-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds14
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds46
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds38
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds47
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds55
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds56
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds6
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds4
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds7
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds22
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds13
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds41
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds29
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds9
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds48
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds42
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds43
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds10
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds52
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds8
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds24
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds49
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds54
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds51
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds2
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds5
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds44
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds3
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds11
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds45
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds53
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1-ds6-ds12
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = bcnbills:SegundoTramiteConstitucional
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnses:SeccionProyectoDeLey
- dc:title = "REFORMA TRIBUTARIA"^^xsd:string
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1916
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3431
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2194
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1678
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/124
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/404
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3007
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3638
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1751
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1531
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3279
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/4406
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/549
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3080
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2935
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/119
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/443
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1403
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3838
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1287
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2436
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2481
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1819
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/160
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/reforma-tributaria
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = bcnbills:DiscusionGeneral
- bcnres:tieneResultadoDebate = bcnres:seApruebaEnGeneral
- rdf:value = " REFORMA TRIBUTARIA
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados sobre reforma tributaria.
La iniciativa fue informada por la Comisión de Hacienda del Senado, que le introdujo algunas modificaciones. Su aprobación fue acordada en sesiones de fechas 17 y 24de abril; 8, 15, 17, 22, 23, 29 y 31 de mayo, y 5 de junio.
El texto propuesto por la Comisión aparece signado por los Honorables señores Frei (don Eduardo), como Presidente, Gazmuri, Lavandero, Piñera y Siebert.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 13a, en 15 de mayo de 1990.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 5a, en 11 de junio de 1990.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-
Gracias, señor Presidente.
Deseo comenzar con una muy rápida descripción de los lineamientos principales del proyecto de reforma tributaria, para después entrar a un análisis respecto de las implicancias que tiene para la política económica del Gobierno del Presidente Aylwin.
Como saben los señores Senadores, mediante esta iniciativa se proponen modificaciones en los impuestos a las utilidades de las empresas; en los impuestos a las personas: el global complementario y el impuesto único al trabajo; en la forma de tributación de algunos sectores, como la agricultura, la minería y el transporte, sugiriéndose el traslado de un régimen de renta presunta a uno de renta efectiva para los principales o mayores productores de dichos sectores; y en el impuesto al valor agregado, para elevarlo en dos puntos: del 16 al 18 por ciento.
Además de esto, el proyecto contempla un incentivo especial para la inversión, bajo la forma de un descuento en los impuestos equivalente al 2 por ciento del valor de las inversiones en activos fijos que puedan realizar las empresas, con cierto tope, y al mismo tiempo, algunas normas de perfeccionamiento del sistema tributario tendientes en especial a reducir mecanismos de evasión tributaria que generan un principio de inequidad en aquél y que, por lo tanto, es necesario corregir.
La iniciativa que nos ocupa, señor Presidente , ha tenido un proceso largo de gestación y de discusión incluso antes de entrar a su debate en el Parlamento. Se originó en el Programa Económico de la Concertación. Y posteriormente, en cuanto asumimos tareas en el Gobierno, llamamos a los diversos sectores a opinar sobre sus lineamientos generales, a aportar sus ideas y a hacer contribuciones, pues nos parecía muy importante que el proyecto reflejara una visión lo más nacional posible y que fuera más allá de la colaboración recibida al momento de llegar al Poder.
Establecimos, entonces, un diálogo con organizaciones sociales. Conversamos con la CUT, con la Confederación de la Producción y del Comercio, y también con las distintas fuerzas políticas de Gobierno y Oposición.
En ese proceso se fueron realizando al proyecto una serie de aportes que de alguna manera lo han perfeccionado y que hoy están recogidos en la versión que se halla frente a los señores Senadores. Por ejemplo, se subieron los límites en los regímenes de renta presunta: cambio de renta presunta a renta efectiva en la agricultura, minería y transporte; con el mismo propósito, se dio la posibilidad de revalorizar activos hasta el valor comercial en el sector agrícola; se introdujo la transitoriedad en el aumento del impuesto al valor agregado; se incorporó la noción del sueldo patronal, aparte algunas otras enmiendas que, a mí juicio, han servido para enriquecer esta iniciativa legal.
En todo caso, quiero destacar que en el proceso de consultas fue posible, al mismo tiempo, llegar a un acuerdo con el Partido Renovación Nacional en torno de los lineamientos generales del proyecto, el cual -se estableció desde el comienzo- tendría como motivo y fundamento principal que los recursos tributarios generados se destinarían de preferencia al esfuerzo social. Originalmente, también se conversó con Renovación Nacional sobre el tipo de gastos sociales en que el Gobierno estaba interesado y respecto de los cuales tuvimos un acuerdo bastante completo con ese Partido.
Por lo tanto, en primer lugar, deseo expresar aquí mi reconocimiento al Partido Renovación Nacional; a su Presidente , el Senador señor Jarpa , y a los diversos Senadores que participaron en esas conversaciones y discusiones, por cuanto creo que, finalmente, hemos llegado a un acuerdo muy equilibrado y equitativo y que beneficia al país, al lograrse un apoyo bastante amplio a este proyecto.
Siempre dijimos que el objetivo principal de la reforma tributaria era destinar su producto al gasto social. Y frente a los señores Senadores puedo afirmar lo que ya expresé hace unos días en la Comisión de Hacienda del Senado en el sentido de que un porcentaje muy alto de la recaudación -alrededor de 90 por ciento- va a ser destinado precisamente al esfuerzo social.
Respecto de ese esfuerzo social, entregamos una información relativamente detallada en la Comisión de Hacienda del Senado, que no me parece del caso repetir aquí. Pero, en términos gruesos, indicaría que, de los 126 mil millones de pesos que se recaudarán con la reforma tributaria en el presente año, alrededor de 115 mil millones se van a dedicar a los gastos sociales, dentro de los cuales los principales ítem serían unos 56 mil millones de pesos para el sector Previsión, lo cual incluye lo que detallamos en su oportunidad: 15 por ciento de reajuste en las pensiones y 10,6 por ciento de aumento adicional para las pensiones mínimas; incrementos en la asignación familiar y en el subsidio único familiar, convenidos en el Acuerdo Marco con la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio, y algunos ajustes por déficit en instituciones de previsión social de la Defensa Nacional.
Gastos en Educación: algo más de 20 mil millones de pesos para diferentes ítem -también detallados oportunamente-, incluidos un aumento de 30 por ciento en la cobertura de las raciones escolares -desayunos y almuerzos-; incrementos en los recursos para jardines infantiles y centros abiertos; financiamiento de las subvenciones educacionales para los municipios, lo que es fundamental cubrir con motivo del aumento de la tasa de inflación respecto de lo consultado en el presupuesto de 1990; solución de algunos déficit del sistema municipal en lo referente a la educación de ese sector y a programas varios, como capacitación de jóvenes, fortalecimiento del programa de formación de adultos, educación para el trabajo, etcétera.
En lo concerniente al sector Salud, al que el programa social está destinando alrededor de 10 mil millones de pesos adicionales, tenemos aquí también un conjunto de actividades que significan, por ejemplo, fortalecer la atención primaria, mejorando su calidad y extendiéndola a sectores no suficientemente cubiertos; mantener el nivel real de inversión en salud, que no está adecuadamente financiado en el presupuesto; estudiar inversiones en obras para hospitales de San Felipe, Los Andes, Iquique y Valdivia ; financiar subsidios maternales, etcétera.
También se propone el Gobierno efectuar gastos en Justicia, particularmente en lo relativo a subvenciones a menores en situación irregular, a la Corporación de Asistencia Judicial, a la Oficina del Retorno y a otras actividades en el sector.
Dentro de este programa de gastos sociales, también hay un complemento importante en el presupuesto para Vivienda, con el objeto principal de permitir reponer la inversión real en el sector, que para 1990 no está adecuadamente cubierta: hay una caída de 8 ó 9 por ciento en términos reales, en valoren unidades de fomento; también, para suplementar el subsidio unificado rural y el subsidio especial, que es un programa en que se construyen viviendas por acuerdo entre cámaras empresariales y trabajadores afiliados a determinadas empresas; y, asimismo, para financiar el subsidio por tasa de interés: los deudores habitacionales del Ministerio de Vivienda reciben un subsidio en su tasa de interés, y, dado que ésta ha sido más alta en el mercado, se hace necesario tener una provisión para tal objetivo.
En fin, podría continuar con una descripción detallada de estos gastos sociales, pero creo que no es del caso hacerlo. Sólo quiero enfatizar el punto central: 90 por ciento del esfuerzo tributario está destinado, en los planes del Gobierno, al gasto social.
También es necesario cubrir otros gastos que no estaban adecuadamente provistos en el Presupuesto para 1990. Por ejemplo, suplemento en el presupuesto de Carabineros para permitir el financiamiento de las mil plazas adicionales y del mayor equipamiento que esta fuerza policial requiere; provisiones para él cumplimiento de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, principalmente por el efecto inflación; indemnizaciones para funcionarios de exclusiva confianza del Gobierno anterior; complemento del presupuesto tanto para terminar el edificio del Congreso Nacional como para financiar apropiadamente los gastos operativos habituales, recurrentes, del Senado y de la Cámara de Diputados; solución del problema de desfinanciamíento y eventual quiebra del Canal Nacional de Televisión; provisión adecuada de recursos para el servicio de la deuda interna del Fisco, que no estaba convenientemente cubierta en el Presupuesto de 1990; aportes para COTRISA, que -como todos sabemos- sostiene determinado preció del trigo y que es necesario subvencionar con recursos públicos; y otros gastos parecidos a éstos.
Lo que surge como resultado de este conjunto de necesidades de gastos es que la situación presupuestaria para 1990 resulta extremadamente estrecha.
En varias oportunidades me he referido a las insuficiencias del Presupuesto para 1990, las que surgen precisamente por las circunstancias de que hay gastos importantes no provistos en él; de que es indispensable hacer un esfuerzo social en el país, y de que, por el lado de los ingresos, se han producido dificultades bastante relevantes. La primera, un error de proyección de gran envergadura en los ingresos tributarios, que alcanza a 117 mil millones de pesos, derivado de una mala estimación del impacto negativo que sobre ellos iba a tener la reducción de impuestos del año 1988, acordada por el Gobierno anterior, y que, especialmente en lo que se refiere al impuesto de las empresas, va a significar este año una recaudación notablemente menor a la calculada en aquel Presupuesto. Y por otro lado está el hecho de que no se consultó en este Presupuesto una tasa adecuada de inflación, lo cual también provoca cierto desfinanciamiento respecto de las cifras contenidas en el de 1990.
Quiero hacer notar que, como balance de todas estas cantidades, no se puede hablar en términos técnicos de un déficit en el Presupuesto, sino de una insuficiencia presupuestaria. Esto quiere decir que, si uno considera el conjunto de los ingresos, dentro de los cuales una parte no esperada proviene de las entradas de libre disponibilidad por el mayor precio del cobre, lo que ocurre al final, en el balance de ingresos y gastos, es que si uno quiere financiar estas necesidades sociales más los gastos adicionales -llamémoslos así- en los ítem que he detallado anteriormente (como los del Congreso y otros), va a ser indispensable gastar la globalidad de los ingresos tributarios y el total de aquellas entradas de libre disponibilidad, y, además, recurrir a una porción de los recursos que en ese Presupuesto estaban provistos para ser transferidos voluntariamente por el Fisco al Banco Central.
Por lo tanto, la situación presupuestaria es estrecha, y las necesidades sociales, a mi juicio, bastante agudas, por lo que es urgente comenzar a acelerar su resolución.
Quiero decir que, frente a la alternativa que se nos planteaba al llegar al Gobierno, que era dejar el sistema tributario como estaba, tenemos la más firme convicción de que ella no se encontraba presente; la posibilidad de subir impuestos significaba de hecho arriesgar seriamente el proceso de pacificación social y de consolidación democrática y crear en el sistema social una serie de tensiones que habría sido difícil manejar en la nueva etapa que está viviendo el país.
La otra alternativa era, simplemente, recurrir a las viejas políticas populistas de América Latina, en las cuales podríamos haber escogido el camino fácil de seguir adelante con el gasto, de acelerar el gasto social, sin esperar a recaudar los ingresos que vamos a obtener por la vía de la reforma tributaria.
El resultado de esas políticas es bien conocido en Chile y en otros países de la región: se obtiene una mejoría transitoria de la situación social de los sectores más desfavorecidos, pero ella va seguida de inmediato por desequilibrios económicos, por el recrudecimiento de procesos inflacionarios y, finalmente, por una dificultad creciente en el devenir político, que a veces termina en una crisis que este país por ningún motivo debe arriesgarse a enfrentar en los próximos años.
Tenemos claro también, señor Presidente , que la reforma tributaria que estamos planteando no va a resolver en cuatro años la totalidad de los problemas sociales que Chile ha acumulado en un largo periodo.
El esfuerzo que el país va a hacer -si el Senado aprueba esta reforma tributaria- es más bien modesto. Las tasas que estamos proponiendo, especialmente en lo relativo a la tributación de las empresas, son bajas. Podría mostrar a los señores Senadores las tasas de tributación aplicables a las utilidades de las empresas en naciones del más variado tipo, en economías de mercado de los países desarrollados de Europa o en aquellos que han seguido una estrategia similar a la chilena, países intensivos en recursos naturales, abiertos al exterior, como Australia, Nueva Zelandia o Sudáfrica. En cualquiera de los dos grupos que he señalado, en ningún caso habría tasas de impuesto a las utilidades inferiores al 30 ó 35 por ciento, y el promedio estaría, probablemente, más cerca del 40 por ciento; algunos llegan al 50 por ciento.
Alguien me podría decir: "Tomemos más bien países de desarrollo intermedio". Pero lo que podemos demostrar es que el 15 por ciento de impuesto aplicable a las utilidades es inferior a la tasa promedio existente en esas naciones de desarrollo intermedio. En América Latina estarían, probablemente, en alrededor del 30 por ciento.
Alguien podría agregar: "Veamos los países exitosos de Asia, las economías de mercado de Japón, Corea , Tailandia, Filipinas". Pero en ninguno de ellos vamos a encontrar tasas inferiores al 20, 25 ó 30 por ciento.
Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo muy modesto, que se halla en la cota más baja de lo que existe hoy día en las economías de mercado en el mundo. Entonces, estamos planteando una reforma tributaria bastante moderada.
Asimismo, quiero recalcar que estamos hablando de gastos sociales del orden de 360 millones de dólares para este año, en un período de seis meses, y de que el efecto año completo de ese esfuerzo -entre paréntesis, la mayoría de los gastos sociales adicionales para este año son permanentes; se repiten en los años siguientes- es más o menos equivalente a la recaudación que se va a obtener por año completo con esta reforma tributaria. De modo que no habría una holgura adicional importante a partir del próximo año.
Al mismo tiempo, las predicciones de cualquier organismo especializado -y aquí incluyo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a firmas especializadas en el estudio del mercado del cobre- indican que el precio del metal rojo debería estar en los próximos años con una tendencia a la baja. Por lo tanto, es muy probable que los recursos adicionales de libre disponibilidad con que contamos para este año no existan en los años venideros.
En consecuencia, quiero recalcar que esta reforma tributaria es un primer paso, en el sentido de que durante los próximos cuatro años tendremos que hacer otros esfuerzos para crear holguras adicionales que permitan dar más solidez a este impulso social que el país requiere.
Señalo, de paso, que hemos tomado el compromiso -como parte del acuerdo con Renovación Nacional- de que este aumento tributario, en lo que se refiere a los impuestos directos-a los impuestos, por ende, de las empresas y de las personas-, se efectuará sólo una vez en el período de cuatro años del Gobierno del Presidente Aylwin, y no será seguido de otros incrementos en esa etapa. En consecuencia, habrá estabilidad tributaria en esta materia.
Decía anteriormente que, si uno toma en serio la gravedad del problema social que vive Chile, tiene que plantearse la necesidad de crear holguras adicionales, que no vamos a obtenerlas principalmente por el lado tributario y que deberemos buscarlas en otros frentes.
Yo diría que la primera holgura adicional es la mantención de un proceso de crecimiento económico tan vigoroso como sea posible en los próximos años. Añadiría que, aprobada esta reforma tributaria, el país debería entrar en una fase que, en lo referente al proceso económico, yo llamaría de la inversión, del crecimiento económico, de la creatividad empresarial, de los incrementos de productividad.
Opino que el país va a esperar que a través del crecimiento económico se generen más recursos, como también, que aguardará señales claras del sector empresarial en cuanto a su capacidad y voluntad de crear, en los próximos años, nuevos y buenos empleos, que permitan ir absorbiendo productivamente a quienes hoy día están desocupados o viviendo de empleos inestables, de tiempo parcial o de baja calidad.
Esperamos que ese sector empresarial entienda que es indispensable estabilizar las relaciones de trabajo sobre un principio de equidad, de tal forma que la gente que se incorpora al mundo laboral comprenda que este sistema económico funciona equitativamente para todos.
Y también aguardamos de ese sector empresarial su colaboración y contribución para llevar adelante, por ejemplo, un programa muy fundamental para el Gobierno y que comenzará a implementarse dentro de poco: el programa de capacitación para el trabajo, de capacitación de la mano de obra, en el cual queremos combinar la participación de la empresa, en cuanto a su apertura hacia la contratación de aprendices, con la formación técnica de los jóvenes que hoy día no tienen trabajo y a los que, como parte de una estrategia de reducción de las desigualdades y de la pobreza, debiera dárseles la oportunidad de integrarse al sistema productivo a través de un mecanismo de esa índole.
Hay, por lo tanto, tareas muy fundamentales en los próximos años para la empresa privada chilena dentro de este esfuerzo por reducir las desigualdades en el país y contribuir al mejoramiento en lo social.
También hay tareas para quienes estamos en el Gobierno: deberemos enfrentar, en el período próximo inmediato, el problema de la deuda externa y la necesidad de aumentar la capacidad de financiamiento externo que Chile tenga. Y, en ese sentido, yo diría que contamos con un buen punto de partida en cuanto a que ya es bastante claro en los organismos multilaterales de crédito que no resulta posible sostener un proceso de desarrollo solamente por la vía de la inversión productiva en equipos y maquinarias; que es indispensable, para que ese proceso sea estable en el tiempo y funcione en una economía abierta y en un sistema político también abierto y democrático, que tal inversión productiva vaya acompañada de inversiones muy fuertes, muy marcadas, en las personas, en la gente; que, por lo tanto, invertir en programas sociales no es restar recursos para el crecimiento de una economía, sino, precisamente, aumentarlos; y que, por otro lado, sin equidad fundamental en un sistema económico y social no hay proceso de crecimiento que pueda mantenerse por un período largo en el tiempo.
Y termino diciendo que quienes estamos en el Gobierno, y particularmente aquellos a los que nos ha correspondido la responsabilidad de conducir la economía del país en este período, no rehuiremos el compromiso -que será tarea indispensable en estos años- de cuidar los recursos generados por la vía tributaria y de que cada peso que ha pagado un contribuyente pueda ser utilizado eficiente y focalizadamente en el esfuerzo social.
En los próximos años queremos imbuir al sector público de una disciplina en cuanto al gasto público; e involucro en esto también a las empresas públicas.
Pienso que este país tiene que enfrentar, sin duda, tareas muy importantes. Hay que reconocer que una parte de esas tareas también involucra la modernización del sector público. No lo escondemos, ni lo vamos a negar acá: consideramos indispensable adecuar el aparato del sector público al cumplimiento de esas nuevas tareas. Y por eso se está sugiriendo la creación de algunos servicios -como el SERNAM- y propondremos el fortalecimiento de organismos fiscalizadores precisamente de la recaudación tributaria. Creemos que debe hacerse toda una modernización del aparato público en lo atinente a la capacidad del Gobierno, del Estado, para apoyar el esfuerzo de apertura de la economía; de conquista de nuevos mercados externos, etcétera.
Algunos gastos involucrará ese esfuerzo. Pero el grueso de los recursos de que el Ejecutivo disponga en éste y en los próximos años irá cuidadosamente hacia el gasto social; a mejorar las condiciones sociales de los sectores más pobres del país; a la ampliación de las oportunidades a la juventud que no las ha tenido; a tratar de resolver en el mayor grado posible el grave problema de las familias jóvenes allegadas; a mejorar la condición de los hospitales; a aumentar la calidad del proceso educativo, etcétera. El esfuerzo tributario será destinado a un gasto eficiente y focalizado en lo social. Y seremos claros y exigentes con el sector público y con las empresas públicas para que tengan absolutamente diáfano este objetivo, más otros que tal vez podrán cubrirse en otras etapas del desarrollo político y social de Chile.
En este esfuerzo queremos involucrar al conjunto del país, y no sólo al Gobierno. Creemos haber hecho una demostración práctica de esto en el amplío proceso de diálogo social y político que antecedió a la presentación del proyecto de reforma tributaria. Pero también vamos a involucrar en el esfuerzo social a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones sociales, a las corporaciones privadas y a las fundaciones. Deseamos involucrar crecientemente a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a las universidades y a todas las entidades de carácter público o privado del país que, teniendo conciencia social, quieran hacer aportes a la resolución de este problema tan fundamental que enfrenta la democracia chilena hoy día.
Confío en que el Senado de la República considere favorablemente esta iniciativa y nos permita contar a la brevedad con recursos necesarios para iniciar este proceso, que el país entero espera con un sentido de urgencia que no se puede ocultar.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Eduardo Frei.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Señor Presidente, Honorables colegas:
La Comisión de Hacienda estimó innecesario rendir un informe a la Sala sobre el proyecto, ya que todos disponemos de un lato documento que contiene los debates general y particular habidos en su seno.
Solamente quiero mencionar algunos aspectos que me parecen importantes.
La Comisión comenzó a laborar antes de recibir el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, como una manera de adelantar en el trabajo.
Dada la importancia de la iniciativa, a las once sesiones celebradas por la Comisión de Hacienda, que comprendieron tanto la discusión general como la particular, asistieron, además de sus miembros titulares, dieciséis señores Senadores. El señor Ministro de Hacienda lo hizo en tres oportunidades. Y el señor Director del Presupuesto y los asesores del señor Ministro (estos últimos también se hallan presentes en esta oportunidad) prácticamente participaron en todas las reuniones. También concurrieron representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio; de la Central Unitaria de Trabajadores; de la Sociedad Nacional de Minería; de la Sociedad Nacional de Agricultura; de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones; de la Confederación Gremial Nacional de Camioneros de Chile; de la Sociedad de Fomento Fabril; de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, y del Colegio de Contadores Auditores. Asimismo, estuvieron presentes en la discusión particular representantes del Partido Comunista y, nuevamente, de la Sociedad Nacional de Minería.
Como dije, el señor Ministro de Hacienda participó activamente en el debate del proyecto durante tres sesiones. No creo necesario referirme en detalle a sus intervenciones porque él lo acaba de hacer.
También quisiera recalcar que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, y posteriormente, una vez que el señor Ministro entregó el detalle de todo el gasto social, fue revisado y aprobado en particular, tal como aparece en el informe detallado que está en poder de los señores Senadores.
Asimismo, deseo destacar -porque me parece justo dejar esta constancia en la historia de la iniciativa- el esfuerzo de los funcionarios del Senado, quienes, en condiciones precarias y con falta de equipamiento, pudieron entregar todo el trabajo en el plazo requerido. Al respecto, quiero hacer presente que, si los señores Senadores no recibieron el informe el jueves, se debió exclusivamente a la incapacidad del equipamiento técnico de la Corporación.
Señor Presidente, ¿por qué los democratacristianos apoyamos el proyecto? La razón esencial de nuestro respaldo estriba en que la reforma tributaria es un paso por el cual se avanza y se concreta el proyecto económico-social del Programa de la Concertación. Para nosotros, allí se hacía un diagnóstico correcto de la situación del país y se proponían metas realistas y sentidas por el conjunto de los chilenos. En su sustancia, el Programa buscaba armonizar crecimiento económico y equidad, modernización con justicia social.
La reforma tributaria, a mi juicio, es uno de los medios para expresar, concretar y asegurar nuestro Programa. Y lo es, primero, porque permite financiar el aumento del gasto necesario para implementar los programas sociales; segundo, porque contribuye a modernizar el sistema tributario; y tercero, porque coopera a mantener la estabilidad de la economía y a definir reglas claras para el sector privado.
