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El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, estimados colegas:
Creo que para iniciar la discusión de este proyecto es importante, como lo ha manifestado el señor Ministro del Trabajo, tener también en cuenta lo que ha pasado con iniciativas anteriores.
Quiero referirme en particular a una situación que debe llamarnos a meditar: despachamos un proyecto sobre el término del contrato de trabajo con la clara intención de que tendería a solucionar los abusos reiterados que han afectado a numerosos trabajadores. Sin embargo, las cláusulas del contrato no son respetadas, y muchos empleadores están utilizando incluso las normas de la iniciativa para poder despedir indiscriminadamente.
Por lo tanto, estimo que hay que analizar el tema más en profundidad. No se trata sólo de examinar una disposición más o una disposición menos.
Es importante que consideremos la filosofía que imprime el cambio en la legislación laboral que pretendemos concretar.
El trabajo humano y el hombre de trabajo
El 5 de mayo próximo se cumplirán 100 años desde que León XIII impactara al mundo con su oportuna y sabia Carta Encíclica "Rerum Novarum". Desde entonces, la humanidad ha sufrido dos guerras mundiales, se han liberado la casi totalidad de las colonias, surgió y se derrumbó el comunismo, y la ciencia avanza a pasos cada vez más veloces, haciendo insignificantes las distancias y descubriendo nuevos secretos, que pueden hacer más humana la convivencia entre los pueblos o llevarnos a la destrucción total.
Fue un mensaje oportuno el de León XIII, porque el desarrollo vertiginoso ocasionado por la máquina, junto con producir más y mejores bienes, que mejoraron las condiciones de vida de un sector de los países industrializados, trajo aparejada la brutal explotación de hombres, mujeres y niños, que eran tratados como verdaderos esclavos. Llegó a tanto, que tuvieron que dictarse leyes para impedir el acceso de menores de 8 años a las fábricas.
El afán de lucro desmedido y la implacable competencia, hacían que "las riquezas se acumulaban en unos pocos, empobreciendo a las multitudes, generando la corrupción de las costumbres". En este estado de cosas, "los obreros se han ido quedando solos e indefensos," -decía el Papa- "entregados por la condición de los tiempos, a la inhumanidad de sus patrones y a la desenfrenada codicia de sus competidores".
El mundo obrero comenzó a soportar una creciente influencia de quienes respondían a la explotación con la violencia revolucionaria. La desesperación y las miserables condiciones de vida a que el capitalismo sometía a la masa laboral hacía atractiva -y a veces quizás era percibida como la única posibilidad- la lucha de los explotados en contra de los explotadores.
La Iglesia comienza por asumir como un deber irrenunciable el de denunciar con claridad y valentía la situación existente y el de llamar la atención sobre la gravedad de la situación, demandando la cooperación de todos: de los gobernantes, de los patronos, de los ricos y hasta de los mismos proletarios de cuya suerte se trata, decía el Papa.
Insiste la Iglesia en que "se aúnen los pensamientos y las fuerzas de todas las clases para poner remedio, lo mejor que sea posible, a las necesidades de los obreros: y para conseguirlo, cree que se deben emplear aunque con la debida ponderación, las leyes mismas y la autoridad del Estado".
León XIII decía a los poderosos de la época: "en general deben acordarse los ricos y los patronos que oprimir en provecho propio a los indigentes y menesterosos, y explotar la pobreza ajena para mayores lucros, es contra todo derecho divino y humano".
A los gobernantes les decía: "Por tanto, el Estado debe dirigir preferentemente sus cuidados y providencias a los asalariados que forman parte de la clase pobre y necesitada, en general".
Al referirse el Papa León XIII al salario, decía: "aunque concedido que el obrero y su patrono libremente convengan en algo y particularmente en la cantidad del salario, queda, sin embargo, siempre una cosa, que dimana de la justicia natural y que es de más peso y anterior a la libre voluntad de los que hacen el contrato, y es ésta: que el salario no debe ser insuficiente para la sustentación de un obrero frugal y de buenas costumbres; y si acaeciese alguna vez que el obrero, obligado por la necesidad o movido por el miedo de un mal mayor, aceptase una condición más dura, que, aunque no quisiera, tuviere que aceptar por imponérsela absolutamente el patrón o el contratista, sería eso hacerle violencia y, contra esta violencia, reclama la justicia".
