
-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/probidad-y-transparencia
- dc:title = "NORMATIVA SOBRE PROBIDAD DE AUTORIDADES PUBLICAS Y DE PARLAMENTARIOS. Primer trámite constitucional."^^xsd:string
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = bcnbills:PrimerTramiteConstitucional
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1
- bcnres:tieneResultadoDebate = bcnres:seAprueba
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds38
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds39
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds29
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds32
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds18
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds22
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds41
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds42
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds36
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds37
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds27
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds28
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds30
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds31
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds21
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds16
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds17
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds40
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds34
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds25
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds26
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds20
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds15
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds33
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds23
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds24
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670193/seccion/akn670193-po1-ds14-ds19
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = bcnbills:DiscusionGeneral
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/966-07
- rdf:value = " NORMATIVA SOBRE PROBIDAD DE AUTORIDADES PUBLICAS Y DE PARLAMENTARIOS. Primer trámite constitucional.
El señor MOLINA (Presidente).-
En el primer lugar del Orden del Día, corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional y en segundo trámite reglamentario, que garantiza la probidad de las autoridades y jefes de los servicios públicos, Diputados y Senadores.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Schaulsohn.
El informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia está impreso en el boletín N° 966-07 y figura en el número 24 de los documentos de la Cuenta de la sesión 34° celebrada el 7 de septiembre de 1993.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, me corresponde informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley que garantiza la probidad de las autoridades y jefes de los servicios públicos, Diputados y Senadores, originado en moción parlamentaria de los señores Bosselin, Barrueto, Elgueta, Elizalde, Letelier, Molina, Montes, Sabag, Smok y del Diputado que habla. También ha contado con el entusiasta respaldo y participación de los Diputados señores Espina y Chadwick, al igual que de todos los miembros integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En este segundo informe, el proyecto fue objeto de un acucioso estudio, tomándose en consideración las observaciones formuladas en la Sala durante su primer trámite reglamentario.
El proyecto, sometido a la consideración de la Cámara en su discusión particular, busca garantizar la transparencia de las actividades que ejercen determinadas autoridades de gobierno, los jefes de los servicios públicos, las personas que representen al Estado en las entidades en que participe y que no formen parte de su administración y a los gerentes que les corresponda designar en aquellas que desarrollen actividades empresariales.
En segundo lugar, busca establecer en el ámbito parlamentario la aplicación de normas que garanticen el recto proceder de sus miembros y que regulen sus relaciones con el mundo de los negocios.
Como instrumento para lograr el cumplimiento de estos objetivos, en el primer trámite reglamentario se propuso un proyecto de ley que consta de diez artículos permanentes. En este segundo trámite han sido objeto de modificaciones los siguientes artículos.
El artículo 1° imponía a determinadas autoridades de gobierno, ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores, a los jefes de servicios públicos, a las personas que representen al Estado en las entidades en que participe y que no formen parte de su administración y a los gerentes que designe en aquellas que desarrollen actividades empresariales, la obligación de hacer una declaración jurada en que consten sus bienes propios, los de la sociedad conyugal y los que pertenezcan a su cónyuge, la que deberá entregarse dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha en que asume el cargo.
En el precepto aprobado en el primer trámite reglamentario se precisó que eran los jefes superiores de los servicios públicos quienes estaban obligados a prestar esta declaración y no los funcionarios que ejercen jefaturas al interior de los mismos. Asimismo, se incluyó a los gerentes que le corresponda designar al Estado en aquellas entidades que desarrollen actividades empresariales.
Con el fin de determinar el contenido de la declaración, se empleó una terminología legal que, por su generalidad, evitaba que pudiera quedar excluido algún bien. Por ello, se habla de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles que integren el patrimonio del declarante, el de la sociedad conyugal, si la hubiere, y el de su cónyuge.
Se descartó la idea del proyecto original en cuanto a hacer una enumeración más pormenorizada, por vía ejemplar, de los bienes que habrían de figurar en la declaración jurada.
En el segundo trámite reglamentario se ha sustituido esta disposición sobre la base de una indicación presentada por el Ejecutivo, que obliga a prestar declaración jurada de sus bienes propios y de los de la sociedad conyugal, si la hubiere, a las siguientes categorías de autoridades y funcionarios: los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores; los directores de sociedades o instituciones de derecho privado en que el Estado, sus empresas o reparticiones, tengan participación mayoritaria o igualitaria; los trabajadores de cualquier órgano de la Administración del Estado, central o descentralizada, que tengan el carácter de funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.
Se acordó, en definitiva, no incluir en la declaración los bienes propios del cónyuge, atendido a que son personas individuales y autónomas entre sí en relación con sus bienes. No es dable, por lo demás, obligar a dar publicidad al patrimonio de una persona que no ha optado a ningún cargo público. A mayor abundamiento, la consagración del delito de enriquecimiento ilícito obvia cualquier encubierta maniobra de disimular el incremento patrimonial no justificado a través de interpósita persona, como podría ser el cónyuge, o pariente, o extraño.
En esta nueva disposición se ha optado por efectuar una enunciación más detallada y, por lo mismo, más comprensiva para el común de las personas, de los bienes que habrán de figurar en la declaración, incluidas las actividades que les proporcionen o puedan proporcionarles ingresos económicos. Esta declaración debe considerar no sólo los bienes existentes en Chile, sino también los ubicados en el extranjero.
Con el propósito de extender la obligación que este artículo impone, se aprobó una indicación destinada a hacerlo aplicable a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, a los miembros de los escalafones superiores del Poder Judicial y a los notarios, conservadores y archiveros.
Algunos señores Diputados señalaron que las funciones cumplidas por ese personal son de carácter profesional y no político, y que por ello no correspondía incluirlos en la obligación de declarar bienes. En apoyo de esta disposición se argumentó que, si bien no ejercen función pública, por el cargo que ocupan están provistos de poder y, por lo tanto, pueden ejercer influencia. Por otra parte, muchos de ellos manejan dineros públicos.
Cabe agregar dos elementos adicionales.
Entre las personas que deben presentar declaración jurada de bienes no se mencionan a los concejales ni a los alcaldes. Algunos señores Diputados estiman que esta omisión debería ser subsanada en la Sala, por cuanto no habría fundamento para excluir a estas personas, que también pueden estar expuestas a presiones indebidas del mismo modo que lo pueden estar los demás funcionarios enumerados y que también pueden tener conflictos de intereses, que es precisamente lo que el proyecto busca eliminar o corregir.
También se ha mencionado la posibilidad de incluir en la nómina a los consejeros regionales. Dejo planteada la inquietud. En realidad, la observación formulada es bastante lógica, y si hubiese unanimidad en la Sala perfectamente podría incluirse a estas personas.
En el inciso primero del artículo 3e se han introducido enmiendas formales para precisar que estas declaraciones juradas, que tendrán carácter público, permanecerán bajo la custodia del Contralor General de la República y de los Secretarios de la Cámara de Diputados y del Senado, tratándose de las declaraciones de bienes que afecten al patrimonio de los parlamentarios.
Entre las ideas nuevas incorporadas en el segundo informe, está la renovación de la declaración cada cuatro años o, en todo caso, dentro de los treinta días siguientes a la cesación en el cargo o función. En el caso de omisión de la declaración o de falsedad manifiesta de su contenido, los responsables incurrirán en responsabilidad administrativa si la tuvieren, sin perjuicio de las demás sanciones que en derecho correspondan.
El artículo 7, que obliga a cada cámara a tener una comisión de ética, fijando su competencia y atribuciones, también fue objeto de modificaciones. En esta ocasión, se ha acordado incorporar el precepto de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, dado el propósito de que rija por igual para los Diputados y Senadores, pese a reconocerse que se trata de una materia que podría ser abordada en los respectivos reglamentos internos, atendido el poder de autogobierno de que gozan las asambleas parlamentarias.
De acuerdo con la disposición aprobada, cada Cámara deberá tener una comisión de ética, que tendrá el número de miembros que señale el reglamento, elegidos con el voto conforme de los dos tercios de los Diputados o Senadores en ejercicio. Se establece un quorum de dos tercios por las delicadas funciones que deberá cumplir esta Comisión, y para evitar que mayorías políticas circunstanciales ejerzan un predominio en la designación de los mismos.
Esta Comisión estará encargada de velar por el correcto desempeño de los parlamentarios en sus cargos y por el cumplimiento de sus deberes. Entre los deberes cuyo cumplimiento habrá de fiscalizar, están aquellos que los obligan a asistir a las sesiones de la respectiva Corporación y de las comisiones de que formen parte; a observar una conducta moralmente intachable; a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria, y a una entrega honesta a sus funciones con preeminencia del interés público sobre el privado.
A petición de un parlamentario, esta Comisión también podrá absolver consultas específicas sobre materias que caigan dentro de la esfera de sus atribuciones, que pudieren afectar al solicitante.
En el ejercicio de sus atribuciones, esta Comisión podrá aplicar sanciones de amonestación, verbal o escrita, de censura o multa, en los casos que determine el reglamento.
Estas son las ideas del proyecto modificadas en la Comisión. Junto con el artículo 1°, que consagra la declaración de bienes; el 2a, que hace extensiva esta obligación a los Senadores y Diputados, y el 3a, que establece que las declaraciones juradas de bienes son públicas y que deben actualizarse cada cuatro años, el proyecto establece un artículo 5°, que señala que las personas a que se refiere el artículo 1°, es decir, los funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República: ministros, subsecretarios, etcétera, quedarán inhabilitadas durante el ejercicio de la función pública y hasta un año después de haber cesado en dicho cargo, para desempeñarse como directores o gerentes en empresas que presten servicios a la comunidad en virtud de concesiones otorgadas por el Estado, aun cuando éste no tenga participación alguna en su propiedad.
Este artículo no me parece necesario reiterar lo que se argumentó en el primer trámite reglamentario está dentro de la filosofía del proyecto, de evitar conflictos de intereses.
Hay una corrupción pura, simple, clásica y tradicional, que afecta al funcionario público que recibe una cantidad de dinero a cambio de hacer algo indebido en favor de un tercero. En el mundo contemporáneo, la sociedad es cada vez más compleja en la interrelación entre el sector privado y el público. Entonces, se trata de evitar posibles conflictos de intereses.