El diagnóstico fundamental realizado por la Concertación fue que había una reducción del gasto social y que los procesos de modernización eran islotes dentro de una gran realidad agobiada por la estrechez económica. Y esto, que era cierto especialmente para los sectores pobres, también era válido para amplios sectores de la clase medía que veían sus posibilidades de progreso fuertemente amenazadas.
Este tema ha sido abordado varias veces en nuestra discusiones, pero hoy cobra nuevos ribetes a la luz de la última encuesta familiar del INE, que ha tenido muy poca publicidad.
Ella muestra que el 20% de mayores ingresos aumenta su participación en el gasto total, de 43,2% en el año 1969, a 54,9% en el año 1988, mientras que los sectores con menos recursos reducen su participación notoriamente. Dicho de otra manera, entre 1969 y 1988, sólo el 20% de mayores ingresos aumentó en los últimos años su participación en el gasto; el 80% restante simplemente lo redujo.
Sí tomamos estas cifras del INE, conocidas hace pocos días, el 40% de la población, desde 1969 a 1988, bajó su participación en el gasto de 19% a 12%; si consideramos el 60% de la población, la disminución es de 35% a 25%.
Reitero: el 20% de más altos ingresos es el único que aumenta, del 43,2%, a casi un 55% del ingreso. Y la diferencia entre el quintil más bajo y el quintil más alto, que era de 9,8 veces, sube en 1988 a 12,6 veces.
Esas encuestas, hechas cada diez años y que consideran períodos largos-por lo tanto, no son sólo momentos circunstanciales o coyunturas económicas-, demuestran claramente que la gran mayoría de los chilenos ha sufrido permanentemente un deterioro en estos años.
Estas cifras no dejan de ser interesantes, pues revelan a posteriori algo que en su momento se denunció y que fue calificado por los ideólogos de la época como "fruto de una enfermiza ceguera". Cuando se hablaba de las siete u once modernizaciones que se llevaban adelante, el 80% del país estaba retrocediendo.
¿No son estas cifras un contundente argumento que vuelve a respaldar hoy la certeza del diagnóstico de la Concertación y la validez de la aspiración de compatibilizar modernización con justicia social?
Señor Presidente, quisiera hacer presente que esta cuestión es muy profunda. Si estamos aprobando una reforma tributaria, se debe fundamentalmente a que hubo un candidato -que hoy día es Presidente -, un Programa y un grupo de partidos -que forman la Concertación- que han tenido la voluntad política de afrontar un problema que no fue abordado en los últimos años.
Las cifras que se dan hoy día -de que se va a ayudar a más de 900 mil pensionados y jubilados; a más de 300 mil deudores habitacionales, en el caso del SERVÍU; a más de 100 mil deudores de agua y luz; en fin, todas las cifras las conocernos- reflejan que ha existido un problema muy serio.
Celebro que este acuerdo se haya logrado con los sectores de la Oposición; pero no podemos callar que aquí durante muchos años hubo chilenos postergados en sus aspiraciones. Mientras algunos teníamos todas las oportunidades, otros vivían en la indigencia y en la miseria. Y este problema hay que mirarlo en profundidad.
Si leemos el último documento oficial de la Conferencia Episcopal de Chile, denominado "Certeza, Coherencia y Confianza", podremos ver que dice: "Sabemos que la indigencia y la miseria producen un deterioro físico, sicológico y moral en quienes las sufren por demasiado tiempo y que, en los casos extremos, sus víctimas deben ser consideradas casi como enfermos a quienes hay que tratar con respeto y con dedicación, sin esperar que puedan solucionar sus problemas por sí mismos. Pensamos en la irresponsabilidad, la mendicidad, la prostitución, el alcoholismo, la droga, la delincuencia incluso, que requieren de un gran esfuerzo solidario de todos.".
Por eso estarnos respaldando esta reforma tributaria. Porque -y lo decimos claramente-, gracias a la voluntad política, se está haciendo algo que permanentemente estuvimos denunciando: brindar oportunidades a esos millones de chilenos, incorporándolos al desarrollo. De lo contrario, no tendremos estabilidad política y social en el futuro.
Las metas económico-sociales enunciadas en el Programa fueron reafirmadas y ahondadas por el Primer Mandatario en su discurso del 21 de mayo cuando expresó que los objetivos de su Gobierno eran promover la justicia social, corrigiendo las graves desigualdades e insuficiencias que afligen a grandes sectores de chilenos, y luego, impulsar el crecimiento económico, el desarrollo y la modernización del país.
La reforma tributaria es un paso necesario e indispensable para realizar este proyecto, con el cual los democratacristianos nos sentimos plenamente identificados.
La reforma permite financiar el aumento del programa del gasto social en forma responsable, particularmente en una situación presupuestaria estrecha, como lo señaló el señor Ministro .
Es interesante destacar que en el debate quedaron atrás algunas argumentaciones que ya nadie se atreve a sostener: que había otras posibles fuentes de financiamiento o que existían holguras que hacían innecesaria la reforma tributaria.
Hoy día hay un gran acuerdo, basado, no ya en la pura buena voluntad, sino en un análisis responsable de la situación financiera de la nación: no existe otra manera de aumentar el gasto social que la de recurrir al financiamiento propuesto por la reforma tributaria.
Esta reforma es un elemento que contribuye a la modernización del país. Si aspiramos a tener una economía sólida y competitiva, la reforma contribuye a ello. Se hace competencia en serio cuando se produce en situaciones similares. Y el antiguo sistema estaba lejos del régimen tributario de la mayoría de los países desarrollados. En cambio, el nuevo tiende a acercarse más a la situación del resto de los participantes en el mercado mundial.
Por otra parte, la reforma hace al sistema más ordenado y equitativo, ya que, en lo fundamental, se ha tratado de seguir el criterio de aplicar tasas impositivas similares a ingresos similares. La aplicación de este criterio corrige, además, incentivos a la evasión que la antigua ley permitía, por la aplicación de tasas diferentes para impuestos similares, promoviendo así el traspaso del registro de la rentas desde los sectores con mayor tributación a los de menos tributación. Esto, sin duda, contribuye a un país moderno. Coopera también a la estabilidad de la economía nacional y de las reglas del juego para el sector privado.
Asimismo, a lo largo de esta discusión ha quedado en claro que se trata de una reforma moderada, que no desincentiva la inversión y que, por lo contrario, contribuye a un ambiente de estabilidad propicio para ella.
Por otra parte, al financiar responsablemente el gasto social se está lejos de las ya clásicas tentaciones populistas, que finalmente se expresan en procesos inflacionarios desatados.
Por último, no deja de ser una ironía que con esta reforma tributaria va a existir más estabilidad en las reglas en el tema de los impuestos que durante el Régimen pasado, en el que prácticamente todos los años hubo cambios importantes en materia tributaria.
Quisiera también referirme puntualmente al tema de la clase media, en el caso que más la afecta, que es el del impuesto global complementario.
En lo tocante a los contribuyentes con ingresos de 300 mil pesos, no hay ningún cambio. Quienes perciben 400 mil pesos contribuirán con 1.248 pesos. Y el mayor aporte de aquellos con ingresos de 500 mil pesos será de 5.898 pesos. Y así sucesivamente.
Nos parece que de tales cifras se desprende que éste es un esfuerzo de los sectores de altos ingresos con respecto a los de menores ingresos, no viéndose afectada la clase media.
Otro punto que me parece importante señalar es que, en el caso de la agricultura, cuando se habla del paso de renta presunta a renta efectiva, son poco más de 1.520 los contribuyentes afectados. Y no podemos decir que no cuentan con los medios ni las posibilidades de llevar contabilidad. La mayoría de ellos pertenece al moderno sector exportador, que utiliza alta tecnología y sistemas de computación en sus siembras, controles y todo su proceso productivo. Por lo tanto, no veo problema alguno para que, a través de esas mismas computadoras, puedan llevar una contabilidad totalmente correcta.
Deseo referirme también a la transitoriedad de prácticamente toda esta reforma.
Desde el proceso inicial; posteriormente, en la discusión habida en la Cámara de Diputados, y en las indicaciones presentadas en el Senado, se ha establecido que todos los mayores tributos terminan el 31 de diciembre de 1993.
Me parece justo, razonable y patriótico que, a lo menos, estos impuestos rijan hasta fines de 1994. Primero, porque no creo que los problemas sociales, los de los allegados y los de salud vayan a resolverse en cuatro años; y segundo, porque no es admisible dejar al término de este Gobierno y el comienzo del próximo con un presupuesto desfinanciado. Si todos los impuestos tienen vigor hasta el 31 de diciembre de 1993, estamos diciendo desde ya que el presupuesto de 1994 está desfinanciado en más de 600 millones de dólares. Y, lo que es más grave, el país no contará con esos recursos para continuar entregándolos a los sectores que debemos recuperar, por todas las razones que he señalado.
Tenemos que considerar también, señor Presidente, que llevamos casi tres meses discutiendo este proyecto de ley en el Parlamento. En el Senado, prácticamente un mes.
Hace pocos días visité a la comuna de La Pintana, donde se encuentran los sectores de extrema pobreza y en cuyo beneficio, junto con otros señores Parlamentarios, presentamos un proyecto destinado a la capacitación juvenil. En ese lugar, en el cual impera una gran cesantía, los jóvenes carecen, desgraciadamente, de capacidad técnica o profesional para poder trabajar.
En nuestra visita a esa populosa comuna, los Parlamentarios llegamos premunidos de estos famosos celulares. Los pobladores los miraban como quien toca el cielo, porque en la población El Castillo, de la comuna de La Pintana, señor Presidente, con cerca de 40 mil habitantes, ¡hay un solo teléfono!
Allí, las preguntas eran: ¿Cuándo van a llegar los recursos? ¿Cuándo vamos a tener más casas para los allegados? ¿Cuándo vamos a tener más salud?
Les explicamos los alcances de la reforma tributaria y el sentido de las medidas que está adoptando el Gobierno para ir en ayuda de los deudores. Y también les dimos a conocer todo lo señalado por el señor Ministro de Hacienda tanto en esta Sala como en la Comisión.
Para concluir, quiero señalar que, al finalizar esa larga conversación, uno de los pobladores me formuló la siguiente pregunta, muy difícil de contestar: "Señor Senador, ¿hasta cuándo podemos mantener la esperanza?".
Con la aprobación de esta iniciativa podemos decir claramente a muchos compatriotas, a más de un millón de chilenos que se verán beneficiados con este gasto social: "Aquí hay un Gobierno y un conjunto de partidos que están por ayudarlos, que están por que vean una esperanza real en el futuro". Y reitero: me alegro de que lo hayamos hecho con otras fuerzas políticas. Pero lo que queda en evidencia es que, gracias a la voluntad mayoritaria del pueblo de Chile, que el 14 de diciembre escogió a un Gobierno con un Programa claro, y a la decisión definitiva de ayudar a estos sectores, todos los chilenos podrán contar con estos recursos para el gasto social en los próximos meses.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, Honorables Senadores:
Nos toca hoy día abocarnos al estudio de una reforma tributaría. Sin embargo, no debemos poner la carreta delante de los bueyes. La reforma tributaria no es el objetivo; es tan sólo el instrumento. Lo fundamental, el objetivo y la justificación, es un Programa Social, que significará un importante avance en la solución de los problemas sociales más urgentes de los sectores más pobres de nuestro país y más sentidos por la inmensa mayoría de los chilenos. El instrumento, lo complementario, es la reforma tributaria, que permitirá un financiamiento serio y responsable para este programa social.
El desarrollo histórico de un país puede mirarse desde varios ángulos; el político, el cultural, el económico y el social son los principales.
Hace un tiempo, en un ensayo muy ilustrativo respecto del desarrollo de Chile durante este siglo XX, histórico (y no cronológico), el que se inició en 1891 y terminó en 1973, el historiador Gonzalo Vial lo calificaba de inarmónico, señalando que el desarrollo social durante todo este siglo se había quedado largamente rezagado con relación al desarrollo político, cultural y económico, y llamaba la atención acerca de la permanente y enorme capacidad demostrada por la sociedad chilena para negar o minimizar la existencia de pobreza en su seno.
Señor Presidente, durante los últimos cinco años, posteriores a la crisis de los años 1982-1984, la economía chilena, basada en un modelo de economía social de mercado, abierto y competitivo, ha logrado éxitos notables en materia de crecimiento económico, de incremento de la inversión, de creación de empleos productivos, de dinamismo de las exportaciones, de modernizaciones estructurales y de fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos.
Estos notables resultados, que sólo la ceguera o el sectarismo político puede hacer desconocer, adquieren todo su verdadero valor y significado al contrastarlos con la gran mediocridad y total estancamiento mostrados durante igual período por la inmensa mayoría de los países de América Latina. Sin estos resultados notables, el Programa Social que hoy día analizamos simplemente no sería posible.
Sin embargo, con igual fuerza y claridad, y a pesar de lo mucho que se ha avanzado en los últimos años en esta materia, especialmente en la focalización y administración eficiente del gasto social, es necesario destacar que los frutos de este desarrollo económico no han llegado con equidad a todos los chilenos. Subsisten aún graves y urgentes problemas sociales. Subsisten todavía niveles de pobreza simplemente inaceptables para un país con el grado de desarrollo económico alcanzado en Chile.
El 20 por ciento más pobre de la población -esta cifra ha permanecido estancada durante muchas décadas- participa de algo menos del 4 por ciento del producto, en tanto que el 40 por ciento más favorecido representa aproximadamente el 75 por ciento del ingreso nacional. Esto significa que con una transferencia del 5 por ciento del ingreso del 40 por ciento más favorecido podría duplicarse el ingreso del 20 por ciento de los chilenos más pobres de nuestra nación.
El problema de la pobreza en Chile, un país con un ingreso per cápita superior a los dos mil dólares, ya no es un problema de recursos, como lo es en naciones como Haití o Bangladesh, cuyo ingreso per cápita aún no supera los 400 dólares.
El problema de la pobreza en Chile es esencialmente un problema de voluntad política: querer derrotar la pobreza, y de capacidad técnica: saber derrotar la pobreza.
Hoy día tenemos la voluntad política y la capacidad técnica para hacerlo. En consecuencia, desde un punto de vista moral, político, económico y social, nada en el mundo debiera impedirnos que, en un plazo razonable, de aproximadamente cinco años, manteniendo un crecimiento económico alto y sostenido, Chile pueda transformarse en el primer país de América Latina que derrota la pobreza, que se desprende del subdesarrollo y que lo hace con libertad y con democracia.
Señor Presidente, es en este contexto que adquiere toda su trascendencia el acuerdo logrado entre el Gobierno y Renovación Nacional con relación a un programa social. Este acuerdo constituye una gran victoria en la lucha contra la pobreza y por la creación de oportunidades para todos.
Existen dos tipos de políticas para luchar contra la pobreza: las que apuntan a paliar sus consecuencias y aquellas que se orientan a erradicar sus causas.
El programa social que el país hoy día conoce incorpora ambos tipos de políticas. Este programa social significará una ayuda, un alivio o una oportunidad muy merecida para 900 mil pensionados que hoy reciben la pensión mínima o asistencial; para 860 mil receptores del subsidio único familiar, y para 4 millones de beneficiarios de la asignación familiar.
Por otra parte, este programa favorecerá a más de 8 millones de chilenos a través de mayores y mejores servicios de educación, salud y alimentación escolar y preescolar.
También permitirá mejorar e incrementar los programas de construcción de viviendas para allegados; de equipamiento urbano y comunitario; de asistencia técnica y crediticia para pequeños agricultores; de capacitación técnico-laboral y profesional para trabajadores; y de auxilio a más de 300 mil deudores de agua, de luz y habitacionales de menores ingresos.
La inmensa mayoría de esos programas sociales no significan un incremento en el tamaño del Estado o de su burocracia, sino que representan una ayuda directa a la gente, a los sectores menos favorecidos, actuando el Estado, básicamente, como intermediario en la redistribución de los ingresos.
Este programa social, señor Presidente, tiene un costo anual de aproximadamente 550 millones de dólares, lo que equivale a 2% del producto nacional bruto. El año pasado la economía chilena creció en 10%. En consecuencia, este programa social significa destinar la quinta parte de este crecimiento a solucionar graves y urgentes problemas sociales y de pobreza.
Creo que estas cifras hablan por sí solas de la razonabilidad y moderación del programa social y su consiguiente reforma tributaria, que significará incrementar la recaudación tributaria en moneda nacional de aproximadamente 16% a 18% del producto nacional. A nuestro juicio, esta reforma tributaria es estrictamente necesaria para proveer de un financiamiento serio y responsable a este programa social, y ella es y debe ser moderada, equilibrada y terminal. Moderada, porque no debemos volverá las altísimas tasas de impuesto del pasado, que favorecieron al Estado y a su burocracia, en detrimento del sector privado y su capacidad de emprender, con graves consecuencias de estancamiento y pérdida de libertad económica. Equilibrada, porque es necesario distribuir equitativamente la carga tributaria entre empresas y personas, y entre el ahorro y el consumo. Y terminal, porque, de acuerdo al compromiso, ésta será la única reforma tributaria del actual periodo presidencial y no el primer peldaño de una interminable escalera, como tantas veces lo fue en el pasado.
Estos son los criterios básicos que han orientado la reforma tributaria, que comprende cuatro componentes principales:
1) Restitución del impuesto de primera categoría a las empresas, del 10% sobre base devengada y de 15% en forma transitoria durante el periodo 1991-1993.
2) Incremento transitorio del IVA, dell6%a! 18%, durante ese mismo período.
3) Alza moderada en las tasas de impuestos a las personas, tanto de segunda categoría como del global complementario, sin afectar en absoluto a las personas con ingresos inferiores a 300 mil pesos mensuales.
En nuestra opinión, el aumento del impuesto a las personas debiera ser también transitorio; y así lo hemos propuesto en una indicación ya presentada.
Durante los próximos cuatro años, de mantenerse el crecimiento en cifras cercanas al 5%, el Estado podrá contar con ingresos fiscales adicionales por una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares.
4) Finalmente, por razones de equidad tributaria entre sectores, evolución desde un régimen de renta presunta a uno de renta efectiva para los grandes productores en los sectores de minería, transporte y agricultura, manteniendo para los productores pequeños y medianos, que representan la inmensa mayoría, el régimen actual de renta presunta, por condiciones y justificaciones de carácter operativo. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, más del 95% de los contribuyentes agrícolas permanecerá en el régimen de renta presunta.
Quisiéramos reconocer en todo su valor en la forma abierta y franca con que el Gobierno, a través del señor Ministro de Hacienda y sus personeros, mantuvo las conversaciones con Renovación Nacional. Creemos que este ejercicio representa una nueva forma de hacer política, más sana y más eficiente.
Algunos plantean que el programa social podría haberse llevado a cabo sin una reforma tributaria. Estamos plenamente conscientes de que esta reforma ha recibido críticas de ciertos sectores. Es natural. ¿A quién le gusta que suban los impuestos? Más aún, ¿a quién le gusta que suban "sus" impuestos?
Creemos que quienes plantean que este programa social pudo haberse llevado a cabo sin necesidad de una reforma tributaria están profundamente equivocados e inducen a la opinión pública a confusión y a error- El presupuesto fiscal de 1990 no está ni desfinanciado, como han sugerido personeros del actual Gobierno, ni sobrefinanciado, como han planteado personeros del Régimen anterior. Cada uno ha enfatizado una parte de la verdad, pero no toda la verdad.
Es cierto que existen ingresos sobreestimados, pero también lo es que otros están subestimados y que el presupuesto fiscal de 1990, analizado en su globalidad -que es la forma correcta de hacerlo-, está básicamente equilibrado.
En consecuencia, un financiamiento serio y responsable de este programa social requería de recursos adicionales por 550 millones de dólares, que es precisamente la cifra que esta reforma tributaria aportará. Lo contrario hubiera significado hacerlo "a la latinoamericana", es decir, con déficit fiscal, como tantas veces se hizo en el pasado distante en nuestro país.
Las experiencias de países como Perú y Argentina son demasiado cercanas, dolorosas y elocuentes como para ahondar más sobre la incoveniencia de estos caminos fáciles. Estos caminos significan siempre un paso adelante hoy, seguido de muchos pasos atrás i mañana.
Hay quienes han sostenido que existirían otras fuentes de ingresos que no hacían, necesaria la reforma tributaria. Sin embargo, ellas son de carácter incierto -por ejemplo, el mayor precio del cobre más allá de los 7 centavos de libre disponibilidad, o son por una sola vez (el caso de ventas de empresas o de activos públicos). Esa tampoco es, en nuestro concepto, una solución seria y responsable para financiar este programa social.
Otros han criticado la restitución del impuesto de primera categoría a las empresas, del 10 ó 15% transitorio sobre base devengada, pregonando que, al afectar la inversión, ello significará hipotecar el futuro del país.
Permítanme discrepar de esa posición, por tres razones fundamentales:
En primer lugar, la tasa de 10 ó 15% transitoria es adecuada, en términos tanto históricos como internacionales, y la mayor parte del notable proceso de recuperación de la inversión experimentado por la economía chilena en los últimos años se produjo con tasas de impuestos superiores a las mencionadas.
En segundo lugar, el programa social involucra un enorme componente de inversión altamente productiva, no en maquinarias, ni en fierros, ni en chimeneas, sino inversión social, inversión en las personas y en su capital humano, y en forma muy especial, en la gente que menos oportunidades ha tenido en nuestra sociedad.
Sin duda, una mejor educación, mejor capacitación, mejor alimentación y mejor salud se traducirán en una fuerza de trabajo más productiva, más creativa y más participativa. Es cierto: esta inversión social no se refleja en las cuentas nacionales; pero no por ello -y más allá de su valor social- deja de ser altamente productiva en términos económicos amplios.
Y, en tercer lugar, los empresarios chilenos no son tan ciegos ni egoístas como para tomar sus decisiones de inversión basados solamente en las tasas de impuestos. Sin duda, ellos tienen visión, criterio y compromiso con el país, y para tomar sus decisiones de inversión también consideran el tipo de nación que se está construyendo, su estabilidad política y económica, y su armonía y paz social.
Yo soy empresario, y puedo asegurar que, al igual que la gran mayoría, invertiría mucho más en un país con tasas de impuestos del 10% ó 15% pero con estabilidad y armonía, que en otro sin impuestos pero lleno de conflictos y desigualdades.
En verdad, estoy convencido de que lo que realmente significaría hipotecar el futuro de Chile sería no atacar hoy, con voluntad y decisión, los graves y urgentes problemas sociales y de pobreza que afectan a importantes sectores de nuestro país.
Otros han criticado el aumento del IVA, argumentando que perjudicará a los más pobres. Sin embargo, olvidan decir que el 60% más pobre de la población contribuirá con el 25% del mayor IVA que se va a recaudar, es decir, con aproximadamente 50 millones de dólares. Ese mismo 60% más pobre de la población deberá recibir beneficios del programa social por cerca de 500 millones de dólares.
En consecuencia, parece casi una ironía o una burla criticar o atacar este programa social y esta reforma tributaría porque ella perjudicaría a los más pobres.
Hay otros que han sostenido que deberíamos esperar los mayores recursos fiscales provenientes del crecimiento económico para llevar adelante este programa social. Estamos absolutamente convencidos de que el crecimiento económico alto y sostenido es un elemento indispensable e insustituible para tener éxitos verdaderos en la lucha contra la pobreza. Pero estamos igualmente convencidos de que el crecimiento económico por sí mismo no basta.
En su discurso en la CEPAL, el Papa nos llamaba la atención respecto de evitar dos extremos: pan para hoy y hambre para mañana, o hambre para hoy y pan para mañana. Este programa social intenta precisamente un justo intermedio, buscando compatibilizar el necesario e insustituible crecimiento económico con la creación de oportunidades para todos; la solución de los problemas más graves y urgentes de la población, y la incorporación de muchos chilenos a la gran tarea del desarrollo.
Señor Presidente, quisiera reiterar una vez más que el problema de la pobreza en Chile es esencialmente de voluntad política y de conocimiento técnico. Tal como decía el historiador Gonzalo Vial, la sociedad chilena tiene una enorme capacidad para negar la existencia de la pobreza en su seno. Yo agregaría algo más, y que es igualmente negativo: tiene también una gran capacidad para encontrar "muy buenas razones" para enfrentar mañana y no hoy el problema de la pobreza, lo que, en último término, se traduce en una permanente postergación.
