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El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En el primer lugar de la tabla figura el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, del Ministerio de Obras Públicas, que fija normas de carácter general relativas a la ejecución, reparación y mantención de obras públicas fiscales por el sistema de concesión. La iniciativa ha sido informada por la Comisión de Obras Públicas.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 18 de diciembre de 1990.
Informe de Comisión:
Obras Públicas, sesión 44ª, en 16 de abril de 1991.
El señor LAGOS ( Secretario subrogante ).-
La Comisión, en informe suscrito por los Honorables señores Siebert ( Presidente ), Jarpa, Martin, Navarrete y Zaldívar, propone, por unanimidad, aprobar el texto despachado por la Cámara, con las modificaciones contenidas en el Boletín 198-09.
Asimismo, hace presente que la sustitución del inciso sexto del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, del Ministerio de Obras Públicas, por el N° 14 del artículo 1° del proyecto debe ser aprobada por el Senado con quórum de ley orgánica constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63 de la Carta. Ello hace necesaria la concurrencia de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, es decir, de 26 votos en favor de la norma señalada, que es la única con el carácter referido.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Gracias, señor Presidente.
Brevemente, deseo informar al Honorable Senado acerca de la naturaleza y origen de esta iniciativa de modificación legal.
El sector de infraestructura, en especial el de obras públicas, tiene características muy particulares en el sentido de que es un área de la economía en que el sector público tiene una alta responsabilidad para lograr un equilibrio entre los requerimientos de la sociedad y la disponibilidad de recursos. Normalmente, en el sistema económico es el sector privado el que establece el equilibrio entre la oferta de servicios, por así llamarla, por una parte, y la demanda de los mismos, por otra. En cambio, reitero que en el sector de infraestructura -en especial, en el de obras públicas, por su naturaleza- es el Estado el que tiene una muy elevada responsabilidad.
Lo que ha acontecido es que la responsabilidad estatal, por limitaciones propias de los recursos del sector público, no ha podido ser desarrollada con la intensidad que todos quisiéramos. En verdad, el Estado tiene muchas obligaciones adicionales, tanto en el área social como en otras, lo que de algún modo ha perjudicado la adecuada asignación de recursos en infraestructura. En consecuencia, mientras por un lado la demanda en este sector ha ido creciendo -y sigue haciéndolo- en forma bastante acelerada, por otro hay limitaciones que se imponen en la disponibilidad y cantidad de recursos para un ámbito tan importante de la actividad nacional.
Por este motivo, resulta especialmente deseable crear al respecto una institucionalidad, o perfeccionar la existente, para facilitar la participación del sector privado en la construcción, conservación y explotación de proyectos que, de otro modo, el Estado no tendría posibilidades de desarrollar.
Ahora bien, existe un cuerpo legal, el cual data de 1982, que regula esa participación en el área de las concesiones: el decreto con fuerza de ley N° 591; pero, dada su naturaleza, no ha permitido que en forma práctica, operativa, ellas se materialicen en el rubro que nos ocupa.
La idea central de la iniciativa en análisis, la cual es producto del concienzudo trabajo realizado a nivel del Ministerio de Obras Públicas, con participación de distintos organismos, tanto del sector público como del privado, y que ya fue aprobada en primer trámite por la Cámara de Diputados, consiste en facilitar la operación del sistema de concesión en tres sentidos fundamentales.
Por una parte, se pretende dar a los concesionarios mayor seguridad en los contratos, de modo que cuando un empresario privado se presente a una de estas oportunidades -debo advertir que hay varios proyectos que tenemos en una etapa de estudio bastante avanzada- cuente con una legislación que verdaderamente sea equitativa, que lo proteja y que lo atraiga a participar.
Un segundo punto fundamental del proyecto es el de facilitar los créditos del sector financiero para este tipo de actividad. En otras palabras, deseamos que una vez producida la licitación para una concesión la empresa adjudicataria pueda concurrir a una institución financiera con su contrato y recurrir fácilmente al mercado de capitales para obtener recursos destinados al financiamiento de la obra. Dicho de otro modo, se trata de aplicar de manera similar lo que ocurre en otras actividades del sector de la construcción, como sucede al edificar, por ejemplo, en que un empresario con un capital que no alcanza a cubrir el monto total de la obra en ejecución puede conseguir el financiamiento dando ciertas garantías respecto del proyecto que va a desarrollar.
Entonces, la segunda idea básica consiste en perfeccionar la legislación vigente en el sentido de facilitar la obtención de créditos con los contratos de concesión, a fin de allegar al financiamiento de obras públicas recursos que en la actualidad no es posible captar con este propósito.
Por último, además de una serie de alcances más pequeños, la iniciativa contiene la idea de estimular la competencia, para que el costo de las obras y de las concesiones resulte bajo mediante la participación de diversas empresas en ese tipo de contratos. Ello implica, por ende, que las bases de la licitación tienen que plantear condiciones atractivas para el concesionario, de suerte que, sobre esa base, el hecho de que se presenten diversos oponentes se traduzca en que mediante la competencia -muy intensa en el sector de la construcción- se logren precios razonables y equitativos para la prestación de estos servicios.
Ésas son, señor Presidente , las ideas fundamentales del proyecto, respecto del cual hemos conversado también con el sector empresarial privado. Existe vivo interés en las empresas de la construcción nacionales, así como a nivel internacional, en este novedoso esquema que tratamos de implantar en el país en esta materia.
En consecuencia, no resulta sorprendente que la iniciativa haya sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, y que se haya producido consenso en la Comisión de Obras Públicas del Senado acerca de las ideas expuestas, la que le ha introducido muchos y útiles perfeccionamientos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente.).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , Honorables colegas, en la Comisión de Obras Publicas hemos aprobado por unanimidad el proyecto en debate, que en líneas generales dice relación a que particulares puedan construir y reparar obras públicas, y a que puedan resarcirse de los gastos mediante su explotación posterior, por la vía de cobrar una tarifa o peaje a los usuarios, en la forma señalada por el señor Ministro del ramo.
Las modificaciones propuestas se refieren a un decreto con fuerza de ley vigente desde 1982, el cual en la práctica no había operado, por contener algunas restricciones que no daban la suficiente confianza a los potenciales inversionistas privados.
Las enmiendas concretas incluidas en esta iniciativa legal se vinculan, en líneas generales, a los siguientes puntos: origen, plazo e incentivo para las iniciativas relacionadas con obras en concesión; naturaleza y cuantía de las garantías que debe otorgar el concesionario; factores de análisis para resolver las concesiones; prohibición de enajenar los bienes y derechos de la concesión; autorización para hipotecar y gravar los bienes afectos; flexibilización en cuanto a características de las obras y sistema de tarifas y reajuste; flexibilización para la transferencia de la concesión; autorización al Fisco para concurrir al pago de perjuicios por causa fortuita o razones de fuerza mayor; reanudación de la concesión en caso de interrupción por causa fortuita, y flexibilización del arbitraje en caso de controversias.
