REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 321�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 33�, en martes 15 de enero de 1991 Ordinaria (De 11:15 a 20:19) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES GABRIEL VALD�S SUBERCASEAUX, PRESIDENTE, BELTR�N URENDA ZEGERS , VICEPRESIDENTE, Y HERN�N VODANOVIC SCHNAKE, PRESIDENTE ACCIDENTAL SECRETARIO, EL SE�OR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERR�A ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA...................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N.......................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS........................................................... IV. CUENTA............................................................................................ Autorizaci�n a las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda para sesionar conjuntamente. Acuerdos de Comit�s V. ORDEN DEL D�A: Informe de la Comisi�n de Constituci�n reca�do en la consulta formulada a petici�n de la Comisi�n de Trabajo acerca del rango org�nico constitucional de diversas disposiciones del proyecto que establece normas sobre organizaciones sindicales y negociaci�n colectiva (se aprueba). Proyecto de ley, en primer tr�mite, que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y negociaci�n colectiva (se aprueba en general). VI. INCIDENTES: Comisiones investigadoras de la C�mara de Diputados (observaciones del se�or Alessandri). Repercusiones en Chile de eventual guerra en el golfo P�rsico. Oficio (observaciones de la se�ora Soto). Devoluci�n a jubilados del porcentaje de reajuste adeudado. Oficio (observaciones del se�or Lagos). Bonificaci�n por mano de obra a sindicatos pesqueros de Arica e Iquique. Oficio (observaciones del se�or Lagos). Invasi�n de Lituania por la Uni�n Sovi�tica (observaciones del se�or .Ortiz). VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: -Alessandri Besa, Arturo -Calder�n Ar�nguiz, Rolando -Cantuarias Larrondo, Eugenio -Cooper Valencia, Alberto -D�az S�nchez, Nicol�s -D�ez Urz�a, Sergio -Feli� Segovia, Olga -Fern�ndez Fern�ndez, Sergio -Frei Bol�var, Arturo -Frei Ruiz-Tagle, Carmen -Frei Ruiz-Tagle, Eduardo -Gazmuri Mujica, Jaime -Gonz�lez M�rquez, Carlos -Guzm�n Err�zuriz, Jaime -Hormaz�bal S�nchez, Ricardo -Jarpa Reyes, Sergio Onofre -Lagos Cosgrove, Julio -Larre Asenjo, Enrique -Lavandero Illanes, Jorge -Letelier Bobadilla, Carlos -Martin D�az, Ricardo -Mc-Intyre Mendoza, Ronald -Navarrete Betanzo, Ricardo -N��ez Mu�oz, Ricardo -Ortiz De Filippi, Hugo -Pacheco G�mez, M�ximo -Palza Corvacho, Humberto -Papi Beyer, Mario -P�rez Walker, Ignacio -Pi�era Echenique, Sebasti�n -Prat Alemparte, Francisco -R�os Santander, Mario -Romero Pizarro, Sergio -Ruiz De Giorgio, Jos� -Ruiz-Esquide Jara, Mariano -Siebert Held, Bruno -Sinclair Oyaneder, Santiago -Soto Gonz�lez, Laura -Sule Candia, Anselmo -Thayer Arteaga, William -Urenda Zegers, Beltr�n -Vald�s Subercaseaux, Gabriel -Vodanovic Schnake, Hern�n -Zald�var Larra�n, Andr�s Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros de Justicia, del Trabajo y Previsi�n Social y Secretario General de Gobierno. Actu� de Secretario el se�or Rafael Eyzaguirre Echeverr�a, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Lagos L�pez. II. APERTURA DE LA SESI�N -Se abri� la sesi�n a las 11:15, en presencia de 44 se�ores Senadores. El se�or VALD�S (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or VALD�S (Presidente).- Las actas de las sesiones 29a y 31a, ordinarias, en 8 y 9 de enero en curso, respectivamente, 30a, especial, 32a, extraordinaria, en 8 y 10 del actual, respectivamente, quedan en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or VALD�S (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Tres de su Excelencia el Presidente de la Rep�blica: Con el primero retira la calificaci�n de urgencia y la hace presente nuevamente con car�cter de "Simple" al proyecto de ley que establece nuevas normas sobre Organizaciones Sindicales y Negociaci�n Colectiva. -Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificaci�n y el documento se manda agregar a sus antecedentes. Con el segundo hace presente la urgencia con car�cter de "Simple" al proyecto de ley que modifica diversos textos legales, a fin de garantizar en mejor forma los derechos de las personas. (Veto 2� tr�mite). -Se tiene presente la urgencia y el documento se manda agregar a sus antecedentes. Con el tercero formula observaciones al proyecto de ley sobre libertad de expresi�n. -Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. Oficios Tres de la C�mara de Diputados: Con los dos primeros comunica que ha tenido a bien aprobar los siguientes proyectos de ley: 1.- El que establece poder comprador estatal de veh�culos de locomoci�n colectiva y otras normas. -Pasa a las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, en su caso. 2.- El que modifica diversos cuerpos legales relativos a la Administraci�n del Estado. -Pasa a las Comisiones de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y a la de Hacienda, en su caso. AUTORIZACI�N A LAS COMISIONES DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES Y DE HACIENDA PARA SESIONAR PARALELAMENTE El se�or VALD�S (Presidente).- Solicito el asentimiento del Senado a fin de que las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda puedan sesionar simult�neamente, debido a la urgencia del proyecto y a la naturaleza misma del tema. �Habr�a acuerdo? El se�or RUIZ (don Jos�).- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or RUIZ (don Jos�).- Debemos tratar un proyecto de ley que tiene algunas disposiciones que son de qu�rum calificado. Por lo tanto, creo conveniente advertir a los se�ores Senadores que integran dichas Comisiones que en el momento de la votaci�n es importante que se encuentren presentes en la Sala, para dar el qu�rum requerido. El se�or VALD�S (Presidente).- Se�or Senador, no estoy fijando la hora y el d�a de la sesi�n; s�lo me refiero al simple hecho de que ese proyecto sea estudiado conjuntamente por ambas Comisiones. Si no hubiera oposici�n, as� se acordar�a. Acordado. )----------( El se�or VALD�S (Presidente).- Contin�a la Cuenta. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Con el tercer oficio, la C�mara de Diputados comunica que ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que permite a los peque�os agricultores recuperar el Impuesto al Valor Agregado y prorroga reaval�o agr�cola. -Se manda archivar. Del se�or Ministro de Obras P�blicas, con el que da respuesta al oficio enviado en nombre del Senador se�or Sergio Romero, respecto a la ampliaci�n de zona de cat�strofe a las comunas que se�ala; y Del se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta al oficio enviado en nombre del Senador se�or Mario R�os, para que la misma soluci�n que se ha dado para los deudores habitacionales de los Servicios de la Vivienda y Urbanizaci�n, se otorgue a los deudores habitacionales de las municipalidades. -Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informe De la Comisi�n Mixta, relativo al proyecto que modifica la ley N� 18.918 para permitir la suscripci�n de indicaciones por los Ministros de Estado. -Queda para tabla. Presentaci�n De ex trabajadores del Ministerio de Obras P�blicas, exonerados, pensionados, viudas y familiares de fallecidos despedidos, con la que solicitan la intervenci�n del Senado para buscar una soluci�n al problema que les afecta, relativo al pago de indemnizaci�n por a�os de servicios. -Queda a disposici�n de los se�ores Senadores. El se�or VALD�S (Presidente).- Terminada la Cuenta. Suspender� la sesi�n por quince minutos con el objeto de celebrar una reuni�n de Comit�s. Se suspende la sesi�n. )----------( -Se suspendi� a las 11:27. -Se reanud� a las 12:18. )----------( El se�or VALD�S (Presidente).- Contin�a la sesi�n. ACUERDOS DE COMIT�S El se�or VALD�S (Presidente).- Se va a dar cuenta de los acuerdos de Comit�s. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Los Comit�s acordaron, en primer lugar, tratar en general, en la presente sesi�n, el proyecto que figura en el n�mero 5 de la tabla, que establece normas sobre Organizaciones Sindicales y Negociaci�n Colectiva; abrir plazo para la presentaci�n de indicaciones hasta ma�ana a las 16; discutir en particular la iniciativa en sesi�n extraordinaria del jueves 17, y despacharla ese mismo d�a. En segundo t�rmino, respecto del proyecto sobre creaci�n del Instituto Nacional de la Juventud, actualmente en estudio en la Comisi�n de Gobierno, en segundo informe -posteriormente pasar� a la Comisi�n de Hacienda-, se resolvi� fijar plazo para recibir nuevas indicaciones hasta hoy a las 16, a fin de que la iniciativa pueda despacharse por las mencionadas Comisiones y la Sala lo vea en particular tambi�n el d�a jueves 17. En tercer lugar, respecto del proyecto de reforma constitucional sobre municipalidades -que, seg�n entiendo, se encuentra en la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, que entregar�a ma�ana su informe- se lo incluir�a en la tabla de la sesi�n del mi�rcoles, y se despachar�a el mismo d�a. Adem�s, se acord� despachar ma�ana en la Sala los siguientes proyectos que han sido objeto de observaciones o de veto por Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica -en este momento en estudio en la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento-: la normativa llamada "Leyes Cumplido"; la iniciativa sobre Libertad de Expresi�n, y el proyecto referente a Propiedad Industrial. El se�or VODANOVIC.- Pido la palabra para hacer una consulta, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Vodanovic. El se�or VODANOVIC.- Se�or Presidente, no se hab�a dado cuenta en la Sala del veto al proyecto sobre Libertad de Expresi�n, aunque de hecho eso se est� haciendo ahora. �No ser�a posible que, en lugar de incluirse esta materia en la tabla del mi�rcoles, lo fuese en la del jueves? El se�or VALD�S (Presidente).- Podr�a ser. El se�or VODANOVIC.- Respecto de las comunicaciones internas entre ambas C�maras, �c�mo operan los plazos? �Es esto posible? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).- La verdad es que nos encontramos al final de la tramitaci�n de la iniciativa sobre Libertad de Expresi�n. El veto es muy simple, porque pr�cticamente repone el acuerdo de la Comisi�n Mixta, excepto en lo referente a penalidades. Luego tendr�a que verse por la C�mara de Diputados, que, seg�n entiendo, despu�s dar� cuenta del veto al Senado para que �ste lo comunique al Ejecutivo. Nosotros ten�amos la intenci�n de promulgar la ley en el mes de enero. Y pudi�ramos quedarnos con ese tr�mite hasta marzo. Por eso, est�bamos considerando la posibilidad de que se viera en la sesi�n de ma�ana, de manera que la C�mara pudiera discutirlo e informarlo al Senado, formalmente, el jueves. �sa es la raz�n de nuestra solicitud. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- �El se�or Ministro se refiere a la iniciativa sobre Libertad de Expresi�n? Entonces, su discusi�n quedar�a para el pr�ximo jueves, y no para ma�ana. El se�or CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).- Es lo contrario, se�or Secretario. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- �Ah, se ver�a ma�ana! Eso es lo que hab�an acordado los Comit�s; verlo ma�ana, previo informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. El se�or N��EZ.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- El se�or Secretario acaba de informar que el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre creaci�n del Instituto Nacional de la Juventud se extiende hasta ma�ana a las 16. El se�or VALD�S (Presidente).- As� es, Su Se�or�a. El se�or N��EZ.- La verdad es que el acuerdo de Comit�s -que obra en mi poder- fija ese plazo s�lo hasta las 14, para efectos de que la Comisi�n pueda sesionar a las 15:30 -seg�n se indic� en la citaci�n- con asistencia del se�or Ministro. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Feli�. La se�ora FELI�.- Se�or Presidente, a mi juicio, no habr�a inconveniente en fijar el l�mite a las 14, porque lo que realmente preocupaba era la indicaci�n que presentar�a el Ejecutivo en relaci�n con el gasto y su imputaci�n. Y entiendo que tal indicaci�n ya lleg�, por lo que, al menos desde el punto de vista de nuestro Comit�, el plazo podr�a terminar a las 14. El se�or VALD�S (Presidente).- Se modificar�a, por lo tanto, el acuerdo de Comit�s, y se fijar�an las 14 como t�rmino del plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre Instituto Nacional de la Juventud. Acordado. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Tambi�n se resolvi� que la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento entregue ma�ana su informe sobre la consulta formulada por los Comit�s acerca de la situaci�n producida en la tramitaci�n del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, a ra�z de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en relaci�n con la referida iniciativa legal. El informe est� en segunda discusi�n, y se acord� por los Comit�s que ma�ana se d� comienzo en la Sala a su segunda discusi�n. Por otra parte, se acord� tratar tambi�n ma�ana mi�rcoles 16 el proyecto -actualmente en la Comisi�n de Hacienda- relativo a FLACSO. La Comisi�n de Hacienda est� citada para hoy, y, entre otras materias, ver� precisamente un art�culo de esta iniciativa que versa sobre financiamiento. Finalmente, se acord� no tratar por ahora el proyecto que autoriza para ejercer sus profesiones a chilenos que en el exilio obtuvieron grados y t�tulos que se�ala, en primer lugar porque no se dispone del informe de Comisi�n. Se resolvi� no despacharlo sino hasta que haya informe de la Comisi�n respectiva. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Sule. El se�or SULE.- Se�or Presidente, la Comisi�n s� tratar�a ma�ana este �ltimo proyecto, de manera que, si est� resuelto el problema, tambi�n podr�amos incluirlo en la tabla del jueves. Es un asunto importante. Tenemos a mil familias en espera, debido a que esas personas no pueden desarrollar sus actividades. El se�or VALD�S (Presidente).- �A qu� proyecto se refiere Su Se�or�a? El se�or SULE.- Al que resuelve el problema a las personas que no pueden ejercer sus profesiones en Chile por haber recibido sus t�tulos en el exterior, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- En la reuni�n de Comit�s se hizo presente la necesidad de escuchar la opini�n de algunos decanos de ciertas facultades universitarias, y a los colegios profesionales, porque se presentaron algunas dificultades para el reconocimiento simple y llano de los t�tulos obtenidos en el extranjero. Por esa raz�n, algunos Comit�s pidieron que se postergara el plazo para tratar dicho proyecto. No se trata del texto en su integridad, sino de lo referente a determinadas y particulares profesiones, en especial la de medicina. El se�or SULE.- Disc�lpeme, se�or Presidente, pero quisiera insistir y rogar a los Comit�s que expusieron esas razones que ojal� activemos la tramitaci�n. Porque tengo entendido que los decanos a que el se�or Presidente hace referencia -seg�n me inform� la se�ora Secretaria de la Comisi�n- est�n citados para ma�ana. Incluso, los decanos de medicina ya han informado, tanto al Gobierno en la oportunidad en que �ste solicit� tales antecedentes, cuanto a la C�mara de Diputados. Pido a la Sala se sirva reconsiderar esta situaci�n, de manera de tratar por todos los medios de que conozcamos y votemos el proyecto en el curso de la presente semana. El se�or VALD�S (Presidente).- La Sala ha escuchado la proposici�n del Honorable se�or Sule. Ofrezco la palabra sobre la modificaci�n del acuerdo de Comit�s a que �l se ha referido. En todo caso, el proyecto deber�a ir a Comisi�n ma�ana, y �sta despachar su informe. Entre otros, el Honorable se�or D�ez formul� la proposici�n de no tratar por ahora ese proyecto. Por otra parte, el Honorable se�or Sule manifiesta que ma�ana ser�n escuchados los decanos y otras autoridades universitarias en la Comisi�n de Educaci�n. �Se esperar�a el informe de esta Comisi�n? El se�or GAZMURI.- Nosotros estamos de acuerdo, se�or Presidente. El se�or D�EZ.- Esperemos el informe de la Comisi�n, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Si ese documento llega oportunamente, el proyecto se incluir�a en la tabla del pr�ximo jueves. Acordado. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Finalmente, los Comit�s acordaron que se tratara Ministerio de Agricultura ma�ana, siempre que haya informe de la Comisi�n de Hacienda, el proyecto que figura en el primer lugar del Orden del D�a de esta sesi�n, el cual dicta normas sobre la administraci�n tributaria y condona recargos por impuestos morosos. Por encontrarse vencido el plazo de la Comisi�n, �sta tendr�a que despachar la iniciativa hoy para que la Sala pudiera discutirla ma�ana, seg�n el acuerdo de los Comit�s. Si no alcanzara a hacerlo, o no estuviera listo su informe ma�ana, aqu�lla que dar�a pendiente para el d�a jueves. V. ORDEN DEL D�A INFORME DE COMISI�N DE CONSTITUCI�N RECA�DO EN CONSULTA FORMULADA A PETICI�N DE COMISI�N DE TRABAJO ACERCA DE RANGO ORG�NICO CONSTITUCIONAL DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE PROYECTO QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y NEGOCIACI�N COLECTIVA El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde ocuparse, por lo tanto, en la materia que se halla en el cuarto lugar del Orden del D�a: el informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento reca�do en la consulta formulada a petici�n de la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social acerca del rango org�nico constitucional de diversas disposiciones del proyecto de ley que establece normas sobre organizaciones sindicales y negociaci�n colectiva. -Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Consulta: Sesi�n 29a, en 8 de enero de 1991. Informes de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 32a, en 10 de enero de 1991. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisi�n de Legislaci�n, con la firma de los Honorables se�ores Vodanovic, D�ez, Letelier y Pacheco, hace presente que el 13 de noviembre de 1990 las Comisiones unidas de Legislaci�n y de Trabajo enviaron un oficio a la Excelent�sima Corte Suprema con el objeto de que tuviera a bien emitir su opini�n en lo relativo a determinadas disposiciones del citado proyecto, en conformidad a lo previsto en el art�culo 74, inciso segundo, de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica. El Tribunal M�ximo respondi� con fecha 30 de noviembre, expresando en la parte pertinente que "respecto a los art�culos a que se hace referencia en el p�rrafo tercero del oficio en que se solicita el informe, en concepto de este Tribunal las materias a que ellos se refieren, no obstante el parecer de esas Comisiones, han sido revisadas por esta Corte Suprema, por cuanto, los Jueces �rbitros est�n regidos por las normas contenidas en el T�tulo IX del C�digo Org�nico de Tribunales, que se�ala las diversas calidades en que pueden ser nombrados los Jueces �rbitros, las atribuciones de que est�n dotados, seg�n la naturaleza del nombramiento, y, particularmente, los requisitos que deben cumplirse para poder ser nominados �rbitros.". A�ade la Corte que tambi�n conviene tener presente que la tramitaci�n de las causas se ajustar� a lo dispuesto para los �rbitros arbitradores en los P�rrafos y T�tulo que se�ala del C�digo de Procedimiento Civil. Finalmente, manifiesta que los �rbitros a que se refiere la norma, en su calidad de jueces, no debieran quedar constre�idos a resolver los conflictos sometidos a su consideraci�n ateni�ndose exclusivamente a las proposiciones de las partes, como dispone el art�culo 143 del texto del Ejecutivo. La Comisi�n se�ala que es importante considerar que en la legislaci�n laboral hay dos clases de �rbitros, claramente diferenciadas. Unos son aquellos a que se refiere el art�culo 125 de la iniciativa, que dispone que todo contrato colectivo deber� contener a lo menos las menciones que indica, entre ellas la de su N� 4, relativa a la "designaci�n de un �rbitro encargado de interpretar las cl�usulas y de resolver las controversias a que d� origen el contrato, si as� lo acordaren las partes". Estos �rbitros, a juicio de la Comisi�n, poseen verdaderamente el car�cter de tales, pues tienen por funci�n resolver un asunto litigioso conforme al m�rito del proceso, con las facultades propias de todo tribunal para la decisi�n de la controversia jur�dica sometida a su conocimiento y fallo. Otros, de distinta naturaleza -agrega la Comisi�n-, son los tribunales arbitrales que deben designarse para resolver conflictos colectivos en los casos de arbitraje obligatorio, tales como los previstos en los art�culos 164, 165 y 166 del proyecto. Destaca que estos tribunales arbitrales, de acuerdo a lo preceptuado en el art�culo 143 de la iniciativa, est�n obligados a fallar a favor de la proposici�n de una de las dos partes en conflicto, sin que puedan decidir por una alternativa distinta, ni contener en su fallo proposiciones de una y otra parte. Es decir, su funci�n est� restringida a aceptar en su integridad una de las ponencias planteadas, lo que, en concepto de la Comisi�n, pone de manifiesto que si bien tienen la denominaci�n de "�rbitros", en esencia no poseen la calidad de tales. En consecuencia -a�ade-, las normas que los rigen no inciden en materias propias de la ley org�nica constitucional mencionada en el art�culo 74, inciso primero, de la Ley Fundamental. En atenci�n a lo expuesto, sugiere que para evitar equ�vocos los tribunales arbitrales a que se refiere el art�culo 143 se denominen de una manera distinta, como podr�a ser "�rbitros laborales" o "�rbitros laborales de segunda instancia". En cuanto a los preceptos que contienen normas de procedimiento, la Comisi�n fue del parecer de que no son materia de la ley org�nica constitucional aludida, por estimar que aqu�llas no se refieren a la organizaci�n ni a las atribuciones de los tribunales. Finalmente, con el mero prop�sito de perfeccionar la norma propuesta y acogiendo una observaci�n formulada por la Excelent�sima Corte Suprema, propone sustituir las palabras finales del inciso quinto del art�culo 144, o sea, "deber� concurrir la totalidad de sus integrantes", por las siguientes: "deber�n concurrir los integrantes que hayan intervenido en la vista de la causa". En los t�rminos precedentemente se�alados la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, por unanimidad, absuelve la consulta formulada. El informe fue acordado por los Honorables se�ores Vodanovic, D�ez, Guzm�n, Letelier y Pacheco. El se�or VALD�S (Presidente).- En discusi�n el informe. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Vodanovic. El se�or VODANOVIC.- Se�or Presidente, propongo a la Sala del Senado aprobar el texto en debate, que fue acordado y suscrito por la unanimidad de la Comisi�n. En resumen, se limita a establecer, con relaci�n a la consulta, que las normas del proyecto relativas a los llamados "�rbitros" no revisten rango org�nico constitucional, como tampoco los diversos preceptos de procedimiento que se consagran. En cuanto a las primeras, porque los denominados "�rbitros" reciben el nombre de tales, pero no son propiamente jueces -no cumplen funciones jurisdiccionales-, y se limitan a dirimir conflictos o controversias de intereses entre las partes. Se trata de una instancia establecida en el proceso de negociaci�n colectiva, y la funci�n pertinente est� apartada -repito- del cumplimiento de una labor jurisdiccional. Y respecto de las diversas normas de procedimiento, porque ellas no est�n relacionadas con aspectos que conciernen a la organizaci�n, atribuciones o funcionamiento de los tribunales. En consecuencia, en los t�rminos que exige el art�culo 74 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, tampoco su car�cter es el de disposiciones que exijan qu�rum especiales. Por ello, la consulta fue evacuada por la unanimidad de los miembros de la Comisi�n de Constituci�n, y en esa virtud, solicito a la Sala tener a bien aprobar el informe, a fin de pasar a conocer, por ende, el fondo del proyecto de ley sobre la materia sometido a consideraci�n del Senado. Nada m�s, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Hormaz�bal. El se�or HORMAZ�BAL.- Se�or Presidente, mi solicitud es en el mismo sentido planteado por el Honorable se�or Vodanovic, ya que los integrantes de la Comisi�n de Trabajo formulamos la petici�n a la Comisi�n de Legislaci�n con el objeto de clarificar el sentido de algunas de estas normas y de que nos ayudara en el estudio del oficio que tuvo a bien enviarnos la Corte Suprema en su oportunidad, ya que dimos en tiempo y forma cumplimiento a la obligaci�n constitucional de consultar al Tribunal M�ximo acerca de preceptos que incid�an en materias de su competencia. Cuando analicemos la iniciativa en particular se podr� ver que la Comisi�n de Trabajo acogi� diversas sugerencias de la Comisi�n de Legislaci�n que enriquecieron el texto en este �mbito. Dada la situaci�n expuesta, se�or Presidente, y para entrar definitivamente al fondo del proyecto, adhiero a la petici�n del Honorable se�or Vodanovic de dar por aprobado el informe. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, nosotros concurrimos con nuestros votos a aprobar el informe de la Comisi�n de Legislaci�n, porque nos parece de una claridad meridiana que no estamos en presencia de los jueces �rbitros a que se refiere el art�culo 222 del C�digo Org�nico de Tribunales. En realidad, en este caso no se trata de jueces, quienes est�n llamados fundamentalmente a interpretar y aplicar normas jur�dicas. Estos �rbitros laborales fijan condiciones econ�micas para contratos que van a regir para las partes en el futuro. Por la raz�n expresada, y en la medida en que somos muy celosos defensores en el cumplimiento de los preceptos de la Carta Fundamental que dicen relaci�n a las leyes org�nicas constitucionales, no nos cabe ninguna duda de que no estamos ante una norma referente a un cuerpo legal de ese rango, porque no se plantea la existencia de ninguna autoridad judicial. En consecuencia, dimos el visto bueno al informe, y a la vez acogimos las sugerencias de la Corte Suprema destinadas a perfeccionar el proyecto. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- S�lo quiero apoyar lo que se ha se�alado y pedir que se apruebe el informe, se�or Presidente. Nada m�s. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Guzm�n. El se�or GUZM�N.- Se�or Presidente, efectivamente la Comisi�n de Legislaci�n aprob� por unanimidad el informe que se somete a la consideraci�n de la Sala. S�lo quisiera a�adir, como elemento de juicio para comprender bien la naturaleza de estos �rbitros laborales, quienes no son jueces �rbitros, que por esto se los faculta para escoger entre dos opciones, sin que puedan adoptar como veredicto una f�rmula intermedia. Ello le parec�a enteramente inapropiado a la Corte Suprema, por entender que se trataba de jueces �rbitros, quienes, naturalmente, tienen que dirimir el conflicto de acuerdo al m�rito de los antecedentes y seg�n su leal saber y entender. En realidad, aqu� estamos en presencia de �rbitros que desempe�an una funci�n enteramente distinta, por lo cual sugerimos que se denominaran �rbitros laborales. Muchas gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Navarrete. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, s�lo deseo expresar nuestro acuerdo respecto al informe presentado por la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. Aun cuando el Comit� Radical-Socialdem�crata no tiene un representante en ella, aprobamos el texto para respaldar la unanimidad a que se lleg� en el seno de la misma. El se�or VALD�S (Presidente).- De las exposiciones de los se�ores Senadores se deduce que habr�a consenso para aprobar el informe. Aprobado. NUEVAS NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y NEGOCIACI�N COLECTIVA El se�or VALD�S (Presidente).- En seguida, corresponde discutir el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la Rep�blica, que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y negociaci�n colectiva, con informe de las Comisiones de Trabajo y Previsi�n Social y de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, unidas. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 10a, en 7 de noviembre de 1990. Informes de Comisi�n: Trabajo y Constituci�n, unidas, sesi�n 33a, en 15 enero de 1991. El se�or VALD�S (Presidente).- En discusi�n general. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el se�or Ministro del Trabajo y Previsi�n Social. El se�or CORT�ZAR (Ministro del Trabajo y Previsi�n Social).- Se�or Presidente, Honorable Senado, este proyecto sobre organizaciones sindicales y negociaci�n colectiva se refiere a los aspectos m�s centrales del derecho colectivo. La primera parte busca el desarrollo de organizaciones sindicales libres, al permitir la afiliaci�n voluntaria y la pluralidad sindical, pero tambi�n al eliminar una serie de prohibiciones y limitaciones que contempla la legislaci�n vigente. En particular, se les asignan nuevas funciones, y a las de grado superior, como las federaciones y confederaciones, la posibilidad de participar en la suscripci�n de instrumentos colectivos, en especial la de negociar colectivamente. Tambi�n se las hace m�s representativas y aut�nomas, para lo cual se propone la extensi�n y el fortalecimiento de los fueros sindicales, el aumento de los permisos sindicales y una mayor facilidad de financiamiento para las organizaciones laborales. Un sindicalismo moderno requiere estar adecuadamente financiado. La iniciativa determina que los afiliados de la organizaci�n de base sean quienes definan, en votaci�n secreta, las contribuciones que desean efectuar a ella o a una entidad de grado superior, como una federaci�n o confederaci�n. Una vez tomado este acuerdo, se generan mecanismos adecuados de recaudaci�n para las federaciones, confederaciones y centrales sindicales, permitiendo de este modo que tengan acceso, en mejor forma que la contemplada en la legislaci�n vigente, al financiamiento que libremente se haya aprobado. Por otro lado, se se�ala que los trabajadores que se beneficien de la acci�n de las organizaciones sindicales -en particular, por un contrato colectivo en una negociaci�n en la que no hayan participado- contribuyan con el 50 por ciento de la cuota ordinaria al financiamiento de la organizaci�n que d� origen al resultado que les sea favorable. La segunda parte del proyecto se refiere al otro aspecto fundamental del derecho colectivo: la negociaci�n colectiva, con el prop�sito de que sea m�s amplia, equilibrada y eficaz. Se pretende una negociaci�n colectiva m�s amplia, sobre la base de que la actual legislaci�n la permite s�lo a nivel de la empresa, prohibiendo la posibilidad de que se extienda m�s all� del �mbito de �sta, aunque los trabajadores y empresarios as� lo acuerden. El proyecto sometido a la consideraci�n del Honorable Senado elimina esas prohibiciones y dispone que los sindicatos interempresas, las federaciones o las confederaciones pueden negociar colectivamente, si hay un acuerdo previo y voluntario entre trabajadores y empresarios en tal sentido. Asimismo, la actual legislaci�n no permite la firma de convenios colectivos por parte de sindicatos de trabajadores eventuales, como, por ejemplo, los temporeros de la fruta o los de otros sectores. El proyecto sometido a la consideraci�n del Honorable Senado establece que, cuando haya acuerdo de las partes, los sindicatos de trabajadores eventuales y transitorios podr�n firmar convenios colectivos que fijen sus condiciones de trabajo o de ingreso. La actual legislaci�n contiene un largo listado de prohibiciones, de temas vedados para la negociaci�n, aunque las partes deseen someterlos a ella. Una gran cantidad de esas prohibiciones se eliminan, quedando excluido de la negociaci�n colectiva s�lo lo que atenta contra la facultad de organizar, dirigir y administrar la empresa, o los aspectos ajenos a �sta. La actual legislaci�n determina que cuando los trabajadores ingresan a una empresa, y mientras dura en ella la vigencia de un contrato colectivo, no pueden negociar colectivamente. El proyecto sometido a la consideraci�n del Senado plantea que los trabajadores que ingresan a una empresa, cuando cumplan con los requisitos de qu�rum consignados en la ley, pueden negociar colectivamente, aunque existan contratos colectivos vigentes. Junto con tenderse a una negociaci�n colectiva m�s amplia, se desea tambi�n que sea m�s equilibrada. La iniciativa en debate elimina el plazo vigente de 60 d�as para la huelga, el cual est� ausente pr�cticamente de todas las legislaciones modernas en materia laboral. Conduce, en cambio, a que sean las partes las que tengan que encontrar un acuerdo, pero no porque la ley imponga un t�rmino a la huelga, cuando aqu�l no se ha alcanzado. Del mismo modo, la legislaci�n actual concibe la posibilidad de reemplazar a los trabajadores en conflicto desde el primer d�a, independientemente de cu�l sea la oferta del empleador. El proyecto sometido a la consideraci�n del Senado relaciona el momento en que se puede hacer uso de ese mecanismo a la clase de la �ltima oferta que se haya hecho por parte del empleador. Adem�s de perseguirse el prop�sito de que sea m�s amplia y equilibrada, se quiere que la negociaci�n colectiva sea m�s eficaz. La iniciativa fortalece una instituci�n nueva y fundamental en un proceso de negociaci�n colectiva, cual es la de mediaci�n. Propone la constituci�n de un cuerpo de mediadores y destaca que el instrumento de la mediaci�n voluntaria entre las partes se puede convertir en un instrumento eficaz para lograr una soluci�n r�pida y equilibrada de las diferencias producidas en los conflictos colectivos. El texto sobre organizaciones sindicales y negociaci�n colectiva se suma a otros proyectos ya despachados por el Congreso: el de centrales sindicales y el de terminaci�n del contrato de trabajo. Tal como en los casos anteriores, es fruto de un acuerdo alcanzado en el Senado entre Parlamentarios de Gobierno y Oposici�n. Tal como sucedi� con los dos proyectos anteriores, se trata de dar un paso m�s hacia la modernizaci�n de nuestras instituciones sociales y pol�ticas; hacia condiciones laborales de mayor equidad; hacia reglas del juego que, al ser m�s equitativas, puedan tener mayor legitimidad social y m�s posibilidades de estabilidad en el tiempo. Constituye, como en el caso de los proyectos anteriores, un paso m�s en el cumplimiento de nuestro Programa de Gobierno. Muchas gracias. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Ruiz De Giorgio. El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, estimados colegas: Creo que para iniciar la discusi�n de este proyecto es importante, como lo ha manifestado el se�or Ministro del Trabajo, tener tambi�n en cuenta lo que ha pasado con iniciativas anteriores. Quiero referirme en particular a una situaci�n que debe llamarnos a meditar: despachamos un proyecto sobre el t�rmino del contrato de trabajo con la clara intenci�n de que tender�a a solucionar los abusos reiterados que han afectado a numerosos trabajadores. Sin embargo, las cl�usulas del contrato no son respetadas, y muchos empleadores est�n utilizando incluso las normas de la iniciativa para poder despedir indiscriminadamente. Por lo tanto, estimo que hay que analizar el tema m�s en profundidad. No se trata s�lo de examinar una disposici�n m�s o una disposici�n menos. Es importante que consideremos la filosof�a que imprime el cambio en la legislaci�n laboral que pretendemos concretar. El trabajo humano y el hombre de trabajo El 5 de mayo pr�ximo se cumplir�n 100 a�os desde que Le�n XIII impactara al mundo con su oportuna y sabia Carta Enc�clica "Rerum Novarum". Desde entonces, la humanidad ha sufrido dos guerras mundiales, se han liberado la casi totalidad de las colonias, surgi� y se derrumb� el comunismo, y la ciencia avanza a pasos cada vez m�s veloces, haciendo insignificantes las distancias y descubriendo nuevos secretos, que pueden hacer m�s humana la convivencia entre los pueblos o llevarnos a la destrucci�n total. Fue un mensaje oportuno el de Le�n XIII, porque el desarrollo vertiginoso ocasionado por la m�quina, junto con producir m�s y mejores bienes, que mejoraron las condiciones de vida de un sector de los pa�ses industrializados, trajo aparejada la brutal explotaci�n de hombres, mujeres y ni�os, que eran tratados como verdaderos esclavos. Lleg� a tanto, que tuvieron que dictarse leyes para impedir el acceso de menores de 8 a�os a las f�bricas. El af�n de lucro desmedido y la implacable competencia, hac�an que "las riquezas se acumulaban en unos pocos, empobreciendo a las multitudes, generando la corrupci�n de las costumbres". En este estado de cosas, "los obreros se han ido quedando solos e indefensos," -dec�a el Papa- "entregados por la condici�n de los tiempos, a la inhumanidad de sus patrones y a la desenfrenada codicia de sus competidores". El mundo obrero comenz� a soportar una creciente influencia de quienes respond�an a la explotaci�n con la violencia revolucionaria. La desesperaci�n y las miserables condiciones de vida a que el capitalismo somet�a a la masa laboral hac�a atractiva -y a veces quiz�s era percibida como la �nica posibilidad- la lucha de los explotados en contra de los explotadores. La Iglesia comienza por asumir como un deber irrenunciable el de denunciar con claridad y valent�a la situaci�n existente y el de llamar la atenci�n sobre la gravedad de la situaci�n, demandando la cooperaci�n de todos: de los gobernantes, de los patronos, de los ricos y hasta de los mismos proletarios de cuya suerte se trata, dec�a el Papa. Insiste la Iglesia en que "se a�nen los pensamientos y las fuerzas de todas las clases para poner remedio, lo mejor que sea posible, a las necesidades de los obreros: y para conseguirlo, cree que se deben emplear aunque con la debida ponderaci�n, las leyes mismas y la autoridad del Estado". Le�n XIII dec�a a los poderosos de la �poca: "en general deben acordarse los ricos y los patronos que oprimir en provecho propio a los indigentes y menesterosos, y explotar la pobreza ajena para mayores lucros, es contra todo derecho divino y humano". A los gobernantes les dec�a: "Por tanto, el Estado debe dirigir preferentemente sus cuidados y providencias a los asalariados que forman parte de la clase pobre y necesitada, en general". Al referirse el Papa Le�n XIII al salario, dec�a: "aunque concedido que el obrero y su patrono libremente convengan en algo y particularmente en la cantidad del salario, queda, sin embargo, siempre una cosa, que dimana de la justicia natural y que es de m�s peso y anterior a la libre voluntad de los que hacen el contrato, y es �sta: que el salario no debe ser insuficiente para la sustentaci�n de un obrero frugal y de buenas costumbres; y si acaeciese alguna vez que el obrero, obligado por la necesidad o movido por el miedo de un mal mayor, aceptase una condici�n m�s dura, que, aunque no quisiera, tuviere que aceptar por impon�rsela absolutamente el patr�n o el contratista, ser�a eso hacerle violencia y, contra esta violencia, reclama la justicia". En estos cien a�os que han pasado desde la dictaci�n de dicha enc�clica, la Iglesia continu� preocupada de la situaci�n social de los hombres de trabajo. As�, conocimos la enc�clica "Quadragesimo anno", de P�o XI, al cumplirse cuarenta a�os de la Carta de Le�n XIII; Juan XXIII, el Papa Bueno, nos ilumin� con las enc�clicas "Mater et Magistra" y "Pacem in terris"; Paulo VI nos entreg� "Populorum progressio" e "Igualdad y participaci�n". Juan Pablo II, el Papa Obrero, aparte escribir sobre los m�s variados temas, puso especial preocupaci�n en su enc�clica al mundo del trabajo, denominada "Laborem Exercens". El Santo Padre no s�lo conoci� la dureza del trabajo en las canteras, sino que vivi� y sufri� la ocupaci�n nazi durante la Segunda Guerra mundial y la dictadura comunista desde la segunda mitad de la d�cada de los a�os cuarenta. En su Carta pone como elemento b�sico de la relaci�n laboral el respeto y reconocimiento al hombre de trabajo; destaca la necesaria solidaridad para con los trabajadores y entre ellos mismos; resalta el papel de la familia en la sociedad; aborda el conflicto entre el capital y el trabajo, dando clara preeminencia a �ste sobre aqu�l y rechazando la lucha de clases como m�todo para dirimirlo. Juan Pablo II pone �nfasis tambi�n en los derechos del hombre de trabajo. Y dice: "Estos derechos deben ser examinados en el amplio contexto del conjunto de los derechos del hombre que le son connaturales, muchos de los cuales son proclamados por distintos organismos internacionales y garantizados cada vez m�s por los Estados para sus propios ciudadanos.". M�s adelante se�ala: "la realizaci�n de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas econ�micos, los cuales a escala m�s amplia o m�s restringida, se dejen guiar sobre todo por el criterio del m�ximo beneficio.". Pero, al igual que Le�n XIII, el Papa actual aborda con claridad el tema quiz�s m�s pol�mico de su enc�clica: el salario y las prestaciones sociales. Y dice: "El problema clave de la �tica social es el de la justa remuneraci�n por el trabajo realizado.". Para ello, da la siguiente definici�n de "justa remuneraci�n": "Una justa remuneraci�n por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro.". Juan Pablo II destaca tambi�n la importancia de los sindicatos, en los siguientes t�rminos: "el derecho a asociarse; esto es, a formar asociaciones o uniones que tengan como finalidad la defensa de los intereses vitales de los hombres empleados en las diversas profesiones.". Y agrega: "Los justos esfuerzos por asegurar los derechos de los trabajadores, unidos por la misma profesi�n, deben tener siempre en cuenta las limitaciones que impone la situaci�n econ�mica general del pa�s.". Al referirse a la huelga, se�ala: "Actuando en favor de sus miembros, los sindicatos se sirven tambi�n del m�todo de la huelga, es decir, del bloqueo del trabajo, como una especie de ultim�tum dirigido a los �rganos competentes y sobre todo, a los empresarios. Este es un m�todo reconocido por la doctrina social cat�lica como leg�timo en las debidas condiciones y en los justos l�mites.". A la luz de los documentos citados y de las intervenciones papales, en distintas oportunidades, sobre los derechos de los trabajadores, parece conveniente recordar a los "constructores de la sociedad" los riesgos de olvidarse de las ense�anzas de la Iglesia; de caer en la tentaci�n de anteponer a los valores de la persona humana el dogma del libre mercado o la esclavitud de las nuevas tecnolog�as como valores absolutos; y, con soberbia, pretender construir un mundo sin Dios. Debemos utilizar el mercado como un eficiente asignador de recursos, teniendo en claro que no es el �nico y que el Estado puede y debe cumplir un papel, como garante del bien com�n, especialmente protegiendo a los m�s d�biles de la sociedad. No es menos importante la adecuada utilizaci�n de los adelantos de la ciencia, que pueden mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los pueblos. Pero, utilizados al margen de los intereses de los sectores sociales m�s postergados o solamente desde el punto de vista de los resultados econ�micos, sin analizar ni evaluar debidamente el impacto social que produzcan, pueden volverse en contra del progreso y terminar esclavizando al hombre de trabajo. No es el hombre quien debe estar al servicio de la econom�a, sino �sta al servicio del hombre. Y los adelantos de la ciencia deben ser elementos que ayuden a la liberaci�n del ser humano y no a su esclavitud. �stas son, a mi juicio, algunas reflexiones necesarias para iniciarnos en el debate de una ley laboral acorde con la sociedad que deseamos construir. Si ponemos al mercado como el �nico elemento ordenador de la econom�a y al trabajo humano como una mercanc�a m�s que se transa en �l, se estar� promoviendo la lucha de clases y la confrontaci�n que destruye y limita las posibilidades de desarrollo. M�s bien, proponemos intensificar el esfuerzo ya iniciado por el Gobierno de la Concertaci�n en el sentido de promover el di�logo entre trabajadores y empresarios y desarrollar una creciente acci�n de acuerdos pol�ticos, asumiendo que la fuerza de las leyes provendr� fundamentalmente de su aceptaci�n en la comunidad nacional. Necesitamos que las leyes sean justas, a fin de que tengan legitimidad ante la sociedad y, b�sicamente, protejan al sector m�s d�bil, que son los trabajadores. Porque, como dec�a Lacordaire, "entre el d�bil y el fuerte, es la libertad la que oprime y la ley la que protege". Contenido de la reforma laboral El se�or Ministro del Trabajo ha hecho un excelente resumen del contenido y sentido de la reforma laboral, por lo que s�lo insistir� en algunos puntos. En esta iniciativa se eliminan algunas prohibiciones que dificultan la organizaci�n sindical, en busca de mayor libertad; se ampl�an las atribuciones de las organizaciones sindicales, dando mayor libertad a trav�s de los estatutos de la propia organizaci�n; se mejora la situaci�n de los fueros laborales, entregando una mayor y mejor protecci�n a los dirigentes y mujeres embarazadas; se hace m�s expedita la recaudaci�n de la cuota sindical, en funci�n de dotar al sindicalismo de los recursos que le garanticen su independencia y autonom�a; se posibilita la negociaci�n colectiva m�s all� del �mbito de la empresa; se elimina la prohibici�n de las federaciones, confederaciones y sindicatos interempresas para negociar colectivamente; se permite la ampliaci�n de este derecho a los trabajadores ingresados despu�s de desarrollado el proceso de negociaci�n colectiva; se autoriza para extender los beneficios de la negociaci�n colectiva a los trabajadores que no formaron parte del proceso, siempre que efect�en el aporte respectivo a la organizaci�n que negoci�; se ampl�an las materias susceptibles de negociaci�n colectiva, y se reducen las limitaciones al ejercicio de la huelga. En resumen, se ampl�an la libertad sindical y el derecho a la negociaci�n colectiva, elimin�ndose trabas y restricciones innecesarias. El proyecto presentado por el Ejecutivo recoge s�lo en parte las aspiraciones de los trabajadores; demuestra gran moderaci�n, e intenta una aproximaci�n a un punto equidistante entre la posici�n de los sectores empresariales que no desean modificaciones y las organizaciones sindicales que, en justicia, buscan cambios m�s profundos. Tal como el se�or Ministro del Trabajo lo ha dicho en el Senado en numerosas oportunidades, el Gobierno plante� las enmiendas que estimaba convenientes y oportunas para regular las relaciones laborales durante la transici�n. Es cierto que abrigaba la esperanza de concretar el m�ximo de sus proyectos, porque ello habr�a permitido, probablemente, una mayor estabilidad de las nuevas leyes laborales. Lamentablemente, la actitud de la Derecha ha disminuido en buena medida la posibilidad de entregar a los trabajadores m�s garant�as de justicia, reduciendo la reforma laboral a un avance modesto respecto de la legislaci�n vigente. No habr� paz verdadera mientras no se eliminen las causas de la injusticia que afecta especialmente a los trabajadores activos, a los pasivos y a los cesantes. Tramitaci�n del proyecto En una h�bil maniobra destinada a impedir que se llegara a la Sala con un informe desfavorable, la Derecha logr� que los proyectos laborales ingresaran a las Comisiones unidas de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y de Trabajo y Previsi�n Social. Defend� sin �xito la separaci�n de dichas Comisiones. Entonces, se inici� primero el estudio del proyecto sobre terminaci�n del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo, calificado por el Gobierno de "Simple Urgencia". Terminada la tramitaci�n de esa iniciativa, cada vez que quise citar a reuni�n, el Presidente de la Comisi�n de Constituci�n me dec�a que �sta ya hab�a sido citada para tratar numerosas materias pendientes que, en vez de disminuir, aumentaban por los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo y las exigencias propias del Senado. En esas circunstancias, solicit� al Presidente de la Corporaci�n y a los Comit�s de la Concertaci�n revisar el acuerdo adoptado al respecto. Al no obtener resultados positivos, se convino con el Gobierno el retiro de los proyectos sobre organizaci�n sindical y negociaci�n colectiva -que estaban separados-, los cuales se refundieron en uno solo que fue ingresado en octubre con "Simple Urgencia". Nuevamente debimos soportar las dificultades del trabajo unido de las Comisiones, postergando una y otra vez las reuniones, con el atraso y malestar que provocaba esta situaci�n. Finalmente, cuando todos reconoc�an la inconveniencia del procedimiento, ante la negativa de modificar una actitud a mi juicio intransigente, propuse que la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social funcionara como Subcomisi�n de las Comisiones unidas, absteni�ndome de votar, para mantener la correlaci�n de las fuerzas pol�ticas en �stas. Aun as�, tuvimos serias dificultades, ya que la C�mara Alta no recupera todav�a una pr�ctica antigua y de alta eficiencia: la especializaci�n de los Senadores en determinadas materias. Pareciera que el protagonismo excesivo de algunos los lleva a participar en todas las actividades importantes de la Corporaci�n, desperfilando a los miembros titulares de las Comisiones, quienes muchas veces s�lo juegan papeles decorativos en sus sesiones. Sin embargo, hay algo m�s grave, y quisiera manifestarlo en esta oportunidad: la pretensi�n de la Derecha de convertirse en protagonista del proceso de transici�n, asumiendo en el Senado una mayor�a pol�tica que no tiene, al menos formalmente. Los argumentos que se esgrimen para solicitar m�s tiempo en la tramitaci�n de algunos proyectos de gran complejidad y envergadura son absolutamente v�lidos. Habr�a resultado impensable conocer y despachar en solamente un mes, en primer tr�mite, una iniciativa como la que hoy nos ocupa. Pero si la Comisi�n especializada lo hubiere recibido y tramitado en forma eficiente y con dedicaci�n, podr�a haberlo despachado en un mes; y la Comisi�n de Constituci�n habr�a demorado otros treinta d�as -considerando su carga de trabajo- en tratar las materias del texto que le competen. En definitiva, en dos meses se podr�a haber estudiado y despachado la iniciativa en forma seria y con responsabilidad ante el pa�s. Lo anterior, sin perjuicio de las negociaciones y los acuerdos pol�ticos necesarios para lograr el mayor respaldo a las materias en estudio. Al respecto, considero �til recuperar el papel del Senado como punto de encuentro y debate, donde con madurez se busquen las soluciones pol�ticas a los conflictos que siempre existir�n en nuestra sociedad. Lo que s� reviste importancia es asumir cabalmente la voluntad popular libremente expresada en las urnas y manifestada a trav�s de los m�s variados mecanismos que tiene el pueblo para llamar la atenci�n sobre sus problemas y necesidades. Me parece que aqu� se ha producido una lamentable confusi�n. La Derecha piensa que tiene mayor�a en el Senado y que, por lo tanto, el Gobierno de la Concertaci�n debe obligatoriamente pactar con ella o no tendr� ley. La Derecha no gan� la �ltima elecci�n. Y los Senadores designados deben suponerse independientes, por lo que, en teor�a, podr�an votar al margen de la voluntad de aqu�lla. Si es as�, �a t�tulo de qu� debemos negociar bajo las presiones a que nos somete la Derecha? Es posible que estas expresiones causen sonrisas en algunos Honorables colegas. Pero lo que estoy se�alando llevar�a a otro an�lisis, quiz�s m�s profundo: si los Senadores designados no integran formalmente el bloque de la Derecha, a lo menos sus puntos de vista y sus principios se identifican con ella; pero en la pr�ctica, constitucionalmente, son independientes. A mi juicio, se ha cometido un error al descalificarlos personalmente. Sin embargo, lo claro es que tenemos una institucionalidad no plenamente democr�tica. El pueblo no ejerce efectivamente su soberan�a, y esta situaci�n favorece a los intereses que representa y defiende la Derecha. Para el establecimiento de la paz en el pa�s, no creo prudente mantener y prolongar indefinidamente ese estado de cosas. Los trabajadores y el pueblo merecen una oportunidad despu�s del largo sufrimiento impuesto. Por otra parte, tampoco se puede jugar con la responsabilidad y madurez demostrada durante estos meses por el movimiento sindical. Desde esta Alta Tribuna, reclamo a los representantes de la Derecha que acepten su papel de minor�a, porque perdieron la elecci�n. Y si ma�ana llegan al Poder -cosa que no creo- por la v�a democr�tica, respetaremos su mandato, como lo hemos hecho siempre. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, la intervenci�n que acabamos de escuchar podr�a abrir un debate sobre temas que no son medulares al proyecto que nos ocupa. Y no quiero entrar en este momento a la discusi�n en torno a las funciones que cumplen los Senadores designados o institucionales dentro de esta Corporaci�n. Por lo dem�s, en diversas oportunidades me he referido ya a esta materia. Hay sobradas razones para controvertir la afirmaci�n absolutamente equivocada de que s�lo tiene validez en la democracia lo que proviene de la mitad m�s uno de los votos. Eso no es as�. Y es propio de la democracia el respeto de las minor�as y, adem�s, de las jerarqu�as. Pero en esta oportunidad, se�or Presidente, nos encontramos debatiendo un proyecto de gran trascendencia. Sin embargo, el respeto que nos debemos mutuamente nos obliga a ser muy limitados en el tiempo que vamos a usar. El sindicato y la negociaci�n colectiva son elementos distintivos de la econom�a social de mercado. No la hay sin ellos. Cuando estuvieron prohibidos, en el siglo XIX, hubo econom�a liberal individualista de mercado, pero no econom�a social de mercado, que supone arm�nicamente libertad de empresa, propiedad privada de medios productivos, libertad sindical, libertad de negociaci�n colectiva y libertad pol�tica. En Chile, durante la vigencia del decreto ley 198, de 1973, estuvieron restringida la actividad sindical y suspendida la negociaci�n colectiva, por lo que no pod�a funcionar con normalidad una econom�a social de mercado. S�lo pod�a incubarse. Pero lleg� el momento de su funcionamiento pleno, y por ende, el de la libertad sindical y de la negociaci�n colectiva. Hace 25 a�os, cuando tuve el honor de desempe�ar el cargo de Ministro del Trabajo del Presidente Frei, le habl� acerca de la posibilidad de legislar sobre un estatuto para la empresa. Su respuesta fue tajante: "Vamos a realizar la reforma agraria, y el pa�s no resistir�a simult�neamente la reforma de la empresa". El argumento era irrebatible. Cerrado as� el camino para esta reforma, presentamos al Congreso un proyecto ampl�simo y sencillo, de treinta art�culos permanentes y tres transitorios, orientado a la ratificaci�n del Convenio 87 de la OIT, sobre la libertad sindical, y a poner t�rmino a la condici�n de infractores del Convenio 11, de 1921, que obligaba a otorgar iguales derechos a los trabajadores campesinos e industriales, y que flagrantemente violaba la primitiva ley 8.811, de 1947. En el Bolet�n de Sesiones de la C�mara de Diputados de fecha 1� de marzo de 1965, sesi�n 23a -doy la informaci�n a quienes se interesen por la historia-, se anunciaba la presentaci�n de un proyecto sobre negociaci�n colectiva. Es extraordinariamente aleccionador e interesante comparar ambas iniciativas. No se diferencian mucho. Sin embargo, es curioso advertir sus distintos destinos. El proyecto sobre libertad sindical que tuve el honor de firmar como Ministro del Presidente Frei era ampl�simo y fue redactado en absoluta concordancia con las prescripciones de la OIT, para lo cual se cont� con la asesor�a de una Comisi�n de este organismo que concurri� a Chile. Pero, aunque se envi� al Congreso, no fue tramitado. El Ministro del Trabajo de la �poca -el Senador que habla- recibi� expresa instrucci�n de no activarlo. En esta oportunidad yo podr�a recurrir al debate peque�o y decir: "F�jense que en el Gobierno de la Democracia Cristiana no se quiso activar un proyecto sobre libertad sindical". No fue as�. Ocurre que el cielo hist�rico bajo el cual nos enfrent�bamos en marzo de 1965 era absolutamente distinto del actual. En aquella �poca la libertad sindical significaba batirse contra un verdadero fantasma que levant� la representaci�n conservadora por los a�os 20 y que se incorpor� al C�digo del Trabajo en 1931, despu�s de haber sido ley en 1924. Me refiero a los sindicatos �nicos de empresa, llamados "sindicatos industriales". La fascinaci�n por el sindicato �nico de empresa, por la federaci�n �nica, por la confederaci�n �nica y por la central �nica perturb�, a mi entender, la visi�n libre de la sociedad durante casi un cuarto de siglo. Y las mismas razones que en 1965 condujeron a que el Gobierno estimara inviable el proyecto general sobre libertad sindical no impidieron, en cambio, estimar viable un texto referido al sector campesino, porque pr�cticamente en el mundo del agro no hab�a ninguna forma organizativa vigente entonces; las cifras estad�sticas se�alan que entre 1964 y 1965 hab�a poco m�s de mil trabajadores afiliados en el campo. Por eso, el Ministro de esa �poca recibi�, al contrario, la aprobaci�n y el est�mulo para llevar adelante un proyecto de libertad sindical s�lo en el campo. Y �se fue el origen de la ley 16.625, sobre sindicaci�n campesina. El cuadro ha cambiado. Hoy en d�a nadie pretende fundar el sindicalismo sobre la base de las experiencias de organismos �nicos que atropellan la libertad de asociaci�n sindical. El mundo entero -no s�lo Chile- vive bajo la imagen de una fe mucho m�s profunda en la fecundidad y afirmaci�n de las libertades de asociaci�n sindical y negociaci�n colectiva como factores correlativos de la libertad de empresa e integrantes de una econom�a social de mercado propia de las sociedades libres. Por eso, apoyo con entusiasmo y mucha convicci�n el proyecto cuyo debate estamos iniciando. No es la ocasi�n de efectuar un estudio comparativo entre esta iniciativa y la que tuvimos el honor de presentar en 1965 (como dije, se parecen mucho). Pero s� consider� absolutamente necesario realizar esta referencia hist�rica, por estimar notablemente aleccionador ver las razones por las cuales aquellos que eran Gobierno hace un cuarto de siglo y sustancialmente ten�an los mismos principios de quienes ahora est�n en el Poder estimaron inapropiado llevar adelante un proyecto sobre libertad sindical: porque hab�a una oposici�n violenta en el mundo sindical, en la Derecha y en la Izquierda. En cambio, hoy d�a esta iniciativa ser� aprobada tal vez por unanimidad en su aspecto general y en la gran mayor�a de sus disposiciones en particular, sobre la base de un acuerdo pol�tico del que hemos tenido conocimiento quienes formamos parte de la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social. Quiero ahora, se�or Presidente, referirme de manera muy breve al contenido mismo del proyecto, anticip�ndome a manifestar que respecto de �l se ha producido tambi�n lo ocurrido con varios otros proyectos que ha conocido el Honorable Senado: una negociaci�n pol�tica seguida de un tratamiento de la materia en las Comisiones y en la Sala. Debo expresar que, personalmente, no he estado muy conforme con el hecho de que en algunas oportunidades nos hayamos visto constre�idos a tener que votar en la Sala ciertas iniciativas discutidas a nivel de directivas pol�ticas y no examinadas detalladamente en las Comisiones o en este Hemiciclo. Sin embargo, lo que ata�e a este acuerdo, que tambi�n fue afinado entre directivas pol�ticas, se estuvo permanentemente informando a las respectivas Comisiones del Senado. Como miembro de la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social, sufr� las demoras en contar con informaci�n sobre lo que se estaba negociando. Pero si tengo la convicci�n de que este proyecto podr� ser despachado hoy, en esta sesi�n, con una mayor�a abrumadora o por unanimidad, es precisamente porque en su m�dula existi� un acuerdo pol�tico significativo de las grandes mayor�as partidistas del pa�s y porque la Comisi�n respectiva tuvo informaci�n adecuada de lo que se hab�a conversado. Me parece que los pilares en que se afirma la legislaci�n que se nos propone son los siguientes. Primero, hay un amplio reconocimiento del derecho de asociaci�n sindical, sea que se funde en la com�n dependencia de un empresario, en la afinidad profesional o de actividad econ�mica, o simplemente en la necesidad de enfrentar unidos las contingencias del trabajo. En tal sentido, la legislaci�n planteada se acomoda muy de cerca a los principios inspiradores de la Organizaci�n Internacional del Trabajo, que en esta materia mantienen todo su vigor. En segundo lugar, existe un amplio derecho a estructurar la organizaci�n sindical seg�n el juicio de conveniencia de los propios trabajadores. As�, podr�a preferirse un gran sindicato de muchos afiliados, que no requiera un nivel mayor de afiliaci�n, o muchos sindicatos peque�os que se integren a una federaci�n, la que podr�a confederarse y eventualmente integrarse a una central. Se rechaza, en cambio, toda forma de sindicaci�n obligatoria, directa o indirecta. Y las exigencias m�nimas para sindicarse son, a mi juicio, perfectamente razonables. En cuanto a la estructura de las centrales sindicales (aprobada en ley aparte), se distancia un tanto de la normativa estricta de las organizaciones sindicales -sindicato, federaci�n y confederaci�n-, dando cabida a sectores laborales a los que est� prohibido sindicarse. Creo que esta antinomia podr�a corregirse, o en la discusi�n particular, o en la marcha pr�xima de la legislaci�n. En lo referente a la negociaci�n colectiva, contin�a centrada en la empresa como principio, admiti�ndose en el nivel supraempresarial en forma voluntaria. Sin embargo, en este aspecto hay una curiosa novedad. Existe un procedimiento formal, aunque voluntario, de negociaci�n colectiva interempresa, el �nico que puede conducir hasta la huelga, sin perjuicio de las negociaciones informales que culminan en convenios colectivos. De todos modos, si se opta por el procedimiento formal de negociaci�n, tanto la incorporaci�n a �l como el contrato colectivo y la decisi�n de ir a la huelga o el acuerdo de ponerle t�rmino se deciden empresa por empresa, lo que constituye una sana convenci�n, a mi entender. Se mantiene, adem�s, el principio de que la negociaci�n colectiva est� abierta a grupos negociadores o a sindicatos, y se admite la extensi�n de los contratos colectivos, debiendo pagar la mitad de una cuota ordinaria sindical quienes aprovechen las ventajas logradas por el sindicato. Hay conciencia clara de que esta disposici�n crear� problemas; pero tambi�n la hay de que nadie podr�a discutir la equidad que la inspira. Por �ltimo, considero altamente plausible el acuerdo a que finalmente se ha llegado en el sentido de establecer una regulaci�n jur�dica general y clara para la huelga, enfrentando los problemas m�s controvertidos. En general, la legislaci�n mundial ha eludido resolver las dificultades m�s delicadas en esta materia. Hay jurisprudencia y pr�cticas establecidas; pero no es f�cil hallar en las legislaciones una actitud derecha y n�tida para idear un sistema de facultades y contrapesos como el contenido en la iniciativa propuesta. A mi juicio, es aceptable mantener el principio universal de que la huelga no tiene duraci�n predeterminada. Sin embargo, no puede desconocerse que la legislaci�n universal no se pronuncia expl�citamente sobre este particular: ha eludido hacerlo. Pero, en el proyecto en an�lisis, al derogarse la norma que fijaba un l�mite de sesenta d�as al fuero de los trabajadores en conflicto, se reconoce expl�citamente esa duraci�n indeterminada. Te�ricamente hablando -este punto tiene gran importancia, por lo que desear�a contar con la especial atenci�n de mis Honorables colegas-, la mantenci�n indefinida del fuero a los huelguistas, unida a la posibilidad de que ellos celebren contratos temporales en otra empresa, incluso competidora, podr�a decirse que convierte la huelga indefinida en expropiatoria. Sin embargo, el reconocimiento expreso de la posibilidad de contratar reemplazantes desde el primer d�a de paro, o a contar del decimoquinto, seg�n los casos, m�s las posibilidades del llamado "descuelgue", crean contrapesos que hacen riesgoso, est�ril o suicida un conflicto sin gran justificaci�n moral y social. En lo personal, me asiste el convencimiento de que la legislaci�n que est� naciendo, fruto de dif�ciles conversaciones y discusiones, ha llegado a un punto extraordinariamente sensible pero valioso. No conozco otra que haya enfrentado derechamente el problema y creado el contrapeso razonable de admitir la huelga indefinida, expresado en el fuero indefinido del personal en conflicto y en el reintegro de los trabajadores y la posibilidad de su reemplazo, en la forma y con los l�mites se�alados. La renovaci�n del contrato colectivo por un a�o y medio en las condiciones vigentes, a opci�n de la parte laboral, en circunstancias de que actualmente contempla el C�digo dos a�os, constituye una innovaci�n interesante que tiende a dar vida a una normativa que ha quedado casi sin aplicaci�n. Debe advertirse que, en la medida en que el IPC tiende a bajar, las condiciones prevalecientes, aun sin reajuste, hacen cada vez m�s tentador mantenerlas que ir a la huelga. En suma, dar� mi voto favorable a las reformas en general, sin perjuicio de las observaciones que puedan merecer algunas de sus normas. Considero, s�, un deber destacar que los negociadores llegaron a un acuerdo b�sico encomiable que los hacen acreedores de la gratitud y comprensi�n de la ciudadan�a y el respaldo de los sectores de trabajadores interesados. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Calder�n. El se�or CALDER�N.- Se�or Presidente, Honorable Senado, no es necesario reiterar la necesidad de modificar sustancialmente el Plan Laboral con relaci�n a las organizaciones sindicales y la negociaci�n colectiva. El proyecto original del Ejecutivo, a pesar de constituir un innegable mejoramiento de las normas de ese cuerpo legal dictado por el R�gimen militar, conten�a algunas deficiencias. Con el �nimo de corregirlas, present� indicaciones, entre otras cosas, para reconocer el derecho de sindicalizaci�n a los funcionarios p�blicos; extender el derecho a negociar colectivamente a todos los trabajadores, privados y p�blicos, con la sola excepci�n de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden; ampliar las materias negociables a todas aquellas que deseen las partes, o sea, que queden a la libre voluntad de empleadores y trabajadores; asegurar el derecho a la informaci�n de los trabajadores, el que, correctamente consagrado, puede constituir un importante mecanismo de participaci�n e integraci�n de los trabajadores en la empresa; recoger la teor�a de los derechos adquiridos en la negociaci�n colectiva, para evitar que los trabajadores cada vez tengan que comenzar de cero a luchar y defender todas sus conquistas ganadas en a�os, e impedir el debilitamiento de la huelga legal mediante el llamado "descuelgue", que no es m�s que la posibilidad de que el empleador pueda presionar y negociar individualmente con los trabajadores para que se reincorporen, quitando fuerza a la parte trabajadora en pleno conflicto. En total, fueron 52 las indicaciones que formul�, basado en documentos de las organizaciones m�s representativas de los trabajadores chilenos: la CUT y, en el caso de los servidores p�blicos, la ANEF. Debo lamentar, se�or Presidente, que la mayor�a de las Comisiones unidas no haya acogido la casi totalidad de estas sentidas aspiraciones de los trabajadores. Pero, deseo destacar, por parecerme un avance importante, la aprobaci�n de la indicaci�n en que propon�a extender el fuero laboral a los integrantes de los Comit�s Paritarios de Seguridad Industrial. Asimismo, hago presente que en el debate de las Comisiones el se�or Ministro del Trabajo nos inform� que se est� analizando con los funcionarios p�blicos el problema de su organizaci�n gremial y que pronto nos enviar� un proyecto de ley sobre la materia. Como se ha reconocido, la iniciativa del Ejecutivo conten�a una serie de aspectos muy positivos que persegu�an la valoraci�n de las organizaciones sindicales en la empresa y en la sociedad chilena y, adem�s, restitu�a la inexistente igualdad en la negociaci�n colectiva, con el objeto de hacer eficaz este fundamental mecanismo de equilibrio social. Entre esos aspectos, puedo destacar el aumento de los fines de los sindicatos; la cotizaci�n m�nima legal a organizaciones superiores; el reconocimiento s�lo a los sindicatos como parte de la negociaci�n colectiva, excluyendo a los grupos negociadores; la posibilidad de negociar m�s all� de la empresa, reconociendo tal derecho a los sindicatos interempresas, terminando con la prohibici�n absurda de negociar a las federaciones y confederaciones, y la factibilidad de extender los contratos colectivos a los trabajadores que se incorporen a la empresa con posterioridad a su firma, por el s�lo hecho de ingresar al sindicato que lo hab�a suscrito o por pedirlo directamente al empleador. Todos ellos constituyen mecanismos que, indiscutiblemente, habr�an facilitado la generaci�n de relaciones laborales m�s modernas y equitativas. Por desgracia para los intereses de los trabajadores, los Parlamentarios de la Concertaci�n se han visto forzados a suscribir un acuerdo con los de la Derecha, en raz�n del control que �stos ejercen de la mayor�a del Senado, dejando fuera de la iniciativa aspectos decisivos para la democratizaci�n de las relaciones laborales. Tal acuerdo -que no suscrib�- ha conducido a un proyecto que, lamentablemente, entre otras cosas, excluye la cotizaci�n m�nima legal que permit�a cierto financiamiento a las organizaciones de grado superior; quita representatividad a los sindicatos al mantener el derecho a negociar a grupos de trabajadores no organizados sindicalmente; termina con una de las caracter�sticas de los convenios colectivos de trabajo, desconociendo que, por su naturaleza, pueden ser extendidos a los trabajadores que se incorporen a la empresa con posterioridad, y reintroduce la posibilidad de contratar trabajadores de reemplazo desde el primer d�a de huelga, revalidando con ello la legalizaci�n de la detestable instituci�n de los "rompehuelgas". Se�or Presidente, el proyecto que estamos debatiendo posterga la posibilidad de poner en vigencia en el pa�s una ley y un sistema de relaciones laborales efectivamente modernos y concordantes con las tendencias y normas internacionales. Mis afirmaciones son producto de consultas a destacados abogados laboralistas y tratan de demostrar que el discurso de modernidad de que algunos hacen gala en este foro no es consecuente. Lo moderno s�lo se acepta para algunas cosas, pero no para las relaciones laborales. La modernidad no consiste en pretender mantener y mejorar la competitividad internacional a costa de los beneficios laborales y de la superexplotaci�n de los trabajadores. Con este proyecto estamos diciendo al mundo del trabajo que no tenemos voluntad de reinsertar, en la comunidad internacional, nuestra institucionalidad laboral, para la cual la ratificaci�n de los convenios y recomendaciones de la OIT y la adopci�n del esp�ritu y de la esencia de los pactos sociales internacionales constituir�a un important�simo avance. Ello supondr�a homologar y reconocer al derecho laboral chileno a escala internacional. Por lo tanto, desde esta Sala, solicito formalmente al se�or Ministro del Trabajo que el Ejecutivo haga suya esta sentida demanda de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes y someta a la consideraci�n de este Parlamento la propuesta de ratificaci�n de dichos convenios. Es nuestro deber ir adecuando desde ya la legislaci�n nacional a los principios y tendencias internacionales. A partir de 1993, a�o en que empezar� a regir la Uni�n Aduanera Europea, el mercado del Viejo Continente puede ampli�rsenos o reduc�rsenos dr�sticamente. Chile tendr� que tratar de conseguir el status de naci�n favorecida; la identificaci�n o paralelismo en cuanto a institucionalidad -incluida la laboral- nos ayudar�a enormemente. A nadie le gusta que le traten de vender ilusiones. Por eso, espero que esta vez no se digan palabras de buena crianza y no se hable de que el proyecto ha mejorado con los aportes de la Oposici�n. No podemos negar que la iniciativa ha empeorado -y enormemente- desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y del cumplimiento del programa de la Concertaci�n, por el cual vot� la mayor�a del pa�s. Tambi�n ha empeorado en cuanto a avanzar hacia una sociedad m�s justa, verdaderamente m�s moderna y eficiente. Si nos vemos obligados a aceptarlo, es porque estamos en una institucionalidad que no es plenamente democr�tica y de la cual la Derecha abusa para imponer su voluntad minoritaria. Y, aunque el proyecto no tiene la virtud de democratizar y modernizar realmente las relaciones laborales -lo cual lamento-, contiene claras mejor�as respecto de esa aberraci�n que constituye el Plan Laboral. Por eso, a pesar de sus enormes debilidades, no puedo oponerme y, en consecuencia, lo votar� favorablemente, anunciando que formular� dos nuevas indicaciones: una, relacionada con la negociaci�n de los trabajadores de mar y, otra, para eliminar la prohibici�n de negociar a los de obra y de temporada. He dicho. )----------( El se�or LAVANDERO.- �Me permite una peque�a interrupci�n, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, adoptamos el acuerdo de citar a las Comisiones de Transporte y Telecomunicaciones y de Hacienda, unidas, para las 15:30, para tratar el proyecto sobre locomoci�n colectiva, del cual no se dio cuenta oportunamente por el se�or Secretario. En atenci�n a la hora, ruego cumplir con esa formalidad y no postergarla. El se�or VALD�S (Presidente).- Si hay acuerdo, se proceder� en la forma solicitada y, en cumplimiento del acuerdo adoptado por los Comit�s, sesionar�n conjuntamente las Comisiones de Hacienda y de Transporte y Telecomunicaciones, a partir de las 15:30, para tratar el proyecto que establece poder comprador estatal de veh�culos de locomoci�n colectiva y otras normas. Acordado. )----------( El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Pi�era. El se�or PI�ERA.- Se�or Presidente, creo que en la vida nacional hay materias que, si no se resuelven en forma sabia y oportuna, causan grave da�o a la estabilidad, al desarrollo y a la paz de la sociedad entera. En mi opini�n, en el campo pol�tico hay muchas materias que caen en esta categor�a y que se identifican con los temas de los derechos humanos, de las relaciones c�vico-militares y del gran desaf�o de la reconciliaci�n. Pero tambi�n existen materias de esta �ndole en los campos econ�mico y social. Creo que los grandes problemas que requer�an de una soluci�n sabia y oportuna est�n relacionados con la necesidad de mayores equidad social y legitimidad en la institucionalidad laboral. Desde este punto de vista, estimo que el programa social acordado por el Senado, al introducir m�s solidaridad y comprensi�n y permitir avanzar en el camino de la creaci�n de mejores e iguales oportunidades para todos, especialmente para los m�s necesitados, constituy� un gran paso adelante. Y, en materia laboral, el proyecto que hoy d�a estamos analizando -producto del acuerdo a que se lleg�-, al introducir mayor pluralismo, libertad, autonom�a y legitimidad en las relaciones de trabajo, constituye, tambi�n, un gran avance. Es indudable que el programa social introduce mayor humanidad, y el acuerdo laboral mayor legitimidad, por ser frutos de amplios consensos que han permitido encontrar puntos de encuentro en materias que hab�an sido fuente de permanentes conflictos. Desde este �ngulo, el acuerdo laboral -que se refiere a muchas iniciativas legales, entre ellas las relativas, a la terminaci�n del contrato de trabajo (que ya es ley de la Rep�blica); a las centrales sindicales; a las organizaciones sindicales y negociaci�n colectiva (que estamos debatiendo), y al contrato individual (que probablemente discutiremos en un futuro pr�ximo)- ha posibilitado al pa�s lograr mayor asenso respecto de la institucionalidad pol�tica y del modelo de desarrollo. En cuanto a este �ltimo, en la actualidad existe amplia concordancia -lo que no ocurr�a en el pasado- en torno a las caracter�sticas fundamentales y conveniencias de un modelo de econom�a social de mercado, que, de ser apoyado por una parte del pa�s, se ha transformado -si atendemos a las palabras de los principales dirigentes pol�ticos- en un proyecto de car�cter nacional. A mi juicio, los acuerdos alcanzados con relaci�n a las normativas mencionadas, en especial la atinente a la de organizaciones sindicales y negociaci�n colectiva, permite realizar un profundo an�lisis acerca de los cambios fundamentales que involucran. Porque los pa�ses requieren de una legislaci�n laboral moderna -sintonizada con el dinamismo, la flexibilidad, la apertura, la competencia y la integraci�n que hoy existen en la mayor�a de las econom�as del mundo- que, sin duda, cada d�a se va fortaleciendo como una forma de enfrentar los temas econ�mico y social. La legislaci�n laboral debe ser, por una parte, equitativa en el sentido de compatibilizar y equilibrar los leg�timos derechos de los trabajadores con los igualmente leg�timos derechos de los empresarios a administrar, conducir y desarrollar sus unidades productivas; y por otra, eficiente, con el objeto de solucionar los problemas y conflictos y no la perpetuaci�n o exacerbaci�n de los mismos. Y no basta que la normativa del trabajo sea t�cnicamente correcta; por el hecho de afectar a tantos chilenos, es preciso, adem�s, que tenga legitimidad. Si la discusi�n permanente de una sociedad -en la prensa, en el Congreso, en las empresas- se centra en c�mo o cu�ndo debe transformarse radicalmente esa normativa, simplemente ella no sirve y no cumple con sus objetivos b�sicos. Nos parece que estos criterios deben iluminar cualquier acuerdo en materia de legislaci�n laboral. Pero pensamos que hay otros criterios que tambi�n deben ser incorporados. En primer lugar, es importante avanzar hacia el perfeccionamiento de las leyes del trabajo mirando hacia el futuro y no buscar -con nostalgia- un retroceso o vuelta a f�rmulas anacr�nicas ya fracasadas no s�lo en Chile, sino en el mundo entero. Para ello, es necesario tener una cuota de realismo y de responsabilidad, dada la importancia del tema. En segundo t�rmino, en el an�lisis de la legislaci�n laboral es indispensable considerar los intereses de todos los sectores y no �nicamente los de los grupos m�s organizados en el �mbito laboral o en el empresarial. Deben tomarse en cuenta, tambi�n, los intereses de los trabajadores no organizados, de los que laboran en forma independiente y de la fuerza de trabajo que se incorporar� a la producci�n en el futuro. Lo mismo puede decirse respecto del sector empresarial: deben considerarse los intereses de la peque�a empresa y de quienes desean ser o van a ser futuros empresarios y no s�lo los de las grandes unidades productivas. Tercero, debe existir una coherencia b�sica entre el modelo de desarrollo que un pa�s adopta y las caracter�sticas principales de las normas legales que lo van conformando. Cuarto, es menester que la legislaci�n laboral permita, realmente, fomentar la creaci�n de nuevos empleos. Alguien dec�a que existen dos tipos de pa�ses: aquellos que tienen m�s personas que empleos -donde aqu�llas compiten por �stos-, que son las naciones subdesarrolladas, y aquellos donde existen m�s empleos que personas -donde aqu�llos compiten por �stas-, que son los pa�ses desarrollados. Sin duda, la �nica forma de garantizar puestos laborales para todos no es con palabras ni con leyes de inamovilidad, sino, simplemente, con una econom�a capaz de generar tantas ocupaciones dignas y productivas como personas interesadas en trabajar. Es fundamental que la legislaci�n laboral sea capaz de concitar amplio apoyo de todos los sectores: de los pol�ticos y de los sociales involucrados; es decir, de los trabajadores dependientes e independientes, y de los peque�os, medianos y grandes empresarios. En esta materia, nadie puede pretender lograr lo imposible: el asentimiento absoluto y total de todos los grupos involucrados. Por tanto, un m�nimo acto de humildad requiere reconocer que, para que las leyes del trabajo gocen de viabilidad, aceptaci�n y estabilidad, todas las partes que participen en el proceso de negociaci�n deben estar dispuestas a mostrar