Renovación Nacional es un partido cuya preocupación social no florece sólo durante las campañas políticas, para morir junto con el cierre de la última mesa el día de la elección. No pretendemos tener el monopolio de la preocupación social, pues detrás de estos pretendidos monopolios o de la utilización política de la pobreza muchas veces se esconde más soberbia que solidaridad.
Consideramos firmemente que este programa social, desde un punto de vista moral, constituye simplemente lo que había que hacer y lo que la inmensa mayoría del país quiere que se haga; y de ahí la gran concordancia de prioridades sociales entre el Gobierno y Renovación Nacional. Desde un punto de vista político, contribuye favorablemente a la estabilidad y calidad de nuestra naciente democracia. Desde un punto de vista económico, fortalece los verdaderos pilares de una auténtica economía social de mercado al crear oportunidades para todos e incorporar a muchos chilenos a los frutos del sistema. Y, finalmente, desde un punto de vista social, favorece la consecución de una mayor armonía y paz en nuestra sociedad.
Es por estas razones, señor Presidente, que Renovación Nacional ha apoyado desde el primer día este programa social y un financiamiento serio y responsable para el mismo. Es por estas razones -y no otras, ni mucho menos por subterfugios, como argumentaron algunos- que condicionamos la aprobación de la reforma tributaria a que los recursos por ella generados se destinaran íntegramente al programa social y a que éste fuese conocido en forma clara y transparente por todo el país. Y es por estas mismas razones, señor Presidente, que Renovación Nacional será muy estricta en la fiscalización del destino de los fondos y en el desarrollo de este programa social.
Queremos un gran salto adelante en la lucha contra la pobreza y la creación de oportunidades para todos, y no un gran salto atrás, hacia el estatismo y su burocracia, que claramente en Chile y en tantas partes del mundo han mostrado su fracaso.
Por eso, ratificamos hoy día, una vez más, nuestro pleno respaldo al modelo de economía social de mercado como el mejor instrumento de desarrollo para Chile y para todos los chilenos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, Honorables colegas, en primer término, deseo expresar que apoyaré la aprobación general de este proyecto de ley, sumándome así al Comité Renovación Nacional en su respaldo al Gobierno y coincidiendo con ambos en los loables propósitos que se pretende alcanzar con los recursos que genere la futura ley.
En aras de la brevedad, Honorables colegas, pienso que no es necesario repetir aquí los fundamentos y objetivos sociales que llevaron a Renovación Nacional a apoyar esta iniciativa del Ejecutivo, expresados por el Honorable señor Piñera, en conceptos que comparto plenamente.
Quiero, sí, anticipar en esta Sala mi voto negativo -manifestado ya en la Comisión de Hacienda- a la disposición, contenida en el proyecto, que pretende establecer una división horizontal entre los agricultores, de modo que aquellos con entradas superiores a 8 mil UTM al año deben tributar por renta efectiva, mientras que el resto continúa con el tradicional sistema de tributación por renta presunta.
Como Senador independiente, y por representara una Región eminentemente agrícola, me he opuesto a esta división discriminatoria del sector agrícola, por los siguientes motivos.
Primero, estimo que el sencillo, expedito y tradicional sistema de tributación por renta presunta es más efectivo en la generación de recursos que el engorroso procedimiento contable que se concibe y para el cual no se cuenta con la estructura profesional correspondiente.
Pongo énfasis en que el objetivo de esta ley es justamente aportar mayores recursos para los fines sociales que persigue el Gobierno.
Segundo, ya una vez, en la década de los años 60, se intentó aplicar este mismo sistema de tributación y fue un fracaso, por lo cual no deseo que se repita esta mala y ya probada experiencia.
Tercero, a mi juicio, este límite discriminatorio -que además me trae malos recuerdos- podría convertirse, por un lado, en un desincentivo a las inversiones y a la actividad agrícola en general, y por otro, a un estímulo de la evasión tributaria. O sea, justamente los agricultores más eficientes no van a querer sobrepasar el límite establecido o buscarán cualquier subterfugio para quedar bajo ese nivel.
Adicionalmente, estimo que esta, discriminación respecto de la agricultura es igualmente negativa para la minería y el transporte. Por consiguiente, hago extensivo mi voto contrario a las disposiciones del proyecto que afectan a esos sectores.
En virtud de lo expresado, señor Presidente, presentaré en su oportunidad la indicación correspondiente en Secretaría.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente, después de estudiar largamente el proyecto en la Comisión de Hacienda, me parece que con esta reforma tributaria, orientada a mejorar las condiciones sociales de los más pobres, de los trabajadores, de los estudiantes y de los deudores morosos de la ANAP, de contribuciones y de agua potable y electricidad, se ha cumplido en cierta medida un compromiso de la Concertación y del actual Presidente de la República, en el que han sido acompañados, hasta la fecha y con gran decisión, por los representantes de Renovación Nacional.
Este ha sido el compromiso con Chile.
¿Cómo se va a cumplir? ¿Y por qué se tiene que realizar esta reforma tributaria?
Desde luego, señor Presidente, existe un Presupuesto para 1990 comparativamente inferior al de 1989. Y, además, en este Presupuesto menor se consigna una serie de gastos, pero no su financiamiento. Por lo tanto, tenemos para este año un Presupuesto insuficiente.
Pero ¿cuál es el tema de fondo en materia fiscal que obliga al Gobierno a realizar hoy una reforma tributaria?
El drama comienza en 1983. El Banco Central acusa en la actualidad una deuda heredada de 956 mil millones de pesos -3 mil 200 millones de dólares- por acudir al salvamento de una ineficiente actividad privada -para no darle otro nombre-, que no es otra que la banca privada.
Frente a esos 3 mil 200 millones de dólares, en este proyecto se solicitan 580 millones de dólares para cada año. Y en lo que resta de 1990 sólo se recaudarán no más de 350 millones, que, como todo el mundo ya lo sabe, se podrían desglosar en 100 millones por concepto de IVA, 200 millones por impuesto de primera categoría y 30 millones por global complementario.
Ahora bien, el señor Ministro nos ha señalado que es necesario transferir alrededor de 400 millones de dólares al Banco Central, para lo cual, incluso, el Fisco tendría que endeudarse en otros 120 millones.
Por eso, frente a lo que aquí se ha señalado, es importante destacar por qué tenemos que aceptar esta grave situación y hacernos cargo de una enorme cantidad de pobres a quienes la ley en estudio está dedicada con el objeto de obtener la solución de una parte de sus problemas.
Estos esfuerzos, por ello, no son iguales. No lo son para aquellos a quienes vamos a entregar la solución de las dificultades que se detallan; tampoco son iguales a los problemas ni a la ayuda que recibió la banca privada en 1982, lo que prácticamente nos obliga también a aprobar el proyecto para intentar resolver los problemas generados en la gente modesta.
Aquí se ha hablado de 900 mil pensionados y jubilados que percibirán este beneficio y de 4 millones de chilenos -¡4 millones de chilenos!- que van a recibir la asignación familiar y que tienen una renta inferior a 70 mil pesos mensuales.
Si sumamos esas cantidades a otras que, por supuesto, no están incorporadas acá, vemos que con creces -¡con creces!- hay más de 6 millones de chilenos que se encuentran en una situación comprometida en la pobreza.
Y el Honorable señor Piñera expresaba que lo importante en este momento es tenerla voluntad política para resolver el problema. Comparto estas ideas con el señor Senador, porque tenemos que darnos cuenta de que el 5% de la población de Chile recibe 47 veces más -¡47 veces más!- que el promedio del producto bruto, que establece 2 mil dólares per cápita. Y, por supuesto, ese 5% más rico recibe 320 veces más de lo que alcanzará el salario mínimo, inclusive con esta reforma tributaria.
Y si lo miramos desde la otra cara de la medalla, nos damos cuenta de que hay 2 millones de chilenos -lo que corresponde a 207ode la población más pobre- que percibirán veinte veces menos del promedio del producto bruto, de alrededor de 2 mil dólares.
¡Ése es el problema de Chile! ¡Ése es el drama de Chile! ¡Tenemos dos Chile! Uno formado por una gran cantidad de compatriotas -casi 6 millones-que son pobres y un porcentaje importante -alrededor de 20%- que corresponde a capas de sectores medios que poseen algunos recursos; y otro, por 20% de personas- las de más altos ingresos- que están viviendo, no a un nivel como el que tienen los chilenos o los latinoamericanos, sino por sobre el estándar de algunos países desarrollados.
Por eso, señor Presidente , a nuestro juicio, aquí hay que mirar las causas del problema. ¡Cómo es posible que unos pocos se hayan hecho inmensamente ricos y que otros hayan quedado en la inmensa pobreza!
Como digo, el drama comenzó a agudizarse en 1983.
El estado de situación del Banco Central al 31 de marzo pasado establece que las obligaciones subordinadas de las instituciones financieras producto de los muchos negocios bancarios privados alcanzaban a esa fecha -como señalé- a 3 mil 208,4 millones de dólares, y las transferencias fiscales, a 7 mil 119,4 millones de dólares. Las obligaciones subordinadas no son otra cosa que el nuevo nombre adquirido por la carteras vendidas al Banco Central, las cuales ahora, en un acto escandaloso, concretado en los últimos meses de la dictadura, pasaron a poder de las instituciones deudoras -los bancos privados-, las que firmaron nuevos compromisos con el Banco Central, sin plazo determinado de vencimiento, para ser pagadas con parte de los excedentes que se originaran en el propio negocio bancario. Las transferencias fiscales -lo diría entre comillas-, a su vez, corresponden a compromisos asumidos por la Tesorería General de la República con el Banco Central, los cuales, en su mayor parte, nacen de operaciones destinadas a impedir con recursos públicos la quiebra de instituciones bancarias a comienzos de la década de los 80.
Por lo tanto, el costo actual para el país de los subsidios entregados durante el Régimen de Pinochet a la banca puede fácilmente cifrarse en una suma cercana a los 10 mil millones de dólares. El costo para los chilenos fue -es claro- aun superior si se consideran los traspasos ya efectuados por el Fisco con anterioridad. En 1989, por ejemplo, se hicieron transferencias fiscales al Banco Central por un mil 150 millones de dólares, cantidad equivalente al rendimiento durante dos años de la reforma tributaria que estamos tratando.
El país necesita conocer en detalle la cuantía de los fondos entregados con ese fin y cuáles fueron sus destinos específicos.
Durante el presente año, de acuerdo con antecedentes proporcionados por el Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano, el Fisco destinará a cancelaciones al Banco Central 344 millones de dólares, de los cuales 100 millones son de pago obligatorio, y los 224 millones restantes, un prepago voluntario. En verdad, el país está obligado a hacer este traspaso "voluntario", porque de no efectuarse se acentuaría la comprometida situación del Banco Central y debería recurrirse a emisiones de dinero para cubrir su déficit. Todo esto tendría un costo inflacionario indiscutido. El país debe tomar conciencia de las causas de la crisis que vive el instituto emisor, provocada en lo fundamental por los subsidios entregados en los años de la dictadura para impedir -repito- la quiebra de instituciones financieras o ir en apoyo de grandes intereses económicos. Por otra parte, debe tenerse presente que los desequilibrios de dicha entidad se han transformado en un factor inflacionario permanente.
La mayor parte de las obligaciones subordinadas se concentran en tres instituciones: los Bancos de Chile, de Santiago y Concepción, que deben al instituto emisor sumas que superan con creces sus capitales y reservas. Por ejemplo, el primero, al 31 de diciembre recién pasado, con un capital y reservas de 91 mil 799 millones de pesos, tenía obligaciones subordinadas por 336 mil 854 millones 500 mil pesos; es decir, superaban en casi 3,7 veces su patrimonio. La situación del segundo es similar, con obligaciones subordinadas, al finalizar el año pasado, que también superaban los mil millones de dólares.
Estos dos bancos funcionan gracias a recursos públicos que han impedido sus respectivas quiebras, pero son dirigidos y controlados por intereses privados. Tienen como presidentes de sus directorios a los administradores designados por el Estado cuando ambos estaban en falencia: don Adolfo Rojas, el Banco de Chile, y don Julio Barriga, el Banco de Santiago. Dicho de otra manera, personeros nominados para administrar instituciones virtualmente quebradas usaron sus cargos y las infraestructuras de éstas para constituirse en sus presidentes al momento de su privatización. Se generaron, así, nuevos grupos económicos de poder con recursos públicos y el apoyo del Régimen de Pinochet.
La Federación de Sindicatos del Banco de Chile, con motivo de la renovación de Directorio realizada en la última Junta de Accionistas, denunció el uso ilimitado efectuado por el equipo dirigido por don Adolfo Rojas de "la infraestructura del Banco para presionar a los clientes accionistas, con el objeto de consolidar... un grupo de poder no representativo de los intereses de los accionistas y de los trabajadores". Don Adolfo Rojas aprovecha su cargo de Presidente de la institución para ser, a la vez, Presidente de la Asociación de Bancos.
Los hechos demuestran, ai mismo tiempo, el aprovechamiento del sistema de "capitalismo popular". En ambas entidades la propiedad accionaria se encuentra diseminada entre numerosos accionistas "populares", lo cual no es obstáculo, sino, por el contrario, el elemento utilizado para generar los grupos de poder encabezados por los señores Adolfo Rojas y Julio Barriga.
Los dos bancos no pueden continuar dirigidos por tales grupos. Se requiere legislar para corregir el escándalo a que hago referencia: en la dirección de esas instituciones no participan quien coloca el capital -el sector público- ni sus trabajadores, y además, los "capitalistas populares" son usados.
En cuanto al Banco Concepción, su mayoría accionaria fue entregada por la dictadura a la Sociedad Nacional de Minería. Sin embargo, también funciona con recursos públicos: sus obligaciones subordinadas superan 7,1 veces su capital y reservas. Su presidente es el máximo directivo de la Confederación de la Producción y del Comercio, señor Manuel Feliú.
Hasta ahora, una proporción importante de las amortizaciones realizadas por varios bancos al instituto emisor, por concepto de obligaciones subordinadas, proviene de mecanismos creados en los años de la dictadura para posibilitarles la obtención de excedentes. En particular, éstos se han obtenido en el proceso de reinversión y capitalización de pagarés de la deuda externa, explicando una parte sustancial de los excedentes totales de los Bancos de Chile y de Santiago. Sin embargo, este sistema tiende a agotarse, lo cual conlleva al término de su uso para generar excedentes destinados, sea a repartirse como utilidades, sea a cubrir los compromisos con el Banco Central.
Y quiero hacer notar, Honorables colegas, que cada uno de los gerentes generales de estos bancos técnicamente quebrados y sustentados con fondos públicos gana alrededor de 6 millones de pesos mensuales. Este es el escándalo. Quisiéramos saber también, señor Presidente, cuánto perciben los directores de esas instituciones, técnicamente quebradas -repito- y que no obtienen utilidades, pero cuyos excedentes deberían bordear los 250 mil millones de pesos anuales para pagar amortizaciones e intereses por concepto de la deuda subordinada con el Banco Central, en circunstancias de que sólo generaron el año pasado 117 mil millones de pesos, de los cuales destinaron 37 mil millones a ese objeto. Será una deuda impagable, un regalo a nuevos grupos económicos, sin considerar a los deudores particulares que quedan igualmente endeudados.
El término del mecanismo que he mencionado implica que el proceso de amortización de la deuda con el instituto emisor se hará extraordinariamente lento y tenderá a prolongarse todavía más en el tiempo, lo que a su vez repercutirá en la alicaída situación de esta entidad. Se requiere, por ello, enfrentar urgentemente el problema en forma radical.
Y es algo que planteo desde estas bancas al señor Ministro de Hacienda para que tome nota de tales antecedentes.
Lo anterior pasa necesariamente por develar los grandes escándalos producidos en los años de dictadura, que generaron o potenciaron grupos de poder, y encontrar los mecanismos para corregir este estado de cosas. Por ejemplo, señor Presidente, la Sociedad Inmobiliaria El Canelo, dueña de parte o del total de la maquinaria de "El Mercurio", tiene un capital de 17 millones de dólares y una deuda de 80 millones de dólares: se la van pasando, como pelota de tenis, entre banco y banco para no hacerla quebrar. La CAP compró la AFP "El Libertador" con la acción a 40 pesos; al mes de privatizada en esta forma, la acción subió a 80 pesos; luego de reducir la CAP el capital a la mitad, la acción vale hoy 800 mil pesos. Estos son los escándalos que gravitan en que proyectos como el que nos ocupa tengan que ser financiados mendigando 600 millones de dólares, en circunstancias de que el Estado disponía de ellos con creces.
Para terminar, señor Presidente, no pueden intereses privados seguir manejando y controlando recursos públicos; las gigantescas subvenciones entregadas no pueden permanecer sin que se conozcan sus beneficiarios. Mientras esta situación persista, será muy difícil pagar en la medida adecuada la deuda social, ya que a los fines oscuros a que hago referencia se han entregado sumas enormes, que habrían sido muy bien aprovechadas si hubiesen atendido a parte de los grandes problemas sociales acumulados o hubiesen contribuido al desarrollo nacional.
Por estas razones y por otras del mismo peso, expondré en los próximos días temas como el de la deuda subordinada; la responsabilidad que cupo a los consejeros aceptándola hasta en el propio Banco Central; la deuda externa de 21 mil millones de dólares -jamás explicada-, y las mal llamadas inversiones del Capítulo XIX.
Todas las materias que señalo me inducen a plantear una revisión exhaustiva de estos aspectos que tanto daño han hecho a Chile y que lo seguirán perjudicando individual y colectivamente, y a entender que, mientras no se corrija la situación anterior, lo relativo a los impuestos de primera categoría, global complementario y el propio IVA debe revestir carácter permanente, para paliar el daño producido a todos los hombres de trabajo.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente, Honorables colegas, señor Ministro:
Los Senadores y Diputados de los Partidos Socialistas y por la Democracia concurrimos al debate del proyecto de reforma tributaria -y daremos nuestra aprobación en general esta tarde- por entender que a través de esta iniciativa comienza a cumplirse uno de los anhelos más profundos de la mayoría del país, que ya en dos oportunidades tuvo pronunciamientos categóricos respecto de que uno de los problemas principales que enfrentamos, después de dieciséis años de dictadura, es lo que eufemísticamente se ha llamado "la deuda social".
El Programa de la Concertación ha sido claro en sostener que es indispensable un gran esfuerzo nacional -del Estado y del conjunto de la comunidad- para enfrentar e intentar erradicar el drama de la pobreza que afecta a millones de chilenos.
Cuando recién comenzó por allá por 1988, previo al plebiscito, a desarrollarse en el país un debate democrático acerca de los principales problemas nacionales, la magnitud, extensión y profundidad de la pobreza en que viven millones de compatriotas, constituyó uno de los temas más importantes de la discusión política. Porque la verdad es que vivimos en una sociedad con desigualdades sociales intolerables tanto para cualquier concepción ética humanista cuanto para el desarrollo social, económico y político que la mayoría de los chilenos quieren.
Creo que no es necesario en esta Sala entregar antecedentes estadísticos, porque basta la constatación de que es completamente inaceptable que convivan en el país, junto con sectores que tienen bastante bien cubiertas sus necesidades fundamentales, con cuatro millones y medio, cinco o cinco millones y medio de pobres; es decir, chilenos y chilenas que no cuentan con condiciones mínimas de vida digna ya en las postrimerías del siglo XX.
Al mismo tiempo hemos visto de qué manera se han deteriorado, a límites también inaceptables servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda, que contribuyen a la reproducción del círculo vicioso de la pobreza y la extrema pobreza. Y tenemos en este aspecto déficit y carencias sociales que nos va a costar, como país, bastante tiempo resolver de una manera razonable.
Quiero ilustrar lo anterior con un solo ejemplo de los múltiples con los cuales uno se encuentra en esta función que el pueblo le ha entregado: hace una semana, en una reunión entre los gobernadores, los parlamentarios de la Concertación y los secretarios ministeriales de la Región que me eligió como su representante en este Senado -la Séptima-, cuando recibíamos el informe relativo a la situación de vivienda, se nos decía que en ella, donde vive el 8 por ciento de los chilenos, el déficit actual es del orden de las 25 mil -se discutía si son 25 mil o 42 mil, porque todavía hay problemas de diagnóstico- y que el programa para este año considera la construcción de mil unidades. O sea, a este ritmo, en esa Región -y estoy seguro de que algo análogo ocurre en todo el. país- demoraríamos 25 años en dotar a cada familia de un lugar digno donde vivir.
Entendemos, por tanto, que esta iniciativa es una de las que tendremos que enfrentar para efectivamente producir lo que consideramos indispensable: un giro en la política económica y social con que el país se ha desarrollado en estos últimos años. Porque hemos sido víctimas de determinadas políticas y concepciones acerca del desarrollo económico y social que -pensamos- se han demostrado muy insuficientes desde los puntos de vista teórico y científico, y han provocado un dolor muy grande e innecesario a millones de compatriotas.
Se ha insistido en esta discusión en que bastaría sólo con el crecimiento para resolver los problemas de pobreza. Es evidente que si no somos capaces, como sociedad, de mantener un crecimiento sostenido y lo más alto posible, no vamos a resolver, en definitiva, dichos problemas. Pero es radicalmente falso, a nuestro juicio, que baste sólo con el crecimiento para enfrentar nuestras enormes carencias sociales. Y la prueba ha sido la política de este tiempo, en la cual han acompañado a aquél procesos de concentración regresiva del ingreso.
Hay determinados modelos de crecimiento que producen marginalidad social, y el país ha visto cómo la seudomodernizacíón que hemos vivido ha condenado a esa suerte a sectores muy grandes de chilenos. Porque estas concepciones ultraliberales -que ya van empezar también a ir en retroceso en el mundo- parten de algunos supuestos que, en nuestra opinión, son profundamente falsos, como el de que es suficiente el mercado para asegurar una distribución socialmente justa y deseable del producto del esfuerzo común.
Es cierto: el mercado es un factor fundamental para la asignación de los recursos económicos, sobre todo en el mediano y el corto plazos; pero, al mismo tiempo, solos, los mercados son incapaces de asegurar determinados equilibrios esenciales para el crecimiento económico, social y cultural de los países. Y quiero hacer referencia básicamente a tres: el primero, que el mercado por sí solo no garantiza los equilibrios sociales, de lo cual nuestro país ha sido, no únicamente testigo, sino también víctima; el segundo, que el mercado por sí solo no garantiza los adecuados equilibrios regionales -asimismo, un debate respecto del cual se han escuchado voces en el Congreso-, y el tercero, que el mercado por sí solo no garantiza los equilibrios ambientales y la preservación de los recursos naturales. Acerca de este último punto, igualmente hemos sido testigos de cómo estas falsas concepciones, que se han intentado aplicar dogmáticamente, han amenazado a nuestros bosques, a nuestra fauna marítima, e incluso, han convertido en un recurso escaso el aire de nuestras grandes ciudades.
Por otra parte, tampoco es posible en la sociedad contemporánea asignar sólo al mercado la regulación de determinadas actividades esenciales para progresar con cuotas razonables de equidad e igualdad: hablo de la salud, la educación y la vivienda. Si queremos efectivamente vivir en una sociedad que avance en el sentido de las libertades y la equidad, es evidente que se requiere una acción de la comunidad que garantice a todos oportunidades equitativas en esos servicios básicos e indispensables para el desarrollo personal y colectivo.
Por último, quiero agregar que hemos tenido en estos años una caricatura de economía social de mercado, porque ésta, en la sociedad contemporánea, es indisoluble de la libertad política y de la democracia como sistema político, y porque los mercados no operan de igual manera en distintas sociedades. En Chile hemos comprobado cómo la perversión política de un sistema que contradice las tradiciones más profundas de nuestro pueblo y las actuales tendencias de la libertad también ha significado, desde el punto de vista económico, que la acción del Estado -que la ha habido- ha sido arbitraria (y el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra ha aludido a algunos de los arbitrios). Es decir, ha sido una intervención poco transparente, no controlada por la sociedad y muchas veces-repito-arbitraria.
Por tanto, en cualquier discusión seria acerca de los problemas de nuestros modelos de crecimiento económico y social es necesario comprender, a nuestro juicio, que es indispensable introducir factores de regulación en los mercados y factores de corrección de los desequilibrios producidos en nuestra sociedad.
En tal sentido, entendemos que la reforma tributaria, destinada a ampliar los programas sociales que se realizarán a través del Gobierno, apunta en la dirección de corregir desequilibrios, los cuales, sin acciones persistentes de este tipo, tenderían a producirse inevitablemente, y que además, en nuestro caso, desde los puntos de vista ético, político, económico y cultural, son muy urgentes.