En las tres reuniones de análisis celebradas por la Comisión, concurrieron el Subsecretario de Obras Públicas , acompañado de distintos asesores de esa Secretaría de Estado, y, también, como invitados especiales, el Presidente y un ex Vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, en representación del sector privado.
Es interesante destacar que durante el trabajo de la Comisión se estudiaron diversas proposiciones de sus miembros y de los personeros invitados que contribuyeron a mejorar el proyecto original.
Además, se hace presente que, con relación a las controversias por interpretación o aplicación de un contrato, materia en que se contempla la intervención de miembros del Poder Judicial , fue consultada la Corte Suprema, en virtud de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política.
Se espera que, una vez aprobada esta iniciativa y promulgada la ley, el financiamiento parcial de obras proveniente del sector privado contribuya al tan anhelado mejoramiento de la infraestructura que requiere el desarrollo nacional. Como lo manifestó el señor Ministro hace un momento, ya hay en carpeta algunos proyectos en los que podría llamarse á licitación a través de este sistema.
La Comisión, en su última reunión, acordó solicitar al Ejecutivo hacer suya una indicación tendiente a eliminar el artículo 35 del decreto con fuerza de ley que se modifica, por lo que pido que el señor Secretario la lea posteriormente. Entre tanto, ella fue analizada y aprobada, para el caso de ser acogida, a fin de facilitar el trámite del proyecto. En el fondo, con la supresión de dicho artículo se pretende evitar que, por la vía de la revocación de la concesión, se pudiere expropiar un bien privado.
Finalmente, se agrega un artículo que faculta al Presidente de la República para fijar un texto refundido de los cuerpos legales relativos a las obras en concesión, materia que se encuentra dispersa entre varios.
Los Senadores de Renovación Nacional concurriremos con nuestro voto favorable a la aprobación de esta iniciativa.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente , estimados colegas, este proyecto tiene por objeto, evidentemente, satisfacer el requerimiento de construir obras de infraestructura absolutamente necesarias para el país y respecto de las cuales el Estado no cuenta con los recursos suficientes para su materialización. Por ejemplo, hemos planteado, juntamente con el Honorable colega señor Romero -que representa también a la Quinta Región-, la construcción de un túnel para evitar el tránsito por la cuesta El Melón, la cual constituye un peligro permanente y un atentado en contra de la economía nacional en materia de comunicaciones.
Sabemos que el Estado carece de fondos para realizar este tipo de inversiones. Por ello, nos parece de la mayor conveniencia aprobar este proyecto de ley, a fin de incorporar, dado el carácter creativo de la iniciativa, al sector privado en la construcción de obras de infraestructura, por la vía de otorgarle después la concesión para explotarlas.
Asimismo, consideramos muy adecuada la disposición que establece que la reparación o mantención de obras públicas fiscales podrá, también, ser materia de contrato de concesión.
Tenemos el firme convencimiento -y lo hemos venido señalando desde hace bastante tiempo- de que la aprobación del texto que nos ocupa producirá una actividad inusitada en el ámbito de la construcción de obras de infraestructura, que el Estado, como señalé, no está en condiciones de solventar en este momento.
Todos concordamos en que en la era moderna no puede pensarse en un Estado hiperdesarrollado, que asuma funciones para las cuales no se encuentra preparado. Y, sin duda, una de las formas de suplir la actividad que le compete en el área de esta clase de obras es por medio del procedimiento propuesto en la ley en proyecto.
Por estas consideraciones, señor Presidente , la bancada Radical-Social Demócrata votará afirmativamente.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , en forma muy breve, quiero hacer dos alcances al proyecto que hoy discute la Sala.
En primer lugar, concuerdo con la filosofía de la participación privada en el campo de las obras públicas. Ella recoge una tendencia moderna que debe ser implementada, sea para capitales nacionales o extranjeros. Durante muchos años se pensó en el concepto exclusivista y excluyente de que sólo el Estado -y únicamente en el caso de tener fondos o recursos disponibles- podría iniciar o hacerse cargo de obras públicas de envergadura. La verdad es que tanto en 1982 como ahora se materializa una idea que me parece del mayor interés respaldar.
En segundo término, la facilidad para obtener créditos en el extranjero también es, sin duda, un avance importante, ya que muchas veces existen recursos disponibles, pero no los sistemas necesarios para que un país pueda canalizar esos fondos, que son proporcionados no sólo por instituciones internacionales de carácter público, sino también privado.
Respecto de algunos casos concretos, y concordando con el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra, debo manifestar que confiamos en que se hagan realidad las bases -así me lo expresó hace pocos días el propio señor Ministro - para licitar la construcción de un túnel que sirva de alternativa a la cuesta El Melón, que hoy en día es prácticamente un cuello de botella para el tráfico norte-sur de nuestro país. Entonces nos será factible visualizar el interés que pueda existir en otros proyectos futuros.
Por ejemplo, hemos conversado con el señor Ministro acerca de la posibilidad de utilizar el mismo sistema para el denominado "camino de la playa", a fin de unir toda la Quinta Región con la ruta Santiago-Valparaíso, o bien, para un túnel por la cuesta La Dormida.
Y ya en forma más ambiciosa, señor Presidente , imagino el día en que la carretera norte-sur pueda llegar a ser una alternativa real, porque en la actualidad -todos somos testigos de ello- prácticamente se encuentra ahogada por un tráfico que tiene saturados los caminos que unen a un país tan largo y estrecho como el nuestro.
Lo cierto es que el progreso transita por las vías de acceso a las grandes ciudades o a los puertos de embarque y desembarque de mercaderías. Y como en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas no existen recursos disponibles, esperamos que las bases de las licitaciones internacionales a este respecto permitan a Chile contar con la infraestructura vial y portuaria indispensable para su mayor desarrollo económico.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , Honorable Senado, hasta 1981 la ejecución, reparación y mantención de obras públicas fiscales era de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, y debían llevarse a cabo, forzosamente, con recursos estatales. Ello tenía como consecuencia que sólo podían efectuarse de acuerdo con las disponibilidades de un presupuesto que también debía atender a otras necesidades, muchas veces urgentes.
Ese año se dictó la ley N° 18.060, que modificó la ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, permitiendo a esta Secretaría de Estado llamar a licitación al sector privado para la construcción de obras públicas fiscales, repararlas o mantenerlas, y entregarle, como contraprestación, la concesión de ellas hasta por el plazo de 50 años, en las condiciones que el mismo decreto de concesión y el llamado a licitación establecieran.
La ley N° 18.060 facultó al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley -lleva el N° 591, de 1982- destinado a reglamentar este sistema de obras públicas a cargo de particulares, quienes obtienen el fruto de su inversión a través de una concesión que les entrega el Estado por muchos años.
Estas normas no se han aplicado hasta la fecha, porque al parecer las disposiciones correspondientes, por resguardar el interés fiscal, son poco favorables o equitativas para el sector privado. Por tal razón, el proyecto en debate, atendiendo a esta necesidad de rectificación, amplía las garantías o derechos del concesionario de manera tal que haya más interesados en participar en las licitaciones.
