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El señor HORMAZÁBAL.-
Gracias, señor Presidente.
Después de las intervenciones en el transcurso de la mañana y luego de reanudarse la sesión, quizás sería útil el intento de precisar sólo algunos de los elementos que han estado presentes en el debate, y recordar para ello algo que hemos reiterado en diversas ocasiones en esta Alta Corporación, con motivo del análisis de las reformas laborales que el Gobierno ha enviado al Parlamento.
El primero de ellos dice relación a la existencia de una sensación muy mayoritaria en el país en cuanto a que la legislación sobre la materia impuesta durante el Régimen anterior carecía de la legitimidad necesaria para resistir el análisis objetivo que la democracia efectúa a través de sus distintos actores.
Es un hecho que las opiniones negativas acerca de tales normas excedieron con creces las fronteras partidarias. Como lo he recordado en el Senado en otras ocasiones, cuando ejercía como dirigente sindical me encontré en coincidencia con personeros del mundo laboral que, a pesar de tener un juicio favorable al Gobierno pasado, expresaban una dura crítica al respecto.
Este es el primer hecho de la causa: estamos modificando la legislación del trabajo, porque objetivamente, en democracia, carece del sustento básico que una norma jurídica necesita en este tipo de sociedades. Incluso, en el último encuentro de la empresa escuchamos opiniones de altos dirigentes de este sector en el sentido de que, si bien es cierto que en su momento ella cumplió un papel, a su juicio, no lo es menos que los tiempos nuevos hacían aconsejable, más que el inmovilismo, una modificación. Estas son señales positivas que la sociedad chilena ha captado y que el Congreso ha hecho posible con los cambios a que hacemos referencia.
Pero no sólo es un problema de legitimidad. También aquí se ha aludido a la necesaria eficacia que debería tener esta legislación. Ponderemos algunos antecedentes.
Al dictarse la ley de organizaciones sindicales durante el Gobierno anterior, el entonces Ministro que la patrocinó dijo, en un discurso radiodifundido al país -y que muchos vimos por televisión-, que era inconcebible que la legislación que él proponía reemplazar (la de la vieja y caduca democracia) hubiera permitido que sólo uno de cada cuatro trabajadores estuviese organizado. Y ocurre que al terminar el período en el cual esa legislación rigió, en lugar de 1,1 de cada 4 trabajadores, sólo uno de cada 11 estaba organizado sindicalmente.
Se hizo expresa mención de que la Constitución aseguraba a todos los trabajadores el derecho a negociar colectivamente. Y de nuevo, la realidad estadística: menos del 10 por ciento de los trabajadores chilenos pudieron hacer uso de ese derecho constitucional establecido en el Régimen pasado. De modo que la legitimidad de la norma laboral dictada en esa época está en cuestión.
Obviamente, en cuanto a su eficacia para responder a los objetivos que se trazaron, las estadísticas que he enunciado también muestran su incapacidad para responder a los desafíos de la sociedad chilena.
Tocante a la estabilidad o crecimiento de la economía, por ejemplo, ¿puede decirse que la cesantía disminuyó con esas disposiciones? Todos los datos conocidos dicen que a partir de la legislación impuesta al país en 1978 los índices respectivos subieron. ¡Hubo más cesantes que en las condiciones anteriores del país! Y ésas son, de nuevo, cifras oficiales.
¡Llegamos a tener casi el 30 por ciento de cesantía, producto de esa legislación, tan bien inspirada, que favorecía el "crecimiento" en la sociedad chilena! Claro: ¡el crecimiento de un grupo de poderosos y el empobrecimiento de los sectores más humildes!, como lo acreditan los antecedentes entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, respecto a la evolución de los ingresos durante el período anterior.
¡Ah! ¡Pero era una legislación acorde con la economía moderna! Y ocurre que las tasas de inversión fueron las más bajas conocidas históricamente en Chile. Sin embargo, la legislación laboral era armónica y moderna, en concepto de sus exégetas. A pesar de ello, la porfiada realidad es distinta de lo que la propaganda sostenía incesantemente.
Constituye un hecho de la causa, por lo tanto, que la supuesta legislación laboral legítima no era tal, como tampoco su eficiencia, según se demostró, ni su aporte al crecimiento económico y a la justa distribución de la riqueza.
En consecuencia, ¿cuál era el desafío del tiempo nuevo, del tiempo de oportunidades que la democracia ofrece a todos? ¡Modificarla! ¡Cambiarla!
