno o de Oposición ahora, de Gobierno; mañana, de Oposición, dentro de cuatro, cinco, seis u ocho años, el plazo lo está resolviendo el Senado llame por teléfono a un ministro de Estado o a un subsecretario para interceder en favor de una empresa nacional o extranjera interesada en hacer negocios con el Estado. Del mismo modo, es factible ejercer influencia sobre parlamentarios del propio partido o de otros en favor de alguna legislación que beneficie o favorezca a empresas nacionales o extranjeras. Eso debe considerarse tráfico de influencias y el proyecto lo consagra de esa manera porque busca separar el ámbito público del privado.
El artículo 10 establece una modificación al Código Penal. El artículo 241 bis dispone: "El empleado público que durante el ejercicio de su cargo o de sus funciones obtuviere un incremento patrimonial apreciable cuya procedencia no pudiere justificar al ser debidamente requerido, siempre que el hecho no constituya un delito de mayor gravedad, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio público y multa del cincuenta al ciento por ciento del monto del enriquecimiento ilícito no justificado."
Esto tiene estrecha vinculación con el requisito de la declaración jurada de bienes.
Por último, el artículo 4° del proyecto contiene una norma que busca consagrar de una manera más clara el principio de que la función pública requiere por parte de quien la desempeña su desasimiento de la administración directa, no de sus bienes, pero sí de cierto tipo de negocio que puedan dar pábulo a la existencia de los conflictos de intereses que se quieren evitar. Por lo tanto, establece: "Las personas a que se refieren los artículos 1° y 2°" ministros, subsecretarios, funcionarios de exclusiva confianza, altos mandos de las Fuerzas Armadas, escalafón del Poder Judicial, Senadores y Diputados" no podrán continuar desempeñándose como administradores de sus propios negocios, inversiones o empresas, debiendo, en consecuencia, designar un mandatario con cláusula de libre administración, de cuya individualización se dejará constancia en la declaración jurada. Queda, asimismo, prohibido a dichas personas, desempeñarse como administradores o representantes de empresas o negocios ajenos, durante el desempeño de su función pública".
Este artículo complementa un conjunto de inhabilidades consagradas en nuestra Constitución para los Senadores y Diputados. Representa un paso más lo denominaría una opción ética de nuestra democracia para garantizar la transparencia de la función pública.
No es conveniente, aunque hoy sea lícito, que un Ministro de Transportes tenga inversiones en el transporte o en empresas de transporte, o que un Ministro de Salud se dedique al negocio de la importación, distribución y venta de vacunas, para colocar ejemplos que son, tal vez, los más patentes.
Tampoco es conveniente que un parlamentario, en la administración de sus negocios, pueda utilizar más allá...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN.- Diputado señor Pizarro, ésta es un materia seria. Por lo menos, al país le interesa y preocupa el trámite parlamentario de esta legislación. Lo mismo le digo al Diputado señor Smok, que es coautor de la iniciativa.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN.- No es conveniente ni adecuado que un parlamentario, más allá de su voluntad e intención y utilizando su investidura como Diputado o Senador, incursione en el mundo empresarial, dejando tras de sí una estela de conflictos de intereses.
Es evidente que si un Diputado o un Senador con intereses empresariales necesita, por ejemplo, obtener créditos bancarios y llama por teléfono al banco para solicitar un crédito, esta institución probablemente tendrá una inclinación natural a otorgárselo. Para ajustamos a nuestra realidad, ¿qué sucedería hoy si cualquiera de nosotros solicitáramos un crédito al Banco de Chile, al Banco de Concepción o a cualquiera de los que están con una situación compleja a raíz de la deuda subordinada? Es evidente que siempre se verán inclinados a...
El señor PIZARRO (don Jorge).- ¿Me permite una interrupción?
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, el Diputado señor Pizarro me solicita una interrupción. Con su venia, se la concedo con todo agrado.
El señor MOLINA (Presidente).- Puede usar de la interrupción el Diputado señor Pizarra.
El señor PIZARRO (don Jorge).- El informe del colega señor Schaulsohn está entrando en ejemplos, lo que motiva a discutirlos, porque realmente hay juicios y juicios. De modo que solicito que se entregue el informe a conocimiento de esta Corporación y posteriormente procedamos al debate en particular.
El señor MOLINA (Presidente).- Puede continuar el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.- En todo caso, aclaro al Honorable señor Pizarro que estoy trasuntando a la Sala la discusión habida en la Comisión. La situación que estoy explicando fue precisamente la que dio pábulo a la aprobación de la norma por la Comisión. En todo caso, me parece válida la observación y me limitaré al informe, aunque esto es parte de él.
Se trata, en consecuencia, de evitar conflictos de intereses. La mayoría de la Comisión, que aprobó la norma, concordó en que ésta es una opción ética que nuestra sociedad debía tomar. Dejo constancia que respecto de este artículo hubo efectivamente una discusión.
El resto de los artículos, en su mayoría, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda aprobar la iniciativa en su segundo informe y primer trámite constitucional.
Es cuanto puedo informar.
Gracias.
El señor MOLINA (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
El señor ORPIS.- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría respecto del artículo l2.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, sólo para aclarar una duda que tuve al leer el informe. Le formulé la consulta pertinente al Diputado informante.
En realidad, en el artículo 2Q están incluidos los alcaldes y los concejales, de manera que no se necesita la unanimidad para incorporarlos.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.- Señor Presidente, este proyecto, cuyos objetivos son bastantes laudables, tiene una serie de errores de tipo constitucional. Antes de referirme al fondo, es necesario tener presente lo que ocurre en el país, el porqué de la iniciativa del Diputado señor Schaulsohn y el momento oportuno en que se produce. La moción se formula precisamente cuando se conoce el gran escándalo, a raíz del desmalezamiento en la RPC, al cual le siguen una serie de otros escándalos.
Si bien las leyes son vehículos para solucionar ciertas conductas, ellas no son fundamentales. Pienso que en estos casos hay problemas de formación, de educación, de valores y de principios. Cuando el gobierno que dirige los destinos de un Estado no tiene firmeza ni la drasticidad oportuna para sancionar conductas corruptas, es indudable que se genera una cadena de conductas indebidas que llevan al desprestigio de la clase política y del gobierno de tumo. Lo peor es que las irregularidades ocurridas en los últimos tres años y medio son innumerables: en la RPC, en la Digeder, en Correos de Chile, por los honorarios en las municipalidades, a causa de los viáticos, de los viajes, de los pasaportes oficiales, el problema de la Onemi. Es un listado largo de mencionar.
Los chilenos hubiéramos deseado un gobierno firme que sancionara drásticamente a los personeros de la Administración Pública que han cometido irregularidades. Sin embargo, hemos observado permisividad y afán de minimizarlas al decir que los procesos están en manos de la justicia, de la Contraloría, etcétera, en circunstancias de que, en realidad, sólo tenemos resultados negativos.
Hace dos semanas denuncié en esta misma Sala un acto de corrupción cometido nada menos que por el Director Nacional de Aduanas. Espero que el resultado de la investigación sumaria que solicité a la Contraloría General de la República sea efectivo. En verdad, podríamos cambiar la Constitución y toda la legislación del país, pero si en los partidos y en el Gobierno no se sancionan las conductas e irregularidades, nos encontraremos con muchas leyes que, en definitiva, serán sólo papel picado.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, el señor Bosselin le solicita una interrupción.
El señor LONGTON.- Se la concederé al final de mi intervención, señor Presidente.
En los artículos 55 y 56 de la Constitución Política se establecen inhabilidades para los Diputados y Senadores. Por eso, pensamos que lo dispuesto en el artículo 5S es excesivo, pues se cae en una disposición que, a todas luces, es inconstitucional.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, estamos en la discusión del artículo le.
Puede continuar Su Señoría.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor LONGTON.- Señor Presidente, voy a continuar, siempre que la Mesa ponga orden en la Sala, porque los señores Pizarro y Bosselin emplean epítetos que no corresponden. Como ellos no formarán parte del próximo Parlamento, por los menos deberían pertenecer a la Comisión de Ética de su partido, que es el que más irregularidades y corrupciones ha cometido durante este Gobierno.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MOLINA (Presidente).- Señores Diputados, les ruego atenerse a la materia en debate.
Ruego a la Sala guardar silencio.
Puede continuar el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.- En general, cabe señalar que el proyecto lo consideramos oportuno, y reiteramos que en su debido momento haremos presente las observaciones que nos merecen ciertos artículos que estimamos inconstitucionales.
En esta ocasión deseamos repetir que las leyes deben ir acompañadas de conductas adecuadas de los gobiernos de tumo y pensamos que el actual, más que combatir la corrupción, ha colaborado con ella al no denunciar oportunamente las irregularidades cometidas por funcionarios, especialmente del Partido Demócrata Cristiano.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.
El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, el artículo l2 establece la obligación de los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, y de otros personeros, de hacer una declaración jurada de sus bienes al momento de asumir el cargo. Igual obligación dispone respecto del Presidente de la República, Diputados, Senadores, alcaldes y concejales.
En la Comisión votamos favorablemente esta disposición. Nos parece extraordinariamente prudente. Como nación estamos empeñados en combatir determinadas prácticas que tienden a producirse o reproducirse desde hace muchos años, y que hoy día, en el ambiente internacional, incluso en nuestro país, se pretende rotular o bautizar con el término "corrupción", aunque podemos decir, con verdadero orgullo, que en Chile este virus no se ha desarrollado como en otras naciones. En consecuencia, estamos a tiempo de prevenir, de cautelar suficientemente los intereses del Estado y el patrimonio público.
Al abordar un tema de esta entidad, debemos colocamos por arriba de las coyunturas políticas o electorales, para que estas normas jurídicas subsistan en el tiempo y tengan plena aplicación.
¿Por qué se hace esta exigencia a los funcionarios o representantes populares? Porque para combatir la falta de probidad en la gestión pública o en la privada es necesario, en mi concepto, seguir cinco líneas de orientación, que son los cinco "ques":
Que no se persiga únicamente al pobre diablo, sino al pez gordo, es decir, a aquel que ocupa o ha ocupado una posición predominante, de gran influencia o de gran poder económico, político o social;
Que las políticas tiendan, más que a la sanción, a la prevención. Más vale prevenir que curar. Las sanciones drásticas terminan por no aplicarse;
Que exista publicidad. Por ello, en esta norma se establece que estas declaraciones van a ser públicas y quedarán en manos del Contralor General de la República o de los Secretarios de las Cámaras.
Que se adopten las medidas adecuadas con prontitud, y
Que haya prolijidad.
Estos son los cinco "ques" para aterrizar una política racional en el tiempo contemporáneo.
Estimo que no es conveniente más allá de la pasión natural que puede haber en los debates públicos y en las discusiones de las campañas electorales que nos apartemos de esta perspectiva. Si el Honorable Diputado señor Longton vio algún ánimo belicoso en la interrupción que le solicité, le doy excusas, porque mi único propósito era señalarle que estábamos en la discusión particular. En consecuencia, no echemos leña a la hoguera. Todos estamos con otra perspectiva y el proyecto de ley obedece a otra insinuación, a otro ánimo.
Si los más altos dignatarios de la nación, Presidente de la República, Diputados, Senadores, alcaldes, concejales, ministros, subsecretarios, jefes de las más importantes empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga capital mayoritario, van a hacer una declaración jurada sobre sus bienes, le señalamos al país que el tema de la probidad es prioritario y que esta nación se va a preocupar de resguardarlo, porque sus más altos representantes van a quedar en la mira y expuestos con la totalidad de sus bienes a la opinión pública. Algunos tendrán más; otros, menos; eso no importa. Pero sí deben dejar constancia de su patrimonio al asumir y dejar el cargo, para determinar si tienen uno igual o menor, o sea, que no se han enriquecido en el ejercicio de la función pública.
Estoy cierto de que la clase política a la cual en Chile algunos se refieren en términos tan despectivos, mayoritariamente, cuando ejerce la función pública, no se enriquece y las personas cuando dejan el cargo, muchas veces, tienen menos bienes. Sin embargo, en la época en que vivimos, en que de una economía centralizada o con una poderosa influencia del Estado pasamos a una más abierta, incluso al mercado internacional, con una gran influencia del sector privado, donde el Estado le traspasa beneficios y, además, la influencia de las empresas es muy ostensible y hemos visto que determinadas empresas de telecomunicaciones ejercen su "lobby" legítimo en este propio Parlamento, tenemos que decirle a la opinión pública que hemos adoptado las medidas precautorias a tiempo. En consecuencia, esto no debe llamar a nadie a escándalo, porque ¿qué problemas tendrán el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los jefes de empresa y nosotros si nuestros bienes son conocidos por la opinión pública? ¿Se va a afectar nuestra dignidad, nuestra honra, nuestro crédito, nuestra fama por esa circunstancia? Por el contrario, va a ser altamente beneficioso.
Por esas razones, por prudencia y sanidad pública, votaremos favorablemente este artículo.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, este proyecto, si bien no tiene un alcance directo hacia determinados sectores de la vida nacional, inyecta un ingrediente de honestidad, de prístina probidad de todos los estamentos dirigentes del país.
Tal vez sea la iniciativa que viene a poner el papel de los conductores de cualquier nivel de este país en el lugar que le corresponda. Soy un viejo parlamentario más parlamentario que viejo, y coincido con lo que decía el Diputado señor Bosselin. En todos los períodos en que me he desempeñado como parlamentario, jamás se descubrió alguna actitud dolosa de colegas de cualquier colectividad. Siempre he repetido que en Chile hemos tenido la suerte de que los sectores políticos más importantes, que son los que están expuestos a la presión, no se comprometieron en actos inadecuados que pusieran en jaque la claridad de la actuación de los Senadores y Diputados.
Cuando se propone este proyecto, está en la picota de la opinión pública el problema de telecomunicaciones. Los que tenemos la misma actitud frente a determinadas materias no tenemos donde perdemos respecto de los rumores que corren, sobre la influencia, el peso y la presión sobre algunos sectores del Parlamento chileno, en esta lucha a cuchillos entre la CTC y Entel. Yo sencillamente me abstendré en la votación de la iniciativa. No podemos estar expuestos a la maledicencia pública, a que un parlamentario sea una especie de esbirro al servicio de determinados sectores económicos, portavoz o arrenquín de los intereses de diversos grupos económicos.
Me acuerdo que en 1952 y lo he dicho en otras oportunidades cuando los agricultores todavía no pagaban contribuciones al Fisco, presionaban a través de sus Diputados y Senadores para que el Estado, es decir, todos los chilenos, construyeran caminos, puentes y todo tipo de obras públicas al servicio de esos grupos minoritarios, pero inmensamente poderosos en lo económico. Eso hacía comprensible que muchos parlamentarios que pertenecían a esos sectores votaran a favor de los intereses que en cierta manera representaban, pero eso nunca significó que apareciera alguien llevando personalmente la carga de un acto doloso que pusiera en duda su honestidad.
Sobre la materia, es bueno recordar que durante 17 años todo el discurso de la dictadura se dirigió hacia la política y los partidos políticos. Ellos, siendo uniformados, hicieron más política que la realizada en todos los años de historia del país por los políticos tradicionales. Se creó en la opinión política un rechazo a la función política y a los partidos políticos. Y el resultado está a la vista: 700 mil jóvenes no se inscribieron en los registros electorales porque no les llama la atención esa actividad.
Siempre hemos tomado la política como algo sagrado al servicio de los intereses, especialmente de la gente modesta y sencilla del país, nunca de los grandes intereses económicos. Durante la dictadura trataron de metemos en el mismo saco. Se decía que los políticos éramos ladrones y cómplices de la politiquería. Eso no fue ni es así.
En esta Sala hay parlamentarios, incluso de Derecha, que han sido capaces de mantenerse al margen, que han votado en contra, a lo mejor, de los intereses que políticamente representan en la Cámara y no se han sumado a la presión de sectores de su mismo partido que defienden intereses privados de empresas o de grupos.
Por eso, es positivo que este proyecto contemple sanciones duras algunos señores Diputados han dicho que es demasiado estricto, y no deje un solo resquicio para que parlamentarios nuestros o de otros sectores incurran en conductas que queremos evitar.
En tiempos de lucha y confrontación nunca se acusó a un parlamentario de tener negocios a lo mejor los tenían con otro nombre de algún familiar o de aprovecharse de su cargo para llevar agua a su molino. Eso hay que reconocerlo.
En Chile, si no somos capaces de despachar este proyecto, corremos el peligro de otros países de América Latina, corroí• dos por el virus de la coima, por el pago de servicios a determinados parlamentarios o altos funcionarios de gobierno para ganar posiciones de orden económico. Ojalá que seamos capaces de ponemos de acuerdo para impedir, hasta el último minuto, que la corrupción, la coima, se meta en Chile, como desgraciadamente ha ocurrido en otros países hermanos de América Latina. Ha habido atisbos de negociados, pero han sido los mínimos y no constituyen un arraigo de esa pésima costumbre del robo, de la coima, de la compra del funcionario o del parlamentario. Si somos capaces de ponemos de acuerdo a tiempo para evitar que en Chile se extiendan estas cosas, como en otros países, le estaremos haciendo el mejor favor a nuestro país, a la consolidación de la democracia, a adecentar la política chilena, hacerla viable para todos los sectores, especialmente para la gente joven; que la juventud que nos observa vea en nuestras actitudes, en nuestra vida privada y pública un ejemplo a seguir, y no aparezcamos ahora, prácticamente, como una manga de corrompidos, a la que no es aconsejable seguir ni mucho menos admirar.
Debemos hacer posible que este proyecto se transforme en todo esto; en un ejemplo de cómo los parlamentarios estamos dispuestos a aportar un grano de arena para que la política de nuestro país se adecente, se limpie, para que no haya la más mínima duda acerca de la honestidad y probidad de los hombres que representamos en el Parlamento a los distintos sectores de la sociedad chilena.
Manifiesto mi satisfacción por estar discutiendo un proyecto de esta envergadura, de orden ético y moral, sobre todo para hacer posible que, en el futuro, la política sea asequible a todos los sectores, hasta las últimas consecuencias, no como sucede ahora, en que los jóvenes no se encuentran "ni ahí" como dicen ellos con la política chilena, porque también penetró el virus de un discurso que le entregó la dictadura durante 17 años, dirigido especialmente a la juventud, en contra de la política.
Termino expresando mi voto favorable a éste y otros artículos de la iniciativa en discusión.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.- Señor Presidente, lamento la intervención del Diputado señor Longton, porque descalificó a personas y a partidos.
En esta materia hay que tener mucho cuidado. En nuestra historia, nadie está libre de imputaciones. Basta recordar la construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso por Guillermo Wheelright, quien, como le pagaron por kilómetro construido, se dedicó a buscar las distancias más largas para unir estas dos ciudades, en lugar de hacerlo en forma directa; o ciertas historias que no se conocieron en profundidad, como las compras de dólares de un determinado ministro; o la historia de los seguros de la Corfo y otras que nos señalan conductas non sanctas.
En relación con sus imputaciones, quiero protestar por la que hizo a la Democracia Cristiana, y dejar muy en claro que si en la historia de nuestro país hay un partido que ha actuado en forma ejemplar, que ha sabido conjugar la acción política con la ética, ha sido la Democracia Cristiana. Allí están las figuras de nuestro gran Presidente Eduardo Frei, los gestos de Bernardo Leighton, la historia de Radomiro Tomic; en este puerto, la historia del que fuera Diputado Raúl Le Roy. Cada uno de nuestros representantes parlamentarios y figuras tienen una vida pública y privada que nadie puede mancillar hoy.
Por otra parte, cuando alguna vez en nuestra historia alguien de los nuestros tuvo una conducta "non correcta" fue sancionado públicamente de inmediato e, incluso, expulsado del partido.
Hoy podemos conversar sobre esta materia. Efectivamente, se han producido irregularidades que están siendo investigadas, que están siendo conocidas por los tribunales. Esto se logra en la actualidad, porque hay democracia, porque hay transparencia, porque los hechos pueden ser discutidos públicamente, porque cada uno tiene acceso a las fuentes de información. Eso debe enorgullecemos dentro de la democracia, porque hoy el Parlamento, la Contraloría y los tribunales pueden investigar libremente.
He querido hacer presentes estas observaciones, porque no se pueden dejar pasar las imputaciones formuladas en la Sala.
En relación con el proyecto, considero que el tema es digno de ser analizado. Necesitamos ver todo el problema, porque no es sólo de Chile, sino del mundo; el problema de falta de ética es el que más lo está afectando. Dos presidentes americanos han sido destituidos. No se solucionan los problemas de nuestro país en la forma como los aborda el proyecto.
Un simple balance, una simple declaración unilateral es una tradición en nuestra historia. Todos lo hacen, todos lo declaran. Los bienes de cada uno son públicos. Todo se conoce: los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos, los informes comerciales, las cuentas corrientes. La computación da acceso a todas las informaciones. Señalar una declaración jurada como elemento básico, no me parece suficiente. Debemos ir más a fondo; tenemos que entrar a ver cómo están actuando las ONG de dónde vienen los recursos, como se invierten. Tenemos que establecer inhabilidades para los concejales, modificar el Estatuto Administrativo, ir al fondo.
En este artículo 1° se confunde a las personas que deben hacer la declaración jurada, a quienes manejan fondos, recursos, o tienen influencia, con aquellas que tienen una carrera, como los oficiales de las Fuerzas Armadas, que van ascendiendo por grados y sus sueldos son conocidos. Lo mismo sucede con los miembros del Poder Judicial. Se incluye a los notarios, conservadores y archiveros. Si ellos están sujetos a un arancel, a un honorario; no manejan fondos públicos. Allí habría que entrar a determinar si sus honorarios son justos, si es posible continuar con el sistema de conservadores de bienes raíces a través de toda la provincia o tenemos que llegar a modificarlo para que sean exclusivamente comunales. Pero no tiene sentido afectarlos con esta declaración.
Estas son las razones que me llevan a formular esta observación.
Votaré a favor del artículo l2, pero con el convencimiento de que no está abordando el problema en su integridad.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, es importante entender el proyecto en debate como el primer paso de un esfuerzo legítimo para fortalecer el proceso democrático que está viviendo el país y dotar a las instituciones del Estado de la necesaria autoridad frente a los ciudadanos, de tal forma que no ocurra el proceso de deterioro e incluso de descomposición, producido en otros países, debido al enriquecimiento ilícito, que ha sido la expresión que ha revelado una corrupción extraordinariamente profunda de sus instituciones. Esta es una contribución que tiene un propósito de largo plazo. En mi opinión, este proyecto tiene el mérito de comenzar una tarea que deberá llevarse a cabo próximamente, y que deberá perfeccionarse desde el punto de vista legislativo en el curso del tiempo.