Además, el texto también abre una perspectiva muy importante. De acuerdo con la ley N° 18.060 y el decreto con fuerza de ley citado, las obras públicas que se ejecutaran en las condiciones descritas debían ser definidas por el Ministerio, en tanto que, al tenor del artículo 1° de la iniciativa en trámite, los particulares asimismo podrían solicitar que determinadas obras públicas sean ejecutadas por ellos y que se llame a licitación para tal efecto.
Señor Presidente , creo que la ley en proyecto es de gran trascendencia para Chile, que cuenta con una carretera de dos vías que lo une de norte a sur. En un país con enorme movimiento y con un importante potencial exportador, el cual ya se refleja, es indispensable ampliar los caminos, y la única posibilidad de hacerlo es, precisamente, a través de las vías que puedan construirse por medio de concesiones.
Me alegro de que se haya presentado esta iniciativa. La comparto ampliamente. Y estimo que el texto ha quedado muy bien concebido, además de encontrarse muy bien planteado.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , aquí se ha hablado de caminos saturados, de dificultades de acceso a ciertos lugares... Quizás resulte exagerado decir que existe una capital de provincia -¡nótese el nombre!-, llamada Pichilemu, que con 24 milímetros de agua caída queda aislada del resto del país.
Aprovecho la buena recepción que habitualmente demuestra el señor Ministro de Obras Públicas -con quien estuve ayer, pero sin plantearle este problema- para darle la información, la cual amerita que nos preocupemos al respecto.
Porque nos inquieta que los caminos se encuentren saturados o que surjan dificultades de esta índole. Pero me parece que el asunto adquiere otro carácter cuando Pichilemu, la capital de la provincia de Cardenal Caro, queda absolutamente aislada del resto del país en salud, en educación, en comercio, etcétera.
Aprovecho la presencia del señor Ministro , quien conoce mucho la zona, para hacerle notar esta situación. Y le agradezco la preocupación permanente que ha manifestado por este tema.
Gracias, señor Presidente.
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El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Ruiz De Giorgio presida la sesión, pues en este momento no se encuentra presente el señor Vicepresidente y deseo intervenir en forma breve en esta materia, que para mí es muy interesante.
Acordado.
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El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , quiero aprovechar la intervención del Senador señor Díaz sobre el caso puntual de Pichilemu, que es muy importante.
Primero, me alegra que haya llovido en ese lugar, pues hasta hace poco estábamos abocados al grave problema de la sequía, que nos ocupó muchas horas en la Cámara de Diputados.
Ahora, yo quisiera que el Honorable Senado tomara conciencia de que en Chile, por deficiencias de nuestro sistema vial, durante los períodos invernales tenemos problemas de interrupciones de caminos en las capitales provinciales y en muchas capitales comunales.
Tendremos también, probablemente, problemas de inundaciones en distintas partes del país, debido a la falta de fondos para abordarlos, situación que se ha prolongado durante mucho tiempo.
Además, existen graves dificultades de infraestructura, especialmente en las áreas del transporte y del tratamiento de las aguas servidas, que también requieren ingentes recursos.
Para el Ministerio de Obras Públicas es una verdadera espina tener que reconocer esas realidades. Pero se está haciendo un esfuerzo. Se ha incrementado significativamente el presupuesto. Sin embargo, ello no es suficiente. Y, precisamente, una de las razones que justifican la iniciativa que hemos presentado es la de allegar recursos de otras fuentes para poder atender aquellas necesidades.
Muchas gracias.
El señor RUIZ, don José ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , tengo pocas oportunidades de hacer uso de la palabra. Pero en esta ocasión quiero referirme al tema en debate, que me parece extremadamente importante.
En primer término, felicito al señor Ministro por su iniciativa de traer al Congreso una idea que abre la llave para solucionar gravísimos problemas de infraestructura que afectan al país. Conozco de cerca el interés que ha demostrado, en sus visitas a las provincias, por conocer y evaluar las dificultades que se presentan, no sólo en los caminos, sino también en las obras sanitarias y otras que tradicionalmente fueron de cargo fiscal.
Analizando las cifras, se llega a la conclusión de que el Estado no se encuentra en condiciones de aumentar la tributación (que es su fuente natural de recursos) para hacer frente a esas situaciones.
Como algunos señores Senadores han tocado puntos muy sensibles respecto de las provincias del centro y del sur del país, quiero hacer presente que la aprobación de la ley en proyecto y los estudios que ya tiene preparados el Ministerio de Obras Públicas posibilitan la solución de problemas que afectan a dos ciudades de la Región de Los Lagos, a la cual represento en esta Sala junto con el Honorable señor Larre. Me refiero particularmente al sistema de obras sanitarias de Valdivia, que no sólo es muy antiguo, sino que además quedó en condiciones lamentables con ocasión del maremoto y del sismo de 1960. Es así como esa ciudad tiene hoy día treinta y seis bocas de alcantarillado que llegan directamente al río del mismo nombre y arrojan en él todos los servicios de la población, las aguas lluvias y los desechos aún no controlados de empresas que usan productos que aumentan la contaminación.
Esa realidad es dramática. Y un hermoso río -uno de los más bellos del mundo-, navegable, que atraviesa una ciudad de importancia (Valdivia, capital de provincia), en estos momentos se encuentra en un grado de contaminación alarmante.
El caso ha sido estudiado, no únicamente por la Universidad Austral, sino también por los servicios médicos, que han catalogado a dicho río como el más polucionado de Chile.
Ese problema está provocando gravísimas consecuencias en el orden de la salud y representa un riesgo extremadamente severo en momentos en que por América Latina se desparrama una peste que nos tiene a todos muy acongojados, porque se ve cuan difícil es luchar contra ese flagelo, que proviene básicamente de condiciones deplorables de los servicios sanitarios y de la pobreza, lo cual impide que haya suficiente agua potable y limpieza y que se combata con eficacia la polución.
La situación de Valdivia es en extremo seria. Al respecto, conversé con el señor Ministro , quien, felizmente, ha dado prioridad a su solución. Y, precisamente, la ley en estudio permitirá a las empresas creadas para hacerse cargo de los servicios sanitarios -en este caso, ESSAL- contratar, subcontratar, asociarse o, en todo caso, buscar los recursos necesarios -en la forma en que el Ministerio de Obras Públicas lo estime más conveniente, incluso con participación internacional- y la tecnología adecuada -que es conocida en Europa, Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo- para atacar rápidamente problemas como el descrito, procurando al mismo tiempo que las inversiones pertinentes sean rentables.
Creo que esta es una modernización extraordinaria. Y llega en un momento notable, porque el país se encuentra al borde de ser afectado también por situaciones muy difíciles de controlar y que tienen que ver con la salud de la población.
Felicito una vez más al señor Ministro por esta iniciativa, y al Senado y la Cámara de Diputados, por la favorable acogida que le han dado.