flexibilidad, sin sacrificar, por supuesto, los principios esenciales. Creo que el acuerdo a que se lleg� en el Senado en esta materia significa mejorar substancialmente el proyecto del Ejecutivo. En efecto, se ampl�an considerablemente las atribuciones de los sindicatos, federaciones y confederaciones. No hay duda de que, respecto de la organizaci�n de estas importantes agrupaciones intermedias del mundo laboral, se han privilegiado los principios de libertad y de democracia: de libertad, para que la adhesi�n a ellas sea el fruto de la decisi�n libre y soberana de cada trabajador; y de democracia, a fin de que las decisiones fundamentales sean adoptadas -en la medida de lo posible- por las bases y no por las c�pulas. En el campo de las relaciones laborales modernas, las organizaciones sindicales requieren, tambi�n, financiamientos adecuados y fortaleza t�cnica para poder cumplir cabalmente sus funciones. Pero creo que dichos atributos deben ser, igualmente, producto de decisiones libres y soberanas de las partes involucradas y no el resultado de actos mandatarios de la ley. Por esa raz�n, estimamos conveniente eliminar la cotizaci�n obligatoria, es decir, aquel m�nimo que por ley deben aportar los trabajadores una vez que adhieren a un sindicato y que, necesaria y forzosamente, se destina al financiamiento de organizaciones superiores. Es preferible que los propios sindicatos, de com�n acuerdo con las federaciones o confederaciones a las cuales deseen incorporarse, determinen los aportes financieros a las organizaciones de nivel superior. Y lo mismo ocurre con la fortaleza de los sindicatos: debe estar siempre directamente relacionada con el grado de adhesi�n que logre concitar entre sus miembros, siendo fundamental, para ello, que satisfagan las verdaderas aspiraciones, inquietudes y necesidades de sus afiliados y no se transformen en instituciones preocupadas s�lo de favorecer los anhelos o intereses de las c�pulas sindicales. En materia de negociaci�n colectiva, creemos -hay que decirlo con mucha claridad- que no debe ser un instrumento de lucha de clases o de dilucidaci�n de conflictos pol�ticos. Estos �ltimos deben ser resueltos por otro tipo de organizaciones, como los partidos pol�ticos. A nuestro parecer, la negociaci�n colectiva debe ser, esencialmente, un mecanismo equitativo para lograr la justa distribuci�n de los frutos que produce una empresa entre quienes contribuyen a su generaci�n. Es bueno tener claramente presente los puntos que se discutieron-en materia de negociaci�n colectiva. Primero, qui�nes tienen derecho a negociar colectivamente. �Es correcto, es leg�timo, es conveniente entregar el monopolio de la negociaci�n colectiva al sindicato, lo que significa prohibir a grupos de trabajadores negociar directamente cuando lo estimen adecuado y necesario para sus intereses? Pensamos que no. En consecuencia, estamos muy contentos de que el acuerdo final no establezca monopolio de ninguna especie, permitiendo a los trabajadores resolver libremente c�mo van a negociar: a trav�s de un sindicato o por intermedio de un grupo de negociaci�n. Segundo, qu� se debe negociar. Estimamos que, en este aspecto, el principio b�sico debiera ser ampliar los �mbitos de negociaci�n. Porque, si ella es el fruto de un acuerdo libre entre las partes, ampliar sus �mbitos es consistente con el principio de libertad. Y el acuerdo logrado los ampl�a substancialmente, excluyendo s�lo materias ajenas a la empresa, para las cuales existen otros conductos que permiten expresarse a las personas no s�lo en su calidad de trabajadores, sino tambi�n de empresarios y ciudadanos. Tercero, d�nde debe negociarse. Si somos consecuentes con el principio fundamental de que la negociaci�n colectiva debe ser un mecanismo para distribuir en forma justa y equitativa los frutos de la empresa entre quienes contribuyen a generarlos, es l�gico pensar, entonces, que el lugar natural de la negociaci�n colectiva debe ser la empresa, porque es all� donde se generan los beneficios que han de distribuirse entre aquellos que ayudan a obtenerlos. Y, al reconocer el acuerdo que la empresa es el lugar natural, la primera instancia, de la negociaci�n y, al mismo tiempo, permitir que por la decisi�n libre y previa de todas las partes involucradas se extienda m�s all� de la empresa, se logra un justo equilibrio entre los objetivos de la negociaci�n colectiva y el respeto a la libre voluntad de las partes, cuando ello no afecta a terceros. Sabemos muy bien que esta extensi�n de la negociaci�n involucra el peligro de acuerdos monop�licos en ciertos sectores, ramas o industrias; pero consideramos que la previsi�n de ese riesgo corresponde a la legislaci�n antimonopolio y no a la normativa laboral. Tambi�n se ha logrado ampliar las garant�as de las partes que participan en la negociaci�n a trav�s del fortalecimiento de los fueros sindicales. Por otro lado, respecto del plazo de la huelga, el acuerdo, a la inversa de lo vigente, no lo contempla, lo que no significa que se pretenda perpetuar su duraci�n. Muy por el contrario, creemos que nadie quiere la huelga: ni los empresarios ni mucho menos los trabajadores, que por lo general son quienes resultan m�s perjudicados. Pero, reconocemos el leg�timo derecho de la existencia de la huelga como un instrumento fundamental para introducir esa equidad de la que habl�bamos anteriormente. Por lo tanto, el acuerdo, al omitir la fijaci�n de un plazo, no incentiva la duraci�n del conflicto; simplemente establece mecanismos naturales para su t�rmino cuando finalmente la negociaci�n entre las partes no conduce a un acuerdo, forma natural de poner t�rmino a una huelga. Pero hay otros elementos involucrados en el mecanismo de la huelga y de la negociaci�n colectiva que no pueden ser descuidados y que tienen que ver con los que com�nmente se denomina "reemplazo y descuelgue". En verdad la palabra "reemplazo" est� asociada a la libertad que debe tener el empleador para contratar y mantener en funcionamiento su empresa durante el per�odo de la huelga. Lo contrario significar�a que un colectivo de trabajadores de una empresa podr�a paralizarla en forma indefinida, lo cual nos parece inconsistente e incompatible con una relaci�n equitativa para negociar al interior de aqu�lla. Creemos perfectamente leg�timo que un cierto n�mero de trabajadores reste colectivamente su aporte como una manera de maximizar su capacidad de negociaci�n frente al empresario. Pero no estimamos l�cito que esa acci�n signifique inevitablemente la destrucci�n o la muerte de una empresa. Con respecto a lo que se denomina "descuelgue", aqu� estamos hablando de la capacidad o libertad del trabajador para poder resolver en forma individual en alg�n momento del conflicto su reintegro a las labores, y no que est� sometido permanentemente a una decisi�n colectiva que en cierto instante pueda no compartir. Por lo tanto, estimamos que el establecimiento de los mecanismos de reemplazo y descuelgue constituye simplemente una forma para garantizar las libertades en un determinado momento, pues en la legislaci�n y en el acuerdo actuales existen restricciones al ejercicio de esas libertades, pero no prohibiciones en su desarrollo. Por eso, tambi�n pensamos que en esta materia se logra un acuerdo adecuado. En este consenso se ha descartado lo que contemplaba el proyecto original en materia de arbitrajes obligatorios con reanudaciones no voluntarias de faenas, salvo en aquellos casos de empresas estrat�gicas, donde, por comprometer la seguridad nacional o poder causar un grave da�o a la sociedad -por ejemplo, en materia de salud-, simplemente la comunidad se protege de una paralizaci�n de actividades, estableciendo mecanismos de soluci�n del conflicto que van m�s all� de la libre voluntad de las partes. Pero en el resto de las empresas, que sin duda deben constituir la inmensa mayor�a, a nuestro juicio, todo acuerdo debe reflejar la libre y soberana voluntad de las partes y no la imposici�n de un tercero por bien intencionado que �ste sea. Estimamos, adem�s, que el haber introducido el mecanismo de la mediaci�n voluntaria constituye un paso adelante; es una forma de facilitar la consecuci�n de acuerdos cuando la negociaci�n directa no permite lograrlos. Y, al ser voluntaria, no est� atentando contra la libertad de las partes, pero s� puede significar, si ellas lo estiman conveniente, un instrumento eficaz para acercar posiciones y facilitar el consenso. Pienso realmente que las modificaciones logradas en este acuerdo con relaci�n al proyecto original constituyen profundas mejor�as a la iniciativa. Y en esta materia sorprende a veces una especie de doble est�ndar. Impresiona tambi�n que personas que buscan legislaciones laborales m�s modernas, justas, eficientes y compatibles con los tiempos actuales no tengan el coraje de plantear esas mismas posiciones en forma p�blica y que busquen con el voto de los dem�s, pero no con el propio, que dichos acuerdos se aprueben en las Comisiones. Me interesa preguntar al se�or Ministro del Trabajo si comparte el punto de vista de que los cambios introducidos en este acuerdo respecto del proyecto original son absolutamente negativos, y si han sido aceptados �nica y exclusivamente por la imposibilidad de lograrlos de manera distinta. Porque si as� fuera, y en �ltimo t�rmino se estuviera reivindicando plenamente la iniciativa primitiva, querr�a decir que el proyecto original es profundamente incompatible -es mi opini�n; puedo estar equivocado, pero respeto las otras- con los fundamentos b�sicos de una econom�a social de mercado, a la cual han adherido p�blicamente el Presidente de la Rep�blica, el se�or Ministro de Hacienda y todos los personeros del �rea econ�mica. Por lo tanto, este tipo de discursos en que se rechaza categ�ricamente la bondad de los acuerdos y se aceptan solamente como un mal menor, dando la impresi�n de que en la primera de cambio podr�a desmantelarse nuevamente el acuerdo laboral y volver a los t�rminos originales del proyecto del Ejecutivo, representa una se�al de alerta que sin duda inquieta a aquellos que piensan en la bondad de este consenso. Ser�a muy interesante conocer abiertamente las opiniones de los se�ores Ministros del Trabajo y de Hacienda. Porque creo, en �ltimo t�rmino, que si estamos adhiriendo p�blicamente a un modelo de econom�a social de mercado -y repito la palabra "social" siete veces, o siete veces setenta, como lo dice la Biblia, para que nunca se nos olvide-, debemos tener consecuencia, consistencia y coraje, pues a veces resulta necesario ir contra lo que puede ser una tradici�n en materia de lo que corresponde o no corresponde y lo que es justo o no es justo en el aspecto laboral. Me parece, por ejemplo, que reintroducir el monopolio en la negociaci�n colectiva ser�a un grave retroceso, as� como el concepto de una huelga indefinida sin reemplazo y sin descuelgue y tambi�n los arbitrajes y renovaciones obligatorias de faenas, lo cual al menos ser�a una regresi�n desde el punto de vista del modelo de econom�a social de mercado, que busca principalmente basar su desarrollo en las personas, en la libertad de las partes, de los trabajadores y de los empresarios, y no en imposiciones que vengan de un Estado todopoderoso que, generalmente, al tener esa condici�n se transforma en un ente profundamente discriminatorio. El se�or GONZ�LEZ.- Se�or Senador, �me permite una interrupci�n, con la venia de la Mesa? El se�or PI�ERA.- Por supuesto, se�or Senador. El se�or GONZ�LEZ.- Comparto la mayor�a de las apreciaciones de Su Se�or�a; pero quisiera saber c�mo equilibra el distinto grado de posiciones de los empresarios y los trabajadores, porque en una negociaci�n no se puede colocar a todos en un mismo nivel. De las palabras del Honorable colega colijo que es precisamente eso lo que �l desea. Considero que el derecho laboral protege a los trabajadores, porque son m�s d�biles que los empresarios, lo cual ha sido demostrado tradicionalmente y, adem�s, se acepta en doctrina. Muchas gracias, se�or Senador. El se�or PI�ERA.- Agradezco la intervenci�n de Su Se�or�a y la comparto plenamente. Si pens�ramos que las dos partes tienen igual poder de negociaci�n y que ninguna de ellas sufre una debilidad relativa, simplemente no debiera existir una legislaci�n laboral. No hay una ley para el mercado del tomate o para el de las papas. Nadie ha pretendido establecer ah� condiciones que favorezcan a los compradores o a los vendedores. En materia laboral -precisamente porque se reconoce la debilidad relativa de una de las partes- se busca a trav�s de la legislaci�n crear f�rmulas para compensar esa debilidad y establecer una equiparidad en las fuerzas de negociaci�n. Y a eso apuntan una serie de aspectos y cl�usulas contenidas en el acuerdo laboral. Un fil�sofo franc�s, Lamennais, dec�a que "la libertad oprime y s�lo la ley libera". Cuando existen condiciones b�sicas de desigualdad, como por ejemplo, en materia laboral, debe existir -se presupone en doctrina- una legislaci�n adecuada. Lo mismo ocurre respecto del acceso a las oportunidades, donde debe haber un Estado que, como parte de su rol en el contexto de una econom�a social de mercado, busque corregir esa desigualdad, establezca mayor acceso, mejores condiciones para todos, derrotando la pobreza y buscando esa igualdad de oportunidades. Por lo tanto, no es incompatible la defensa de un principio de libertad con la defensa simult�nea de la necesidad de la intervenci�n del Estado para crear condiciones que realmente permitan a todos ejercer ese derecho a la libertad. Finalmente, se�or Presidente, nosotros estamos tranquilos y contentos con este acuerdo laboral. En esa materia nos toc� trabajar en forma intensa -con mucha dedicaci�n y durante mucho tiempo- con los Senadores se�ores Sergio D�ez e Ignacio P�rez, por nuestra parte, y con los Senadores se�ores Hormaz�bal, Gazmuri y Jos� Ruiz. Por supuesto, contamos con la activa participaci�n del se�or Ministro del Trabajo, del Subsecretario y de otras autoridades de la Cartera. Tambi�n estuvo -aunque no en forma permanente- el Senador se�or Calder�n. En cuanto a la importancia de la legislaci�n laboral, creo que siempre parece bueno recordar que ella tiene una doble relevancia, porque se refiere a algo tan fundamental como el trabajo del hombre, que no s�lo constituye el principal medio de sustento de la inmensa mayor�a de los chilenos (y, por lo tanto, su principal fuente de bienestar y de progreso), sino tambi�n un importante mecanismo... El se�or CALDER�N.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? Es sobre mi permanencia o no permanencia en la Comisi�n. El se�or PI�ERA.- Por supuesto, Honorable colega. El se�or CALDER�N.- En primer lugar, deseo se�alar que la Comisi�n trabaj� mucho para conseguir estos acuerdos. Y no comparto el criterio de Su Se�or�a, como lo he dicho aqu� en la propia Sala. Concuerdo con la cr�tica formulada por el Presidente de ese �rgano de trabajo, el Honorable se�or Ruiz -que tambi�n reconoce el Honorable se�or Thayer, pues considero que el rol del Parlamento debe ser otro-; y si hay que negociar, debemos hacerlo en las Comisiones, en el Congreso. As� que estoy en desacuerdo con el actual sistema de negociaciones. Adem�s, quiero manifestar que no me opongo a las negociaciones; pero considero que ellas deben realizarse de cara a la sociedad, de cara a la comunidad; tienen que ser m�s n�tidas y reflejar las verdaderas disputas y discusiones. Porque creo que en esta iniciativa -al igual como en otras- no estamos procediendo de esa manera. Esto est� siendo criticado; y, en mi opini�n, a ello se debe el desprestigio que tienen los pol�ticos e incluso el propio Parlamento en las encuestas. Es todo, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Contin�a con la palabra el Honorable se�or Pi�era. El se�or PI�ERA.- Se�or Presidente, quiero terminar mis palabras resaltando -para que nunca nos olvidemos- la importancia de la legislaci�n laboral, por cuanto se refiere al trabajo del hombre como principal medio de sustento -y, por lo tanto, de progreso material- y tambi�n como uno de los instrumentos m�s poderosos de realizaci�n individual, de dignificaci�n de la persona y de integraci�n �til a la sociedad. Adem�s, es indudable que dicha legislaci�n es uno de los elementos m�s fundamentales dentro del contexto de un modelo de desarrollo econ�mico, entendido �ste como la forma en que se organizan los hombres en una sociedad para lograr satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de sus miembros. En consecuencia, creemos que si el acuerdo logrado est� siendo debatido hoy aqu� -p�blicamente, de cara al pa�s, explicit�ndose las razones por las que al menos nosotros concurrimos a �l, punto por punto, sin pretender ocultar nada- es precisamente porque esta materia merece un tratamiento p�blico. Pensamos que cuando se trata de la legislaci�n laboral, hay que ser doblemente responsables. Y por eso somos absolutamente cr�ticos de los dobles discursos, de los dobles est�ndares, pues unos se realizan en p�blico y otros en privado. Y es importante mantener la coherencia entre lo que se dice en p�blico y lo que se dice en privado. Para terminar... El se�or CALDER�N.- Se�or Senador, �a qui�n se refiere con los discursos de doble est�ndar? �Podr�a ser expl�cito en eso para que fuera n�tida la discusi�n? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Ruego a Sus Se�or�as dirigirse a la Mesa y no interrumpir. El se�or CALDER�N.- Se�or Presidente, ser�a importante aclarar para la nitidez del debate qui�nes juegan al doble est�ndar. El se�or PI�ERA.- Me estoy refiriendo a que en materia de legislaci�n laboral, a veces -y no voy a mencionar nombres-, lo que en el �mbito privado se plantea como una necesidad, como una conveniencia, no es igualmente expresado en el terreno p�blico. En este aspecto, tengo la tranquilidad de que nosotros planteamos exactamente lo mismo. Deseo terminar mis palabras, volviendo a lo que expuse al inicio de mi intervenci�n. Creo realmente que los dos temas m�s importantes en el campo econ�mico-social, que se debatieron en el primer a�o de esta etapa de reencuentro con la democracia, fueron el programa social y las reformas laborales. Nosotros estamos extraordinariamente contentos y satisfechos, al menos desde nuestro punto de vista, de haber actuado con gran patriotismo, con altura de miras, con visi�n de futuro y de haber participado y contribuido a lograr acuerdos concretos -y esperamos que sean estables en estas materias-, los cuales nos han permitido y est�n permitiendo fortalecer un modelo de desarrollo econ�mico que ha alcanzado un amplio consenso y que nosotros defendemos, pero no porque estemos apasionados con �l, sino simplemente porque hemos llegado al convencimiento de que representa la mejor forma de lograr progreso, desarrollo y oportunidades para todos los chilenos, teniendo siempre presente que dicho modelo requiere la acci�n muy en�rgica y activa del Estado, precisamente para corregir y atenuar las debilidades relativas que existen al interior de nuestra sociedad. Por eso, cuando hablamos de econom�a social de mercado, estamos diciendo que el Estado tiene en ella un rol fundamental que jugar y que jam�s debe ignorar. Gracias, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Quiero hacer presente que todav�a faltan que intervengan cinco se�ores Senadores. As� que, dado el poco tiempo de que disponemos, propongo a la Sala suspender la sesi�n a las 14:30 y continuarla a las 18. Pienso que debemos proceder de esa forma, porque no creo posible que los Senadores inscritos puedan hacer uso de la palabra en este lapso. Si hubiera acuerdo, proceder�amos de esa forma. El se�or VODANOVIC.- Se�or Presidente, podr�amos aprovechar la ocasi�n para autorizar a la Comisi�n de Constituci�n a fin de que pueda sesionar paralelamente con la Sala en la tarde. El se�or URENDA (Vicepresidente).- S�. Quedar�an autorizadas para sesionar simult�neamente con la Sala, despu�s de la reanudaci�n de la sesi�n ordinaria a las 18, las Comisiones que lo soliciten y que todav�a tuvieren pendiente su trabajo. Entiendo que esto concierne a la Comisi�n de Constituci�n... El se�or PACHECO.- La Comisi�n de Constituci�n fue citada para las 15:30, se�or Presidente. El se�or LARRE.- Se�or Presidente, la Comisi�n de Educaci�n tambi�n est� llamada a reuni�n para las 15:30. El se�or PAPI.- Al igual que la de Hacienda y la de Transporte y Telecomunicaciones en forma conjunta, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Reanudar�amos la sesi�n a las 18. En consecuencia, hasta esa hora no se requerir�a de autorizaci�n de ninguna especie; es s�lo para aquellas Comisiones que no hubieran terminado su trabajo a esa hora de la tarde. Tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. El se�or GONZ�LEZ.- Gracias, se�or Presidente. Mi intervenci�n ser� muy breve. Probablemente si todas las que restan son como la m�a, podr�amos terminar esta sesi�n antes de las 14:30. Solamente quiero manifestar que participo de las palabras expresadas por los Senadores se�ores Ruiz y Calder�n. Comparto las ideas que expusieron y, en consecuencia, no tengo que repetirlas. El Honorable se�or Ruiz hizo un planteamiento honesto, muy interesante y bastante franco respecto de la instituci�n de los Senadores designados. Y entiendo claramente que, cuando Su Se�or�a se�ala que �stos han sido atacados en lo personal, no se est� refiriendo a este Hemiciclo, sino a situaciones producidas, lamentablemente, fuera de �l. Y s� que es as�, porque el Senador Ruiz me lo ha planteado de esa forma. Quiero se�alar definitivamente que en el Senado existe un profundo respeto, como persona, por cada uno de los se�ores Senadores designados. Eso est� total y absolutamente fuera de duda. Aqu�, cuando se habla de Senadores designados, se hace referencia a la "instituci�n de los Senadores designados", con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Y lucharemos a fin de que esta situaci�n se modifique en el futuro, porque en nuestra opini�n ella desvirt�a el mandato de la voluntad popular; pero, individualmente, como personas, los Senadores designados, merecen nuestro m�s absoluto, claro y definido respeto, ya que ellos se han distinguido en cada uno de los �mbitos en que les ha tocado actuar y, adem�s, por su reconocida honorabilidad. De tal manera, se�or Presidente, que quer�a hacer esta apreciaci�n con relaci�n a la intervenci�n del Honorable se�or Ruiz y, al mismo tiempo, se�alar que adhiero a las palabras expresadas por los Senadores se�ores Ruiz y Calder�n. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or P�rez. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, en primer lugar quiero llamar la atenci�n respecto del procedimiento que las Comisiones de Constituci�n y de Trabajo usaron para despachar este proyecto en su primer informe. Hemos sesionado paralelamente a la Sala y los miembros de ellas estuvimos ausentes pr�cticamente por un mes de la discusi�n de otras iniciativas legales en las cuales, ciertamente, nos interesaba entregar nuestros puntos de vista. Hago notar este hecho con el objeto de que los Comit�s tengan presente esta situaci�n. Las palabras del Honorable se�or Pi�era me ahorran gran parte de las ideas que quer�a expresar. S�lo deseo poner �nfasis en cuanto a que ahora se est� dando t�rmino a uno de los acuerdos b�sicos en materia econ�mica y social que, por los conceptos acordados, salvaguarda de buena forma una econom�a libre y un desarrollo fundado en las personas. Han sido acuerdos muy sustantivos donde hay, obviamente, temas adjetivos todav�a pendientes, con votos de mayor�a y minor�a, que deber�n ser dilucidados en la Sala. Adem�s, quiero hacer presente que las legislaciones cerradas, sobreprotectoras, paralizan las inversiones, se convierten en una incertidumbre y en un obst�culo para los agentes econ�micos; y, como ocurre hoy d�a en Per�, con una de las legislaciones laborales m�s -entre comillas- "protectoras" de los trabajadores, ha llegado a ser un verdadero bumer�n para el sector laboral. Tenemos conciencia de que la mejor herramienta para lograr bienestar, seguridad y desarrollo, es mediante el crecimiento econ�mico. A mayor crecimiento, hay mayor empleo; a mayor empleo, mejores remuneraciones; a mejores remuneraciones, mayor seguridad y bienestar para los trabajadores. Creemos que se han resuelto de buena forma las principales inc�gnitas que conten�a el proyecto enviado por el Ejecutivo: qui�n negocia, qu� se negocia, c�mo se negocia, en qu� lugar se hace la negociaci�n colectiva, c�mo se resuelven los conflictos, c�mo se organiza el mundo laboral. Lo importante -repito- es que este acuerdo laboral da estabilidad a los agentes econ�micos y sociales en el pa�s. Se�or Presidente, quiero referirme a algunas cr�ticas que se han hecho a la Oposici�n en esta Sala. En primer lugar, el Honorable se�or Ruiz se�ala que algunos empresarios est�n despidiendo trabajadores en virtud de la ley sobre terminaci�n del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo, hoy vigente. Me parece que, si aprobamos una ley, es para que �sta se aplique; y lo que podr�amos denunciar es el hecho de que no est� sucediendo as�. En segundo t�rmino, hay una denuncia subyacente, subliminal permanente al tema de la miseria, de la pobreza, de la injusticia; y se le vincula con una actitud de la Derecha. �Por qu� no se denuncia tambi�n que existen trabajadores que no sufren miseria ni pobreza? �Y por qu� no se se�ala que d�nde los trabajadores tienen bienestar, seguridad y nuevos horizontes, es en pa�ses como Alemania, Estados Unidos, Jap�n que aplican, precisamente, las ideas nuestras; las ideas de econom�a social de mercado? Sospecho que me podr�n decir que en esas naciones tambi�n existe pobreza; pero, ciertamente, es mucho menor que la de otros pa�ses donde se aplican distintos sistemas econ�micos. Existe y ha existido, en las diferentes leyes relacionadas con el �rea econ�mica y social, una cr�tica en el sentido de que nosotros defender�amos a los ricos, y la Concertaci�n a los pobres. Se�or Presidente, creo que todos los que estamos en pol�tica, y quienes integramos este Senado, lo hacemos por ideales, porque en Chile existen pobres, y ellos tienen necesidades. Los caminos para solucionar el problema de la pobreza y desarrollar un pa�s constituyen motivos de discrepancias leg�timas que podemos tener los Senadores y los distintos partidos representados en esta Corporaci�n. Finalmente, tambi�n deseo referirme a las cr�ticas hechas permanentemente a los Senadores designados. Los Senadores institucionales son tales, porque existe una Constituci�n Pol�tica y una reforma a la misma, aprobada mayoritariamente por el pueblo, despu�s de un acuerdo que suscribieron, entre otros, el actual Presidente de la Rep�blica. En ese sentido, nos parece -y concuerdo con el Honorable se�or Pi�era- que debemos tener un solo discurso, y no dos. Que si se habla de que los Senadores institucionales no responden a un real proyecto democr�tico, �por qu� el Presidente Aylwin -como lo se�al�, hace una semana- invita a la transmisi�n del mando en Guatemala a un Senador institucional, al Honorable se�or Huerta? La democracia no s�lo debe garantizar la expresi�n de las mayor�as, sino tambi�n la de las minor�as. Y, desde ese punto de vista, pienso que para esta etapa de transici�n los Senadores institucionales han sido un gran aporte al trabajo legislativo. Al respecto, vemos c�mo una mayor�a en la C�mara de Diputados arrasa con todas las resoluciones y decisiones de esa Corporaci�n; y c�mo la minor�a muy pocas veces, o casi nunca, se puede expresar en acuerdos. En cambio, aqu� en el Senado, adem�s de reconocer -como lo expres� el Honorable se�or Gonz�lez- el valioso aporte de los Senadores institucionales, es necesario advertir que �stos han contribuido a producir un equilibrio y a conseguir acuerdos pol�ticos importantes para el pa�s. No olvidemos que en la C�mara Alta nunca se ha rechazado un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo; y, tampoco -en esta cr�tica permanente a los Senadores institucionales-, en no m�s de tres ocasiones -que yo recuerde- ellos han votado un�nimemente, de una forma. Se�or Presidente, dadas las reglas del juego que tenemos hoy, me parece que debemos terminar con este cuestionamiento de los Senadores institucionales. Creo que se ha permitido a esta Corporaci�n desarrollar una pol�tica de acuerdos muy valiosa, haci�ndole un servicio a la institucionalidad, al pa�s y al futuro. El se�or HORMAZ�BAL.