El artículo 5a determina que en el período de un año un funcionario público de cierto rango no puede incorporarse automáticamente al sector privado cuando se trate de empresas reguladas por el Estado en materias esenciales. Esta norma pretende impedir que ese funcionario tenga la tentación de incurrir en una conducta indebida en relación con esas empresas del sector privado, a cambio de un posible empleo bien remunerado y permanente una vez que abandone la función pública. Por lo tanto, se establece el período de un año durante el cual debe abstenerse de aceptar ofertas de esta naturaleza para evitar conflictos de intereses.
En la misma línea, el artículo 6° prohíbe a las personas mencionadas en los artículos 1° y 2° cobrar, aceptar o percibir dádivas, regalos o promesas de terceros, entendiéndose que también lo son las invitaciones que por su función pública les extiendan personas naturales o jurídicas, asumiendo ellas los gastos que irroguen, para visitar, conocer, inaugurar o publicitar instalaciones, proyectos u otros similares.
El propósito de la norma es obvio. El Congreso Nacional está llamado a legislar sobre múltiples materias que afectan intereses de la empresa privada, y los funcionarios de Gobierno que tienen poder regulador también pueden decidir sobre materias que involucren beneficio o perjuicio económico para ella. En consecuencia, no parece razonable que en el presente o en un futuro eventual, sea perfectamente legal que ciertas empresas interesadas en determinada legislación que dependa de los parlamentarios, o en resoluciones que sean facultad de los funcionarios de Gobierno, puedan obsequiar pasajes, viajes u otro tipo de cosas a los parlamentarios o funcionarios que el día de mañana deban resolver sobre cuestiones complejas (por ejemplo, en el estudio de la famosa Ley de Telecomunicaciones, o de la Ley de Pesca, o del proyecto de ley sobre deudas subordinadas que viene pronto). Me parece que poner una especie de barrera entre lo que el sector privado puede obsequiar, de modo directo o indirecto, a personas que deben tomar decisiones que les pueda afectar, es esencial para la transparencia del sistema democrático y para evitar la generación de conflictos de intereses. En lo anterior, se entienden incluidas las invitaciones que cursen las líneas aéreas para viajar gratuitamente a la inauguración de nuevas rutas, tal vez algo que parece inocuo, pero que no lo es. En Chile existe una controversia sobre la política de cielos abiertos, respecto del destino de las líneas aéreas nacionales versus la presencia fuerte en el mercado de líneas aéreas extranjeras. No es conveniente que ninguna de ellas ofrezca a parlamentarios, ministros o subsecretarios viajes gratuitos sin ninguna justificación, aunque no se persiga declaradamente un propósito deshonesto, sino porque simplemente se van estableciendo vínculos que afectan la transparencia del proceso legislativo y las decisiones administrativas, lo cual, en definitiva, debilita la democracia y puede abrir las puertas a la corrupción que queremos evitar.
En la misma línea de propósitos, el artículo 9a establece el delito de tráfico de influencias. En Chile es legal que el dirigente de un partido político, de Gobierno o de Oposición ahora, de Gobierno; mañana, de Oposición, dentro de cuatro, cinco, seis u ocho años, el plazo lo está resolviendo el Senado llame por teléfono a un ministro de Estado o a un subsecretario para interceder en favor de una empresa nacional o extranjera interesada en hacer negocios con el Estado. Del mismo modo, es factible ejercer influencia sobre parlamentarios del propio partido o de otros en favor de alguna legislación que beneficie o favorezca a empresas nacionales o extranjeras. Eso debe considerarse tráfico de influencias y el proyecto lo consagra de esa manera porque busca separar el ámbito público del privado.
El artículo 10 establece una modificación al Código Penal. El artículo 241 bis dispone: "El empleado público que durante el ejercicio de su cargo o de sus funciones obtuviere un incremento patrimonial apreciable cuya procedencia no pudiere justificar al ser debidamente requerido, siempre que el hecho no constituya un delito de mayor gravedad, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio público y multa del cincuenta al ciento por ciento del monto del enriquecimiento ilícito no justificado."
Esto tiene estrecha vinculación con el requisito de la declaración jurada de bienes.
Por último, el artículo 4° del proyecto contiene una norma que busca consagrar de una manera más clara el principio de que la función pública requiere por parte de quien la desempeña su desasimiento de la administración directa, no de sus bienes, pero sí de cierto tipo de negocio que puedan dar pábulo a la existencia de los conflictos de intereses que se quieren evitar. Por lo tanto, establece: "Las personas a que se refieren los artículos 1° y 2°" ministros, subsecretarios, funcionarios de exclusiva confianza, altos mandos de las Fuerzas Armadas, escalafón del Poder Judicial, Senadores y Diputados" no podrán continuar desempeñándose como administradores de sus propios negocios, inversiones o empresas, debiendo, en consecuencia, designar un mandatario con cláusula de libre administración, de cuya individualización se dejará constancia en la declaración jurada. Queda, asimismo, prohibido a dichas personas, desempeñarse como administradores o representantes de empresas o negocios ajenos, durante el desempeño de su función pública".
Este artículo complementa un conjunto de inhabilidades consagradas en nuestra Constitución para los Senadores y Diputados. Representa un paso más lo denominaría una opción ética de nuestra democracia para garantizar la transparencia de la función pública.
No es conveniente, aunque hoy sea lícito, que un Ministro de Transportes tenga inversiones en el transporte o en empresas de transporte, o que un Ministro de Salud se dedique al negocio de la importación, distribución y venta de vacunas, para colocar ejemplos que son, tal vez, los más patentes.
Tampoco es conveniente que un parlamentario, en la administración de sus negocios, pueda utilizar más allá...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN.-
Diputado señor Pizarro, ésta es un materia seria. Por lo menos, al país le interesa y preocupa el trámite parlamentario de esta legislación. Lo mismo le digo al Diputado señor Smok, que es coautor de la iniciativa.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN.-
No es conveniente ni adecuado que un parlamentario, más allá de su voluntad e intención y utilizando su investidura como Diputado o Senador, incursione en el mundo empresarial, dejando tras de sí una estela de conflictos de intereses.
Es evidente que si un Diputado o un Senador con intereses empresariales necesita, por ejemplo, obtener créditos bancarios y llama por teléfono al banco para solicitar un crédito, esta institución probablemente tendrá una inclinación natural a otorgárselo. Para ajustamos a nuestra realidad, ¿qué sucedería hoy si cualquiera de nosotros solicitáramos un crédito al Banco de Chile, al Banco de Concepción o a cualquiera de los que están con una situación compleja a raíz de la deuda subordinada? Es evidente que siempre se verán inclinados a...
El señor PIZARRO (don Jorge).-
¿Me permite una interrupción?
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, el Diputado señor Pizarro me solicita una interrupción. Con su venia, se la concedo con todo agrado.
El señor MOLINA (Presidente).-
Puede usar de la interrupción el Diputado señor Pizarra.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
El informe del colega señor Schaulsohn está entrando en ejemplos, lo que motiva a discutirlos, porque realmente hay juicios y juicios. De modo que solicito que se entregue el informe a conocimiento de esta Corporación y posteriormente procedamos al debate en particular.
El señor MOLINA (Presidente).-
Puede continuar el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.-
En todo caso, aclaro al Honorable señor Pizarro que estoy trasuntando a la Sala la discusión habida en la Comisión. La situación que estoy explicando fue precisamente la que dio pábulo a la aprobación de la norma por la Comisión. En todo caso, me parece válida la observación y me limitaré al informe, aunque esto es parte de él.
Se trata, en consecuencia, de evitar conflictos de intereses. La mayoría de la Comisión, que aprobó la norma, concordó en que ésta es una opción ética que nuestra sociedad debía tomar. Dejo constancia que respecto de este artículo hubo efectivamente una discusión.
El resto de los artículos, en su mayoría, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda aprobar la iniciativa en su segundo informe y primer trámite constitucional.
Es cuanto puedo informar.
Gracias.
El señor MOLINA (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
El señor ORPIS.-
Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría respecto del artículo l2.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, sólo para aclarar una duda que tuve al leer el informe. Le formulé la consulta pertinente al Diputado informante.
En realidad, en el artículo 2° están incluidos los alcaldes y los concejales, de manera que no se necesita la unanimidad para incorporarlos.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, este proyecto, cuyos objetivos son bastantes laudables, tiene una serie de errores de tipo constitucional. Antes de referirme al fondo, es necesario tener presente lo que ocurre en el país, el porqué de la iniciativa del Diputado señor Schaulsohn y el momento oportuno en que se produce. La moción se formula precisamente cuando se conoce el gran escándalo, a raíz del desmalezamiento en la RPC, al cual le siguen una serie de otros escándalos.
Si bien las leyes son vehículos para solucionar ciertas conductas, ellas no son fundamentales. Pienso que en estos casos hay problemas de formación, de educación, de valores y de principios. Cuando el gobierno que dirige los destinos de un Estado no tiene firmeza ni la drasticidad oportuna para sancionar conductas corruptas, es indudable que se genera una cadena de conductas indebidas que llevan al desprestigio de la clase política y del gobierno de tumo. Lo peor es que las irregularidades ocurridas en los últimos tres años y medio son innumerables: en la RPC, en la Digeder, en Correos de Chile, por los honorarios en las municipalidades, a causa de los viáticos, de los viajes, de los pasaportes oficiales, el problema de la Onemi. Es un listado largo de mencionar.
Los chilenos hubiéramos deseado un gobierno firme que sancionara drásticamente a los personeros de la Administración Pública que han cometido irregularidades. Sin embargo, hemos observado permisividad y afán de minimizarlas al decir que los procesos están en manos de la justicia, de la Contraloría, etcétera, en circunstancias de que, en realidad, sólo tenemos resultados negativos.
Hace dos semanas denuncié en esta misma Sala un acto de corrupción cometido nada menos que por el Director Nacional de Aduanas. Espero que el resultado de la investigación sumaria que solicité a la Contraloría General de la República sea efectivo. En verdad, podríamos cambiar la Constitución y toda la legislación del país, pero si en los partidos y en el Gobierno no se sancionan las conductas e irregularidades, nos encontraremos con muchas leyes que, en definitiva, serán sólo papel picado.