En estos cien años que han pasado desde la dictación de dicha encíclica, la Iglesia continuó preocupada de la situación social de los hombres de trabajo. Así, conocimos la encíclica "Quadragesimo anno", de Pío XI, al cumplirse cuarenta años de la Carta de León XIII; Juan XXIII , el Papa Bueno, nos iluminó con las encíclicas "Mater et Magistra" y "Pacem in terris"; Paulo VI nos entregó "Populorum progressio" e "Igualdad y participación".
Juan Pablo II , el Papa Obrero, aparte escribir sobre los más variados temas, puso especial preocupación en su encíclica al mundo del trabajo, denominada " Laborem Exercens ". El Santo Padre no sólo conoció la dureza del trabajo en las canteras, sino que vivió y sufrió la ocupación nazi durante la Segunda Guerra mundial y la dictadura comunista desde la segunda mitad de la década de los años cuarenta. En su Carta pone como elemento básico de la relación laboral el respeto y reconocimiento al hombre de trabajo; destaca la necesaria solidaridad para con los trabajadores y entre ellos mismos; resalta el papel de la familia en la sociedad; aborda el conflicto entre el capital y el trabajo, dando clara preeminencia a éste sobre aquél y rechazando la lucha de clases como método para dirimirlo.
Juan Pablo II pone énfasis también en los derechos del hombre de trabajo. Y dice: "Estos derechos deben ser examinados en el amplio contexto del conjunto de los derechos del hombre que le son connaturales, muchos de los cuales son proclamados por distintos organismos internacionales y garantizados cada vez más por los Estados para sus propios ciudadanos.".
Más adelante señala: "la realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos, los cuales a escala más amplia o más restringida, se dejen guiar sobre todo por el criterio del máximo beneficio.".
Pero, al igual que León XIII, el Papa actual aborda con claridad el tema quizás más polémico de su encíclica: el salario y las prestaciones sociales. Y dice: "El problema clave de la ética social es el de la justa remuneración por el trabajo realizado.". Para ello, da la siguiente definición de "justa remuneración": "Una justa remuneración por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro.".
Juan Pablo II destaca también la importancia de los sindicatos, en los siguientes términos: "el derecho a asociarse; esto es, a formar asociaciones o uniones que tengan como finalidad la defensa de los intereses vitales de los hombres empleados en las diversas profesiones.". Y agrega: "Los justos esfuerzos por asegurar los derechos de los trabajadores, unidos por la misma profesión, deben tener siempre en cuenta las limitaciones que impone la situación económica general del país.".
Al referirse a la huelga, señala: "Actuando en favor de sus miembros, los sindicatos se sirven también del método de la huelga, es decir, del bloqueo del trabajo, como una especie de ultimátum dirigido a los órganos competentes y sobre todo, a los empresarios. Este es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites.".
A la luz de los documentos citados y de las intervenciones papales, en distintas oportunidades, sobre los derechos de los trabajadores, parece conveniente recordar a los "constructores de la sociedad" los riesgos de olvidarse de las enseñanzas de la Iglesia; de caer en la tentación de anteponer a los valores de la persona humana el dogma del libre mercado o la esclavitud de las nuevas tecnologías como valores absolutos; y, con soberbia, pretender construir un mundo sin Dios.
Debemos utilizar el mercado como un eficiente asignador de recursos, teniendo en claro que no es el único y que el Estado puede y debe cumplir un papel, como garante del bien común, especialmente protegiendo a los más débiles de la sociedad.
No es menos importante la adecuada utilización de los adelantos de la ciencia, que pueden mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los pueblos. Pero, utilizados al margen de los intereses de los sectores sociales más postergados o solamente desde el punto de vista de los resultados económicos, sin analizar ni evaluar debidamente el impacto social que produzcan, pueden volverse en contra del progreso y terminar esclavizando al hombre de trabajo. No es el hombre quien debe estar al servicio de la economía, sino ésta al servicio del hombre. Y los adelantos de la ciencia deben ser elementos que ayuden a la liberación del ser humano y no a su esclavitud.