- Se�or Presidente, solicito al Honorable se�or P�rez que me permita una breve interrupci�n. El se�or P�REZ.- - Con mucho gusto, se�or Senador. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Hormaz�bal. El se�or HORMAZ�BAL,- Se�or Presidente, agradezco a mi estimado colega la gentileza que ha tenido. No quise interrumpirlo, porque llevaba la ilaci�n de su pensamiento sobre el tema laboral, que consider� relevante escuchar. Pero, como el se�or Senador hizo un planteamiento de otra �ndole -y para no dejar ese tema como olvidado-, deseo se�alar que, si el Presidente de la Rep�blica ha estimado pertinente otorgar el honor de que forme parte de su delegaci�n oficial a un colega nuestro, al Honorable se�or Huerta, es porque, al margen de las opiniones que tengamos sobre posiciones o representaciones, el Primer Mandatario y todos nosotros estamos obligados a respetar las normas constitucionales vigentes. Mientras exista en la Carta Fundamental la instituci�n de los Senadores designados -hemos dicho que al margen de las eventuales diferencias que se nos produzcan-, ellos tienen derecho a participar y a opinar. Y les agradecemos sus aportes y actitudes en el desarrollo de los diferentes asuntos. Por lo tanto, creo -reitero- que lo propuesto por el Gobierno es el cumplimiento de una promesa que hizo el Primer Mandatario al pa�s, en el sentido de ser "Presidente de todos los chilenos", tanto de quienes est�n de acuerdo con �l, como de aquellos que ejercen su leg�timo derecho a discrepar. Y no puedo dejar de alegrarme por ello. Porque no hace mucho que los opositores al Gobierno eran enviados al extranjero, pero no con el honor de acompa�ar al Presidente, sino como exiliados. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Contin�a con el uso de la palabra el Honorable se�or P�rez. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, s�lo deseo reiterar que me parecieron desafortunadas las expresiones del Presidente de la Rep�blica, vertidas la semana pasada, sobre todo cuando ellas, tambi�n, pueden significar el cuestionamiento de un poder p�blico a otro. El se�or URENDA (Vicepresidente).- A continuaci�n est� inscrito el Honorable se�or Gazmuri. El se�or JARPA.- �Me permite una interrupci�n, se�or Presidente? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Si el Honorable se�or Gazmuri no tuviera inconveniente... El se�or GAZMURI.- Ninguno. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Jarpa. El se�or JARPA.- Gracias, se�or Presidente. Con la venia de la Mesa, considero que es importante leer todo lo se�alado por el Primer Mandatario la semana pasada. Porque �ste expres� que, de acuerdo a la composici�n del Senado, hab�a mayor�a de Oposici�n. Pero indic� que "Sin embargo, eso ha servido para acentuar un �nimo de entendimiento en todos los sectores". Es decir, reconociendo -el Presidente de la Rep�blica- un hecho real y constitucional, no lo usa ni como pretexto, ni como motivo de ataque a los Senadores institucionales -como constantemente se hace aqu�, en el Senado-, sino que los valoriza en el sentido de la existencia de un mejor ambiente para estudiar y buscar acuerdos. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, deseo referirme de la manera m�s r�pida y breve posible a algunos aspectos que han estado presentes en la discusi�n de hoy. Parto de la base de que, efectivamente, no hay -creo- una demanda democr�tica tan importante, expresada en el debate pol�tico y en la �ltima campa�a presidencial, como la de modificar de manera sustantiva la legislaci�n del R�gimen militar respecto de las cuestiones laborales. Y ello, como una doble exigencia: por una parte, la democratizaci�n de la sociedad chilena, restableciendo los derechos del trabajo; por la otra, la modernizaci�n de la sociedad y de la econom�a del pa�s. Esto, porque nosotros, por lo menos, discrepamos profundamente de que durante el per�odo anterior se haya aplicado un modelo de econom�a social de mercado; antes bien, creemos que se puso en pr�ctica una econom�a de mercado en la que estuvieron ausentes algunos componentes contempor�neos sustantivos de lo que se ha denominado -sobre todo en Europa- "econom�a social de mercado". Se�alo solamente dos de tales componentes: democracia pol�tica (todos los sistemas exitosos de ese tipo han coexistido con la democracia como sistema pol�tico), y un poderoso movimiento sindical. Si uno analiza la historia contempor�nea europea -de Inglaterra, de Alemania o de Italia, por ejemplo-, se va a encontrar con que all� se desarrollaron precisamente niveles de igualdad mayores que en otras latitudes; una econom�a donde el mercado desempe�� un papel importante, pero con un poderoso movimiento sindical en un r�gimen pol�tico democr�tico. Creo que nadie, objetivamente, podr�a discutir que esas condiciones, durante el �ltimo per�odo, no se dieron en Chile. En segundo lugar, quiero decir que, representando a la mayor�a de los Senadores de estas bancadas, concurrimos a los acuerdos que permitieron que ahora estemos discutiendo este proyecto. Lo hicimos porque la alternativa -dada la correlaci�n de fuerzas pol�ticas en esta Corporaci�n- era mantener la legislaci�n laboral heredada del R�gimen anterior, que nos parec�a muy da�ina para los intereses de los trabajadores. Sin entrar en una pol�mica mayor, reiteramos esto, porque de nuevo se ha puesto en debate el hecho de que en el Senado hay una sobrerrepresentaci�n de los sectores que expresan la cultura, la ideolog�a, los principios, la pol�tica de lo que, gen�ricamente, podemos llamar la Derecha de este pa�s. En tal sentido, hay aqu� una representaci�n imperfecta de la soberan�a popular, y eso tiene que ver tanto con la instituci�n cuanto con el comportamiento pol�tico de los se�ores Senadores designados. Nosotros respetamos la institucionalidad; hemos jurado hacerlo. Pero, al mismo tiempo, mantenemos los compromisos que asumimos en la campa�a electoral y en el programa de la Concertaci�n, que incluye como una de nuestras banderas pol�ticas el llegar a una composici�n del Congreso Nacional en que la soberan�a popular se exprese de manera plena. Y quiero reiterar que eso no significa emitir juicios peyorativos sobre los se�ores Senadores designados ni sobre su comportamiento individual. Porque aqu� tambi�n hay un problema con las designaciones. Pienso efectivamente que, en el tiempo transcurrido, hemos aprendido a trabajar, a convivir y a conocernos. Y no tengo dudas, ni por un minuto, de la integridad de sus convicciones. Pero lo que ocurre es que normalmente -y es natural- esas convicciones de los se�ores Senadores designados coinciden con las de la Derecha chilena. No digo que sean manipulados por nadie, sino que, de manera libre y espont�nea, en general, sus concepciones del mundo, de la pol�tica y de la econom�a tienden a coincidir con las de esa tendencia pol�tica, que en este pa�s fue electoralmente una minor�a en 1989. Por cierto, esos Senadores tienen derecho a mantener sus propias convicciones, y nadie va a impedir que las manifiesten aqu�. Pero esto crea, desde el punto de vista pol�tico, un problema objetivo: en esta C�mara est�n sobrerrepresentadas, respecto de lo que expresan en el pa�s, determinadas concepciones sobre la sociedad, sobre el tr�nsito democr�tico, sobre las relaciones laborales, sobre la econom�a, sobre la cultura, etc�tera. Normalmente -y no por la manipulaci�n de nadie- las convicciones de dichos Senadores tienden a coincidir con las de Derecha, porque, adem�s, compartieron proyectos y experiencias pol�ticas comunes durante los �ltimos 17 a�os. Esto obliga, desde el punto de vista de quienes somos mayor�a en el pa�s pero minor�a en el Senado, a un proceso que yo llamar�a de sobrenegociaci�n. Porque estoy de acuerdo en que la negociaci�n es parte de la democracia y parte de la transici�n; pero aqu� sobrenegociamos respecto de cu�les son efectivamente las inspiraciones mayoritarias de la sociedad. Y me parece que eso, si no obstaculiza el tr�nsito a la democracia, de alguna manera enturbia la transparencia de la representaci�n popular. En ese sentido, quiero decir con mucha claridad que a nuestro juicio la negociaci�n que hicimos no mejora, sino que empeora el proyecto del Ejecutivo. Porque, en materia laboral, nuestro compromiso con el pa�s y con los trabajadores es el que asumimos al firmar el programa de Gobierno. No me extender� en el largo detalle, pero es evidente que el programa de Gobierno de la Concertaci�n va, desde nuestro punto de vista, m�s all� en la leg�tima defensa de los intereses de los trabajadores (en nuestra concepci�n sobre lo que es un sindicalismo fuerte y moderno, adecuado a las cambiantes condiciones del siglo XX) y de lo que fueron tanto el proyecto del Ejecutivo -en el que ya hab�a existido un intento de concertar con el sector empresarial-, cuanto el propio programa de la Concertaci�n. Desde ese punto de vista, nosotros concurrimos con nuestros votos a una legislaci�n que tiene, en nuestro enfoque -insisto-, las caracter�sticas de que efectivamente mejora lo que ten�amos, pero que est� muy distante de lo que entendemos que necesita la democracia plena en este pa�s, y de un proceso efectivo de modernizaci�n de nuestra sociedad y de nuestra econom�a. No quisiera alargarme sobre el tema particular de las insuficiencias. S�lo quiero destacar un aspecto que me parece quiz�s la mayor insuficiencia, y que tiene que ver con la discriminaci�n que se produce respecto de una categor�a de trabajadores -que en el pa�s es cada vez m�s importante desde el punto de vista social y productivo-; me refiero en particular a los trabajadores de temporada y, dentro de ellos, a los de la agricultura. Este es un fen�meno nuevo en el pa�s, que afecta a distintas regiones, a sectores muy importantes de la econom�a chilena y, muy en especial, a las regiones y provincias que represento en esta Corporaci�n. Se ha producido en la estructura laboral chilena una modificaci�n sustantiva en lo que se refiere al campo, en los �ltimos 15 a 17 a�os. Hoy, m�s de las dos terceras partes de la fuerza laboral del campo est� constituida por trabajadores de temporada. No hay cifras absolutamente confiables, en el sentido de que provengan de estad�sticas o de un censo laboral del sector agr�cola. Pero estimaciones que nos parecen serias, como las de la Academia de Humanismo Cristiano, indican que en 1987, por lo menos, exist�an en el campo unos 400 mil trabajadores de temporada, de los cuales, seg�n este estudio, 200 mil se ubicaban en el sector frut�cola; cerca de 400 mil, en el forestal, y alrededor de 160 mil en otros sectores agr�colas tradicionales (remolacha, hortalizas, etc�tera). Hay otros estudios, como, por ejemplo, la encuesta realizada por la Academia de Humanismo Cristiano, en que una proyecci�n dentro de los trabajadores del sector frut�cola -tan importante en el proceso exportador chileno- se�ala que habr�a all�, en 1989, unos 251 mil trabajadores, de los cuales s�lo 16 por ciento ten�a car�cter de permanente. O sea, el trabajo temporal es la forma normal de laborar en la agricultura de nuestro pa�s, tanto en el estrato m�s din�mico, que es el agroexportador, cuanto en el m�s tradicional, orientado al consumo interno. Desde ese punto de vista, respecto de una categor�a tan importante de trabajadores chilenos, no hay duda de que el proyecto que hoy vamos a votar en general favorablemente establece un conjunto de discriminaciones que, por lo menos -lo se�alo ac�-, tienen que ver con dos cuestiones: primero, con el derecho a la sindicalizaci�n. Se ha avanzado en el sentido de que el proyecto otorga al trabajador de temporada la posibilidad de constituir sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios. Pero, al mismo tiempo, se niega a esos sindicatos la capacidad de negociar colectivamente; y se les permite, por otra parte, afiliarse a sindicatos de empresas o de interempresas, pero s�lo una vez que �stos est�n constituidos. Por tanto, en el sindicato interempresas, ese trabajador es una suerte de socio de segunda categor�a en la medida en que no puede participar en la constituci�n del sindicato ni, por consiguiente, ser elegido en la primera directiva, ni puede negociar directamente sus intereses laborales. Creo que la negaci�n del derecho a la negociaci�n colectiva de una categor�a de trabajadores que, como digo, constituye m�s de las dos terceras partes de la mano de obra de un sector tan importante en la econom�a chilena como es la agricultura, es una insuficiencia no menor de esta legislaci�n que estamos aprobando. Porque, efectivamente, establece criterios de discriminaci�n; e incluso uno pudiera alegar que llegan a tener hasta el car�cter de normas inconstitucionales. El argumento que se da y que se ha dado siempre en Chile, se emple� tambi�n en las legislaciones sindicales que se aprobaron en los a�os 30 y en los 20, en las que se excluy� del proceso de modernizaci�n de las organizaciones laborales a todos los trabajadores del campo y en las cuales una de las alternativas que tiene la negociaci�n colectiva, que es la huelga, era un instrumento del cual hab�a que privar a los trabajadores agr�colas. Y �se me parece un argumento absolutamente discriminatorio y discutible. No niego que el trabajo agr�cola tiene caracter�sticas particulares. Pero, si eso es as�, lo que habr�a que hacer ser�a legislar sobre las caracter�sticas particulares de la huelga agr�cola, y no suprimir el recurso, como, por otra parte, lo hace este mismo proyecto. Porque, de acuerdo con su texto, el sindicato de empresas agr�colas puede hacer huelga. Lo que ocurre es que los trabajadores afiliados al sindicato agr�cola son menos de las dos terceras partes de la mano de obra agr�cola. Hay un dato estructural al respecto. Por consiguiente, esta es una materia sobre la cual se�alamos nuestra preocupaci�n, porque se consagra una discriminaci�n que no es ni justa ni moderna, y porque se van a generar situaciones no contempladas por la ley, quer�moslo o no. Se establece la capacidad del convenio colectivo -eso es cierto-, pero se niega la capacidad de la negociaci�n colectiva a un sector de trabajadores que est� contribuyendo hoy con una parte importante del producto nacional. Tenemos una agricultura distinta a la de d�cadas anteriores; poseemos un campo y un sector forestal que est�n exportando cerca de 1.000 millones de d�lares al a�o, un sector din�mico que merece que en �l se establezcan relaciones de trabajo efectivamente modernas. Espero que podamos corregir este aspecto en las futuras legislaciones laborales que se discutan en el Parlamento, tanto en los asuntos que dicen relaci�n con las condiciones de trabajo -entiendo que sobre eso habr� iniciativas en el pr�ximo futuro-, como tambi�n respecto de la posibilidad de explorar f�rmulas que permitan establecer mecanismos de negociaci�n real entre los trabajadores de temporada y los empleadores. Podr�a tratarse de sistemas tripartitos, como existieron en la antigua legislaci�n chilena; en fin, habr� que buscar caminos. Pero creo -y con esto termino, se�or Presidente- que estamos cometiendo un error que podr�a adquirir el car�cter de hist�rico, al dejar privada de derechos esenciales en el mundo del trabajo a una categor�a tan importante de trabajadores de la sociedad chilena. Muchas gracias. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Ha llegado la hora de suspender esta sesi�n. A pedido del se�or Cantuarias, quiero dejar constancia de que la Comisi�n de Educaci�n tambi�n est� autorizada para reunirse paralelamente con la Sala esta tarde a las 18. El se�or D�EZ.- Propongo que tomemos el acuerdo de que todas las Comisiones puedan funcionar al mismo tiempo que la Sala, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Ese es el acuerdo. Por eso, s�lo quise hacer constar que la Comisi�n mencionada se incluye en dicho acuerdo. El se�or D�EZ.- Todas las Comisiones, se�or Presidente. El se�or HORMAZ�BAL.- Se�or Presidente, �cu�ntos se�ores Senadores quedan inscritos para participar en el debate? El se�or URENDA (Vicepresidente).- A lo menos tres, Su Se�or�a. Se suspende la sesi�n. )----------( -Se suspendi� a las 14:44. -Se reanud� a las 18:7. )----------( El se�or VALD�S (Presidente).- Contin�a la sesi�n. Tiene la palabra el Honorable se�or Guzm�n. El se�or GUZM�N.- Se�or Presidente, al debatir este proyecto creo que corresponde reconocer la importante mejor�a que ha experimentado el texto que hoy conocemos, con respecto a la iniciativa original. En mi opini�n, todos los esfuerzos que se han hecho en tal sentido merecen encomiarse y valorarse en su m�rito. Sin embargo, nuestro Partido tiene, en relaci�n al texto que hoy discutimos, ciertos reparos fundamentales que nos llevan a anunciar nuestros votos en contra de la idea de legislar, teniendo presente que no hay que entender que la votaci�n en general es una idea de legislar en abstracto, sino referida a una iniciativa determinada y en una oportunidad tambi�n espec�fica. Tuvimos reparos hacia el proyecto de terminaci�n del contrato de trabajo y tambi�n en cuanto al de centrales sindicales. Sin embargo, en ambos casos votamos favorablemente porque nos pareci� que nuestras objeciones no ten�an un car�cter suficientemente medular frente a lo que ellos representaban, lo que, en cambio, s� nos ocurre en este caso. A mi juicio, a lo largo de todo el proyecto no queda n�tido qu� es lo que realmente entienden sus autores por una remuneraci�n justa. A mi modo de ver, es remuneraci�n justa aquella que refleja el aporte de un trabajador o de un grupo de trabajadores a la productividad de la empresa. Ese concepto medular y esencial para determinar lo que es una remuneraci�n justa debe tambi�n inspirar toda la legislaci�n que regule la negociaci�n colectiva. Cuando se establecen f�rmulas legales que validan la circunstancia de que las remuneraciones vayan m�s all� o suban por encima de lo que es el aporte que el grupo de trabajadores correspondiente realiza a la productividad de la empresa, sobrevienen una serie de efectos econ�micos y sociales muy negativos. Entre ellos quiero subrayar la tendencia de los empresarios a mecanizar sus empresas y a contratar menos personal, fen�meno que emp�ricamente se ha demostrado como algo de ordinaria ocurrencia cuando se cae en el error se�alado. Por otra parte, tambi�n se arriesga una p�rdida de competitividad en las empresas, lo cual reviste particular importancia en un esquema de econom�a abierta, como el que hoy d�a existe en Chile y constituye tambi�n el rumbo hacia el cual camina el grueso de la humanidad. Quiero subrayar, se�or Presidente, algunos aspectos que tienen especial relevancia en un pa�s como Chile, en los t�picos que acabo de mencionar. Somos un pa�s joven. Cada a�o accede una cantidad muy grande de personas al mercado del trabajo buscando una ocupaci�n por primera vez. En los pr�ximos 10 a�os, m�s de un mill�n y medio de j�venes se incorporar� a lo que se denomina la fuerza de trabajo, reclamando un empleo. En consecuencia, para una naci�n como Chile, la creaci�n de nuevas fuentes de ocupaci�n tiene una importancia y una exigencia mayores que en otros pa�ses donde ese crecimiento vegetativo es inferior, o no tan explosivo como en nuestra patria. En seguida, somos un pa�s en v�as de desarrollo que necesita crecer en forma alta y sostenida en el tiempo de modo mucho m�s imperioso que lo que ocurre en las naciones desarrolladas. He reflexionado largamente sobre las comparaciones que suelen hacerse entre nuestra legislaci�n laboral y la que impera en los pa�ses desarrollados, y hay una conclusi�n que siempre me intriga intelectualmente en cuanto a la validez de esas comparaciones. Los pa�ses desarrollados se dan por satisfechos creciendo a tasas del 2 al 3 por ciento. No necesitan m�s que eso, e, incluso, un crecimiento alto y sostenido en el tiempo podr�a significarles problemas en el orden del medio ambiente y de otras realidades que pasan a ser m�s importantes en ellos que el crecimiento econ�mico del producto, como ocurre en naciones en v�as de desarrollo. Por eso creo que debemos analizar o sopesar esta realidad en todo lo que ella implica como diferencia entre Chile y los pa�ses desarrollados. Apunto a dos consideraciones adicionales. Estamos obligados a no perder competitividad para nuestras empresas, por la circunstancia de que Am�rica Latina marcha cada vez, en medida m�s acelerada, hacia esquemas de desarrollo que nos demandar�n una eficiencia muy alta en nuestra producci�n. Por otro lado, como se ha dicho aqu�, en el debate, durante la ma�ana, es evidente que el camino para mejorar las remuneraciones es alcanzar el pleno empleo. Cuando se logra �ste y cuando el pa�s crece a tasas altas y sostenidas en el tiempo, las remuneraciones reales suben. Esa es la �nica v�a que en definitiva puede producir un incremento efectivo en el nivel de tales remuneraciones. Establecidas estas ideas, quiero manifestar que vemos con extraordinaria aprensi�n que la negociaci�n salga del �mbito de la empresa. Las negociaciones supraempresa nos parecen inconvenientes porque desvirt�an, a nuestro juicio, el concepto b�sico de lo que debe perseguir una negociaci�n colectiva. Es cierto que en el proyecto se establece que a ella s�lo se llegar� por acuerdo voluntario de los empleadores y trabajadores comprometidos. Ciertamente, eso representa un avance muy significativo en el contenido del proyecto con respecto a planteamientos originales en la materia. Pero, aun as�, pienso que si se trata de determinar el aporte que los trabajadores realizan a la productividad de una empresa, eso s�lo puede efectuarse v�lidamente al interior de ella. Por esa raz�n, toda negociaci�n en un nivel supraempresa, en mi opini�n, s�lo tiene inconvenientes y ninguna ventaja. Adem�s, no debemos perder de vista que, cuando hablamos de libertad de empleadores y trabajadores para concurrir a esas negociaciones interempresas, o por sectores o �reas de la econom�a, nos estamos refiriendo a una realidad muy relativa, porque puede ser factible que se imponga a ciertos empresarios el hecho de tener que ir a este tipo de negociaciones colectivas, fruto de que el conjunto de empresarios y trabajadores del sector as� lo acuerde. Se generan presiones muy dif�ciles de resistir, particularmente para los empresarios medianos y peque�os, y en forma muy aguda para los emergentes, los que inician sus actividades y pueden verse retra�dos de emprenderlas en condiciones que ellos no puedan afrontar de manera satisfactoria. Por otro lado, durante el debate tambi�n se ha reconocido un riesgo, que es el de las confabulaciones monop�licas, aun cuando se concurra en forma realmente libre por parte de empresarios y trabajadores a una negociaci�n supraempresa. Es cierto que tal riesgo puede ser enervado o disminuido a trav�s de los mecanismos pertinentes que existen en nuestra legislaci�n. Pero de nuevo la pregunta fundamental que cabe hacerse es por qu� hay que afrontar esos riesgos con un objetivo cuyo beneficio no se advierte claro, sino que, por el contrario, aparece inconveniente, como es sacar la negociaci�n colectiva del �mbito propio de la empresa. En este mismo orden de materias, se�or Presidente, se ha hecho bastante caudal de que en una econom�a abierta no existen los riesgos que habr�a en econom�as m�s cerradas, como las que ten�amos anta�o, respecto de negociaciones por encima del nivel de la empresa misma. Eso es cierto, pero quisiera igualmente llamar a reflexi�n acerca de la circunstancia de que la econom�a abierta no es una realidad s�lida e inamovible. Es una realidad fr�gil. Siempre los pa�ses est�n expuestos a que los grupos empresariales y sindicales con mayor poder de presi�n ejerzan su influencia con el objeto de ir logrando cierres sutiles y progresivos de la econom�a. En este sentido, creo que hay que tener particular cuidado en no estimar que una econom�a abierta es una realidad respecto de la cual podemos operar sobre seguro; sino que debemos cuidarla y no someterla imprudentemente a presiones de grupos influyentes que puedan ir provocando cierres de ellas, como, por lo dem�s, comprobamos que sucede en los pa�ses desarrollados, y particularmente en Europa. Por otra parte, se�or Presidente, el proyecto, junto con autorizar las negociaciones en un nivel superior al de la empresa, permite que los efectos de una negociaci�n colectiva se apliquen a terceros que no negocian y que se incorporan despu�s a aqu�lla. De nuevo advierto en este enfoque que la iniciativa se aleja de la importancia que atribuyo a que realmente la remuneraci�n procure reflejar el aporte que un grupo de trabajadores hace a la productividad de la empresa. Es imposible saber cu�l va a ser �ste respecto de personas nuevas que se incorporan a ella. En el orden netamente pr�ctico, me preocupa que ese elemento pudiera traducirse en una dificultad para la contrataci�n de personal menos calificado que eventualmente pudiera ofrecer sus servicios por un ingreso menor al que han convenido los sindicatos de la empresa respectiva, y que tambi�n el empresario pudiera estar en situaci�n y en condiciones de contratarlo en ese escenario. L�gicamente, si es forzado a tener que reconocerle una remuneraci�n semejante a la de otros grupos de trabajadores con los cuales ha negociado y que pueden tener una calificaci�n muy superior, esta realidad puede retraerlo de la contrataci�n respectiva. Por �ltimo, se�or Presidente, creo que la misma ambig�edad de la iniciativa en torno del punto