El señor RUIZ (don José) .- Señor Presidente , Honorables colegas, creo que lo que está en juego es algo más que una simple ley. Aquí, evidentemente, hay una pugna de grandes intereses, como sucede con otros proyectos de ley que también se encuentran en el Parlamento. La misma situación se repetirá en el caso de la Ley de Pesca. Quienes formamos parte del Senado vamos a estar sujetos a tensiones internas y externas. Mi convicción es que tenemos la altura y la capacidad suficientes como para dar respuesta adecuada, considerando fundamentalmente el interés del país. Me parece que si esta ley empezara a regir desde 1995, serían válidos los mismos argumentos en contrario que aquí se han dado para su entrada en vigencia ahora, si es que tales argumentos tuvieran validez. Sin embargo, creo que debemos mirar esto desde un punto de vista positivo. Al país se le abre una expectativa importante para iniciar un proceso de desarrollo tecnológico y, al mismo tiempo, ratificar la presencia de Chile en los mercados internacionales. Es cierto que nuestro país no es una potencia económica que pueda mirar en forma impasible lo que sucede en las grandes naciones desarrolladas. Es efectivo que las presiones provenientes de los países europeos y muy especialmente de Estados Unidos, influyen en nuestro desarrollo interno. Es así, y seguirá siendo así. Pero ello no se da sólo en este sentido: también en Estados Unidos influyen las cosas que pasan en otras partes del mundo, porque todos los países están hoy interrelacionados. Nadie vive en una isla. Pero aquí tenemos que partir analizando los problemas prácticos. Técnicamente, no debería producirse ningún aumento de precio como producto de la dictación de la ley en proyecto, por lo menos no antes de cinco o seis años. Y si en este tiempo nuestros industriales son capaces de adecuarse y adaptarse a los cambios que necesariamente se van a producir, tampoco deberíamos tener alzas de precios significativas dentro de cinco o seis años más. Se han dado en la Sala numerosos ejemplos de lo que ha pasado en otros países del mundo por la aplicación de este tipo de leyes, y, entre otros, se ha citado a España. No hablaré de Italia, porque ya el Honorable señor Papi dio a conocer claramente el efecto positivo e importante logrado en dicho país con motivo de la dictación de una ley que le permitió un gran desarrollo tecnológico. Pero, en el caso de España, se dice que la legislación correspondiente empezará a regir en 1992. Eso es cierto, pero lo hará con efecto retroactivo. Es decir, a partir de 1992 todos los productos patentables comenzarán a sujetarse a estas disposiciones. No es ése el caso de nuestro país. Por otra parte, debemos tener en cuenta que aquí contamos con el compromiso de que ante cualquier efecto nocivo que se produzca en el país como consecuencia de prácticas monopólicas -de hecho, la propia ley lo contempla, y ha tomado los debidos resguardos- el Gobierno, a través de los organismos y mecanismos de que dispone, garantizará que la población no se vea sujeta a ningún tipo de restricciones en el abastecimiento de productos farmacéuticos. También es conveniente considerar que, cuando se habla del efecto que podría provocar la nueva ley en los laboratorios nacionales, es necesario destacar que el 90 por ciento de los elementos que en ellos se procesan son genéricos y no están afectos al problema de las patentes. Es decir, sólo el 10 por ciento lo está. Por lo tanto, de aquí a seis años más únicamente el 10 por ciento de los productos que se están fabricando hoy día en el país se verán, diría yo, perjudicados -si es ésta la palabra adecuada- por efectos de la aplicación de dicha ley. En consecuencia, no existen razones para que esta legislación no entre en vigencia de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4o transitorio. Por eso, llamo a mis Honorables colegas a rechazar la indicación presentada por los Honorables señores Ríos y Prat , por estimar que la postergación de la puesta en marcha de esta iniciativa perjudicará los intereses del país. Las posibilidades de que se abran nuevos mercados para Chile van a estar condicionadas a la actitud que tomemos frente al resto de la comunidad internacional. Es cierto que en América Latina sólo México cuenta con una ley de patentes, pero no lo es menos que hace unos días el Presidente de Argentina , contrariamente a lo que afirmó durante su visita en el sentido de que ese país tenía su economía controlada y de que se estaban abordando los graves problemas que afectan a nuestros vecinos allende los Andes, declaró que dicha economía se encontraba en bancarrota. Los propios asesores del Ministro de Economía del Gobierno argentino se han contactado con personeros de nuestro Gobierno con el propósito de analizar las incidencias de la ley en debate. Me parece que esto indica que en el resto de América Latina existe voluntad para avanzar hacia un sistema, de patentamiento que abra nuevos horizontes en el mercado internacional. Creo que, independientemente de esto y por estimar que nuestro país no puede detenerse en su afán de progresar, nosotros no podemos dejar de lado algunas cosas que se han planteado aquí, como la de buscar un mayor acercamiento con nuestros vecinos de América Latina, con el objeto de que seamos capaces de abordar con un espíritu latinoamericano éste y muchos otros problemas, incluido el de la deuda externa. Lo expuesto no obsta a que nuestro país, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, haga los máximos esfuerzos para terminar con la situación de aislamiento en que ha estado durante los últimos años, como también con su alejamiento de los mercados latinoamericanos y de los organismos internacionales del área, en los que estuvo inserto en el pasado y a los cuales debemos volver considerando la realidad política y económica actual de Chile. Estimo que el esfuerzo que debe hacerse para reinsertarlo en la comunidad latinoamericana y mundial nada tiene que ver con lo que estamos realizando hoy para abrirle un espacio importante de participación en el mercado y en el comercio internacionales. El país, en un plazo relativamente corto, se verá beneficiado en sus relaciones internacionales por el hecho de contar con un instrumento legal que le permitirá colocarse a la altura de los países desarrollados. Considero que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno no puede postergarse por cinco años sólo por temores o por existir algunos intereses -que seguirán presionando- que nosotros,, mirando el interés general del país, debemos dejar de lado. En consecuencia, reitero mi negativa a la indicación presentada y llamo a mis Honorables colegas a rechazarla. He dicho.