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El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , deseo referirme de la manera más rápida y breve posible a algunos aspectos que han estado presentes en la discusión de hoy.
Parto de la base de que, efectivamente, no hay -creo- una demanda democrática tan importante, expresada en el debate político y en la última campaña presidencial, como la de modificar de manera sustantiva la legislación del Régimen militar respecto de las cuestiones laborales. Y ello, como una doble exigencia: por una parte, la democratización de la sociedad chilena, restableciendo los derechos del trabajo; por la otra, la modernización de la sociedad y de la economía del país. Esto, porque nosotros, por lo menos, discrepamos profundamente de que durante el período anterior se haya aplicado un modelo de economía social de mercado; antes bien, creemos que se puso en práctica una economía de mercado en la que estuvieron ausentes algunos componentes contemporáneos sustantivos de lo que se ha denominado -sobre todo en Europa- "economía social de mercado". Señalo solamente dos de tales componentes: democracia política (todos los sistemas exitosos de ese tipo han coexistido con la democracia como sistema político), y un poderoso movimiento sindical.
Si uno analiza la historia contemporánea europea -de Inglaterra, de Alemania o de Italia, por ejemplo-, se va a encontrar con que allí se desarrollaron precisamente niveles de igualdad mayores que en otras latitudes; una economía donde el mercado desempeñó un papel importante, pero con un poderoso movimiento sindical en un régimen político democrático. Creo que nadie, objetivamente, podría discutir que esas condiciones, durante el último período, no se dieron en Chile.
En segundo lugar, quiero decir que, representando a la mayoría de los Senadores de estas bancadas, concurrimos a los acuerdos que permitieron que ahora estemos discutiendo este proyecto. Lo hicimos porque la alternativa -dada la correlación de fuerzas políticas en esta Corporación- era mantener la legislación laboral heredada del Régimen anterior, que nos parecía muy dañina para los intereses de los trabajadores. Sin entrar en una polémica mayor, reiteramos esto, porque de nuevo se ha puesto en debate el hecho de que en el Senado hay una sobrerrepresentación de los sectores que expresan la cultura, la ideología, los principios, la política de lo que, genéricamente, podemos llamar la Derecha de este país. En tal sentido, hay aquí una representación imperfecta de la soberanía popular, y eso tiene que ver tanto con la institución cuanto con el comportamiento político de los señores Senadores designados.
Nosotros respetamos la institucionalidad; hemos jurado hacerlo. Pero, al mismo tiempo, mantenemos los compromisos que asumimos en la campaña electoral y en el programa de la Concertación, que incluye como una de nuestras banderas políticas el llegar a una composición del Congreso Nacional en que la soberanía popular se exprese de manera plena. Y quiero reiterar que eso no significa emitir juicios peyorativos sobre los señores Senadores designados ni sobre su comportamiento individual. Porque aquí también hay un problema con las designaciones.
Pienso efectivamente que, en el tiempo transcurrido, hemos aprendido a trabajar, a convivir y a conocernos. Y no tengo dudas, ni por un minuto, de la integridad de sus convicciones. Pero lo que ocurre es que normalmente -y es natural- esas convicciones de los señores Senadores designados coinciden con las de la Derecha chilena. No digo que sean manipulados por nadie, sino que, de manera libre y espontánea, en general, sus concepciones del mundo, de la política y de la economía tienden a coincidir con las de esa tendencia política, que en este país fue electoralmente una minoría en 1989.
Por cierto, esos Senadores tienen derecho a mantener sus propias convicciones, y nadie va a impedir que las manifiesten aquí. Pero esto crea, desde el punto de vista político, un problema objetivo: en esta Cámara están sobrerrepresentadas, respecto de lo que expresan en el país, determinadas concepciones sobre la sociedad, sobre el tránsito democrático, sobre las relaciones laborales, sobre la economía, sobre la cultura, etcétera. Normalmente -y no por la manipulación de nadie- las convicciones de dichos Senadores tienden a coincidir con las de Derecha, porque, además, compartieron proyectos y experiencias políticas comunes durante los últimos 17 años.
Esto obliga, desde el punto de vista de quienes somos mayoría en el país pero minoría en el Senado, a un proceso que yo llamaría de sobrenegociación. Porque estoy de acuerdo en que la negociación es parte de la democracia y parte de la transición; pero aquí sobrenegociamos respecto de cuáles son efectivamente las inspiraciones mayoritarias de la sociedad. Y me parece que eso, si no obstaculiza el tránsito a la democracia, de alguna manera enturbia la transparencia de la representación popular.
En ese sentido, quiero decir con mucha claridad que a nuestro juicio la negociación que hicimos no mejora, sino que empeora el proyecto del Ejecutivo. Porque, en materia laboral, nuestro compromiso con el país y con los trabajadores es el que asumimos al firmar el programa de Gobierno. No me extenderé en el largo detalle, pero es evidente que el programa de Gobierno de la Concertación va, desde nuestro punto de vista, más allá en la legítima defensa de los intereses de los trabajadores (en nuestra concepción sobre lo que es un sindicalismo fuerte y moderno, adecuado a las cambiantes condiciones del siglo XX) y de lo que fueron tanto el proyecto del Ejecutivo -en el que ya había existido un intento de concertar con el sector empresarial-, cuanto el propio programa de la Concertación.
Desde ese punto de vista, nosotros concurrimos con nuestros votos a una legislación que tiene, en nuestro enfoque -insisto-, las características de que efectivamente mejora lo que teníamos, pero que está muy distante de lo que entendemos que necesita la democracia plena en este país, y de un proceso efectivo de modernización de nuestra sociedad y de nuestra economía.