central que he querido delinear como objeci�n b�sica a su texto se observa en el tema de la huelga. Es evidente que la libertad de contratar es uno de los puntos clave del derecho de gesti�n de todo empresario sobre su empresa. A mi juicio, ella no se puede entrabar jam�s, sin poner en riesgo un elemento esencial, que es el derecho de gesti�n. M�s a�n, estimo que el art�culo 19, n�mero 24�, de la Constituci�n no se aviene con ninguna limitaci�n que implique que el empresario en un instante determinado no pueda contratar trabajadores para su empresa. Es cierto que la iniciativa ha atemperado considerablemente lo que originalmente se planteaba al respecto. Pero aqu� quisiera subrayar el elemento que me parece m�s significativo, que es el reemplazo de los trabajadores en huelga, o bien, dicho de otra forma, el derecho del empresario a contratar trabajadores durante la huelga -porque no siempre van a ser estrictamente reemplazantes de los que est�n en huelga-, el cual es el �nico que permite asegurar en la pr�ctica que se mida en un "test" si efectivamente la remuneraci�n a la cual los primeros aspiran corresponde o no al aporte que realizan a la productividad de la empresa. Es evidente que ning�n trabajador va a aceptar laborar por debajo de la que sea la remuneraci�n de mercado, como tambi�n lo es que todo trabajador o grupo de �stos aspira a estar por encima de ese nivel, fruto de su calificaci�n, fruto de lo que signifique para la empresa por las relaciones humanas que haya logrado conseguir con el resto del personal, y de m�ltiples elementos que hacen que efectivamente su aporte a la productividad de la misma pueda ser -y habitualmente sea- mayor que la remuneraci�n de mercado. La cuesti�n reside en c�mo se mide hasta d�nde llega dicho aporte como factor que fije la remuneraci�n. Y, a mi juicio, la �nica manera de verificarlo en la pr�ctica es a trav�s de la existencia de la posibilidad del reemplazo o de la contrataci�n de trabajadores durante el per�odo de la huelga. Es all� donde se ver� si la pretensi�n del trabajador corresponde a su aporte de productividad, caso en el cual el empleador no encontrar� otros de igual calificaci�n y nivel de calidad que aquellos que est�n en huelga. Por el contrario, llegar� un l�mite en que el empresario afrontar� el costo de contratar nuevos trabajadores -eventualmente, menos calificados-, a quienes desconoce, pero asumiendo el costo de entrenamiento que ello implique, porque le ser�a excesivo aceptar la petici�n que se le ha formulado. Ese es el "test" fundamental y lo que permite el mecanismo del reemplazo. Felizmente el proyecto ha contemplado el mecanismo del reemplazo a partir del decimoquinto d�a, en el caso de huelga. Pero creo que no hay ninguna raz�n que justifique que ello no opere desde el primer d�a. Por otro lado, me parece peligroso que se deje sentado el precedente. Porque no veo ninguna raz�n categ�rica -salvo de car�cter prudencial- para que ma�ana no se pretenda ampliar ese plazo de quince d�as, si se acepta que no vulnera ning�n principio fundamental de la legislaci�n laboral y del derecho de propiedad, en t�rminos que podr�an significar complicaciones muy serias para el funcionamiento de las empresas. Me deja m�s perplejo la f�rmula a la cual se lleg� en el sentido de que la empresa que no ofrezca un reajuste equivalente al IPC ser� precisamente la que est� impedida de contratar trabajadores durante los primeros quince d�as de huelga, por cuanto es la que est� en mayores dificultades, en mi concepto. No nos pongamos en el escenario de una recesi�n, porque creo que en tal caso todos convendremos en que resulta absolutamente impensable que el mecanismo ideado por este proyecto pueda mantenerse. Quiero apuntar a un escenario bastante m�s posible, que es un crecimiento como el que ha tenido la econom�a este a�o, e incluso, uno levemente superior, porque cuando la econom�a crece, no significa que todos sus sectores tambi�n lo hagan. Este a�o, por ejemplo, el transporte crecer� en alrededor del 10 por ciento, mientras que la pesca y el yodo bajar�n en el 13 y el 15 por ciento, respectivamente. De manera que la circunstancia de que la econom�a crezca no implica que todos los sectores est�n en condiciones de ofrecer el IPC, salvo que se trate de crecimientos econ�micos muy elevados, y de que ese problema, evidentemente, no se presente. En ese sentido, se�or Presidente, creo que la iniciativa, si bien ha buscado una f�rmula pr�ctica de compromiso, no es congruente con el concepto de que la remuneraci�n se determine conforme al aporte de los trabajadores a la productividad de la empresa. Finalmente, estimo que lo mismo ocurre con la regulaci�n de la huelga, que se ha hecho de nuevo indefinida al establecerse que s�lo finaliza por la reincorporaci�n de la mayor�a de los trabajadores. Ello deja en una situaci�n inestable a los reemplazantes durante la huelga, en cuanto a su contrato con la empresa, y prolonga la situaci�n de conflicto en t�rminos muy dif�ciles de prever. En s�ntesis, se�or Presidente, me parece que a lo largo de todo este proyecto existe una falla fundamental, o la ausencia de un enfoque claro, acerca de lo que debe entenderse por una remuneraci�n justa y la mejor manera de alcanzarla. No advierto que la inspiraci�n n�tida del texto sea la de que las remuneraciones expresen el aporte de los trabajadores a la productividad de la empresa. Por tal raz�n, discrepamos de esta l�nea medular, lo que es suficiente para no poder aceptar la iniciativa en los t�rminos en que est� concebida. S�lo quisiera hacer un comentario final para hacerme cargo de una observaci�n interesante que se formul� en el debate de la ma�ana. Creo que no pueden confundirse las remuneraciones con el ingreso, ni es posible concebir a la negociaci�n colectiva como un mecanismo de redistribuci�n de ingresos. Es evidente que si se estima que un sector de la poblaci�n percibe un ingreso inferior al m�nimo digno para su subsistencia personal y familiar, corresponde imperativamente al Estado ejercer su labor redistributiva a trav�s de los mecanismos id�neos. Lo que estimo inconveniente es mezclar esta tarea redistributiva estatal, en cuanto a los m�s pobres, con una legislaci�n laboral tendiente a fijar remuneraciones dentro de empresas que tienen que ser competitivas. Muchas gracias, se�or Presidente. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Hormaz�bal. El se�or HORMAZ�BAL.- Gracias, se�or Presidente. Despu�s de las intervenciones en el transcurso de la ma�ana y luego de reanudarse la sesi�n, quiz�s ser�a �til el intento de precisar s�lo algunos de los elementos que han estado presentes en el debate, y recordar para ello algo que hemos reiterado en diversas ocasiones en esta Alta Corporaci�n, con motivo del an�lisis de las reformas laborales que el Gobierno ha enviado al Parlamento. El primero de ellos dice relaci�n a la existencia de una sensaci�n muy mayoritaria en el pa�s en cuanto a que la legislaci�n sobre la materia impuesta durante el R�gimen anterior carec�a de la legitimidad necesaria para resistir el an�lisis objetivo que la democracia efect�a a trav�s de sus distintos actores. Es un hecho que las opiniones negativas acerca de tales normas excedieron con creces las fronteras partidarias. Como lo he recordado en el Senado en otras ocasiones, cuando ejerc�a como dirigente sindical me encontr� en coincidencia con personeros del mundo laboral que, a pesar de tener un juicio favorable al Gobierno pasado, expresaban una dura cr�tica al respecto. Este es el primer hecho de la causa: estamos modificando la legislaci�n del trabajo, porque objetivamente, en democracia, carece del sustento b�sico que una norma jur�dica necesita en este tipo de sociedades. Incluso, en el �ltimo encuentro de la empresa escuchamos opiniones de altos dirigentes de este sector en el sentido de que, si bien es cierto que en su momento ella cumpli� un papel, a su juicio, no lo es menos que los tiempos nuevos hac�an aconsejable, m�s que el inmovilismo, una modificaci�n. Estas son se�ales positivas que la sociedad chilena ha captado y que el Congreso ha hecho posible con los cambios a que hacemos referencia. Pero no s�lo es un problema de legitimidad. Tambi�n aqu� se ha aludido a la necesaria eficacia que deber�a tener esta legislaci�n. Ponderemos algunos antecedentes. Al dictarse la ley de organizaciones sindicales durante el Gobierno anterior, el entonces Ministro que la patrocin� dijo, en un discurso radiodifundido al pa�s -y que muchos vimos por televisi�n-, que era inconcebible que la legislaci�n que �l propon�a reemplazar (la de la vieja y caduca democracia) hubiera permitido que s�lo uno de cada cuatro trabajadores estuviese organizado. Y ocurre que al terminar el per�odo en el cual esa legislaci�n rigi�, en lugar de 1,1 de cada 4 trabajadores, s�lo uno de cada 11 estaba organizado sindicalmente. Se hizo expresa menci�n de que la Constituci�n aseguraba a todos los trabajadores el derecho a negociar colectivamente. Y de nuevo, la realidad estad�stica: menos del 10 por ciento de los trabajadores chilenos pudieron hacer uso de ese derecho constitucional establecido en el R�gimen pasado. De modo que la legitimidad de la norma laboral dictada en esa �poca est� en cuesti�n. Obviamente, en cuanto a su eficacia para responder a los objetivos que se trazaron, las estad�sticas que he enunciado tambi�n muestran su incapacidad para responder a los desaf�os de la sociedad chilena. Tocante a la estabilidad o crecimiento de la econom�a, por ejemplo, �puede decirse que la cesant�a disminuy� con esas disposiciones? Todos los datos conocidos dicen que a partir de la legislaci�n impuesta al pa�s en 1978 los �ndices respectivos subieron. �Hubo m�s cesantes que en las condiciones anteriores del pa�s! Y �sas son, de nuevo, cifras oficiales. �Llegamos a tener casi el 30 por ciento de cesant�a, producto de esa legislaci�n, tan bien inspirada, que favorec�a el "crecimiento" en la sociedad chilena! Claro: �el crecimiento de un grupo de poderosos y el empobrecimiento de los sectores m�s humildes!, como lo acreditan los antecedentes entregados por el Instituto Nacional de Estad�sticas, respecto a la evoluci�n de los ingresos durante el per�odo anterior. �Ah! �Pero era una legislaci�n acorde con la econom�a moderna! Y ocurre que las tasas de inversi�n fueron las m�s bajas conocidas hist�ricamente en Chile. Sin embargo, la legislaci�n laboral era arm�nica y moderna, en concepto de sus ex�getas. A pesar de ello, la porfiada realidad es distinta de lo que la propaganda sosten�a incesantemente. Constituye un hecho de la causa, por lo tanto, que la supuesta legislaci�n laboral leg�tima no era tal, como tampoco su eficiencia, seg�n se demostr�, ni su aporte al crecimiento econ�mico y a la justa distribuci�n de la riqueza. En consecuencia, �cu�l era el desaf�o del tiempo nuevo, del tiempo de oportunidades que la democracia ofrece a todos? �Modificarla! �Cambiarla! En esa forma abordaron el tema los distintos programas presidenciales. El de don Patricio Aylwin, como candidato de la Concertaci�n, plante� las l�neas directrices y gruesas hacia donde apuntaban los cambios que, a mi juicio, en su esencia, han sido propuestos en diversas iniciativas. No hay contradicci�n entre las l�neas gruesas anunciadas y las concreciones planteadas en los proyectos del Ejecutivo. Sin embargo, �con qu� nos hemos encontrado? Con un hecho afortunadamente distinto al que rigi� las condiciones hist�ricas del pa�s cuando se dictaron los C�digos del Trabajo. Como lo he se�alado otras veces en el Senado, la legislaci�n laboral chilena, vanguardia en Am�rica Latina, generada por todas las fuerzas pol�ticas, tanto de Derecha como de Centro y de Izquierda -porque esto pas� a ser un patrimonio de nuestra cultura-, puso al pa�s en un lugar destacado, en t�rminos de su evoluci�n en esa materia. Pero -�oh, paradoja!- en un pa�s que precisamente es ejemplo de estabilidad en Am�rica Latina, mir�ndolo en la perspectiva global de las centurias, se produce el hecho de que se dicta la legislaci�n laboral, con car�cter de C�digo o con mayor profundidad, en circunstancias de que no vive en democracia. Insisto en que en 1931 y en 1978 Chile no viv�a en democracia, pero se gestaron y generaron las grandes reformas laborales que rigieron durante un determinado per�odo. �Por qu� hago notar esa distinci�n, se�or Presidente? Porque yo, al menos, soy decidido partidario de la pol�tica de entendimiento. Deseo agregar que ello se encuentra establecido, asimismo, en el programa de la Concertaci�n, habiendo declarado el Presidente de la Rep�blica, cuando era candidato -as� lo expres� en televisi�n, al ser requerido sobre el tema-, que la primera medida de su Gobierno en materia de reformas laborales iba a ser la de convocar al sector empresarial y a los trabajadores para que buscaran el entendimiento necesario a fin de que la legislaci�n que se dictara durante esta Administraci�n transitoria (democr�tica, pero transitoria) tuviera los elementos de legitimidad, estabilidad y apoyo indispensables. Algunos logros se han alcanzado en ese �mbito. Pero otras tareas han correspondido al Parlamento, porque para algo estamos. Y ello comprende la b�squeda de entendimientos. De modo que no debemos confundir: estamos por una pol�tica de entendimiento que permita sacar a la sociedad chilena de las traum�ticas experiencias de las imposiciones, la fuerza y el abuso. Deseamos una legislaci�n que establezca adecuadamente la normativa que debe tener el pa�s para que su desarrollo econ�mico vaya aparejado con la equidad y la justicia, como un desaf�o impostergable. Y para eso, �estamos disponibles! Por cierto, no podemos afirmar que los proyectos despachados por el Senado son mejores que los propuestos por el Gobierno. Y no lo tomen los Honorables colegas de la Oposici�n como un ataque personal. Sostengo que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo en materia de terminaci�n de contrato de trabajo, de centrales sindicales y de organizaciones sindicales y negociaci�n colectiva, son mejores, en t�rminos t�cnicos, en t�rminos de la aplicaci�n de los principios internacionales y de la experiencia recogida, que como salen del Senado o de la C�mara de Diputados. Sin embargo, �saben Sus Se�or�as lo que s� creo? Que son indudablemente superiores a la legislaci�n laboral que est�n reemplazando. Si hubiera que reducirlo a una sola expresi�n, tendr�amos que decir que los acuerdos a que hemos llegado no son todo lo bueno que quisi�semos, pero, objetivamente, justifican en forma plena las inquietudes de los chilenos respecto a cambios indispensables. Afirmamos, con fundamento, que los proyectos primitivos del Gobierno buscaron tambi�n ciertos elementos de equilibrio. Pero el esfuerzo realizado no ha sido a�n bien entendido por sectores empresariales y pol�ticos: todav�a quedan empresarios que prefieren dejarse llevar por el temor o la desconfianza, y sectores pol�ticos que justifican su quehacer enunciando temores y hablando de dificultades, sin afrontar positivamente el presente y el porvenir. Resulta m�s f�cil representar aqu� el miedo que produce tal o cual cambio, en tales o cuales sectores, que la relevancia que implica efectuarlo. Y algunos incluso creen que ello es m�s vendedor. Hemos tenido la oportunidad de ver en televisi�n a supuestos especialistas declarando que una legislaci�n laboral como la propuesta significa poner un arma cargada en manos de los trabajadores. No comprenden que precisamente la b�squeda de caminos de entendimiento es lo que permite reducir los conflictos inevitables en toda sociedad democr�tica. Estimo que... El se�or GUZM�N.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or HORMAZ�BAL.- Me gustar�a conced�rsela, con todo agrado, al final de mi intervenci�n, Honorable colega. En todo caso, para los efectos de las alusiones, no me refer�a a Su Se�or�a al analizar este tema. El se�or GUZM�N.- Muy bien. El se�or HORMAZ�BAL.- Lo hago presente para que el Honorable se�or Guzm�n se quede tranquilo durante el resto de la sesi�n. �Ahora, a fin de que se prepare para cuando llegue el momento, s� cabe se�alar que Su Se�or�a es el apologista del terror a los cambios, lo cual constituye algo distinto...! Estimo que se trata, entonces, de un problema de otra envergadura. Hemos recogido razonablemente los aportes de otros partidos y de los Senadores institucionales, y hemos conocido la contribuci�n interesante de los gremios empresariales, adem�s de contar con la ilustrada y madura representaci�n de la Central Unitaria de Trabajadores y de otras organizaciones sindicales. Se est� elaborando una legislaci�n que considera la opini�n de las partes, que respeta los criterios divergentes. Me he sentido enriquecido por un debate de extraordinario inter�s, dado que, contrariamente a lo que piensa con frecuencia la opini�n p�blica, la tarea m�s relevante del Senado se realiza en las Comisiones y no en la Sala. En ellas es donde, despojados muchas veces de prejuicios, el desaf�o consiste s�lo en argumentar en torno de lo que estimamos justo. No tengo inconvenientes en reconocer el excelente aporte de Senadores de diversos partidos a la tarea colectiva de la formaci�n de la ley. Y eso deben saberlo los chilenos, pues significa, adem�s, volver a confiar en quienes legislamos. Existen, por cierto, problemas delicados. Sin embargo, insisto en que no se resuelven con un art�culo m�s o uno menos, sino con el acuerdo. �Qu� interesantes para el pa�s son, por ejemplo, documentos como el enviado por la Confederaci�n Gremial Nacional Unida de la Peque�a y Mediana Industria, Servicios y Artesanado (CONUPIA), que se ha opuesto a algunos elementos del proyecto, pero asumiendo con criterio positivo los desaf�os del futuro! Y esto, por cierto, tenemos que destacarlo. Se�or Presidente, aqu� se presenta un punto que me interesa explicitar, porque se est� haciendo reiterativo: no estamos hablando de un Gobierno que tenga que testimoniar todos los d�as aquello en que cree y que realiza. El Presidente de la Rep�blica firm� los proyectos que modifican la legislaci�n laboral y los se�ores Ministros del Trabajo y de Hacienda cumplen su tarea orientados y dirigidos por el Jefe del Estado, de modo que esas iniciativas se hallan en perfecta armon�a con la pol�tica general del Gobierno para la etapa de transici�n. No existe contradicci�n alguna con la denominada en la pr�ctica "econom�a social de mercado". Resulta parad�jico -y creo haber entendido mal- que algunos se�ores Senadores hayan declarado que durante el R�gimen anterior vivimos una econom�a de esa �ndole. Pienso que una reflexi�n serena les permitir�a darse cuenta de lo err�neo de esa afirmaci�n. Porque esta Alta Corporaci�n se encuentra destinada a los grandes debates, no a reiterar algo semejante, en circunstancias de que la Administraci�n pasada aplic� la m�s dura, bizantina e ineficiente pol�tica de mercado, mientras conven�a a algunos sectores de grandes empresarios. En caso contrario, �stos recurr�an a un Gobierno en que s� ten�an influencias para introducir cambios. Cabe recordar las tasas sugeridas del Banco Central para el otorgamiento de cr�ditos, y adicionalmente, las millonarias donaciones del Estado a los grandes grupos empresariales al hacerse cargo de la deuda externa que enfrentaban, por cifras superiores a los 4 mil millones de d�lares; es decir, la cuarta parte de nuestra deuda externa total. �De qu� econom�a social de mercado me hablan? �De la de Alemania o de Jap�n, como o� un tanto sorprendido? Por el hecho de que mi ignorancia sobre muchas materias puede explicar mi actitud, todav�a estoy esperando que me aclaren c�mo pudo haber en Chile una econom�a social de mercado similar a la de Alemania, donde se negocia por �rea, donde existe una ley de cogesti�n, donde hay libertades de partido y de prensa. �Y a ello se suma el hecho de que a ninguna organizaci�n sindical se presenta una persona que dice ser funcionario del Departamento de Negociaciones Colectivas del Servicio de Investigaciones -como ocurri� cuando entregu� el primer pliego de peticiones en una empresa-, afirmando que estaban advertidos de los planes subversivos de la Oposici�n, que a trav�s de la negociaci�n colectiva pod�a hacer reventar la econom�a nacional! �Fue econom�a social de mercado la aplicada por el Gobierno anterior? Existe todo el derecho a pensar como se quiera; pero me parece que tratar de hacernos comulgar con una rueda de carreta acerca de un tema de esta naturaleza constituye un error incompatible con la envergadura intelectual de los se�ores Senadores que han hecho uso de la palabra al respecto. Se�or Presidente, tambi�n deseo se�alar que el proyecto, el cual constituir� un perfeccionamiento con relaci�n a la legislaci�n vigente, no representar� un atentado contra el crecimiento econ�mico, como lo comprobaremos en el futuro. He sido testigo de la reacci�n extraordinariamente positiva de los trabajadores y empresarios -ya mencion� el caso de la CONUPIA-, quienes se han dado cuenta de que el esfuerzo de los partidos que han concurrido al acuerdo no persigue el prop�sito de desestabilizar ni amenazar a nadie, sino que, por el contrario, de vivir en un clima que nos permita crecer a todos. "Crecimiento econ�mico con equidad", ha dicho el Presidente Aylwin. �Y a ese desaf�o se nos convoca en este tipo de legislaci�n! Se sostiene que la huelga indefinida va a producir un caos en la econom�a. De nuevo, me parece una exageraci�n. Los trabajadores no van a la huelga por gusto. Esta debe ser -y lo ha sido hist�ricamente- el �ltimo instrumento al cual recurran, pues saben que con ella siempre pierden. Pero, el hecho de ser indefinida, �significa poner en peligro la econom�a nacional? La normativa en estudio establece mecanismos como el del arbitraje obligatorio en algunos casos, aparte que estamos probando una instituci�n nueva, como la mediaci�n voluntaria, para buscar caminos de entendimiento. Y adicionalmente, el Gobierno dispone de facultades en algunos casos, cuando resulte afectado el bien com�n nacional, para decretar la reanudaci�n de faenas, con el objeto de impedir este tipo de crisis. Entonces, �por qu� seguir colocando a los trabajadores la camisa de fuerza que representa la legislaci�n anterior, que nada tiene que ver -insisto- con lo que en los pa�ses de econom�a social de mercado se entiende por legislaci�n sindical? La huelga es simplemente el leg�timo instrumento que usan los trabajadores despu�s de que se agotan todas las instancias. Y estamos estableciendo puntos de equilibrio extraordinariamente relevantes para evitar que este proceso se desarrolle con excesiva fuerza. Pero si se producen huelgas en algunos sectores, no nos preocupa mayormente, porque la sociedad chilena cuenta con la estabilidad y los acuerdos b�sicos que impiden que un conflicto particular genere un grado de tensi�n grande. Quisiera recordar una an�cdota de uno de los autores del Plan Laboral, quien, en un reciente op�sculo aparecido hace algunos d�as, narra la g�nesis de esa legislaci�n, que fue elaborada para impedir el boicot que los sindicatos norteamericanos hab�an anunciado durante el R�gimen anterior. �l dice que en un momento es convocado por el Jefe del Gobierno para hablar sobre una huelga que iban a hacer los trabajadores del cobre, y a�ade que se anunciaba el env�o de tanques y tropas para enfrentar, el proceso de negociaci�n colectiva. Ese ex Ministro cuenta que convenci� al Presidente de que una huelga no significar�a inestabilidad en el pa�s. Entonces, �por qu� asustan a los empresarios y a los chilenos sosteniendo que el leg�timo conflicto que no desemboque en un acuerdo podr�a traer aparejado una huelga sectorial, parcial y puntual? Es que es mucho m�s f�cil jugar con el terror que asumir la tarea de la construcci�n. Se�or Presidente, en este proyecto quedan todav�a algunas materias que pueden ser mejoradas con las indicaciones que se presentar�n posteriormente. Pero, dado el hecho de que se trata de la discusi�n general, me permito simplemente recordar, primero, que esta iniciativa se inserta en el marco de lo que el Presidente Aylwin prometi� como candidato; segundo, que busca modernizar una norma jur�dica que carec�a de legitimidad, de eficiencia y de justificaci�n en los nuevos tiempos; tercero, que es una palanca para el desarrollo con equidad, a fin de que la sociedad chilena sea respaldada por todos, como fruto del esfuerzo compartido; y cuarto, que nos alegramos de que a este acuerdo -independientemente de que nos habr�a gustado que fuera mejor- hayan concurrido fuerzas que hasta hace poco respaldaron la injusta legislaci�n anterior. Por �ltimo, deseo manifestar que las afirmaciones en el sentido de que este conjunto de normas pudiera afectar el derecho de gesti�n o el derecho de propiedad, si bien son respetables, carecen de fundamento. La Constituci�n asegura, en el n�mero 24� del art�culo 19, el derecho de propiedad, pero adicionalmente se�ala que la ley regular� su ejercicio. Y el n�mero 16� de ese mismo precepto consagra el derecho a negociar colectivamente y asigna a la ley la natural competencia para regular y establecer sus mecanismos. De este modo, por estimarlo impecablemente justo y razonablemente acordado, y con la esperanza de que servir� para el desarrollo, votaremos afirmativamente este proyecto de ley. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Alessandri. El se�or ALESSANDRI.