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, el señor Bosselin le solicita una interrupción.
El señor LONGTON.-
Se la concederé al final de mi intervención, señor Presidente.
En los artículos 55 y 56 de la Constitución Política se establecen inhabilidades para los Diputados y Senadores. Por eso, pensamos que lo dispuesto en el artículo 5S es excesivo, pues se cae en una disposición que, a todas luces, es inconstitucional.
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, estamos en la discusión del artículo l°.
Puede continuar Su Señoría.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, voy a continuar, siempre que la Mesa ponga orden en la Sala, porque los señores Pizarro y Bosselin emplean epítetos que no corresponden. Como ellos no formarán parte del próximo Parlamento, por los menos deberían pertenecer a la Comisión de Ética de su partido, que es el que más irregularidades y corrupciones ha cometido durante este Gobierno.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MOLINA (Presidente).-
Señores Diputados, les ruego atenerse a la materia en debate.
Ruego a la Sala guardar silencio.
Puede continuar el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
En general, cabe señalar que el proyecto lo consideramos oportuno, y reiteramos que en su debido momento haremos presente las observaciones que nos merecen ciertos artículos que estimamos inconstitucionales.
En esta ocasión deseamos repetir que las leyes deben ir acompañadas de conductas adecuadas de los gobiernos de tumo y pensamos que el actual, más que combatir la corrupción, ha colaborado con ella al no denunciar oportunamente las irregularidades cometidas por funcionarios, especialmente del Partido Demócrata Cristiano.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente, el artículo l° establece la obligación de los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, y de otros personeros, de hacer una declaración jurada de sus bienes al momento de asumir el cargo. Igual obligación dispone respecto del Presidente de la República, Diputados, Senadores, alcaldes y concejales.
En la Comisión votamos favorablemente esta disposición. Nos parece extraordinariamente prudente. Como nación estamos empeñados en combatir determinadas prácticas que tienden a producirse o reproducirse desde hace muchos años, y que hoy día, en el ambiente internacional, incluso en nuestro país, se pretende rotular o bautizar con el término "corrupción", aunque podemos decir, con verdadero orgullo, que en Chile este virus no se ha desarrollado como en otras naciones. En consecuencia, estamos a tiempo de prevenir, de cautelar suficientemente los intereses del Estado y el patrimonio público.
Al abordar un tema de esta entidad, debemos colocamos por arriba de las coyunturas políticas o electorales, para que estas normas jurídicas subsistan en el tiempo y tengan plena aplicación.
¿Por qué se hace esta exigencia a los funcionarios o representantes populares? Porque para combatir la falta de probidad en la gestión pública o en la privada es necesario, en mi concepto, seguir cinco líneas de orientación, que son los cinco "ques":
Que no se persiga únicamente al pobre diablo, sino al pez gordo, es decir, a aquel que ocupa o ha ocupado una posición predominante, de gran influencia o de gran poder económico, político o social;
Que las políticas tiendan, más que a la sanción, a la prevención. Más vale prevenir que curar. Las sanciones drásticas terminan por no aplicarse;
Que exista publicidad. Por ello, en esta norma se establece que estas declaraciones van a ser públicas y quedarán en manos del Contralor General de la República o de los Secretarios de las Cámaras.
Que se adopten las medidas adecuadas con prontitud, y
Que haya prolijidad.
Estos son los cinco "ques" para aterrizar una política racional en el tiempo contemporáneo.
Estimo que no es conveniente más allá de la pasión natural que puede haber en los debates públicos y en las discusiones de las campañas electorales que nos apartemos de esta perspectiva. Si el Honorable Diputado señor Longton vio algún ánimo belicoso en la interrupción que le solicité, le doy excusas, porque mi único propósito era señalarle que estábamos en la discusión particular. En consecuencia, no echemos leña a la hoguera. Todos estamos con otra perspectiva y el proyecto de ley obedece a otra insinuación, a otro ánimo.
Si los más altos dignatarios de la nación, Presidente de la República, Diputados, Senadores, alcaldes, concejales, ministros, subsecretarios, jefes de las más importantes empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga capital mayoritario, van a hacer una declaración jurada sobre sus bienes, le señalamos al país que el tema de la probidad es prioritario y que esta nación se va a preocupar de resguardarlo, porque sus más altos representantes van a quedar en la mira y expuestos con la totalidad de sus bienes a la opinión pública. Algunos tendrán más; otros, menos; eso no importa. Pero sí deben dejar constancia de su patrimonio al asumir y dejar el cargo, para determinar si tienen uno igual o menor, o sea, que no se han enriquecido en el ejercicio de la función pública.
Estoy cierto de que la clase política a la cual en Chile algunos se refieren en términos tan despectivos, mayoritariamente, cuando ejerce la función pública, no se enriquece y las personas cuando dejan el cargo, muchas veces, tienen menos bienes. Sin embargo, en la época en que vivimos, en que de una economía centralizada o con una poderosa influencia del Estado pasamos a una más abierta, incluso al mercado internacional, con una gran influencia del sector privado, donde el Estado le traspasa beneficios y, además, la influencia de las empresas es muy ostensible y hemos visto que determinadas empresas de telecomunicaciones ejercen su "lobby" legítimo en este propio Parlamento, tenemos que decirle a la opinión pública que hemos adoptado las medidas precautorias a tiempo. En consecuencia, esto no debe llamar a nadie a escándalo, porque ¿qué problemas tendrán el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los jefes de empresa y nosotros si nuestros bienes son conocidos por la opinión pública? ¿Se va a afectar nuestra dignidad, nuestra honra, nuestro crédito, nuestra fama por esa circunstancia? Por el contrario, va a ser altamente beneficioso.
Por esas razones, por prudencia y sanidad pública, votaremos favorablemente este artículo.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, este proyecto, si bien no tiene un alcance directo hacia determinados sectores de la vida nacional, inyecta un ingrediente de honestidad, de prístina probidad de todos los estamentos dirigentes del país.
Tal vez sea la iniciativa que viene a poner el papel de los conductores de cualquier nivel de este país en el lugar que le corresponda. Soy un viejo parlamentario más parlamentario que viejo, y coincido con lo que decía el Diputado señor Bosselin. En todos los períodos en que me he desempeñado como parlamentario, jamás se descubrió alguna actitud dolosa de colegas de cualquier colectividad. Siempre he repetido que en Chile hemos tenido la suerte de que los sectores políticos más importantes, que son los que están expuestos a la presión, no se comprometieron en actos inadecuados que pusieran en jaque la claridad de la actuación de los Senadores y Diputados.
Cuando se propone este proyecto, está en la picota de la opinión pública el problema de telecomunicaciones. Los que tenemos la misma actitud frente a determinadas materias no tenemos donde perdemos respecto de los rumores que corren, sobre la influencia, el peso y la presión sobre algunos sectores del Parlamento chileno, en esta lucha a cuchillos entre la CTC y Entel. Yo sencillamente me abstendré en la votación de la iniciativa. No podemos estar expuestos a la maledicencia pública, a que un parlamentario sea una especie de esbirro al servicio de determinados sectores económicos, portavoz o arrenquín de los intereses de diversos grupos económicos.
Me acuerdo que en 1952 y lo he dicho en otras oportunidades cuando los agricultores todavía no pagaban contribuciones al Fisco, presionaban a través de sus Diputados y Senadores para que el Estado, es decir, todos los chilenos, construyeran caminos, puentes y todo tipo de obras públicas al servicio de esos grupos minoritarios, pero inmensamente poderosos en lo económico. Eso hacía comprensible que muchos parlamentarios que pertenecían a esos sectores votaran a favor de los intereses que en cierta manera representaban, pero eso nunca significó que apareciera alguien llevando personalmente la carga de un acto doloso que pusiera en duda su honestidad.
Sobre la materia, es bueno recordar que durante 17 años todo el discurso de la dictadura se dirigió hacia la política y los partidos políticos. Ellos, siendo uniformados, hicieron más política que la realizada en todos los años de historia del país por los políticos tradicionales. Se creó en la opinión política un rechazo a la función política y a los partidos políticos. Y el resultado está a la vista: 700 mil jóvenes no se inscribieron en los registros electorales porque no les llama la atención esa actividad.
Siempre hemos tomado la política como algo sagrado al servicio de los intereses, especialmente de la gente modesta y sencilla del país, nunca de los grandes intereses económicos. Durante la dictadura trataron de metemos en el mismo saco. Se decía que los políticos éramos ladrones y cómplices de la politiquería. Eso no fue ni es así.
En esta Sala hay parlamentarios, incluso de Derecha, que han sido capaces de mantenerse al margen, que han votado en contra, a lo mejor, de los intereses que políticamente representan en la Cámara y no se han sumado a la presión de sectores de su mismo partido que defienden intereses privados de empresas o de grupos.
Por eso, es positivo que este proyecto contemple sanciones duras algunos señores Diputados han dicho que es demasiado estricto, y no deje un solo resquicio para que parlamentarios nuestros o de otros sectores incurran en conductas que queremos evitar.
En tiempos de lucha y confrontación nunca se acusó a un parlamentario de tener negocios a lo mejor los tenían con otro nombre de algún familiar o de aprovecharse de su cargo para llevar agua a su molino. Eso hay que reconocerlo.
En Chile, si no somos capaces de despachar este proyecto, corremos el peligro de otros países de América Latina, corroídos por el virus de la coima, por el pago de servicios a determinados parlamentarios o altos funcionarios de gobierno para ganar posiciones de orden económico. Ojalá que seamos capaces de ponemos de acuerdo para impedir, hasta el último minuto, que la corrupción, la coima, se meta en Chile, como desgraciadamente ha ocurrido en otros países hermanos de América Latina. Ha habido atisbos de negociados, pero han sido los mínimos y no constituyen un arraigo de esa pésima costumbre del robo, de la coima, de la compra del funcionario o del parlamentario. Si somos capaces de ponemos de acuerdo a tiempo para evitar que en Chile se extiendan estas cosas, como en otros países, le estaremos haciendo el mejor favor a nuestro país, a la consolidación de la democracia, a adecentar la política chilena, hacerla viable para todos los sectores, especialmente para la gente joven; que la juventud que nos observa vea en nuestras actitudes, en nuestra vida privada y pública un ejemplo a seguir, y no aparezcamos ahora, prácticamente, como una manga de corrompidos, a la que no es aconsejable seguir ni mucho menos admirar.