No quisiera alargarme sobre el tema particular de las insuficiencias. Sólo quiero destacar un aspecto que me parece quizás la mayor insuficiencia, y que tiene que ver con la discriminación que se produce respecto de una categoría de trabajadores -que en el país es cada vez más importante desde el punto de vista social y productivo-; me refiero en particular a los trabajadores de temporada y, dentro de ellos, a los de la agricultura. Este es un fenómeno nuevo en el país, que afecta a distintas regiones, a sectores muy importantes de la economía chilena y, muy en especial, a las regiones y provincias que represento en esta Corporación.
Se ha producido en la estructura laboral chilena una modificación sustantiva en lo que se refiere al campo, en los últimos 15 a 17 años. Hoy, más de las dos terceras partes de la fuerza laboral del campo está constituida por trabajadores de temporada.
No hay cifras absolutamente confiables, en el sentido de que provengan de estadísticas o de un censo laboral del sector agrícola. Pero estimaciones que nos parecen serias, como las de la Academia de Humanismo Cristiano, indican que en 1987, por lo menos, existían en el campo unos 400 mil trabajadores de temporada, de los cuales, según este estudio, 200 mil se ubicaban en el sector frutícola; cerca de 400 mil, en el forestal, y alrededor de 160 mil en otros sectores agrícolas tradicionales (remolacha, hortalizas, etcétera).
Hay otros estudios, como, por ejemplo, la encuesta realizada por la Academia de Humanismo Cristiano, en que una proyección dentro de los trabajadores del sector frutícola -tan importante en el proceso exportador chileno- señala que habría allí, en 1989, unos 251 mil trabajadores, de los cuales sólo 16 por ciento tenía carácter de permanente. O sea, el trabajo temporal es la forma normal de laborar en la agricultura de nuestro país, tanto en el estrato más dinámico, que es el agroexportador, cuanto en el más tradicional, orientado al consumo interno.
Desde ese punto de vista, respecto de una categoría tan importante de trabajadores chilenos, no hay duda de que el proyecto que hoy vamos a votar en general favorablemente establece un conjunto de discriminaciones que, por lo menos -lo señalo acá-, tienen que ver con dos cuestiones: primero, con el derecho a la sindicalización. Se ha avanzado en el sentido de que el proyecto otorga al trabajador de temporada la posibilidad de constituir sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios. Pero, al mismo tiempo, se niega a esos sindicatos la capacidad de negociar colectivamente; y se les permite, por otra parte, afiliarse a sindicatos de empresas o de interempresas, pero sólo una vez que éstos estén constituidos. Por tanto, en el sindicato interempresas, ese trabajador es una suerte de socio de segunda categoría en la medida en que no puede participar en la constitución del sindicato ni, por consiguiente, ser elegido en la primera directiva, ni puede negociar directamente sus intereses laborales.
Creo que la negación del derecho a la negociación colectiva de una categoría de trabajadores que, como digo, constituye más de las dos terceras partes de la mano de obra de un sector tan importante en la economía chilena como es la agricultura, es una insuficiencia no menor de esta legislación que estamos aprobando. Porque, efectivamente, establece criterios de discriminación; e incluso uno pudiera alegar que llegan a tener hasta el carácter de normas inconstitucionales.
El argumento que se da y que se ha dado siempre en Chile, se empleó también en las legislaciones sindicales que se aprobaron en los años 30 y en los 20, en las que se excluyó del proceso de modernización de las organizaciones laborales a todos los trabajadores del campo y en las cuales una de las alternativas que tiene la negociación colectiva, que es la huelga, era un instrumento del cual había que privar a los trabajadores agrícolas. Y ése me parece un argumento absolutamente discriminatorio y discutible. No niego que el trabajo agrícola tiene características particulares. Pero, si eso es así, lo que habría que hacer sería legislar sobre las características particulares de la huelga agrícola, y no suprimir el recurso, como, por otra parte, lo hace este mismo proyecto. Porque, de acuerdo con su texto, el sindicato de empresas agrícolas puede hacer huelga. Lo que ocurre es que los trabajadores afiliados al sindicato agrícola son menos de las dos terceras partes de la mano de obra agrícola. Hay un dato estructural al respecto. Por consiguiente, esta es una materia sobre la cual señalamos nuestra preocupación, porque se consagra una discriminación que no es ni justa ni moderna, y porque se van a generar situaciones no contempladas por la ley, querámoslo o no.
Se establece la capacidad del convenio colectivo -eso es cierto-, pero se niega la capacidad de la negociación colectiva a un sector de trabajadores que está contribuyendo hoy con una parte importante del producto nacional. Tenemos una agricultura distinta a la de décadas anteriores; poseemos un campo y un sector forestal que están exportando cerca de 1.000 millones de dólares al año, un sector dinámico que merece que en él se establezcan relaciones de trabajo efectivamente modernas.
Espero que podamos corregir este aspecto en las futuras legislaciones laborales que se discutan en el Parlamento, tanto en los asuntos que dicen relación con las condiciones de trabajo -entiendo que sobre eso habrá iniciativas en el próximo futuro-, como también respecto de la posibilidad de explorar fórmulas que permitan establecer mecanismos de negociación real entre los trabajadores de temporada y los empleadores. Podría tratarse de sistemas tripartitos, como existieron en la antigua legislación chilena; en fin, habrá que buscar caminos. Pero creo -y con esto termino, señor Presidente - que estamos cometiendo un error que podría adquirir el carácter de histórico, al dejar privada de derechos esenciales en el mundo del trabajo a una categoría tan importante de trabajadores de la sociedad chilena.
Muchas gracias.
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