No se trata solamente del caso del río Valdivia. Los ríos Damas y Rahue , de Osorno, también se hallan en un grado de contaminación extremadamente severo. Y todas esas situaciones constituyen una llaga para las mencionadas ciudades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor RUIZ, don José ( Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , el texto que estamos despachando no sólo tiene la importancia señalada por los Honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, sino que, además, fue elaborado de manera tal que permitirá a las empresas o las personas que postulen a las concesiones conseguir créditos en el exterior de acuerdo con la forma más moderna de proceder: dando como garantía el proyecto.
Me satisfacen los artículos que hacen factible dar en garantía por los créditos, con el consentimiento del Ministerio de Obras Públicas, los bienes que forman el proyecto, y también, comprometer los ingresos fiscales para respaldar el financiamiento de aquél. De manera que las empresas o las personas interesadas en las actividades que estamos fomentando podrán, conforme a los estudios de factibilidad y técnicos, otorgar el proyecto como garantía por los créditos internacionales que se logren.
Por tal razón, me alegro de que se haya elaborado una iniciativa como ésta, que constituye un paso importante en la modernización de la legislación del país.
El Senador señor Zaldívar hizo notar en la Comisión una circunstancia a mi juicio muy relevante: que el artículo 35 del decreto con fuerza de ley N° 591, no sólo es inconstitucional, sino que también, evidentemente, constituye una perturbación que imposibilita el otorgamiento de garantías válidas en el sistema bancario para obtener el financiamiento a través del propio proyecto.
Por eso, presenté formalmente una indicación con el fin de agregar, entre los números 13 y 14, otro nuevo, del siguiente tenor: "Derógase el artículo 35.".
Cuando lo hice, el señor Ministro me informó que había un oficio, firmado por el Presidente de la República y por él mismo, mediante el cual se pedía la supresión de ese precepto. Y dejé formulada mi indicación, que lleva además la firma del Senador señor Zaldívar , nada más que por una cuestión de forma: para precisar cómo podría insertarse en el proyecto en análisis la proposición del Ejecutivo de eliminar el citado artículo 35.
Por otra parte, concuerdo con las expresiones, vertidas en esta Sala por el Senador señor Valdés. Pienso que es muy importante que las empresas encargadas de los servicios sanitarios en las distintas ciudades del país -no sólo las que Su Señoría ha nombrado- comiencen a estructurar procedimientos para sanear las aguas servidas, pues resulta un absurdo que en la segunda mitad del siglo XX Chile prácticamente no tenga tratamiento de ellas en parte alguna.
Es muy grave lo que nos está sucediendo en Santiago, ciudad con cuatro millones de habitantes que, lisa y llanamente, está vaciándose en los ríos y en el mar, no sólo con el peligro de contaminación de nuestras costas, sino también con el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.
Por razones que no es del caso entregar a la Sala, hace pocos meses tuve conocimiento del peligro latente de la contaminación de las aguas subterráneas en el país producto de la política de no sanear las aguas servidas. Y también me enteré de que el saneamiento de las aguas subterráneas es un proceso costosísimo y de muy larga duración.
Por lo tanto, al no resolver el problema, dejaremos nuestra contaminación a las generaciones futuras, creándoles una dificultad mayor que la existente.
Evidentemente, el caso de Santiago tiene primera prioridad. Yo no soy quién para decirlo, pero me parece que el problema de las aguas servidas es mucho más importante que el de la locomoción superficial o subterránea, porque afecta a las costas de todo el país y no sabemos hasta dónde puede extenderse.
Temuco, ciudad de un cuarto de millón de habitantes, tampoco tiene tratamiento de aguas servidas; éstas desembocan en el río Cautín, cuyo caudal, que riega la zona, está contaminando a ésta e infectando al mar de las vecindades.
En consecuencia, el ideal es, no sólo que aprobemos el proyecto del Gobierno, sino también que éste use su imaginación y que los entes creados hagan lo mismo, a fin de dar contenido a la iniciativa y de que la empresa privada -tanto la nacional como la extranjera- tenga conocimiento de ella. Creo que el Gobierno debe comunicarla al BID, al Banco Mundial, a los organismos internacionales, a las asociaciones empresariales, de manera que se aprecie el interés de Chile por atraer inversionistas que desarrollen este tipo de actividades, toda vez que tiene fama de ser un país serio y cumplidor de sus obligaciones; con un sistema jurídico absolutamente estable, y con una Constitución que protege debidamente, no sólo la libertad, sino también la propiedad tanto de los bienes físicos como de este tipo de concesiones y derechos. Para nuestro sistema constitucional -lo diré resumidamente-, la propiedad es todo interés constituido jurídicamente que produzca efectos patrimoniales. De modo que el sentido amplio que la Carta Fundamental y nuestra jurisprudencia otorgan al derecho de propiedad constituye una garantía cierta para que las instituciones internacionales de créditos, sean privadas o públicas, accedan al sistema de concesión encaminado a favorecer este tipo de obras.
Por tales razones, felicito al señor Ministro por su visión contemporánea de lo que es el problema de Obras Públicas, y concuerdo con la aprobación unánime que dio nuestra Comisión a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-
Lo planteado por el Senador señor Díez respecto del tratamiento de las aguas servidas, particularmente en el día de hoy, después de haberse conocido un caso de cólera en Santiago, indica cuan importante es este problema.
En Chile hay que tratar aproximadamente 18 metros cúbicos de aguas servidas por segundo a lo largo de todo el país, lo que constituye una cantidad similar a la del agua que se halla en el embalse La Paloma (más o menos, para que tengamos una referencia en cuanto a magnitud). Y esto implica, no sólo plantas de tratamiento, sino también la construcción de los interceptores, cuyo costo, como es sabido por los señores Senadores, suele ser mayor que el del tratamiento.
Estamos hablando de un programa a nivel nacional para tratar las aguas servidas, que implica una inversión de mil millones a mil quinientos millones de dólares. Y la urgencia e importancia de esta materia son evidentes y eminentes.
El Presidente de la República me encargó en forma urgente preparar, en materia de tratamiento de aguas servidas, un programa de obras de emergencia y un programa director de largo plazo. Y la ley de concesiones y otras normativas existentes serán utilizadas precisamente para atraer recursos del sector privado, que invertiremos en el tratamiento de las aguas del río Calle-Calle, en Valdivia, y de otros ríos, a fin de poder abordar la gigantesca tarea que tenemos en esta materia.
Sin embargo, quisiera aprovechar la oportunidad -tal vez no sea el tema más popular; pero me parece que, responsablemente, tenemos que hacerlo- para indicar que el tratamiento de aguas servidas deberá ser pagado por el país, por la población.
Y el costo es elevado.
En la Cámara de Diputados hay un proyecto -pronto llegará al Senado- mediante el cual se modifica el sistema de subsidio para el pago del consumo de agua potable, del alcantarillado y del tratamiento de aguas servidas. Su propósito fundamental es asegurar a los sectores de bajos ingresos un mecanismo de subsidio eficiente a ese respecto. Y, asegurado ese sistema para quienes verdaderamente necesitan la ayuda, como país debemos reconocer que el tratamiento de las aguas servidas implica un costo importante. En las naciones desarrolladas el procedimiento respectivo tiene un valor casi similar al del agua potable.