Debemos hacer posible que este proyecto se transforme en todo esto; en un ejemplo de cómo los parlamentarios estamos dispuestos a aportar un grano de arena para que la política de nuestro país se adecente, se limpie, para que no haya la más mínima duda acerca de la honestidad y probidad de los hombres que representamos en el Parlamento a los distintos sectores de la sociedad chilena.
Manifiesto mi satisfacción por estar discutiendo un proyecto de esta envergadura, de orden ético y moral, sobre todo para hacer posible que, en el futuro, la política sea asequible a todos los sectores, hasta las últimas consecuencias, no como sucede ahora, en que los jóvenes no se encuentran "ni ahí" como dicen ellos con la política chilena, porque también penetró el virus de un discurso que le entregó la dictadura durante 17 años, dirigido especialmente a la juventud, en contra de la política.
Termino expresando mi voto favorable a éste y otros artículos de la iniciativa en discusión.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, lamento la intervención del Diputado señor Longton, porque descalificó a personas y a partidos.
En esta materia hay que tener mucho cuidado. En nuestra historia, nadie está libre de imputaciones. Basta recordar la construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso por Guillermo Wheelright, quien, como le pagaron por kilómetro construido, se dedicó a buscar las distancias más largas para unir estas dos ciudades, en lugar de hacerlo en forma directa; o ciertas historias que no se conocieron en profundidad, como las compras de dólares de un determinado ministro; o la historia de los seguros de la Corfo y otras que nos señalan conductas non sanctas.
En relación con sus imputaciones, quiero protestar por la que hizo a la Democracia Cristiana, y dejar muy en claro que si en la historia de nuestro país hay un partido que ha actuado en forma ejemplar, que ha sabido conjugar la acción política con la ética, ha sido la Democracia Cristiana. Allí están las figuras de nuestro gran Presidente Eduardo Frei, los gestos de Bernardo Leighton, la historia de Radomiro Tomic; en este puerto, la historia del que fuera Diputado Raúl Le Roy. Cada uno de nuestros representantes parlamentarios y figuras tienen una vida pública y privada que nadie puede mancillar hoy.
Por otra parte, cuando alguna vez en nuestra historia alguien de los nuestros tuvo una conducta "non correcta" fue sancionado públicamente de inmediato e, incluso, expulsado del partido.
Hoy podemos conversar sobre esta materia. Efectivamente, se han producido irregularidades que están siendo investigadas, que están siendo conocidas por los tribunales. Esto se logra en la actualidad, porque hay democracia, porque hay transparencia, porque los hechos pueden ser discutidos públicamente, porque cada uno tiene acceso a las fuentes de información. Eso debe enorgullecemos dentro de la democracia, porque hoy el Parlamento, la Contraloría y los tribunales pueden investigar libremente.
He querido hacer presentes estas observaciones, porque no se pueden dejar pasar las imputaciones formuladas en la Sala.
En relación con el proyecto, considero que el tema es digno de ser analizado. Necesitamos ver todo el problema, porque no es sólo de Chile, sino del mundo; el problema de falta de ética es el que más lo está afectando. Dos presidentes americanos han sido destituidos. No se solucionan los problemas de nuestro país en la forma como los aborda el proyecto.
Un simple balance, una simple declaración unilateral es una tradición en nuestra historia. Todos lo hacen, todos lo declaran. Los bienes de cada uno son públicos. Todo se conoce: los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos, los informes comerciales, las cuentas corrientes. La computación da acceso a todas las informaciones. Señalar una declaración jurada como elemento básico, no me parece suficiente. Debemos ir más a fondo; tenemos que entrar a ver cómo están actuando las ONG de dónde vienen los recursos, como se invierten. Tenemos que establecer inhabilidades para los concejales, modificar el Estatuto Administrativo, ir al fondo.
En este artículo 1° se confunde a las personas que deben hacer la declaración jurada, a quienes manejan fondos, recursos, o tienen influencia, con aquellas que tienen una carrera, como los oficiales de las Fuerzas Armadas, que van ascendiendo por grados y sus sueldos son conocidos. Lo mismo sucede con los miembros del Poder Judicial. Se incluye a los notarios, conservadores y archiveros. Si ellos están sujetos a un arancel, a un honorario; no manejan fondos públicos. Allí habría que entrar a determinar si sus honorarios son justos, si es posible continuar con el sistema de conservadores de bienes raíces a través de toda la provincia o tenemos que llegar a modificarlo para que sean exclusivamente comunales. Pero no tiene sentido afectarlos con esta declaración.
Estas son las razones que me llevan a formular esta observación.
Votaré a favor del artículo l2, pero con el convencimiento de que no está abordando el problema en su integridad.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, es importante entender el proyecto en debate como el primer paso de un esfuerzo legítimo para fortalecer el proceso democrático que está viviendo el país y dotar a las instituciones del Estado de la necesaria autoridad frente a los ciudadanos, de tal forma que no ocurra el proceso de deterioro e incluso de descomposición, producido en otros países, debido al enriquecimiento ilícito, que ha sido la expresión que ha revelado una corrupción extraordinariamente profunda de sus instituciones. Esta es una contribución que tiene un propósito de largo plazo. En mi opinión, este proyecto tiene el mérito de comenzar una tarea que deberá llevarse a cabo próximamente, y que deberá perfeccionarse desde el punto de vista legislativo en el curso del tiempo.
En particular, quiero valorar que en este artículo 1° se haya extendido la obligación que se establece para diferentes autoridades civiles, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Al contrario de las opiniones que el informe consigna en cuanto a que algunos señores Diputados opinaron en contra de la extensión de esta obligación, quiero subrayar que me parece que esto es de extraordinaria importancia en el mundo moderno, no sólo por las lecciones del pasado reciente, en que oficiales superiores se retiraron enriquecidos de sus funciones públicas, en este caso, del gobierno y de sus respectivas instituciones. Ello fue producto de las irregularidades del proceso de privatización de distintas empresas públicas, que permitió que muchísimos de ellos trascendieran las posibilidades de enriquecimiento de sus propias carreras en forma claramente anormal, lo que reflejó un proceso de enriquecimiento ilícito en el régimen militar. Todo esto revela que la eventual corrupción de las instituciones del Estado no es un proceso que ocurre bajo el régimen democrático, sino que es un proceso que acompaña a los regímenes dictatoriales, en los cuales el usufructo del poder, la arbitrariedad y los atropellos son una situación relativamente habitual, que conlleva claramente ante los ojos de la sociedad como aquellos que detentan el poder, a enriquecerse en forma ilícita. En consecuencia, no sólo se trata de una situación en la que nuestra sociedad tiene una experiencia y una lección extraordinariamente cercana. Bastaría examinar la situación de una serie de oficiales generales que tenían responsabilidades en el sector público y en las áreas de la economía en el período en que fue privatizada una gran cantidad de empresas, para confirmar lo que estamos aseverando. Además, este proceso se vincula con las tareas que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública llevan a cabo en la sociedad moderna.
En otras palabras, es posible que escándalos como los de las casas de Lo Curro y El Melocotón y otros también pudiesen repetirse bajo el régimen democrático, ya que en la vida moderna estas instituciones cumplen funciones donde claramente están latentes las posibilidades de que también se produzca enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, en el Estado moderno la lucha contra el narcotráfico viene a ser uno de los elementos que tiende a permear, descomponer o corromper las instituciones de seguridad pública, que incluso puede extenderse a las propias instituciones armadas, que en varios países latinoamericanos la experiencia lo confirma han asumido necesariamente tareas en esta lucha.
En consecuencia, subrayo que si queremos que esta normativa sea efectiva y en el futuro pueda cumplir su función, es indispensable que los oficiales superiores de las instituciones castrenses y de la fuerza pública queden comprendidos en ella. Se trata de que no se prolongue su ya anormal autonomía en el ordenamiento institucional del país.
Como todos sabemos, fruto de la Constitución de 1980 y el propio Comandante en Jefe del Ejército lo ha señalado en la Comisión de Defensa de esta Cámara las instituciones armadas gozan, en los hechos y de facto, de autonomía que sería completamente perjudicial, por la vía de un privilegio, dejar a los oficiales superiores excluidos de una normativa como ésta, que obliga a las máximas autoridades civiles a una situación de transparencia frente a la opinión pública.
Por lo tanto, consideramos que la indicación al artículo 1° tiende a dar mayor efectividad a la norma que discutimos.
He dicho.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).-
Hago presente a la Sala que el proyecto debe ser votado hoy, porque el plazo constitucional vence mañana. En consecuencia, a partir de las 12.30 se procederá a votarlo artículo por artículo hasta su total despacho.
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señora Presidenta, desde muy antiguo ha existido preocupación por la corrupción, y desde que la sociedad se organizó a través de los Estados, se ha tratado de deslindar, entre los intereses que deben atender los servidores públicos, y los negocios privados.
Ya San Pablo, al escribirle a Timoteo, decía que "la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores". Y el Presidente norteamericano Jefferson, aludiendo a ciertas instituciones, decía que "los bancos son más peligrosos que un ejército permanente".
En nuestra patria ha habido preocupación sobre este tema desde los inicios de la República.
La Constitución de 1823, en su título XXII, dedicaba todo un capítulo a la moralidad nacional, y quizás ésta sea la oportunidad para que una ley haga realidad los principios que se sustentaban en sus artículos 242, 250 y siguientes. Se señalaba que "en la legislación del Estado se formará el código moral que detalle los deberes del ciudadano en todas las épocas de su edad y en todos los estados de su vida social, formándose hábitos de ejercicios, deberes, instrucciones públicas, ritualidades y placeres que transformen las leyes en costumbres y las costumbres en virtudes cívicas y morales."
En consecuencia, siempre ha habido una preocupación en esta materia. Por algo todas las constituciones políticas de nuestro país han señalado inhabilidades e incompatibilidades para ser parlamentario. Existen numerosos proyectos sobre probidad administrativa que nunca llegaron a ser realidad. El propio Montesquieu se refería, en su libro "El Espíritu de las leyes", al tema de la corrupción.