En particular, quiero valorar que en este artículo 1° se haya extendido la obligación que se establece para diferentes autoridades civiles, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Al contrario de las opiniones que el informe consigna en cuanto a que algunos señores Diputados opinaron en contra de la extensión de esta obligación, quiero subrayar que me parece que esto es de extraordinaria importancia en el mundo moderno, no sólo por las lecciones del pasado reciente, en que oficiales superiores se retiraron enriquecidos de sus funciones públicas, en este caso, del gobierno y de sus respectivas instituciones. Ello fue producto de las irregularidades del proceso de privatización de distintas empresas públicas, que permitió que muchísimos de ellos trascendieran las posibilidades de enriquecimiento de sus propias carreras en forma claramente anormal, lo que reflejó un proceso de enriquecimiento ilícito en el régimen militar. Todo esto revela que la eventual corrupción de las instituciones del Estado no es un proceso que ocurre bajo el régimen democrático, sino que es un proceso que acompaña a los regímenes dictatoriales, en los cuales el usufructo del poder, la arbitrariedad y los atropellos son una situación relativamente habitual, que conlleva claramente ante los ojos de la sociedad como aquellos que detentan el poder, a enriquecerse en forma ilícita. En consecuencia, no sólo se trata de una situación en la que nuestra sociedad tiene una experiencia y una lección extraordinariamente cercana. Bastaría examinar la situación de una serie de oficiales generales que tenían responsabilidades en el sector público y en las áreas de la economía en el período en que fue privatizada una gran cantidad de empresas, para confirmar lo que estamos aseverando. Además, este proceso se vincula con las tareas que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública llevan a cabo en la sociedad moderna.
En otras palabras, es posible que escándalos como los de las casas de Lo Curro y El Melocotón y otros también pudiesen repetirse bajo el régimen democrático, ya que en la vida moderna estas instituciones cumplen funciones donde claramente están latentes las posibilidades de que también se produzca enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, en el Estado moderno la lucha contra el narcotráfico viene a ser uno de los elementos que tiende a permear, descomponer o corromper las instituciones de seguridad pública, que incluso puede extenderse a las propias instituciones armadas, que en varios países latinoamericanos la experiencia lo confirma han asumido necesariamente tareas en esta lucha.
En consecuencia, subrayo que si queremos que esta normativa sea efectiva y en el futuro pueda cumplir su función, es indispensable que los oficiales superiores de las instituciones castrenses y de la fuerza pública queden comprendidos en ella. Se trata de que no se prolongue su ya anormal autonomía en el ordenamiento institucional del país.
Como todos sabemos, fruto de la Constitución de 1980 y el propio Comandante en Jefe del Ejército lo ha señalado en la Comisión de Defensa de esta Cámara las instituciones armadas gozan, en los hechos y de facto, de autonomía que sería completamente perjudicial, por la vía de un privilegio, dejar a los oficiales superiores excluidos de una normativa como ésta, que obliga a las máximas autoridades civiles a una situación de transparencia frente a la opinión pública.
Por lo tanto, consideramos que la indicación al artículo 1° tiende a dar mayor efectividad a la norma que discutimos.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Hago presente a la Sala que el proyecto debe ser votado hoy, porque el plazo constitucional vence mañana. En consecuencia, a partir de las 12.30 se procederá a votarlo artículo por artículo hasta su total despacho.
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.- Señora Presidenta, desde muy antiguo ha existido preocupación por la corrupción, y desde que la sociedad se organizó a través de los Estados, se ha tratado de deslindar, entre los intereses que deben atender los servidores públicos, y los negocios privados.
Ya San Pablo, al escribirle a Timoteo, decía que "la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores". Y el Presidente norteamericano Jefferson, aludiendo a ciertas instituciones, decía que "los bancos son más peligrosos que un ejército permanente".
En nuestra patria ha habido preocupación sobre este tema desde los inicios de la República.
La Constitución de 1823, en su título XXII, dedicaba todo un capítulo a la moralidad nacional, y quizás ésta sea la oportunidad para que una ley haga realidad los principios que se sustentaban en sus artículos 242, 250 y siguientes. Se señalaba que "en la legislación del Estado se formará el código moral que detalle los deberes del ciudadano en todas las épocas de su edad y en todos los estados de su vida social, formándose hábitos de ejercicios, deberes, instrucciones públicas, ritualidades y placeres que transformen las leyes en costumbres y las costumbres en virtudes cívicas y morales."
En consecuencia, siempre ha habido una preocupación en esta materia. Por algo todas las constituciones políticas de nuestro país han señalado inhabilidades e incompatibilidades para ser parlamentario. Existen numerosos proyectos sobre probidad administrativa que nunca llegaron a ser realidad. El propio Montesquieu se refería, en su libro "El Espíritu de las leyes", al tema de la corrupción.
Este artículo le también tiene relación con las actividades de nuestra vida moderna. Un jurista norteamericano decía que había corrupción en los sectores público y privado, y que de una deriva la otra. Si por corromper se entiende ofrecer retribución o recompensa y aceptarla, bien para eludir deberes nacidos de la ley o de los compromisos contractuales, bien para proteger beneficios no existentes según esa misma ley o que el contrato señala, entonces es obvio que haya corrupción tanto en la vida pública como en la actividad privada.
El soborno o corrupción en el sector privado ha aparecido con el industrialismo y el gigantismo económico de nuestros días. La vida de consumo, la consecuente inflación, el endeudamiento de los países en desarrollo, ofrecen como medio de combate la corrupción en ambos sectores de la vida de un Estado. Desde 1942 la jurisprudencia norteamericana se ha ocupado de la figura típica penal llamada "soborno comercial". Y la corrupción privada en los Estados Unidos tiene su máxima expresión en el escandaloso caso Watergate que costó la carrera política del Presidente Nixon.
En relación con el sector privado, la corrupción adopta la forma de la codicia sofisticada, el lenguaje tecnificado que hace más difícil la comprensión de las múltiples maniobras fraudulentas y corruptoras para despojar a los demás de sus bienes. Esto se ha convertido en parte de la manera de ser en la estructura financiera de un ejecutivo bien informado. La astucia es tenida como rasgo de inteligencia, y la audacia, de su dinamismo, e incluso se ha llegado a decir en los tribunales norteamericanos que la corrupción es un elemento constitutivo de la vida financiera actual.
Cuando a ciertos funcionarios, servidores públicos que aquí se enumeran, se les exige una declaración sobre dos puntos: las actividades que puedan proporcionarles ingresos económicos y el inventario de sus bienes, se está haciendo realidad este propósito moral que debe imperar en una sociedad moderna, eficiente y que quiere dar rasgos de bien público a los demás ciudadanos que son sus subalternos o sus dirigidos.
Aquí se ha criticado, por ejemplo, la inclusión de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, como también la dé los miembros de los escalafones superiores del Poder Judicial y de los notarios, conservadores y archiveros, y para ello se dice que son funcionarios de carrera que después de una larga vida han llegado a la cúspide y no administran ni siquiera dinero. Creo que se comete un error. ¿Acaso no estuvimos investigando los cheques girados por el Ejército al hijo del Comandante en Jefe? ¿No tiene el Ejército por ejemplo una industria como Famae, donde se negocian armas y otros equipos bélicos por millones de dólares? ¿No existe acaso una empresa aérea, o Asmar? En definitiva, altos oficiales están colocados en esas empresas y nadie duda de que esas personas, como cualquier otra, pueden estar sujetas a corrupción. Lo mismo sucede en el Poder Judicial en que existe la Corporación Administrativa, y los propios jueces, e incluso los secretarios de los tribunales, administran dinero. Todas las multas y los dineros que se ofrecen como fianzas ingresan a la cuenta corriente del tribunal. En los juzgados de menores también se administran millones y millones de pesos. Entonces, es indudable que los miembros del Poder Judicial, y en especial sus altos funcionarios, administran un patrimonio extraordinario muy superior a sus rentas que puede hacerlos caer en tentación. Asimismo, licitan, compran, permutan y realizan una serie de negocios a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
La inclusión de notarios, conservadores y archiveros es dudosa, pero no hay duda de que también pueden ser objeto de una serie de sobornos o cohecho u otro tipo de conductas, o ellos mismos incurrir en conductas delictuales o influencias que en definitiva produzcan efectos nocivos entre las personas que concurren a estos servicios públicos.
En consecuencia, creo que existe toda una justificación moral para que el pequeño gesto de una declaración jurada de las actividades y del inventario de los bienes lo realicen altos funcionarios de la República, lo cual, por sí mismo, produciría un signo, una señal de moralidad para todo el país.
En la enumeración de los artículos 1° y 2° del proyecto debería haberse incluido a los consejeros regionales, quienes también priorizan, licitan y administran proyectos de inversión en las respectivas regiones, y no hay duda de que podrían verse afectados por presiones, manejos, influencias o tráfico de ellas.
El hecho de que las declaraciones juradas tengan carácter público garantiza su existencia, porque el secreto en estas materias no hace bien a la moralidad de los ciudadanos. Como se decía hace dos mil años, los secretos nunca son bien guardados. Lo que se dice al oído en los aposentos, después se proclama en las azoteas. En consecuencia, es conveniente que las declaraciones juradas tengan carácter público y que, además, permanezcan bajo la custodia de funcionarios que garanticen una conducta irreprochable y digna y un celo funcionario indiscutible.
Señora Presidenta, el Diputado señor Jorge Pizarro me ha pedido una interrupción.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero manifestar mi sorpresa por la urgencia del proyecto, puesto que el tema es bastante importante e interesante de discutir y analizar en profundidad. Me han informado que dicha urgencia fue solicitada por la Comisión de Constitución, pero yo, realmente, no advierto el sentido de estar obligados a despachar hoy un proyecto que contiene tantas implicancias, de manera que pido a la Mesa el retiro de la urgencia.
En segundo lugar, lamento que no se haya repuesto la indicación que fue rechazada presentada por los Diputados señores Huenchumilla, Dupré y Velasco, que eliminaba los artículos 1° al 10, porque, más allá de la buena intención que se plantea en los artículos 1°, 2° y 3°, con la cual estoy de acuerdo, creo que ella se puede materializar, sin necesidad de una ley, a través del buen criterio público y de una manifestación de voluntad personal exigida por la comunidad a quienes asumen responsabilidades públicas por decisión del Presidente de la República, en los cargos de su confianza, o por voluntad popular, en el caso de los representantes en los municipios y en el Congreso Nacional.
Con excepción de los tres primeros artículos -que podría votar favorablemente- en todos los restantes, a mi juicio, se comete un error garrafal y no corresponde incluirlos. Con las prohibiciones del artículo 4°, ¿quiénes postularán mañana al Parlamento o desempeñarán las altas responsabilidades establecidas en el artículo 1°? ¿Quiénes tendrán interés en representar a comunidades, en el caso de los alcaldes; a distritos, en el de los Diputados, y a regiones, en el de los Senadores, con todas las limitantes y medidas antinaturales diría consignadas en estos artículos?
A nadie se le puede prohibir que desempeñe lo que le es natural, lo que aprendió o hace en forma natural en su profesión, en su negocio, en su campo, en su empresa; en fin, en la actividad que sea. La solución no radica en colocar cortapisas o fiscalizar; sólo debemos atenernos al buen criterio y a la sabiduría de nuestros electores, en el caso de los que somos elegidos por votación popular, y al buen criterio y responsabilidad de quienes nombran a otros funcionarios. Además, las fiscalizaciones se ejercen por los tribunales de justicia, por las instancias existentes en nuestro sistema, por la propia Cámara, que tiene facultades fiscalizadoras, por los medios de comunicación, que muchas veces son más efectivos que todas las medidas establecidas en el proyecto.
Por ejemplo, el artículo 52 dispone que hasta un año después las personas que han ejercido tales cargos no podrán desempeñarse como directores o gerentes en empresas que presten servicios a la comunidad en virtud de concesiones otorgadas por el Estado, aun cuando éste no tenga participación alguna en su propiedad. Esto limita el derecho a la libertad de trabajar en lo que podamos o corresponda a nuestras actividades y profesiones. ¡Cómo vamos a designar un mandatario, con una cláusula de libre administración, para que maneje nuestros negocios! Eso es antinatural y significará el establecimiento de verdaderos "palos blancos" en actividades que deben ser transparentes y ajustadas a lo que siempre hemos hecho. Quienes van a juzgar esto no son los pares, como se plantea en el artículo 7° y siguientes, en la Comisión de Ética. Con ese criterio hay algunos candidatos que no podrían ni siquiera llegar al Congreso. Hay connotados políticos, líderes nacionales, que se presentaron como candidatos a Presidente de la República, que hoy enfrentan noventa y ocho juicios en los tribunales de justicia. Ellos no podrían ni siquiera sentarse aquí, sino que pasarían directamente a la Comisión de Ética.
Además, ¿qué pasaría si los pares tuviéramos que castigar, por ejemplo, las conductas de algunos colegas, que han sido objeto de escándalo público? Todos conocemos el escándalo en el cual participaron una Honorable señora Diputada y un Honorable señor Senador. ¿Los vamos a juzgar nosotros? ¿Qué materias deberá conocer esta Comisión de Ética? ¿Qué vamos a decir respecto del desempeño en sus cargos y del cumplimiento de los deberes? Eso no puede estar tipificado en un artículo de esta naturaleza. La gente decidirá y, lo más probable, es que algunos parlamentarios que participaron en los casos mencionados vuelvan a esta Corporación, por decisión popular. Entonces, ¿con qué autoridad vamos a cercenar o coartar la decisión de la gente? Cada uno se merece lo que tiene.
Por lo tanto, si debemos votar el proyecto ahora, lo rechazaré por completo, porque me parece contradictorio, aun cuando sean buenas las intenciones consagradas en sus artículos le, 2S y 3Q.
Vuelvo a solicitar el retiro de su urgencia y que el proyecto se someta a una discusión mucho más exhaustiva.
Agradezco al Diputado señor Elgueta la interrupción que me concedió.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. Restan dos minutos de su tiempo.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, precisamente por el ejemplo dado por el Diputado señor Pizarro, de que un candidato enfrenta cerca de 90 juicios, es bueno que exista un proyecto de esta naturaleza, que impida que una persona de ese jaez llegue a la Presidencia de la República. En tal sentido, el proyecto es absolutamente moral y bueno.
Si a través de una investigación exhaustiva se examinasen las riquezas, incluso de acuerdo con los principios cristianos, se podría determinar que han existido abusos que deberían ser corregidos. Desgraciadamente, el país contempla con estupor que determinados personajes se encaraman en la vida nacional y pretenden llegar a los más altos cargos. Por lo menos, impidámoslo a través de una ley.
Termino lamentando no haber podido discutir el resto del articulado, pero no disponemos de tiempo.
Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Latorre.
El señor MOLINA (Presidente).- No dispone de tiempo, señor Diputado.
Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, deseo referirme a parte de las expresiones vertidas por el Diputado señor Escalona, en el sentido de que en la Cámara se formó una Comisión Especial dedicada al estudio de las privatizaciones.
Efectivamente, estuvimos en eso por más de dos años. Por lo tanto, le pido al señor Secretario que le haga llegar los antecedentes y las conclusiones a que arribó la Comisión. Si a pesar de todo el señor Diputado posee información respecto de irregularidades, podría hacerlas presentes, ya que existen muchos canales para resolver las cosas en este país.
Por otra parte, deseo consultar al Diputado informante qué sanción merecerían, por ejemplo, los comunicados o informes de prensa tendenciosos, en los cuales un parlamentario anuncia que asistirá a un lugar y después no lo hace y otras personas creen que realmente estuvo ahí, en circunstancias de que no fue así.
Hay infinidad de ocasiones en que los políticos prometen algo que no se concreta, porque no existe posibilidad alguna para ello. ¿Qué canales existirán en esa Comisión de Ética respecto de las verdades a media, o falsedades, cuando un parlamentario dice que visitó La Moneda y anuncia que conversó con el Presidente o con algún Ministro, en circunstancias de que estuvo dando vueltas por algunas oficinas?
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor KUSCHEL.- Esto se ha publicado en diversos medios de prensa, y hay otros casos. Lo pongo como ejemplo de situaciones que pueden producirse en una intendencia regional, en alguna municipalidad, en fin.
Deseo saber cuáles son las vías que propone el proyecto para los casos en que se termina engañando a la opinión pública.
Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Urrutia.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, éste es, quizás, uno de los proyectos más trascendentales que ha conocido la Cámara. Los chilenos no hemos comprendido el drama que hoy viven otras naciones del mundo, porque, a Dios gracias, en nuestra patria sólo hay brotes de corrupción, como los que ha conocido el país, los que, felizmente, de una u otra forma son controlados o existen los mecanismos para que puedan serlo.
En verdad, muchas naciones de América y de Europa viven hoy una escalada de corrupción que las tiene absolutamente destruidas moral y económicamente, lo que lleva en definitiva a la destrucción de la sociedad.
Hace algunos días fui invitado por la Unión de Partidos Latinoamericanos a un seminario sobre corrupción, en Colombia, al que asistieron representantes de más de veinte países de diferentes continentes, en el cual se analizó este tema. Se señaló expresamente que la falta de una legislación para que sus más altas autoridades tengan al menos la posibilidad de ser fiscalizadas, impide ejercer control sobre ellas y, lo que es más grave, se corrompe todo el sistema político y, en definitiva, la democracia.
Más que personas corruptas, hay sistemas corruptos. Por ello, debemos impedir, por todos los medios posibles, que en nuestro país pueda darse una situación de esta naturaleza.
Si bien es cierto que el proyecto en análisis establece una norma que no va a evitar absolutamente la corrupción en Chile, no es menos efectivo que significa un avance importante para impedirla. Quizás una declaración jurada no sea suficiente, pero será importante para evitar que las personas que ocupan cargos parlamentarios o en el Poder Ejecutivo o Judicial puedan tentarse y tratar de obtener una recompensa por funciones que, de conformidad con la ley, están obligadas a cumplir.
Debemos evitar que en nuestro país exista cualquier tipo de corrupción. Un señor parlamentario señalaba que el artículo 4C era uno de los más conflictivos del proyecto. Efectivamente, así es. Pero, quienes hemos llegado y quienes llegarán al Parlamento o los que ocuparán cargos en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial lo hacen por una vocación de servicio público. Por lo tanto, durante el tiempo en que van a dedicar su trabajo al servicio público deben dejar de lado todas sus actividades privadas para evitar que el cargo que ocupan pueda influir en la obtención de recompensas del sector privado.
Incluso, en el seminario al que asistí, se señalaba que muchas veces la corrupción empezaba cuando se recibían pequeñas dádivas, pequeños regalos por parte de algunas personas, para tener la posibilidad de acceder o llegar al parlamentario, al ministro, al subsecretario u otras autoridades.
Por ello, a pesar de que el proyecto no satisface completamente el control que debe existir sobre los funcionarios públicos y quienes ejercemos cargos de representación popular, constituye un avance importante al respecto y, en consecuencia, lo votaré favorablemente.
Agradezco al Diputado señor Kuschel la interrupción que me concedió.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Corresponde votar el artículo.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, hay una situación bastante inusual, improcedente desde el punto de vista del debate del proyecto.
Se trata de una iniciativa que contiene indicaciones del Ejecutivo para eliminar los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°, y simultáneamente, la urgencia solicitada por él, lo que nos obliga a votar sin haber discutido uno a uno sus artículos; ni siquiera aquellos sobre los que el propio Ejecutivo ha formulado indicaciones para suprimirlos. Por eso, es absurdo votar un proyecto respecto del cual no nos hemos pronunciado en absoluto.
En consecuencia, solicito que se someta a consideración de la Sala no votarlo y que el Ejecutivo retire su urgencia.
El señor MOLINA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en la forma solicitada por el Diputado señor Latorre?
No hay acuerdo.
El señor LATORRE.- No tiene por qué ser unánime, señor Presidente. Se debe votar la proposición que he formulado.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, la sugerencia del Diputado señor Latorre es completamente improcedente.
Por disposición constitucional, el Ejecutivo fija las urgencias, y el proyecto ya la tiene. Hemos votado cientos de proyectos en la misma forma y, muchas veces, no hemos alcanzado a discutir todos y cada uno de los artículos de proyectos bastante más importantes desde cierto punto de vista que el que nos ocupa.
Lo que corresponde es que cada señor Diputado vote de acuerdo con su conciencia y asuma la responsabilidad. Este proyecto ya se discutió extensamente en su primer trámite reglamentario y en el segundo la Comisión ha realizado un acucioso estudio, que cuenta con el respaldo de los más amplios sectores políticos. Por eso, despachémoslo; el Senado tendrá la última palabra, y de acuerdo con ello, procederá la Comisión Mixta y todas las instancias contempladas en la ley. Reglamentariamente no corresponde lo solicitado por el Diputado señor Latorre, y lo que sí es válido, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, es votar el proyecto artículo por artículo.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Se procederá a votar el proyecto, debido a que vence su urgencia.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, la urgencia fue solicitada por la Comisión, la cual carece de facultades para imponer a la Sala un procedimiento semejante, pero ésta puede decidir solicitar al Ejecutivo el retiro de la urgencia.
Además, como se trata de un proyecto de tanta importancia, queremos discutirlo; de lo contrario, nos obligan a abstenernos o a votar en contra, y no es nuestra intención.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, al Ejecutivo le corresponde retirar la urgencia. Hasta este momento...
El señor PIZARRO (don Jorge).- La puede solicitar la Cámara.
El señor MOLINA (Presidente).... no se ha recibido comunicación al respecto.
De acuerdo con el artículo 108 del Reglamento, sólo cabría que el proyecto pasara a Comisión, pero el único plazo que tenemos vence el día 9. En consecuencia, tampoco hay tiempo.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Podemos pasarlo a Comisión.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, no es posible hacerlo.
Por lo tanto, debido a la urgencia, no queda otro camino que proceder a votar el proyecto.
El señor PIZARRO (don Jorge).- No, señor Presidente.
El señor MOLINA (Presidente).- Lamentablemente es así, señor Diputado.
El señor ORPIS.- Pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, considero que estas peticiones deberían hacerse al comenzar el análisis de un proyecto; éste ya lo hemos discutido toda la mañana. Si al principio se hubiera considerado necesario tomarse otra determinación, debió adoptarse en aquel momento; de lo contrario, dejamos de analizar y discutir otros proyectos que tienen urgencia. Por lo tanto, creo que corresponde resolver el punto.
El señor MOLINA (Presidente).- Lamentablemente, no queda otro camino que proceder a votarlo.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Es lo que solicité recién, señor Presidente.