Reiteramos que es indispensable -como se ha dicho acá- que el mayor gasto esté sustentado en mayores ingresos. Nosotros, más que nadie, seremos celosos en la mantención de los equilibrios macroeconómicos, y en particular respecto de la inflación, porque sabemos, por experiencia propia y ajena, que ésta finalmente terminan pagándola principalmente los trabajadores y los sectores más pobres de la sociedad.
Consideramos que los recursos que provendrán de la reforma, como ha dicho aquí el señor Ministro , corresponden a un esfuerzo mínimo -razonable pero mínimo-, que va a permitir comenzar a paliar algunas de las carencias tan urgentes de millones de chilenos. Quiero enfatizar que, del gasto previsto, más de la mitad durante este año --y ello reviste carácter permanente para el Estado- se asigna a previsión social; es decir, a resolver problemas de los sectores más desposeídos de nuestro país: el pasivo y,, básicamente, el de los beneficiarios de la asignación familiar.
Creemos que, sin perjuicio de este esfuerzo, no es demasiado lo que se asigna a cuestiones tan importantes como salud, vivienda, e incluso, educación.
Entendemos que, en el afán por superar la pobreza de millones de chilenos, estos programas tendrán que ser complementados con otros esfuerzos, como los realizados por el FOSIS, por ejemplo, o por los que haga también el sector privado de nuestra economía.
Por lo tanto, estamos frente a un aporte social que valoramos, al igual que valoramos el acuerdo producido en torno de esta reforma tributaria, que consideramos muy moderada.
Comentaré en forma breve, señor Presidente, algunas de las disposiciones más específicas del proyecto.
Respecto de las modificaciones que se introducen en el impuesto de primera categoría, quiero decir que el país debe tener claro que finalmente este impuesto es un crédito que vale para el global complementario de los poseedores del capital, de manera que subsiste una situación tributaria donde, en la práctica, las empresas no pagan impuestos. Se ha mantenido este criterio en el proyecto en estudio.
Hago presente que éste es un caso de extrema excepción en el mundo contemporáneo y en las economías de mercado, porque en la mayoría de los países desarrollados -si no en todos- las empresas, como tales, también tributan, sobre la base de que, independientemente de sus dueños, también usan bienes y servicios públicos: obras viales, obras portuarias, seguridad policial, etcétera. En consecuencia, repito que el sistema chileno es de excepción respecto de la experiencia contemporánea, por el hecho de que en la práctica las empresas no tributan, en tanto que los ingresos provenientes del capital y del trabajo -en ese sentido estamos de acuerdo con esta perspectiva de la reforma- tienden a la misma tributación.
En virtud de lo anterior, creemos completamente equivocado el tipo de argumentación sostenida en cuanto a que el proyecto, en el punto que nos ocupa, significaría algún peligro, sea a la inversión, sea al desarrollo nacional.
Se ha dicho acá -lo quiero reiterar- que con esta reforma las empresas y los poseedores de capital en nuestro país tienen un sistema tributario que está muy por debajo del sistema tributario de la mayoría de los países del mundo con economía social de mercado. Los impuestos correspondientes en el Reino Unido, bajo el Régimen de la Primera Ministra Thatcher -de quien son tan admiradores algunos señores Senadores de la bancada del frente-, oscilan entre el 25 y el 35 por ciento; en Corea, entre el 20 y el 23 por ciento; en Malasia ascienden al 35 por ciento, y en Sudáfrica, al 50 por ciento. Por tanto, sostener que se está gravando a la empresa privada chilena con una carga que afectaría la inversión y el crecimiento no tiene ningún asidero con la realidad. El hecho de ser, como digo, algo extremadamente moderado nos ha llevado a plantear en la discusión de la Comisión que la tasa del 15 por ciento de primera categoría deberíamos establecerla con carácter permanente. Por desgracia, no pudimos presentar la indicación respectiva, ya que la actual Constitución no permite a los Senadores formular indicaciones en esta materia, y el Gobierno no la hizo suya por haber contraído al respecto un compromiso previo con Renovación Nacional.
En cuanto al global complementario, nos parece que la reforma también cautela debidamente los intereses de los sectores medios de nuestro país en la medida en que no afecta el mínimo exento y establece alzas moderadas de tributos sólo en el caso de los chilenos que ganan más de 300 mil pesos, que son efectivamente una minoría. Pensamos que ellos están en condiciones de hacer un esfuerzo adicional moderado para enfrentar la situación, calificada por todo el mundo como una gran prioridad nacional.
En lo relativo al cambio de renta presunta a renta efectiva, en la Comisión hemos estado en principio de acuerdo. Nos parece que la argumentación de sectores empresariales vinculados particularmente a la agricultura, reiterada en esta Sala a través de las palabras del Honorable señor Siebert, no resiste mayor análisis. Estimamos que se trata de una medida básica de equidad tributaria y de modernización. No vemos razón para que en la actividad agrícola o minera -menos todavía en la del transporte- las empresas grandes se encuentren sujetas a un régimen tributario distinto. Por consiguiente, hay un elemento de equidad que nos parece importante cautelar en la reforma tributaria.
Y, en segundo lugar, el argumento esgrimido en cuanto a que la obligación de llevar contabilidad completa implicaría una carga que las empresas no estarían en condiciones técnicas de asumir me parece por lo menos un error, considerando el límite sobre el cual se pasa de renta presunta a efectiva y, además, las condiciones del desarrollo de la economía agraria en el país, particularmente en los últimos años.
En el sector moderno de la agricultura estamos con niveles de gestión empresarial y niveles técnicos productivos que en algunos rubros son de los más avanzados del mundo. Y, en mi opinión, las empresas que programan el riego por computación difícilmente van a tener problemas para llevar contabilidad completa, porque, para estar en la competencia internacional, deben poseer las condiciones técnicas para tal efecto. Y en los sectores de agricultura más tradicional del país, con el límite sugerido, las empresas deben ser de tal magnitud, que muy pocas quedarán afectos al sistema. En la Comisión, señor Presidente, puse el ejemplo de que una empresa triguera -porque se habla de los trigueros del sur-, para entrar al régimen de renta efectiva, debería tener 500 hectáreas de ese cereal, con un rendimiento de 50 quintales por hectárea. Estimo que empresas de ese tipo ya quedan muy pocas en Chile.
Respecto del tema en análisis, hemos sostenido que consideramos excesivamente alto el tope en la actividad minera. Y, en ese sentido, creemos que podría bajarse, a fin de mantener las normas de equidad.
En cuanto a los nuevos tributos propuestos, los Parlamentarios del Partido Socialista y del PPD hemos tenido muchas dudas acerca de la oportunidad de elevar el IVA, pues este tributo también afecta a los sectores más pobres de nuestro país. Es cierto el argumento de que la mayor tributación va a provenir de los estratos de mayor consumo, y también el de que los sectores más necesitados van a recibir -producto de las políticas sociales que se van a implementar- más de lo que tributarán.
Votaremos en favor también de esta disposición, básicamente en virtud de que, en este aspecto, ésa fue la decisión final en la discusión habida con el Presidente de la República, a quien damos capacidad de conducción en estas materias.
Antes de terminar, señor Presidente, deseo manifestar nuestra preocupación por la estructura tributaria en el tiempo resultante del proyecto tal como se ha sometido a la consideración del Senado.
En la Cámara de Diputados se modificó su texto para establecer la transitoriedad del IVA. El Honorable señor Piñera presentó una indicación, que no obtuvo mayoría en la Comisión, mediante la cual se pretendía también estipular la transitoriedad de las modificaciones de tasa y de escalas en el impuesto global complementario.
De quedar el proyecto tal como está, significaría que estaríamos aprobando una reforma tributaria que implicaría que durante 1994 el Fisco contara con una cantidad sustantivamente menor de ingresos que los de 1993.
A nuestro modo de ver, esta situación es seria. Además, en 1994 asumirá un nuevo Gobierno -obviamente, esperamos que sea la continuación del Régimen de la Concertación-...
El señor DIEZ.-
¡Es que nosotros gastamos menos!
El señor HORMAZÁBAL.-
¡Ya se gastó eso durante dieciséis años...!
El señor GAZMURÍ .-
¡Gastan bastante menos y la gente lo pasa bastante más mal...!
Por lo expuesto, señor Presidente, considero poco acertado que estemos provocando una situación en la cual veríamos disminuir los ingresos fiscales en cantidades imposibles de determinar hoy con exactitud. Porque suponemos, además, que la economía va a crecer. Pero, en todo caso, en cifras actuales, no sería menos de unos 400 millones de dólares.
Por tanto, pensamos que este asunto debe ser objeto de análisis en la segunda discusión del proyecto. De todas maneras, vamos a replantear esta discusión en 1993.
En consecuencia, queremos dejar constancia do que, a nuestro juicio, el esfuerzo tributario mayor orientado a financiar el gasto social no puede tener la transitoriedad de tres años, pues los problemas que pretendemos enfrentar son múltiples y muy profundos, y su solución va a ser una tarea de más de un Gobierno de transición, como es el del Presidente Aylwin .
Por último, creemos que la aprobación de este proyecto significa efectivamente una nueva etapa en la política económica y social que se implante en el país. Y es nuestra esperanza que abra horizontes de progreso y felicidad a tantos millones de chilenos a quienes la sociedad no ha entregado lo mínimo que su dignidad de hombres exige con urgencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ha terminado la ronda acordada para los miembros de la Comisión de Hacienda.
Antes de iniciar las intervenciones correspondientes a los Comités, y en beneficio de la levedad del ser, creo que valdría la pena suspender la sesión por quince minutos, para reiniciarla con esa otra ronda.
Se suspende la sesión por quince minutos.
-Se suspendió a las 17:42.
-Se reanudó a las 18:21.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
En atención a que voy a hacer uso de la palabra en el Hemiciclo, solicito el asentimiento del Senado para que pase a presidir la sesión el Presidente de la Comisión de Hacienda , Honorable señor Eduardo Frei .
Acordado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente, Honorables Senadores, con muy sincera emoción, por primera vez intervengo en un debate en esta Sala. Y lo hago porque creo que es el momento de ofrecer al país algunas soluciones de unidad y esperanza cuando hay realidades preocupantes que hacen correr el riesgo de mantener y, eventualmente, ahondar divisiones.
Me refiero a la indicación que el señor Presidente de la República ha tenido a bien enviar para incorporarla al proyecto de ley sobre reforma tributaria, relativa a aportes que empresas y particulares pueden hacer, con cargo a impuestos, en beneficio de entidades sin fines de lucro y universidades, con finalidades exclusivamente de fomento de la cultura y del arte. Y agradezco al señor Ministro de Hacienda el interés puesto en la indicación y su patrocinio a ella.
No es un tema que normalmente está en el debate político. Lamentablemente. Porque a veces parece que el fenómeno político como tal o el económico agotara la dimensión del país y también la dimensión espiritual y moral de los hombres. Creo que es un tema de importancia, que debería tratarse tal vez en otra ocasión; pero corresponde hacerlo ahora, con motivo de la necesidad que existe de destinar recursos para esos objetivos.
Señores Senadores, nadie podrá discutir el reconocimiento de que lo cultural en general y las artes en particular constituyen las más altas expresiones de la creación humana y la esencia misma de la identidad profunda de los pueblos.
Cuando las naciones llevan acompasadamente su proceso de civilización -es decir, su desarrollo económico y social- con su crecimiento cultural, se limpian de sus apetitos materiales, de poder, de sus pasiones, y las necesidades del espíritu se satisfacen en aquello que pasa a ser emoción colectiva, propiedad de todos, encuentro de todos.
¡Qué peligrosas son las naciones que pasan de la barbarie a la civilización sin haber transitado por estadios cada vez más altos de cultura!
Si la cultura es una ventana para mirar al mundo, la historia, el panorama humano y físico que nos rodea y abre horizontes de futuro, ¡qué importante es que por esa ventana mire toda la nación: los ricos y los pobres; los de la Capital y los de los pequeños pueblos de provincia, y, sobre todo, la juventud! Este es un elemento esencial para lograr la unidad espiritual de un país.
Estamos todos obligados a ello para que Chile tenga energía espiritual a fin de reencontrarse, en estos momentos en que un pasado tan duro nos aflige y hace imperativo recrear las fuerzas de la unidad, que no pueden ser las de las armas, ni del poder económico, ni de la energía social, sino del común acatamiento de la ley. Pero si la ley es la forma racional de organizar por consenso una sociedad, ésta tiene por objeto garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos y las libertades creadoras de las personas. Y entre estas facultades creadoras están las más elevadas: las científicas y las artísticas.
Por ello, la sociedad requiere estructuras institucionales sólidas, impersonales, como lo pensó Portales; pero al mismo tiempo, un espíritu que la vivifique y que se exprese en cultura. Una sociedad no puede funcionar si sus valores culturales están definidos en función de meros poderes económicos. Ése es el gran riesgo de la sociedad contemporánea.
Los verdaderos paradigmas que alumbran y dan contenido a una sociedad son aquellos que sobresalen por su virtud, su vocación de servicio, su creatividad científica y su capacidad para alcanzar, en calidad, la creación en el arte.
Son ellos quienes, en definitiva, guían y dan sentido a una comunidad social, más allá de la riqueza, del poder o de la fuerza que una nación logre reunir.
Pero como estas actividades no generan normalmente recursos para su desarrollo, desde tiempos inmemoriales, en el curso de la historia, han sido ayudadas por monarcas, por papas, por mecenas y, en las últimas centurias, por los Estados.
En Chile, en el siglo pasado, hombres y mujeres con recursos propios pudieron crear cultura en sus diversas manifestaciones, ayudados a veces por el Estado. Y, así, el país presentó, dentro de sus limitados recursos, un cuadro cultural respetable dentro del concierto latinoamericano, aunque extremadamente dependiente de las ideas venidas de Europa.
En este siglo, el Estado asume en forma más directa la responsabilidad de reconocer valores culturales. Y es así como el Gobierno envía, poco antes de la primera guerra mundial, a Alemania a Claudio Arrau, joven chillanejo, cuyo talento fue conocido por un culto ministro de la época, y quien se convirtiera, gracias a una beca estatal, en el más grande pianista contemporáneo. Sucede lo mismo con las glorias mundiales -orgullo chileno- Gabriela Mistral y Pablo Neruda, designados cónsules como reconocimiento a sus talentos.
El Estado, a través de Premios Nacionales y otras acciones, ha continuado destacando valores culturales, pero siempre en forma extremadamente limitada y cuando los talentos son ya conocidos.
Esta función la asume con posterioridad la Universidad de Chile, en una obra admirable, a través de su Facultad de Bellas Artes, que ha creado música, teatro, pintura, escultura, letras, ballet y otras artes a un nivel superior al de cualquier país de nuestra condición y con mayor excelencia que las mismas naciones europeas. Universidades como la Católica, la de Concepción y otras imitaron este formidable esfuerzo.
Sin embargo, por un lado, la escasez de recursos públicos, las crisis de libertad e identidad que han sufrido las universidades, y por el otro, el menosprecio por la creación cultural, avasallada por el materialismo aplicado, han provocado una pobreza de medios que ha ahogado en gran medida la inmensa capacidad creativa de un pueblo que ha dado tan sobresalientes ejemplos de excelencia a nivel mundial.
Excepciones a esta crisis las hay. Por ejemplo, la admirable excelencia de la Corporación del Teatro Municipal de Santiago, gracias a la visión de alcaldes de calidad, a la generosidad de particulares; la Fundación Andes, que actúa con gran altura y eficiencia, y otras fundaciones.
Pero si recorremos Santiago, con más de 4 millones de seres, y sobre todo las provincias, vemos una aridez cultural sobrecogedora: conservatorios de música falleciendo, teatros ya fallecidos, museos derruidos, bibliotecas muy paralizadas. Pero, al mismo tiempo, una proliferación admirable de creadores artísticos, especialmente en los sectores populares juveniles.
Donde se toca el tema -sea en Pudahuel, Arica, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Valdivia, Río Bueno, Chiloé, Osorno, Coyhaique, en cualquier ciudad (lo digo por experiencia personal)-, se levantan gentes de toda condición y origen dispuestas a juntarse para dedicar sus energías y talentos a un fin de arte; o sea, a un fin noble de unidad y de superación espiritual.
El deber de esta hora, de tantas esperanzas y de tanta juventud en peligro, es ayudar al alma de los chilenos a abrir un espacio superior.
No es el momento, tal vez, de tratar una legislación completa sobre la materia, ni es mí intención abrir un debate ahora sobre la cultura, aunque creo que bienvenido sería en este Senado. No proponemos la creación de un Ministerio de la Cultura -la mayoría de los países ya lo tienen-, pero tenemos, sí, el propósito de sugerir en el futuro una legislación parecida a la de otros países, como en varias parte de América Latina -particularmente en Ecuador-, donde las Casas de Cultura y otros instrumentos han juntado a los pueblos para consolidar su unidad y su propia raíz.
La indicación que se presenta hoy, a través del Mensaje del Presidente de la República, toma en consideración una realidad básica que creo que es moderna, justa, apropiada y razonable.
Por cierto, el Estado no puede desentenderse de una acción directa en la promoción de la cultura y de las artes. Para ello se requiere que él ejecute acciones directas o actúe por medio de las municipalidades y de las universidades.
Pero de lo que se trata en la sociedad moderna es de estimular la libertad de las personas, facilitar su asociación y profundizar la creatividad, a través de la cooperación de las personas y de las empresas. No se trata de dirigir ni de centralizar, sino por el contrario, de estimular la libertad mediante un esfuerzo de la sociedad misma. Porque el arte, o es libre, o no es arte.
La experiencia de naciones que han recorrido un camino más largo en esta materia es muy interesante. En estados Unidos, la inmensa riqueza en museos, conservatorios y toda clase de actividades es la obra de un sistema de incentivos -bien pensados- mediante el cual el contribuyente aporta, como miembro de la comunidad en que vive, sea grande o pequeña, su propio esfuerzo para el desarrollo de la cultura y del arte. Así, dicho país ha llegado a captar lo mejor de los valores artísticos del mundo.
En Gran Bretaña, Italia y Alemania hay legislaciones parecidas que estimulan la creatividad a través de fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, con el mismo propósito.
En Chile se han dado algunos pasos en esa dirección. La ley 18.681, de diciembre de 1987, dispuso rebajar, como crédito al impuesto de primera categoría o global complementario, las donaciones que se efectúen a universidades, básicamente para investigación científica y tecnológica, con lo cual se ha hecho un gran bien, que debería incrementarse.
La indicación cuya aprobación está pendiente en el Senado -y que yo apoyo muy decididamente, porque me he sentido muy interpretado; y, por otra parte, hemos trabajado en esta materia durante varios años- tiene por finalidad otorgar un crédito equivalente a 50 por ciento de las donaciones que se efectúen a universidades, institutos profesionales y a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, cuyo objeto exclusivo sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte, contra los impuestos de primera categoría o global complementario, según sea el caso, con el límite del 2 por ciento de la renta líquida imponible al año, o del 2 por ciento de la renta imponible del global complementario. Se contemplan, además, condiciones estrictas para evitar abusos y deformaciones.
Con ese propósito, esta indicación ha sido estudiada cuidadosamente por Impuestos Internos, y ha sido consultada y aprobada por el señor Ministro de Educación, en lo que corresponde a esa Cartera.
No es toda la solución para abrir la creatividad chilena, pero es un paso que estimo muy importante, en especial para quienes no viven en Santiago sino en provincias y que están hoy día casi totalmente excluidos de la posibilidad de participar en la creación y el desarrollo del arte en Chile.
En momentos en que hay tanta angustia por el pasado, llamo a mirar el futuro creador y a trabajar por él.
Si bien las necesidades materiales de tantos chilenos pobres son muy angustiosas -y aquí se ha hecho referencia a su número tan grande y a su profundidad en pobreza tan alarmante-, quiero decir con absoluta sinceridad que son los mismos pobres, que tienen tantas necesidades espirituales que satisfacer, quienes están reclamando también una posibilidad de expresar su capacidad creativa. Porque son seres humanos dotados de una gran riqueza, como se ha demostrado en nuestros dos premios Nobel, quienes no nacieron en familias de altos ingresos, sino que fueron el producto mismo del pueblo.
No basta mejorar el ingreso; hay que mejorar la calidad de vida.
Permítanme a este respecto, señores Senadores, y para terminar, recordar una historia de la antigua China. Un sabio encontró en su camino a un mendigo muy pobre que le pidió una limosna. Conmovido, el sabio le dio dos monedas. Al atardecer, el sabio encontró al mendigo en la ciudad y le preguntó: "Amigo, ¿qué hiciste con mis monedas?". El mendigo, con cara alegre, le contestó: "Con una moneda compré un pan, para tener con qué vivir, y con la otra moneda compré una rosa, para tener para qué vivir".
Espero que el Senado acoja esta indicación.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
El proyecto de reforma tributaria que hoy debate el Senado se presenta por sus impulsores como el instrumento necesario y adecuado para financiar un urgente programa social en beneficio de los sectores más necesitados del país.
Intervengo en nombre de Unión Demócrata Independiente para exponer las razones por las cuales, en defensa del compromiso de nuestro Partido con los más pobres, nos oponemos a este proyecto de alza de impuestos y votaremos en contra de él.
Consideramos que la elevación de impuestos que se propone atenta contra la posibilidad de acometer ahora -y de ampliar en los próximos años- un mejoramiento del nivel de vida de los estratos más pobres que sea sustentable y sostenido en el tiempo.
Más aún: estimamos que este proyecto de reforma tributaria no es necesario tampoco para financiar el programa social con que se pretende justificarlo.
En síntesis, compartimos la prioridad de luchar contra la pobreza y de impulsar para ello un amplio programa social en los próximos cuatro años. Pero discrepamos del medio que se propone para ello. Pensamos que subir los impuestos, como lo sugiere el proyecto en debate, resulta inconveniente e innecesario para los propósitos señalados.
Ante todo, deseo subrayar que nuestro partido, en su Declaración de Principios y en su Programa, es explícito para destacar la responsabilidad del Estado de proveer o sustentar los ingresos para los más pobres que, de acuerdo a cada circunstancia histórica y a las posibilidades del país, se estimen como los necesarios para una digna subsistencia.
"Superar los niveles de pobreza que impiden a quienes los padecen una efectiva incorporación al progreso general del país, y preocuparse por la capacitación y educación de estos sectores, reviste para Unión Demócrata Independiente un imperativo y un compromiso moral y social prioritarios.", agrega textualmente nuestra Declaración de Principios.
Lo anterior no debe confundirse con una utópica búsqueda de igualitarismo que ninguna nación jamás ha alcanzado. En nombre de ese mito, los países socialistas implantaron el férreo totalitarismo marxista-leninista. Con ello, no sólo conculcaron toda libertad durante décadas, sino que fracasaron rotundamente en sus promesas de brindar creciente bienestar.
El desplome de los regímenes colectivistas de la Europa del Este y su declarada voluntad de transitar hacia economías de mercado ha derrumbado consignas que hasta hace poco se esgrimían con gran acogida en Chile y en otras partes del mundo.
Hoy se comprende que asimilar la justicia a una igualdad de resultados constituye un error que no logra este objetivo y, que, en cambio, sacrifica la libertad y el bienestar. Hoy se admite que la equidad social debe entenderse como la posibilidad de las mayores oportunidades para todos, a partir de un nivel de vida que excluya la extrema pobreza.
Ahora bien, es evidente que la acción redistributiva del Estado en la perspectiva descrita requiere que, a través de los impuestos, la autoridad estatal pueda canalizar recursos de los sectores más acomodados en beneficio de los más desvalidos.
Ningún sector político postula hoy en Chile que el mejoramiento del nivel de vida de los más pobres excluya esa labor redistributiva del Estado o que tal mejoramiento deba provenir únicamente de los efectos automáticos que genera el crecimiento económico, lo cual algunos caricaturizan como el "rebalse" o "chorreo".
La cuestión esencial estriba, eso sí, en reconocer que el crecimiento económico alto y sostenido representa, sin duda, la palanca más importante de bienestar social.
El crecimiento económico elevado y sostenido genera empleo, hace subir las remuneraciones reales y ofrece acceso a una mayor disponibilidad de bienes y servicios para todos.