Insisto: me parece responsable puntualizar que debemos tomar conciencia, como chilenos, de que este gran desafío tiene un costo que es necesario abordar.
Gracias, señor Presidente.
El señor DÍAZ .-
¿Me permite una pregunta, con la venia de la Mesa, señor Ministro ?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍAZ .-
Señor Ministro , ¿este costo lo pagamos todos los chilenos, o sólo aquellos que viven en las ciudades donde debe hacerse tratamiento a las aguas servidas?
El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-
Los sistemas tarifarios, señor Senador, están y deben estar diseñados para que paguen el costo las personas que viven en las distintas regiones que generan este problema. Y el monto, evidentemente, es proporcional a la naturaleza de éste.
Sin embargo, la idea central -y en ella ha puesto mucho énfasis el Presidente de la República - es que el agua constituye un derecho básico. En consecuencia, debe existir un sistema adecuado de subsidio que garantice ese derecho a todos los estratos de la población. Y en este momento hay un mecanismo inoperante, que debemos hacer más efectivo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero iniciar mis palabras diciendo que concurro con mucha satisfacción a aprobar este proyecto, que, por todo lo expresado en la Sala, viene a representar una esperanza para la concreción de determinadas obras públicas imprescindibles a lo largo de todo el país.
Empero, no puedo dejar de mencionar que en este debate hemos ido derivando hacia aspectos también imprescindibles de la inversión pública que -quizás es bueno recordarlo- probablemente serán los más difíciles de concretar, aun a través de estos procedimientos.
Tal vez la ventaja que nos ofrecen iniciativas como la propuesta sea, en el fondo, la de liberar recursos del Ministerio de Obras Públicas para invertirlos en planes de saneamiento y de recuperación ambiental. Porque lo cierto es que el proyecto es genérico y se refiere a cualquier obra pública. Pero, naturalmente, la configuración de una tarifa que permita recuperar la inversión a quienes la efectúen constituye, en materia de obras sanitarias, uno de los aspectos más complicados de precisar.
Resulta evidente que nuestro país ha sido particularmente negligente en el tratamiento de sus recursos naturales, frente a los cuales, culturalmente, nos hemos comportado como si fuesen inagotables o imperturbables. A veces, con bastante dolor la historia nos ha enseñado -felizmente, no mucho en Chile, pero sí bastante en otros países- que la situación es distinta y que, definitivamente, debemos preocuparnos de nuestro entorno y de las condiciones en que vivimos, porque uno y otras constituyen partes determinantes del nuevo concepto acuñado; el de la calidad de vida.
Concurro, pues, con mucho entusiasmo a aprobar esta iniciativa, teniendo presente que numerosas obras portuarias, viales, sanitarias -eventualmente- y de transportes pueden ser financiadas a través de este mecanismo.
Sin embargo, deseo recordar las palabras -que no han dejado de darme vueltas en estos días- que nos trajo un connotado estadista extranjero, quien nos alertó respecto de la necesidad de hacer algo más que abrumar con papeles o con leyes los problemas de un país.
Es verdad. Estamos creando un mecanismo que permite atraer del sector privado recursos que pueden representar la solución de determinados problemas. Pero, en definitiva, no es la ley en estudio la que hará factible que esos fondos se canalicen y posibiliten materializar las obras que aquí, durante el debate, de alguna manera hemos visualizado o soñado: hay una labor complementaria. Y me atrevo a sugerir que el Ministerio de Obras Públicas dé el paso siguiente.
Estoy cierto de que el señor Ministro así lo tiene considerado. Pero debemos poner en conocimiento de todo aquel que pueda concurrir y vea una ventaja en hacerlo las obras que pueden ser financiadas, señalando que las inversiones serán resarcidas mediante los procedimientos que establece la ley en trámite.
Presupongo que a veces estas materias podrán salirse del marco de lo que el Ministerio pretende realizar y que ello signifique liberar recursos de los presupuestos propios para dedicarlos a los rubros que se han destacado.
Creo que se puede efectuar una labor de "marketing" una vez que la ley en estudio sea promulgada y comience a operar, con adecuada información pública, de manera de captar efectivamente el interés de los particulares.
Tengo entendido que el señor Ministro me solicita una interrupción.
El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-
Sí, señor Senador.
El señor CANTUARIAS.-
Con la venia de la Mesa, se la concedo gustoso.
El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-
Señor Presidente y señor Senador, estamos haciendo esa labor de "marketing", que comenzó con el proceso de elaboración de esta iniciativa, el año recién pasado, cuando empezamos a preparar proyectos concretos en una comisión, con participación del sector privado. Ya tenemos concluidos algunos de esos proyectos, y esperamos llamar a licitación dentro de los próximos meses. O sea -reitero-, esa labor de "marketing" existe.
Además -como se ha mencionado en la Sala-, se introdujo en esta iniciativa un artículo que abre la posibilidad de que el sector privado plantee proyectos concretos para ser ejecutados por la vía de la concesión, dándose al proponente, no una exclusividad, pero sí un privilegio, un premio, al presentar su proposición.
Estamos trabajando en esto, señor Senador, y espero que podamos mostrar resultados dentro del año en curso.
El señor CANTUARIAS.-
Termino mi intervención, señor Presidente , señalando que me alegro de que así ocurra. Creo que ésa debe ser una actitud permanente, para que la ley que estamos aprobando se constituya en una oportunidad de inversión privada, a fin de resolver problemas que afectan a todos los chilenos, y principalmente -como me ha parecido sentir en el ambiente de esta sesión- a los de nuestras Regiones, a veces postergadas.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , sin ánimo de alargar la discusión de este proyecto de ley -que está generando un gran consenso-, deseo felicitar también al Ministerio y congratularme, junto con los Honorables colegas, por el hecho de que se esté produciendo un acuerdo de tanto interés respecto de una materia tan fundamental para el futuro de nuestro país.
Este Senado ha pasado días muy amargos. Y es bueno que resaltemos -aunque ello nos quite un poco de tiempo- los horizontes amplios que se van abriendo y que esta iniciativa nos permite visualizar.
Chile es un país que, como un joven adolescente, en la medida en que crece va generando mayores requerimientos y consumos. Es como la persona que duerme y que gasta poco oxígeno, en tanto quien se mueve empieza a consumir mucho.
Las necesidades de Chile hoy, en transportes, obras viales, puertos, obras sanitarias -como se ha dicho-, son tan cuantiosas y su crecimiento es tan exponencial que los recursos de Ministerio alguno serían capaces de satisfacerlas.
Por lo tanto, la exigencia de abrirse a la participación privada, a la externa o a la de los fondos de pensiones es fundamental y constituye el camino que nos puede permitir, en tiempos prudentes y prontos, satisfacer esas necesidades tan importantes del país.
Por eso, señor Presidente , haciendo un pequeño adelanto, hemos planteado también -como a continuación hoy nos corresponderá apreciar- el tema relativo a la eventual ampliación del transporte metropolitano, en el sentido de discutir y analizar en esta elevada instancia las opciones que sobre la materia nuestra nación tiene por delante.