El señor BOMBAL.- Pido la palabra para una cuestión reglamentaria.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, ¿fueron votadas en la Comisión las indicaciones del Ejecutivo a este proyecto?
El señor MOLINA (Presidente).- Naturalmente, señor Diputado.
El señor RIBERA.- Pido la palabra para referirme al Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIBERA.- Señor Presidente, quiero formular algunas aseveraciones. Primero, considero que el proyecto es valioso; segundo, es importante que los parlamentarios lo voten con conocimiento, de acuerdo con sus puntos de vista; tercero, tenemos urgencia, y cuarto, esta sesión está empalmada con la de esta tarde, donde se continuará con el estudio del proyecto.
Creo perfectamente posible hacer las consultas del caso al Ejecutivo, y con ello se daría oportunidad a los señores parlamentarios para expresar sus opiniones al respecto. Comparto el criterio del Diputado señor Schaulsohn de que el proyecto debe votarse rápidamente, y también creo posible concordar la opinión de algunos señores Diputados que encuentro razonable en cuanto a que puedan expresarse sobre los diferentes puntos que contiene la iniciativa.
Por ejemplo, el artículo 1° al cual hemos destinado todo este tiempo plantea desde las tesis más generales hasta las más particulares en esta materia.
En resumen, propongo que se vote solamente el artículo l° y se consulte al Ejecutivo sobre la posibilidad de que retire la urgencia del proyecto.
Varios señores DIPUTADOS.- No.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, me parece razonable la proposición del Diputado señor Ribera. Si la sesión de la tarde está empalmada con ésta con el compromiso de que, si no se retira la urgencia, el proyecto se vota en primer lugar, creo que podríamos hacer las gestiones para que se retire la urgencia. Es lo mínimo que pueden aceptar aquellas personas que quieren ver este proyecto transformado en ley con la debida discusión.
Insisto en que se trata de una iniciativa con urgencia calificada de "suma", y respecto de la cual el Ejecutivo ha presentado indicación para eliminar los artículos, del 4° para adelante. Entonces, me parece absurdo que los votemos sin haberlos discutido previamente.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco; a continuación, citaré a reunión de Comités.
El señor CARRASCO.- Señor Presidente, considero que éste es un proyecto sumamente importante, y por ello queríamos discutirlo. Con el criterio de la Mesa en cuanto a que vence el plazo, también debiéramos votar hoy el proyecto relacionado con el bosque nativo, con vencimiento al día 9; sin embargo, no lo haremos.
No sé por qué para un proyecto prima un criterio, y no se aplica el mismo para otros. Ello significa que es factible pedir que se retire la urgencia, y así discutir con el debido tiempo este proyecto que tiene mucha atingencia con el Congreso Nacional.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, llegó a la Mesa la nota del Ejecutivo que retira la urgencia del proyecto referente al bosque nativo.
Se suspende la sesión para efectuar una reunión de Comités.
Transcurrida la suspensión.
El señor MOLINA (Presidente).- Continúa la sesión.
Se procederá a la votación en particular.
En votación la indicación de los Diputados señores Dupré, Huenchumilla y Velasco para suprimir el artículo 1°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Rechazada.
Corresponde votar el artículo 1°.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, ¿no se va a poner en votación la indicación del Ejecutivo?
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, la indicación del Ejecutivo no fue rechazada.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, respecto de la indicación de los señores Dupré, Huenchumilla y Velasco, ¿Su Señoría puso en votación sólo la eliminación del artículo le?
El señor MOLINA (Presidente).- Efectivamente, señor Diputado. Vamos a votar las indicaciones cuando tratemos los respectivos artículos.
Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.- Señor Presidente, entiendo que la indicación del Ejecutivo fue asumida favorablemente y está contenida en el informe de la Comisión.
El señor MOLINA (Presidente).- Efectivamente. Por eso no se vota.
El señor PALMA (don Andrés).- La indicación del Ejecutivo es diferente de la aprobada por la Comisión.
El señor MOLINA (Presidente).- La Comisión no rechazó la indicación del Ejecutivo.
Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.- Señor Presidente, en ese caso, hay que votar dos indicaciones diferentes, porque la norma de la Comisión comprende la indicación del Ejecutivo y la del señor Palestra. En consecuencia están las dos.
El señor MOLINA (Presidente).- De acuerdo con el informe, la indicación no figura como rechazada.
El Diputado informante podría explicar el punto.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, efectivamente puede llamar a confusión tal como aparece en el informe.
En definitiva, la Comisión agregó al texto propuesto por el Ejecutivo una indicación del señor Palestra y otros Diputados, para incorporar al personal de las Fuerzas Armadas y a los que se mencionan en el artículo. Pero la redacción del Ejecutivo a menos que la memoria me falle fue incorporada en la indicación aprobada por la Comisión.
El señor PALMA (don Andrés).- Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en este caso la memoria traiciona al Diputado señor Schaulsohn, porque el texto aprobado no corresponde a la redacción de la indicación del Ejecutivo.
La indicación del Ejecutivo dice en la parte pertinente: "... deberán hacer una declaración jurada en la que consten todos sus bienes propios, los de la sociedad conyugal y los que pertenezcan a su cónyuge,...". El texto aprobado por la Comisión dice: "... deberán hacer una declaración jurada en la que consten aquellas actividades que les proporcionen o puedan proporcionarles ingresos económicos,...". Es decir, hay una diferencia importante, por la cual pido que se vote la indicación del Ejecutivo.
El señor MOLINA (Presidente).- Es evidente que los textos no son idénticos. En consecuencia, se va a proceder a votar, en primer lugar, la indicación del Ejecutivo.
El señor HUENCHUMILLA.- Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, quiero hacer un par de consultas.
La primera: si las indicaciones fueron rechazadas en la Comisión, ¿por qué se votan si no se han renovado?
La segunda: si lo dispuesto en el inciso final del artículo l2 no sería materia de ley orgánica constitucional, toda vez que le damos nuevas atribuciones a la Contraloria General de la República.
Gracias.
El señor MOLINA (Presidente).- Respecto de su primera consulta, el artículo 129 del Reglamento ordena votar la indicación. Se procedería a votar, en primer lugar, la indicación del Ejecutivo. Si se rechaza, se votará luego el artículo propuesto por la Comisión.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, ¿y respecto de la naturaleza del último inciso?
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, mediante este inciso no se le está entregando ninguna atribución al Contralor, de tal manera que no debe entenderse modificada la Ley Orgánica.
El señor HUENCHUMILLA.- ¿Me permite, señor Presidente?
Si el inciso final se relaciona con el artículo 32, se concluye que al Contralor se le está entregando la responsabilidad de tener bajo custodia las declaraciones juradas, atribución que no se considera en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría.
No estoy haciendo una aseveración, sino una consulta para aclarar la naturaleza de la disposición.
El señor MOLINA (Presidente).- A juicio de la Mesa el inciso no contiene norma de ley orgánica constitucional. En consecuencia, se votará con quorum de ley simple.
En votación la indicación del Ejecutivo. .
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Rechazada.
El señor LONGTON.- Pido la palabra por un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGTON.- Señor Presidente, tengo serias dudas respecto de la constitucionalidad de este proyecto en general, porque si la Constitución, por ser la Carta Fundamental, fija prohibiciones e incompatibilidades a los Senadores y Diputados, me parece inapropiado que una ley simple fije mayores exigencias a esas autoridades. Aquí se produce una incompatibilidad, porque hay un principio de derecho en juego.
Deseo dejar constancia en acta de mi punto de vista.
El señor MOLINA (Presidente).- Quedará constancia, señor Diputado.
Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo por un asunto de Reglamento.
El señor GAJARDO.- Señor Presidente, pido que se vote separadamente el penúltimo inciso.
El señor MOLINA (Presidente).- La división de la votación debió pedirse antes del cierre del debate.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, corresponde votar las indicaciones, y como el inciso antepenúltimo del artículo es producto de una indicación, tendríamos que votarlo primero.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!
El señor MOLINA (Presidente).- No es así. Se vota el artículo.
En votación el artículo 1°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Aprobado.
En votación la indicación N° 1., que tiene por finalidad suprimir el artículo 2°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Rechazada.
En votación la indicación número 4, sustitutiva del artículo 20.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Rechazada.
En votación la indicación número 5, del señor Navarrete, para eliminar la palabra "concejales".
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Rechazada.
Corresponde votar el artículo 2a.
El señor YUNGE.- Hay más indicaciones.
El señor MOLINA (Presidente).- En el informe, la indicación número 6, de los señores Devaud y Palestro, no aparece rechazada.
El señor LETELIER.- Pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero solicitar, por su intermedio, la unanimidad de la Sala para incorporar también a los consejeros regionales, porque de lo contrario se configuraría una discriminación no muy justa, que fue planteada durante la relación del informe.
El señor MOLINA (Presidente).- El Diputado señor Letelier ha sugerido incluir a los señores consejeros regionales.
No hay acuerdo.
El señor ORPIS.- Pido la palabra en relación con el artículo.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, correspondería votar la indicación número 6, de los Diputados señores Devaud y Palestra, porque no figura en el texto de la Comisión. Presumo que fue rechazada.
El señor MOLINA (Presidente).- El Diputado informante nos puede aclarar el punto.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, está incorporada en el inciso segundo del artículo 3Q del proyecto, que dice: "Las declaraciones deberán renovarse cada cuatro años o, en todo caso, dentro de los treinta días siguientes a la cesación en el cargo o función."
Si formalmente corresponde rechazar la indicación, tal vez sea así; pero la idea está incorporada en ese inciso.
El señor MOLINA (Presidente).- La idea se encuentra incorporada en el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Devaud sobre un asunto de Reglamento.
El señor DEVAUD.- Señor Presidente, al no consignarse textualmente la indicación, debemos entenderla rechazada, aun cuando se incorpore la idea.
Aparte de eso, la indicación que presentamos con el Diputado señor Palestro señala expresamente que "las declaraciones juradas a que se refiere esta ley deberán prestarse ante ministros de fe competentes", situación que no figura en ninguna parte del proyecto y que nos parece absolutamente necesaria e indispensable, por la calidad de cauteladores de la fe pública que ellos tienen para constituir en su momento la infracción penal de declaración falsa que contiene el artículo 210 del Código Penal, cuando sea de falso contenido o contenga declaraciones incompletas o maliciosas.
El señor MOLINA (Presidente).- Con la explicación del Diputado señor Devaud, debemos proceder a votar la indicación, aun cuando ésta no se consigna en el texto.
En votación la indicación que figura con el número 6, de los Diputados señores Devaud y Palestro.
Recuerdo a la Sala que gran parte de esta indicación se encuentra incorporada en el texto, a excepción de algunas frases.
El señor ORPIS.- ¡No es así!
El señor MOLINA (Presidente).- Si no es así, con mayor razón.
Un señor DIPUTADO.- Gran parte no se encuentra incorporada.
El señor DEVAUD.- Señor Presidente, ¿me permite una proposición?
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DEVAUD.- Señor Presidente, quiero plantear derechamente la sustitución del inciso segundo del artículo 3° del proyecto por la indicación que presentamos en su momento con el Diputado señor Palestro. Eso sería lo congruente. 
El señor MOLINA (Presidente).- Diputado señor Devaud, estamos votando el artículo 2° No nos queda otro camino que votar su indicación.
En votación la indicación de los señores Devaud y Palestra.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Rechazada la indicación.
En votación el artículo 2°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MOLINA (Presidente).- Aprobado el artículo 2°.
En votación el artículo 3°.
Se votará la indicación número 1, que suprime en su totalidad el artículo.
En votación la indicación.
Durante la votación:
El señor LETELIER.- Señor Presidente, pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, con la solidaridad de mi bancada, en particular del Diputado señor Estévez, quiero plantear que el procedimiento que Su Señoría ha propuesto en cuanto a que las indicaciones fueron discutidas en la Comisión, no permite que en este momento opinemos sobre el artículo en sí. Por lo tanto, me gustaría que la Mesa indicara si puedo referirme a dicha norma, antes o después, por un problema muy práctico, ya que en la discusión particular ello constituye un derecho al cual no he renunciado.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, lamentablemente está cerrado el debate.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en el debate en particular entiendo que existe el derecho de entregar opinión sobre los artículos, independientemente del análisis del artículo 1°.
Digo esto, porque quiero pedir votación separada, en particular respecto del inciso segundo del artículo 3a. Posteriormente, me gustaría fundamentarlo.
El señor MOLINA (Presidente).- Lamentablemente está cerrado el debate. No se puede acceder a su petición, señor Diputado.
El señor PALMA (don Andrés).- Pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, hemos debatido en particular sólo el artículo 1°. Es cierto que está cerrado el debate, pero lo que no se puede asumir es la imposibilidad de solicitar divisiones de la votación, por cuanto si no se abrió debate sobre un artículo, no existió la instancia reglamentaria para pedirlas. En consecuencia, debiera accederse a la solicitud del Diputado señor Letelier, no para otorgarle la palabra, sino para pedir, antes de la votación del artículo, división de la votación del mismo.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, el artículo 144 del Reglamento establece que la división de las proposiciones debe solicitarse antes del cierre del debate.
El señor LETELIER.- Pido la palabra por un punto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).- El debate está cerrado.
Si se recaba la unanimidad de la Sala para permitir la intervención del Diputado señor Letelier, no tengo inconveniente en solicitarla.
El señor PALMA (don Andrés).- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Continúa con la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, el punto es otro.
No he pedido que se otorgue la palabra, sino que he sostenido que sólo ha habido discusión sobre el artículo l° del proyecto, ya que el debate se cerró por el término del Orden del Día. Al no haber habido debate sobre los artículos 2°, 3° y sucesivos, no ha existido un momento para solicitar la división de la votación. Por lo tanto, si un señor Diputado solicita la división de la votación antes de que se realice la misma, no se puede aducir que, porque estar cerrado el debate, no procede hacerlo.
Entonces, si se requiere la unanimidad de la Sala para la división de las votaciones, le pido que lo haga cuando corresponda entrar en la votación de un artículo, ya que es muy probable que otros parlamentarios quieran pedirla también respecto de otras disposiciones.
El señor MOLINA (Presidente).- No nos alarguemos en esta materia. La vamos a resolver de inmediato.
Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, los Diputados deben asumir la responsabilidad de la forma en que se llevan los debates, porque lo que ha ocurrido toda la mañana es que en realidad hubo discusión en general del proyecto, aun cuando, en estricto rigor, tuvieron que referirse al artículo 1°. Se agotó el debate, se cumplió la hora, y ahora corresponde que asumamos la responsabilidad de votar sobre la base del Reglamento. Es decir, se perdió la oportunidad de que los señores Diputados pudieran solicitar división de la votación. Esa es la única forma de ordenar el debate.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Si se obtiene la unanimidad de la Sala, se podría dividir la votación.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en uso de mis derechos reglamentarios, quiero explicar mi petición.
Es difícil lo que se ha presentado en el inciso segundo del artículo 3°.
En consecuencia, propongo separar la votación respecto de la declaración que se deba hacer al final de un período, y en particular que no sea dentro de los treinta días siguientes a la cesación en el cargo o función, sino, al contrario, 30 días antes, para viabilizar esta norma.
El señor MOLINA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para dividir la votación?
El señor SCHAULSOHN.- Eso no es dividir la votación; es una indicación.
El señor MOLINA (Presidente).- No hay acuerdo de la Sala.
En votación la indicación N° 1, supresiva del artículo 3°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Rechazada la indicación.
En votación la indicación del Ejecutivo, sustitutiva del artículo 3°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Rechazada.
En votación el artículo 32.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Aprobado.
Corresponde votar el artículo 4°.
En este artículo, aparte de la indicación del Ejecutivo, hay una del Diputado señor Devaud, para sustituirlo, y otra de los Diputados señores Huenchumilla, Dupré, Velasco, Sabag, Urrutia, Galilea y Álvarez-Salamanca, para eliminarlo.
En votación las indicaciones signadas con los números 1, 9, 10 y 11, que tienen por objeto eliminar el artículo 4°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MOLINA (Presidente).- En consecuencia, queda suprimido el artículo 4°, y no habría razón para votar la indicación sustitutiva propuesta por el Diputado señor Devaud.
Corresponde votar el artículo 5°.
Este artículo tiene tres indicaciones, que corresponden a los números 12, 13 y 14.La primera, del Ejecutivo, y la segunda, de los Diputados señores Huenchumilla y Sabag, tienen por objeto suprimirlo. La número 14, del Diputado señor Andrés Palma, es para sustituir la expresión "un año" por "seis meses".
En votación las indicaciones supresivas contenidas en los números 12 y 13.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Suprimido el artículo 5°.
En consecuencia, no procede votar la indicación para sustituir algunas expresiones contenidas en él.
Corresponde votar el artículo 6°.
En votación las indicaciones N°s. 15 y 16, del Ejecutivo y de los señores Huenchumilla y Sabag, que consisten en suprimirlo.
Durante la votación:
El señor BOSSELIN.- Señor Presidente ¿por qué no se da lectura al artículo?
El señor MOLINA (Presidente).- Su texto figura en el informe que todos los señores Diputados tienen en su poder.
El señor ORPIS.- ¿Me permite?
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, correspondería votar la indicación N° 14, presentada por el Diputado don Andrés Palma, porque establece plazos distintos.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, el artículo fue suprimido.
El señor ORPIS.- Da lo mismo.
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, ¿cómo se va a votar la indicación de un artículo suprimido?
El señor BOSSELIN.- ¡Que se lea, para que el país conozca lo que se vota!
El señor LETELIER.- Señor Presidente ¿se puede leer el texto que se propone suprimir?
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Que se lea!
El señor MOLINA (Presidente).- Estamos en votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Aprobadas las indicaciones. Por lo tanto, queda rechazado el artículo.
Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, antes de la votación, solicité que se leyera el artículo que se iba a someter a votación, por cuanto no era claro para todos. Esa disposición, que se suprimió, decía que los parlamentarios y los funcionarios de confianza del Gobierno no podrán recibir dádivas, regalos o promesas de terceros. Algunos de los señores Diputados creen que eso no debe existir. Tanto el señor Bosselin como el Diputado que habla pedimos que se leyera la norma, porque no todos estaban conscientes de lo que se iba a votar.
El señor MOLINA (Presidente).- No es procedente en este momento entrar en ese tema.
El señor BOSSELIN.- Señor Presidente ¿por qué no pide la unanimidad para volver a votar? Como el artículo no fue leído, no se sabe bien qué votaron los Honorables Diputados.
El señor MOLINA (Presidente).- Ya se efectuó la votación.
Corresponde votar el artículo 7°.
En votación las indicaciones N°s. 17 y 18 del Ejecutivo y del Diputado señor Coloma, que consisten en eliminarlo.
Durante la votación:
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, la votación anterior no fue clara. Ese era uno de los artículos más serios respecto de la probidad y se ha votado equivocadamente.
El señor MOLINA (Presidente).- El informe está en poder de todos los señores Diputados. La discusión ha sido intensa y se han planteado varias posiciones.
El señor YUNGE.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor YUNGE.- Señor Presidente, todos estamos conscientes de que, desde el punto de vista reglamentario, el trámite de este proyecto ha sido exageradamente rígido. Por eso, en la reunión de Comités se manifestó que, ante la imposibilidad de debatir los artículos 4° y siguientes y de pedir división de la votación en esos artículos, nos enfrentaríamos a una situación inaceptable: que se plantee aquí que los Diputados que votamos en contra de ciertas disposiciones no estamos de acuerdo con algunos aspectos de fondo. Es importantísimo dejar en claro esta circunstancia para que no existan malas interpretaciones que pueden ser muy negativas para nuestra convivencia.
He dicho.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).- Estamos votando las dos indicaciones al artículo 7, que consisten en suprimirlo.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, mi punto es tan de Reglamento como el planteado por el Diputado señor Yunge.
Todos los señores Diputados saben perfectamente lo que está en votación. Si votaron en contra de un artículo que les prohíbe percibir dádivas y regalos del sector privado...
El señor MOLINA (Presidente).- Señor Diputado, ése no es un punto de Reglamento.
El señor SCHAULSOHN.- ... tienen que asumir su responsabilidad ante la opinión pública, ¡porque es un voto inmoral, claramente inmoral!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN.- ¡Es inmoral votar en contra de la prohibición de recibir dádivas y los parlamentarios deben asumir su responsabilidad!
El señor MOLINA (Presidente).- ¡Diputado señor Schaulsohn!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN.- ¡Es falta de transparencia y de moralidad pública! ¡Hay que asumir la responsabilidad por la forma en que se vota!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MOLINA (Presidente).- Ruego a los señores Diputados conservar la calma.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MOLINA (Presidente).- Comunico a los señores Diputados que las expresiones antirreglamentarias serán eliminadas de la versión.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MOLINA (Presidente).- Aprobadas las indicaciones. En consecuencia, queda suprimido el artículo 7°.
En votación la indicación del Ejecutivo para suprimir los artículos 8° y 9°.
Durante la votación:
El señor LEAY.- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Leay para referirse a un asunto reglamentario.
El señor LEAY.- Señor Presidente, dentro del mismo tenor de lo manifestado por el Diputado señor Schaulsohn, aclaro a la Sala que todas las indicaciones que se han votado fueron presentadas por el Ejecutivo. De manera que si él habla de inmoralidad, está acusando al Gobierno.
El señor MOLINA (Presidente).- Diputado señor Leay, ése no es un punto reglamentario.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Rechazada la indicación.
En votación el artículo 8°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Aprobado.
En votación el artículo 9°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Aprobado.
En votación la indicación del señor Dupré para suprimir el artículo 10.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Rechazada.
En votación el artículo 10.
Durante la votación.
El señor ROJO.- Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROJO.- Señor Presidente, el inciso segundo de la disposición establece el secreto de la prueba. Se votó en contra de la "ley Aylwin" por el secreto de las declaraciones. Entonces, ¿por qué eso rige para un caso y para otro no? Hay que ser consecuentes.
El señor MOLINA (Presidente).- Eso no es cuestión de Reglamento, señor Diputado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 6 abstenciones.
Aprobado el artículo.
Despachado el proyecto.