En esa forma abordaron el tema los distintos programas presidenciales. El de don Patricio Aylwin, como candidato de la Concertación, planteó las líneas directrices y gruesas hacia donde apuntaban los cambios que, a mi juicio, en su esencia, han sido propuestos en diversas iniciativas. No hay contradicción entre las líneas gruesas anunciadas y las concreciones planteadas en los proyectos del Ejecutivo.
Sin embargo, ¿con qué nos hemos encontrado? Con un hecho afortunadamente distinto al que rigió las condiciones históricas del país cuando se dictaron los Códigos del Trabajo.
Como lo he señalado otras veces en el Senado, la legislación laboral chilena, vanguardia en América Latina, generada por todas las fuerzas políticas, tanto de Derecha como de Centro y de Izquierda -porque esto pasó a ser un patrimonio de nuestra cultura-, puso al país en un lugar destacado, en términos de su evolución en esa materia.
Pero -¡oh, paradoja!- en un país que precisamente es ejemplo de estabilidad en América Latina, mirándolo en la perspectiva global de las centurias, se produce el hecho de que se dicta la legislación laboral, con carácter de Código o con mayor profundidad, en circunstancias de que no vive en democracia. Insisto en que en 1931 y en 1978 Chile no vivía en democracia, pero se gestaron y generaron las grandes reformas laborales que rigieron durante un determinado período.
¿Por qué hago notar esa distinción, señor Presidente ? Porque yo, al menos, soy decidido partidario de la política de entendimiento.
Deseo agregar que ello se encuentra establecido, asimismo, en el programa de la Concertación, habiendo declarado el Presidente de la República , cuando era candidato -así lo expresó en televisión, al ser requerido sobre el tema-, que la primera medida de su Gobierno en materia de reformas laborales iba a ser la de convocar al sector empresarial y a los trabajadores para que buscaran el entendimiento necesario a fin de que la legislación que se dictara durante esta Administración transitoria (democrática, pero transitoria) tuviera los elementos de legitimidad, estabilidad y apoyo indispensables.
Algunos logros se han alcanzado en ese ámbito. Pero otras tareas han correspondido al Parlamento, porque para algo estamos. Y ello comprende la búsqueda de entendimientos. De modo que no debemos confundir: estamos por una política de entendimiento que permita sacar a la sociedad chilena de las traumáticas experiencias de las imposiciones, la fuerza y el abuso.
Deseamos una legislación que establezca adecuadamente la normativa que debe tener el país para que su desarrollo económico vaya aparejado con la equidad y la justicia, como un desafío impostergable. Y para eso, ¡estamos disponibles!
Por cierto, no podemos afirmar que los proyectos despachados por el Senado son mejores que los propuestos por el Gobierno. Y no lo tomen los Honorables colegas de la Oposición como un ataque personal. Sostengo que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo en materia de terminación de contrato de trabajo, de centrales sindicales y de organizaciones sindicales y negociación colectiva, son mejores, en términos técnicos, en términos de la aplicación de los principios internacionales y de la experiencia recogida, que como salen del Senado o de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, ¿saben Sus Señorías lo que sí creo? Que son indudablemente superiores a la legislación laboral que están reemplazando.
Si hubiera que reducirlo a una sola expresión, tendríamos que decir que los acuerdos a que hemos llegado no son todo lo bueno que quisiésemos, pero, objetivamente, justifican en forma plena las inquietudes de los chilenos respecto a cambios indispensables.
Afirmamos, con fundamento, que los proyectos primitivos del Gobierno buscaron también ciertos elementos de equilibrio. Pero el esfuerzo realizado no ha sido aún bien entendido por sectores empresariales y políticos: todavía quedan empresarios que prefieren dejarse llevar por el temor o la desconfianza, y sectores políticos que justifican su quehacer enunciando temores y hablando de dificultades, sin afrontar positivamente el presente y el porvenir.
Resulta más fácil representar aquí el miedo que produce tal o cual cambio, en tales o cuales sectores, que la relevancia que implica efectuarlo.
Y algunos incluso creen que ello es más vendedor. Hemos tenido la oportunidad de ver en televisión a supuestos especialistas declarando que una legislación laboral como la propuesta significa poner un arma cargada en manos de los trabajadores. No comprenden que precisamente la búsqueda de caminos de entendimiento es lo que permite reducir los conflictos inevitables en toda sociedad democrática.
Estimo que...
El señor GUZMÁN.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor HORMAZÁBAL.-
Me gustaría concedérsela, con todo agrado, al final de mi intervención, Honorable colega.
En todo caso, para los efectos de las alusiones, no me refería a Su Señoría al analizar este tema.
