REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 320�, ORDINARIA Sesi�n 3�, en martes 5 de junio de 1990 Ordinaria (De 16:15 a 19:24) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES GABRIEL VALD�S SUBERCASEAUX, PRESIDENTE, Y BELTR�N URENDA ZEGERS, VICEPRESIDENTE SECRETARIOS, EL SE�OR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERR�A Y EL PROSECRETARIO, SE�OR JOS� LUIS LAGOS L�PEZ ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA...................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N.......................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS........................................................... IV. CUENTA............................................................................................ V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de acuerdo sobre solicitud de rehabilitaci�n de ciudadan�a delse�or Mario Ren� de Jes�s Fuenzalida Vigar (Se aprueba) Autorizaci�n a Comisi�n de Hacienda para sesionar simult�neamente con la Sala (Se acuerda). Distribuci�n de tiempo para homenaje y hora de Incidentes (Se acuerda) . Proyect� de ley, en primer tr�mite, que aprueba el Acuerdo sobre Otorgamiento de Franquicias Aduaneras a personal de la O.E.A, en Chile (Se aprueba) Consulta de Senador se�or Urenda sobre vigencia del art�culo 88 del Reglamento (Se aprueba), Homenaje en memoria de don Clotario Blest Riffo. VI. INCIDENTES: An�lisis sobre terrorismo en Chile VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: -Alessandri Besa, Arturo -Calder�n Ar�nguiz, Rolando -Cantuarias Larrondo, Eugenio -Cooper Valencia/ Alberto -D�az S�nchez/ Nicol�s -D�ez Urz�a, Sergio -Feli� Segovia, Olga -Fern�ndez Fern�ndez, Sergio -Frei Bol�var, Arturo -Frei Ruiz-Tagle, Carmen -Gazmuri Mujica, Jaime -Gonz�lez M�rquez, Carlos -Guzm�n Err�zuriz, Jaime -Huerta Celis, Vicente -Jarpa Reyes, Sergio Onofre -Lagos Cosgrove, Julio -Larre Asenjo, Enrique -Lavandero Illanes, Jorge -Martin D�az, Ricardo -Mc-Intyre Mendoza, Ronald -Navarrete Betanzo, Ricardo -Ortiz De Filippi, Hugo -Pacheco G�mez, M�ximo -P�ez Verdugo, Sergio -P�rez Walker, Ignacio -Prat Alemparte, Francisco -R�os Santander, Mario -Romero Pizarro, Sergio -Ruiz Danyau, C�sar -Ruiz De Giorgio, Jos� -Ruiz-Esquide Jara, Mariano -Sinclair Oyaneder, Santiago -Soto Gonz�lez, Laura -Sule Candia, Anselmo -Thayer Arteaga, William -Urenda Zegers, Beltr�n -Vald�s Subercaseaux, Gabriel -Vodanovic Schnake, Hern�n -Zald�var Larra�n, Andr�s Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros: -del Interior -de Defensa Nacional -de Justicia -Actu� de Secretario el se�or Rafael Eyzaguirre Echeverr�a, y de Prosecretario, el se�or Jos� Lu�s Lagos L�pez, II. APERTURA DE LA SESI�N -Se abri� la sesi�n a las 16:15, en presencia de 38 se�ores Senadores. El se�or VALD�S (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or VALD�S (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 14�, ordinaria, de la Legislatura Extraordinaria, y 1� de la Legislatura Ordinaria, en 16 y 29 de mayo �ltimo, respectivamente, que no han sido observadas. El acta de la sesi�n 2�, especial, en sus partes p�blica y secreta, en 30 de mayo �ltimo, queda en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or VALD�S (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios De la Honorable C�mara de Diputados, con el que comunica que ha tenido a bien aprobar con modificaciones el proyecto de ley que concede amnist�a a las personas que indica por las faltas y delitos que se�ala. -Queda para tabla. Del se�or Ministro de Hacienda, por el que da respuesta al oficio enviado en nombre del Honorable se�or Lagos respecto a la bonificaci�n de mano de obra que indica en las zonas extremas del pa�s. Del se�or Ministro de Obras P�blicas, con el que da respuesta al oficio enviado en nombre del Honorable Senador se�or Ruiz de Giorgio acerca de la construcci�n de la Aducci�n Parrillar para el abastecimiento de agua potable en Punta Arenas y en el Puerto de Bah�a Catalina. -Quedan a disposici�n de los Honorables se�ores Senadores. Informes De la Comisi�n de Relaciones Exteriores reca�do en el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica relativo a la Convenci�n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Ni�o, calificado de suma urgencia. De las Comisiones de Gobierno y de Hacienda reca�dos en el proyecto de ley de la Honorable C�mara de Diputados que crea el Ministerio de Planificaci�n y Cooperaci�n; el Fondo de Solidaridad e Inversi�n Social, y la Agencia de Cooperaci�n Internacional. -Quedan para tabla. Presentaci�n De la Asociaci�n de Pensionados del Servicio de Seguro Social de Villa Alemana, Quilpu�, Vi�a del Mar y Valpara�so, con la que solicitan diversos beneficios. -Queda a disposici�n de los Honorables se�ores Senadores. El se�or VALD�S (Presidente).- Terminada la Cuenta. V. ORDEN DEL D�A SOLICITUD DE REHABILITACI�N DE CIUDADAN�A El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde ocuparse en la solicitud de rehabilitaci�n de ciudadan�a presentada por el se�or Mario Ren� de Jes�s Fuenzalida Vigar, informada por la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisi�n, con los votos favorables del Honorable se�or Martin (Presidente), la Honorable se�ora Soto y el Honorable se�or Pi�era, propone a la Sala aprobar el proyecto de acuerdo sobre el particular. -Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Solicitud de rehabilitaci�n de ciudadan�a: Sesi�n 2�, en 21 de marzo de 1990. Informe de Comisi�n: Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a: sesi�n 14�, en 16 de mayo de 1990. El se�or VALD�S (Presidente).- En la discusi�n general y particular , ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votaci�n secreta. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- De acuerdo con el art�culo 143 del Reglamento, "Las votaciones secretas se har�n por medio de balotas: blancas para expresar la afirmaci�n, negras para indicar la negaci�n y rojas para manifestar la abstenci�n. "Se considerar�n ausentes de la Sala a los Senadores que, estando presentes, no emitan su voto.". El se�or GAZMURL- Que se repita la votaci�n, se�or Presidente. Est�bamos mal informados en esta parte de la Sala. El se�or VALD�S (Presidente).- Se va a repetir la votaci�n. Reitero que la balota blanca significa aprobaci�n; la negra, rechazo, y la roja, abstenci�n. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- El inciso final de la norma citada expresa que "Los Senadores que est�n pareados o inhabilitados, lo declarar�n as� para su testimonio en el acta, y retendr�n las tres balotas o bien las depositar�n en el caj�n de sobrantes de la caja en que se recoja la votaci�n,". "Ser�n siempre secretas las votaciones de los asuntos de inter�s particular o de gracia", etc�tera, se�ala luego el art�culo 144. El se�or VALD�S (Presidente).- En votaci�n secreta. -Se aprueba el proyecto de acuerdo (37 balotas blancas). AUTORIZACI�N A COMISI�N DE HACIENDA PARA SESIONAR SIMULT�NEAMENTE CON LA SALA El se�or LAVANDERO.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or LAVANDERO.- Solicito a la Mesa recabar el acuerdo para que la Comisi�n de Hacienda pueda sesionar simult�neamente con la Sala. Como es lo que est� sucediendo en este momento, tal autorizaci�n permitir� ratificar lo obrado por la Comisi�n, que de lo contrario tendr�a que suspender el estudio del proyecto de reforma tributaria. El se�or VALD�S (Presidente).- Los Comit�s consultados manifestaron su acuerdo para ello, a fin de que pueda avanzar el an�lisis de esa iniciativa; pero no estaban todos presentes. Solicito el asentimiento de la Sala para otorgar la autorizaci�n a que se ha hecho referencia. Si no hay objeci�n, as� se acordar�. Acordado. DISTRIBUCIONES DE TIEMPO PARA HOMENAJE Y HORA DE INCIDENTES El se�or LAVANDERO.- Por otra parte, se�or Presidente, algunos Comit�s nos han se�alado que entienden que el tiempo de esta sesi�n destinado a tratar el tema del terrorismo se distribuir� en la misma forma que la semana pasada. En cuanto al homenaje que se rendir� en memoria de don Clotario Blest, propongo que los se�ores Senadores que adhieran a �l, -como el Honorable se�or Ruiz De Giorgio, en el caso de nuestra bancada- intervengan hasta cinco minutos por Comit�. El se�or VALD�S (Presidente).