- Se�or Presidente, quiero referirme a algunos aspectos del proyecto de ley en debate. Pero previamente deseo hacerme cargo en general de ciertas afirmaciones formuladas en la Sala, donde se emiten opiniones como si las cosas fueran blancas o negras: negras, en el pasado; blancas, en el presente y en el futuro. Porque si bien es cierto que la legislaci�n laboral anterior fue discutible en muchos aspectos, no lo es menos que fue aplicada con �xito. Y de lo que se trata ahora es de perfeccionarla y modificarla en algunos de sus puntos. Se aduce que la legislaci�n laboral no fue capaz de impedir que hubiera un 30 por ciento de cesant�a. Y no conozco ninguna ley en el mundo que garantice pleno empleo o un bajo �ndice de cesant�a. Pareciera m�s bien que ello se debi� a la tremenda crisis que sufri� este pa�s y que todos reconocen. Pero recordemos que, a pesar de los efectos de la crisis, de la baja del precio del cobre de aquella �poca y del alza en el valor del petr�leo, la inflaci�n, en el peor momento, no sobrepas� el 26 por ciento; en cambio, en 1990 lleg� al 28 por ciento. Pero refiri�ndome al proyecto en debate -porque no se saca nada con seguir discutiendo sobre el pasado y volver los ojos hacia atr�s, ya que lo que quiere este pa�s es mirar para adelante-, deseo abordar algunos aspectos de la iniciativa que me parecen inconvenientes, a pesar de todo lo que se ha dicho en esta Sala. Uno de ellos se relaciona con la huelga. No concuerdo en que el fuero de que gozan los huelguistas se prolongue en el tiempo por un plazo indeterminado. Ese fuero implica que, si se acaba el conflicto, todos los trabajadores involucrados en �l tienen derecho a retornar a la empresa donde laboran. Por lo tanto, no estamos hablando -en lo que ata�e al plazo- de que la huelga pueda durar mucho tiempo, sino del derecho que tienen los trabajadores de volver a la empresa. En estos momentos dicho plazo es de sesenta d�as. Puede ser corto. Podr�a prolongarse. Pero, a mi juicio, ser�a inconveniente que fuera indefinido, porque entonces no se sabr�a cu�ndo terminar�a el referido fuero. Hay que pensar que en Estados Unidos, por ejemplo -ya que se lo compara con nuestro pa�s-, no existe ese fuero, pues la huelga empieza cuando ha terminado la relaci�n contractual entre el empleador y sus trabajadores. En consecuencia, la comparaci�n no es efectiva. Otra cosa inconveniente, a mi entender, es el condicionamiento establecido en cuanto a la contrataci�n de personal de reemplazo. Debemos considerar que generalmente las huelgas tienen lugar cuando el empleador no est� dispuesto a aumentar las remuneraciones de sus trabajadores, sea en proporci�n igual al alza del costo de la vida o a otro par�metro. Entonces, lo m�s probable es que los conflictos tengan lugar en los casos en que el empleador, por cualquier o, no puede dar incrementos remuneracionales. Pero, producida la huelga, la empresa no puede quedar totalmente paralizada, pues ello implica p�rdidas de la capacidad competitiva y de la confiabilidad de entrega, especialmente cuando se trata de una empresa que exporta sus productos y debe cumplir exigencias del adquirente en cuanto a plazos de recepci�n. Puede tambi�n provocar un da�o para sectores como el de la fruta y el de los bancos. En los puertos podr�a paralizar la econom�a internacionalizada de que se goza hoy d�a y que est� creciendo cada vez. Adem�s, provoca una situaci�n que perjudica a los desempleados, especialmente. Y, a pesar de lo que se ha expresado en esta Sala, existir�a una violaci�n del derecho de propiedad, porque, constitucionalmente, nadie, en caso alguno, puede ser privado de su propiedad o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio sino en virtud de ley de expropiaci�n. Una persona que tiene una empresa, una industria o una actividad y no puede desarrollarla est�, a mi juicio, siendo vulnerada en su derecho de propiedad. Tampoco estoy de acuerdo con la cotizaci�n obligatoria a que estar�an sometidos los trabajadores beneficiados por el acuerdo a que llegue un sindicato al cual no pertenezcan. En mi opini�n, esto constituir�a una exacci�n inconstitucional, porque a nadie se le puede exigir una contribuci�n a una organizaci�n contra su voluntad, por muchos que sean los principios involucrados o la conveniencia que ello signifique. Debemos considerar que el n�mero 19� del art�culo 19 de la Carta Fundamental dispone que "La afiliaci�n sindical ser� siempre voluntaria". Ahora, si a un grupo de trabajadores se le obliga a cotizar a un sindicato al cual no pertenece, viene a ser una especie de afiliaci�n obligatoria y no voluntaria. Estimo que eso es inconveniente, por lo cual no deber�a aceptarse. Por las razones que he se�alado, y a fin de no alargar el debate, anuncio que me abstendr� de votar la iniciativa. Gracias, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. El se�or GONZ�LEZ.- Se�or Presidente, s�lo deseo referirme, muy brevemente, a la materia que se ha estado tratando en este �ltimo momento, que dice relaci�n al derecho de huelga. Siempre he pensado que la huelga es la �nica arma con que cuenta el trabajador para poder negociar desde una posici�n similar a la del empleador. Y la historia de los pa�ses que han puesto en pr�ctica una econom�a social de mercado est� llena de ejemplos que demuestran que la sociedad no se destruye porque los trabajadores hagan uso leg�timo del derecho de huelga. La se�ora Margaret Thatcher, expresi�n brillante del neoconservantismo contempor�neo, debi� enfrentar paralizaciones de faenas de los obreros del carb�n y del acero que duraron 18 meses. Y ello no destruy� ni la democracia ni la sociedad inglesa. De manera que debemos tratar de preservar este derecho de los trabajadores, que constituye un factor de equilibrio entre la posici�n de �stos, que -reitero, y no cesar� nunca de decirlo- es m�s d�bil, y la de los empresarios que los contratan. Este proyecto establece que, en caso de huelga y en ciertas condiciones, el empleador podr� contratar a los trabajadores que considere necesarios para el desempe�o de las funciones de los involucrados en el conflicto. Como se�alaba esta ma�ana el Honorable se�or Calder�n, esto consagra la instituci�n de los "rompehuelgas". Y me apena profundamente que vayamos a aprobar una norma de esta naturaleza. Sin embargo, se nos imponen ciertas condiciones: si no aceptamos esto, no se pueden aprobar otras cosas que son beneficiosas para los trabajadores. Y, en este �ltimo tiempo, los Senadores que representamos a las bancadas populares nos hemos encontrado siempre ante esta situaci�n de fuerza: si no aprobamos algunas disposiciones que no nos agradan, no se legisla o no se aceptan otros preceptos favorables para el sector laboral. Se�or Presidente, deseo dejar constancia de mi pensamiento, para la historia de la ley en tr�mite, la que, a mi juicio, es fundamental para avanzar en una legislaci�n que realmente cautele los derechos de los trabajadores en Chile. No tenemos temor a que los trabajadores puedan ejercer el derecho de huelga. No creemos que �ste sea atentatorio contra el desarrollo y el progreso de la econom�a. Tampoco nos parece contrario a la estabilidad institucional de los pa�ses. Por ello, manifestamos nuestro desagrado frente a la norma que, como con propiedad se ha se�alado en este Hemiciclo, consagra la instituci�n de los "rompehuelgas" en nuestra legislaci�n, lo que constituye un hecho in�dito y que, en mi opini�n, nada aporta a la trayectoria que hasta ahora hemos seguido en esta Corporaci�n. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�az. El se�or D�AZ.- Se�or Presidente, me limitar� a hacer unas breves reflexiones. En cuanto a cu�l ser�a el salario justo, en una hermosa intervenci�n realizada esta ma�ana el Honorable se�or Ruiz De Giorgio ley� lo que al respecto se�al� Le�n XIII en la Enc�clica "Rerum Novarum". Y me permitir� repetirlo en forma textual, porque quiz� valga la pena a fin de que quede claro el concepto que por lo menos nosotros aceptamos. Y dice as�: "aunque concedido que el obrero y su patrono libremente convengan en algo y particularmente en la cantidad del salario, queda, sin embargo, siempre una cosa, que dimana de la justicia natural y que es de m�s peso y anterior a la libre voluntad de los que hacen el contrato, y es �sta: que el salario no debe ser insuficiente para la sustentaci�n de un obrero frugal y de buenas costumbres; y si acaeciese alguna vez que el obrero, obligado por la necesidad o movido por el miedo de un mal mayor, aceptase una condici�n m�s dura, que, aunque no quisiera, tuviere que aceptar por impon�rsela absolutamente el patr�n o el contratista, ser�a eso hacerle violencia y, contra esta violencia, reclama la justicia.". Me parecen muy claros la explicaci�n y el concepto que al menos nosotros tenemos de qu� es un justo salario. Respecto de esto mismo, deseo hacer otra breve reflexi�n. Si la remuneraci�n se fijara en relaci�n directa con la productividad, ser�a l�gico que, cuando las ganancias fueran excepcionalmente altas, los empleadores las compartieran en forma justa con los trabajadores. Lamentablemente, no es as�. Y deseo recordar una an�cdota que contaba un espa�ol, que puede ser una caricatura o una exageraci�n. Dice m�s o menos as�: si el obrero es malo, ineficiente, irresponsable y ebrio, se va; pero si el patr�n es ineficiente, irresponsable y ebrio, quiebra la industria, se van todos los trabajadores y el patr�n queda muy bien puesto de todas maneras. Quiz�s sea una exageraci�n o una caricatura. Pero a veces se ha dado esa situaci�n, que ojal� no se repita nunca m�s en Chile. Otro punto. Esta ma�ana o�, entre las tantas brillantes intervenciones que hubo, la de un Senador de Renovaci�n Nacional, quien habl� de la l�gica que ten�an las leyes, las que, a su juicio, deber�an ser justamente para proteger a los d�biles. Dentro de esa l�gica, los trabajadores m�s d�biles son aquellos a quienes alud�a el Honorable se�or Gazmuri: los temporeros, quienes no tienen defensa alguna. Y creo que el Gobierno que apoyamos, cuyo lema es proteger a los m�s pobres y desamparados, tiene como primer�sima obligaci�n en el corto plazo la de defenderlos. Hay trabajadores que a lo largo de d�cadas de experiencia, a veces con decenas de m�rtires, tienen una real organizaci�n y un prestigio muy bien ganado: los sindicatos y las confederaciones del cobre, los bancarios, los profesores, los de la construcci�n y tantos otros. Abogo para que nos preocupemos, creando conciencia desde ya, por ese sector. Y, aunque no sea el motivo de la iniciativa en debate, quiero decir desde luego que nos preocupa en especial la situaci�n de las mujeres que trabajan en el campo, para quienes ya hay disponible una infraestructura que un pa�s pobre como el nuestro debiera aprovechar: las escuelas de los sectores agr�colas de la Cuarta, Quinta, Sexta y S�ptima Regiones, para acoger, si no a las madres, por lo menos, a sus ni�os, pues deben dejarlos pr�cticamente abandonados. Solicito a mis Honorables colegas que busquemos una f�rmula para dar soluci�n a ese problema, que no es �nicamente remuneracional; se trata de determinar c�mo atender con un m�nimo de dignidad y seguridad a lo m�s valioso que Chile posee: los hijos de la mujer campesina. Creo que habr� buena voluntad para que juntos legislemos al respecto. Ya est� informado el se�or Subsecretario de Educaci�n acerca de c�mo aprovechar esa infraestructura, que es bastante buena para un pa�s pobre como el nuestro, a fin de dar soluci�n a tal problema. Respecto de la injusticia de las remuneraciones, como aqu� se ha hablado del Papa, de los Evangelios y de tantas cosas, deseo recordar s�lo al due�o de la vi�a que dio el mismo salario a quienes llegaron a la hora nona y a aquellos que lo hicieron a la hora prima. He dicho. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, creo que estamos en condiciones de votar el proyecto. Por eso, pido votaci�n. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or CORT�ZAR (Ministro del Trabajo y Previsi�n Social).- Se�or Presidente, antes de que se someta el proyecto a votaci�n, deseo hacer dos alcances, para dar respuesta a algunas consultas formuladas en las intervenciones habidas durante la ma�ana. En primer t�rmino, en el debate producido se se�al� a qu� respond�a el proyecto original y la relaci�n existente entre �l y el texto que considera la Sala como producto de los acuerdos alcanzados. No cabe duda de que la iniciativa enviada inicialmente al Parlamento -como lo (se�al� el Senador se�or Hormaz�bal- responde a los aspectos centrales del contenido del programa de la Concertaci�n, donde se se�ala expl�citamente que, dentro de ellos, se procurar�n los mayores acuerdos sociales posibles, entendiendo que la b�squeda de concordancias respecto de las reglas b�sicas de nuestra convivencia contribuye a la legitimidad y a la estabilidad de �stas. Sobre tal base, en los proyectos presentados al Parlamento se lograron acuerdos pol�ticos amplios en lo relativo tanto a centrales sindicales cuanto a terminaci�n del contrato de trabajo y organizaciones sindicales y negociaci�n colectiva. En la b�squeda de esos acuerdos hay al menos dos elementos que destacar. El primero dice relaci�n a la necesidad de suscribir acuerdos con las mayor�as pol�ticas, y el otro -que tambi�n se ha mencionado aqu�- apunta a la necesidad de lograr la mayor concordancia posible respecto de las reglas fundamentales de nuestra convivencia. En la ma�ana de hoy, un se�or Senador consultaba si, una vez alcanzado el acuerdo, el Gobierno prefer�a su proyecto original o el fruto de aqu�l. La respuesta parece evidente. Si enviamos nuestro proyecto primitivo, fue precisamente porque estim�bamos que conten�a las normas m�s adecuadas para regular la legislaci�n laboral. Los acuerdos significan, por definici�n, puntos de encuentro entre distintas convicciones; no consisten en que cada uno desconozca las suyas una vez alcanzado el consentimiento, sino en privilegiar las visiones compartidas, aunque no coincidan con las particulares de quienes suscriban determinada convenci�n. Tambi�n se se�al� en la ma�ana que, si opt�bamos por el proyecto original y lo valor�bamos, se estar�a ante una situaci�n incompatible con la econom�a social de mercado, argumento que se vuelve a repetir esta tarde. Me pregunto qu� normas de las iniciativas primitivamente enviadas contradicen una econom�a social de mercado: �las modificaciones que se introdujeron al proyecto sobre centrales sindicales, que redujeron de diez a cinco por ciento el qu�rum original propuesto por el Ejecutivo? �O fueron las disposiciones del proyecto sobre terminaci�n del contrato de trabajo, donde se mantuvo lo sugerido por el Gobierno en cuanto a la eliminaci�n del desahucio unilateral y al fuero de los dirigentes sindicales, que resultaba amagado por el art�culo 157 del C�digo de Trabajo vigente? �O fue por el hecho de haber reducido las indemnizaciones de un mes por a�o de servicios sin tope a un l�mite de once a�os? Creo que ninguno de esos puntos puede relacionarse con el funcionamiento de una econom�a social de mercado. Y basta mirar las instituciones laborales de los pa�ses que tienen un esquema de esa especie para reconocer que no hay ning�n aspecto en esas iniciativas que resulte contradictorio con �l. Pero el debate se ha centrado esta tarde en el tema de la negociaci�n colectiva. Y se nos dice que el proyecto del Ejecutivo propone el monopolio sindical. Se sostiene que s�lo los sindicatos pueden negociar. Muchas veces argumentamos c�mo los grupos negociadores, que son la alternativa al sindicato, tienen exactamente los mismos requisitos de constituci�n que �ste. Por lo tanto, plantear que los sindicatos son los que negocian no significa dejar excluido de la negociaci�n colectiva a ning�n grupo de trabajadores, dado que todos se hallan en condiciones de formar organizaciones sindicales para hacerlo. M�s a�n, si uno mira las econom�as sociales de mercado, encontrar� que m�s de una de ellas incluye la organizaci�n sindical como el mecanismo natural para la negociaci�n colectiva. Tambi�n se ha enfatizado esta tarde lo relativo a los reemplazos. Y se dice que �stos constituyen un punto que impide el funcionamiento de una econom�a social de mercado. Todav�a m�s, se ha sostenido que los reemplazos son el �nico elemento que permite relacionar salario con productividad y que la no existencia de ellos implicar�a un atentado contra el derecho de propiedad. Hay dos modos de encarar el tema: uno, de tipo conceptual, para argumentar por qu� esas afirmaciones no nos parecen efectivas; y el otro es consustancial a la discusi�n sobre qu� es y qu� no es econom�a social de mercado. Nosotros no hemos tra�do al debate comparaciones con los pa�ses que reconocidamente tienen econom�a social de mercado. Pero no cabe duda de que, si se nos dice que la no existencia de reemplazos originar�a una institucionalidad inconsistente con una econom�a social de mercado, no podemos dejar de expresar que la mayor�a de los pa�ses desarrollados que tienen ese tipo de econom�a no contemplan el reemplazo como mecanismo de regulaci�n de la huelga. No est� considerado ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia, como tampoco en la mayor�a de las naciones industrializadas. Por lo tanto, se podr� discutir cu�l es el mecanismo m�s adecuado para regular la huelga. Pero no se puede afirmar que el reemplazo es algo consustancial para que el salario responda a la productividad o para que tengamos una econom�a social de mercado. Valoramos los acuerdos. Y lo hacemos por creer que, sobre la base de ellos en estas materias y en las reglas fundamentales del juego, estamos construyendo condiciones de mayor estabilidad para el desarrollo del pa�s y para su democracia. Sin embargo, estimamos que construir esos acuerdos no significa desconocer que llegamos a ellos con diferencias en las convicciones iniciales; que los alcanzamos con diferencias en muchas de �stas, pero que los ponemos por delante por entender que la estabilidad democr�tica y del desarrollo supone, no imponer ideas, sino procurar condiciones adecuadas para el proceso pol�tico y el desenvolvimiento econ�mico y social del pa�s. Por eso hemos buscado los acuerdos. Y cuando los alcanzamos, con la contribuci�n de muchos sectores, de Gobierno y de Oposici�n, tenemos que valorar el paso dado, pero reconoci�ndonos como una sociedad plural y como grupos pol�ticos diversos con pleno derecho a mantener nuestras convicciones. Considero que, contrariamente a lo afirmado esta ma�ana, el hecho de tener esas diferencias en nuestras convicciones no amenaza la estabilidad. Creo que la conclusi�n es precisamente la opuesta: Chile arriesg� su estabilidad cuando, respetando la pluralidad, no fue capaz de construir su vida pol�tica, econ�mica y social sobre los puntos que lo un�an, sin pretender la uniformidad, sino alcanzando la unidad, pero al interior de una sociedad plural. Muchas gracias, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or GUZM�N.- Se ha pedido votaci�n, se�or Presidente. El se�or D�EZ.- Est� pedida la votaci�n. El se�or URENDA (Vicepresidente).- A�n cuando est� pedida... El se�or GUZM�N.- Supongo que Su Se�or�a puede someter a la consideraci�n de la Sala si hay acuerdo para votar. El se�or URENDA (Vicepresidente).- A�n hay oradores inscritos. No es factible cerrar el debate... El se�or THAYER.- �Tengo o no la palabra, se�or Presidente? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Se�or�a. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, yo hab�a pedido la palabra precisamente para solicitar el cierre del debate. Porque lo �nico que estamos haciendo ahora es dar vueltas a argumentos tras argumentos. Creo que ya se ha discutido bastante la materia. Por consiguiente, aunque me muero de ganas de contestar muchas cosas, pido, tambi�n, el cierre del debate. El se�or GUZM�N.- Telepat�a m�a con el Senador se�or Thayer. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Cerrado el debate. Corresponde proceder a la votaci�n. Debo hacer presente que, de acuerdo con lo expresado en las p�ginas 3 y 4 del informe de las Comisiones unidas, hay diversas disposiciones del proyecto que, para su aprobaci�n, exigen qu�rum especiales. En consecuencia, de conformidad al art�culo 30 de la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional, las normas que requieren qu�rum calificado deber�n votarse separadamente, tanto en general como en particular. El se�or VODANOVIC.- En la votaci�n general no es necesario. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Aun en general, tienen que votarse en forma separada. As� lo dispone el art�culo 30 de la Ley Org�nica. El se�or D�EZ.- Pero basta, en este caso, que en la votaci�n general el proyecto se apruebe con qu�rum de las cuatro s�ptimas partes de los Senadores en ejercicio. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Si se aprueba en general con ese qu�rum -es decir, 26 votos-, es obvio que se evita el tr�mite de la votaci�n separada. En todo caso, se llamar� a los se�ores Senadores para votar. Se suspende la sesi�n por diez minutos. )----------( -Se suspendi� a las 19:21. -Se reanud� a las 19:29. )----------( El se�or URENDA (Vicepresidente).- Contin�a la sesi�n. Ruego a Sus Se�or�as tomar asiento para proceder a la votaci�n. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- De acuerdo con los art�culos 63 de la Constituci�n Pol�tica y 30 de la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional (p�ginas 3 y 4 del informe), hay normas del proyecto que, para ser aprobadas, requieren 26 votos -es decir, el qu�rum de las cuatro s�ptimas partes de los Senadores en ejercicio-; y otras -los art�culos 6�, 8� y 81, incisos segundo y quinto (p�gina 4 del informe)-, de 24 votos, que es el qu�rum calificado correspondiente al de la mayor�a absoluta de los Senadores en ejercicio. El resto del articulado es ley simple. El se�or URENDA (Vicepresidente).-En votaci�n. -(Durante la votaci�n). El se�or JARPA.- Se�or Presidente, este proyecto se aprueba gracias a un acuerdo. En el antiguo Congreso, quienes alcanzaban un consenso en alguna forma estaban comprometidos a apoyarlo. Y aqu� nos hemos encontrado con que sectores que concurrieron a uno lo atacaron hoy en la ma�ana. Y casi me han convencido de que hay que votar en contra porque el acuerdo es malo. Por otro lado, es indudable que en el Senado estamos en presencia de un doble est�ndar: en las Comisiones somos amigos, buscamos criterios coincidentes, y en la Sala nos tratamos como enemigos y se formulan las peores acusaciones respecto de las actitudes o posiciones que los Senadores libremente adoptamos en la b�squeda de lo mejor para el pa�s. Se�or Presidente, los acuerdos que se adopten en el futuro deber�n incluir la idea de que estamos asociados en la defensa de un proyecto y que, por lo tanto, hemos de comportarnos en la forma que corresponde y no aprovecharnos de la discusi�n p�blica para iniciar un ataque que, de haberse producido en la Comisi�n, desde luego no habr�a permitido contar con la facilidad que tenemos hoy para despachar el proyecto del Ejecutivo. A pesar de los discursos de la ma�ana, y porque cumplimos un compromiso m�s all� de los ataques e injurias, voto que s�. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, por las mismas razones se�aladas por el Honorable se�or Jarpa, debo manifestar que me sent� muy sorprendido al escuchar planteamientos absolutamente fuera del contexto del acuerdo. Sin embargo, como hemos coincidido en el fondo de las ideas, votar� que s�. Pero quiero dejar constancia de mi rechazo al procedimiento utilizado por algunos se�ores Senadores de Gobierno. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, voy a votar favorablemente porque, a diferencia del debate, que ha sido malo, el proyecto es bueno, equilibrado y moderno. Y el consenso pol�tico a que se lleg� en esta materia refleja con propiedad, a mi juicio, lo que el pa�s necesita. Votar� tambi�n afirmativamente, porque me han gustado las �ltimas palabras del se�or Ministro del Trabajo, quien ha puesto las cosas en su lugar. La iniciativa tiene estabilidad y sobre ella estamos construyendo las bases para el desarrollo de un pa�s en democracia, lo que s�lo es factible cuando existe conformidad de pareceres. El se�or Ministro nos ha tranquilizado: este proyecto corresponde a un consenso. Por eso, se�or Presidente, aunque el debate no me satisface pero s� el acuerdo, voto que s�. El se�or GUZM�N.- Dado que no me fue concedida la interrupci�n que solicit� durante el curso del debate, quiero puntualizar -aprovechando la oportunidad de fundamentar el voto- que no es justa la alusi�n que se hizo al ex Ministro se�or Jos� Pi�era a prop�sito de una met�fora que �l us� en televisi�n. El se refiri� al proyecto original, en donde se establec�a un aporte, determinado por ley, de los sindicatos a las federaciones, confederaciones y centrales sindicales, t�pico que ha sido corregido. En segundo t�rmino, deseo se�alar que tengo el convencimiento m�s absoluto de que si no existiese el mecanismo de reemplazo -vale decir, la facultad del empleador para contratar trabajadores durante el per�odo de huelga-, faltar�a un elemento necesario a fin de garantizar que las remuneraciones que se establezcan correspondan al aporte que el grupo de trabajadores respectivos realiza a la productividad de la empresa. No me gusta indicar -ni lo he hecho- si una norma se aviene o no con la econom�a social de mercado, porque estimo que el t�rmino es suficientemente gen�rico como para admitir muchas interpretaciones. Prefiero remitirme a los conceptos que tengan una fisonom�a y un contenido m�s n�tido como lo que significa el aporte de los trabajadores a la producci�n de la empresa. En tercer lugar, no cabe duda alguna de que la huelga no puede aceptarse como un supuesto derecho de los trabajadores a paralizar la empresa. Si ello se consagrara en esos t�rminos y con un car�cter indefinido, agreg�ndole la imposibilidad de que el empleador contrate trabajadores durante el per�odo de huelga, dicho proceso revestir�a un car�cter expropiatorio, en contra de lo establecido en el N� 24� del art�culo 19 de la Constituci�n. La facultad de contratar representa un elemento esencial del derecho de dominio de un empresario respecto de su empresa. Si he se�alado que en los t�rminos en que est� concebido el proyecto resulta constitucionalmente dudoso y no manifiestamente inconstitucional, es s�lo porque se le suspende en determinados casos esa facultad o libertad de contratar durante un lapso de 15 d�as. Pero sigo teniendo fuertes dudas respecto de la constitucionalidad de esa disposici�n. Finalmente, se�or Presidente, estimo que la iniciativa constituye un retroceso morigerado, pero inconveniente para el pa�s. Significa dar un paso en la direcci�n contraria a donde apunta la evoluci�n mundial en la materia. Y, por esas razones, voto que no. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, votar� favorablemente no s�lo por tratarse de un buen proyecto, sino porque representa un compromiso que hemos contra�do con todos los trabajadores, los cuales, muchas veces, no fueron escuchados o se vieron impedidos de organizarse en el pasado. Quiero agregar que, efectivamente, a veces, algunos de nosotros nos hemos dejado llevar por las palabras sin tener la intenci�n de inferir un perjuicio o un da�o a nuestros colegas. Pero hay que admitir que este hecho tambi�n ha sido rec�proco. Hemos visto a algunos se�ores Senadores que en ciertas ocasiones se han excedido en sus palabras, y no s�lo han usado esta Tribuna para hacerlo, sino que la prensa, la radio y la televisi�n. Pensamos que, al iniciarse en marzo el nuevo per�odo legislativo, podr�amos hallar algunos caminos m�s efectivos que nos alejaran de las descalificaciones personales e, incluso, muchas veces, institucionales, porque la responsabilidad que tenemos en el Senado es muy importante y, m�s a�n, frente a las horas que habr�n de venir en los pr�ximos d�as, en cuyo caso, tal vez no s�lo tendr�amos que estrechar m�s nuestra amistad, sino que deponer, en algunos casos, ciertos ideologismos e ideas particulares a fin de afrontar circunstancias que no quisi�ramos traducir en sufrimiento para nuestro pueblo. Por esa raz�n, se�or Presidente, espero que en marzo iniciemos una nueva etapa en la cual -como ya nos conocemos y sabemos de nuestras diferencias- ojal� que logremos encontrar los caminos para trabajar en forma m�s expedita. Voto, se�or Presidente, afirmativamente. El se�or LAGOS.