Este artículo le también tiene relación con las actividades de nuestra vida moderna. Un jurista norteamericano decía que había corrupción en los sectores público y privado, y que de una deriva la otra. Si por corromper se entiende ofrecer retribución o recompensa y aceptarla, bien para eludir deberes nacidos de la ley o de los compromisos contractuales, bien para proteger beneficios no existentes según esa misma ley o que el contrato señala, entonces es obvio que haya corrupción tanto en la vida pública como en la actividad privada.
El soborno o corrupción en el sector privado ha aparecido con el industrialismo y el gigantismo económico de nuestros días. La vida de consumo, la consecuente inflación, el endeudamiento de los países en desarrollo, ofrecen como medio de combate la corrupción en ambos sectores de la vida de un Estado. Desde 1942 la jurisprudencia norteamericana se ha ocupado de la figura típica penal llamada "soborno comercial". Y la corrupción privada en los Estados Unidos tiene su máxima expresión en el escandaloso caso Watergate que cost�� la carrera política del Presidente Nixon.
En relación con el sector privado, la corrupción adopta la forma de la codicia sofisticada, el lenguaje tecnificado que hace más difícil la comprensión de las múltiples maniobras fraudulentas y corruptoras para despojar a los demás de sus bienes. Esto se ha convertido en parte de la manera de ser en la estructura financiera de un ejecutivo bien informado. La astucia es tenida como rasgo de inteligencia, y la audacia, de su dinamismo, e incluso se ha llegado a decir en los tribunales norteamericanos que la corrupción es un elemento constitutivo de la vida financiera actual.
Cuando a ciertos funcionarios, servidores públicos que aquí se enumeran, se les exige una declaración sobre dos puntos: las actividades que puedan proporcionarles ingresos económicos y el inventario de sus bienes, se está haciendo realidad este propósito moral que debe imperar en una sociedad moderna, eficiente y que quiere dar rasgos de bien público a los demás ciudadanos que son sus subalternos o sus dirigidos.
Aquí se ha criticado, por ejemplo, la inclusión de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, como también la dé los miembros de los escalafones superiores del Poder Judicial y de los notarios, conservadores y archiveros, y para ello se dice que son funcionarios de carrera que después de una larga vida han llegado a la cúspide y no administran ni siquiera dinero. Creo que se comete un error. ¿Acaso no estuvimos investigando los cheques girados por el Ejército al hijo del Comandante en Jefe? ¿No tiene el Ejército por ejemplo una industria como Famae, donde se negocian armas y otros equipos bélicos por millones de dólares? ¿No existe acaso una empresa aérea, o Asmar? En definitiva, altos oficiales están colocados en esas empresas y nadie duda de que esas personas, como cualquier otra, pueden estar sujetas a corrupción. Lo mismo sucede en el Poder Judicial en que existe la Corporación Administrativa, y los propios jueces, e incluso los secretarios de los tribunales, administran dinero. Todas las multas y los dineros que se ofrecen como fianzas ingresan a la cuenta corriente del tribunal. En los juzgados de menores también se administran millones y millones de pesos. Entonces, es indudable que los miembros del Poder Judicial, y en especial sus altos funcionarios, administran un patrimonio extraordinario muy superior a sus rentas que puede hacerlos caer en tentación. Asimismo, licitan, compran, permutan y realizan una serie de negocios a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
La inclusión de notarios, conservadores y archiveros es dudosa, pero no hay duda de que también pueden ser objeto de una serie de sobornos o cohecho u otro tipo de conductas, o ellos mismos incurrir en conductas delictuales o influencias que en definitiva produzcan efectos nocivos entre las personas que concurren a estos servicios públicos.
En consecuencia, creo que existe toda una justificación moral para que el pequeño gesto de una declaración jurada de las actividades y del inventario de los bienes lo realicen altos funcionarios de la República, lo cual, por sí mismo, produciría un signo, una señal de moralidad para todo el país.
En la enumeración de los artículos 1° y 2° del proyecto debería haberse incluido a los consejeros regionales, quienes también priorizan, licitan y administran proyectos de inversión en las respectivas regiones, y no hay duda de que podrían verse afectados por presiones, manejos, influencias o tráfico de ellas.
El hecho de que las declaraciones juradas tengan carácter público garantiza su existencia, porque el secreto en estas materias no hace bien a la moralidad de los ciudadanos. Como se decía hace dos mil años, los secretos nunca son bien guardados. Lo que se dice al oído en los aposentos, después se proclama en las azoteas. En consecuencia, es conveniente que las declaraciones juradas tengan carácter público y que, además, permanezcan bajo la custodia de funcionarios que garanticen una conducta irreprochable y digna y un celo funcionario indiscutible.
Señora Presidenta, el Diputado señor Jorge Pizarro me ha pedido una interrupción.
La señora CARABALL (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero manifestar mi sorpresa por la urgencia del proyecto, puesto que el tema es bastante importante e interesante de discutir y analizar en profundidad. Me han informado que dicha urgencia fue solicitada por la Comisión de Constitución, pero yo, realmente, no advierto el sentido de estar obligados a despachar hoy un proyecto que contiene tantas implicancias, de manera que pido a la Mesa el retiro de la urgencia.
En segundo lugar, lamento que no se haya repuesto la indicación que fue rechazada presentada por los Diputados señores Huenchumilla, Dupré y Velasco, que eliminaba los artículos 1° al 10, porque, más allá de la buena intención que se plantea en los artículos 1°, 2° y 3°, con la cual estoy de acuerdo, creo que ella se puede materializar, sin necesidad de una ley, a través del buen criterio público y de una manifestación de voluntad personal exigida por la comunidad a quienes asumen responsabilidades públicas por decisión del Presidente de la República, en los cargos de su confianza, o por voluntad popular, en el caso de los representantes en los municipios y en el Congreso Nacional.
Con excepción de los tres primeros artículos -que podría votar favorablemente- en todos los restantes, a mi juicio, se comete un error garrafal y no corresponde incluirlos. Con las prohibiciones del artículo 4°, ¿quiénes postularán mañana al Parlamento o desempeñarán las altas responsabilidades establecidas en el artículo 1°? ¿Quiénes tendrán interés en representar a comunidades, en el caso de los alcaldes; a distritos, en el de los Diputados, y a regiones, en el de los Senadores, con todas las limitantes y medidas antinaturales diría consignadas en estos artículos?
A nadie se le puede prohibir que desempeñe lo que le es natural, lo que aprendió o hace en forma natural en su profesión, en su negocio, en su campo, en su empresa; en fin, en la actividad que sea. La solución no radica en colocar cortapisas o fiscalizar; sólo debemos atenernos al buen criterio y a la sabiduría de nuestros electores, en el caso de los que somos elegidos por votación popular, y al buen criterio y responsabilidad de quienes nombran a otros funcionarios. Además, las fiscalizaciones se ejercen por los tribunales de justicia, por las instancias existentes en nuestro sistema, por la propia Cámara, que tiene facultades fiscalizadoras, por los medios de comunicación, que muchas veces son más efectivos que todas las medidas establecidas en el proyecto.
Por ejemplo, el artículo 52 dispone que hasta un año después las personas que han ejercido tales cargos no podrán desempeñarse como directores o gerentes en empresas que presten servicios a la comunidad en virtud de concesiones otorgadas por el Estado, aun cuando éste no tenga participación alguna en su propiedad. Esto limita el derecho a la libertad de trabajar en lo que podamos o corresponda a nuestras actividades y profesiones. ¡Cómo vamos a designar un mandatario, con una cláusula de libre administración, para que maneje nuestros negocios! Eso es antinatural y significará el establecimiento de verdaderos "palos blancos" en actividades que deben ser transparentes y ajustadas a lo que siempre hemos hecho. Quienes van a juzgar esto no son los pares, como se plantea en el artículo 7° y siguientes, en la Comisión de Ética. Con ese criterio hay algunos candidatos que no podrían ni siquiera llegar al Congreso. Hay connotados políticos, líderes nacionales, que se presentaron como candidatos a Presidente de la República, que hoy enfrentan noventa y ocho juicios en los tribunales de justicia. Ellos no podrían ni siquiera sentarse aquí, sino que pasarían directamente a la Comisión de Ética.
Además, ¿qué pasaría si los pares tuviéramos que castigar, por ejemplo, las conductas de algunos colegas, que han sido objeto de escándalo público? Todos conocemos el escándalo en el cual participaron una Honorable señora Diputada y un Honorable señor Senador. ¿Los vamos a juzgar nosotros? ¿Qué materias deberá conocer esta Comisión de Ética? ¿Qué vamos a decir respecto del desempeño en sus cargos y del cumplimiento de los deberes? Eso no puede estar tipificado en un artículo de esta naturaleza. La gente decidirá y, lo más probable, es que algunos parlamentarios que participaron en los casos mencionados vuelvan a esta Corporación, por decisión popular. Entonces, ¿con qué autoridad vamos a cercenar o coartar la decisión de la gente? Cada uno se merece lo que tiene.
Por lo tanto, si debemos votar el proyecto ahora, lo rechazaré por completo, porque me parece contradictorio, aun cuando sean buenas las intenciones consagradas en sus artículos le, 2S y 3Q.
Vuelvo a solicitar el retiro de su urgencia y que el proyecto se someta a una discusión mucho más exhaustiva.
Agradezco al Diputado señor Elgueta la interrupción que me concedió.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. Restan dos minutos de su tiempo.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, precisamente por el ejemplo dado por el Diputado señor Pizarro, de que un candidato enfrenta cerca de 90 juicios, es bueno que exista un proyecto de esta naturaleza, que impida que una persona de ese jaez llegue a la Presidencia de la República. En tal sentido, el proyecto es absolutamente moral y bueno.
Si a través de una investigación exhaustiva se examinasen las riquezas, incluso de acuerdo con los principios cristianos, se podría determinar que han existido abusos que deberían ser corregidos. Desgraciadamente, el país contempla con estupor que determinados personajes se encaraman en la vida nacional y pretenden llegar a los más altos cargos. Por lo menos, impidámoslo a través de una ley.