Más aún: el mayor nivel de actividad inherente al crecimiento económico es también la principal fuente de ingresos tributarios para el Fisco y sus planes sociales. Esto último suele olvidarse al enfocar este tema, actuándose -consciente o subconscientemente- como si mayores tasas de impuestos fuese sinónimo de mayor recaudación tributaria.
Sobre esa base, se presenta todo rechazo a subir impuestos como una supuesta defensa de los más ricos, en perjuicio de los más pobres. Algunos lo han repetido nuevamente a propósito de esta reforma tributaria; pero la realidad es muy diferente.
Tasas de impuesto más bajas aplicadas a una producción que crece en forma más acelerada permiten aumentar los recursos que el Estado recauda por la misma vía tributaria. Ello se agrega a los efectos sociales automáticos del mayor crecimiento económico, en lo ya referido a nuevas fuentes de trabajo, mejores remuneraciones y mayor disponibilidad de bienes y servicios para la comunidad.
Tan efectivo resulta lo señalado, que el propio actual Ministro de Hacienda -en una estimación que otros especialistas consideran incluso subvalorada- atribuye al crecimiento económico un porcentaje sustancial de lo que piensa obtener a través de este proyecto de reforma tributaria.
A nuestro juicio, el alza de impuestos que se propone perjudica las expectativas de un mayor crecimiento económico, porque afecta negativamente el ahorro nacional y la inversión.
En efecto, el aumento del impuesto global complementario resta recursos que en parte importante el sector privado destina actualmente al ahorro. El alza del impuesto de primera categoría, en particular al aplicarlo sobre las utilidades devengadas pero no distribuidas, genera recursos para el Gobierno obtenidos casi exclusivamente contra el ahorro e inversión de las empresas. Si todo impacto negativo para el ahorro repercute siempre dañinamente sobre el crecimiento, ello emerge con especial gravedad en la situación que hoy vive Chile.
Diversas investigaciones económicas indican que para sustentar un crecimiento de la producción del orden de un 5 por ciento anual es necesario invertir sumas equivalentes a 18 ó 20 por ciento del producto. Para financiar esa inversión se dispone del ahorro nacional y del ahorro externo.
Sabemos que el ahorro externo es limitado, y existe cierta coincidencia entre los especialistas en cuanto a que no se puede descansar en él para financiar más allá de alrededor de una cuarta parte de los requerimientos de inversión de nuestra economía. Las tres cuartas partes restantes -es decir, el equivalente a un 15 por ciento del producto- deben, por tanto, financiarse con ahorro nacional.
Aparentemente, ello podría estimarse fácil, dado que en 1989 el ahorro nacional fue de 17 por ciento del producto. Pero ello tuvo lugar gracias a un precio del cobre muy favorable. Si en lugar del precio promedio de ese año, de 129 centavos de dólar la libra, dicho precio cayera a una cifra más normal, de 85 centavos, el ahorro nacional estaría más cerca del 10 por ciento de la producción que del 15 por ciento necesario.
Ello significa, a nuestro juicio, que en el tiempo que transcurra hasta que el precio del cobre vuelva a su nivel normal el país debería aumentar el ahorro interno en forma sustancial. De lo contrario, habremos de resignarnos a menores volúmenes de inversión.
Tenemos el convencimiento, avalado por la experiencia, de que sólo a través de mayor inversión y crecimiento económico Chile podrá progresar en sus condiciones sociales y superar la pobreza. De ahí que, en las actuales circunstancias, parece particularmente riesgoso dificultar el incremento del ahorro requerido. Por eso, no podemos coincidir en que un alza de impuestos que afecta negativamente el ahorro sea juzgada como prudente.
Para justificar el proyecto que hoy debatimos y sostener que él no afectaría el crecimiento económico, sus impulsores argumentan a base de comparaciones con los tributos existentes en otros países. Ponen particular énfasis en que casi ninguna nación deja de cobrar impuestos a las empresas por sus utilidades devengadas, aun cuando ellas no sean retiradas por sus dueños.
Desde luego, cabe refutar el error que supone comparar aisladamente determinado impuesto, en vez de realizar las comparaciones pertinentes sobre el conjunto de la carga tributaria que cada país impone. Una nación puede prescindir de cierto impuesto, pero suplirlo por otros en grados más altos. Lo relevante en cualquier comparación es, así, la carga tributaria en su conjunto.
Si observamos la experiencia de los países más desarrollados del mundo moderno, incluyendo Estados Unidos, Japón y las grandes economías europeas, constataremos que ellas crecieron sobre bases tributarias significativamente menos pesadas que las existentes hoy en Chile.
Sólo después de que alcanzaron un alto nivel de desarrollo esas economías permitieron el crecimiento del gasto público financiado con impuestos. Así, por ejemplo, Chile posee hoy el ingreso per cápita que los Estados Unidos tuvieron a mitad del siglo pasado, o que Alemania alcanzó a fines de ese mismo siglo. Las estimaciones existentes indican que el consumo del Gobierno en esos dos países, en las épocas en que su ingreso per cápita era similar al de Chile, alcanzaba a cifras del 5 y del 6 por ciento del producto, respectivamente, en contraste con el 20 por ciento de la producción a que llega hoy el consumo del Gobierno en Chile.
Incluso Suecia, un país avanzado pero donde el peso del sector público es alto, no absorbía en el consumo de su Gobierno a fines del siglo XIX más del 5 por ciento de la producción, cuando tenía" un ingreso per cápita similar al de nuestro país.
Por tal razón, la comparación entre el peso que el Estado tiene hoy en Chile y el que el Estado posee hoy en las naciones desarrolladas, resulta engañosa. Estos últimos países han resuelto sus problemas sociales más agudos y disfrutan hoy de niveles de bienestar elevados para su población.
Chile, en cambio, requiere crecer y aumentar su base productiva en forma mucho más acelerada que lo que se registra hoy en las naciones desarrolladas, precisamente para afrontar un problema extendido de pobreza que aún afecta a muchos compatriotas.
Proponerse crecer y resolver lo más pronto posible los problemas sociales en nuestra patria aconseja establecer condiciones económicas como las que permitieron desarrollarse a las actuales grandes potencias económicas. Y la clave de esas condiciones consiste en un peso del Estado inferior al que hoy existe en Chile.
Buscando ejemplos más próximos en el tiempo, resalta interesante el caso de las economías asiáticas que han logrado mayor éxito. También en ellas, durante los períodos de crecimiento más acelerado, a pesar de que en la mayoría de los casos requirieron sostener altos grados de defensa, su gasto público absorbió, en general, una fracción muy inferior a la que hoy absorbe el gasto público en la economía chilena.
Pero hay también evidencias más cercanas. Chile y sus congéneres latinoamericanos han debido afrontar desde los inicios de la década del 80 la llamada "crisis de la deuda", en un cuadro internacional similarmente adverso, aunque en forma más aguda para nuestra patria.
Sin embargo, Chile la enfrentó con dos grandes diferencias.
Por una parte, durante casi una década previa a 1982, año en que se desatan los efectos de esa crisis internacional en todo el continente, nuestro país aplicó reformas profundas en su estrategia de desarrollo, para transformar a la empresa privada en el principal motor productivo, en el marco de una economía abierta y competitiva.
Por otro lado, y al contrario de lo que hicieron la mayoría de los países latinoamericanos, a partir de 1982 Chile enfrentó la "crisis de la deuda" reforzando el papel de la empresa privada, haciendo más competitiva su economía, disminuyendo drásticamente el peso del sector público y reduciendo el peso de la carga tributaria.
Los resultados están a la vista.
Mientras muchos países latinoamericanos se debaten en un grave colapso económico y otros recién comienzan, con enorme sacrificio, a reproducir las políticas económicas chilenas, nuestro país aparece creciendo, atrayendo enormes flujos de inversión extranjera e incorporando velozmente nuevas tecnologías en todos los sectores productivos.
Desde una óptica social, ello implica que, cuando en otros países latinoamericanos se ha profundizado la miseria, en Chile hay virtualmente pleno empleo y remuneraciones crecientes. El mejor comportamiento de la economía ha permitido así, a pesar de las menores tasas de impuestos, atacar con decisión diversos problemas sociales urgentes. De este modo, nuestro país ha mejorado en los principales indicadores que reflejan condiciones básicas de vida en los sectores más pobres, como los de nutrición, mortalidad infantil y expectativas de vida.
Es cierto que estamos muy lejos de haber resuelto satisfactoriamente todos nuestros problemas sociales. Indicadores como los mencionados, entre muchos otros, reflejan políticas orientadas a suplir las deficiencias más graves que afectaban a los sectores de extrema pobreza, como expresiones de una red social que se focalizó con gran esmero y eficacia hacia ellos. Esto desmiente las afirmaciones varias veces formuladas en este Senado en el sentido de que el Gobierno anterior habría adoptado un esquema que se rotula como "política del rebalse".
No obstante, la solución de los problemas sociales pendientes y la estabilidad política democrática de nuestra nación requieren un crecimiento económico elevado y sostenido, capaz de mantener altos índices de empleo y remuneraciones crecientes para todos los trabajadores chilenos.
Ante dicha exigencia, reafirmamos nuestro compromiso con la estrategia de libertad en el campo económico como el mejor instrumento para combatir la pobreza. Y esa estrategia, llevada a la práctica hoy en nuestro país, nos conduce a postular mayor moderación en el gasto público y en la carga tributaria, junto a mayores incentivos al ahorro y la inversión. En consecuencia, no podemos respaldar aumentos de impuestos que atentan contra ello, y por consiguiente, contra un desempeño económico más dinámico.
Rechazamos el incremento en el impuesto de primera categoría a las utilidades de las empresas -y especialmente su aplicación a las utilidades devengadas y no retiradas por sus dueños-, porque ello desalentará el ahorro interno. Es obvio que si los propietarios o accionistas de una empresa tributarán igual sobre las utilidades, sea que las reinviertan o que las retiren para su gasto, habrá un fuerte estímulo para que opten por retirarlas y no reinvertirlas.
Se han hecho estimaciones de que el impacto de esta reforma al impuesto de primera categoría se aproximaría a 350 millones de dólares de menor inversión anual.
A lo anterior debe agregarse el efecto negativo sobre la estabilidad financiera de las empresas existentes que, como consecuencia dé esta reforma, tendrán que sustituir sus recursos propios por endeudamiento para financiar sus planes de inversión.
Rechazamos el aumento del impuesto global complementario, porque afecta los estímulos para trabajar, crear y surgir de una clase media emergente y de profesionales o técnicos jóvenes que son claves para el crecimiento económico del país.
Rechazamos el alza del IVA, porque encarecerá los productos de consumo de la población en un 2 por ciento. Ello golpeará especialmente a los más pobres, a quienes les afectará en mayor proporción.
Se ha querido disimular el impacto regresivo de esta proposición arguyendo que, de los 200 millones de dólares que se recaudarían con este impuesto, sólo una cuarta parte provendría del 60 por ciento más pobre del país, sector que se vería compensado por subsidios de montos similares o, aun, superiores.
La realidad es que lo recaudado por el IVA también irá a financiar puertos, caminos, nuevas reparticiones públicas o aumento de plantas en las ya existentes, entre diversas otras partidas muy distintas del gasto social.
Los pobres no verán restituido integralmente lo que pagarán al Estado por el alza del IVA, porque, por muy buena que sea la intención de quienes gobiernan- y no dudo de esa intención en el señor Ministro de Hacienda -, las burocracias estatales nunca devuelven la totalidad de los impuestos que extraen sin que una parte se diluya improductivamente en medio de variadas presiones de gasto muy diversas del social.
Nos oponemos al reemplazo del actual sistema de renta presunta por el de renta efectiva para la tributación del sector agrícola.
Reconociendo que ello constituyo un ideal de equidad tributaria -como la directiva de nuestro partido se lo hizo ver al señor Ministro de Hacienda en las conversaciones previas que existieron cuando se elaboró este proyecto-, estimamos con el Honorable señor Cantuarias que no están dadas todavía en Chile las condiciones adecuadas para exigir que el sector agrícola lleve contabilidad completa. La naturaleza de la producción agrícola; la difícil geografía de nuestro territorio; las dificultades de comunicaciones en gran parte de él; los costos de obtener contadores del nivel requerido al efecto en muchos sectores rurales y los múltiples gastos en que el Fisco tendrá que incurrir para aplicar y fiscalizar esta reforma, son algunas de las principales razones que nos llevan a rechazar que se pretenda imponer ahora este cambio en el sistema de tributación de la agricultura.
Señor Presidente, aparte de los fundamentos generales ya expuestos para oponernos al proyecto en debate, hay dos elementos coyunturales que acentúan nuestra preocupación y discrepancia respecto de su contenido.
En primer lugar están las consecuencias negativas para la empresa privada y su creación de mayor empleo laboral, en el contexto del ajuste económico que la autoridad está llevando a cabo desde hace seis meses.
Para moderar el ritmo de crecimiento, la autoridad ha elevado las tasas de interés sobre los préstamos. Dicho ajuste ha recaído enteramente sobre el sector privado, donde ya se perciben delicados efectos en ciertos rubros. La opinión pública está informada de la caída en el ritmo de actividad de la construcción, como también de subsectores de la industria, el comercio y la agricultura. Esto ya ha repercutido en desempleo en los rubros afectados.
Hasta ahora, el sector público ha estado enteramente ausente del esfuerzo del ajuste. A partir de la eventual aprobación de esta reforma tributaria, el sector público hará aún más difícil la situación del sector privado, extrayéndole nuevos recursos a través de impuestos y aumentando la necesidad de contención del gasto privado para compensar el mayor gasto público.
En segundo término, hay otro aspecto coyuntural que agudiza la inconveniencia del proyecto que debatimos.
Cuando el cuadro general de la economía es favorable, las presiones para incrementar el gasto público se presentan más moderadamente. Por el contrario, cuando cae el ritmo del crecimiento económico -con sus efectos negativos sobre el empleo, las remuneraciones y los ingresos de las familias-, esas presiones arrecian en mucho mayor medida. Por eso, en períodos de recesión o bajo crecimiento aumenta el porcentaje de la producción que se destina a gasto público.
Así ocurrió en Chile en las crisis de 1975 y 1982, acarreando importantes déficit fiscales, los cuales en ambos casos se superaron en los años siguientes, hasta convertirse en significativos superávit.
Un Gobierno responsable y prudente debe procurar reducir el gasto público en momentos de condiciones internacionales favorables y de un crecimiento económico excepcionalmente alto, para crearse así un espacio que le permita enfrentar eventuales dificultades futuras sin arriesgar los equilibrios macroeconómicos.
Así, por ejemplo, del elevado nivel de ahorro registrado en el sector público en 1989, una mitad ha ido a financiar inversiones públicas, y la otra mitad -que básicamente corresponde al sobreprecio del cobre- fue un superávit que el Ejecutivo no gastó y mantuvo como tal.
¿Puede considerarse prudente que el Gobierno impulse hoy el incremento del gasto público, cuando hasta hace cinco meses la economía crecía al 10 por ciento anual?
¿Puede esperarse que ese mismo Gobierno no intentará recurrir a nuevas alzas de impuestos si se concreta la alta probabilidad de que disminuyan los ingresos por exportaciones de nuestro cobre?
Pero hay más, señor Presidente . Aquí se está transmitiendo a la ciudadanía una señal extraordinariamente peligrosa, que se volverá contra las propias autoridades gubernativas. A fin de auspiciar este proyecto, se presenta el alza de impuestos como el camino indispensable y adecuado para que los sectores de mayores recursos acudan solidariamente a financiar un programa social, que algunos denominan "un gran salto hacia adelante".
Ahora bien, como resulta evidente que, pese al referido programa social, subsistirán muchas carencias apremiantes en los sectores más pobres del país, la falsa idea-fuerza que hoy se esgrime hará que muchos propicien nuevos aumentos tributarios, sosteniendo que la solidaridad social reclama otro esfuerzo adicional de los sectores más acomodados.
Quienes han sembrado la equivocada idea-fuerza de que para abordar los problemas sociales más urgentes es imprescindible y apropiado el incremento tributario que hoy se propone, se verán impotentes para resistir las presiones que, dentro de poco tiempo, surgirán para requerir nuevas alzas de impuestos, incluso de los que se propone incrementar en este proyecto.
A quienes sueñan en que ésta será la única reforma tributaria de este período presidencial, me permito recordarles que lo mismo han pensado siempre erróneamente quienes validan caminos equivocados, creyendo que su recorrido se quedará en el paso inicial. Las ideas-fuerzas encierran su propia dinámica. Y la aprobación de este proyecto de signo inicial aparentemente moderado representa sólo el comienzo del tránsito por un rumbo erróneo que pronto otros intentarán proseguir acentuadamente.
Igual advertencia queremos formular a quienes se tranquilizan frente a este proyecto aduciendo que él sólo restablece los niveles tributarios de 1984 ó 1988, según los casos. Olvidan que la psicología del ser humano, tan decisiva para la confianza económica, concede más importancia a las tendencias que a las comparaciones fotográficas entre épocas diversas. En los últimos años los impuestos bajaron. Ahora empiezan a subir. Eso es lo realmente relevante.
Al iniciar estas palabras, sostuve que esta reforma tributaria tampoco es siquiera necesaria para financiar el programa social que se propicia. Un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo demuestra que dicho programa podría financiarse a través de cuatro factores: el mayor crecimiento económico, la menor evasión tributaria, la mejor focalización del gasto social hacia los más necesitados y la privatización de empresas o activos del Estado.
En una estimación conservadora, ello permitiría obtener para los próximos cuatro años un total de 2.950 millones de dólares, cifra superior a los 2.090 millones de dólares que se piensa recaudar en igual lapso con esta alza de impuestos. Y digo "que se piensa recaudar" porque nos parece muy dudoso que en la práctica se logre tal recaudación, la cual, en todo caso, se ha concebido girando gravemente en contra del ahorro y la inversión requeridos para sustentar el crecimiento económico al cual todos aspiramos.
Sin embargo, el Gobierno ha paralizado un programa de privatizaciones que podría allegar importantes recursos para programas sociales en este período (aunque estos recursos, efectivamente, sólo se otorguen por una sola vez, suman). No se ha dado ninguna explicación convincente para la paralización de ese programa de privatizaciones.
¡Qué ironía entraña que el Presidente de un país como México nos haya dicho aquí, a pocas semanas de asumir el actual Gobierno chileno, que aquella nación ha abordado los problemas sociales privatizando empresas y no subiendo impuestos! ¿Cómo no descubrir detrás de la renuencia del actual Gobierno chileno a continuar el proceso de privatizaciones de empresas y activos estatales un inocultable y anacrónico dogmatismo ideológico?
En el fondo, señor Presidente, en la iniciativa tributaria de elevar impuestos que hoy se propone afloran dos estrategias distintas -y en gran parte opuestas- de desarrollo económico-social.
Respetamos que los partidos de la Concertación impulsen un proyecto tributario concordante con su propia estrategia. Pero nuestra colectividad política, en coherencia con sus principios, por fidelidad al electorado que nos apoyó en diciembre y por nuestro compromiso con lo que creemos el camino acertado para derrotar la pobreza, asumirá hoy el deber patriótico y de conciencia de votar en contra del proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, Honorables colegas, en la Comisión de Hacienda del Senado sostuve que en el mismo proyecto de ley de reforma tributaria sometido a conocimiento del Parlamento debían aprobarse los gastos que se efectuarán con cargo a los recursos que se recauden en virtud de dicha reforma. Y ello, por imperativo de diversas disposiciones constitucionales, tales como los artículos 60, N° 8,62 y 64 de la Carta Fundamental, según los cuales todos los ingresos y gastos del Estado deben aprobarse por ley cuya iniciativa corresponde exclusivamente al Presidente de la República.
Estimé que no podía aprobarse un proyecto de ley de reforma tributaria que alza las tasas de algunos impuestos sin que en la misma iniciativa, ni en ninguna otra en actual trámite, se determinara el destino de los mayores ingresos que generaría dicha alza.
Sostuve también que si se aprueba la reforma tributaria sin establecer por ley, coetáneamente, el destino de los mayores recursos, éstos suplcmentarán el Presupuesto vigente, correspondiendo al Poder Ejecutivo determinar soberanamente los gastos que se efectuarán con estos mayores recursos, mediante la suplementación de los ítem que estime pertinentes. Todo ello, de acuerdo con la Ley de Administración Financiera del Estado.
Y, como el establecimiento o el incremento do gastos es materia de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, el Congreso Nacional no puede, para ordenarlos, presentar una moción de ley y aprobarla.
En estas condiciones se corre el serio peligro de que los mayores recursos de la reforma tributaria se inviertan en cualquier gasto corriente, tales como nuevas contrataciones, honorarios, etcétera.
El Presidente de la República, en su Mensaje del 21 de mayo, ha manifestado que los mayores fondos que se obtengan se asignarán a suplementar el Presupuesto -porque habría en él errores de cálculo-; a infraestructura, y a gasto social.
La existencia de déficit en el actual Presupuesto ha sido cuestionada por las anteriores autoridades de Hacienda. En todo caso, ese tema no es objeto de discusión directa, porque, actualmente, el Parlamento trata una ley de reforma tributaria y no de suplemento presupuestario.
Respecto de las posibles inversiones en infraestructura, no se indicó, entonces, qué obras se iban a construir.
En cuanto al gasto social, cabe recordar que éste fue el fundamento de la reforma tributaria.
Sin embargo, de las declaraciones del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda, había quedado en claro que los mayores recursos se invertirían -reitero- en suplementar el Presupuesto, infraestructura y gasto social.
¿Qué proporción de los mayores ingresos se invertirá en cada uno de estos rubros? Ello no había sido precisado ni definido hasta hace muy poco. Insisto, porque lo considero de la mayor importancia: la determinación de los gastos que se efectuarán debería hacerse por ley, y en la misma ley que genera los recursos.
AI Congreso Nacional, como colegislador, le correspondería ponderar, y calificar los gastos del Estado y aprobar, o rechazar en su caso, los proyectos que le presente el Presidente de la República . Esto es lo constitucional y, además, lo sano y lo transparente, puesto que la calificación soberana que hará el Ejecutivo del destino de los mayores recursos que obtenga de la reforma tributaria importa prescindir de la aprobación del Parlamento.
Los precedentes legislativos anteriores a 1973 corroboran que siempre, al aprobarse nuevos tributos, se aprobaron conjuntamente los nuevos gastos. Así lo demuestra el examen de, entre otras, las siguientes leyes: 17.940, 17.828, 17.654, 17.073, etcétera.
De lo dicho resulta que la historia legislativa confirma que el Congreso Nacional, al aprobar nuevos ingresos, ha determinado en el mismo momento el destino de los mayores recursos.
Sin embargo, el Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, aquí presente, ha informado detalladamente a la Comisión de Hacienda -y lo ha manifestado hoy en esta Sala-, sobre el destino que se dará a los mayores ingresos derivados del alza de impuestos; y ha expresado, en nombre del Presidente de la República, que cerca del 90% de los recursos que se recauden se destinará al gasto social, en acciones de salud, educación, vivienda, mejoramiento urbano y previsión, comprendiendo en ésta tanto los reajustes de pensiones -especialmente las mínimas- como los de asignación familiar y subsidio único familiar; de ampliación de determinados programas de ayuda técnica y crediticia para pequeños agricultores; y, en fin, de otras asistencias a las personas que disponen de menores recursos, todo ello explicitado pormenorizadamente.
En tales condiciones, y haciendo fe en la palabra empeñada por el señor Ministro de Hacienda -quien habló, como corresponde, en nombre del Presidente de la República y de todo el Gobierno-, pienso que no sería justo impedir a la actual Administración que lleve a cabo de inmediato sus planes en beneficio de quienes más lo necesitan.
Por ello, votaré a favor del proyecto propuesto.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE .-
Señor Presidente, señores Senadores, el Comité Radical votará favorablemente el proyecto de reforma tributaria. Nos parece que éste busca fortalecer un sistema tributario que privilegie el ahorro y, sobre todo, la inversión. Sin duda, en este propósito se tiene en cuenta la necesidad de establecer la equidad entre sectores productivos y permitir al Estado disponer de recursos adicionales para hacer frente a las responsabilidades políticas, sociales y de promoción del desarrollo.
Incuestionablemente, esta reforma contempla una contribución del sector empresarial al esfuerzo social que el país está requiriendo.
No está de más recordar que la reforma tributaria de 1984 favoreció a las utilidades retenidas por las empresas, convirtiéndose en un mecanismo que les permitió acrecentar el ahorro y expandir la inversión. Los empresarios, como producto de esa reforma, podían descontar del pago del global complementario el impuesto de primera categoría, con lo cual, a largo plazo, la tasa de este último llegó a ser igual a cero.