Éstas son, a mi juicio, algunas reflexiones necesarias para iniciarnos en el debate de una ley laboral acorde con la sociedad que deseamos construir. Si ponemos al mercado como el único elemento ordenador de la economía y al trabajo humano como una mercancía más que se transa en él, se estará promoviendo la lucha de clases y la confrontación que destruye y limita las posibilidades de desarrollo.
Más bien, proponemos intensificar el esfuerzo ya iniciado por el Gobierno de la Concertación en el sentido de promover el diálogo entre trabajadores y empresarios y desarrollar una creciente acción de acuerdos políticos, asumiendo que la fuerza de las leyes provendrá fundamentalmente de su aceptación en la comunidad nacional.
Necesitamos que las leyes sean justas, a fin de que tengan legitimidad ante la sociedad y, básicamente, protejan al sector más débil, que son los trabajadores. Porque, como decía Lacordaire, "entre el débil y el fuerte, es la libertad la que oprime y la ley la que protege".
Contenido de la reforma laboral
El señor Ministro del Trabajo ha hecho un excelente resumen del contenido y sentido de la reforma laboral, por lo que sólo insistiré en algunos puntos.
En esta iniciativa se eliminan algunas prohibiciones que dificultan la organización sindical, en busca de mayor libertad; se amplían las atribuciones de las organizaciones sindicales, dando mayor libertad a través de los estatutos de la propia organización; se mejora la situación de los fueros laborales, entregando una mayor y mejor protección a los dirigentes y mujeres embarazadas; se hace más expedita la recaudación de la cuota sindical, en función de dotar al sindicalismo de los recursos que le garanticen su independencia y autonomía; se posibilita la negociación colectiva más allá del ámbito de la empresa; se elimina la prohibición de las federaciones, confederaciones y sindicatos interempresas para negociar colectivamente; se permite la ampliación de este derecho a los trabajadores ingresados después de desarrollado el proceso de negociación colectiva; se autoriza para extender los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores que no formaron parte del proceso, siempre que efectúen el aporte respectivo a la organización que negoció; se amplían las materias susceptibles de negociación colectiva, y se reducen las limitaciones al ejercicio de la huelga.
En resumen, se amplían la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, eliminándose trabas y restricciones innecesarias.
El proyecto presentado por el Ejecutivo recoge sólo en parte las aspiraciones de los trabajadores; demuestra gran moderación, e intenta una aproximación a un punto equidistante entre la posición de los sectores empresariales que no desean modificaciones y las organizaciones sindicales que, en justicia, buscan cambios más profundos.
Tal como el señor Ministro del Trabajo lo ha dicho en el Senado en numerosas oportunidades, el Gobierno planteó las enmiendas que estimaba convenientes y oportunas para regular las relaciones laborales durante la transición. Es cierto que abrigaba la esperanza de concretar el máximo de sus proyectos, porque ello habría permitido, probablemente, una mayor estabilidad de las nuevas leyes laborales. Lamentablemente, la actitud de la Derecha ha disminuido en buena medida la posibilidad de entregar a los trabajadores más garantías de justicia, reduciendo la reforma laboral a un avance modesto respecto de la legislación vigente.
No habrá paz verdadera mientras no se eliminen las causas de la injusticia que afecta especialmente a los trabajadores activos, a los pasivos y a los cesantes.
Tramitación del proyecto
En una hábil maniobra destinada a impedir que se llegara a la Sala con un informe desfavorable, la Derecha logró que los proyectos laborales ingresaran a las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Trabajo y Previsión Social.
Defendí sin éxito la separación de dichas Comisiones. Entonces, se inició primero el estudio del proyecto sobre terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo, calificado por el Gobierno de "Simple Urgencia".
Terminada la tramitación de esa iniciativa, cada vez que quise citar a reunión, el Presidente de la Comisión de Constitución me decía que ésta ya había sido citada para tratar numerosas materias pendientes que, en vez de disminuir, aumentaban por los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo y las exigencias propias del Senado.
En esas circunstancias, solicité al Presidente de la Corporación y a los Comités de la Concertación revisar el acuerdo adoptado al respecto. Al no obtener resultados positivos, se convino con el Gobierno el retiro de los proyectos sobre organización sindical y negociación colectiva -que estaban separados-, los cuales se refundieron en uno solo que fue ingresado en octubre con "Simple Urgencia".