Termino lamentando no haber podido discutir el resto del articulado, pero no disponemos de tiempo.
Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Latorre.
El señor MOLINA (Presidente).-
No dispone de tiempo, señor Diputado.
Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, deseo referirme a parte de las expresiones vertidas por el Diputado señor Escalona, en el sentido de que en la Cámara se formó una Comisión Especial dedicada al estudio de las privatizaciones.
Efectivamente, estuvimos en eso por más de dos años. Por lo tanto, le pido al señor Secretario que le haga llegar los antecedentes y las conclusiones a que arribó la Comisión. Si a pesar de todo el señor Diputado posee información respecto de irregularidades, podría hacerlas presentes, ya que existen muchos canales para resolver las cosas en este país.
Por otra parte, deseo consultar al Diputado informante qué sanción merecerían, por ejemplo, los comunicados o informes de prensa tendenciosos, en los cuales un parlamentario anuncia que asistirá a un lugar y después no lo hace y otras personas creen que realmente estuvo ahí, en circunstancias de que no fue así.
Hay infinidad de ocasiones en que los políticos prometen algo que no se concreta, porque no existe posibilidad alguna para ello. ¿Qué canales existirán en esa Comisión de Ética respecto de las verdades a media, o falsedades, cuando un parlamentario dice que visitó La Moneda y anuncia que conversó con el Presidente o con algún Ministro, en circunstancias de que estuvo dando vueltas por algunas oficinas?
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor KUSCHEL.-
Esto se ha publicado en diversos medios de prensa, y hay otros casos. Lo pongo como ejemplo de situaciones que pueden producirse en una intendencia regional, en alguna municipalidad, en fin.
Deseo saber cuáles son las vías que propone el proyecto para los casos en que se termina engañando a la opinión pública.
Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Urrutia.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, éste es, quizás, uno de los proyectos más trascendentales que ha conocido la Cámara. Los chilenos no hemos comprendido el drama que hoy viven otras naciones del mundo, porque, a Dios gracias, en nuestra patria sólo hay brotes de corrupción, como los que ha conocido el país, los que, felizmente, de una u otra forma son controlados o existen los mecanismos para que puedan serlo.
En verdad, muchas naciones de América y de Europa viven hoy una escalada de corrupción que las tiene absolutamente destruidas moral y económicamente, lo que lleva en definitiva a la destrucción de la sociedad.
Hace algunos días fui invitado por la Unión de Partidos Latinoamericanos a un seminario sobre corrupción, en Colombia, al que asistieron representantes de más de veinte países de diferentes continentes, en el cual se analizó este tema. Se señaló expresamente que la falta de una legislación para que sus más altas autoridades tengan al menos la posibilidad de ser fiscalizadas, impide ejercer control sobre ellas y, lo que es más grave, se corrompe todo el sistema político y, en definitiva, la democracia.
Más que personas corruptas, hay sistemas corruptos. Por ello, debemos impedir, por todos los medios posibles, que en nuestro país pueda darse una situación de esta naturaleza.
Si bien es cierto que el proyecto en análisis establece una norma que no va a evitar absolutamente la corrupción en Chile, no es menos efectivo que significa un avance importante para impedirla. Quizás una declaración jurada no sea suficiente, pero será importante para evitar que las personas que ocupan cargos parlamentarios o en el Poder Ejecutivo o Judicial puedan tentarse y tratar de obtener una recompensa por funciones que, de conformidad con la ley, están obligadas a cumplir.
Debemos evitar que en nuestro país exista cualquier tipo de corrupción. Un señor parlamentario señalaba que el artículo 4C era uno de los más conflictivos del proyecto. Efectivamente, así es. Pero, quienes hemos llegado y quienes llegarán al Parlamento o los que ocuparán cargos en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial lo hacen por una vocación de servicio público. Por lo tanto, durante el tiempo en que van a dedicar su trabajo al servicio público deben dejar de lado todas sus actividades privadas para evitar que el cargo que ocupan pueda influir en la obtención de recompensas del sector privado.
Incluso, en el seminario al que asistí, se señalaba que muchas veces la corrupción empezaba cuando se recibían pequeñas dádivas, pequeños regalos por parte de algunas personas, para tener la posibilidad de acceder o llegar al parlamentario, al ministro, al subsecretario u otras autoridades.
Por ello, a pesar de que el proyecto no satisface completamente el control que debe existir sobre los funcionarios públicos y quienes ejercemos cargos de representación popular, constituye un avance importante al respecto y, en consecuencia, lo votaré favorablemente.
Agradezco al Diputado señor Kuschel la interrupción que me concedió.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Corresponde votar el artículo.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, hay una situación bastante inusual, improcedente desde el punto de vista del debate del proyecto.
Se trata de una iniciativa que contiene indicaciones del Ejecutivo para eliminar los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°, y simultáneamente, la urgencia solicitada por él, lo que nos obliga a votar sin haber discutido uno a uno sus artículos; ni siquiera aquellos sobre los que el propio Ejecutivo ha formulado indicaciones para suprimirlos. Por eso, es absurdo votar un proyecto respecto del cual no nos hemos pronunciado en absoluto.
En consecuencia, solicito que se someta a consideración de la Sala no votarlo y que el Ejecutivo retire su urgencia.
El señor MOLINA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para proceder en la forma solicitada por el Diputado señor Latorre?
No hay acuerdo.
El señor LATORRE.-
No tiene por qué ser unánime, señor Presidente. Se debe votar la proposición que he formulado.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, la sugerencia del Diputado señor Latorre es completamente improcedente.
Por disposición constitucional, el Ejecutivo fija las urgencias, y el proyecto ya la tiene. Hemos votado cientos de proyectos en la misma forma y, muchas veces, no hemos alcanzado a discutir todos y cada uno de los artículos de proyectos bastante más importantes desde cierto punto de vista que el que nos ocupa.
Lo que corresponde es que cada señor Diputado vote de acuerdo con su conciencia y asuma la responsabilidad. Este proyecto ya se discutió extensamente en su primer trámite reglamentario y en el segundo la Comisión ha realizado un acucioso estudio, que cuenta con el respaldo de los más amplios sectores políticos. Por eso, despachémoslo; el Senado tendrá la última palabra, y de acuerdo con ello, procederá la Comisión Mixta y todas las instancias contempladas en la ley. Reglamentariamente no corresponde lo solicitado por el Diputado señor Latorre, y lo que sí es válido, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, es votar el proyecto artículo por artículo.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).-
Se procederá a votar el proyecto, debido a que vence su urgencia.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Señor Presidente, la urgencia fue solicitada por la Comisión, la cual carece de facultades para imponer a la Sala un procedimiento semejante, pero ésta puede decidir solicitar al Ejecutivo el retiro de la urgencia.
Además, como se trata de un proyecto de tanta importancia, queremos discutirlo; de lo contrario, nos obligan a abstenernos o a votar en contra, y no es nuestra intención.
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, al Ejecutivo le corresponde retirar la urgencia. Hasta este momento...
El señor PIZARRO (don Jorge).-
La puede solicitar la Cámara.
El señor MOLINA (Presidente).-
... no se ha recibido comunicación al respecto.
De acuerdo con el artículo 108 del Reglamento, sólo cabría que el proyecto pasara a Comisión, pero el único plazo que tenemos vence el día 9. En consecuencia, tampoco hay tiempo.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Podemos pasarlo a Comisión.
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, no es posible hacerlo.
Por lo tanto, debido a la urgencia, no queda otro camino que proceder a votar el proyecto.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
No, señor Presidente.
El señor MOLINA (Presidente).-
Lamentablemente es así, señor Diputado.
El señor ORPIS.-
Pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, considero que estas peticiones deberían hacerse al comenzar el análisis de un proyecto; éste ya lo hemos discutido toda la mañana. Si al principio se hubiera considerado necesario tomarse otra determinación, debió adoptarse en aquel momento; de lo contrario, dejamos de analizar y discutir otros proyectos que tienen urgencia. Por lo tanto, creo que corresponde resolver el punto.
El señor MOLINA (Presidente).-
Lamentablemente, no queda otro camino que proceder a votarlo.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Es lo que solicité recién, señor Presidente.
El señor BOMBAL.-
Pido la palabra para una cuestión reglamentaria.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, ¿fueron votadas en la Comisión las indicaciones del Ejecutivo a este proyecto?
El señor MOLINA (Presidente).-
Naturalmente, señor Diputado.
El señor RIBERA.-
Pido la palabra para referirme al Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIBERA.-
Señor Presidente, quiero formular algunas aseveraciones. Primero, considero que el proyecto es valioso; segundo, es importante que los parlamentarios lo voten con conocimiento, de acuerdo con sus puntos de vista; tercero, tenemos urgencia, y cuarto, esta sesión está empalmada con la de esta tarde, donde se continuará con el estudio del proyecto.
Creo perfectamente posible hacer las consultas del caso al Ejecutivo, y con ello se daría oportunidad a los señores parlamentarios para expresar sus opiniones al respecto. Comparto el criterio del Diputado señor Schaulsohn de que el proyecto debe votarse rápidamente, y también creo posible concordar la opinión de algunos señores Diputados que encuentro razonable en cuanto a que puedan expresarse sobre los diferentes puntos que contiene la iniciativa.
Por ejemplo, el artículo 1° al cual hemos destinado todo este tiempo plantea desde las tesis más generales hasta las más particulares en esta materia.
En resumen, propongo que se vote solamente el artículo l° y se consulte al Ejecutivo sobre la posibilidad de que retire la urgencia del proyecto.
Varios señores DIPUTADOS.-
No.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, me parece razonable la proposición del Diputado señor Ribera. Si la sesión de la tarde está empalmada con ésta con el compromiso de que, si no se retira la urgencia, el proyecto se vota en primer lugar, creo que podríamos hacer las gestiones para que se retire la urgencia. Es lo mínimo que pueden aceptar aquellas personas que quieren ver este proyecto transformado en ley con la debida discusión.
Insisto en que se trata de una iniciativa con urgencia calificada de "suma", y respecto de la cual el Ejecutivo ha presentado indicación para eliminar los artículos, del 4° para adelante. Entonces, me parece absurdo que los votemos sin haberlos discutido previamente.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco; a continuación, citaré a reunión de Comités.