-�Habr�a acuerdo acerca de estas proposiciones? Acordado. APROBACI�N DE ACUERDO SOBRE OTORGAMIENTO DE FRANQUICIAS ADUANERAS A PERSONAL DE LA O.E.A. EN CHILE El se�or VALD�S (Presidente).- El segundo proyecto, iniciado en mensaje del Presidente de la Rep�blica, aprueba el acuerdo adoptado con la Organizaci�n de Estados Americanos para agregar un p�rrafo al art�culo 11 del Acuerdo sobre la Oficina en Chile de la Secretar�a General de ese organismo, suscrito el 7 de octubre de 1960, informado por la Comisi�n de Relaciones Exteriores. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisi�n de Relaciones Exteriores, con los votos de los Honorables se�ores Urenda (Presidente), P�ez, Alessandri y Navarrete, propone la aprobaci�n del siguiente proyecto de acuerdo: "Art�culo �nico.- Apru�base el acuerdo adoptado entre el Gobierno de Chile y la Organizaci�n de los Estados Americanos por Cambio de Notas de fechas 31 de Mayo y 24 de junio de 1989, por medio del cual se agrega un p�rrafo al art�culo 11 del Acuerdo sobre la Oficina en Chile de la Secretar�a General de dicha Organizaci�n, suscrito el 7 de Octubre de 1960.". -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En primer tr�mite, sesi�n 8�, en 24 de abril de 1990. Informe de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 2�, en 30 de mayo de 1990. El se�or VALD�S (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si no hay observaciones, se dar� por aprobado. -Se aprueba en general y en particular el proyecto. CONSULTA DE SENADOR SE�OR URENDA SOBRE VIGENCIA DE ARTICULO 88 DEL REGLAMENTO El se�or VALD�S (Presidente).- En tercer lugar figura la consulta del Honorable se�or Urenda acerca de la vigencia del art�culo 88 del Reglamento del Senado, informada por la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisi�n, con los votos de los Honorables se�ores D�ez, Lavandero, Letelier y Vodanovic, propone dar una interpretaci�n amplia al precepto mencionado. El Honorable se�or Guzm�n formul� un voto diferente. -Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Consulta del se�or Urenda, sesi�n 10�, en 2 de mayo de 1990. Informe de Comisi�n: Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, sesi�n 2�, en 30 de mayo de 1990. El se�or VALD�S (Presidente).-Ofrezco la palabra. Si no hay observaciones, se aprobar� el criterio expresado por el informe de la Comisi�n. Aprobado. HOMENAJE EN MEMORIA DE DON CLOTARIO BLEST RIFFO El se�or VALD�S (Presidente).- De conformidad con el acuerdo reci�n adoptado, iniciamos un per�odo de cinco minutos por Comit� para rendir homenaje en memoria de don Clotario Blest Riffo. Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, Honorable Senado: Chile es un pa�s generoso con sus difuntos. El chileno no suele estar predispuesto a reconocer los m�ritos de quienes le disputan sus opciones en el quehacer nacional. Con mayor raz�n solemos ser injustos con los ausentes. Pero respetamos y enaltecemos a los difuntos. Por eso, los homenajes que se rinden ante el deceso de un ilustre servidor p�blico abundan en alabanzas que rara vez se prodigaron durante su vida. Es la �nica dificultad que encuentro para unir mi voz, en estos momentos, a la de tantos que han rendido tributo a la vida y muerte excepcionales de don Clotario Blest. Adem�s, le habr�a molestado tanto que se expresaran conceptos laudatorios a su persona, olvidando lo que fue la urdimbre viva de su �nica pasi�n: el servicio a los trabajadores. Don Clotario fue ante todo un ap�stol que vivi� luchando por los pobres. Hizo de su propia pobreza una exigencia de lealtad a sus ideales y muri� rodeado de las bendiciones y oraciones de los hermanos del Santo de As�s. Reconozc�moslo de una vez: su verdadero y supremo triunfo fue la santidad. Muchas de las Bienaventuranzas le pertenecen leg�timamente, pero hay dos que ya no podremos repasar sin recordarlo: "Bienaventurados los que padecen persecuci�n por causa de la justicia", que es como la entra�a de su vocaci�n, y "Bienaventurados los pobres", que se retrata en su forma de vivir y en su forma de morir. Muchos fueron sus m�ritos, pero �se es, en nuestro concepto, su m�s sublime legado. No hurguemos en los discursos y escritos de