Nuevamente debimos soportar las dificultades del trabajo unido de las Comisiones, postergando una y otra vez las reuniones, con el atraso y malestar que provocaba esta situación.
Finalmente, cuando todos reconocían la inconveniencia del procedimiento, ante la negativa de modificar una actitud a mi juicio intransigente, propuse que la Comisión de Trabajo y Previsión Social funcionara como Subcomisión de las Comisiones unidas, absteniéndome de votar, para mantener la correlación de las fuerzas políticas en éstas. Aun así, tuvimos serias dificultades, ya que la Cámara Alta no recupera todavía una práctica antigua y de alta eficiencia: la especialización de los Senadores en determinadas materias.
Pareciera que el protagonismo excesivo de algunos los lleva a participar en todas las actividades importantes de la Corporación, desperfilando a los miembros titulares de las Comisiones, quienes muchas veces sólo juegan papeles decorativos en sus sesiones.
Sin embargo, hay algo más grave, y quisiera manifestarlo en esta oportunidad: la pretensión de la Derecha de convertirse en protagonista del proceso de transición, asumiendo en el Senado una mayoría política que no tiene, al menos formalmente.
Los argumentos que se esgrimen para solicitar más tiempo en la tramitación de algunos proyectos de gran complejidad y envergadura son absolutamente válidos. Habría resultado impensable conocer y despachar en solamente un mes, en primer trámite, una iniciativa como la que hoy nos ocupa. Pero si la Comisión especializada lo hubiere recibido y tramitado en forma eficiente y con dedicación, podría haberlo despachado en un mes; y la Comisión de Constitución habría demorado otros treinta días -considerando su carga de trabajo- en tratar las materias del texto que le competen.
En definitiva, en dos meses se podría haber estudiado y despachado la iniciativa en forma seria y con responsabilidad ante el país. Lo anterior, sin perjuicio de las negociaciones y los acuerdos políticos necesarios para lograr el mayor respaldo a las materias en estudio.
Al respecto, considero útil recuperar el papel del Senado como punto de encuentro y debate, donde con madurez se busquen las soluciones políticas a los conflictos que siempre existirán en nuestra sociedad.
Lo que sí reviste importancia es asumir cabalmente la voluntad popular libremente expresada en las urnas y manifestada a través de los más variados mecanismos que tiene el pueblo para llamar la atención sobre sus problemas y necesidades.
Me parece que aquí se ha producido una lamentable confusión. La Derecha piensa que tiene mayoría en el Senado y que, por lo tanto, el Gobierno de la Concertación debe obligatoriamente pactar con ella o no tendrá ley.
La Derecha no ganó la última elección. Y los Senadores designados deben suponerse independientes, por lo que, en teoría, podrían votar al margen de la voluntad de aquélla. Si es así, ¿a título de qué debemos negociar bajo las presiones a que nos somete la Derecha?
Es posible que estas expresiones causen sonrisas en algunos Honorables colegas. Pero lo que estoy señalando llevaría a otro análisis, quizás más profundo: si los Senadores designados no integran formalmente el bloque de la Derecha, a lo menos sus puntos de vista y sus principios se identifican con ella; pero en la práctica, constitucionalmente, son independientes.
A mi juicio, se ha cometido un error al descalificarlos personalmente. Sin embargo, lo claro es que tenemos una institucionalidad no plenamente democrática. El pueblo no ejerce efectivamente su soberanía, y esta situación favorece a los intereses que representa y defiende la Derecha.
Para el establecimiento de la paz en el país, no creo prudente mantener y prolongar indefinidamente ese estado de cosas. Los trabajadores y el pueblo merecen una oportunidad después del largo sufrimiento impuesto.
Por otra parte, tampoco se puede jugar con la responsabilidad y madurez demostrada durante estos meses por el movimiento sindical.
Desde esta Alta Tribuna, reclamo a los representantes de la Derecha que acepten su papel de minoría, porque perdieron la elección. Y si mañana llegan al Poder -cosa que no creo- por la vía democrática, respetaremos su mandato, como lo hemos hecho siempre.
He dicho.
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