En consecuencia, señor Presidente, me sumo a las congratulaciones y al espíritu de fe y esperanza que este tipo de proyectos genera en nuestra Corporación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , a pesar de que el debate se ha prolongado más de lo necesario en torno de un proyecto que, al parecer, cuenta con unanimidad para su aprobación, quisiera intervenir en el tema, profundizando algo en la materia.
Creo que en nuestro país el empuje empresarial privado fue muy fuerte en el pasado, como lo prueba la historia, incluso en el campo de las obras de infraestructura. Fue gente como Urmeneta, Santos Ossa , Cousiño , y también empresarios del área agrícola, quienes llevaron adelante obras que hoy resulta difícil pensar que pudieran afrontarse por el sector privado.
El primer tramo de ferrocarril se emprendió desde la perspectiva de la iniciativa particular, por supuesto con el empuje e incentivo de políticas de Estado. Un canal de regadío como el de Mallarauco, obra que hasta hoy perdura, fue íntegramente financiado y respaldado por quienes fueran propietarios de esas tierras. Es decir, había en nuestros empresarios una gran capacidad de impulso y participación en obras que un Estado naciente muchas veces no podía asumir. No existían en algunos casos los órganos estatales necesarios para emprenderlas.
Sin embargo, en tiempos posteriores -y ello constituye un poco la historia del país-, todos los sectores descansaron en el Estado y se potenciaron en él; e instituciones como el Ministerio de Obras Públicas (éste ha alcanzado gran importancia y trascendencia en esta tarea) recibieron el encargo de ejecutar las obras de vialidad, riego y otras. Y me parece que, en tal sentido, el sector privado perdió participación, o no intervino. Más bien descansó en las políticas de Estado, a lo cual concurrieron todos los sectores. Este no es un problema que refleje una u otra mentalidad, o una u otra posición ideológica en la política.
Pero el tiempo pasa y el mundo ha evolucionado. Y uno lo puede decir con conocimiento de causa cuando ha podido vivir en países en los cuales ha visto los cambios que se produjeron después de la guerra. Las grandes obras viales en Alemania y en Italia se hicieron por el Estado al final de la preguerra. Pero después, en la posguerra, Europa, Estados Unidos y ahora también los países desarrollados del Pacífico, han incorporado la iniciativa y la inversión privadas, no para disminuir la participación del Estado, limitarla o impedirla, sino para sumarla a ella y, muchas veces, para liberar a éste de iniciativas que implican beneficios desde el punto de vista de la participación de particulares, de tal manera que el Estado pueda dedicar sus esfuerzos a obras de infraestructura que no son rentables desde el punto de vista costo-beneficio, pero sí necesarias desde la perspectiva del desarrollo nacional y del interés social.
Ése es el sentido de todo el esfuerzo hecho en los países europeos, sobre todo en los últimos diez o quince años, en materia de autopistas que realmente han revolucionado el transporte vial (no así el ferroviario, que sigue siendo subsidiado por todos los Estados en materia de pasajeros). Así también ha sucedido en un aspecto aquí abordado, como el tratamiento de las aguas servidas. Ya no sólo se trata de grandes proyectos que en este campo deben desarrollarse en el país, como lo ha señalado el señor Ministro. Se trata de obras que -dice- pueden alcanzar un costo del orden de los 1.500 millones de dólares. La cifra llama la atención; pero pienso que, precisamente, en virtud de una ley como la que vamos a aprobar, es una empresa que a lo mejor puede afrontarse sin mayor dificultad. Porque hay entidades tanto nacionales como extranjeras e intereses regionales y municipales que querrán solucionar el problema de las aguas servidas, cuyos costos serán pagados por los propios usuarios mediante el sistema señalado por el Ministro. Seguramente esa modalidad de pago será progresiva: mayor tarifa a quienes tienen ingresos más altos y consumen más; y subsidios -precisamente financiados con ese recargo- a los que consuman menos, a causa de sus menores ingresos.
Respecto de las inversiones en el futuro próximo en materia de infraestructura, opino que se ve con toda claridad que existe interés en obras de tan importante naturaleza como podrían ser el túnel de El Melón; el doble túnel en Lo Prado y Zapata; el paso bajo nivel de Juncal, que nos podría unir con Argentina; el término rápido, con pago de peaje, de la doble vía de San Antonio. Se puede pensar también en la vía Coronel-Concepción.
Y aún más -en esto me parece importante nuestra participación como Parlamentarios en nuestras respectivas Regiones-, nosotros mismos podremos ir detectando obras que pueden resultar rentables. En Estados Unidos, muchas veces se realizan obras de urbanización sobre la base del cobro de peaje, y se construyen calles de uso público con ese mismo financiamiento; se crean barrios urbanizados que ofrecen una gran calidad de vida, sobre el principio de que se paga por lo que se quiere tener.
Por eso creo que, si esta ley se utiliza debidamente -y pienso que así será-, puede constituirse en un sistema que revolucionará el campo de las inversiones en nuestro país Esto lo podremos ver no sólo en las obras públicas e infraestructura de caminos, sino también en los puertos marítimos y aéreos y, como decíamos antes, en el tratamiento de las aguas servidas. Además, puede potenciar otro elemento, con el que es coherente y que vamos a ver en el futuro próximo: la regionalización y habilitación de las municipalidades como órganos autónomos para el desarrollo de las regiones respectivas. Las propias estructuras regionales, los municipios, podrán también conseguir la participación del sector privado que, sumada a la del Estado, a la de las autoridades locales y a la de los vecinos, logrará soluciones en todo lo que signifique mejorar las condiciones de vida en el país.
Por eso, en mi concepto, esta ley tiene gran trascendencia. Felicito al señor Ministro y a su Cartera por haber llevado adelante esta idea. Pienso que ella nos sitúa en el nivel de los países desarrollados que están cumpliendo este tipo de acciones.
Para terminar, quisiera informar que también he firmado la indicación, perfeccionada por el Senador señor Díez , en relación con una propuesta del Ejecutivo -cuyo env��o había sido solicitado por la unanimidad de la Comisión de Obras Públicas del Senado- sobre la derogación del artículo 35 de la ley vigente, disposición que, efectivamente, por razones que uno no entiende, establece una norma que podría echar por tierra el proyecto en estudio, al plantear que, transcurrido un cuarto del tiempo de la concesión, el Estado podría hacerse dueño de ella, aun cuando establece que se pagarán las indemnizaciones correspondientes. Ése es un elemento de absoluta inestabilidad, que podría poner en jaque la operatividad de la ley. Me parece que no habría inversionistas privados, ni nacionales ni extranjeros, que hicieran inversiones con el riesgo de que, transcurrido cierto tiempo, se revisara su permanencia. Si el legislador contempló en ese artículo 35 la eventualidad de que no se cumpliera la concesión, para ese caso están las condiciones de rescisión del contrato por no cumplimiento.
Por lo tanto, estimo que debe acogerse la indicación.
Estoy convencido de que el proyecto de ley que hoy aprobaremos en el Senado será un gran aporte al desarrollo del país en los próximos tiempos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Gracias, señor Presidente.