VI.- INCIDENTES.


3.ILUMINACION DE CARRETERA DEL VALLE DE AZAPA (Primera Región). Oficio.

El señor MOLINA (Presidente).- En Incidentes, el primer tumo corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.
El señor VALCARCE.- Señor Presidente, quiero referirme en forma breve a un problema que se presenta en el valle de Azapa, en Arica.
En ese valle, que reporta gran cantidad de recursos tributarios al Estado, vive mucha gente. Tiene gran producción y una enorme afluencia de vehículos, especialmente por la carretera, que es de doble vía, y donde se han producido frecuentes accidentes con resultado de muerte, dado que muchos habitantes del sector transitan por ella.
Por lo tanto, solicito que se oficie al señor alcalde de Arica, a fin de que se haga un estudio para iluminar la carretera del valle de Azapa, que se extiende por 20 kilómetros en un sector semirrural y que necesita iluminación por lo menos en esa parte, con el objeto de evitar accidentes.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.


4.RECURSOS PARA EL SECTOR EDUCACIONAL.

El señor VALCARCE.- Por otro lado, señora Presidenta, quiero referirme al problema que afecta al magisterio.
El Diputado señor Viera-Gallo  se refería ayer al presupuesto que se otorgará al área de la educación en 1994, lo que guarda relación directa con la reforma tributaria que analiza el Senado. Por mi parte, insisto en que mi voto de aprobación dependerá concreta y exclusivamente de la jerarquización del gasto público, y dentro de ella será fundamental el aporte al sector educación, en especial a las enseñanzas pre-básica, básica y media.
La mejor inversión del país lo sabemos todos y lo hemos dicho con mucha retórica es la que hace en educación. Sin embargo, al momento de la distribución de los fondos, normalmente nos olvidamos de este sector tan importante para el desarrollo del país. Chile debe enfrentar el año 2000, o el siglo XXI, con un nuevo sistema educacional. La reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que propuso el Gobierno, se encuentra detenida en la Comisión de Educación, porque el señor Ministro dijo que este proyecto iba a ser tratado mediante un consenso nacional, dentro del cual es fundamental que miremos con un enfoque revolucionario el sistema educacional chileno. Podremos avanzar con pasos agigantados en el campo económico, pero si nuestra educación no va al mismo paso de la de los países desarrollados, donde la tecnología educativa ha tenido un avance casi inesperado con respecto al de Chile, simplemente el siglo XXI será bastante catastrófico para nuestro país.
Por eso, reitero que si no existe una jerarquización adecuada de los recursos que vamos a destinar al gasto fiscal, simplemente votaré en contra de esa reforma.
He dicho.


5.RED VIAL DE LA PROVINCIA DE MALLECO. Oficio.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra señor Bayo.
El señor BAYO.- Señora Presidenta, el problema más serio existente en la Novena Región, y fundamentalmente en el distrito N° 48, que represento en esta Cámara, es el de la red vial. Nunca en la historia de ese distrito y de la región hubo caminos en las condiciones actuales, y jamás se había invertido tanta plata en su mantención.
Por eso, por intermedio de la Mesa, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que nos informe pormenorizadamente sobre las obras realizadas en la provincia de Malleco desde 1990 a la fecha, las empresas que se han adjudicado las mismas, los caminos recibidos por el organismo correspondiente y cuál es el futuro inmediato de las inversiones viales en esta provincia.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.


6.CRISIS DE EMPRESAS PESQUERAS DE LA ZONA NORTE. Oficio.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.
El señor VALCARCE.- Señora Presidenta, quiero llamar la atención acerca de la situación de las empresas pesqueras del norte del país, que afrontan una crisis realmente grave, debido a que los precios internacionales de la harina de pescado han bajado de tal manera que su producción ya no es competitiva. Por otro lado, existe el problema de las patentes, de las vedas y otra serie de inconvenientes que hacen que tengan que despedir personal día tras día.
Los trabajadores de las pesqueras han solicitado al Subsecretario de Pesca algunas soluciones, como vedas en conjunto con el Perú, para tener igualdad de condiciones en la zona limítrofe; análisis y franquicias para que las empresas tengan acceso a nuevas pesquerías, como el atún, el jurelillo y otros. También han pedido una entrevista con el Presidente de la República para analizar esta situación, que está llevando a la desaparición de la industria pesquera del norte, lo que ha provocado el traslado de muchas familias hacia el sur del país.
A raíz de esta apremiante situación que afecta al sector pesquero de Arica, Iquique, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta, solicito oficiar al Ministro de Economía para que instruya al Subsecretario de Pesca, a fin de concertar la reunión entre los sindicatos, la Federación de Trabajadores Pesqueros de la Zona Norte, el Ministro y el Subsecretario para buscar las soluciones más adecuadas.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Se enviará a quien corresponda el oficio solicitado por Su Señoría.


7.ENDEUDAMIENTO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE LA ZONA DE TALCA. Oficios.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca.
El señor ALVAREZ-SALAMANCA.- Señora Presidenta, la asociación gremial de pequeños y medianos agricultores "El Amanecer", de Talca, que agrupa a 800 parceleros de las comunas de Talca, Maulé, San Clemente, Río Claro y Molina, me ha solicitado que dé a conocer en esta Sala la crítica situación en que se encuentran sus socios, por la baja rentabilidad de los productos tradicionales, a cuyo cultivo dedican su esfuerzo la mayoría de ellos, porque no ven otras alternativas. Esta situación les ha provocado un endeudamiento que se podría definir como crónico.
Los parceleros estiman que se debe resolver en forma urgente y definitiva el endeudamiento con el Fisco por las parcelas Cora. En este caso, según ellos, lo más conveniente es que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional como lo han anunciado algunos parlamentarios de Gobierno y lo ha solicitado formalmente el Senador Jarpa, que condone definitivamente las deudas de los compradores de hasta dos parcelas Cora, que se dediquen en forma exclusiva a la agricultura.
Asimismo, indican que la mayoría de los parceleros han obtenido créditos a través del Indap, los cuales han sido contraídos en unidades de fomento, más intereses, en circunstancias de que la comercialización de sus productos o de sus cosechas la deben efectuar en pesos y con graves problemas. En este caso, como es lógico, se produce una gran diferencia en contra del beneficiario del Indap, porque la unidad de fomento aumenta su valor diariamente, cosa que no ocurre con el precio de sus productos agrícolas.
Además, cuando no se paga oportunamente, el crédito del Indap tiene fuertes intereses por las moras, también en unidades de fomento; en seguida, pasa a cobranza judicial, para lo cual ese Instituto cuenta con un grupo de abogados que, por el solo hecho de hacerle llegar a sus manos la documentación legal correspondiente, sin haber efectuado acción legal alguna, cobra al beneficiario de esta institución estatal el diez por ciento del valor total de la deuda, porcentaje que incluye los intereses. Cualquiera puede apreciar que con este sistema es imposible, y menos para un modesto campesino, dar cumplimiento al pago de los créditos del Indap, por lo que muchos pequeños agricultores se ven en la obligación de vender sus bienes muebles e, incluso, sus tierras.
Pero la tragedia no termina ahí, dado que cuando un campesino endeudado con Indap se ve imposibilitado de obtener un nuevo crédito por estar moroso en sus pagos, debe recurrir a la ayuda de vecinos para que le faciliten productos de sus cosechas, los que por no ser semillas debidamente certificadas y además sembrarse sin fertilizantes, en la cosecha obtienen rendimientos absolutamente insuficientes, lo que no sólo le impide progresar sino también satisfacer las demandas de su grupo familiar y cumplir con el pago de su deuda y otros compromisos.
Señora Presidenta, agradeceré que, por su intermedio, se oficie al señor Ministro de Agricultura, para que se sirva ordenar a las autoridades del Indap que efectúen una revisión de los créditos otorgados por esa institución, de manera que los agricultores que se encuentran morosos o hayan hecho recién su renegociación, tengan una condonación de sus deudas, y, además, que se revise el reglamento o se dicte otro para el otorgamiento de créditos que represente una real ayuda y sea conveniente para los pequeños agricultores.
Por último, pido que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República para que, si lo tiene a bien, envíe al Congreso un proyecto de ley destinado a condonar definitivamente las deudas Cora, teniendo para ello la seguridad de que contará con el respaldo irrestricto de los Diputados de Renovación Nacional.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados de la Unión Demócrata Independiente.


8.EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS. Oficios.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señora Presidenta, por su intermedio cedemos parte de nuestro tiempo al Diputado señor Ulloa.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.- Señora Presidenta, deseo referirme a una situación puntual que afecta a todas las ciudades del país, debido a que ningún servicio público tiene a su cargo los sistemas de evacuación de las aguas lluvias.
Cuando el carácter de los servicios sanitarios cambió de nacional a regional, el problema de la evacuación de las aguas lluvias quedó fuera de su responsabilidad, lo que afecta particularmente a las ciudades del sur del país, como Talcahuano, que orgullosamente represento en la Cámara, que año tras año e invierno tras invierno debe afrontar graves dificultades por esa causa, sin que ningún servicio se haga cargo del asunto.
Por tal razón, solicito que se oficie a los Ministros de Obras Públicas y de la Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que informen de qué manera se solucionará este problema, que es extraordinariamente grave y permanente en Talcahuano.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios en nombre de Su Señoría.


9.CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS BOMBEROS DE ARICA. Oficio.

El señor ULLOA.- Señora Presidenta, me parece de extraordinaria gravedad lo que se ha estado divulgando a la opinión pública por los medios de prensa. Me refiero al corte del suministro de agua al Cuerpo de Bomberos de Arica.
Considero importante que la Presidencia de la Cámara oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que éste imparta instrucciones sobre la materia al Servicio de Obras Sanitarias de la Primera Región, porque en la ley sólo se exceptúan expresamente del pago del servicio de agua al palacio presidencial de Cerro Castillo y a los bomberos. Entonces, es inconcebible que hoy salgan a la luz pública desencuentros tan graves como el corte del suministro de agua a los bomberos de Arica.
Señora Presidenta, creo, como Diputado, persona y bombero, que esta situación debe solucionarse a la brevedad. Por eso, le solicito que se envíen los referidos oficios.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitado por Su Señoría.
Resta un minuto al Comité de Renovación Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.