Aún más, la reforma del Gobierno militar de enero de 1989 permitió que el impuesto de primera categoría fuese pagado sobre la base de utilidades retiradas. Con ello, las utilidades retenidas por las empresas no pagaron impuesto a la renta.
Es esta situación la que se pretende, con justicia, modificar en el presente proyecto. El aumento de impuestos que la reforma tributaria propone al sector empresarial es moderado, que las empresas pueden afrontar sin problemas. Y el gravamen resultante es históricamente muy inferior al que ellas pagaron en Chile durante los regímenes democráticos y por varios años del Gobierno militar.
En materia de inversión, el incremento del impuesto a las utilidades no afectará mayormente, ya que se mantendrá vigente el sistema de incentivos, que contiene diversos mecanismos, tales como recuperación del IVA pagado al comprar bienes de capital, establecimiento de un procedimiento de pago diferido de aranceles aduaneros, funcionamiento de una modalidad de depreciación acelerada para bienes de capital, autorización para no declarar las utilidades retenidas relativas al impuesto global complementario, etcétera.
Pero más importante que todas estas indicaciones nos parece el hecho de que el mecanismo fundamental para incentivar la inversión se encuentra también contenido en esta reforma tributaria en cuanto contribuye a la estabilidad socioeconómica y política, marco imprescindible para asegurar la inversión, ya que la paz social es, desde todo punto de vista, un garante más que necesario para la inversión.
Respecto de las polémicas suscitadas en torno a que el proyecto de reforma podría frenar el desarrollo, afectar el crecimiento económico, compartimos la prevención sobre el aumento del IVA. No somos insensibles -como ya lo dijimos hace un tiempo, durante un debate sobre temas económicos realizado en el Senado de la República- al hecho de que esta medida pudiera convertirse en un arma de doble filo, en desmedro de las capas sociales más desposeídas, así como también de los sectores medios, que han llegado a sufrir muy drásticamente los efectos nocivos de una política que relegó la función social y de bienestar que habitualmente cumplía el Estado. No obstante, creemos que se han buscado los mecanismos pertinentes para evitar que el alza del IVA se vuelva contra nuestras propias aspiraciones y metas.
El IVA es un instrumento eficiente en su función de recaudación. Por tanto, lo importante es consignar quiénes son los que se beneficiarán y qué tipo de gastos van a ser cubiertos por este gravamen. Desde esta óptica, el aumento del impuesto al valor agregado que se propone es progresivo y no regresivo, ya que irá en beneficio de los más necesitados.
Por otra parte, se ha dicho que pagan más IVA quienes más gastan. Y, ciertamente, quienes más gastan son los que más recursos económicos tienen. Antecedentes técnicos nos permiten sostener que 75% del IVA recaudado es proporcionado por el 40% más rico de nuestra sociedad. En efecto, será este sector el que va a pagar de modo fundamental el aumento de dicho impuesto.
Entre los programas sociales que se financiarán con el alza de este tributo -como lo han expresado reiteradamente el Ministro de Hacienda y el propio Presidente de la República - se encuentran los relativos a salud, educación, vivienda, asignación familiar, subsidio único familiar, mejoramiento de pensiones, programas para jóvenes y allegados, y mejoramiento de las oportunidades de los más pobres.
Se ha dicho que estas medidas podrían conducir a generar un proceso inflacionario. Ciertamente, nadie desea que ese fenómeno pueda ocurrir. Una parte considerable de los gastos de las personas no está afecta al IVA.
Por otro lado, los precios de los artículos aumentarían sólo si la población presionara por mejoras salariales y los empresarios intentaran recuperar el mayor costo subiendo los precios. El hecho de haber previsto una serie de medidas para beneficiar a los trabajadores y a los sectores con ingresos más bajos garantiza que no habrá presiones de esa naturaleza.
Además, las medidas propuestas han sido respaldadas por un acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales lo que asegura la buena marcha de la reforma tributaria. Este pacto social suscrito, compartido por trabajadores, Gobierno y empresarios, conllevó definir y aprobar una política marco, contexto en el cual se han suscrito medidas tan importantes como la elevación de la asignación familiar y el aumento del salario básico.
Se ha planteado también en forma reiterada -lo acabamos de escuchar en el planteamiento que nos formuló el Honorable señor Guzmán - que este gasto en programas sociales debió o pudo ser solventado con la venta de activos prescindibles; es decir, seguir con la política de privatizaciones. Es casi imposible disminuir aún más el patrimonio fiscal luego de la venta masiva de las empresas públicas, que en muchos casos significó graves déficit en el financiamiento del Presupuesto.
En suma, señor Presidente y Honorables colegas, pensamos que los términos del proyecto sobre reforma tributaria están guiados en la dirección de generar los recursos necesarios para el financiamiento responsable de los programas sociales y garantizar la inversión; de racionalizar el sistema tributario, mejorando su equidad y limitando la evasión; y, por último, de aportar seriamente a la estabilidad de la economía nacional y de las reglas del juego para el sector privado.
Por todo ello, como he dicho, concurriremos con nuestro voto favorable a la aprobación de este proyecto.
En uso de mi tiempo, y sobre el mismo tema, señor Presidente, quisiera referirme específicamente a un punto que> aun cuando no es posible incorporar en la reforma tributaria, parece pertinente mencionarlo, con el objeto de que las autoridades de Gobierno -y las del Ministerio en especial- tomen nota y, simplemente, adopten las medidas que apunten a su pronta solución.
Se trata del problema que enfrentan los pequeños agricultores, que ven desmedrada su situación social, cultural y económica por la actual reglamentación del sistema de recuperación del crédito fiscal del impuesto al valor agregado.
Dicha situación del pequeño agricultor se relaciona con el efecto económico negativo que el sistema le produce. Al no estar habilitado en la práctica para hacer uso del crédito fiscal del IVA, ve encarecerse su proceso productivo, pues el impuesto no recuperado se le transforma en un costo adicional innecesario, legalmente improcedente y socialmente injusto.
A la vez, el sistema, por su dificultad implícita, obliga al pequeño agricultor a permanecer dentro de los niveles informales de la economía, lo que facilita el abuso de quienes adquieren sus productos -en función de que conocen la situación en que vive aquél, sus limitaciones y necesidades-, que terminan pagándole precios largamente inferiores a los que se transan en el mercado formal.
Por otra parte, desde el punto de vista fiscal, este sector marginado coopera involuntariamente con quienes lo utilizan como medio para la evasión tributaria, cuyo efecto termina siendo importante en la recaudación final del IVA.
El proyecto en cuestión, señor Presidente, apunta a lograr que el pequeño agricultor tenga acceso simple y fácil a la recuperación del crédito fiscal de sus compras, en función de las ventas que él realice, incentivándolo tanto a requerir la facturación por sus adquisiciones como a exigir la documentación que debe surgir de sus ventas. Para este efecto, se supone que el pequeño agricultor agrega valor al proceso productivo por un cuarto del precio final de su venta. En consecuencia, tendrá derecho a recuperar el crédito fiscal en dicha proporción.
El espíritu de este proyecto consiste en liberar al pequeño agricultor de la obligación de llevar registros contables, timbrar documentos y emitirlos, no obstante lo cual puede obtener la recuperación de sus créditos fiscales.
Por ello, se generaliza el sistema de la facturación de compra, documentación que deberán emitir los adquirentes habituales de productos agropecuarios a los pequeños agricultores, quienes tendrán que inscribirse en un rol o registro especial obligatorio para poder operar por esta vía.
Concordante con lo anterior, se crea una identificación especial a través de una cédula distinta, que permita conocer a quienes están adscritos al rol, y un documento denominado "factura de compra al pequeño agricultor", de formato y color distintos a las facturas habituales.
El mecanismo consistirá en que el adquirente de productos al pequeño agricultor queda autorizado para emitir la facturación de la operación, reteniendo íntegramente y siendo de su cargo el entero en arcas fiscales del IVA, por lo que pagará sólo el valor neto de la compra al vendedor. Por su parte, y hasta por tres veces en el año calendario, el pequeño agricultor podrá requerir de la Tesorería General de la República la devolución de los créditos fiscales que constan de las facturas que ha recibido por sus compras, con un tope de 75% del valor de las "facturas de compra al pequeño agricultor" que presentare en la misma oportunidad.
Estas ideas, que podrán estar contenidas en un proyecto, finalmente, contemplan la necesidad de que sea el Supremo Gobierno el que dicte un decreto para su aplicación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente, la verdad es que no puedo negar mi perplejidad ante algunas afirmaciones hechas aquí.
El año pasado, durante la campaña electoral, escuché muchísimas veces decir que casi todos los países de América nos tenían una profunda envidia por nuestra situación económica y que el mismo Estados Unidos ya estaba temeroso de nuestra potencia económica. Eso lo recuerdo muy bien.
Sin embargo, ahora escucho al Honorable señor Guzmán expresar que Estados Unidos sólo cuando llegó a cierta situación empezó a establecer impuestos importantes a sus empresas, a fin de dar solución a los problemas más relevantes que tenía en las cosas básicas: salud, educación y vivienda.
Alguien se equivocó. Probablemente, quienes afirmaban que estábamos tan bien, que en Chile no había pobres ni necesidades, y no el Honorable señor Guzmán ahora. Creo que fueron los otros. Sabemos bien quiénes son los responsables de esas aseveraciones, que no eran verídicas.
Más allá, señor Presidente, de cifras que expertos en economía y gente muy entendida de este Senado nos entregaron -hacían mención de presupuestos insuficientes, o de presupuestos suficientes, o de presupuestos sobrados-, quiero hablar de cosas sensibles, si se quiere.
No soy economista; soy médico. Y hemos visto -junto con los colegas que integran la Comisión de Salud del Senado, quienes son de la Oposición en estos momentos y están sensibles al tema- las reales necesidades existentes en el sector.
Aquí tenemos representantes de las Regiones Segunda, Séptima y Metropolitana que saben específicamente -por las afirmaciones del señor Ministro que ellos han escuchado- que hay hospitales, como los de Talagante, Calama y Talca, que en este momento no pueden contratar personal sencillamente porque no hay dinero con qué hacerlo.
Y llegará el momento en que una información mucho más completa relativa a la salud se tendrá que dar también en este Honorable Senado. Porque, pese a la abundancia económica que presuntivamente tuvimos, hay un deterioro y un déficit acumulativo tales en el Servicio Nacional de Salud, que llegamos a una situación trágica: en algunos hospitales se da el drama de que, no obstante disponerse de camas desocupadas, los centenares de enfermos que desean ingresar a ellos no pueden hacerlo por no haber recursos para contratar personal que los atienda. Esa es una realidad.
El segundo punto, señor Presidente, se refiere a la vivienda, que también es un aspecto sensible. ¿Resulta necesario citar cifras cuando nosotros -al venir al puerto de Valparaíso nos deslumbrábamos con esto que durante un tiempo fue llamado "el valle del Paraíso" y que mereció el nombre que tiene por su belleza natural- quedamos impactados por la pobreza de las viviendas? ¿Acaso en nuestro viaje para llegar al Senado no nos damos cuenta de cómo viven los pobladores en los cerros del Puerto? Y al mencionar a Valparaíso me refiero a cualquier otra ciudad de Chile a su entrada o a su salida, y en cualquier parte.
En educación, creo que no es necesario dar cifras. Deseo relatar un solo hecho.
Anteayer estuve en INACAP de San Fernando -porque considero que los Senadores tenemos la obligación perentoria de recorrer nuestras regiones-, que cuenta con una excelente construcción, señor Presidente y Honorables Senadores, de 4 mil metros cuadrados- Ahí está, sin uso: sencillamente, sin uso. Un país pobre se da el lujo de tener un edificio de 4 mil metros cuadrados sin uso. A eso lo llamamos, en cristiano, "un pecado social". Así lo entiendo yo.
Y en este momento estamos discutiendo que a lo mejor después -¡"después"!-, cuando lleguemos a cierta situación económica, atenderemos estos problemas.
¿Cuándo, Honorable señor Guzmán -y perdóneme por preguntárselo tan directamente-, será ese "después"? ¿Pueden seguir esperando los pobres de Chile y las urgencias dramáticas que tienen? ¿O estarán dispuestos a seguir esperando?
Yo creo que ese "después" es ahora. No es mañana ni pasado.
Según el decir, hubo en cierto momento abundancia de recursos. No se emplearon adecuadamente. Y esa es la verdad.
Tal vez no estuvo allí José para recomendar al Faraón que estaba gobernando que había que acumular en los años de vacas gordas para los años de vacas flacas.
Señor Presidente, recuerdo una frase del Honorable señor Piñera que me gustó mucho. Lo digo porque escucho con mucha atención a todos los señores Senadores. Y Su Señoría dijo textualmente -y si me equivoco en lo que anoté aquí, le ruego que me corrija-: "Prefiero pagar tributo en un país tranquilo a no pagar tributo en un país inestable.". Me parece que, si bien puede no corresponder a la expresión textual, ese es el sentido. Yo comulgo con esa idea, que me parece absolutamente adecuada.
Dice la Biblia que cada día tiene su afán. El afán de hoy es 5 millones de pobres que requieren urgentemente de salud, de educación, de vivienda. No para pasado mañana, ni para mañana, sino para hoy.
Deseo refutar también una afirmación del Honorable señor Guzmán que me parece un tanto temeraria -quiero ser bien prudente en mis palabras-, en el sentido de que los pobres no verán el beneficio ni la redistribución del real aumento del IVA en 2 por ciento -me parece que fue la frase textual- "por una burocracia".
Confío en que ustedes, Honorables Senadores de la Oposición, sean tan duros contralores de lo que haga este Gobierno, que cualquier traspié que cometa lo denuncien aquí, públicamente. Y nosotros vamos a aceptar la crítica que se formule. Tengo confianza en esta Administración, en el señor Ministro, y creo que las cosas que estamos prometiendo las vamos a cumplir.
Señor Presidente, a una familia modesta que gaste 30 mil pesos en un mes el aumento del 2 por ciento del IVA -del 16 al 18 por ciento- le va a significar 600 pesos más. Eso es todo lo adicional que va a gastar. Pero un buen servicio de urgencia en cualquier hospital de nuestras regiones o provincias abandonadas lo justifica con creces, porque se va a dar salud, lo cual no tiene precio. Y un niño que llega a tomar desayuno en una escuela también justifica con creces los 600 pesos más que tendrían que pagarse, teórica o realmente.
Señor Presidente, tengo confianza en el Gobierno; en que la burocracia no va a hacer mal empleo de este dinero. Sabemos que vamos a responder. Y aunque seamos un país pobre, estamos dispuestos a administrar muy bien nuestra pobreza.
Nada más, señor Presidente .
El señor VALDÉS (Presidente).-
Señores Senadores, ha llegado el momento...
Quiere contestar el Honorable señor Guzmán .
El señor GUZMÁN.-
En forma muy breve, señor Presidente , para no alargar la sesión; pero, dado que he sido aludido...
El señor HORMAZÁBAL.-
Perdón.
Señor Presidente, ¿podría explicitarse la interpretación del Reglamento en virtud de la cual va a hacer uso de la palabra, por sentirse aludido, el Honorable señor Guzmán?
En una discusión anterior quedó claro que debía tratarse de una alusión hiriente. No he escuchado ninguna de esas características en contra de Su Señoría; por lo tanto, pido recabar el acuerdo unánime de la Sala para que pueda intervenir.
El Honorable señor Guzmán no puede recurrir a la disposición reglamentaria respectiva, porque nadie lo ha aludido -repito- en forma hiriente. Lo único que hemos podido constatar es que se ha ido quedando solo, que es una cosa distinta.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que pueda usar de la palabra el Senador señor Guzmán .
El señor DÍAZ .-
Conforme.
El señor HORMAZÁBAL.-
No estoy de acuerdo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
El señor GUZMÁN.-
Muchas gracias, señor Presidente.
En todo caso, quiero decir que no hubo nada hiriente en las palabras del Honorable señor Díaz . Lo único hiriente estuvo en la ironía final del Senador señor Hormazábal y en su negativa a darme la posibilidad de clarificar lo que me fue refutado, lo cual deseaba hacer con el mismo respeto con que el Honorable señor Díaz se refirió a mis palabras. Pero, dado que no se me permite...
El señor HORMAZÁBAL.-
Ha sido una herida mínima comparada con los dieciséis años y medio en que Su Señoría no fue "José al lado del Faraón".
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente , dado que el Senador señor Hormazábal no lo permite, lo dejaré para otra oportunidad.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ruego evitar los diálogos.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento este incidente. Y si es posible ceder parte de mi tiempo al Honorable señor Guzmán, lo haré con mucho agrado al final de mi exposición, con el objeto de que responda a los planteamientos formulados por el Honorable señor Díaz, porque ello me parece justo. Creo que en el Senado tenemos que acostumbrarnos a dialogar, aunque sea con relación a las discrepancias, en un tono civilizado, de una manera en que todos tengamos la oportunidad real de expresarnos.
Señor Presidente, quiero referirme al proyecto de reforma tributaria, que es la materia de fondo presentada por el Ejecutivo.
En primer lugar, expreso y reitero el apoyo de mi Partido, Renovación Nacional, a las ideas generales que contiene la iniciativa en estudio. El acuerdo que ha alcanzado al respecto con el Gobierno no ha sido un proceso fácil ni grato: a nadie en Chile le parece agradable tener que pagar impuestos, lo que naturalmente es un punto que mi Partido ha debido meditar seriamente, con la altura de miras y el patriotismo con que siempre enfrenta este tipo de situaciones.
Hemos concordado -repito- acerca del proyecto y estamos por aprobarlo básicamente porque el destino social de los nuevos recursos ha sido explicitado claramente por el señor Ministro de Hacienda y el Supremo Gobierno, pues en la Comisión quisimos que fuera pormenorizado, que fuera detallado, que conociéramos a fondo cuál iba a ser la inversión, peso a peso. Esto, naturalmente, concuerda en lo social con un planteamiento que los Parlamentarios de Renovación Nacional y el Partido mismo hemos venido propiciando, no solamente en nuestro programa, sino también en los distintos foros en que hemos participado. Asegurar que la nueva recaudación vaya directamente a satisfacer las urgencias sociales ha sido, sin duda, un esfuerzo de todos, porque en definitiva ha obligado, como lo planteó en forma tan clara la Honorable señora Feliú , a que el Ejecutivo haya debido extremar sus posibilidades para aclarar y precisar ese destino. Y no cabe la menor duda de que éste corresponderá a la forma y los términos aquí señalados.
En seguida, debemos expresar nuestro respaldo y apoyo a la idea de que las normas de los impuestos de primera categoría y al valor agregado sean transitorias. También hemos propuesto -y vamos a renovar la indicación en la Sala- que las relativas al global complementario tengan igual carácter, por parecemos que las preocupaciones manifestadas por algunos señores Senadores en cuanto a lo que ocurrirá el año 1994 quedarán perfectamente despejadas cuando conozcamos las cifras que la propia economía va a entregar respecto a los nuevos recursos con que contará para esa fecha el Gobierno que corresponda elegir.
En el plano sectorial, hemos tenido en consideración los aspectos programáticos tocantes a esta materia de todos los partidos políticos, los cuales en general, así como las candidaturas a la Presidencia de la República, han manifestado de un modo u otro la necesidad de que los sectores de mayor fuerza tiendan hacia una contabilidad por renta efectiva y no mantengan un sistema de presunción, naturalmente influidos por algunas actividades que han penetrado, a mi juicio indebidamente, dentro de este último. En lo personal, he tenido discrepancias, señor Presidente, en relación con este criterio, y las he manifestado de manera franca y leal, naturalmente dentro del contexto del acuerdo en que mi Partido ha negociado y convenido la reforma tributaria.
Sería desleal de mi parte no expresar en la Sala algunos de los argumentos que he planteado en relación con el tema que señalo, dada mi experiencia de más de 25 años particularmente en la actividad agropecuaria. Y lo hago como una contribución, no para que se modifiquen los términos en que está concebido el proyecto, sino para que en definitiva a lo mejor la experiencia práctica -y sobre la base, además, de lo que ocurrió desgraciadamente en los años 60- nos haga rectificar en un corto plazo tales ideas, en mi opinión de buena fe, pero erróneas.
La razón invocada para pasar del sistema de presunción al de renta efectiva -y esto es igual para el sector agrícola, para el minero y para el transporte- ha sido la equidad tributaria: que los mineros, los agricultores y los transportistas alcanzados por la modificación se sometan al mismo régimen que un industrial o un comerciante.
Este planteamiento, del que no me ocuparé ahora, pasa por alto el hecho de que se propone eliminar -aunque sea parcialmente, dado el límite horizontal concebido- todo un sistema para estimular la inversión agrícola y desestimular la simple tenencia de tierras introducido en 1954 al dictarse la ley Ns 11.575, la cual dispuso que la tasación de los predios agrícolas comprendería solamente el valor de los suelos y el de las casas patronales en lo que excedieran de cierta suma. Ello se relaciona, asimismo, con el artículo 18 de ese cuerpo legal, que estableció que el reavalúo de dichos predios se haría aplicando normas fijadas "de acuerdo con las aptitudes actuales de producción de los suelos y conforme a las condiciones técnicas y las explotaciones normales en la zona en artículos esenciales de subsistencia". De lo anterior se desprende claramente que la tributación agrícola se vinculaba con el valor del suelo, determinado por el rendimiento calculado según las condiciones técnicas y explotaciones normales en la zona en artículos esenciales.
De este modo, el peso de la tributación resulta dado por la rentabilidad que normalmente es posible obtener del suelo: quien lo explota bajo condiciones técnicas inferiores a las normales de la zona va a resultar con un gravamen proporcionalmente mayor a la renta que percibe. Además, en los sucesivos reavalúos se "considerarán los nuevos progresos técnicos más generalizados en cada región y en la medida en que éstos sean evaluados como causantes de mayor rentabilidad. Quienes se queden atrás serán presionados tributariamente. Al llevar contabilidad agrícola -aunque se trate ele un sector de agricultores o mineros-, el que trabaja su tierra o su mina deficientemente queda liberado de esta presión: sólo tiene que pagar un contador que le maneje una contabilidad demostrativa de que no gana. Desde un punto de vista estrictamente tributario, esto es equitativo. ¿Lo es desde un punto de vista social? Creo que no.
Ya pasó la época de la propiedad absoluta: la propiedad cumple una función social. Así lo declaró la Constitución de 1925 y lo ratificó la de 1980. Hoy día nadie discute que la función social de la tierra agrícola es, en primer término, producir. El sistema vigente ha inducido en forma automática y no discriminatoria a cada agricultor a seguir el ritmo de avance de su zona; ahora esto se va a acabar parcialmente, porque un sector va a llevar contabilidad y otro va a quedar bajo el sistema de presunción. Dos agriculturas, de nuevo, señor Presidente , en nuestro querido país.
Además, la misma ley de 1954 creó un mecanismo fuertemente incentivador para la inversión agrícola: el de que las mejoras no estén incluidas en el avalúo. Aun más: si se ejecutan ciertas obras, como tranques, drenajes, destronques, etcétera, y aumenta sensiblemente la productividad de los suelos, el mayor valor originado no lo refleja el avalúo por cierto número de años -diez- y mientras el predio se mantenga en poder de quien las realiza. De esto deriva que las inversiones para mejorar los predios, sean instalaciones o trabajos en el suelo mismo, generan una renta exenta, carácter que también revestirá la generada por la utilización de maquinarias modernas o de técnicas avanzadas, porque el predio modernizado pagará impuestos según el valor normal del suelo en la zona, sin mejoras. Pero el que no mejora se verá presionado por el mayor valor que para toda la zona se aplique en el reavalúo siguiente. Al respecto, recordemos que el próximo año corresponde un reavalúo general de bienes raíces agrícolas.
Este sistema de incentivo se acaba con la contabilidad agrícola: el predio con muchas instalaciones, alto capital de explotación, nuevas técnicas -en suma, el "predio modelo"-, tiene que pagar más, por producir más. Esto, tributariamente, puede parecer equitativo-repito-, pero desde el punto de vista del desarrollo agrícola es, sin duda, erróneo.
La agricultura es una actividad de baja e inestable rentabilidad -y estamos viendo hoy día que pasarnos por un período de "vacas flacas"-, por lo que resulta importante crear sistemas que atraigan la inversión de otros sectores. Cabe recordar que todo el regadío artificial en la zona central del país se debe, sin duda, al esfuerzo y la inversión proveniente de otra área, pues fue realizado por los mineros.