El señor GUZMÁN.-
Muy bien.
El señor HORMAZÁBAL.-
Lo hago presente para que el Honorable señor Guzmán se quede tranquilo durante el resto de la sesión. ¡Ahora, a fin de que se prepare para cuando llegue el momento, sí cabe señalar que Su Señoría es el apologista del terror a los cambios, lo cual constituye algo distinto...!
Estimo que se trata, entonces, de un problema de otra envergadura. Hemos recogido razonablemente los aportes de otros partidos y de los Senadores institucionales, y hemos conocido la contribución interesante de los gremios empresariales, además de contar con la ilustrada y madura representación de la Central Unitaria de Trabajadores y de otras organizaciones sindicales.
Se está elaborando una legislación que considera la opinión de las partes, que respeta los criterios divergentes. Me he sentido enriquecido por un debate de extraordinario interés, dado que, contrariamente a lo que piensa con frecuencia la opinión pública, la tarea más relevante del Senado se realiza en las Comisiones y no en la Sala. En ellas es donde, despojados muchas veces de prejuicios, el desafío consiste sólo en argumentar en torno de lo que estimamos justo.
No tengo inconvenientes en reconocer el excelente aporte de Senadores de diversos partidos a la tarea colectiva de la formación de la ley. Y eso deben saberlo los chilenos, pues significa, además, volver a confiar en quienes legislamos.
Existen, por cierto, problemas delicados. Sin embargo, insisto en que no se resuelven con un artículo más o uno menos, sino con el acuerdo.
¡Qué interesantes para el país son, por ejemplo, documentos como el enviado por la Confederación Gremial Nacional Unida de la Pequeña y Mediana Industria, Servicios y Artesanado (CONUPIA), que se ha opuesto a algunos elementos del proyecto, pero asumiendo con criterio positivo los desafíos del futuro! Y esto, por cierto, tenemos que destacarlo.
Señor Presidente , aquí se presenta un punto que me interesa explicitar, porque se está haciendo reiterativo: no estamos hablando de un Gobierno que tenga que testimoniar todos los días aquello en que cree y que realiza.
El Presidente de la República firmó los proyectos que modifican la legislación laboral y los señores Ministros del Trabajo y de Hacienda cumplen su tarea orientados y dirigidos por el Jefe del Estado , de modo que esas iniciativas se hallan en perfecta armonía con la política general del Gobierno para la etapa de transición. No existe contradicción alguna con la denominada en la práctica "economía social de mercado".
Resulta paradójico -y creo haber entendido mal- que algunos señores Senadores hayan declarado que durante el Régimen anterior vivimos una economía de esa índole. Pienso que una reflexión serena les permitiría darse cuenta de lo erróneo de esa afirmación. Porque esta Alta Corporación se encuentra destinada a los grandes debates, no a reiterar algo semejante, en circunstancias de que la Administración pasada aplicó la más dura, bizantina e ineficiente política de mercado, mientras convenía a algunos sectores de grandes empresarios. En caso contrario, éstos recurrían a un Gobierno en que sí tenían influencias para introducir cambios.
Cabe recordar las tasas sugeridas del Banco Central para el otorgamiento de créditos, y adicionalmente, las millonarias donaciones del Estado a los grandes grupos empresariales al hacerse cargo de la deuda externa que enfrentaban, por cifras superiores a los 4 mil millones de dólares; es decir, la cuarta parte de nuestra deuda externa total.
¿De qué economía social de mercado me hablan? ¿De la de Alemania o de Japón, como oí un tanto sorprendido? Por el hecho de que mi ignorancia sobre muchas materias puede explicar mi actitud, todavía estoy esperando que me aclaren cómo pudo haber en Chile una economía social de mercado similar a la de Alemania, donde se negocia por área, donde existe una ley de cogestión, donde hay libertades de partido y de prensa. ¡Y a ello se suma el hecho de que a ninguna organización sindical se presenta una persona que dice ser funcionario del Departamento de Negociaciones Colectivas del Servicio de Investigaciones -como ocurrió cuando entregué el primer pliego de peticiones en una empresa-, afirmando que estaban advertidos de los planes subversivos de la Oposición, que a través de la negociación colectiva podía hacer reventar la economía nacional!
¿Fue economía social de mercado la aplicada por el Gobierno anterior? Existe todo el derecho a pensar como se quiera; pero me parece que tratar de hacernos comulgar con una rueda de carreta acerca de un tema de esta naturaleza constituye un error incompatible con la envergadura intelectual de los señores Senadores que han hecho uso de la palabra al respecto.