El señor CARRASCO.-
Señor Presidente, considero que éste es un proyecto sumamente importante, y por ello queríamos discutirlo. Con el criterio de la Mesa en cuanto a que vence el plazo, también debiéramos votar hoy el proyecto relacionado con el bosque nativo, con vencimiento al día 9; sin embargo, no lo haremos.
No sé por qué para un proyecto prima un criterio, y no se aplica el mismo para otros. Ello significa que es factible pedir que se retire la urgencia, y así discutir con el debido tiempo este proyecto que tiene mucha atingencia con el Congreso Nacional.
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, llegó a la Mesa la nota del Ejecutivo que retira la urgencia del proyecto referente al bosque nativo.
Se suspende la sesión para efectuar una reunión de Comités.
Transcurrida la suspensión.
El señor MOLINA (Presidente).-
Continúa la sesión.
Se procederá a la votación en particular.
En votación la indicación de los Diputados señores Dupré, Huenchumilla y Velasco para suprimir el artículo 1°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Rechazada.
Corresponde votar el artículo 1°.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, ¿no se va a poner en votación la indicación del Ejecutivo?
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, la indicación del Ejecutivo no fue rechazada.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Señor Presidente, respecto de la indicación de los señores Dupré, Huenchumilla y Velasco, ¿Su Señoría puso en votación sólo la eliminación del artículo le?
El señor MOLINA (Presidente).-
Efectivamente, señor Diputado. Vamos a votar las indicaciones cuando tratemos los respectivos artículos.
Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, entiendo que la indicación del Ejecutivo fue asumida favorablemente y está contenida en el informe de la Comisión.
El señor MOLINA (Presidente).-
Efectivamente. Por eso no se vota.
El señor PALMA (don Andrés).-
La indicación del Ejecutivo es diferente de la aprobada por la Comisión.
El señor MOLINA (Presidente).-
La Comisión no rechazó la indicación del Ejecutivo.
Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, en ese caso, hay que votar dos indicaciones diferentes, porque la norma de la Comisión comprende la indicación del Ejecutivo y la del señor Palestra. En consecuencia están las dos.
El señor MOLINA (Presidente).-
De acuerdo con el informe, la indicación no figura como rechazada.
El Diputado informante podría explicar el punto.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, efectivamente puede llamar a confusión tal como aparece en el informe.
En definitiva, la Comisión agregó al texto propuesto por el Ejecutivo una indicación del señor Palestra y otros Diputados, para incorporar al personal de las Fuerzas Armadas y a los que se mencionan en el artículo. Pero la redacción del Ejecutivo a menos que la memoria me falle fue incorporada en la indicación aprobada por la Comisión.
El señor PALMA (don Andrés).-
Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, en este caso la memoria traiciona al Diputado señor Schaulsohn, porque el texto aprobado no corresponde a la redacción de la indicación del Ejecutivo.
La indicación del Ejecutivo dice en la parte pertinente: "... deberán hacer una declaración jurada en la que consten todos sus bienes propios, los de la sociedad conyugal y los que pertenezcan a su cónyuge,...". El texto aprobado por la Comisión dice: "... deberán hacer una declaración jurada en la que consten aquellas actividades que les proporcionen o puedan proporcionarles ingresos económicos,...". Es decir, hay una diferencia importante, por la cual pido que se vote la indicación del Ejecutivo.
El señor MOLINA (Presidente).-
Es evidente que los textos no son idénticos. En consecuencia, se va a proceder a votar, en primer lugar, la indicación del Ejecutivo.
El señor HUENCHUMILLA.-
Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, quiero hacer un par de consultas.
La primera: si las indicaciones fueron rechazadas en la Comisión, ¿por qué se votan si no se han renovado?
La segunda: si lo dispuesto en el inciso final del artículo l2 no sería materia de ley orgánica constitucional, toda vez que le damos nuevas atribuciones a la Contraloria General de la República.
Gracias.
El señor MOLINA (Presidente).-
Respecto de su primera consulta, el artículo 129 del Reglamento ordena votar la indicación. Se procedería a votar, en primer lugar, la indicación del Ejecutivo. Si se rechaza, se votará luego el artículo propuesto por la Comisión.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, ¿y respecto de la naturaleza del último inciso?
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, mediante este inciso no se le está entregando ninguna atribución al Contralor, de tal manera que no debe entenderse modificada la Ley Orgánica.
El señor HUENCHUMILLA.-
¿Me permite, señor Presidente?
Si el inciso final se relaciona con el artículo 32, se concluye que al Contralor se le está entregando la responsabilidad de tener bajo custodia las declaraciones juradas, atribución que no se considera en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría.
No estoy haciendo una aseveración, sino una consulta para aclarar la naturaleza de la disposición.
El señor MOLINA (Presidente).-
A juicio de la Mesa el inciso no contiene norma de ley orgánica constitucional. En consecuencia, se votará con quorum de ley simple.
En votación la indicación del Ejecutivo. .
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Rechazada.
El señor LONGTON.-
Pido la palabra por un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, tengo serias dudas respecto de la constitucionalidad de este proyecto en general, porque si la Constitución, por ser la Carta Fundamental, fija prohibiciones e incompatibilidades a los Senadores y Diputados, me parece inapropiado que una ley simple fije mayores exigencias a esas autoridades. Aquí se produce una incompatibilidad, porque hay un principio de derecho en juego.
Deseo dejar constancia en acta de mi punto de vista.
El señor MOLINA (Presidente).-
Quedará constancia, señor Diputado.
Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo por un asunto de Reglamento.
El señor GAJARDO.-
Señor Presidente, pido que se vote separadamente el penúltimo inciso.
El señor MOLINA (Presidente).-
La división de la votación debió pedirse antes del cierre del debate.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Señor Presidente, corresponde votar las indicaciones, y como el inciso antepenúltimo del artículo es producto de una indicación, tendríamos que votarlo primero.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor MOLINA (Presidente).-
No es así. Se vota el artículo.
En votación el artículo 1°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Aprobado.
En votación la indicación N° 1., que tiene por finalidad suprimir el artículo 2°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Rechazada.
En votación la indicación número 4, sustitutiva del artículo 20.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Rechazada.
El señor MOLINA (Presidente).-
En votación la indicación número 5, del señor Navarrete, para eliminar la palabra "concejales".
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Rechazada.
Corresponde votar el artículo 2a.
El señor YUNGE.-
Hay más indicaciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
En el informe, la indicación número 6, de los señores Devaud y Palestro, no aparece rechazada.
El señor LETELIER.-
Pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, quiero solicitar, por su intermedio, la unanimidad de la Sala para incorporar también a los consejeros regionales, porque de lo contrario se configuraría una discriminación no muy justa, que fue planteada durante la relación del informe.
El señor MOLINA (Presidente).-
El Diputado señor Letelier ha sugerido incluir a los señores consejeros regionales.
No hay acuerdo.
El señor ORPIS.-
Pido la palabra en relación con el artículo.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, correspondería votar la indicación número 6, de los Diputados señores Devaud y Palestra, porque no figura en el texto de la Comisión. Presumo que fue rechazada.
El señor MOLINA (Presidente).-
El Diputado informante nos puede aclarar el punto.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, está incorporada en el inciso segundo del artículo 3° del proyecto, que dice: "Las declaraciones deberán renovarse cada cuatro años o, en todo caso, dentro de los treinta días siguientes a la cesación en el cargo o función."
Si formalmente corresponde rechazar la indicación, tal vez sea así; pero la idea está incorporada en ese inciso.
El señor MOLINA (Presidente).-
La idea se encuentra incorporada en el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Devaud sobre un asunto de Reglamento.
El señor DEVAUD.-
Señor Presidente, al no consignarse textualmente la indicación, debemos entenderla rechazada, aun cuando se incorpore la idea.
Aparte de eso, la indicación que presentamos con el Diputado señor Palestro señala expresamente que "las declaraciones juradas a que se refiere esta ley deberán prestarse ante ministros de fe competentes", situación que no figura en ninguna parte del proyecto y que nos parece absolutamente necesaria e indispensable, por la calidad de cauteladores de la fe pública que ellos tienen para constituir en su momento la infracción penal de declaración falsa que contiene el artículo 210 del Código Penal, cuando sea de falso contenido o contenga declaraciones incompletas o maliciosas.
El señor MOLINA (Presidente).-
Con la explicación del Diputado señor Devaud, debemos proceder a votar la indicación, aun cuando ésta no se consigna en el texto.
En votación la indicación que figura con el número 6, de los Diputados señores Devaud y Palestro.
Recuerdo a la Sala que gran parte de esta indicación se encuentra incorporada en el texto, a excepción de algunas frases.
El señor ORPIS.-
¡No es así!
El señor MOLINA (Presidente).-
Si no es así, con mayor razón.
Un señor DIPUTADO.-
Gran parte no se encuentra incorporada.
El señor DEVAUD.-
Señor Presidente, ¿me permite una proposición?
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DEVAUD.-
Señor Presidente, quiero plantear derechamente la sustitución del inciso segundo del artículo 3° del proyecto por la indicación que presentamos en su momento con el Diputado señor Palestro. Eso sería lo congruente.
El señor MOLINA (Presidente).-
Diputado señor Devaud, estamos votando el artículo 2° No nos queda otro camino que votar su indicación.
En votación la indicación de los señores Devaud y Palestra.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Rechazada la indicación.
En votación el artículo 2°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MOLINA (Presidente).-
Aprobado el artículo 2°.
En votación el artículo 3°.
Se votará la indicación número 1, que suprime en su totalidad el artículo.
En votación la indicación.
Durante la votación:
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, con la solidaridad de mi bancada, en particular del Diputado señor Estévez, quiero plantear que el procedimiento que Su Señoría ha propuesto en cuanto a que las indicaciones fueron discutidas en la Comisión, no permite que en este momento opinemos sobre el artículo en sí. Por lo tanto, me gustaría que la Mesa indicara si puedo referirme a dicha norma, antes o después, por un problema muy práctico, ya que en la discusión particular ello constituye un derecho al cual no he renunciado.
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, lamentablemente está cerrado el debate.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en el debate en particular entiendo que existe el derecho de entregar opinión sobre los artículos, independientemente del análisis del artículo 1°.