El sistema de fomento a que hago referencia, cuyas normas se mantienen en la actual ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial, indiscutiblemente ha contribuido al espectacular desarrollo de la actividad agrícola dentro de un marco general de respeto a la propiedad y la producción. La balanza comercial silvoagropecuaria, con un resultado negativo de cerca de 300 millones de dólares en 1970, o de 600 millones de dólares en 1973, ahora tiene un saldo positivo superior a los mil 800 millones de dólares. Antes, el problema consistía, señores Senadores, en saber dónde se compraría el trigo, las papas o la leche que faltaba; hoy día, nuestro problema es el de los excedentes. Esto, sin duda, me ahorra muchos comentarios respecto de esta materia.
Lo que el país deberá resolver es si prefiere la llamada "equidad tributaria" o el fomento agrícola. He planteado el cambio del corte horizontal por uno vertical, a fin de evitar una arbitraria división entre dos agriculturas. He tratado de convencer honesta, clara y directamente al Gobierno de esta situación. AI mismo tiempo, debo respetar, con igual decisión, lo acordado entre mi Partido y el Ministerio de Hacienda. Espero que, como ocurrió en la década pasada, se convenzan de estos argumentos aquellos que hoy mantienen una posición de buena fe - porque no tengo duda alguna respecto de este sentimiento- y puedan en el corto plazo rectificar un error que, a mi juicio, a lo único que conduciría sería a crear arbitrariamente una nueva división en la agricultura chilena.
Señor Presidente, nosotros hemos mejorado en forma sustancial y ostensible la iniciativa del Gobierno, y hemos encontrado en éste la mejor disposición para acoger nuestros planteamientos. Creo que del proyecto original enviado a la Cámara de Diputados al que esta tarde está conociendo el Honorable Senado existe una diferencia importante, y que las indicaciones de que será objeto en la Comisión o en la Sala con motivo del segundo informe, correspondientes a los criterios que han venido exponiendo los distintos sectores, también contribuirán a mejorarlo de manera relevante. Lo que deseamos patrióticamente todos los sectores, señor Presidente, es tener un buen proyecto de reforma tributaría.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, yo había concedido una breve interrupción al Honorable señor Guzmán . No sé si Su Señoría la quiere utilizar.
Y no sé si acaso me lo permitirá el Senador señor Hormazábal...
El señor HORMAZÁBAL .-
Además, se lo permite el Reglamento, Honorable colega. En conformidad a la letra b) del artículo 154, el Senador señor Guzmán puede con testar al fundamentar su voto.
El señor ROMERO.-
Perfectamente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.
Con cargo al tiempo que resta al Comité Renovación Nacional, puede usar de la palabra el Honorable señor Guzmán.
El señor GUZMÁN.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero formular un alcance a las observaciones del Honorable señor Díaz en el sentido de que aquí no ha estado ni está en discusión el objetivo perseguido por la iniciativa en estudio ni la urgencia de lograrlo durante el actual período presidencial. Lo que ha estado en debate -y subsisten divergencias sobre el particular- dice relación a cuál es el camino más adecuado para ello, en términos que además sea sustentable en el tiempo. Es ésta la diferencia que nos separa en cuanto a considerar conveniente o inconveniente la reforma tributaria propuesta.
He invocado un estudio serio, elaborado por el Instituto Desarrollo y Libertad, donde se demuestra que sería posible alcanzar recursos del orden de 2 mil 950 millones de dólares durante este período de 4 años a base de cuatro fuentes específicas, que también mencioné y que no deseo reiterar, para no alargar el debate.
En consecuencia, lo fundamental es tener presente que cuando abordamos el tema que nos ocupa puede haber discrepancias -y las hay-acerca de cuál es el mejor camino para obtener el mayor volumen de recursos posibles, a fin de destinarlos a gasto social. Pero eso no significa en absoluto que alguien pueda calificarla intención de quien disiente en el sentido de que no desea que esa urgencia social sea atendida o de que procura restar los recursos para dicho efecto.
Estoy cierto de que no ha sido ésa la intención del Honorable señor Díaz, por lo cual simplemente le respondo para aclarar mi punto de vista, que procuré fundamentar en mi intervención del modo más argumentado posible.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ha terminado el tiempo de los Comités.
En conformidad a los acuerdos adoptados, cada Senador que quiera fundar su voto podrá usar de la palabra hasta por 5 minutos. Al final hablaría el señor Ministro.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
EÍ señor RÍOS.-
Señor Presidente, en realidad, yo pensaba que el señor Ministro iba a contestar ahora algunas inquietudes y que después fundamentaríamos nuestro voto.
Creo que eso es lo importante, por lo que formulo una proposición concreta al respecto.
El señor LAVANDERO .-
Perdón, señor Presidente.
La verdad es que no tendría razón de ser que después de votarse el proyecto pudiera hacer uso de la palabra el señor Ministro.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
La Mesa no ha llamado a votación, señor Senador.
Lo que he dicho es que el acuerdo se tomó en el sentido de que, terminado el debate general, cada Senador tendrá derecho a fundamentar su posición hasta por 5 minutos.
El señor LAVANDERO .-
Pero ya estaría cerrado el debate, señor Presidente. Y la verdad es que ese tiempo es para explicar la forma en que votará cada uno. Entonces,...
El señor DIEZ.-
Nosotros hablaremos después de comenzada la votación.
El señor LAVANDERO .-
...el señor Ministro tendría que hablar ahora, y después, comenzada la votación, fundaría su voto cada Senador.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
No está cerrado el debate todavía.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-
Gracias, señor Presidente.
Creo que hoy día hemos tenido en el Senado una discusión muy a fondo, muy seria, muy profunda -diría yo-, acerca de un tema fundamental en el desarrollo chileno del futuro, cual es el relativo al crecimiento económico y el esfuerzo social que el país tiene que hacer para estabilizar su economía y su vida política.
Se han formulado numerosos comentarios y sugerencias por parte de los señores Senadores, pero carezco del tiempo suficiente para hacerme cargo de todos ellos en este momento. De hecho, hay algunos que espero que podremos retomar en la discusión particular, como, por ejemplo, aquellos referentes al tema de la renta presunta y la renta efectiva. Prefiero en esta ocasión hacer observaciones acerca de algunos de los temas más generales surgidos en el debate hoy día.
Comenzaré expresando una reflexión que, sin encontrarse estrictamente dentro del ámbito de lo conversado y acordado respecto del contenido de la reforma tributaria, creo que tengo la obligación de plantear en esta Sala.
Pienso que con el proyecto en estudio sólo estamos comenzando a resolver los problemas sociales acumulados en este país, que son de una enorme envergadura.
Creo en seguida que, si todos estamos preocupados -como lo estamos- por la estabilidad -la de los procesos políticos, la de los Gobiernos y la social-, no debería sernos ajena la pregunta relativa a qué va a ocurrir con la próxima Administración, cualquiera que sea su color político, quienquiera que sea el que esté manejando los destinos de Chile. ¿Qué va a hacer ese Gobierno el primer año, cuando vea que, por disposición legal, van a caer simultáneamente en el mes de marzo los ingresos provenientes de la tributación de las empresas, del IVA y de los impuestos personales?
Supongamos que, en el mejor de los casos, ese Gobierno pudiera en el mes de abril o mayo, como ha ocurrido en esta ocasión, plantear ante el Congreso la situación tributaria -y tomemos en cuenta el tiempo que ha sido necesario para aprobar la reforma-: ¿qué va a hacer el primer semestre, cuando vea que sus recursos e ingresos tributarios caen en forma fuerte, en relación con las necesidades de la gente común y corriente, que hoy día comienza a beneficiarse con un aumento todavía insuficiente en las pensiones, especialmente en las mínimas, en la asignación familiar y en el gasto en salud?
Porque aquí estamos hablando de 10 mil millones de pesos más en salud, por ejemplo, y estamos conscientes de que no resolvemos cabalmente el problema, ya que hoy día es una vergüenza la situación de los hospitales chilenos. Lo que ha dicho el Honorable señor Díaz puede refrendarlo cualquiera de los señores Senadores que durante la última campaña electoral recorrieron el país y visitaron postas y hospitales, quienes saben que su estado es absolutamente dramático.
Sin embargo, no quiero hacer caudal político de esto. Lo que pregunto es: el próximo Gobierno -de Derecha, de Centro o de Izquierda; de la Concertación o de lo que fuere-, ¿qué va a hacer frente a tales dificultades cuando caigan los ingresos tributarios durante el primer semestre?
Dejo planteada la interrogante -no quiero modificar ni paralizar la tramitación de la iniciativa en estudio-; pero creo que, si somos serios, ella va a estar presente en cada uno de los señores Senadores y Diputados, y en quienes estamos de alguna manera formando parte de la clase dirigente de Chile, porque nos interesa la estabilidad más allá de quien sea el que esté en el Gobierno en el próximo período.
Hecha esta reflexión, me centraré -y Sus Señorías me van a excusar por no referirme a todos los puntos- en las materias más de fondo, que por lo demás han sido planteadas en el debate público desarrollado en los medios de comunicación en forma bastante reiterada por quienes han disentido legítimamente -yo diría- y con mucha fuerza del proyecto que nos ocupa. Quiero aprovechar esta oportunidad para señalar que efectivamente, respecto de esos planteamientos, tenemos diferencias en los enfoques y, también, otras bastante básicas en la interpretación de los hechos.
Comenzaré por la segunda parte: interpretación de los hechos.
Afirman quienes disienten -y ha sido repetido hoy día en esta Sala- que al bajar las tasas impositivas aumentaría la recaudación tributaria.
¡Hechos! ¡Veamos los hechos! No recurramos a lo que un famoso político norteamericano, actualmente en el Poder, llamó "la economía del vudú"; "la economía de la brujería".
Los hechos.
Entre 1984 y 1989 la tasa tributaria bajó fuertemente casi en 5 puntos del producto. ¿Qué pasó con la recaudación tributaria en ese período? La de los impuestos directos bajó del 3,5 por ciento del producto al 2,8 por ciento. ¿Qué pasó con la recaudación del IVA? En 1984 fue del 8,9 por ciento del producto, y en 1989, del 7,5 por ciento.
Diferencias en la interpretación de los hechos: "el aumento de la tributación perjudica la inversión". Y se hace referencia a la publicación de un estudio académico que decía que esta última caería en 250 millones de dólares. Lo que no se dice es que a continuación salió el informe Nº 2, del mismo centro de investigación académica y del mismo académico, quien reconoció que tenía que rectificar sus cifras, por estar basadas en algunos supuestos erróneos respecto de la distribución de las utilidades de las empresas, tocante a las utilidades retenidas y las utilidades distribuidas. Pero, en fin, el aumento mencionado "perjudica la inversión".
Entonces, uno se pregunta: ¿por qué en países con recaudación baja -y notablemente más baja que la chilena-, como Perú, Bolivia, Argentina, la inversión es mucho más reducida que la nuestra? ¿Por qué en la economía chilena en 1981 la tasa de inversión sobre el producto ascendía al 20 por ciento, cuando la tasa de tributación era sustancialmente más alta que la actual; cuando el impuesto a las utilidades de las empresas -señores Senadores, ¡por favor!, presten atención a las cifras- era del ¡49 por ciento!; ¡cuando el IVA era del 20 por ciento!; cuando la tasa del global complementario -la tasa marginal superior- era del 58 por ciento y no del 50 por ciento, como hoy día? ¿Y por qué al año siguiente, en 1982 -y en 1983, y en 1984-, la tasa de inversión sobre el producto cayó al 12 por ciento?
Voy a explicar a quienes han sostenido esta peregrina teoría por qué los hechos están mal interpretados: porque resulta que la razón para esa caída está vinculada al problema del ahorro y, en definitiva, al problema del equilibrio económico. Porque cuando se dice "Aquí tenemos que aumentar el ahorro, y para lograr eso hay que disminuir los impuestos", ocurre que uno, por no aumentar estos últimos, genera un déficit fiscal de tal magnitud que desemboca en un proceso inflacionario descontrolado, como ha pasado en países vecinos.
Mirado de otra manera, tal sucede cuando no se cautelan los equilibrios macroeconómicos fundamentales, como aconteció en Chile en 1982 y 1983, por haberse aplicado una muy errónea política cambiaría, en que se congeló el tipo de cambio, en circunstancias de que la inflación doméstica era mayor que la internacional; o en 1981 y 1982, cuando se había incurrido en un exceso de gasto en la economía, en un exceso de importaciones que el país no podía financiar (y lo dijimos en su oportunidad: señalamos que las importaciones estaban creciendo al 25 ó 30 por ciento, y las exportaciones, al 8 ó 9 por ciento; lo hicimos ver reiteradamente durante todo el año 1981, y también en 1982).
No se respetaron los equilibrios macroeconómicos, como tampoco se respetó fa obligación, en una economía de crecimiento intermedio, de, a medida que uno va desarrollando el sistema financiero privado, tener el mínimo resguardo, la mínima sabiduría de cautelar que ese desenvolvimiento financiero privado se haga bajo la regulación cuidadosa del Estado y no termine en una verdadera fiesta especulativa, como sucedió en ese período, en que se culminó en un colapso del sistema financiero privado chileno que obligó al Gobierno a intervenir a los bancos más importantes del país.
El problema radica, entonces, en que la tasa de inversión baja cuando existe inestabilidad económica. Y hay inestabilidad económica cuando los Gobiernos no financian sanamente el desarrollo social -y afirmo aquí que el actual Régimen debe hacer más desarrollo social-, poniendo los ingresos tributarios antes de los gastos, rompiendo el ciclo populista de América Latina y haciendo de una vez por todas las cosas bien hechas para conciliar desarrollo social con estabilidad económica.
¡Interesa la interpretación correcta y adecuada de los hechos!
Yo no había escuchado la teoría de que lo que Chile debe hacer en materia de carga tributaria es equivalente a lo que los países hoy desarrollados realizaban cuando estaban en un nivel de ingreso per cápita estimado similar al que tendríamos nosotros en la actualidad y que habría ocurrido en el caso de los Estados Unidos, en el siglo XIX, cuando en ese país el Gobierno representaba un 5 por ciento del producto norteamericano.
¡Curiosa afirmación! ¿Qué está involucrado en ella? Pregunto a quienes aseveran eso qué vamos a hacer si hoy día el gasto en Defensa en Chile representa más de 7 por ciento del producto. ¿Vamos a reducirlo a 5 por ciento y a eliminar el resto de los gastos públicos? ¿Qué haremos con el déficit del sistema de seguridad social, que hoy implica financiar el equivalente a 6 por ciento del producto? ¿De dónde sacaremos los recursos? ¿O vamos a eliminar el conjunto de los programas sociales en educación, salud, vivienda, capacitación de jóvenes, fomento de la pequeña agricultura o de la pequeña industria, y nos quedaremos con una proporción menguada de lo que en la actualidad se destina a defensa?
Interpretación distinta -equivocada, a mi juicio- de los hechos fundamentales.
Se dice: "Las condiciones sociales han mejorado en los últimos años, a pesar de los bajos impuestos".
No quiero reproducir aquí la discusión -la tuvimos durante largo tiempo- respecto del número de pobres en el país, o la información, recordada ahora en esta Sala, relativa a lo publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas acerca de la distribución del gasto en Chile, comparando los años 1968, 1978 y 1988. Simplemente, deseo apelar a lo que los señores Senadores observaron de verdad cuando recorrieron el país o sus distritos en la última elección presidencial y parlamentaria o en la campaña del plebiscito. ¡Y a ver si alguien, con una mano en el corazón, me puede decir que las condiciones sociales mejoraron a pesar de los bajos impuestos!
Se declara aquí que el alza del IVA perjudicará a los más pobres, aunque hemos señalado reiteradamente -lo confirmamos hoy en este Senado; ¡y somos personas de palabra y de honor!- que el producto de ese aumento se va a gastar en su totalidad para compensar, y más que compensar, a los sectores más pobres.
Y he afirmado en esta sesión que el 90 por ciento de la recaudación de la reforma tributaria se invertirá en el esfuerzo social. ¿Por qué se me dice que va a ir a otras partidas? ¿Quién ha sostenido semejante cosa?
Se ha manifestado estar en contra del paso de la renta presunta a la renta efectiva en la agricultura. A mi modo de ver, ése es un punto absolutamente válido y pertinente en la discusión. Y creo que los argumentos dados hace un momento por el Honorable señor Romero son serios, de peso, y merecen una discusión a fondo.
Pero me inquieta y preocupa, cuando se hace un planteamiento tributario que se refuerza en esta Cámara Senatorial, que se diga que se siente la obligación de formularlo por coherencia con los principios y por fidelidad con el electorado.
¡Fidelidad con el electorado!
Quisiera recordar lo que está en el Programa Económico del ex candidato señor Büchi -a quien estas fuerzas políticas apoyaron en la última campaña presidencial-, documento en el cual se establece la conveniencia, la necesidad, la urgencia de pasar del régimen de renta presunta al de renta efectiva en la agricultura.
¡Coherencia con los principios, fidelidad con el electorado!
¡Coherencia con los principios!
Tuve, señor Presidente , la oportunidad y el privilegio de conversar -antes de enviar el proyecto de ley de reforma tributaria al Parlamento- con los dirigentes de los partidos políticos que hoy están en la Oposición (por cierto, también lo hice con los dirigentes de los partidos políticos de la Concertación y con los Parlamentarios). Y sostuve una larga reunión con la directiva de la Unión Demócrata Independiente. Estuvieron su Presidente y algunos Diputados y dirigentes. ¿Qué me dijeron en esa ocasión? ¿Qué me afirmó la directiva de la UDI? Me expresó: "Hay un aspecto de su reforma tributaria, señor Ministro , en que estamos plenamente de acuerdo. Y lo vamos a apoyar completamente, porque nos parece inequitativo, ineficiente e inadecuado mantener el régimen de renta presunta, y creemos que debe convertirse en uno de renta efectiva". ¡Coherencia con los principios, fidelidad con el electorado!
Estoy un poco desconcertado en esta materia.
Se me ha planteado en esta ocasión el tema del ajuste, y se ha señalado que el sector público ha estado ausente de él. ¡Injusta afirmación! ¡Injusta afirmación! A mi entender, no podrían hacerla quienes han seguido los acontecimientos económicos en estos tres meses.
Durante ese lapso, en primer lugar, desde el Ministerio de Hacienda hemos apoyado completamente y sin reserva alguna el proceso de ajuste, definido por un Banco Central autónomo, antes de que llegáramos al Gobierno, en circunstancias de que tuvimos la oportunidad de manifestar a la autoridad económica del momento nuestra opinión sobre él. Al respecto, le expresamos que tal proceso de ajuste, a nuestro juicio, debía ser de distinta naturaleza. Le hicimos presente que era más sano y mejor combinar un ajuste por la vía monetaria y financiera con uno fiscal, pues de esa manera no sería necesario subir tanto las tasas de interés, lo que perjudicaría a la cartera de los bancos y a la calidad de ésta, y a los deudores y a las actividades productivas de nuestro país. Y le dijimos: "Usted, señor Ministro , tiene en sus manos hacer el ajuste fiscal. Porque puede ir al Poder Legislativo, constituido por cuatro personas; proponer un aumento de impuestos indirectos, como el IVA y otros, y tenerlo aprobado en 48 horas. Hágalo, porque eso es lo que se necesita para ajustar esta economía".
A pesar de que sabíamos de los inconvenientes de ese proceso de ajuste, lo apoyamos. Y eso, por una razón muy simple: porque, más allá de querer sacar dividendos políticos de situaciones como ésta, estamos claros y conscientes de que aquí lo que interesa es la buena marcha de la economía de Chile. Y, para que eso ocurra, vamos a hacer todos los sacrificios que sean necesarios y a pagar todos los costos políticos que se precisen.
Y cuando los periodistas del sector económico me preguntaban: "Usted, Ministro , ¿hasta cuándo defiende esta política, que no es la suya o que, por lo menos, usted no decidió?", yo les contestaba: "La voy a defender siempre, porque necesitamos coherencia en la política económica, porque es preciso dar señales claras de confianza al país. Y respaldaré al Banco Central ahora y mañana, para que esa coherencia haga posible la estabilidad de la economía".
¡El sector público ha estado ausente!
El sector público no ha estado ausente. Y tampoco el Ministro de Hacienda . Sólo lo ha estado en la medida en que hemos enfrentado una situaci��n de insuficiencia presupuestaria grave; de gastos comprometidos que no podemos cambiar. Heredamos un presupuesto de Defensa garantizado por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que se mantiene y aumenta automáticamente con el IPC, etcétera. ¡Es cuestión de recorrer las dependencias públicas para darse cuenta de que se ha cortado "más allá del hueso" el presupuesto para que el Estado realice sus funciones, y a veces las fundamentales! ¡Si Sus Señorías supieran las presiones que uno recibe todos los días para satisfacer necesidades básicas de la Contraloría o de los servicios públicos más esenciales (para no hablar del deterioro en el gasto social)!
Por eso hemos dicho: "No vamos a rehuir, si es necesario, contribuir al ajuste con la política fiscal. No vamos a buscar una popularidad fácil. Vamos a hacer todo lo indispensable para que esta economía funcione bien con inflación lo más baja posible". Pero para ello, señores Senadores, requerimos la reforma tributaria. Necesitamos algo que podamos ahorrar. Porque el nivel de gastos que ahora tenemos cubre tan primariamente las necesidades elementales, que no es posible comprimirlo más allá de donde está.
Termino, señor Presidente , refiriéndome al último argumento que he escuchado hoy, en cuanto a que una de las razones por las cuales se hace indispensable oponerse a esta reforma tributaria consiste, tal vez, no tanto en lo que su texto dice, sino -quién sabe- en lo que el proyecto deja de decir. Y se arguye aquí que hay que oponerse a él porque puede ser sólo el comienzo del tránsito hacia una situación terrible en que, de manera muy drástica y reiterada -supongo-, van a aumentar los impuestos en el país hasta un nivel intolerable.
Cuando escuché esa frase, recordé el último libro de Albert Hirschman -un viejo querido amigo, profesor de la Universidad de Princeton-, titulado "La Retórica de la Intransigencia". Uno de sus capítulos se llama algo así como "La catástrofe de todos modos", y la tesis que plantea es la de que los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas políticos, son un mecanismo de relojería tan delicado que, si uno cambia un poquito alguno de sus elementos, alguna de sus piezas, el sistema entero entra en una situación catastrófica.
Considero que ese argumento, señor Presidente, es muy peligroso. En primer lugar, porque arroja una duda y tiende una sombra sobre la credibilidad de quien empeña su palabra y sobre la honorabilidad del que construye un acuerdo.
Hemos dicho que no se va a volver a modificar, dentro de los próximos cuatro años, la tasa de tributación a las empresas, ni la tasa de tributación a las personas, tal como lo indiqué en mi presentación inicial.
¡Argumento peligroso!
Pero yo decía al comienzo -y con esto termino- que la diferencia con estas versiones disidentes no está sólo en la interpretación de los hechos: aquí también hay una diferencia de enfoques.
Y quién sabe si en la última frase -en el sentido de ver cualquier proceso de cambio social o económico sólo como el comienzo del tránsito a la catástrofe- está el corazón del problema.
La diferencia- de enfoques consiste en que nosotros -quienes estamos en el Gobierno y quienes nos respaldan- y, me atrevería a decir, la inmensa mayoría de los Senadores hoy día presentes en esta Sala -según lo que he escuchado en las intervenciones de cada uno de ellos- miramos al país hacia el futuro, no como una catástrofe, sino con confianza, tranquilidad y optimismo, entendiendo -eso sí- que la democracia no es más que la institucionalización de la incertidumbre, pero que esa incertidumbre se puede reducir fundamentalmente cuando uno va construyendo y tejiendo, poco a poco y en forma paciente, el respeto recíproco; la confianza de unos en otros; la capacidad de incorporar en las visiones personales la visión de quien parte con una verdad parcial, tan válida como la propia, y de estar dispuesto a integrarla en una percepción más nacional, más de país.
Creo que en eso consiste la diferencia de enfoques: en que hay que perder el miedo a cambiar. Porque, como lo muestran hoy día los países de Europa del Este, cuando las sociedades no cambian, cuando se quedan anquilosadas, hacen implosión, explotan hacia adentro.