10.HOMENAJE AL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE EN EL 20° ANIVERSARIO DE SU MUERTE.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).- En el tumo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Tohá.
El señor TOHA (de pie).- Señora Presidenta, Honorable Cámara:
A días de cumplirse 20 años de la trágica muerte del Presidente Salvador Allende, quisiera decir unas sencillas y sentidas palabras, en nombre de la bancada de mi partido, para recordar con respeto a quien fuera Diputado, Ministro de Estado, Vicepresidente del Senado y Presidente de la República por la voluntad soberana del pueblo.
A través de la vida, todos, con mayor o menor vehemencia y compromiso, de acuerdo a nuestra propia realidad y a las circunstancias que nos rodean, vamos asumiendo valores, principios, actitudes de vida que nos guían u orientan, llevándonos a comprometernos moral y políticamente con proyectos o utopías cuyo norte es resolver problemas o situaciones que afectan al hombre, impidiéndole su desarrollo integral, y perfeccionar nuestra vida en sociedad.
Lo anterior se genera en un mundo en que existe la pluralidad de pensamiento y una amplia gama de concepciones filosóficas y religiosas que condicionan nuestra interpretación del mundo y la vida, como también nuestros proyectos de sociedad.
Si no queremos atropellar los derechos elementales de la persona humana, esta diversidad debe ser respetada, ya que representa la riqueza y variedad del hombre y del espíritu, la validez de nuestros principios, proyectos y aporte para el progreso de la sociedad, y su realización humana sólo puede juzgarse con imparcialidad a través de la perspectiva histórica.
No es mi intención en esta hora hacer un juicio político o ético de las dramáticas circunstancias que condujeron a la muerte del Presidente Allende y a tantas otras personas que vieron sesgadas sus vidas en los trágicos hechos que se sucedieron a partir del 11 de septiembre de 1973.
Hoy, mis palabras se orientan al recuerdo del Presidente Salvador Allende, al significado de su vida, a sus ideales, a su trayectoria política y a la máxima consecuencia de su muerte, lo que es un todo y expresa fielmente su compromiso con los valores de la libertad, la fraternidad y la justicia que representa la visión de un auténtico humanista.
Él se formó en un ambiente cultural progresista, en la escuela democrática del liceo y en una universidad al servicio de la sociedad. Desde muy joven abrazó los principios de libertad, igualdad y fraternidad que proclamara la Revolución Francesa. Siendo un hombre de su tiempo, no pudo ignorar los profundos cambios revolucionarios de nuestro siglo, impregnándose de ellos desde muy joven y de los valores que nutrieron ideológicamente a los partidos liberales y al radicalismo chileno. Pero fue el impacto ideológico del socialismo el que lo definió políticamente y orientó para siempre su vida.
La gran crisis de 1929, con todas sus secuelas de problemas sociales y humanos, dio origen a un convulsionado ambiente político que desembocó en la República Socialista, de efímeros doce días de vida, y condicionó la creación del Partido Socialista de Chile, del cual Salvador Allende fue uno de sus fundadores.
Inmerso en el constante proceso de lucha y crecimiento del movimiento obrero, participó activamente en la creación del Frente Popular en 1936. Siendo un joven médico, integró como Ministro de Salubridad uno de los gabinetes del recordado Presidente Pedro Aguirre Cerda.
En el plano gremial, se destacó como Presidente del Colegio de la Orden; mientras políticamente fue elegido Diputado y luego Senador de la República. Posteriormente, llegó, gracias al sufragio popular, a la más alta investidura de la República, aportando siempre con su profundo sentido de justicia social, ya sea en la dictación de leyes progresistas a través de su gestión parlamentaria, ya sea luchando por los derechos y bienestar de los sectores más desposeídos.
Cuarenta años de vida política en cuyos discursos siempre estuvo presente su vocación pluralista, libertaria y democrática. Su gran meta fue contribuir a forjar la unidad de las fuerzas progresistas para lograr un camino de mayor justicia para el pueblo chileno. De espíritu amplio, antisectario, dispuesto a escuchar distintas opiniones autorizadas y responsables, tenía la condición necesaria para lograr tal unidad.
Estoy cierto de que la profundidad y trascendencia de la realización de su gobierno, especialmente la recuperación para el patrimonio nacional de nuestra riqueza fundamental, el cobre, y los amplios cauces de participación y democratización que se abrieron junto con su preocupación preferente por la educación, la salud y la dignificación de los trabajadores, serán reconocidos, sin ignorar los errores que pudieron haberse cometido, cuando despojados de la pasión y falta de objetividad que genera el fragor de la confrontación, y el haber sido nosotros mismos protagonistas de esta dramática experiencia histórica, se analicen, estudien y comprendan con la ecuanimidad y tolerancia que otorga el devenir del tiempo.
Su adhesión a la libertad y a la democracia, reflejaron los ideales nacionales de nuestra propia historia, traduciendo la idiosincrasia del chileno que busca la solución a los problemas sociales y nacionales con respeto a la opinión ajena, tolerancia y pluralismo.
Él estaba convencido de la necesidad de enraizar el movimiento popular a nuestra historia y a nuestras tradiciones y poder así proyectarlo hacia el futuro.
Durante toda su vida, desde la oposición o desde el gobierno, su vida política estuvo marcada en este espíritu humanista y libertario. En su gobierno concretó la visión bolivariana de su pensamiento a través de un proyecto de integración subregional del Pacto Andino y de un esfuerzo permanente para mejorar las relaciones con los países vecinos.
Creía en la necesidad de un nuevo orden económico internacional y de ligar a Chile al Movimiento de los Países No Alineados.
Era un activo luchador de la causa de la paz y del desarme y pensaba que la liberación de los pueblos permitiría el desarrollo y el bienestar de los hombres.
Quisiera rendir un homenaje a quien sucumbiera por sus ideales de libertad y democracia, a quien quería convertir la libertad abstracta en una libertad concreta que la viviera y comprendiera el pueblo para quien quería construir una nueva sociedad más justa, dejándonos como legado un pensamiento y una actitud consecuente con los principios de libertad, justicia, fraternidad y solidaridad que abrazó toda su vida.
Nosotros, que hoy reafirmamos nuestra valoración de la democracia y de que sólo con respeto a la libertad y a los derechos humanos se puede alcanzar la justicia que claman los postergados y marginados del mundo, comprendemos que el Presidente Allende, que siempre amó la libertad y luchó por la justicia, se adelantó a su época y señaló un camino, como lo han demostrado las experiencias históricas recientes.
Allende, como otros grandes hombres, líderes de sus pueblos, ha ingresado en las páginas de la historia, mientras plazas y calles, aun en los más apartados rincones del mundo, inmortalizan su nombre.
He dicho.


11.DISMINUCION DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).- En el tumo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Recondo.
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, ayer se inauguró en Santiago la Expoagro'93, que pretende revitalizar lo que fuera en el pasado, en la Quinta Normal, la exposición ganadera más importante del país.
No puedo dejar de manifestar en esta Cámara el profundo contraste que evidenciamos durante esa inauguración entre las posiciones manifestadas por la asociación gremial de agricultores y por el Gobierno, esta última a través del señor Ministro de Agricultura, que reflejan repito dos realidades diametralmente distintas.
En verdad, comparto plenamente la posición de los agricultores, porque estoy seguro de que es la mayoritaria y revela exactamente su situación. En la Cámara, en reiteradas oportunidades, hemos denunciado como preocupante lo que muchos han llamado la crisis agrícola de los últimos tiempos.
La Sociedad Nacional de Agricultura, por medio de su presidente, manifestó que su visión del problema actual no pasa por no reconocer los avances, sino, muy por el contrario, es de adhesión irrestricta al modelo de economía social de mercado que se implantó en Chile hace ya varios años, cuyo resultado ha sido un crecimiento sostenido de la actividad, que de una balanza comercial negativa de aproximadamente 600 millones de dólares, llegó a un superávit de alrededor de 1.640 millones de dólares y elevó las exportaciones a niveles cercanos a los 2.300 millones de dólares.
Sin embargo, este período de crecimiento y de desarrollo ha sufrido los signos del estancamiento y decaimiento a partir de 1990. Las cifras evidencian claramente que en la última temporada la superficie de cultivos anuales sembrada fue de 1.220.000 hectáreas, y que ahora sólo se ocuparon 860 mil lo cual representa una caída de 30 por ciento. Como contrapartida, se elevaron las importaciones de alimentos de 240 millones a 580 millones de dólares.
De aquí surgen dos interrogantes que preocupan a los agricultores del país: ¿Qué razones explican la situación descrita? ¿Qué circunstancias determinaron que tan dinámica trayectoria reflejada en el crecimiento tan importante que llevaba el sector agrícola, hoy tenga un comportamiento tan menguado?
La respuesta para los agricultores es clara y se explica fundamentalmente en una característica que hoy domina los mercados internacionales de los productos agrícolas: que los países desarrollados mantienen un subsidio que produce un efecto distorsionador sobre los mercados. Estos múltiples mecanismos de subsidios y de protecciones significan un incentivo para los agricultores de esos países y provocan una caída en los precios internacionales, lo que afecta directamente a los agricultores de nuestros países, que deben competir con esas economías desarrolladas.
El otro elemento que ha estado presente es el tipo de cambio. En los últimos cuatro años, éste ha caído en 25 por ciento, en términos reales. Como consecuencia de ello, el precio del trigo ha caído en 24 por ciento; el del maíz, en 21 por ciento, y el de la maravilla y oleaginosas, en 25 por ciento.
Por lo tanto, se puede afirmar que la caída del precio del dólar y los subsidios de los países desarrollados son las causas^ que responden a las interrogantes de por qué ha decaído la actividad agrícola del país en los últimos años. Sin embargo, este análisis y esta respuesta tan clara, que interpreta a los agricultores y a los pequeños agricultores, contrasta con la que el Gobierno, en forma reiterada y a través del Ministro de Agricultura, da a las mismas interrogantes. Su primera reacción fue decir que el sector agrícola necesita aumentar la productividad y la eficiencia. Pero, en realidad, todas las cifras muestran que los agricultores chilenos están en un nivel de eficiencia y de productividad cercano y comparable al de los países más desarrollados del mundo.
La segunda respuesta del Ministro habla de la reconversión productiva, pero jamás, al referirse a ella, menciona cuáles son los rubros que pueden ir a la reconversión.
Después de este análisis tan diametralmente distinto, y de la posición del Gobierno señalada a través del Ministro, tengo la certeza de que no se producirán cambios importantes en la situación global del país para beneficiar a los pequeños agricultores y a los agricultores, en general, los que deberán seguir aguardando medidas que permitan un mejoramiento y tener la esperanza de mejores días.
He dicho.


12.CRISIS DEL CARBON. PROCESO DE RECONVERSION.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).- El tumo siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Radical.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el turno siguiente, correspondiente al Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, debido a que cuento con los veinte minutos de mi bancada y por ser Diputado de un distrito de la provincia en la cual se presentan los problemas relacionados con el carbón, mi exposición se refiere al significado de la reconversión y a los 120 millones de dólares que ha invertido el Gobierno en estos tres años. Por eso, pido a la Honorable Cámara que se inserte mi intervención, considerando los veinte minutos de mi bancada.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Se procederá en la forma solicitada por Su Señoría.
El señor ORTIZ.- Gracias, señora Presidenta.
El texto del discurso que se acordó insertar es el siguiente:
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, en esta sesión deseo analizar una materia de gran trascendencia para mi región.
1. Introducción
Quiero referirme a un tema que es de gran importancia para la provincia en que vivo y a la cual pertenece el distrito que represento. Se trata del problema del carbón y de la zona a la que se asocia este recurso. Muchas cosas se dicen, no todas con un grado de información adecuada y muchas veces no exentas de pequeños intereses de carácter electoral.
No me mueve otra cosa que expresar mi parecer frente a este problema y clarificar lo que creo debe ser un enfoque sin apasionamiento, racional, pero considerando que hay un número importante de chilenos involucrados.
2. El carbón: ¿un problema nuevo?
Sin duda, el problema del carbón es uno de los más antiguos de la Región del Biobío.
En la famosa Geografía Económica de Chile, que elaboró la Corfo en 1962 (ella funcionaba en ese entonces como una oficina de planificación nacional) se menciona, en el tomo IV, que la actividad de las minas de Lota y Schwager generaban una producción de 1.7 millones de toneladas y ocupaban 18 mil personas. Las minas de Arauco en ese entonces eran cuatro (Colico Sur, Pilpilco, Plegarias y Victoria de Lebu). Ocupaban mil personas y producían 300 mil toneladas. Pero lo más interesante está en lo que se consigna en la página 382 del tomo "Síntesis", que señala que la industria del carbón se ve enfrentada a problemas de producción y de rentabilidad, derivados de la situación del mercado y de la posible competencia externa. Para el año 1966, la ocupación había bajado a 12.200 personas y la producción se reducía a 1.700.000 toneladas. En el documento donde se consignan estas cifras, Estrategia para el desarrollo Regional, Orplán, 1966, se señala, con respecto al mercado, que la grave situación del carbón deriva de un problema de mercado y de una tendencia de la demanda al descenso.
En los años 80, en un documento oficial de la época, llamado Plan Regional de Desarrollo 1982-1989, elaborado bajo la responsabilidad de la Oficina de Planificación Nacional, se expresa que la producción alcanzaba en 1980 a un millón de toneladas, y la ocupación llegaba a 10 mil trabajadores en ese mismo año. Este mismo documento indica como causas de la crisis los problemas de mercado, una política de precio de los hidrocarburos que incentivaban la sustitución y, además problemas tecnológicos y de calificación de mano de obra. Esto se dice con posterioridad de la gran crisis de 1976, que fue resuelta, si se puede llamar así, con el pago de una indemnización de dos meses por año trabajado y un proceso acelerado de capacitación de la mano de obra cesante que dejó el mineral. Es justamente en este período que surge la actividad pirquinera como expresión de una actividad informal de sobrevivencia de los mineros que habían dejado las empresas del Estado. El fracaso de esta política de reconversión, llevada a cabo por el gobierno anterior, se expresa en una persistente tasa de desempleo, de alrededor del 15 por ciento, que durante años ha afectado a la zona.
Cabe entonces preguntarse si esta larga crisis no es sino una crisis anunciada, sobre todo cuando la minería del carbón subterránea en todo el mundo empezó a colapsar en los mismos años en que la crisis se hace más evidente en Chile. Como se menciona en los párrafos que he leído (1950), la diferencia estuvo en que en otros países comenzó a abordarse de inmediato. También cabe preguntarse ¿por qué no se diseñaron en su oportunidad (1970-1980), de manera seria, las medidas que permitieran ir transformando el área de monoproductora en un área de producción más variada?
La respuesta a esto sólo les cabe a sus protagonistas; pero sin duda, ello ha redundado en que el actual proceso haya partido con dificultades porque los trabajadores y la comunidad no han percibido lo que un proceso de reconversión involucra, pero sí los nulos beneficios de las acciones emprendidas en 1976-1978.
3.Las características de la crisis que se enfrenta.
El gobierno del Presidente Aylwin se encuentra, al asumir, con una situación todavía más grave, en la que confluyen elementos externos a las empresas productoras e internos de éstas, especialmente en las de propiedad del Estado. Esta crisis se caracteriza por:
Una tendencia internacional a la baja en el precio del carbón, producto de la entrada en explotación de yacimientos superficiales de grandes dimensiones en Australia, Indonesia, Sudáfrica, Venezuela y Colombia, entre otros.
Una internacionalización del mercado de proveedores de carbón y su llegada a Chile. Esto porque las dimensiones actuales y proyectadas del mercado del carbón en Chile lo hacen atractivo para estas empresas de comercialización.
Costos crecientes en las minas de la zona del carbón debido a cada vez mayor lejanía de los frentes de explotación de la superficie a la tecnología obsoleta que emplean y a la baja productividad de su personal.
Expectativas equivocadas con respecto a algunos proyectos implementados en las minas del Estado, por ejemplo, Lota y El Manto tres. Este frente mecanizado, por problemas de un mal diseño del proyecto o de otras razones atribuibles a la administración pasada, quedó sólo en condiciones de trabajar algunos meses al año. En otras palabras, se adquirió sólo una parte del equipo, faltando todo lo que se refiere a su traslado cuando se cambia de lugar. Este debe hacerse en la actualidad prácticamente a mano, lo que exige largo tiempo para su desarme y cambio de lugar.
Falta de desarrollo en las minas esta tales de Lota y Curanilahue, que muestran un atraso de 5 años a lo menos, lo que obviamente dificulta la operación. Esto es atribuible a malas decisiones de la administración pasada.
Un cambio en la forma de mirar las empresas públicas, como lo son las principales productoras de carbón en la zona de Arauco, en términos de considerar los subsidios que deben traspasárseles para que sigan funcionando, como insostenibles para el país. Estos subsidios han existido de manera continuada en los últimos 20 años y alcanzan a cifras que, si se hubieran tomado las medidas adecuadas, habrían transformado esa zona.
En lo puntual, la crisis actual se vio agudizada por el término de un período de sequías que le permitió ventas, pero no cambió la característica de actividad subsidiada a la minería estatal del carbón. La actividad privada sí obtuvo ganancias en ese período, atribuibles a una forma distinta de operar, a una mayor productividad de sus trabajadores; pero, en el caso de los pirquenes, son atribuibles simplemente a que no se cumplen las leyes sociales, los costos de seguridad son prácticamente nulos y, además, a que los salarios pagados son bajos. Esto último porque la gente carece de alternativas y de habilidades para desarrollar otras actividades productivas.
4.¿Cómo enfrentar la crisis?
Permítanme una digresión para señalar lo que en la teoría sería cómo enfrentar la crisis en el marco de una economía de mercado pura. Allí la decisión, puesto que existen pérdidas permanentes, sería que las empresas afectadas deben quebrar y que los recursos involucrados en ellas se reasignarán siguiendo las señales del mercado. Uno de estos recursos es el humano que, como ya lo hemos señalado, carece de habilidades para otras actividades. Luego, si sólo se deja actuar al mercado, esta reasignación de personas puede demorar un largo período.
Es justamente esa última consideración lo que llevó al Gobierno a optar por enfrentar el proceso de una manera que puede ser calificada como heterodoxa, desde el punto de vista del mercado o su teoría. Parte importante de las medidas tomadas han sido tramitadas acá, por lo que no es necesario dar largas explicaciones sobre ellas sino, más bien, enumerarlas:
*Subsidio al carbón de modo de permitir el funcionamiento de la actividad minera, pero en un proceso de restructuración a nuevos niveles de producción y a los nuevos costos tendenciales del mercado.
*Subsidios de diverso tipo para quienes se retiran voluntariamente de la actividad (capacitación en nuevos oficios, herramientas, traslados a nuevos lugares de trabajo, pagos que compensan la menor productividad si se emplea de manera dependiente).
*Indemnización de 1.7 meses por año para los que se retiran de las minas estatales.
*La llamada jubilación anticipada para quienes trabajaron en mina por 18 o más años, válido no sólo para los trabajadores de minas estatales.
Sin embargo, lo más importante del proceso está ocurriendo y es distinto de las medidas anteriores de apoyo a la reestructuración de las empresas del carbón y de la reducción del impacto que esta reestructuración de las empresas del carbón y de la reducción del impacto que esta reestructuración significaba para quienes viven del carbón. Me refiero al proceso de cambio de eje productivo que vive la zona y que se ha llamado la reconversión de la zona del carbón.
Este proceso apunta a darle a sus habitantes la posibilidad de una inserción productiva real, distinta del carbón, como ha sido tradicional. Creo que, por lo novedoso del hecho, es lo más interesante, pero también es lo más cuestionable, puesto que no existe una experiencia equivalente, salvo la reconversión de la industria pesquera de Iquique en la década de los sesenta. La diferencia es que acá el protagonista, en términos de generación de nuevas actividades productivas, debe ser el sector privado.
Antes de seguir, creo necesario hacer un alto y destacar un hecho de la máxima importancia, que muchas veces la pasión política hace olvidar. El gobierno del Presidente Aylwin ha tomado la decisión de enfrentar un problema existente por muchos años, problema que muchos habían evitado. Al hacerlo, no sólo mira las consecuencias que tiene para el país el no abordarlos, sino que, además, se preocupa por la gente que vive en la zona afectada. No me cabe duda de que esta decisión es histórica, por cuanto a nadie le cabe duda de que los procesos de reestructuración serán en el futuro algo más frecuente de lo que desearíamos. Por lo tanto, estamos frente a algo inédito, pero que nos dará enseñanzas para el mañana. Y esto lo digo como país y no sólo como una parte de él.
5.El proceso de reconversión.
La premisa básica en relación a este proceso de cambio del eje productivo de la zona del carbón es que su desarrollo debe ser abordado por el sector privado, de modo que se aprovechen las ventajas comparativas existentes y que se generen ventajas competitivas permanentes en un período de tiempo prudente.
Ello pasa por identificar cuáles son los obstáculos de este proceso. El primero era muy claro; existía falta de infraestructura básica de enorme dimensiones que dificultaba y dificulta el acceso a los mercados nacionales y también a los frentes portuarios o de conexión con el mercado externo.
Algunos ejemplos: Ferrocarriles, en su ruta Concepción-Curanilahue, al igual que el resto del país, estaba colapsado en sus vías, de modo que la velocidad promedio era de 20 km/hora en su ruta Lebu-Novena Región, no funciona por mal estado de la vía.
En caminos primarios, la principal conexión con Concepción o sus puertos estaba muy deteriorada, y todo el sector sur de la provincia de Arauco, aislado del resto del país. En rutas secundarias y comunales, el abandono es total.
En teléfonos, Curanilahue mantiene hasta el día de hoy una central a magneto digna de un museo. Los teléfonos celulares no operaban.
En puertos especializados, como son los pesqueros, no existía ninguno operable. En puertos mayores, sólo existen las instalaciones de embarque de carbón en Coronel y Lota. En obras de regadío, salvo una en Cañete, no existe nada en la provincia de Arauco ni en la comuna de Coronel, que posee tierras agrícolas.
No existen parques industriales, ni loteos industriales, ni forma parecida para localización de la industria manufacturera, principalmente porque la misma es casi inexistente en esa área, salvo en Coronel y en la comuna de Arauco.
La llamada infraestructura de apoyo a la actividad productiva, como son los servicios financieros, los de consultoría, los institutos de investigación o algo parecido; los servicios de apoyo, como mantención y reparación de máquinas y herramientas, etc., está en una situación parecida a lo ya descrito, vale decir, es escaso o inexistente. Lo señalado revela la magnitud de la tarea que se debe enfrentar y que el Gobierno ha comenzado a realizar. En primer lugar, se ha hecho un gran esfuerzo para crear una red de comunicación vial permanente. Para ello, se ha construido o se están construyendo por el MOP nuevas salidas hacia la Novena Región; se están mejorando las rutas hacia
Concepción, es decir, doble calzada, tres pistas, by pass, de modo de acercar la zona a otras áreas del país. Ferrocarriles también ha anunciado obras de mejora en la ruta Curanilahue-Concepción, lo cual significará duplicar la velocidad (llegar a 40 km/hr promedio), a fin de contribuir a bajar los costos del transporte y a despejar los caminos de la zona. En telecomunicaciones, la CTC ha adelantado sus obras de instalaciones de fibra óptica, de modo de dejar con un óptimo sistema al área durante este año. Curanilahue cambiará pronto su vieja central y la telefonía celular estará operando. Como una forma de darle un destino definido a Lebu, se está construyendo un puerto fluvial pesquero, aspiración de la comunidad por muchos años. Estará terminado durante 1994 y no sólo es interesante por las consecuencias económicas para Lebu, sino porque es un ejemplo de la ingeniería nacional en ríos embancados. Paralelamente se ha desarrollado una red de instalaciones pesqueras artesanales que permitan incrementar dicha actividad, a fin de permitir la instalación de empresas que procesen pesca fina, que existe de manera abundante en la zona.
Se destaca acá el puerto artesanal de Lo Rojas, en Coronel, y el varadero artesanal en caleta El Blanco, en Lota.
Por estimar que la actividad agrícola es de importancia para superar la crisis, se estudia la construcción de obras de regadío en la zona de Cañete, que tiene fuertes potencialidades al efecto. Por otro lado, se incentivan actividades de tipo hortofrutícola en otras comunas, ya que existe un mercado importante en la zona de Concepción metropolitano, que se abastece desde la zona interior.
Una potencialidad evidente es la forestal, que hasta ahora es aprovechada sólo de manera parcial. Las empresas asociadas al sector trabajan en estos momentos en proyectos que significan un mayor procesamiento, pero lo hacen con una velocidad menor a la deseable para el proceso de cambio del eje productivo. Obviamente, si se quiere apresurar esto, deben colocarse los incentivos que lo hagan atractivo para el sector privado. En este sentido, el sector privado, a través de su principal organización, ha señalado la conveniencia de generar un subsidio a la mano de obra que permita ese incentivo adicional que el sector requiere. Esta iniciativa está siendo analizada por los organismos encargados del proceso de reconversión, así como otros mecanismos que operan en igual sentido.
Quisiera enumerar algunas acciones llevadas a cabo por las instituciones de Gobierno en el marco del proceso de reconversión.
Agencia de reconversión y proyecto en marcha.
1.Agencia de Reconversión.
a)Estudios realizados o en vías de realizarse.
Potencialidades de la pyme en la zona.
La industrialización de la madera.
Restricciones para el desarrollo agrícola.
La oferta pesquera artesanal para industrias procesadoras (seminario realizado en conjunto con la Universidad Católica).
Identificación de industrias innovativas a difundir en la zona (seis perfiles de proyectos realizados por Fundación Chile).
Alternativas de nuevas inversiones para la zona del carbón (Corfo).
Plano seccional costero de Coronel.
Estudio de impacto ambiental del proyecto de inversión pesquera.
Estudio socioeconómico por comuna de la zona del carbón (seis estudios en curso).
Estudio de la viabilidad técnica de las empresas carboníferas de la Octava Región (Cimm).
Evaluación desde el punto de vista de los trabajadores de los estudios sobre las empresas del carbón (en el marco de la Comisión Bipartita Gobierno-Trabajadores).
Efecto de la capacitación dictada al amparo de la ley N° 19.129 en el empleo (estudio de seguimiento).
Oferta de capacitación de la zona.
45 estudios de factibilidad de ideas presentadas por extrabajadores del carbón.
Estudio acerca de la estructura de la propiedad agrícola y forestal en la provincia de Arauco.
b)Coordinación con otras entidades públicas.
Difusión y aplicación de los instrumentos Corfo de apoyo a la pyme.
Solución a los problemas operativos de Sence y Sercotec, en la aplicación de la ley N° 19.129.
Convenio de cooperación técnica con Sernap.
Programa de asistencia técnica, a través de Acgi, con Japón y Alemania.
Construcción del puerto para pesca artesanal en Lebu, a través de la Dirección de Obras Portuarias.
Relación de colaboración con Infor y Funcap.
Trabajo permanente con el gobierno regional para diseñar un plan de emergencia para la zona y una propuesta de desarrollo estratégico.
Equipo de apoyo en la gestión municipal (comenzó a operar en julio del 93).
Programa especial de viviendas sociales para Lota y Curanilahue, en conjunto con el seremi de Vivienda.
Plan especial de financiamiento para proyectos presentados por exmineros con el Banco del Estado.
Concurso de microproyectos productivos con el Fosis.
Feria de la creatividad juvenil con INJ en Lota.
Definición de "línea máxima marea" en Coronel y Lota, con Subsecretarías de Bienes Nacionales y de Marina.
Búsqueda de financiamiento especial para la emergencia con Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subsecretaría de la Presidencia y Subsecretaría de Hacienda, aún pendiente.
Apoyo en la difusión del Programa de Reconversión, solicitado a la Subsecretaría de Gobierno, en curso.
Identificación de proyectos viales intensivos en mano de obra, reiteradamente postergados por falta de presupuesto, con la Dirección de Vialidad.
Financiamiento especial para proyecto de Instituto de Educación Superior en Lota, no acogido por la Dirección de Presupuestos.
Acelerar inversiones en la zona, por parte de EFE.
Resolver diferencias entre EFE y Vivienda por terrenos en Curanilahue.
Licitación de sitios industriales Enacar.
Proyecto de apoyo de Enacar al proceso de reconversión.
c)promover algunos proyectos privados mayores.
Ampliación de la red telefónica.
Puerto de Coronel.
Pesquera del Norte.
Lota Protein.
Parque Industrial de Coronel.
Andino II (fallido).
e)atención directa de mineros del carbón.
Oficinas de reconversión laboral en Lota, Curanilahue y Lebu.
Capacitación en aplicación de la ley N° 19.129 a personal de las OMC, de las cinco comunas afectadas directamente.
Atención directa a más de 500 extrabajadores del carbón.
Convenio con organismos especializados en Coronel, Lota, Curanilahue y Lebu para apoyar proyectos productivos provenientes de exmineros.
f)gestiones especiales.
Seminario de planificación estratégica para la zona, con gobierno regional y gobiernos comunales.
Coordinación de comisión bipartita del carbón Gobierno-trabajadores de empresas del Estado.
2.Proyectos en marcha de otros entes gubernamentales.
a)Obras viales.
Todas las obras que a continuación se indican son parte de la programación de Vialidad, diseñadas con anticipación a la crisis del carbón. En algunos casos, estas obras se anticiparon como apoyo al proceso. Sólo recientemente se están planteando nuevas ideas.
Camino Coronel-Patagual: se licita este año.
Ensanche de Corone-lLota: en curso
Camino Arauco-Curaquilla: en curso
Reposición puente Lebu: en curso
Mejoramiento Peleco-Tirúa: en curso
Reposición puente Ramadilla: en curso
Curanilahue-Nacimiento: no hay avance
Estudio Carampangue-Sta. Juana: en curso
Estudio Coronel-Carampangue: en curso
Estudio Cañete-Cayucupil: en curso
Estudio Antiquina-Purén: en curso
Estudio Llico-Los Piures: en curso
b)Obras portuarias menores:
Puerto de Lebu: en curso
Caleta Lo Rojas: en curso
Varadero El Blanco: en curso
Caleta Laraquete: en curso
Acceso caleta El Blanco: pendiente
Acceso caleta Lo Rojas: pendiente
c)Obras de riego
Reparación canal Cayacupil: en curso
Estudio canal Peleco: terminado
Estudio canal Curicó: terminado
Estudio canal Quiapo: terminado
d)Viviendas Sociales:
Centro Urbano Curanilahue: se traspasan terrenos de EFE para proceder a la construcción de 204 viviendas.
Lota: se finaliza construcción de 187 viviendas en septiembre.
3.700 soluciones habitacionales (entre 1991 y 1993).
e) Ferrocarriles.
Programas incentivados desde la Ageca:
Traslado de estación de Curanilahue: en proceso
Mejoramiento de red para aumento de velocidad de circulación: en proceso
Acceso a Parque Industrial: en conversaciones con la Empresa.
Anegamiento de vías: en proceso
Forestación de terrenos de EFE, ribereños al Biobío: estudio de factibilidad en análisis con Ageca
Ferrocarril CuranilahueLos Alamos: pendiente
Metrotrén Lota-Concepción: descartado
f)Educación:
Reorientación de tres liceos: en curso
Centro de Educación Superior en Lota: paralizado
Liceo Técnico Mecánico en Llico: paralizado
Centro de Capacitación Turística en Contulmo: estudio en análisis
g)Essbío.
Planta de tratamiento de aguas en Curanilahue: en proceso
Alcantarillado en Lota: en curso
Mejoramiento de red de agua potable en Lota y Lebu.
h)Enacar y Carvile.
Todos proyectos en estudio que se discuten con los trabajadores, en el marco de la Comisión Bipartita:
Fundación de salud para la zona del carbón: Hospital de Lota e Iscar.
Puerto de Lota.
Maestranza.
Hotel para Lota (en conversación con interesados).
Sede universitaria (no hay universidades interesadas si no se encuentra financiamiento)
Empresa de servicios computacionales.
Incubadora de empresas en Lota.
Explotación del frente "La Chulita".
Maestranza en Lebu.
Parque Industrial en Curanilahue y Lebu.
Varadero en Lebu.
Sociedad Agrícola en Lebu.
Licitación de pique Caupolicán, Cólico.
Licitación de otras pertenencias de Enacar.
Está claro, a la luz de lo anterior, que el Gobierno del Presidente Aylwin no descarta ningún mecanismo de apoyo para el proceso, pero que se prefiere aquellos que sean lo menos distorsionantes y que potencien actividades con posibilidades reales de alcanzar ventajas competitivas, como las relacionadas con lo forestal y la pesca. Existen muchas iniciativas en curso con enormes perpectivas en el tiempo: loteos industriales en Curanilahue y Lebu; grandes obras de mejoramiento urbano y, en general, para mejorar la calidad de vida de la zona; cambios en la educación secundaria, de modo de generar capacidades técnicas; mejoras en salud; apoyo a iniciativas privadas, como la instalación de un puerto mayor en Coronel, y a diversas empresas manufactureras en toda el área. Todo ello ha significado un crecimiento de la inversión pública en montos nunca ante vistos en la zona, en términos reales.
Con esto se ha ido demostrando la voluntad política del Gobierno por llevar adelante el proceso de reconversión, para permitir que las futuras generaciones tengan una vida distinta.
Pienso que es de justicia reconocer la gran preocupación real y efectiva de éste Gobierno, que es el mío, encabezado por el estadista Patricio Aylwin.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Se suspende la sesión hasta las 15.30.
Se suspendió a las 14.20 y se reanudó a las 15.30.