Digo esto, porque quiero pedir votación separada, en particular respecto del inciso segundo del artículo 3a. Posteriormente, me gustaría fundamentarlo.
El señor MOLINA (Presidente).-
Lamentablemente está cerrado el debate. No se puede acceder a su petición, señor Diputado.
El señor PALMA (don Andrés).-
Pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, hemos debatido en particular sólo el artículo 1°. Es cierto que está cerrado el debate, pero lo que no se puede asumir es la imposibilidad de solicitar divisiones de la votación, por cuanto si no se abrió debate sobre un artículo, no existió la instancia reglamentaria para pedirlas. En consecuencia, debiera accederse a la solicitud del Diputado señor Letelier, no para otorgarle la palabra, sino para pedir, antes de la votación del artículo, división de la votación del mismo.
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, el artículo 144 del Reglamento establece que la división de las proposiciones debe solicitarse antes del cierre del debate.
El señor LETELIER.-
Pido la palabra por un punto de Reglamento.
El señor MOLINA (Presidente).-
El debate está cerrado.
Si se recaba la unanimidad de la Sala para permitir la intervención del Diputado señor Letelier, no tengo inconveniente en solicitarla.
El señor PALMA (don Andrés).-
Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).-
Continúa con la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, el punto es otro.
No he pedido que se otorgue la palabra, sino que he sostenido que sólo ha habido discusión sobre el artículo l° del proyecto, ya que el debate se cerró por el término del Orden del Día. Al no haber habido debate sobre los artículos 2°, 3° y sucesivos, no ha existido un momento para solicitar la división de la votación. Por lo tanto, si un señor Diputado solicita la división de la votación antes de que se realice la misma, no se puede aducir que, porque estar cerrado el debate, no procede hacerlo.
Entonces, si se requiere la unanimidad de la Sala para la división de las votaciones, le pido que lo haga cuando corresponda entrar en la votación de un artículo, ya que es muy probable que otros parlamentarios quieran pedirla también respecto de otras disposiciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
No nos alarguemos en esta materia. La vamos a resolver de inmediato.
Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, los Diputados deben asumir la responsabilidad de la forma en que se llevan los debates, porque lo que ha ocurrido toda la mañana es que en realidad hubo discusión en general del proyecto, aun cuando, en estricto rigor, tuvieron que referirse al artículo 1°. Se agotó el debate, se cumplió la hora, y ahora corresponde que asumamos la responsabilidad de votar sobre la base del Reglamento. Es decir, se perdió la oportunidad de que los señores Diputados pudieran solicitar división de la votación. Esa es la única forma de ordenar el debate.
He dicho.
El señor MOLINA (Presidente).-
Si se obtiene la unanimidad de la Sala, se podría dividir la votación.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en uso de mis derechos reglamentarios, quiero explicar mi petición.
Es difícil lo que se ha presentado en el inciso segundo del artículo 3°.
En consecuencia, propongo separar la votación respecto de la declaración que se deba hacer al final de un período, y en particular que no sea dentro de los treinta días siguientes a la cesación en el cargo o función, sino, al contrario, 30 días antes, para viabilizar esta norma.
El señor MOLINA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para dividir la votación?
El señor SCHAULSOHN.-
Eso no es dividir la votación; es una indicación.
El señor MOLINA (Presidente).-
No hay acuerdo de la Sala.
En votación la indicación N° 1, supresiva del artículo 3°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Rechazada la indicación.
En votación la indicación del Ejecutivo, sustitutiva del artículo 3°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Rechazada.
En votación el artículo 32.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Aprobado.
Corresponde votar el artículo 4°.
En este artículo, aparte de la indicación del Ejecutivo, hay una del Diputado señor Devaud, para sustituirlo, y otra de los Diputados señores Huenchumilla, Dupré, Velasco, Sabag, Urrutia, Galilea y Álvarez-Salamanca, para eliminarlo.
En votación las indicaciones signadas con los números 1, 9, 10 y 11, que tienen por objeto eliminar el artículo 4°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MOLINA (Presidente).-
En consecuencia, queda suprimido el artículo 4°, y no habría razón para votar la indicación sustitutiva propuesta por el Diputado señor Devaud.
Corresponde votar el artículo 5°.
Este artículo tiene tres indicaciones, que corresponden a los números 12, 13 y 14.La primera, del Ejecutivo, y la segunda, de los Diputados señores Huenchumilla y Sabag, tienen por objeto suprimirlo. La número 14, del Diputado señor Andrés Palma, es para sustituir la expresión "un año" por "seis meses".
En votación las indicaciones supresivas contenidas en los números 12 y 13.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Suprimido el artículo 5°.
En consecuencia, no procede votar la indicación para sustituir algunas expresiones contenidas en él.
Corresponde votar el artículo 6°.
En votación las indicaciones N°s. 15 y 16, del Ejecutivo y de los señores Huenchumilla y Sabag, que consisten en suprimirlo.
Durante la votación:
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente ¿por qué no se da lectura al artículo?
El señor MOLINA (Presidente).-
Su texto figura en el informe que todos los señores Diputados tienen en su poder.
El señor ORPIS.-
¿Me permite?
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, correspondería votar la indicación N° 14, presentada por el Diputado don Andrés Palma, porque establece plazos distintos.
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, el artículo fue suprimido.
El señor ORPIS.-
Da lo mismo.
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, ¿cómo se va a votar la indicación de un artículo suprimido?
El señor BOSSELIN.-
¡Que se lea, para que el país conozca lo que se vota!
El señor LETELIER.-
Señor Presidente ¿se puede leer el texto que se propone suprimir?
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Que se lea!
El señor MOLINA (Presidente).-
Estamos en votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Aprobadas las indicaciones. Por lo tanto, queda rechazado el artículo.
Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, antes de la votación, solicité que se leyera el artículo que se iba a someter a votación, por cuanto no era claro para todos. Esa disposición, que se suprimió, decía que los parlamentarios y los funcionarios de confianza del Gobierno no podrán recibir dádivas, regalos o promesas de terceros. Algunos de los señores Diputados creen que eso no debe existir. Tanto el señor Bosselin como el Diputado que habla pedimos que se leyera la norma, porque no todos estaban conscientes de lo que se iba a votar.
El señor MOLINA (Presidente).-
No es procedente en este momento entrar en ese tema.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente ¿por qué no pide la unanimidad para volver a votar? Como el artículo no fue leído, no se sabe bien qué votaron los Honorables Diputados.
El señor MOLINA (Presidente).-
Ya se efectuó la votación.
Corresponde votar el artículo 7°.
En votación las indicaciones N°s. 17 y 18 del Ejecutivo y del Diputado señor Coloma, que consisten en eliminarlo.
Durante la votación:
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, la votación anterior no fue clara. Ese era uno de los artículos más serios respecto de la probidad y se ha votado equivocadamente.
El señor MOLINA (Presidente).-
El informe está en poder de todos los señores Diputados. La discusión ha sido intensa y se han planteado varias posiciones.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, todos estamos conscientes de que, desde el punto de vista reglamentario, el trámite de este proyecto ha sido exageradamente rígido. Por eso, en la reunión de Comités se manifestó que, ante la imposibilidad de debatir los artículos 4° y siguientes y de pedir división de la votación en esos artículos, nos enfrentaríamos a una situación inaceptable: que se plantee aquí que los Diputados que votamos en contra de ciertas disposiciones no estamos de acuerdo con algunos aspectos de fondo. Es importantísimo dejar en claro esta circunstancia para que no existan malas interpretaciones que pueden ser muy negativas para nuestra convivencia.
He dicho.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).-
Estamos votando las dos indicaciones al artículo 7, que consisten en suprimirlo.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, mi punto es tan de Reglamento como el planteado por el Diputado señor Yunge.
Todos los señores Diputados saben perfectamente lo que está en votación. Si votaron en contra de un artículo que les prohíbe percibir dádivas y regalos del sector privado...
El señor MOLINA (Presidente).-
Señor Diputado, ése no es un punto de Reglamento.
El señor SCHAULSOHN.-
... tienen que asumir su responsabilidad ante la opinión pública, ¡porque es un voto inmoral, claramente inmoral!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN.-
¡Es inmoral votar en contra de la prohibición de recibir dádivas y los parlamentarios deben asumir su responsabilidad!
El señor MOLINA (Presidente).-
¡Diputado señor Schaulsohn!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN.-
¡Es falta de transparencia y de moralidad pública! ¡Hay que asumir la responsabilidad por la forma en que se vota!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MOLINA (Presidente).-
Ruego a los señores Diputados conservar la calma.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MOLINA (Presidente).-
Comunico a los señores Diputados que las expresiones antirreglamentarias serán eliminadas de la versión.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MOLINA (Presidente).-
Aprobadas las indicaciones. En consecuencia, queda suprimido el artículo 7°.
En votación la indicación del Ejecutivo para suprimir los artículos 8° y 9°.
Durante la votación:
El señor LEAY.-
Pido la palabra.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Leay para referirse a un asunto reglamentario.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, dentro del mismo tenor de lo manifestado por el Diputado señor Schaulsohn, aclaro a la Sala que todas las indicaciones que se han votado fueron presentadas por el Ejecutivo. De manera que si él habla de inmoralidad, está acusando al Gobierno.
El señor MOLINA (Presidente).-
Diputado señor Leay, ése no es un punto reglamentario.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Rechazada la indicación.
En votación el artículo 8°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Aprobado.
En votación el artículo 9°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Aprobado.
En votación la indicación del señor Dupré para suprimir el artículo 10.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MOLINA (Presidente).-
Rechazada.
En votación el artículo 10.
Durante la votación.
El señor ROJO.-
Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor MOLINA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, el inciso segundo de la disposición establece el secreto de la prueba. Se votó en contra de la "ley Aylwin" por el secreto de las declaraciones. Entonces, ¿por qué eso rige para un caso y para otro no? Hay que ser consecuentes.
El señor MOLINA (Presidente).-
Eso no es cuestión de Reglamento, señor Diputado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 6 abstenciones.
Aprobado el artículo.
Despachado el proyecto.
"
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1568
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/413
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/124
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/71
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1165
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/828
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/autoridades-publicas-y-de-parlamento
- rdf:type = bcnses:SeccionProyectoDeLey
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso