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El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente , estoy agradecido de que por lo menos en un ámbito haya dejado de ser ignorante, pues he logrado precisar que el origen de una de estas propiedades se remonta a un acto de ilegalidad manifiesto, frente al cual ciertos pontífices del Estado de Derecho nada dijeron, lo que siempre ayuda a clarificar las cosas.
Además, quisiera expresar mi coincidencia con los señores Senadores que se han pronunciado acerca de la importancia del Estado de Derecho y de que toda nuestra acción tiene que enmarcarse dentro de éste. Pienso que dejar constancia de un hecho histórico no implica estar de acuerdo para el futuro. Y junto con los señores Senadores de Oposición expreso mi voluntad para que trabajemos dentro de ese sistema, de modo que con este esfuerzo común no lo perdamos nunca.
Sin embargo, en un Estado de Derecho existen diferentes interpretaciones en los órganos de los tribunales de justicia o del Parlamento. No es raro, por ejemplo, que la Corte Suprema, organismo máximo desde el punto de vista judicial, emita fallos distintos, incluso entre las diferentes Salas que la componen. Hace pocos días conocimos el pronunciamiento de una de ellas, la cual determinó que debía seguirse investigando un proceso y no aplicar la Ley de Amnistía, y otra, por un elemento procedimental, estableció que eso no podía ser. No obstante, nadie ha cuestionado las atribuciones constitucionales y legales de la Corte Suprema.
El Congreso Nacional debe actuar, asimismo, dentro del marco establecido en las normas constitucionales y legales. Totalmente de acuerdo. Al respecto, quiero decir que se ha planteado una materia controvertida, y no politizada, porque, de acuerdo con los antecedentes aportados por el Honorable señor Díaz , la Cámara de Diputados, por unanimidad -o sea, con el voto favorable de Diputados de Renovación Nacional, de la UDI e independientes-, estimó procedente una interpretación que es legítimamente distinta de la expuesta en esta Sala por algunos señores Senadores. Es decir, ese juicio corresponde, no a alguien que atenta contra el Estado de Derecho -¡para que no nos lancemos entre nosotros, por favor, permanentemente este anatema!-, sino a una legítima controversia con relación a la forma en que una u otra Cámara interpreta determinada norma.
Para que el debate se ciña en ese ámbito, entonces, y como existe el valor, más allá de la diferencia política, de que jurídicamente es procedente que tal situación pueda darse en un proyecto que tiene la característica de referirse a un caso particular -si bien es cierto que, como técnica jurídica, me habría gustado más la que el Senado aprobó en su momento-, no entiendo que la norma aprobada por la Cámara de Diputados sea inconstitucional.
Y dado el expreso acuerdo producido en el Congreso en cuanto a la necesidad de hacer justicia para favorecer las actividades culturales de la Fundación, me he permitido decir -sin sostener que los demás atentan contra el Estado de Derecho- que sería lícito recoger el llamado del Honorable señor Díaz tendiente a aprobar el texto de la Cámara de Diputados.
De existir una opinión distinta, sería legítima, y nadie por ello estaría rompiendo el destacado Estado de Derecho que, a Dios gracias, está rigiendo en el país.
Señor Presidente , es todo lo que quería señalar, así como expresar que, dentro del plano lícito, es perfectamente posible votar en uno u otro sentido.
He dicho.
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