don Clotario para hallar en sus palabras la soluci�n a los problemas sociales de Chile. Hay hombres muy valiosos que han pensado a nuestro pa�s y nos han dejado en la c�tedra, en el Parlamento, en sus libros, importantes temas de orientaci�n y reflexi�n. Si seguimos la misma vertiente cristiana de Blest, encontraremos en Cruz Coke, Eduardo Frei, Jaime Eyzaguirre o Mario G�ngora sustanciosas y f�rtiles ense�anzas o v�as para entender a Chile. Pero Blest, luchador laico, era de la estirpe de Leighton. Y si hubiera que compararlo con alg�n religioso, mucho m�s cerca estar�a de su maestro, el Padre Vives, o del Padre Hurtado que de Monse�or Viviani, aunque intelectualmente estuvo pr�ximo a �ste en los primeros a�os de su acci�n social. Naturalmente, Blest tuvo grandes ideales que impulsaron su acci�n, pero no correspondieron a una "receta social" o a un sistema de relaciones econ�micas o pol�ticas: �l buscaba el bien del pueblo. Y tras este objetivo deambul� entre el Serm�n de la Monta�a y la lucha de clases pregonando su fe en Cristo y en la revoluci�n cubana, sin ocuparse mucho en las compatibilidades, porque as� es la pasi�n de servicio. Cuenta su gran admirador, el profesor trotskista Luis Vitale, que cuando un reportero del diario "�ltima Hora" pregunt� a Blest si hab�a tenido siempre una misma manera de pensar, recibi� la siguiente respuesta: "�No! Mi evoluci�n es la de la masa. Me siento uno de los hombres de este pueblo. Los desenga�os, los traspi�s, nos han ido llevando a este grado de desconfianza, de escepticismo respecto del orden actual". Por ese mismo tiempo, a comienzos de la d�cada del sesenta, desde la c�rcel p�blica proclamaba: "La clase trabajadora chilena repudia y rechaza los parlamentos con el Gobierno del se�or Alessandri, cuyo cinismo y prepotencia insolente no tienen l�mites y cuyo sentido de clase se manifiesta en forma implacable e inexorable en todas sus actitudes". Poco despu�s, el 12 de febrero de 1961, en el octavo aniversario de la creaci�n de la CUT, declaraba: "Despu�s de 35 a�os de lucha sindical y gremial, durante los cuales he tratado con varios Presidentes de la Rep�blica y Ministros de Estado, estoy convencido de que ha llegado el momento de marchar unidos hacia nuestra liberaci�n. La hora ha sonado en este a�o 1961". Y concretaba as� su pensamiento: "Es necesario levantar el esp�ritu de los trabajadores chilenos en este octavo aniversario de la CUT. Cuba supo dar el salto y estaba en peores condiciones que nosotros. Ahora defiende su Revoluci�n con el arma al brazo. Nosotros tambi�n debemos defender la Revoluci�n Cubana, y para ello lo mejor es impulsar la revoluci�n en nuestro propio pa�s". Un mes m�s tarde, en marzo de ese a�o, volv�a a gritar desgarradoramente su cr�tica en palabras como las que siguen, nada propicias para granjearse simpat�as en su propio sector: "Este profundo sentimiento y convicci�n clasista, no es el fruto de la pr�dica de demagogos desorbitados o atolondrados o de so�adores rom�nticos o te�ricos trasnochados, sino de la conclusi�n fatal e ineludible a que ha llegado la clase trabajadora despu�s de evidenciar la traici�n sistem�tica de muchos que llegan al Congreso Nacional en su nombre, de muchos pseudodirigentes que llegan al m�s repugnante aburguesamiento, para quienes la vida se transforma en una "dolce vita" a cuenta de las cuotas que cobran a sus compa�eros de clase de sus miserables salarios y que dejan de comer un pan por cumplir su obligaci�n sindical". Estas citas de los a�os 1960 y 1961 nos muestran al Blest de la lucha de clases; al revolucionario que hab�a expresado en el famoso paro general del 7 de noviembre de 1960: "Santiago ser� en este pa�s Sierra Maestra que aplastar� a la reacci�n y aplastar� al se�or Alessandri y sus corifeos". Esas duras expresiones, sin embargo, no fueron obst�culo para que Blest, el cristiano, repetidas veces visitara al ex Presidente Alessandri durante su larga agon�a. Acerqu�monos, pues, a la otra orilla de su pensamiento. Veamos lo que expresaba en el pr�logo del libro "Sindicalismo y Democracia", de Ernesto Moreno, publicado por Editorial Andante en 1987: "El cristianismo constituye mi opci�n de fe y de vida, a la vez que pienso que toda lucha social s�lo se entiende y realiza integralmente en referencia al Evangelio". Coherente con esta declaraci�n es la siguiente apreciaci�n acerca del contenido de la obra que prologa: "Especialmente significativas para una reflexi�n sobre pol�ticas laborales y sindicales, que nuestro pa�s tendr� que implementar m�s temprano que tarde, me han parecido las 32 tesis que se plantean en el �ltimo cap�tulo. Si bien ellas se formulan para una visi�n y opci�n socialcristiana acerca de los sindicatos, no dejan de contener elementos y orientaciones que ninguna decisi�n pol�tico-sindical del futuro deber�a dejar de considerar". Por lo expuesto, cuando una vez escrib� como testigo de algunas experiencias sindicales en mi vida, dije: "Es justo empezar por Clotario Blest: honesto, sacrificado, convencido hasta el fanatismo de la unidad de la clase obrera. A esa unidad clasista subordin� toda su estrategia. Incapaz de odios personales, su lenguaje frecuentemente los despertaba en otros. Pretendi� que en aras de esa unidad todos plegaran sus banderas. No lo consigui�. Rechaz� la legalizaci�n de la CUT en un momento, a mi juicio, crucial. Quer�a la lucha abierta y pienso que sustancialmente la perdi�. Sigue luchando, -hablo en 1987- "cargado de a�os y de canas, con una barba que hace recordar a los profetas. Reitero: noble, honesto, luchador, infatigable. Su m�todo siempre me pareci� ineficaz, hasta donde hoy es posible juzgar". Pero si no triunf� en lo epis�dico, en lo que alguien llam� "epifen�menos del acontecer social", triunf� all� donde tantos fracasamos: en ser leal hasta la santidad en el servicio del pr�jimo. Por eso estar� entre los elegidos del Alt�simo. Y ante el recuerdo de su nombre -estoy cierto-, nos inclinamos con respeto y devoci�n todos los integrantes del Senado. He querido pronunciar estas palabras, se�or Presidente, en nombre del Comit� Independiente y de Renovaci�n Nacional. Nada m�s. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Ruiz de Giorgio. El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, Honorables colegas: No ha muerto un dirigente sindical cualquiera. Ha muerto un hombre cuya historia va a estar ligada al movimiento sindical de Chile durante much�simo tiempo. Clotario Blest fue un s�mbolo para la clase trabajadora, para aquellos que han sufrido durante tanto tiempo la marginaci�n. Y no hablo s�lo de los duros a�os vividos por el pueblo chileno en los �ltimos 16 a�os de nuestra historia republicana. Hablo de esa lucha permanente, de esa lucha sin cesar que dan los trabajadores para que se les abra un espacio y se les respete su derecho a vivir, y a vivir con dignidad. Dif�cil es que se haga un an�lisis intelectual de su obra si no se conocen de cerca las angustias y aspiraciones de quienes diariamente tienen que concurrir a un lugar de trabajo para ganarse el sustento. Clotario Blest encarn� durante much�simo tiempo las aspiraciones de los sectores m�s postergados de nuestro pa�s. Y tuvo justamente la visi�n noble y generosa de abrir un espacio a los trabajadores cuya capacidad organizativa les permite, no s�lo defender sus derechos, sino tambi�n representar las aspiraciones y sentimientos de los sectores que no tienen la oportunidad de organizarse. Por eso concibi�, quiz�s muy temprano en el pa�s, la factibilidad de unir a los trabajadores m�s all� de ideolog�as, porque �l entend�a que s�lo un movimiento sindical fuerte, responsable, aut�nticamente democr�tico, donde estuvieran representados todos los sectores de la fuerza laboral de la naci�n, ten�a posibilidad de ser un interlocutor v�lido en la construcci�n de una patria m�s justa y solidaria. Y esta aspiraci�n de Clotario Blest, este sentimiento que expres� a trav�s de su vida, hoy d�a los trabajadores chilenos parecen retomarlos. Creo que, al igual que tantos hombres grandes de la historia, su triunfo mayor lo va a obtener luego de muerto. No es el primero que debe morir para que sus ideas y su fuerza penetren en el coraz�n y en la mente de los hombres. Tambi�n Cristo, su maestro, en quien se inspir� durante toda la vida, tuvo que