- Se�or Presidente, voto que s�, con la misma prevenci�n hecha por el Honorable se�or Jarpa. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Terminada la votaci�n. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Resultado de la votaci�n: 30 votos por la afirmativa, 2 por la negativa, 4 abstenciones y un pareo. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Queda aprobado en general el proyecto, cumpli�ndose los qu�rum constitucionales exigidos, ya que el mayor de ellos requer�a de 26 votos y se han obtenido 30. Tiene la palabra el se�or Ministro del Trabajo. El se�or THAYER.- �Me permite, se�or Presidente, con la venia del se�or Ministro? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- Quiero hacer una consulta. �No ser�a conveniente dejar particular constancia de que en la votaci�n se aprueban espec�ficamente los art�culos de qu�rum calificado? No vaya a ser motivo de dudas el hecho de que se incluyan en la aprobaci�n s�lo general del proyecto. Ninguno de esos art�culos tiene problema especial; son materias que dicen relaci�n al tema de la facultad de los tribunales. Estimo que ser�a mejor proceder de esa forma. He dicho. El se�or HORMAZ�BAL.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Hormaz�bal. El se�or HORMAZ�BAL.- Se�or Presidente, quiero brevemente dar excusas, porque entend� que el Honorable se�or Guzm�n ya no iba a hacer uso de la interrupci�n que le ofrec�. As� que, si he quedado en deuda, se la pagar� en la pr�xima sesi�n. No tengo ning�n inconveniente en favorecer el di�logo m�s activo en la Sala. El se�or GUZM�N.- Muy agradecido, se�or Senador. Quiero hacer presente, se�or Presidente, que la sugerencia del Honorable se�or Thayer es pertinente respecto de aquellos art�culos que no sean objeto de indicaci�n. Es evidente que el resto de las disposiciones queda aprobado por el qu�rum calificado que se registr� respecto del proyecto en general. Naturalmente que si algunos de esos art�culos, que son materia de qu�rum calificado, fueren objeto de indicaci�n, habr�a que votarlos cuando se discuta en particular. No se podr�an dar por aprobados en forma definitiva. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- No cabe duda alguna de que si no hay indicaciones sobre esos art�culos, quedar�an aprobados autom�ticamente con el qu�rum constitucional, se�or Senador. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Eso queda claro. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Se acord� fijar un plazo hasta las 16 de ma�ana mi�rcoles para presentar indicaciones al proyecto de ley que se acaba de aprobar en general. El proyecto se tratar�a en particular en una sesi�n extraordinaria que se celebrar� el d�a jueves 17 pr�ximo. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or CORT�ZAR (Ministro del Trabajo y Previsi�n Social).- Se�or Presidente, deseo agradecer el respaldo del Honorable Senado a un proyecto que, sin duda alguna, es de trascendencia para las relaciones laborales del pa�s. Muchas gracias. VI. INCIDENTES El se�or URENDA (Vicepresidente).- Corresponde entrar a la hora de Incidentes. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, atendido el hecho de que tenemos varias Comisiones trabajando a esta misma hora, propongo que eliminemos la hora de Incidentes, si es que est� de acuerdo el resto de los Comit�s. El se�or ALESSANDRI.- No, no hay acuerdo. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, el Comit� Radical quiere contribuir al trabajo de las Comisiones del Senado, y est� de acuerdo en suprimir la hora de Incidentes. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Hay varios Parlamentarios que desean intervenir en la hora de Incidentes. Como debo presidir una Subcomisi�n, voy a pedir al Honorable se�or Vodanovic que tenga a bien dirigir la sesi�n como Presidente accidental. El se�or HORMAZABAL.- �Que no se lleve a cabo la hora de Incidentes! El se�or PACHECO.- �Que no haya! El se�or URENDA (Vicepresidente).- No hay unanimidad para suprimir la hora de Incidentes. Algunos se�ores Senadores, entre ellos el Honorable se�or Alessandri, han pedido intervenir. En consecuencia, si no hay unanimidad, no se puede dejar sin efecto Incidentes. El se�or GUZM�N.- �Que intervengan entonces, se�or Presidente! El se�or URENDA (Vicepresidente).- Solicito la autorizaci�n de la Sala para que el Honorable se�or Vodanovic presida la sesi�n. Acordado. -Pasa a presidir la sesi�n el Senador se�or Vodanovic. El se�or VODANOVIC (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comit� Independiente de 3 Senadores. Ha solicitado hacer uso de la palabra el Honorable se�or Alessandri. COMISIONES INVESTIGADORAS DE LA C�MARA DE DIPUTADOS El se�or ALESSANDRI.- Se�or Presidente: La C�mara de Diputados ha procedido a designar comisiones investigadoras para fiscalizar diversos actos del Gobierno anterior, e incluso de entidades no gubernativas y hasta de instituciones netamente privadas. Existen razones muy poderosas para considerar que esa rama legislativa carece de atribuciones para designar tales comisiones, y que �stas no tienen competencia para abocarse al conocimiento de esas materias. Por lo tanto, estar�amos ante la posibilidad de aplicar las disposiciones de los art�culos 6� y 7� de la Carta Fundamental. El primero de ellos, en su inciso primero, establece que "Los �rganos del Estado deben someter su acci�n a la Constituci�n y a las normas dictadas conforme a ella."; mientras que el art�culo 7� prescribe que "Los �rganos del Estado act�an v�lidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.". "Ninguna magistratura," -agrega el inciso segundo de dicho art�culo- "ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constituci�n o las leyes.". El inciso tercero de la misma disposici�n sanciona claramente la infracci�n al disponer que "Todo acto en contravenci�n a este art�culo es nulo y originar� las responsabilidades y sanciones que la ley se�ale.". En consecuencia, se requiere, en primer lugar, clarificar cu�l es el alcance de tal atribuci�n de esa rama del Congreso. El art�culo 48 de la Constituci�n, en su N� 1), emplea la expresi�n "Fiscalizar los actos del Gobierno". Este es un derecho que la Carta Fundamental otorga a la C�mara de Diputados y que debe ejercerse someti�ndose estrictamente a los t�rminos, formas y modalidades establecidos en dicho art�culo, de acuerdo con los rigurosos principios se�alados en el art�culo 7� de la misma. Al respecto, debe tenerse presente que la Constituci�n de 1980 entr� en mayores detalles explicativos que el precepto correspondiente establecido en la de 1925. Esta circunstancia obliga a ser m�s restrictivo en la precisi�n de la �rbita en que puede ejercer sus atribuciones la C�mara de Diputados. �Qu� es lo que puede ser objeto de fiscalizaci�n? La Constituci�n lo dice claramente: los actos del Gobierno. Y Gobierno es el que existe en el momento de ejercerse la fiscalizaci�n. No es un Gobierno del pasado, ni menos puede ser el que se aspira para el futuro. Es el Gobierno presente, el que existe durante el acto fiscalizador. Tan claro es lo anterior que la Constituci�n establece el modo de cumplir, por parte del Gobierno, la respuesta al acto fiscalizador: el Ministro respectivo debe dar respuesta a los acuerdos u observaciones que se hayan transmitido por escrito al Presidente de la Rep�blica, dentro del plazo de 30 d�as. Son los Ministros y el Presidente que ejercen el cargo los que constituyen "el Gobierno". No puede extenderse a otras personas, ni mucho menos a otras entidades que no son Gobierno, el acto fiscalizador. Y lo fiscalizado por la C�mara son los actos de ese Gobierno y no los de otras entidades o personas. Menos los que hayan ocurrido en el pasado y que no sean actos de los gobernantes presentes. La Carta Fundamental establece claramente lo que debe entenderse por "Gobierno" para los efectos constitucionales. El Cap�tulo IV de ella destinado al Gobierno, nos se�ala como titulares de �l al Presidente de la Rep�blica y a sus colaboradores directos e inmediatos: los Ministros de Estado. El art�culo 24 distingue entre "Gobierno" y "Administraci�n del Estado" para se�alar, dentro del mismo cap�tulo, las Bases Generales de la Administraci�n del Estado en cuanto a su organizaci�n y a sus normativas permanentes. De ello podemos colegir que por "Gobierno" debe entenderse la direcci�n pol�tica del Poder Ejecutivo y la administraci�n temporal del Estado. Todo lo que dependa directamente del Presidente de la Rep�blica y de los Ministros de Estado, de lo que puedan responder ellos por �l y dentro del ejercicio de sus cargos, puede ser objeto de la fiscalizaci�n de la C�mara de Diputados. Cierto es que todo Diputado puede referirse a cualquier tema en la hora de Incidentes de la C�mara. Pero ello no habilita para sostener que eso es un acto de fiscalizaci�n. Incluso la Constituci�n exige que, para solicitar determinados antecedentes al Gobierno -y recalco"al gobierno"-, el Diputado que los solicite debe reunir por lo menos el acuerdo de una tercera parte de los miembros presentes en la Sala. Los antecedentes u observaciones que haga un Diputado pueden servir para ejercer en seguida las facultades fiscalizadoras de la C�mara o para entablar las acusaciones constitucionales que procedan. Y si esas observaciones no alcanzan para constituir un acto de fiscalizaci�n, pueden servir de base para que accionen otros organismos o poderes custodios de la legalidad, ll�mense Poder Judicial, Contralor�a, Consejo de Defensa del Estado, etc�tera. Si el asunto no est� dentro de la competencia de la funci�n fiscalizadora de la C�mara, no podr�a �sta abocarse al conocimiento de la materia, porque eso ser�a invadir funciones judiciales o de la Contralor�a, en su caso. Siempre se ha considerado de muy dudosa constitucionalidad, por decir lo menos, la pr�ctica de la C�mara de Diputados de constituir comisiones investigadoras para conocer cualquier tipo de asuntos. Recuerdo personalmente c�mo en numerosas conversaciones con don Jorge Alessandri -siempre preocupado del quehacer p�blico-, objetaba la extralimitaci�n de sus facultades por parte de la C�mara de Diputados bajo la Constituci�n de 1925. Y por eso puso especial cuidado en dejar claramente establecido en la de 1980 el �mbito de esas atribuciones fiscalizadoras, para encuadrar a la C�mara en un �mbito preciso y determinado de ellas. Aparentemente, no ha tenido �xito por cuanto la otra rama legislativa ha vuelto a las inconvenientes pr�cticas que contribuyeron a debilitar nuestro r�gimen jur�dico-pol�tico antes de 1973, haciendo caso omiso de claras limitaciones constitucionales para su actuar. No habr�a objeci�n si los asuntos investigados fueran materias propias de la fiscalizaci�n. Pero materias extra�as a esta facultad constitucional no pueden ser investigadas sin caer en el grave riesgo de invadir funciones judiciales. Y aqu� estar�amos en presencia de una situaci�n de franca infracci�n constitucional, de acuerdo con el art�culo 73 de la Carta Fundamental. La inconstitucionalidad se agrava por el hecho de que los Diputados, seg�n el art�culo 58 de la Ley Suprema, gozan de inviolabilidad por sus opiniones y, de esta manera, podr�an impunemente imputar, con gran resonancia p�blica, actos a cualquier persona, o dar connotaci�n delictual a ellos por simples razones pol�ticas. Al respecto, debe tenerse presente que tanto el constituyente como el legislador jam�s han querido dar la facultad de imperio a las comisiones legislativas. Los antecedentes anteriores llevan a concluir que las comisiones investigadoras nombradas por la C�mara carecen de competencia para conocer las materias que est�n pretendiendo investigar, y la C�mara carece de atribuciones para nombrarlas. He dicho, se�or Presidente. El se�or VODANOVIC (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Soto. REPERCUSIONES EN CHILE DE EVENTUAL GUERRA EN EL GOLFO P�RSICO. OFICIO La se�ora SOTO.- Se�or Presidente, Honorable Senado, no obstante que lo que voy a tratar es bastante serio, no puedo menos que decir que, a lo mejor, los que estamos en la Sala somos los mejores. "S�lo Dios sabe si habr� guerra o paz", dijo P�rez de Cu�llar, Secretario General de las Naciones Unidas. Eso revela la dram�tica situaci�n que se vive en el Golfo P�rsico, y cuan cerca estamos hoy de una nueva conflagraci�n mundial, lo que no puede dejar en la indiferencia a nadie, porque ning�n pa�s podr� ser neutral en este conflicto, y hasta en los lugares m�s apartados del planeta esta guerra tendr� una influencia negativa. Chile tiene una tradici�n pacifista, a�os de cordura hist�rica y una herencia libertaria y de dignidad nos inscriben en la historia de las soluciones pac�ficas. Nuestros pueblos est�n hoy d�a m�s conscientes de que es necesario realizar todos los gestos para evitar una confrontaci�n in�til e irracional. De este modo, ning�n chileno puede ser ajeno en la b�squeda activa de la paz. Tenemos una responsabilidad que nos nace no s�lo del profundo humanismo enraizado en nuestra sociedad, sino de la certeza de que esta guerra producir� devastadoras consecuencias en la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Por ello, pedimos que nuestro Gobierno asuma una activa participaci�n antibelicista. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe instruir a todos nuestros Embajadores para iniciar desde ya una acci�n que devenga en la negociaci�n pol�tica o diplom�tica del conflicto en el Medio Oriente. Una cumbre de la paz, propuesta por el Santo Padre, debe ser apoyada con �nfasis y decisi�n, y con actividades propias de nuestros representantes para obtener su pleno �xito. Desde nuestra �ptica occidental, la guerra tiene connotaciones econ�micas que se basan en el poder�o del petr�leo como medio energ�tico principal. Seg�n se desprende de las comunicaciones, la pretensi�n de Irak es controlar dos islas de Kuwait y tener el resguardo celoso de sus fronteras. Es probable entonces que negociadores con experiencia y con plenos poderes puedan a�n arribar a acuerdos con el mundo �rabe, llegando a una soluci�n global de los conflictos del Medio Oriente. Desde la �ptica de Hussein, �sta es una "guerra santa", y tal motivaci�n por s� sola es un arma capaz de llegar a los signos extremos del suicidio colectivo, y a la ninguna importancia de la vida humana. Todo ello exige una actitud decidida y firme de todos los Gobiernos del mundo para dar una soluci�n digna y respetable a las partes involucradas en este conflicto. Mas, si la actividad de la paz fracasa, nuestro pa�s deber� asumir los riesgos econ�micos que tal problema va a provocar. El peligro de una recesi�n obliga, al interior del pa�s, a tomar medidas de austeridad y de ahorro energ�tico en que toda la ciudadan�a participe con responsabilidad. Para ello, proponemos: A) Que el Ministerio de Relaciones Exteriores llame a todos los pa�ses de Latinoam�rica a una reuni�n de emergencia en Santiago de Chile, para elaborar un documento de paz activa, que ofrezca a las partes en conflicto proposiciones concretas para impedir la guerra, e interviniendo como mediador si fuese procedente. B) Si esta mediaci�n y documento de paz fracasan, proponer de inmediato a todas las naciones del Cono Sur soluciones para enfrentar los problemas de seguridad continental y de salvaguardia econ�mica para los pueblos afectados. C) Una Comisi�n de alto nivel integrada por los Ministros del �rea econ�mica, de Educaci�n y de Transportes y Telecomunicaciones, representantes de los trabajadores, empresarios, Parlamento y universidades, que en plazo breve entregue al pa�s las medidas con que los chilenos paliaremos los efectos de la guerra. D) Entendiendo que el pa�s importa el 85 por ciento del petr�leo, racionalizar las compras a nivel mundial, a fin de asegurar el abastecimiento a la poblaci�n y mantener el control de los precios. E) En este mismo sentido, optar por una pol�tica de prevenci�n y control, para impedir las especulaciones, que s�lo perjudicar�n a los sectores m�s pobres del pa�s. F) Hacer un plan de ahorro, determinando desde ya medidas que vayan desde la implantaci�n de una jornada �nica para los trabajadores de la Administraci�n P�blica, hasta una reprogramaci�n de horario de la televisi�n, lo que nos har� disminuir el gasto al menos en 50 por ciento. G) Un plan de racionalizaci�n del parque automotor, restableciendo la campa�a de restricci�n vehicular, que propenda al uso de medios colectivos de locomoci�n y no del autom�vil particular. H) Que las municipalidades cumplan un rol de informaci�n a la poblaci�n, tanto en los precios de los art�culos de consumo, como posibilitando que en las poblaciones las compras de los alimentos puedan hacerse en conjunto. I) Aplicar una pol�tica arm�nica de transportes, en la cual tenga prioridad el desarrollo de Ferrocarriles del Estado, a fin de que, en el mediano y largo plazos, puedan constituir una soluci�n a la crisis energ�tica. J) Resguardo de nuestras naves mercantes que est�n operando en aguas jurisdiccionales ajenas al pa�s, y que pueden ser objeto de ataques o de embargos por las partes en conflicto. K) Resulta esencial para la vida futura del pa�s que las universidades comiencen a estudiar otras alternativas al uso del petr�leo, como la energ�a solar y el viento. En el intertanto, se hace necesaria una mejor explotaci�n del carb�n, como elemento de sustituci�n, instruyendo a la poblaci�n en tal sentido. L) No obstante nuestra lejan�a del �rea de peligro, instruir, sin causar alarma a la poblaci�n, en la prevenci�n de riesgos. En el mismo sentido, que se perciba con claridad que Carabineros e Investigaciones mantienen el orden p�blico y la seguridad de los chilenos. LL) Aqu� hay que decir algo muy importante: en conocimiento de que a�n hay chilenos en el �rea de conflicto, solicitamos que se dispongan medidas para su salvaguardia ya sea consistentes en el env�o de un nuevo avi�n, o del establecimiento de un puente a�reo desde Europa. M) Mantenerse alerta al estado del conflicto, que haga prever al pa�s si aqu�l se va a prolongar en el tiempo. Si as� fuere, contratar un seguro internacional ante las posibles alzas del petr�leo, toda vez que el Fondo establecido tiene un margen y, por lo tanto, resultar� in�til en su momento. Pido que esta proposici�n sea elevada �ntegramente a la consideraci�n de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica y de los Ministros del ramo, con el fin de materializar estas iniciativas u otras que se estimen procedentes. He dicho, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Se enviar� el oficio solicitado, en nombre de la se�ora Senadora. Corresponde hacer uso de la palabra al Comit� Radical-Social Dem�crata. Al no hacer uso de su tiempo, ofrezco la palabra al Comit� Dem�crata Cristiano. Ofrezco la palabra. En el tiempo de Renovaci�n Nacional, tiene la palabra el Honorable se�or Lagos. DEVOLUCI�N A JUBILADOS DEL PORCENTAJE DE REAJUSTE ADEUDADO. OFICIO El se�or LAGOS.- Se�or Presidente, diversas organizaciones de car�cter nacional y local de jubilados y montepiadas me han pedido solicitar al Supremo Gobierno que recoja su sentido clamor general por la devoluci�n, sin discriminaciones del 10,6 por ciento que se les adeuda desde 1985. Hace unos meses, el Ejecutivo, reconociendo la existencia de este problema, patrocin� y obtuvo la aprobaci�n del Parlamento de su iniciativa para dar el reajuste en comento al sector de jubilados que tienen las rentas m�s bajas. Pero, se�or Presidente, nuestra Carta Fundamental establece la igualdad de todos, tanto en dignidad como en derechos. El presente es un caso evidente de derecho, ya que, por circunstancias especiales y transitorias, el Ejecutivo anterior debi� postergar su cumplimiento. Es el momento de hacer justicia. Los jubilados y las montepiadas no pueden seguir esperando. Los sectores medios de la poblaci�n, siempre sufridos y postergados, son los afectados por el no pago del IPC aludido. Se�or Presidente, es mi af�n y el de los se�ores Senadores de Renovaci�n Nacional que se solucione de una vez el problema de los reajustes pendientes de los jubilados, que no queden porcentajes rezagados, raz�n por la cual solicitamos que en los estudios pertinentes que est�n practicando los equipos t�cnicos del Gobierno, y cuyas conclusiones se anuncian para marzo pr�ximo, junto al 10,6 por ciento se les restituyan igualmente los porcentajes rebajados de 40% y de 50% establecidos en las letras d) y e), respectivamente, del art�culo 4� de la ley N� 18.549, y los 6 y 7,5 puntos rebajados por las letras c) y d), respectivamente, del art�culo 29 de la ley N� 18.669. Se�or Presidente, solicito que en mi nombre se env�e oficio al Excelent�simo se�or Presidente de la Rep�blica pidi�ndole que en la iniciativa en estudio se incluyan los reajustes enunciados, tan sentidos y esperados. Al mismo tiempo, comprendiendo que se requiere una suma cuantiosa para atender el pago de una sola vez, formulo sugerencia para que su cancelaci�n sea en 2 � 3 cuotas, cuyas fechas de pago y monto fijar�a la ley. He dicho, se�or Presidente. BONIFICACI�N POR MANO DE OBRA A SINDICATOS PESQUEROS DE ARICA E IQUIQUE. OFICIO El se�or LAGOS.- Se�or Presidente, c�mpleme poner en conocimiento de los se�ores Senadores que he recibido oficio de la Federaci�n Nacional de Tripulantes de Naves Especiales en que me da a conocer la grave situaci�n que se presenta a los sindicatos interempresas de tripulantes de naves especiales de Arica, interempresas de tripulantes de naves especiales e integrantes de cuadrillas de maniobras de bah�a de Iquique y al Sindicato N� 3 de la empresa EPERVA, ya que, con motivo de un dictamen de la Contralor�a General de la Rep�blica, se les ha requerido por el Consejo de Defensa del Estado la devoluci�n de la bonificaci�n de mano de obra establecida en el art�culo 10 del decreto ley N� 889, de 1975, en favor de los empleadores de la Regi�n. Estima el organismo contralor que no corresponde a los sindicatos percibir esta bonificaci�n cuando deben pagar las remuneraciones e imposiciones de sus dirigentes mientras hacen uso de los permisos o licencias consignados en los art�culos 238 y 239 del C�digo del Trabajo, ya que no tendr�an, respecto de tales dirigentes, calidad de empleadores. En la sesi�n 9a, extraordinaria, que celebramos el d�a 25 de abril, me refer� a la necesidad de que el Ministerio de Hacienda proceda a regularizar esta situaci�n. Con fecha 30 de octubre �ltimo, la Federaci�n Nacional de Tripulantes se dirigi� al se�or Presidente de la Rep�blica exponi�ndole este problema y solicit�ndole que se les reconozca el derecho a recibir la bonificaci�n en comento, o, en �ltimo caso, que se les condonen las sumas percibidas, sus reajustes, intereses y multas. Por tratarse de organizaciones de base de trabajadores modestos, vengo en apoyar las justas demandas que formulan, y solicito que, en mi nombre, se env�e oficio al se�or Presidente de la Rep�blica para que, si lo tiene a bien, se sirva disponer lo mejor para los sindicatos aludidos. He dicho, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Se enviar�n los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador. Tiene la palabra el Honorable se�or Ortiz. INVASI�N DE LITUANIA POR LA UNI�N SOVI�TICA El se�or ORTIZ.- Se�or Presidente, Honorables colegas, en el d�a de ayer nos informamos a trav�s de los distintos medios de comunicaci�n -radio, diarios y televisi�n- de la invasi�n de la Rep�blica de Lituania por parte de la Uni�n Sovi�tica. Las tropas de este pa�s nuevamente ocuparon una naci�n, la que, naturalmente, no pudo resistir esta actitud imperialista. Hace algunos meses, el mundo contempl� consternado la invasi�n, por parte de una potencia, del Emirato de Kuwait. Sin embargo, hoy d�a, contemplamos con indiferencia, lamentablemente muy generalizada, este hecho doloroso para la humanidad. Quiero se�alar, se�or Presidente, que resulta injusto a todas luces que, por no tener petr�leo, como Kuwait, Lituania aparezca como olvidada por las Naciones Unidas. Un d�a 11 de marzo de 1990, al igual que en Chile, se iniciaban las sesiones en el Parlamento de Lituania. Y esa naci�n, que hab�a sido independiente entre 1919 y 1939, fue sojuzgada como consecuencia del pacto de dos dictaduras mundiales, la comunista y la nazi -Hitler y Stalin-. El Pacto Von Ribbentrop-Molotov hizo que este pa�s desapareciera. Y mientras uno se anexaba una parte de Europa, mientras los nazis se apoderaban de Polonia, Stalin se adue�aba de Lituania, Letonia y Estonia. En aquellos a�os, esos pa�ses fueron sojuzgados. Y ahora, cuando cre�amos que esta apertura de que habla Gorbachov iba a ser una realidad, nos damos cuenta de que nuevamente, haciendo uso del derecho de las bestias -porque la fuerza es el derecho de las bestias-, se est� pasando a sojuzgar a un pueblo. Lamento que no haya el qu�rum necesario en la Sala, pero sabiendo de la inquietud del se�or Presidente en el orden internacional, y habiendo sido Su Se�or�a Canciller durante 6 a�os, estoy cierto de que este hecho tambi�n lo conmueve. Por lo tanto, solicito que ma�ana, si es posible, este tema se agregue a la tabla a fin de que sea tratado en forma preferente y especial y de que esta Corporaci�n, el Senado de la Rep�blica de Chile, haga llegar a las Naciones Unidas y al Presidente de Lituania su adhesi�n irrestricta ante los graves hechos expuestos, y sus sentimientos de pesar por lo ocurrido en esa parte del globo. Muchas gracias, se�or Presidente. He dicho. El se�or VALD�S (Presidente).- Trataremos ma�ana con los Comit�s la forma de incluir en la respectiva sesi�n el asunto a que el se�or Senador ha hecho menci�n. Le advierto que la tabla de ella est� bastante colmada de materias por tratar. Pero coincido con Su Se�or�a en cuanto a que el tema y los momentos que se est�n viviendo son de tal gravedad, que bien merecer�an una atenci�n muy particular del Senado y una reflexi�n como la propuesta por el se�or Senador acerca de nuestra participaci�n y nuestra voluntad, desde el punto de vista pol�tico, ante este conflicto, adem�s de nuestra posici�n al respecto. Pero, reitero, ser�a materia de verlo ma�ana en la ma�ana con los Comit�s. El se�or ORTIZ.- Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Si ning�n otro se�or Senador de Renovaci�n Nacional desea intervenir, corresponde el tiempo al Comit� Independiente. El se�or SINCLAIR.- El Comit� Independiente no har� uso de la palabra. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Bien, se�or Senador. Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- No deseo que se levante la sesi�n sin expresar la simpat�a y solidaridad con que he escuchado tanto a la Honorable se�ora Soto como al Senador se�or Ortiz. Los temas que trataron son de gran significaci�n, y creo que va a ser �til que se puedan considerar ma�ana en reuni�n de Comit�s. Nada m�s, se�or Presidente. Muchas gracias. El se�or VALD�S (Presidente).- Si ning�n otro se�or Senador quiere usar de la palabra, se levanta la sesi�n. -Se levant� a las 20:19. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n