13.MODIFICACIONES A NORMATIVA TRIBUTARIA. Tercer trámite constitucional.

El señor MOLINA (Presidente).- Se reanuda la sesión.
Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto que modifica diversas disposiciones de la normativa tributaria.
Las modificaciones del Senado están impresas en el boletín N° 1032-05 y figuran en el número 2 de los documentos de la Cuenta de esta sesión.
El señor MOLINA (Presidente).- En espera de que llegue el texto con las modificaciones del Senado, se suspende la sesión por 15 minutos.
Terminada la suspensión.
El señor MOLINA (Presidente).- Continúa la sesión.
Propongo a la Sala discutir y votar en conjunto las modificaciones.
Acordado. 
Solicito el asentimiento de la Sala para que ingresen a la Sala el Director y el Subdirector de Impuestos Internos, señores Javier Etcheverri y René García, y el asesor del Ministro de Hacienda, don Manuel Marfán.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, en atención a que el Senado despachó sólo en la mañana de hoy el proyecto de reforma tributaria y no hemos tenido tiempo de leerlo, quiero sugerir que el Ministro de Hacienda o el Director de Impuestos Internos pudieran hacer una breve exposición para conocer las principales modificaciones que ha introducido el Senado, o bien, suspender la sesión por 15 ó 20 minutos para poder leerlas. No podríamos discutir ni votar algo que no conocemos.
El señor MOLINA (Presidente).- Debo informar a Su Señoría que ya solicitamos al señor Ministro lo que usted acaba de proponer. También el Diputado don Andrés Palma hará una breve exposición.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en la mañana de hoy el Senado aprobó el proyecto de reforma tributaria; mantuvo el fondo del texto aprobado por la Cámara y sólo introdujo algunas modificaciones, a las cuales me referiré según el tema.
En primer lugar, respecto de los mecanismos de incentivo al ahorro, que consistía fundamentalmente en que para quienes invirtieran en determinados instrumentos financieros se difería el pago del impuesto por el monto ahorrado, el Senado introduce en forma adicional una exención para montos retirados por un máximo de dos millones de pesos al año, que corresponden a 10 unidades tributarias anuales. O sea, se mantiene el mecanismo y se agrega un elemento adicional de acuerdo con la observación formulada por parlamentarios, tanto en la Cámara como el Senado, en cuanto a que la mera postergación del pago de impuestos no constituye incentivo suficiente y es necesario que una parte de los ingresos generados por estos ahorros no tributen. Esto es lo que recoge e introduce el Senado.
El segundo punto se refiere a las donaciones, las que, también por indicaciones planteadas por los señores parlamentarios, se extienden a la educación preescolar y a las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores. Nos pareció bastante lógico extender su cobertura a este tipo de instituciones, dado el espíritu con que se había aprobado en general en esta materia.
Siempre dentro del mismo tema, se estableció que los proyectos que fueran objeto de donaciones deberían ser informados al intendente, y que a su vez, una vez al año, los intendentes de las respectivas regiones hicieran pública la información de las instituciones beneficiadas por las donaciones, no respecto de los donantes.
En otro aspecto también se perfecciona el mecanismo de donaciones por parte del Senado. Se introduce y perfecciona el concepto de proyecto educativo y se permite, por lo tanto, que las empresas hagan donaciones para uno determinado, entendiéndose por tal un proyecto coherente, cuyo desenvolvimiento en el tiempo sea de un período mínimo de cuatro años, en el cual los donantes se comprometen a financiarlo.
En lo que el Senado innova es en las alternativas u opciones que se dan a los donantes para financiar el proyecto. Una consiste en extender las posibles donaciones no sólo al financiamiento de infraestructura o inversiones que los establecimientos educacionales puedan hacer, sino también a los gastos operacionales recurrentes, como mejoramiento de remuneraciones, programas de capacitación de los docentes involucrados, etcétera.
La objeción inicial del Gobierno a esta extensión tenía que ver con lo que ocurría después de los cuatro años, si con la donación se estaban pagando gastos de carácter permanente. La fórmula aprobada por el Senado introduce dos perfeccionamientos a esta posibilidad. El primero ofrece la alternativa de financiar gastos recurrentes mediante un mecanismo en el cual los donantes, por cada peso que donan para estos gastos, tendrían que entregar otro que formaría parte de un fondo permanente, cuya rentabilidad permitiría sustituir de modo gradual los gastos recurrentes que inicialmente están financiados por la donación. El segundo consiste en que si el establecimiento educacional que plantea un proyecto educativo va a financiar gastos operacionales tendría posiblemente otro esquema más, ya que obtendría para ese financiamiento el respaldo de un conjunto de empresas, siempre que ninguna de ellas financiara más del diez por ciento del proyecto; es decir, si un proyecto educativo tiene el respaldo en la donación de diez empresas distintas, suponemos que son menores las probabilidades de que al cabo de los cuatro años quede sin financiamiento. Requeriría la simultaneidad de decisión de diez donantes que deseen sustraer su apoyo a determinado proyecto. Por lo tanto, disminuye la probabilidad de que este financiamiento vuelva a ser una obligación para el Fisco.
Son dos opciones alternativas que puede escoger el donante.
Esto es en lo que se refiere a las donaciones. En resumen, se extienden a los preescolares y a las instituciones colaboradoras del Sename, dentro de las instituciones que pueden recibirlas; se introduce la necesidad de aprobación del intendente y se establecen las dos opciones para operar el mecanismo recientemente descrito, cuyo objetivo principal es facilitar la donación para gastos operacionales, corrientes y recurrentes.
En tercer lugar, se produjo una modificación menor, pero significativa, en los esquemas de financiamiento compartido aprobados por la Cámara. Había una deficiencia de carácter técnico en el artículo que decía que serían elegibles para el financiamiento compartido los establecimientos subvencionados el año anterior, que impediría incluir establecimientos educacionales nuevos, que no podrían optar a ser sujetos de donación por estar recién en funciones. Por lo tanto, se corrige esta redacción estableciendo que será necesario que sean establecimientos subvencionados el año anterior o que no estaban en funcionamiento ese año.
Un cuarto aspecto se refiere a la doble tributación. Como los señores Diputados recordarán, ésta se refiere a la doble tributación que deben pagar algunas empresas chilenas que invierten en el exterior. El Senado extiende la cobertura de exención de la doble tributación a las empresas chilenas exportadoras de servicios situación no incluida en el proyecto original, tales como asesorías técnicas en el exterior o pago de "royalties" por marcas chilenas en el exterior. Estos son los cinco aspectos en los cuales innovó el Senado, que están dentro del contexto del proyecto aprobado por la Cámara. No hay cambios fundamentales; corresponden a perfeccionamientos más bien técnicos. Por lo tanto, la discusión del proyecto en tercer trámite constitucional se ve enormemente facilitada.
Muchas gracias.
El señor PALMA (don Andrés).- Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, quiero complementar en forma muy breve lo señalado por el Ministro, con dos informaciones importantes de destacar para los efectos del debate que sostendremos.
La primera es que cada una de las modificaciones introducidas al proyecto fue aprobada por la unanimidad del Senado, lo que puede ser un antecedente sobre el grado de consenso alcanzado en esa Corporación respecto de las materias que ahora nos corresponde discutir.
Asimismo, las modificaciones relacionadas con el incentivo al ahorro corresponden a aspectos planteados durante la discusión en general y en particular en la Cámara, y que el Ejecutivo se comprometió a estudiar e incluir mediante indicaciones en el Senado. Por lo tanto, el proyecto aprobado por el Senado corresponde a inquietudes planteadas en la Cámara, fundamentalmente la que otorga un estímulo al ahorro a personas de ingresos medios. Al eximir del pago de impuestos los retiros hasta por dos millones de pesos al año que efectúen los ahorrantes acogidos al sistema de pago diferido de impuestos, se recoge lo que planteamos en la Cámara y se resuelven problemas a veces domésticos pero muy importantes, como los relativos a la salud que debe enfrentar en un momento determinado una persona que está ahorrando con otro propósito. Esta situación, planteada durante la discusión en la Cámara, también queda resuelta.
Por otra parte, las modificaciones introducidas a las donaciones con fines educacionales, en el sentido de extenderlas a la educación preescolar y a los colaboradores del Sename, también fueron planteadas en la Cámara, y todas las indicaciones que el Ejecutivo se comprometió a enviar fueron acogidas por el Senado.
También discutimos la posibilidad de ampliar el ámbito de las donaciones a un proyecto educativo, materia señalada en la Comisión por sectores empresariales, por la Sociedad de Fomento Fabril y por la Conferencia Episcopal de Chile.
En este sentido, el haber acogido la idea no significa que ésta sea nueva, porque el asunto ya se había discutido. Existía la voluntad de proponerla, pero la Cámara carecía de facultades para ello, y ha sido el Ejecutivo el que las ha desarrollado en el Senado.
Hay una innovación en la ley de donaciones. Se había establecido la participación del gobierno regional en la aprobación de proyectos de donaciones a través del intendente y de los secretarios regionales ministeriales de educación. El Senado ha dejado la responsabilidad sólo en el intendente. Este es un cambio que no habíamos discutido, aun cuando se había modificado sustancialmente la norma respecto del proyecto original del Ejecutivo.
El Ejecutivo se comprometió en la Cámara a reestudiar la participación de los municipios en el financiamiento compartido en establecimientos de educación media municipales. Presentó una indicación para retirar la norma, pero el Senado la rechazó. Por tanto, el proyecto quedó tal cual fue despachado por la Cámara.
El tema de la corrección a que aludía el señor Ministro, respecto de qué establecimientos pueden acogerse al sistema del financiamiento compartido, se discutió en la Cámara.
En ese sentido, la modificación introducida al proyecto y que figura en el comparado resuelve un punto discutido en la Sala, en términos de excluir de esa posibilidad a establecimientos que hoy son plenamente financiados por particulares. La disposición tiene una nueva redacción, que sólo permite acogerse al financiamiento compartido a establecimientos que en el año anterior han sido gratuitos, subvencionados o no funcionaban.
Como se analizó en la Sala, el mal uso del financiamiento compartido podía significar una alteración del espíritu que se tuvo en vista, de focalizar el gasto de educación hacia sectores de menores ingresos. Con la modificación se excluye a los sectores de ingresos altos de la posibilidad de obtener el beneficio.
Por último, sobre la doble tributación, la modificación del Senado resuelve fundamentalmente una inquietud planteada por la Asociación Gremial de Ingenieros Consultores, porque al extenderse la doble tributación a los exportadores de servicios, condición que cumple la mayoría de las empresas consultoras de ingeniería del país, la rebaja del impuesto pierde el elemento de cuestionamiento, ya que obtienen un beneficio tributario adicional al señalado cuando se discutió el proyecto en la Cámara.
Las modificaciones del Senado no introducen elementos nuevos a lo que esencialmente había aprobado la Cámara. Por tanto, pido a los colegas aprobarlas para posibilitar el ingreso la próxima semana del proyecto de Ley de Presupuestos, que el Ejecutivo se ha comprometido a enviar una vez que despachemos éste, que ha tenido, por así decirlo, un trámite acelerado.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES Señor Presidente, en verdad, quiero abordar un punto que ya planteamos en la discusión del segundo informe de este proyecto y que se refiere al financiamiento compartido de la educación media diurna administrada por las municipalidades.
Con sorpresa, descubrimos que el segundo informe de la Comisión de Hacienda incorporaba un cambio en la modalidad de financiamiento de la educación pública de nivel medio en Chile, lo que durante el régimen pasado, en muchas ocasiones, se intentó modificar. Hubo consideraciones que llevaron a mantenerlo en los términos en que estaba. Desgraciadamente, no tuvimos tiempo para debatirlo, ya que, sin mayor discusión, se toman decisiones respecto de un problema bastante sustantivo. Lamentamos que en el marco de un proyecto que debía tener un tratamiento tan acelerado en función de la Ley de Presupuestos se tocara esta materia. Estamos convencidos de que el Estado tiene la responsabilidad de financiar la educación pública. Cambiar ese criterio, a lo menos, amerita un debate nacional de otras características.
La modalidad de financiamiento compartido ha demostrado tener grandes defectos porque, en definitiva, implica que el Estado disminuye su aporte, cuando éste lo realizan los padres.
Es cierto que este proyecto modifica el ritmo de disminución del aporte del Estado, pero establece la posibilidad de que en la educación media municipal haya financiamiento compartido; es decir, si hay aporte de los padres, el Estado disminuye el suyo.
A mi juicio, este cambio es bastante profundo y complicado. Estoy convencido de que para una mayor responsabilidad estatal en la educación media pública es fundamental que haya más recursos del Estado, y legislar hoy en función de establecer la modalidad de financiamiento compartido para la educación media es un retroceso desde este punto de vista. No estoy en desacuerdo con que haya aporte de los padres, pero debe ser adicional a la responsabilidad básica del Estado.
Hay demandas de colegios en las comunas de Santiago, Las Condes o Providencia, donde los padres pueden hacer un mayor aporte en este tipo de colegios, pero debería ser un agregado a los recursos que invierta el Estado para que esos colegios puedan mantener su calidad histórica. Sin embargo, esto no implica establecer la modalidad de financiamiento compartido, que fue concebida para el sector particular. Se trata de crear otra forma de aporte de los padres.
Entendemos que el Ejecutivo presentó una indicación en el Senado para retirar el inciso que se refiere a la extensión del financiamiento compartido a la educación media diurna administrada por las municipalidades, lo que no fue aprobado por esa Corporación. El tema se presentó originalmente y lamentamos que el Senado no lo haya modificado.
Soy Diputado por un distrito que ha sufrido el tema del financiamiento compartido. En 1992 hubo catorce colegios con esa modalidad, que se impuso de una manera brutal a los padres. Para el próximo año, el Colegio La Salle, que es particular subvencionado, ha anunciado, a sólo un mes de decidir el cambio del sistema de financiamiento, que se deberán pagar quince mil pesos, porque deben concluir el proceso de matrícula en noviembre.
Creemos que la modalidad de financiamiento compartido, como lo propusimos en la Comisión de Educación en más de una ocasión, requiere de todas maneras que su aplicación se avise con más de un año de anticipación, de tal manera que los padres puedan decidir el cambio de sus hijos. Hoy sólo tienen un mes desde que se les comunica hasta el momento de la decisión, y en ese plazo, sobre todo en comunas como La Florida, donde en 1992 se aplicó en doce colegios, no hay posibilidades de encontrar otras alternativas de educación.
Para que un colegio municipal de educación media pase al sistema de financiamiento compartido, se ha propuesto que debe haber un acuerdo de la mayoría de los padres. A veces, el problema en esos colegios puede estar, no en la mayoría, sino en el resto de los padres.
También se establece un beneficio de gratuidad, que es bien discriminatorio, como ocurre en el colegio Shira Yuric de La Florida, donde con el Ministerio de Educación logramos becar al 20 por ciento de los alumnos. En verdad, estar becados y con gratuidad hace sentir mal a algunos alumnos. Debería existir una modalidad nueva; por ejemplo, que los padres aportaran recursos que no tuvieran que depositarse en el fondo nacional, sino que quedaran en los propios colegios. Asimismo, deberían modificarse los plazos para que esta modalidad de financiamiento se pusiera en práctica.
La modificación que permitirá que las cadenas de colegios particulares, estas empresas, estos negocios, tengan hoy financiamiento compartido separado, va a acelerar el ritmo de cambio de modalidad, que dependerá de la situación de mercado existente. Hasta el momento había una cierta barrera, porque el cambio se autorizaba sólo para el conjunto de la cadena. Lamentamos que esta materia tampoco haya tenido un mayor debate.
Hablo con cierta pasión sobre el tema, por sus grandes implicancias hacia el futuro, ya que tiene que ver con el enfoque de cómo se financia la educación en Chile y cómo los padres aportan a la educación. La modalidad del financiamiento compartido se ha demostrado problemática y se ha incorporado sin mayor debate, refrendada por el Senado, lamentablemente hoy se va hacia su promulgación como ley de la República.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, en el primer trámite del proyecto de reforma tributaria en la Cámara, aun cuando los parlamentarios de la UDI no aprobamos la idea de legislar, señalamos que había varios puntos que eran muy rescatables, y precisamente en la discusión particular votamos a favor, entre otras cosas, la doble tributación, las donaciones y el financiamiento compartido, respecto del cual teníamos ciertas observaciones, como las señaladas por el Diputado señor Montes.
En el caso del incentivo al ahorro, nos abstuvimos. Sin embargo, el Senado ha dado una señal importante quizás no suficiente, pero distinta para incentivarlo mucho más sin que signifique una postergación del pago de impuestos, como aquí se ha señalado.
Por estas razones, y por tratarse de materias que sin duda han perfeccionado el proyecto, nuestra bancada votará favorablemente las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, junto con reiterar mi disposición de votar a favor, quiero agregar a lo expresado por el colega señor Andrés Palma que, una vez más, ha quedado en evidencia, al menos frente al Ministerio de Hacienda, que el Senado tiene más fuerza que la Cámara en el trámite legislativo, porque ha logrado aprobar una disposición que no tuvo igual suerte en esta Corporación, no obstante haber sido planteada varias veces tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala. En todo caso, agradezco al Ejecutivo que haya acogido esta disposición, que, en forma bastante satisfactoria permite recoger la inquietud planteada por la Asociación de Ingenieros Consultores y por todos los del área técnica que tienen competencia con consultoras extranjeras. Y destaco este punto, porque es importante que el Ejecutivo lo haya acogido y el Senado lo haya considerado favorablemente.
En consecuencia, quiero dejar constancia de nuestra especial satisfacción por que dicha inquietud haya sido acogida en este proyecto.
Es todo.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado don José García.
El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, como se ha dicho, el Senado introdujo una serie de modificaciones al proyecto sobre reforma tributaria, muchas de las cuales fueron señaladas oportunamente por la Comisión de Hacienda y por la Cámara.
En particular nos agrada que el Ejecutivo haya recogido nuestra sugerencia de rebajar el porcentaje de retención de impuesto en el caso de enajenación o liquidación forzosa de instrumentos de ahorro. Al despachar el proyecto al Senado, la tasa de retención se establecía en un 35 por ciento, que considerábamos excesiva y atentatoria al derecho de propiedad. El Senado la rebajó a un 15 por ciento.
En cuanto a los aportes de las empresas a los proyectos educativos, el Senado los define con un concepto mucho más amplio, en el cual incorpora los gastos de operación. Nos parece que éste puede ser un instrumento efectivo, pues suma a las empresas en el mejoramiento en la calidad de la educación.
En relación con el financiamiento compartido, estimamos que el proyecto establece los resguardos necesarios para evitar que se produzcan situaciones como las denunciadas por el Diputado señor Montes. Cuando el aporte de los padres llegue hasta 3 mil pesos, no habrá descuento por parte del Estado; es decir, hasta 3 mil pesos aproximadamente, el aporte de los padres se sumará al que realiza el Ministerio de Educación por la vía de la subvención. Cuando el aporte llegue hasta 6 mil pesos, el descuento será sólo del 10 por ciento por media unidad de subvención. Además, queda expresamente establecida la obligación de los estables cimientos educacionales municipales, administrados por las corporaciones, de atender gratuitamente a los alumnos cuyos padres así lo soliciten.
Creemos que con ello se está sumando el esfuerzo de los padres a la educación de los hijos, entendiendo que la educación es la inversión más importante que realiza la familia para procurarse un futuro de mayor progreso y bienestar. Por ello, no compartimos las aprensiones del Diputado señor Montes, y nos alegramos de que el Senado haya mantenido la posibilidad de que los establecimientos educacionales municipales puedan incorporarse a este sistema.
Por estas razones, los Diputados de Renovación Nacional votaremos favorablemente las modificaciones introducidas al proyecto por el Honorable Senado.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, todos hemos planteado que el problema de financiamiento de la educación debe ser abordado como nación. Esta materia está relacionada con las reformas tributarias y con los presupuestos de la nación, más aún cuando en la actualidad hay un conflicto con los sueldos de los casi 120 mil profesores del país.
Esta es una herencia que se arrastra desde 1981, cuando el producto geográfico bruto que se invertía en educación era de 4,5 por ciento, y se planteó el traspaso de los establecimientos educacionales del nivel central a las 325 municipalidades que había en esa época y que después se fue adecuando para formar 56 corporaciones en las municipalidades, en lugar de los departamentos de educación municipal.
Cuando asumimos el Gobierno, el producto geográfico bruto, que era para financiar educación, había bajado al 2,7 por ciento. Debido a eso, el Estado presupuestario era realmente deplorable. Obviamente, sus consecuencias las estamos sufriendo hoy.
En estos tres años y medio, este Gobierno ha mejorado los sueldos de los profesores, haciendo una inversión de 400 millones de dólares, suma absolutamente insuficiente para contrarrestar todo lo que se perdió durante largos años.
Por eso, quiero recordar que en el sistema educacional chileno existen alrededor de 10 mil establecimientos educacionales, de los cuales el 93 por ciento tiene como único financiamiento la unidad de subvención educacional; vale decir, el 7 por ciento corresponde a colegios netamente particulares aquí tomo la justa inquietud del Diputado señor Montes que se financian con aporte directo de los padres y apoderados.
Planteo esto porque estoy convencido de que si es un problema de Estado, debe haber una justa readecuación de los ingresos dentro del país. Respecto de sectores de altos ingresos, es bueno que surjan estos proyectos que autoricen donaciones, que estén liberadas de una serie de trámites. En el fondo, en cierta parte es un aporte directo del Fisco.
No soy partidario del financiamiento compartido en algunos establecimientos educacionales, porque con ello se incrementarán los gastos, especialmente de la clase media chilena tradicional, cuyos ingresos han disminuido desde hace años. Soy partidario de donaciones de empresas, de sociedades anónimas, de grandes empresarios, en forma real y efectiva. Por ejemplo, los colegios técnicos profesionales, que son alrededor de 72, son administrados por corporaciones de origen empresarial, las que tienen una subvención de 2,5 veces superior a la que normalmente reciben los colegios técnicos profesionales particulares subvencionados desde que asumieron su administración. Es decir, no hemos visto una disposición real de financiar en forma directa la educación chilena.
Planteo estas inquietudes porque nos queda mucho por avanzar, y no es bueno cargarle la mano a un sector de chilenos. Pienso que todos juntos debemos hacer un gran esfuerzo para aumentar sustancialmente el presupuesto para educación. Pero como hay que aprobar las modificaciones del Senado, a pesar de nuestras aprensiones, las votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.
El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, termina ahora la tramitación de la segunda reforma tributaria que el Congreso ha aprobado en este período.
Así como al inicio de nuestras sesiones una de las primeras leyes fundamentales que aprobamos fue un alza de tributos para financiar sanamente el gasto social que buscábamos expandir así, de manera transitoria, para medir su efecto en este período, hoy estamos por aprobar una norma de carácter permanente que permite mantener el financiamiento público existente para el gasto social que deseadnos reforzar.
No es que esta reforma vaya a permitir incrementar dicho gasto como desearía y pensaría con la demanda social de este momento de los profesores, pero al menos permitirá que no se reduzca, quizás en 600, 700 u 800 millones de dólares, en la discusión de la Ley de Presupuestos, el gasto del Gobierno en el próximo año.
Si esta reforma no se aprueba, tendríamos que discutir con los profesores cuánto menos les vamos a pagar el próximo año y no en cuánto más se les podrán incrementar sus salarios. Lo que tendríamos que discutir en la Ley de Presupuestos es cuántos hospitales tendríamos que cerrar respecto de los que hoy tenemos, en cuánto habría que reducir la transferencia tecnológica en los campesinos, en cuánto habría que disminuir el pago de pensiones a los jubilados, en qué monto habría que reducir nuevamente las asignaciones familiares u otros financiamientos sociales como el de la salud.
Por tanto, esta iniciativa es una piedra angular para combinar el crecimiento económico del país con una distribución más positiva del ingreso que permita atender las necesidades de los sectores más pobres y modestos.
Pienso que las disposiciones permanentes de este proyecto de ley, de establecer los impuestos a las empresas y el tributo del IVA, y de señalar la flexibilidad para el Presidente de la República de ajustarlos macroeconómicamente a las necesidades del país y a los cambios de los ciclos de la economía son avances muy relevantes.
Al mismo tiempo, en los artículos que están en comento, se establecen disposiciones para fomentar el ahorro e incrementar las donaciones y el aporte a la educación. Me parece que estas disposiciones en verdad son un primer paso y una experiencia. A futuro, la realidad nos enseñará nuevos caminos y rectificaciones.
Hemos establecido un mecanismo más justo del que existía hasta hoy para estimular el ahorro y me parece importante el acuerdo logrado en el Senado el que ya se había conversado en la Cámara de colocar un monto de retiro no tributable. Me parece adecuado el monto de 2 millones de pesos al año para distinguir o discriminar entre el ahorro de una familia de clase media de otras sumas de ahorro que no requieren, quizás, el mismo tipo de incentivo que los que estamos por colocar. Es un aporte relevante y estoy cierto de que la discusión económica de los próximos años será en torno a la inflación que sabremos manejar en forma adecuada, y no en cuanto a estimular la inversión y el ahorro para que el país crezca más. Este es un primer paso en tal sentido.