Me sumo a quienes han hablado anteriormente en orden a celebrar el gran acuerdo conceptual que existe como cimiento de este proyecto de ley. Sin embargo, quisiera hacer dos reflexiones.
En primer lugar, esta iniciativa que trata de concesiones para ser desarrolladas por el sector privado no debe omitir el rol subsidiario del Estado que, en ciertas áreas de obras públicas, es extremadamente necesario. Esto, particularmente por lo que significa en determinados sectores la dificultad de coordinar a los usuarios para que puedan emprender estas obras. Me refiero en especial a las obras mayores de riego, las cuales, por haber requerido en el pasado del aporte del sector privado y por existir una gran diseminación de usuarios y dificultad para organizarlos, a la larga -por la falta de concurrencia de la participación privada, a causa de los inconvenientes señalados- no se pudieron desarrollar en la magnitud que el país requería.
Lo segundo es que, en alguna medida, se ve aquí mayor contento por parte de los señores Senadores representantes de las Regiones del sur que de quienes lo somos de las del norte. Y me refiero, fundamentalmente, a un tema que se abordó ayer en la hora de Incidentes: el del agua potable.
En el norte, el país está viviendo un problema extremadamente delicado, por la escasez de ese elemento y por sus tarifas.
En alguna medida, si bien soy por completo partidario de la filosofía de este proyecto en orden a que los usuarios paguen los beneficios que reciben de cualquiera de estas obras públicas, también debo señalar que el agua en el norte es más cara, en parte por su escasez, pero también, en proporción muy importante, porque las obras o los recursos estatales destinados a desarrollar los recursos hídricos por décadas se han invertido en el sur y no en el norte. Por esta razón no hay igualdad de oportunidades que permita a los usuarios de la zona norte competir con equidad con los de la zona sur.
Anteayer me tocó conversar con el señor Ministro de Obras Públicas , en una reunión muy interesante, y sé de la enorme preocupación que tiene por este problema. Pero hay un rol subsidiario que desarrollar, debido a que parece difícil que el sector privado pueda emprender ciertas iniciativas en lo referente al agua potable cuando, por ejemplo, en la Región de Atacama hay un 50 por ciento de morosidad en el pago de las tarifas.
Por otro lado, es difícil que los particulares, en especial en la minería, en las plantas de beneficio, en las cuales se requiere gran cantidad de recursos hídricos, uno a uno vayan a desarrollar proyectos de gran envergadura y de beneficio colectivo.
Ésas eran las dos observaciones que quería hacer, señor Presidente , porque creo que en materia de obras públicas, estando totalmente de acuerdo con la filosofía del proyecto, debe tenerse muy presente en el futuro el rol subsidiario del Estado en aquellas tareas que los particulares no pueden realizar por sí mismos.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sule.
El señor SULE.-
Gracias, señor Presidente.
Pedí la palabra, más que por la iniciativa misma, porque se han deslizado en esta inquieta Sala, como es normal, una serie de observaciones relacionadas con materias muy importantes, algunas de las cuales vamos a analizar en los próximos días, una con ocasión del proyecto de ley sobre asignaciones especiales a los usuarios del agua potable, y otra en el Tiempo de Votaciones, a raíz de un proyecto planteado por algunos Honorables colegas.
En todo caso, señor Presidente , quiero iniciar mi breve intervención sumándome a los elogios a nuestro distinguido Ministro por el deber cumplido.
Ahora, apruebo este proyecto, entre otras cosas, por cuanto va a liberar fondos para realizar diversas obras de infraestructura y de recuperación de las aguas servidas, con lo cual vamos a tener oportunidad de flexibilizar el decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, que ha permitido el aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado. Porque este problema, señor Presidente , no sólo lo resolveremos por la vía de la asignación de recursos -llamados subsidios- a los usuarios de bajos ingresos. Está contemplado que con el producto de las nuevas tarifas se iniciarán ya en el próximo año los estudios y trabajos de mejoramiento del alcantarillado y del sistema de tratamiento para las aguas servidas de San Fernando, y esa obra significa aproximadamente mil millones de pesos. De manera que, si no establecemos un sistema como el que se determina en este proyecto, que nos permita liberar recursos para solucionar los problemas de infraestructura, mejoramiento de la red de agua potable y utilización de las aguas servidas mediante un tratamiento especial, no tendremos ninguna posibilidad, en los próximos cinco años, de hacer este tipo de trabajos.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI .-
Señor Presidente , me sumo, sin duda, a las felicitaciones al señor Ministro por esta iniciativa, que todos vamos a aprobar con mucho gusto.
Pero también es mi deber, como representante de una Región desértica, advertir a dicho Secretario de Estado y a los señores Senadores la realidad de algunas zonas de ella que están sufriendo problemas gravísimos de agua y alcantarillado, infraestructuras mínimas para llevar una vida digna, que muchas veces se postergan o no se asumen.
Por ello, entonces, deseo hacer un llamado especial a las autoridades que pondrán en práctica esta legislación, a fin de que en esto tengan un pensamiento solidario y descentralizado.
En Antofagasta, el problema del agua potable, sin duda, pasa a ser en este tiempo de una gravedad extrema. Por ejemplo, el metro cúbico de este elemento vale en Santiago 60 pesos, en tanto que en esa ciudad y en la Región cuesta 160 ó 180 pesos; y todavía se esperan tres alzas más.
Por consiguiente, me parece injusto que en una Región que aporta al país ingentes recursos provenientes del cobre y de sus enormes riquezas no esté subsidiado un elemento básico para la vida, como es el agua potable, y que, además, se deban sufrir graves problemas derivados del arsénico que ella contiene. Al respecto, puedo informar que la planta que hay para eliminar este metaloide del agua es insuficiente en la actualidad. Fue construida durante el Gobierno del Presidente Frei: han transcurrido bastantes años, la población ha aumentado en forma considerable y no hay recursos para nuevas plantas purificadoras del agua. Hemos planteado en innumerables ocasiones la necesidad de tratar las aguas servidas, porque, para la zona, purificarlas significa dar agua potable a la población para comer, para beber, para vivir, no sólo pensando -como se hace en el sur- en más productos agrícolas, etcétera. Allá, este elemento es de vital importancia.
Entonces, quiero recalcar que, cuando en esta Corporación aprobamos proyectos, también esperamos que en la aplicación de la respectiva ley se tengan en cuenta las realidades del país y no se concentren en algunas Regiones o en el centro de nuestro territorio aquellos recursos que -reitero- son importantes para una vida digna en sectores tan relevantes de nuestra población.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE .-
Señor Presidente , creo que muchas de las indicaciones u observaciones surgidas con motivo de la discusión de esta iniciativa -las cuales ciertamente se realizan sobre la base de esperar mejores condiciones de vida para cada Región- en importante medida se podrán cumplir o lograr con el despacho de este proyecto y si se cuenta con los recursos para ello.