Señor Presidente , también deseo señalar que el proyecto, el cual constituirá un perfeccionamiento con relación a la legislación vigente, no representará un atentado contra el crecimiento económico, como lo comprobaremos en el futuro.
He sido testigo de la reacción extraordinariamente positiva de los trabajadores y empresarios -ya mencioné el caso de la CONUPIA-, quienes se han dado cuenta de que el esfuerzo de los partidos que han concurrido al acuerdo no persigue el propósito de desestabilizar ni amenazar a nadie, sino que, por el contrario, de vivir en un clima que nos permita crecer a todos. "Crecimiento económico con equidad", ha dicho el Presidente Aylwin. ¡Y a ese desafío se nos convoca en este tipo de legislación!
Se sostiene que la huelga indefinida va a producir un caos en la economía. De nuevo, me parece una exageración.
Los trabajadores no van a la huelga por gusto. Esta debe ser -y lo ha sido históricamente- el último instrumento al cual recurran, pues saben que con ella siempre pierden. Pero, el hecho de ser indefinida, ¿significa poner en peligro la economía nacional? La normativa en estudio establece mecanismos como el del arbitraje obligatorio en algunos casos, aparte que estamos probando una institución nueva, como la mediación voluntaria, para buscar caminos de entendimiento. Y adicionalmente, el Gobierno dispone de facultades en algunos casos, cuando resulte afectado el bien común nacional, para decretar la reanudación de faenas, con el objeto de impedir este tipo de crisis. Entonces, ¿por qué seguir colocando a los trabajadores la camisa de fuerza que representa la legislación anterior, que nada tiene que ver -insisto- con lo que en los países de economía social de mercado se entiende por legislación sindical?
La huelga es simplemente el legítimo instrumento que usan los trabajadores después de que se agotan todas las instancias. Y estamos estableciendo puntos de equilibrio extraordinariamente relevantes para evitar que este proceso se desarrolle con excesiva fuerza. Pero si se producen huelgas en algunos sectores, no nos preocupa mayormente, porque la sociedad chilena cuenta con la estabilidad y los acuerdos básicos que impiden que un conflicto particular genere un grado de tensión grande.
Quisiera recordar una anécdota de uno de los autores del Plan Laboral, quien, en un reciente opúsculo aparecido hace algunos días, narra la génesis de esa legislación, que fue elaborada para impedir el boicot que los sindicatos norteamericanos habían anunciado durante el Régimen anterior.
Él dice que en un momento es convocado por el Jefe del Gobierno para hablar sobre una huelga que iban a hacer los trabajadores del cobre, y añade que se anunciaba el envío de tanques y tropas para enfrentar, el proceso de negociación colectiva. Ese ex Ministro cuenta que convenció al Presidente de que una huelga no significaría inestabilidad en el país.
Entonces, ¿por qué asustan a los empresarios y a los chilenos sosteniendo que el legítimo conflicto que no desemboque en un acuerdo podría traer aparejado una huelga sectorial, parcial y puntual? Es que es mucho más fácil jugar con el terror que asumir la tarea de la construcción.
Señor Presidente , en este proyecto quedan todavía algunas materias que pueden ser mejoradas con las indicaciones que se presentarán posteriormente. Pero, dado el hecho de que se trata de la discusión general, me permito simplemente recordar, primero, que esta iniciativa se inserta en el marco de lo que el Presidente Aylwin prometió como candidato; segundo, que busca modernizar una norma jurídica que carecía de legitimidad, de eficiencia y de justificación en los nuevos tiempos; tercero, que es una palanca para el desarrollo con equidad, a fin de que la sociedad chilena sea respaldada por todos, como fruto del esfuerzo compartido; y cuarto, que nos alegramos de que a este acuerdo -independientemente de que nos habría gustado que fuera mejor- hayan concurrido fuerzas que hasta hace poco respaldaron la injusta legislación anterior.
Por último, deseo manifestar que las afirmaciones en el sentido de que este conjunto de normas pudiera afectar el derecho de gestión o el derecho de propiedad, si bien son respetables, carecen de fundamento. La Constitución asegura, en el número 24° del artículo 19, el derecho de propiedad, pero adicionalmente señala que la ley regulará su ejercicio. Y el número 16° de ese mismo precepto consagra el derecho a negociar colectivamente y asigna a la ley la natural competencia para regular y establecer sus mecanismos.
De este modo, por estimarlo impecablemente justo y razonablemente acordado, y con la esperanza de que servirá para el desarrollo, votaremos afirmativamente este proyecto de ley.
He dicho.
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