Por eso, hemos planteado -y lo reitero aquí- que quienes nos hallamos hoy día en el Gobierno estamos por un proceso de cambios con estabilidad, por un proceso de cambios con consensos. Y en cada ocasión en que haya un elemento importante de modificación de las actuales reglas del juego, señores Senadores, vamos a consultarlos a ustedes, y especialmente a quienes se encuentran en la Oposición.
Estamos por un proceso de cambios para modernizar la sociedad y su economía. Pero, sobre todo, estamos por un proceso de cambios para una vida más vivible y más humana para el conjunto de los chilenos a fines del siglo XX.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto sobre reforma tributaria.
-(Durante la votación).
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, no obstante estar pareado con el Honorable señor Urenda, quien se encuentra de viaje, quisiera destacar en esta votación, a raíz del debate producido, el alto nivel de acuerdo que esta iniciativa ha concitado.
Asimismo, deseo dejar constancia de mi satisfacción, por cuanto esta materia es una de las más importantes que ha correspondido despachar al Senado desde que empezó a trabajar, en marzo último. Y es una materia que, como se ha dicho, trasciende al conjunto del país y está dirigida a beneficiar a sectores muy importantes de nuestro pueblo que se hallan postergados y que sufren necesidades sociales urgentes.
Creo que el acuerdo político logrado entre el Gobierno y el principal partido de Oposición habla muy bien del futuro, de la estabilidad y de la democracia.
El señor MARTIN .-
Señor Presidente , las opiniones vertidas por distintos señores Senadores en favor de este proyecto de ley son suficientes y de calidad como para que concurra con mi voto a su aprobación.
El señor SIEBERT .-
Señor Presidente , ya expresé mi opinión, cuando hice uso de la palabra, en el sentido de que voto favorablemente en general el proyecto, pero manteniendo la reserva con respecto a lo que ya expresara en relación al cambio del sistema de tributación de renta presunta a efectiva para los agricultores, transportistas y mineros.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , el señor Ministro de Hacienda ha hecho una brillante exposición. Pero, de todas maneras, tengo ciertas reservas sobre diversas disposiciones del proyecto/razón por la cual prefiero abstenerme.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente, he fundamentado mi voto afirmativo en una extensa exposición. Sin embargo, quisiera ocupar sólo dos minutos para referirme a un aspecto del debate: lo que planteó el Honorable señor Guzmán, en cuya intervención se expresa que aquí no sólo estamos votando una reforma tributaria, sino que se están enfrentando concepciones muy distintas respecto de elementos sustantivos del desarrollo nacional.
Me parece particularmente grave que a estas alturas de la evolución política y cultural del país se postule que deberíamos llegar a modelos tributarios y de gasto público similares -se ha mencionado aquí a Suecia y Estados Unidos- a los de las etapas más primitivas del desarrollo capitalista moderno, en las que no había previsión social, derechos del trabajo, jornada de ocho horas, etcétera. Creo que, en este sentido, estamos haciendo acá la afirmación de un tipo de desarrollo que combine crecimiento y equidad.
En segundo lugar, quiero dejar también expresa mi opinión en el sentido de que la estructura tributaria que queda para 1994 es altamente inconveniente para el futuro desarrollo del país. Y, por tanto, de aprobarse la reforma en los términos en que se encuentra hasta hoy día el proyecto de ley, va a ser indispensable abrir en 1993 y 1994 un debate nacional sobre estas cuestiones.
En consecuencia reservamos nuestra opinión para el debate que, inevitablemente, vamos a tener que reproducir en este Senado.
Voto que sí.
El señor CALDERÓN .-
Voto favorablemente, pero tengo dos reservas.
Una, que esta reforma tributaria me parece demasiado moderada. No expuse precisamente sobre esto. Pero el propio señor Ministro, incluso, habló de lo que son los impuestos a las empresas en otros países; puede hacerse una larga lista.
Además, me parece que esto tiene que ver con un asunto de ética, que también debe ser tomado en cuenta. Creo que Chile ha vivido, en los últimos dieciséis años, un tipo de capitalismo, denominado "capitalismo salvaje", que llama a los partidos políticos a la responsabilidad.
No considero prudente la concentración del ingreso y del consumo que existe en Chile. Por eso, estimo que la tasa impositiva, que pudo haber sido más alta, es extremadamente moderada.
En segundo lugar, no se ataca la dimensión territorial de la inequidad social. Y lo entiendo: el Gobierno recién empieza a marchar por lo que es un proceso de regionalización. Pero, si tomamos en cuenta esta reforma, no comprende aquello.
Por ejemplo, tengo dos indicaciones -las defenderé en la discusión pormenorizada de la ley- que precisamente se relacionan con este problema.
Pero apruebo en general la reforma tributaría, porque con ella empieza a pagarse la deuda social que el Estado tiene para con la inmensa cantidad de pobres que hay en Chile, y, además, por el consenso político reinante, que considero importante para el momento político que vive el país.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente, junto con votar favorablemente este proyecto, quiero formular dos pequeñas observaciones.
Primero, creo que el gasto que el Gobierno va a hacer de éstos y de otros fondos está debidamente cautelado, no sólo por el Presupuesto y por los planteamientos que ha efectuado el señor Ministro en esta Sala, sino porque hoy existe justamente un Parlamento que puede precaver el buen uso de los recursos públicos.
En segundo lugar, no me parece adecuado fijar una duración a la vigencia de esta reforma tributaria, sino que deben ser las circunstancias-la superación de la pobreza que la origina y los hechos que el señor Ministro ha planteado con tanta claridad- las que determinen cuándo ha de finalizar su aplicación.
Por lo tanto, pienso que no tendría que quedar establecida aquí, en esta Sala y en esta oportunidad, la duración de la reforma, sino que debiéramos dejar a las autoridades del momento- sean del Poder Ejecutivo o del Legislativo- que determinen cuándo es necesario introducir una modificación al sistema tributario, considerando especialmente la situación de pobreza que vive el país.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Voto favorablemente el proyecto de reforma tributaria. Y quiero hacer un solo alcance.
En el curso del debate se ha dicho que en Chile la pobreza ha existido desde hace muchas décadas. No voy a entrar en esa discusión, porque sería larga. Deseo tan sólo señalar un hecho: de acuerdo con la encuesta del INE que cité, si comparamos las cifras de 1969 con las de 1988, vamos a ver que 40 por ciento de chilenos que pertenecen a los sectores bajo y medio-bajo ha disminuido su participación en el gasto social en 40 por ciento, y que el sector de más altos ingresos -el 20 por ciento-, en ese mismo período, ha aumentado su participación en el gasto en 27 por ciento.
Voto favorablemente, porque creo que a través de la reforma en análisis vamos a revertir este proceso y, también, porque quiero vivir en un país solidario.
Nada más, señor Presidente.
El señor DÍAZ .-
En mi poder tengo una revista de administración en salud, donde también aparecen esas cifras: desde 1974 a 1987 la participación de los sectores bajos y medios en el gasto social bajó prácticamente en 40 por ciento.
Por ese rubro y muchos otros, voto que sí.
El señor COOPER.-
Señor Presidente, doy mi aprobación considerando los grandes objetivos sociales que persigue este proyecto.
Quiero también adherir plenamente a los planteamientos del Honorable señor Romero.
Por lo tanto, mantengo mi reserva en cuanto al cambio de la modalidad de tributación de renta presunta a renta efectiva de los sectores agrícola, minero y transporte.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, voy a dar mi aprobación al proyecto haciendo ver también que lo entiendo como un mecanismo para proveer de mayores recursos al Estado, a fin de que pueda cumplir su papel subsidiario, en este caso, de atender necesidades sociales urgentes.
Determinar el punto de inflexión en que, por altos, los impuestos afectan el desarrollo y, así, terminan decreciendo los ingresos del Estado, es una cuestión no resuelta.
Yo apruebo la iniciativa, en la tranquilidad de que el punto en que se están resolviendo los impuestos no corresponde al de inflexión, al cual nunca debe llegarse.
Pero sí manifiesto mi aprensión -como lo decía anteriormente el Senador señor Romero - en el ámbito del desarrollo agrícola. Creo que si bien desde el punto de vista tributario se lograrán mayores recursos provenientes del sector agrícola, el desarrollo de éste de alguna manera será castigado con tal medida.
Con esa aprensión, apruebo el proyecto.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, doy también mi aprobación al proyecto.
Sin embargo, formularé un par de observaciones o ideas, a fin de que el señor Ministro las tenga en consideración, no sólo para éste instante, sino además para el futuro.
Se le está entregando para su administración, señor Ministro, una cifra cercana a los 540 millones de dólares. De esa cantidad, que corresponde a 161 mil millones de pesos, unos 60 mil millones de pesos van a previsión, naturalmente para ser distribuidos centralizadamente. El resto de los recursos -una cantidad cercana a los 100 mil millones de pesos- se destinan a los diferentes programas que el señor Ministro ha señalado: educación, vivienda, etcétera.
Es muy importante que los recursos así concentrados en el Ministerio de Hacienda se distribuyan considerando las naturales aspiraciones de las regiones del país. Es fundamental.
En la medida en que vayamos desarrollando Chile armónicamente iremos dando, seguramente, uno de los pasos más trascendentes en nuestro propio crecimiento.
Creo -y es justo reconocerlo- que en nuestro país existen muchas aspiraciones, de muchos jóvenes, de pueblos pequeños, ciudades, capitales de provincias y regiones que están entregando gran cantidad de recursos al Estado y que esperan, naturalmente, que parte importante de ellos les permitan satisfacer sus propias aspiraciones en el lugar en que han nacido, estudiado o donde viven.
Por eso, entendiendo que esto es muy relevante para el desarrollo social chileno, queda en manos del señor Ministro de Hacienda y del Gobierno la responsabilidad de que dichos recursos sean invertidos y gastados equitativamente y, al mismo tiempo, nos permitan desarrollarnos a todos los chilenos que vivimos en regiones, a fin de poder encontrar alternativas de mejor vida y cumplir también nuestras metas en esos lugares.
En tal sentido, me parece importante expresar estas ideas, para que en el futuro -; sobre todo en la Ley de Presupuestos para 1991- se vayan considerando y podamos aprovechar las alternativas que señalé.
Voto que sí.
La señora SOTO.-
Señor Presidente, voto favorablemente porque hay un millón y medio de pensionados que han dado su vida, su esfuerzo y su talento por este país y necesitan recuperar su dignidad.
Voto favorablemente porque hay viudas que reciben un montepío misérrimo con el que tienen que vivir, en circunstancias de que deben hacerlo con medicamentos diarios, para que tengan una mejor calidad de vida.
Voto favorablemente porque los hijos de los pobladores y de los trabajadores que tienen talento puedan llegar a la universidad y, así, engrandecer este país.
Voto favorablemente porque en las postas -como lo dijo el Honorable señor Díaz-, en el día de hoy, los sectores marginales no tienen acceso a la salud y los médicos -no por crueldad, sino por realismo- deben romper las recetas dado que quienes pertenecen a aquéllos no disponen de recursos para comprarlas.
Voto favorablemente porque en este país hay muchas mujeres solas que deben salir adelante con sus hijos, para que ellas tengan una oportunidad mejor en el Chile de hoy.
Por último, señor Presidente, voto favorablemente, aunque con tristeza, por que el IVA de todos modos afectará a los sectores más modestos de la población.
El señor HORMAZÁBAL.-
Como una pequeña contribución a un acuerdo tan importante, me abstengo de fundar mi voto.
Voto que sí.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente, se ha dicho que ésta es una reforma tributaria moderada, por economistas de todos los sectores, en forma unánime. Se ha dicho que el cambio de renta presunta a contabilidad completa no importa una mayor carga tributaria ni para la agricultura, ni para los camioneros, ni para la minería. Sólo se trata de evitar la evasión y, por tanto, de alcanzar una mayor justicia tributaria en favor de los contribuyentes que hoy día están pagando.
El problema de la pobreza en el Chile de hoy es extremadamente grave, y lo es más todavía si se reconoce que ha habido un crecimiento económico importante entre 1986 y 1990. Y, entonces, parece mucho más injusto, si un país se enriquece, que haya una parte importante de la población que se ha empobrecido. Como vemos, la riqueza no ha sido distribuida ni con solidaridad ni con equidad.
Frente a la pobreza, a los bajos ingresos (que es un problema grave y serio) y a la responsabilidad de la deuda social, cuatro años de vigencia para esta tributación es un plazo demasiado corto. En consecuencia, en la Comisión de Hacienda trataré de que se suprima la transitoriedad del aumento del IVA y del impuesto de primera categoría.
Con esa reserva, voto que sí.
El señor PIÑERA.-
Realmente, creo que no debiéramos aquí calificar intenciones. Nadie puede dudar de las buenas intenciones de ninguno de los Honorables colegas.
Sin embargo, es indudable que hemos estado discutiendo acerca de cuáles son los mejores caminos para lograr ciertos propósitos. Y, en esa materia, me permito plantear que discrepo profundamente de algunas de las afirmaciones del Honorable señor Guzmán.
Considero que hay dos caminos extremos. Uno es el de la economía de mercado pura, y otro, el del socialismo puro. Son dos concepciones distintas de la sociedad. Pero existe un camino, la economía social de mercado, que trata de compatibilizar crecimiento económico con una mejor distribución de los frutos de ese crecimiento. Y hoy en día, sin duda, este programa social y esta reforma tributaría llevan a nuestra economía a una mejor armonización de esos dos objetivos. Y, aún más, creo que actualmente no existe en la economía chilena un conflicto entre crecimiento y equidad. Estimo que este paquete contribuye simultáneamente a un mejor y más sano crecimiento y a una mejor y mayor equidad.
Desde este punto de vista, me parece fundamental que, cuando analicemos la economía social de mercado, no la descalifiquemos por su presunta falta de equidad, sino perfeccionémosla incorporándole mayor equidad. Y eso, a veces, en el debate producido en esta Sala, no ha quedado suficientemente claro.
El Ministro señor Foxley decía que estamos comenzando. Y tiene razón, si consideramos que todavía existen muchos problemas sociales y de pobreza pendientes. Pero también es cierto que estamos iniciando una nueva etapa, con una economía más sana y más sólida, que quizás nunca antes hemos tenido en la historia de Chile. Y ése es un elemento que debemos reconocer, tal como lo planteé en mi primera exposición.
Asimismo, pienso que el camino a futuro no es de más impuestos. Y en eso fundamento la razón del acuerdo entre el Gobierno y Renovación Nacional consistente -tal como el señor Ministro ha dicho- en no introducir nuevas reformas tributarias durante el actual período presidencial. A mi juicio, el camino es, sin duda, a través de mayor crecimiento; mayor austeridad fiscal; mayor eficiencia y focalización del gasto social; mayor control de la evasión tributaria, y búsqueda de un proyecto nacional y, en último término, de la paz y reconciliación entre los chilenos.
El Ministro de Hacienda también hizo alusión a lo que pasará en 1994. Y tiene razón, pues los términos actuales del proyecto de reforma tributaria significan una caída importante de ingresos en ese año. En reiteradas oportunidades he planteado al Ministro Foxley la necesidad de enfrentar ahora este problema, estableciendo una reducción gradual y no brusca de estos incrementos tributarios, en el entendido de que, en virtud de las razones anteriores que formulé, esos programas sociales se sustentarán e incrementarán hacia el futuro.
Con relación a las consideraciones sectoriales, creo que, sin duda, es una materia opinable. Y respeto la opinión de los Honorables colegas que han intervenido sobre el particular.
Finalmente, considerando en su conjunto el programa social y la reforma tributaria, voto favorablemente, por cuatro razones: primero, porque, desde un punto de vista económico, me parece eficiente; segundo, porque, desde un punto de vista político, me parece sano; tercero, porque, desde un punto de vista social, me parece justo; y cuarto -y principalmente-, porque, desde un punto de vista moral, es bueno.
Todos los países y todos los chilenos tienen no sólo el derecho sino también la obligación de intentar ser felices. Y creo que este país y la inmensa mayoría de los chilenos serán más felices una vez aprobados este programa social y esta reforma tributaria.
Por esas razones, voto afirmativamente.
El señor LARRE.-
Votaré afirmativamente la iniciativa porque deseo contribuir de ese modo a resolver a la brevedad los programas sociales más urgentes de los chilenos necesitados, y, al mismo tiempo, porque me merecen plena confianza las palabras del señor Ministro de Hacienda, que importan un compromiso contraído con el Senado y con la nación.
Por último, quiero dejar de manifiesto mis dudas en cuanto a la efectividad del cambio de tributación en el sector agrícola, principalmente por razones técnicas, y no de mezquindad. Porque creo que el sector más dinámico de la producción debe contribuir a que los chilenos vivamos mejor y más tranquilos. Sin embargo, creo que las experiencias del pasado -que me constan personalmente- provocarán, sin lugar a dudas y una vez más, situaciones difíciles en este sector, tal como ocurrió en otras épocas.
No obstante, trataremos de colaborar, como hasta aquí lo hemos hecho, con nuestra experiencia para que este cambio en el sector rural se encamine por una vía que permita satisfacer las inquietudes surgidas en torno a esta reforma.
Por lo tanto, voto afirmativamente.
El señor DIEZ .-
Señor Presidente, mi voto es positivo, primero, porque responde a un acuerdo entre el señor Ministro de Hacienda y mi partido, acuerdo que el señor Ministro ha cumplido con fidelidad y cuidado; segundo, porque coincidimos en las finalidades de la inversión y tenemos fe en que el señor Ministro y el Gobierno del Presidente Aylwin cumplirán lo que han prometido al país y al Congreso; y tercero -y esto es muy importante-, porque coincidimos en las líneas serias que el señor Ministro ha tomado en el manejo de la política económica y fiscal del país, ya que concordamos absolutamente con él en que el principal enemigo de nuestro desarrollo económico no es otro que la inflación.
Voto asimismo favorablemente, señor Presidente, por estimar que, al apoyar este proyecto, estamos cumpliendo con el deber de hacer lo posible por perfeccionar nuestra sociedad, dentro de la línea gruesa que, de acuerdo con nuestra doctrina, señaló el Honorable señor Piñera.
Tengo algunas reservas -junto con el Honorable señor Larre he formulado las indicaciones respectivas- en lo que dice relación con la agricultura.
Y, principalmente, llamo la atención del señor Ministro y del Honorable Senado en el sentido de que, para reforzar la eficacia de algunas disposiciones legales y favorecer la acción de Impuestos Internos para evitar situaciones que originan, a través de un fraude al Derecho, una evasión tributaria, se ha disminuido en el proyecto el valor de algunas garantías constitucionales vinculadas con la forma y naturaleza de los tributos, con la propiedad y con la no discriminación. Hemos formulado también indicaciones destinadas a eliminar o a corregir algunas de estas disposiciones.
Entiendo que el Gobierno tiene la obligación de dictar leyes eficaces; pero la eficacia en perseguir el presunto fraude tributario no nos debe llevar nunca a la disminución de valores que están afirmados en la Constitución. Evidentemente, no me atrevería a aseverar que el proyecto los viola; pero, indiscutiblemente, disminuye el valor y la aplicación que tienen las normas constitucionales sobre tributación, sobre propiedad, sobre no discriminación y sobre la prohibición de gravar o hacer más difícil el ejercicio de los derechos de las personas que garantiza la Carta Fundamental.
Gracias, señor Presidente.
El señor CANTUARIAS.-
Voto negativamente el proyecto, señor Presidente. Y lo hago porque durante los últimos diez años he tenido una directa relación con la pobreza de una buena parte de mi Región. Me he familiarizado con ella y he trabajado intensiva y creativamente en el diseño de algunos programas que hoy son de común aplicación en Chile entero para resolver los problemas de los más pobres.
Desde esa perspectiva, y conociendo sus necesidades, por las razones que aquí se han señalado, voto negativamente este proyecto, pues creo sinceramente que con la receta propuesta no se camina en el sentido correcto y que, por el contrario, tendremos un severo retroceso que espero -también muy sinceramente- que esté marcado por la misma moderación con que aquí hemos argumentado y recibido las informaciones que se nos han proporcionado.
Nada me gustaría más, señor Presidente, que estar equivocado en esta posición. Confío en que los frutos que aquí se pretende cosechar mediante los mecanismos contenidos en esta reforma tributaria realmente se materialicen.
La experiencia que brevemente di a conocer y mi conocimiento de las necesidades y perspectivas de la gente más pobre de mi Región me hacen ser escéptico al respecto y, por lo tanto, votar negativamente esta iniciativa.
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, en su encendida exposición, el señor Ministro de Hacienda pretendió poner en duda mi fidelidad al electorado que me eligió.
Deseo recordar que el candidato señor Büchi propició un vasto programa social, que fue tachado de demagógico por sus contendores; pero siempre lo planteó sobre la base de que no se haría una reforma tributaria que implicara elevar los impuestos, como aquí se ha sugerido.
Esa concordancia que estoy manteniendo hoy día con el programa del candidato presidencial a quien apoyé y al que apoyó mi partido es sustantiva y no queda para nada desfigurada por la circunstancia de que los Senadores que representamos a la UDI en esta Corporación consideremos que el paso de renta presunta a renta efectiva en la agricultura no sea oportuno por ahora.
También en su encendida exposición, el señor Ministro de Hacienda -y de alguna manera, en una velada insinuación, el Honorable señor Piñera - ha pretendido sostener que yo querría propiciar un tipo de desarrollo económico que no considera elementos sociales, en circunstancias de que afirmé expresamente en mi intervención la importancia que mi partido atribuye a la acción redistributiva del Estado para eliminar la extrema pobreza.
Lo que sí, a nuestro juicio, resulta fundamental es refutar las comparaciones que se hacen entre la realidad impositiva chilena y la de países modernos y desarrollados, porque Chile necesita crecer en forma mucho más acelerada y sostenida en el tiempo que naciones que ya han solucionado sus problemas más urgentes. Y precisamente para lograr ese crecimiento más acelerado y más sostenido, creemos necesario que el peso del Estado en la economía se reduzca y no se amplíe, conforme a nuestros principios. Y es por fidelidad a ellos que también rechazo esta reforma.
Quiero señalar, señor Presidente, que no tiene razón el señor Ministro de Hacienda cuando afirma que estoy poniendo en tela de juicio su palabra al dudar de que esta reforma tributaria vaya a ser la única que se impulse en este Gobierno.
No fueron hombres sin palabra los Presidentes que Chile tuvo a lo largo de su historia, ni sus Ministros de Hacienda. Pero son abundantes -por no decir presentes en todos los Gobiernos- los casos de impuestos que se aprobaron con el compromiso de que serían transitorios y respecto de los cuales, sin embargo, las fuerzas de la inercia o las circunstancias obligaron a esas mismas personas a solicitar después su prórroga o, muchas veces, que se mantuvieran en el tiempo en forma indefinida.
Eso no es faltar a la palabra: es reconocer la dinámica de los hechos. Y a eso he aludido al hablar de la gran importancia y peligrosidad que tienen las ideas-fuerzas.
Aquí se ha procurado convencer al país de que, para abordar los problemas de los más necesitados, es necesario subir impuestos. Lo que hoy se propone, como no va a conseguir el objetivo social en la medida en que todos lo anhelamos, traerá como lógica consecuencia la proposición de nuevas alzas de impuestos, siguiendo la misma idea-fuerza lanzada a lo largo de todo este debate.
Por eso, señor Presidente, quisiera terminar señalando que no me asustan en absoluto los cambios sociales. Muy por el contrario: he sido partícipe y partidario de un Gobierno que, bajo la conducción del general Pinochet, impulsó una de las transformaciones más profundas y más fecundas en la estrategia de desarrollo económico y social en Chile.
Mucho menos temo a los cambios sociales que puedan ir en la dirección de profundizar, perfeccionar y alcanzar las metas que aún no hemos logrado.
No he hablado tampoco de que este proyecto nos coloque al borde de la catástrofe. He dicho -y lo reitero- que ésta es una iniciativa tributaria que desalienta el ahorro y la inversión; que, como consecuencia de eso, daña el crecimiento, y que, por todo ello, perjudica las posibilidades de un mayor auge del país para contar con los recursos necesarios que permitan derrotar la pobreza.
Por esas razones, y no por otras, voto que no.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Terminada la votación.
-Se aprueba en general el proyecto (30 votos contra 2, una abstención y un pareo).
El señor VALDÉS (Presidente).-
Hago presente a Sus Señorías que todavía queda una hora para formular indicaciones
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670352/seccion/akn670352-po1
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/17-05