Al mismo tiempo, las reformas orientadas a permitir un mayor financiamiento en la educación buscan satisfacer un anhelo compartido por la sociedad chilena, de entender que sólo con una mejor y mayor educación el país puede progresar y dar mayor justicia social.
Sin embargo, las disposiciones que estamos por aprobar son el resultado de un debate muy rápido donde no ha habido el tiempo suficiente para evaluarlo como debiera. Fui partidario de desglosar estos artículos, de someterlos al debate de la Comisión de Educación de ambas Cámaras y, con una mayor ponderación del tiempo, de buscar un mejor equilibrio. Sin embargo, esto está asociado a la necesidad de despachar este proyecto de ley para, a su vez, iniciar la tramitación de la Ley de Presupuestos, tarea ineludible para cumplir con las normas básicas del funcionamiento regular del Congreso y de la Ley de Presupuestos para la economía del próximo año.
Por eso, apruebo estas normas en el entendido de que tendremos que continuar revisando su efectividad. En Chile hay sectores que tienen una educación con muy poco aporte, apenas con una USE de 5.800 ó 5.900 pesos al mes, mientras otros sectores gastan en la educación de sus hijos diez o veinte veces esa cantidad. Ahora, en la práctica se crea mediante el financiamiento compartido, una tercera zona, quizás de clase media, en la cual podrá haber un gasto por alumno de cuatro o cinco Uses.
¿En qué medida esto permitirá que sectores medios del país mejoren su educación, o, por el contrario, significará un aumento de los contrastes sociales y una menor posibilidad para las familias más modestas o más pobres? Es algo que dirá la experiencia y que a todos preocupa, particularmente a los Diputados del Partido Socialista.
Por ello, aprobaré las modificaciones tal como se han planteado, con la convicción de que tendremos que continuar revisándolas para que se orienten efectivamente a obtener un mayor financiamiento mediante donaciones efectivas de las empresas para, sin fines de lucro, promover la educación en Chile, con el objeto de que en los sectores modestos y populares del país la educación no sea el resultado de una empresa que busca una ganancia, sino del empeño colectivo para instruir más y mejor a nuestra gente.
Lamento que en el Senado no se hayan recogido las sugerencias que al respecto formuló el Ejecutivo. Con todo, personalmente, votaré a favor de todas las disposiciones para que este proyecto sea despachado. Sin embargo, pienso que es muy conveniente que el Congreso, en una próxima legislación, revise con más calma estas normas de educación.
Señora Presidenta, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Smok.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SMOK.- Señora Presidenta, intervengo en el debate para señalar y en el marco de las formalidades en la tramitación de una iniciativa, que el financiamiento compartido de la educación no fue visto en la Comisión técnica, lo cual amerita una reflexión.
Sin duda, todos tratamos que haya más recursos para educación. También estamos comprometidos en la búsqueda de la equidad, de la oportunidad y de la calidad de la educación que reciben los chilenos. En consecuencia, parece fundamental que los privados, particularmente los padres y apoderados, se hagan partícipes del proceso. Pero ¿esto permite al Estado retirar su participación en ese proceso? No se trata sólo de resultados prácticos, sino de un debate conceptual sobre las obligaciones mínimas del Estado.
Tengo la impresión de que no puede ir atrás de la responsabilidad que asume con sus ciudadanos en varios aspectos. Tal como planteamos la existencia de un paquete mínimo garantizado para salud, también debe haber una responsabilidad mínima para educación, respecto de la cual el Estado no puede retroceder. Sus Señorías me dirán que con el aporte de los padres puede mejorarse, pero es evidente que estamos ante un debate conceptual. Si el Estado puede ser reemplazado por la capacidad de pago de los privados, muchos estarían dispuestos a cooperar con el financiamiento de los juzgados donde litigan. Si también es cierto que pueden participar en el financiamiento de acciones que corresponden al Estado y como el rol de las Fuerzas Armadas y de Seguridad es la protección de la paz ciudadana, de la estabilidad y del cuidado de las inversiones, los más beneficiados podrían cooperar, entonces, con el financiamiento de las Fuerzas Armadas.
Si no estamos dispuestos a conceptualizar, podemos llevar el raciocinio al ridículo y al extremo. Debemos expresar, por lo menos en este momento de reflexión, los deberes mínimos en los cuales el Estado no puede retroceder.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Recupera la palabra el Diputado señor Estévez.
El señor ESTEVEZ.- He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.
El señor HUEPE.- Señora Presidenta, como el debate ha sido relativamente extenso y se han dado antecedentes y argumentos sobre la materia, me limitaré a dos observaciones.
En primer lugar, reiterar el tema de la oportunidad. Agradezco la buena disposición de todos los Comités para tratar esta reforma tributaria, que ha tenido que estudiarse muy rápidamente. Hoy hemos hecho una sesión especial para despachar el proyecto, lo que significa como lo han planteado quienes me antecedieron en el uso de la palabra que el Ejecutivo pueda enviar el proyecto de Presupuestos la próxima semana, para adelantar la discusión de esta iniciativa, fundamental para el funcionamiento del sector público. Eso mismo ha incidido en que, desafortunadamente y lo reconocemos, el tema del financiamiento compartido no haya sido discutido en profundidad. Sin embargo, sobre la base de esta misma argumentación, reitero que el ánimo del Ejecutivo fue retirar esta disposición. Se presentó la indicación respectiva en el Senado, el que por amplia mayoría acordó insistir en el criterio de la Cámara. Este punto, que ha suscitado gran parte del debate, no será votado esta tarde, porque fue aprobado en el Senado en los mismos términos en que lo fue en la Cámara, a pesar de la proposición del Ejecutivo de retirarlo.
El financiamiento compartido que comprende una serie de planteamientos positivos se ha aplicado sólo a nivel de la educación media. Ello no significa, de ninguna manera, que el Estado se sustrae de contribuir a la educación de todos los chilenos. La aplicación de este sistema tiene por objeto que los padres que tienen posibilidades, realicen un aporte, el que podría sumarse al estatal, que sería exactamente igual para todos los establecimientos. Me parece lógico que si los padres tienen para hacerlo, asuman parte del costo de la educación, y el Estado disminuya el monto de esta subvención. En definitiva, el Estado puede contribuir con más equidad al financiamiento de la educación.
Pero ése no es el tema de fondo. Esta materia seguirá preocupando a esta Corporación. En todo caso, la legislación sobre financiamiento compartido mejorará en el futuro.
En segundo lugar, quiero referirme brevemente a lo expuesto por el Diputado señor Latorre, que hoy ha estado algo masoquista y no quiere reconocer el papel cumplido por la Cámara de Diputados, y ha valorizado en extremo el del Senado. Al respecto, reitero lo planteado por el del Diputado señor Palma, don Andrés, y recuerdo al Diputado señor Latorre que las modificaciones centrales introducidas por el Senado fueron insinuadas o solicitadas por la Cámara.
En relación con los dos temas que se analizaron, reiteramos nuestra disposición. En cuanto al ahorro, el Ejecutivo anunció en el Senado la posibilidad de que hubiese retiros, sin que se tributara al respecto. O sea, después de un retiro forzoso se ha establecido un retiro de hasta dos millones de pesos, no se tributará sobre esa cantidad. Además, como pueden ver los señores Diputados en el informe, se simplificó el procedimiento, incluso la declaración administrativa. De manera que si alguien hace un ahorro, no tiene que detallar, ni siquiera presentar declaración, si retira menos de diez unidades tributarias anuales, que son aproximadamente dos millones de pesos.
Quiero rescatar que ésta fue una proposición discutida en la Cámara, sin el ánimo de iniciar una competencia con el Senado, al que le reconocemos su peso, pero hay que tener presente que no es menor el de la Cámara al respecto.
Señor Presidente, antes de entrar al segundo punto, concedo, por su intermedio, una interrupción al Diputado señor Latorre.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, no es masoquismo, sino que simplemente un error. En realidad, era primera vez, en tres años y medio de parlamentario, que manifestaba algo positivo del Senado; pero en vista de lo expresado, retiro lo dicho y felicito a los Diputados señores Huepe, Palma y a todos los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
El señor MOLINA (Presidente).- Puede continuar el Diputado señor Huepe.
El señor HUEPE.- Señor Presidente, en el tema de la doble tributación debo señalar que sin el deseo de polemizar mi estimado amigo y colega Latorre cometió una leve equivocación. En realidad, no se aceptó exactamente lo solicitado por la Cámara, pero hubo una compensación del Ejecutivo bastante positiva. Originalmente los consultores pidieron que se obligara a tributar a los consultores extranjeros en Chile en el mismo nivel de la tasa general, lo que implicaba la reducción del 40 al 35 por ciento. El proyecto, en definitiva, la disminuye al 20 por ciento, en virtud del número 2) de la letra k). Si bien el Gobierno rechazó lo sugerido, de acuerdo con lo que ha sido la política de intemacionalización de la economía no sólo respecto de los bienes, sino también de los servicios se evita la doble tributación de cualquier empresa de ingeniería que realice estudios de consultoría en el exterior. Es decir, se extiende la eliminación de la doble tributación para aquellos consultores chilenos que realicen tales estudios en el exterior. Más que disminuir la tasa de impuestos de los extranjeros en Chile, se ha legislado desde un punto de vista positivo, estimulando a consultores chilenos a que, tal como los exportadores de bienes buscan nuevos mercados, vean la posibilidad de realizar estudios de ingeniería en el exterior, cosa que, por lo demás, se está haciendo de manera bastante masiva. En ese caso, no existiría la doble tributación. En definitiva, no se aceptó lo pedido en primer lugar por la Asociación de Consultores, pero sí lo solicitado en subsidio.
Agradezco al Ejecutivo su disposición para aceptar esta parte de la petición de los ingenieros consultores.
Asimismo, agradezco la buena disposición de los colegas para despachar este proyecto con la rapidez que se requería.
En resumen, las modificaciones del Senado, y reitero lo dicho por el Diputado señor Palma, ya habían sido conversadas, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala y anticipadas por el Ejecutivo. Sólo quiero dejar constancia de esta situación.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, coincido con lo señalado por los Diputados señores Smok y Estévez. Sin duda, ha sido una lástima que este proyecto, en el aspecto educacional, no haya tenido un tratamiento especial, dado que lo que propone incide de manera sustantiva en la calidad de la educación, además de plantear cuestiones normativas sobre la participación del Estado en el proceso de la educación.
Lo que está claro es que hay una tendencia muy favorable que se empieza a advertir en esta legislación, reforzando la que existía -a que el financiamiento compartido sea una realidad importante en el país, tal vez aquella que, sin que se desentienda el Estado, permita que los padres comiencen a vincularse mucho más al proceso educacional de sus hijos.
La experiencia indica que, incluso en sectores muy modestos, los padres están dispuestos a participar en el proceso educacional de sus hijos, con un mínimo aporte, que de alguna forma les señale que tienen injerencia en el quehacer educacional de sus hijos.
Es distinta la situación de aquel que está enfrentado obligatoriamente a la gratuidad, a la de quien se beneficia de esa gratuidad, pudiendo hacer un aporte. Muchos padres están dispuestos a realizar un esfuerzo si se trata de mejorar la calidad de la educación de sus hijos y, a lo mejor, ese mismo aporte podría significar que en una administración descentralizada de la educación mejoraran las remuneraciones o algunos beneficios de su profesorado.
Esto va asociado a otra realidad que como Congreso deberíamos tratar.
Cada año se efectúa la prueba Simce, que mide la calidad de enseñanza. Sin embargo, los padres no conocen los resultados, ni mucho menos lo que en la comuna significan otros establecimientos. Sólo en algunos colegios se entrega el resultado. De manera que la opción de un padre de trasladar a su hijo a otra escuela cuya enseñanza sea de mejor calidad, no se manifiesta, en primer lugar, porque no se impone de los resultados, y, segundo, porque, de saberlos, su decisión sería diferente, incluso hasta estaría dispuesto a hacer un aporte para que su hijo se educara mejor. Considero este tema positivo. Es un elemento nuevo, que profundiza la reforma en este sentido; pero, a la vez, requiere que el proceso educacional sea mucho más público en cuanto a los resultados que se entregan sobre su calidad. Mientras la prueba Simce siga siendo un secreto para los padres, es muy difícil que quieran allegar recursos al proceso educacional de sus hijos. Estoy seguro de que desde el momento en que se sepa, muchos padres, estimulados, participarán en el proceso educacional de sus hijos, ya que van a estar pagando, y, en consecuencia, podrán hacer exigencias al establecimiento educacional.
Esto es muy innovador, y nada tiene que ver con que el Estado se reste a esto, porque perfectamente puede destinar de los recursos generales de la Nación los fondos que le quedarán liberados a infraestructura, a mejorar la calidad de la enseñanza o, derechamente, a mejorar la subvención cuando se requiera.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero hacer dos reflexiones, entendiendo la importancia de haber llegado a un acuerdo en el Senado, con el fin de garantizar un adecuado financiamiento al gasto fiscal y asegurar una perspectiva para nuestro país en los próximos años.
Dos temas me llaman la atención, y no puedo dejar pasar la oportunidad sin destacarlos.
No comprendo por qué estamos discutiendo materias de educación en el trámite de un proyecto destinado a prorrogar la reforma tributaria. No comprendo por qué se nos ha obligado a asumir este debate en el marco de esta iniciativa. Lo considero del todo inadecuado, porque no permite realizar un debate a fondo sobre el financiamiento educacional tema que ha estado en el tapete de la discusión a raíz del paro de los profesores, ni sobre los problemas de algunas regiones, en particular de una de ellas, que no cuenta con universidades fiscales, lo que podría haberse solucionado si en este proyecto se permitiera un aporte del sector privado para la educación superior en esa región.
Por tal motivo, la Sexta Región sigue postergada. Es la única de Chile continental que no tiene universidad fiscal.
En todo caso, el tópico más de fondo es si este sistema de financiamiento compartido conviene o no al país y si permite cerrar la brecha entre los dos sistemas educacionales a los cuales acceden los chilenos.
Tengo serias dudas y quiero plantearlas al señor Ministro respecto de si esta alternativa ayuda en algo a las comunas más pobres, o si, por el contrario, va a mantener una situación negativa.
El segundo punto es más bien una consulta al señor Ministro de Hacienda y a sus asesores.
A mi entender, el texto no refleja los acuerdos que han posibilitado la aprobación de esta ley. Hemos leído en la prensa algunos elementos de dichos acuerdos, lo que nos ha permitido conocer algunas condicionantes planteadas para contar con los votos favorables de algunos Senadores de Renovación Nacional, en particular, el del Senador señor Jarpa. Uno de esos tópicos fue planteado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Hace semanas que estamos esperando una respuesta de Hacienda. En lo personal, me siento con derecho a conocer el contexto de los acuerdos políticos en tomo a los cuales estamos aprobando este proyecto. Entiendo la importancia de garantizar un financiamiento adecuado al gasto fiscal; asimismo, que la Concertación no tiene mayoría en el Senado y, por lo tanto, es legítimo negociar. Pero también considero oportuno que todos los temas sean expuestos en esta Sala para conocer bien el contexto en el cual se ha llegado a estos acuerdos.
En forma muy específica, la prensa menciona una petición de algunos señores Senadores para rebajar ciertas deudas, con el fin de que esta iniciativa cuente con sus votos favorables.
Espero que ese requisito, que el señor Ministro de Hacienda, y el Gobierno respetarán como siempre lo han hecho cuando han comprometido su palabra, permitirá contar en el futuro con una iniciativa justa, que resolverá un problema de fondo que se arrastra desde muchos años en nuestro país, iniciativa que hemos planteado, por lo que me ha correspondido hablar con el Ministro de Hacienda al respecto. Me gustaría, al votar este proyecto, tener la tranquilidad de que será así, y no que hoy demos nuestra aprobación a este proyecto y a los acuerdos logrados para que mañana se nos presente una iniciativa que no podremos respaldar, debido a nuestras convicciones y posiciones que hemos mantenido públicamente en esta Sala y en la Comisión de Agricultura.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
Manifestaciones en la Sala.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero reiterar lo dicho, a pesar de las pifias, por considerar que el financiamiento compartido de la educación pública no es un tema menor y amerita más debate. No basta con decir "Estamos de acuerdo". Aquí se puede iniciar algo que, por lo menos una parte de los chilenos, no compartimos. El concepto que sostenemos algunos es que el Estado tiene la responsabilidad de financiar la educación pública, la que, incluso, sirve para regular la calidad y las características de la educación privada, etcétera.
El financiamiento compartido no nos equivoquemos no es un concepto abstracto, es una modalidad regulada en un decreto, con normas y procedimientos, y es la manera en que el Estado empieza a retirar recursos de la educación. Eso es el financiamiento compartido. Se usa para la educación particular subvencionada. Si el colegio decide pasar al financiamiento compartido, el Estado le disminuye el aporte. Ese es el concepto, ésas son las normas, y hay procedimientos para estos efectos.
Como concepto, creemos inadecuado que el Estado retire parte de sus recursos de la educación pública.
No decimos que "no" al aporte; al contrario, se debe buscar otra modalidad para canalizarlo. La actual modalidad es mala, porque una parte va a otros fondos. Los padres no tienen la garantía de que lo que ellos aportan quede como algo adicional a lo que aporta el Estado en determinado colegio.
También debo puntualizar que lo que actualmente aportan los padres en la educación básica y media es realmente importante. Yo pregunto: ¿Quién pone hoy día los vidrios en los colegios públicos? ¿Quién pone la pintura? ¿Quién pone la cera? ¿Quién hace el aseo? ¿Quién levanta sus murallas? ¿Es el Estado? ¿Se utilizan recursos públicos? No; son los padres quienes financian todo esto.
Entonces, no es una novedad lo del aporte; pero se deben buscar mejores maneras de canalizarlo. A mi juicio, muchas de las cosas que los padres hacen en los colegios básicos deberían ser de responsabilidad del Estado.
En el régimen pasado se impuso a los padres, por la vía de deprimir su infraestructura, los vidrios y todo lo demás, la obligación de realizar grandes esfuerzos para que los colegios públicos tuvieran las mínimas condiciones de decencia.
Creo que esta materia amerita un debate mucho más calmado y en profundidad para determinar cómo vamos a financiar esto.
Estoy de acuerdo con el Diputado señor Bombal en cuanto a buscar la manera de canalizar bien el aporte de los padres. En lo que discrepo, es en que el Estado disminuya su aporte, porque la modalidad de financiamiento compartido es un error, un equívoco, un mal camino y un mal concepto.
Además, quiero decir al Ministro que debemos tener cuidado con las cuatro Uses que se plantean ahora, porque puede ocurrir que de un mes a otro se puede pasar de cero, a pagar 15 mil ó 24 mil pesos en un colegio. Eso está ocurriendo en estos momentos. Y los padres sólo tienen un mes para decidir. Distinto sería estoy hablando de los colegios particulares si en el primer año solamente se cobrara una Use y en segundo se aplicare otra escala. Pero la verdad es que hoy día se les impone una condición de fuerza muy complicada a los padres. Esto influye más en zonas de expansión de la ciudad, como La Florida o Maipú, situación que no es igual en el resto de la ciudad. No es casual que en La Florida tantos colegios se hayan pasado a esta modalidad, por lo que hemos sufrido más esta situación y tenemos una visión más directa de los problemas que conlleva el sistema de financiamiento compartido.
Insisto: éste no es un tema menor; requiere de una reflexión mayor. Al final, podríamos tener un cambio si se inicia algo que no queremos. Aquí no ha habido debate sobre los cambios en el sistema de financiamiento de la educación.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, pare evitar preocupaciones y malentendidos, le solicito que, si lo tiene a bien, pida la unanimidad de la Sala para incorporar a la Cuenta de la sesión de hoy el acuerdo tributario entre el Gobierno y parte de la Oposición. De esa manera nos evitaremos el problema de que algunos Diputados tengan o no conocimiento de lo que sucede.
El señor MOLINA (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, el acuerdo tributario se incorporó a la Cuenta cuando se discutió en general este proyecto, porque lo solicité como Diputado informante. Además, figura en las actas de la Comisión de Hacienda.
El señor MOLINA (Presidente).- Entonces está resuelta la inquietud del Diputado señor Alessandri.
Además, veo que no hay acuerdo para incorporarla de nuevo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, antes de la votación, quiero agradecer a la Cámara el trámite expedito, rápido y muy constructivo que le ha dado a este proyecto sobre reforma tributaria, lo que nos permitirá cumplir con el compromiso, adquirido con los parlamentarios, de adelantar este año el envío de la Ley de Presupuestos al Congreso, de modo que pueda estar aprobado el 15 de noviembre, dadas las circunstancias especiales de este año electoral.
Este debate ha sido extraordinariamente importante, especialmente respecto de algunos de los temas planteados; pero sobre todo por el hecho de que el país logrará despejar, si se aprueba ahora en la Cámara, a lo menos por los próximos cuatro años, una incógnita que motivaba gran inquietud en la población: la permanencia de ciertos programas de inversión, particularmente en los sectores sociales.
Sin esta reforma tributaria, sería sustancialmente diferente la presentación de la Ley de Presupuestos que haremos en una semana más al Congreso, pues deberíamos recortar en 750 millones de dólares los gastos que propondremos al Parlamento, los que estarán concentrados muy fuertemente en los sectores sociales. De modo que creo extraordinariamente importante y positivo el tratamiento que esta iniciativa ha tenido hasta ahora en el Congreso. 
Quiero comentar brevemente dos puntos mencionados en el debate.
El primero se refiere al financiamiento de la educación. Al respecto, el Ejecutivo comparte la idea de que debemos tener una discusión muy a fondo para diseñar un sistema que abarque este tema en toda su complejidad. Algunos señores Diputados han planteado en el debate de hoy puntos perfectamente válidos, que el Gobierno comparte. Por lo tanto, corresponde respaldar la sugerencia del Ministro de Educación, consistente en realizar un gran encuentro, en el que estén representados todos los sectores que tengan algo que aportar en esta materia, y que permita definir en forma más completa y permanente el financiamiento de la educación en lo futuro.
En todo caso, quiero señalar que el Gobierno, y particularmente el Ministro de Educación, están muy conscientes de la importancia de utilizar los instrumentos disponibles para igualar oportunidades en el sistema y no para aumentarlas. En particular, hemos conversado con el señor Ministro de Educación quien, de aceptarse la fórmula propuesta por la Cámara y aprobada hoy por el Senado a pesar de una indicación en contrario del Ejecutivo, se comprometería a que los recursos que su Ministerio deja de pagar por concepto de subvención, en virtud del financiamiento compartido, fueran utilizados exclusivamente en su sector y con un fin redistributivo dentro del sistema. De modo que no estamos en desacuerdo con lo planteado aquí y seguiremos adelante con una discusión más de fondo sobre el tema.
En cuanto a la consulta respecto de los fundamentos del acuerdo con Renovación Nacional, quiero enfatizar lo que ya se explicó. Ese acuerdo se firmó y está vigente, pero en él hay un capítulo referente a los temas tributarios pendientes algunos considerados urgentes, otros no tanto, que se resolvió tratarlos en una comisión conjunta con parlamentarios de la Concertación y de Renovación Nacional y representantes del Gobierno.
Quiero recordar que el tema tributario si una virtud ha tenido, desde 1990, se le abordó, afortunadamente, con un enfoque de carácter nacional, en particular en este proyecto de ley en que han participado activamente repito parlamentarios de la Concertación, de Renovación Nacional y el Gobierno. En esta instancia tripartita acordamos crear una Comisión de temas pendientes que han funcionado en el Ministerio de Hacienda y en el Servicio de Impuestos Internos. En ella hay varios subgrupos estamos recogiendo los asuntos que suscitan mayor consenso, razón por la cual algunos quizá podrían dar origen a una iniciativa legislativa antes de que se cumpla el plazo máximo el 1 de noviembre para que dicha comisión emita su informe. No vacilaremos en enviar un proyecto de ley que recoja ese espíritu consensual, incluso antes de esa fecha.
En todo caso, quiero aclarar que cualquiera que sea la iniciativa que se tome al respecto, será consultada previamente con los parlamentarios de la Concertación y de Renovación Nacional, que han demostrado interés sobre el tema.
En consecuencia, señor Presidente, espero que la Cámara acoja el acuerdo del Senado para que podamos decirle a la opinión pública que, a pesar de estar en un período preelectoral, a tres meses de una elección presidencial y parlamentaria, el Congreso Nacional, en un plazo récord y con un ánimo extraordinariamente constructivo, mejoró en forma muy significativa un proyecto de ley en el curso de su tramitación. Sobre todo, debemos emitir la señal, muy esclarecedora, de que respecto de ciertos temas de interés general, los parlamentarios, velando por el bien común, tienen la capacidad de legislar hasta el último día.
Muchas gracias.
El señor MOLINA (Presidente).- En votación, en conjunto, las modificaciones del Senado.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).- Aprobadas las modificaciones del Senado.
Despachado el proyecto.


Por, haber cumplido su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó a las 17.06.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.