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- rdf:value = " El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente , hemos escuchado un discurso construido con la lógica formal que todo el país reconoce a su autor. El contexto en que él se produce, su contenido y particularmente la sugestiva solicitud de que la votación sea secreta no dejan dudas sobre quiénes son sus destinatarios: más que el país, son aquellos señores Senadores sentados en la última fila de este hemiciclo -designados, para nosotros; institucionales, para ellos- que forman parte de esta Corporación porque la Constitución de 1980 así lo dispuso.
Personalmente, no creo que esta reforma constitucional exprese integralmente lo que debería ser un cambio en el sistema jurídico regulado por la Carta Fundamental que nos rige en la materia que estamos conociendo. Más de algún alcance tengo que hacerle.
Desde luego, no comparto la afirmación, que está expresada en el texto, en el sentido de vedar la posibilidad del indulto presidencial respecto de cualquier género de figuras delictivas de las que nos ocupan. Tampoco comparto -porque, entre otras cosas, expresan una desconfianza hacia el sistema judicial- las limitaciones con que se establece la excarcelabilidad de los delitos al exigir la unanimidad del tribunal superior y una integración por miembros titulares.
Puedo hacer éstos y otros alcances a la reforma constitucional en debate. Con todo, no puedo dejar de reconocer que expresa la voluntad de un sector político importante del país, de la Derecha, que busca su identificación con el régimen democrático colaborando a la construcción de una solución, aunque sea limitada, a lo que ha constituido un grave y hondo problema social e histórico: el que se vincula a los llamados presos políticos.
Por eso, quienes formamos parte de estas bancadas vamos a concurrir a su aprobación. Por eso, el Gobierno de la República ha asumido este proyecto de reforma constitucional como propio en lo formal, dejando constancia también de cuál es la disparidad de opiniones que hay entre lo que ha sido el criterio del Gobierno para afrontar el problema de los presos políticos y de los derechos humanos en general, y el que trasluce esta iniciativa. Por eso, se ha generado un amplio consenso en esta Corporación y fuera de ella, en todo el país, para aprobar esta enmienda constitucional.
Yo diría que, antes de comenzar la sesión, en Chile nadie dudaba de que dicha reforma sería aprobada por unanimidad o por amplísima mayoría. Sin embargo, las exhortaciones y la fórmula de votación requerida indican que podríamos estar en presencia de una sorpresa. Otra sorpresa más que brinda la Constitución de 1980, un Texto Fundamental que está demostrando hasta la saciedad sus limitaciones. Mal que mal, es la consecuencia y el producto de un régimen autoritario. Mal que mal, es una construcción jurídica que intenta congelar la situación del país en un estadio histórico determinado, que afortunadamente estamos superando.
Por eso, en esta materia, en otras que ya hemos visto anteriomente y en algunas que veremos en lo sucesivo, la Constitución de 1980 ha demostrado y seguirá demostrando sus limitaciones e insuficiencias. Una de ellas es la integración del Senado, compuesto no absolutamente por miembros que sean expresión de la voluntad popular.
Me voy a permitir exhortar a los mismos destinatarios del discurso que he escuchado recientemente, a que procedan en conciencia y, sobre todo, sumen sus voluntades a lo que constituye un acuerdo político mayoritario en el Parlamento y en Chile. Porque el Gobierno; los Partidos de la Concertación, que lo sustentan, y Renovación Nacional, que expresa mayoritariamente a la Oposición, están-de acuerdo en esta reforma constitucional. Aún más: ella ha sido producto de una iniciativa gestada originalmente por el Honorable señor Jarpa y refrendada posteriormente en forma oficial por su Partido. Es decir, las fuerzas políticas sustantivas del país están de acuerdo en ella, y esta nación espera que, respondiendo a esa voluntad política mayoritaria, se sancione la reforma.
Se ha aludido a distintas cuestiones -algunas de mayor trascendencia, otras de detalle- para impugnar o desvirtuar la iniciativa que estamos conociendo. Deseo referirme a un par de ellas.
No me parece natural y conveniente atribuir una especie de complicidad al legislador acerca de las eventuales consecuencias de sus actos cuando vota en determinado sentido. Un Senador, o un Diputado , cuando conoce de cualquier proyecto de ley, sabe o debe saber cuáles son los eventuales efectos que va a tener su decisión, y sabe o debe saber cuáles son las posibles consecuencias que provocará su voto, sumado al de otros legisladores. No somos niños, y sabemos entonces por qué obramos en un sentido o en otro, y por qué votamos que sí o por qué votamos que no. De ahí a que cada uno de nosotros vaya a tener responsabilidad en eventuales actos de terrorismo que se produzcan en el día de mañana, creo que hay un mundo de distancia.
En segundo lugar, se critica la posibilidad de conceder la libertad provisional tratándose de los delitos a que se refiere el proyecto de reforma constitucional. Quiero recordar que esta misma Carta Fundamental consagra de manera muy amplia esa institución de la libertad provisional, y no puede afirmarse que la declaración de reo por delito terrorista implique per se, y mientras dure todo el proceso, la configuración de un peligro para la sociedad. Porque si aplicáramos ese mismo criterio en cualquier delito de gravedad, llegaríamos a la conclusión de que cualquier autor del delito estaría al margen de la posibilidad de ser excarcelado, y reduciríamos entonces la institución de la libertad provisional sólo a las faltas, en circunstancias de que la Constitución, por el contrario, la ha establecido de manera genérica -y, diría, absoluta-, con las limitaciones que ella consigna y que quedan entregadas al ejercicio de las facultades del tribunal que está conociendo de la causa.
Señor Presidente , Honorables colegas, no creo necesario, ni considero indispensable abundar en mayores argumentaciones para justificar o exponer nuestro punto de vista favorable a esta enmienda constitucional. Sólo quiero decir que ella constituye una referencia -no la única y, probablemente, no la más importante- de todo un proceso en que los distintos sectores democráticos están comprometidos para lograr la pacificación del país; para obtener la reconciliación nacional, y sobre todo para ir progresivamente solucionando los problemas sociales más urgentes y las situaciones dramáticas que la propia historia se encargó de colocar delante de nosotros, como legisladores y como políticos.
Nada más, señor Presidente .
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