Quiero destacar de modo muy especial que, con la aprobación de su texto, que en definitiva modifica el decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, se está poniendo en claro, de manera manifiesta, que el principio de que los particulares están llamados a desempeñar un papel importante en el campo del Derecho Administrativo es cada vez más evidente, ya no como simples administrados, sino como sujetos ejecutores de la actividad administrativa y también como sustitutos o auxiliares de lo que ha constituido una actividad preponderantemente a cargo de la Administración.
Indiscutiblemente, el ejercicio por los particulares de algunos servicios o funciones públicas radica en ventajas de orden económico y técnico-administrativo; y también es indubitable que cuando esta función se encuentra bien regulada y supervigilada se constituye en uno de los medios más intensos para descongestionar la Administración.
En esa perspectiva, la figura jurídica de la concesión es el instrumento adecuado para estructurar la participación de los particulares en esta área.
Si tenemos en consideración que las concesiones son contratos administrativos de naturaleza especial, de los cuales nacen derechos reales que se caracterizan por su precariedad, se nos hará evidente que su normativa debe ser ajustada de tal forma que las obligaciones y facultades que de ellos emanan sean lo más equitativas posibles, de tal manera que, sin descuidar el interés fiscal, sean mecanismos que conciten la acción de los particulares.
Y no es otra la razón que perfeccionar la normativa existente en la materia la que ha animado al Ejecutivo , como se desprende del articulado que propone. Y mediante ello se procura, por la vía de la concesión, incentivar la construcción y explotación de las obras públicas, Al respecto, de más está mencionar el impulso que esta actividad imprime a la economía nacional.
En cuanto al sistema mismo, cabe señalar la posibilidad que se consagra para que cualquier persona acceda a la ejecución de obras públicas mediante el sistema de concesión. Sin perjuicio de esto, el Ministerio se reserva el derecho a calificar fundadamente las postulaciones.
En lo referente a los modos de caucionar la concesión, se propone admitir, al lado de la garantía real, la garantía personal. Hoy por hoy, sabemos que este tipo de caución puede tener tanto o más valor que la primera.
Por otra parte, como una forma de hacer más equitativas las condiciones del contrato y, a la vez, estimular el interés privado por la celebración de esta clase de actos jurídicos, es importante la enmienda que se propone para establecer que durante la fase de construcción de la obra el Fisco concurra al pago de los perjuicios que irrogue el caso fortuito o la fuerza mayor, cuando así lo contemplen las bases de la licitación.
Señor Presidente , Honorables colegas, como miembro de la Comisión de Obras Públicas, deseo destacar la colaboración que en el despacho de esta iniciativa encontramos por parte del personal del Ministerio del ramo, y muy particularmente del señor Subsecretario, don Juan Enrique Miquel , así como también de los señores Presidente y Director de la Cámara Chilena de la Construcción, don Alfredo Schmidt y don Sergio Melo , respectivamente.
Tengo la convicción de que la enmienda del decreto con fuerza de ley mencionado por la vía del proyecto a que me referí va a significar un avance muy importante en la realización de una serie de tareas y en la solución de necesidades de obras públicas actualmente pendientes en nuestro país.
Por lo tanto, reitero lo ya señalado por este Comité en el sentido de votar favorablemente este proyecto de ley.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , estimo que ya basta con el debate y que podríamos aprobar esta iniciativa, porque, de lo contrario, no tendremos el quórum de los cuatro séptimos que necesitamos. No lo hubo al principio, se reunió después y creo que ahora, de nuevo, estamos más o menos al borde de no contar con él.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Muy breve, señor Presidente.
Vamos a concurrir con nuestros votos a la aprobación de este proyecto, teniendo presente lo siguiente.
Estamos absolutamente convencidos de que no sólo por el imperio de la ley se producen las modificaciones que se requieren. En otros términos, estamos totalmente conscientes de que, para los efectos de esta ley en proyecto, es básico que el sector privado de nuestro país empiece a tomar conciencia de que es posible que participe en la licitación de obras públicas.
La experiencia hasta el momento es que no necesariamente las empresas privadas, en particular las grandes, están preocupadas en realidad de mejorar su entorno en términos de obras públicas. Y en muchos lugares de nuestro territorio tenemos dificultades, no sólo con aquéllas, sino también -quiero decirlo- con empresas públicas de gran tamaño, como CODELCO, por ejemplo, en las cuales no resulta fácil conseguir que participen en la licitación y mejoramiento del entorno donde ellas están constituidas, para los efectos del mejoramiento de las obras públicas.
En consecuencia -reitero-, daremos nuestra aprobación al proyecto, en el entendido, sin embargo, de que en nuestro país hay que provocar un gran proceso de sensibilización al sector privado para los efectos de que comprenda la naturaleza de este proceso de modernización de la empresa pública en el cual estamos absolutamente comprometidos.
Gracias, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Procede votar el proyecto.
Como recordó el Honorable señor Siebert, la aprobación del artículo 36 requiere el quórum de cuatro séptimos, o sea, 26 señores Senadores.
Si existe acuerdo unánime de la Sala y el señor Secretario constata que se reúne el quórum señalado, podríamos dar por aprobado unánimemente el proyecto, con constancia de haber presentes más señores Senadores que el número descrito.
Aprobado.
El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , entiendo que en la aprobación se incluyó la derogación del artículo 35.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
El proyecto se aprobó en general, señor Ministro , y ahora procede votarlo en particular.
Tengo entendido que de hecho existe una sola indicación, por lo cual procederíamos a discutirla y votarla en esta misma sesión. Sí hubiera más, tendríamos que enviar el proyecto a segundo informe.
El señor SULE.-
Es una sola, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Por eso dije que, según tengo entendido, se trata de una misma indicación y que se ha llegado a una redacción acorde.
El señor LAGOS ( Secretario subrogante ).-
Ha llegado a la Mesa una indicación suscrita por el Ejecutivo y por los Honorables señores Díez y Zaldívar, para agregar un número nuevo entre los N°s. 13 y 14 del artículo 1° que diga: "Derógase el artículo 35". El artículo 35 del decreto con fuerza de ley N° 591 es del tenor siguiente: "Sólo por razones de interés público, y una vez transcurrido más de la cuarta parte del plazo de la concesión, podrá revocarse ésta. En tal evento, el concesionario, tendrá derecho a que se le indemnice, por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado, que consiste en el valor comercial de las facultades de iniciar y continuar la explotación de las obras que son objeto de la concesión, el que deberá calcularse en base a los antecedentes que el concesionario demuestre respecto del valor presente de los flujos netos de caja de la concesión. A falta de acuerdo el valor de dicho daño será fijado por el juez.".
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor ZALDÍVAR.-
Hay acuerdo, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Se aprueba la indicación, y el proyecto queda aprobado también en particular.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , quiero sólo agradecer al Honorable Senado la aprobación de este proyecto de ley.
Estoy seguro de que se ha dado un paso muy importante y espero que pronto se traduzca en obras.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente , para todos los efectos eventuales, solicitaría dejar constancia del quórum con que fue aprobada esta iniciativa
El señor DÍEZ .-
Así se supone.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Así se acordó, señor Senador.
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