morir en una cruz para que, muchas generaciones despu�s, su nombre comenzara a circular. Estimo que luego de la muerte de Clotario Blest, cuando su obra y su testimonio se conozcan y penetren, no s�lo en el mundo del trabajo, sino tambi�n en el mundo de los intelectuales y de los empresarios, se va a empezar a entender el porqu� se est� buscando hoy aquello que �l planteaba con tanta fuerza y con tanta legitimidad: la patria la tenemos que construir entre todos; los trabajadores no pueden ser ciudadanos de segunda ni de tercera categor�as. Clotario Blest pag� estas palabras con la c�rcel, el destierro y la persecuci�n. Y, durante estos duros a�os, su figura esmirriada, quiz�s d�bil y enferma, fue el s�mbolo en el cual muchos de nosotros, que a lo largo de tanto tiempo estuvimos en el movimiento sindical, nos inspiramos para poder continuar su lucha. Hoy d�a, cuando el pa�s comienza a caminar en la senda de la democracia, su muerte nos va a servir para meditar, para repensar el mensaje evang�lico que �l llev� al mundo del trabajo, porque en esa fuerza, en la fuerza de un cristianismo hecho sal y vida, es como los chilenos podemos reencontrarnos. Por eso, creo que, en este Senado, las palabras de quien ha sido durante 25 a�os dirigente sindical deben resonar como un homenaje al que fuera durante much�simos a�os el l�der y la figura que condujo a los trabajadores y a quien las futuras generaciones van a buscar como fuente de inspiraci�n para reconstruir y consolidar la convivencia del movimiento sindical y hacer a �ste efectivamente el interlocutor v�lido en la construcci�n de una patria m�s justa y solidaria para todos los chilenos. Muchas gracias. El se�or LAVANDERO.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, quisiera que las palabras pronunciadas por el Honorable se�or Ruiz De Giorgio fueran transcritas, en nombre del Comit� Dem�crata Cristiano, a la Central Unitaria de Trabajadores y a don Hernol Flores, presidente de la ANEF. El se�or VALD�S (Presidente).- Se proceder� como lo ha solicitado Su Se�or�a. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra la Honorable se�ora Soto. La se�ora SOTO.- Se�or Presidente, Honorables Senadores: Resulta casi incomprensible que hoy rindamos homenaje a un hombre que deber�a haber sido homenajeado en vida; a quien se dej� morir como franciscano; al que se dio el pago de Chile; a quien ni siquiera los trabajadores le tendieron la mano cuando estaba enfermo. Su vida-quiero hoy d�a rendir homenaje como bancada de los Partidos por la Democracia y Socialista- es un resumen de humanismo. Su vida es una continua lucha por los derechos del hombre, por la libertad, por la dignidad. Muchas veces �l sufri� encarcelamiento y destierro. Pero eso lo recib�a como parte de esa lucha. Lo sublim� de tal modo, que ni siquiera constituy� una familia. Porque su familia �ramos todos nosotros. Y quiz�s el dolor m�s grande de su vida fue el 11 de septiembre de 1973, cuando su casa fue allanada y todo aquello que �l atesoraba a lo largo de los a�os, como riqueza espiritual e intelectual, le fue arrebatado. �se fue tal vez -digo- el dolor m�s grande. Pero la alegr�a tambi�n m�s grande fue haber logrado sobrevivir para ver que esto es posible en Chile: que de nuevo estemos aqu�, en el Senado, sintiendo que volvemos a ser hermanos y que vamos a recuperar de una vez el legado cristiano y de humanismo que �l nos dej�. Muchas gracias, se�or Presidente. -(Aplausos en tribunas). El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Navarrete. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, Honorables Senadores: El Comit� Radical quiere expresar en esta oportunidad su dolor por el sensible fallecimiento de nuestro amigo don Clotario Blest. Con �l se ha ido una larga historia de la lucha del sindicalismo chileno. Fue un precursor de las primeras instancias unitarias que los trabajadores tuvieron la ocasi�n de compartir. Su nombre est� fuertemente impreso en la fundaci�n de la CUT y de la Asociaci�n Nacional de Empleados Fiscales. Como pocos dirigentes sindicales, tuvo la oportunidad de compartir luchas, objetivos y reivindicaciones con dirigentes de los m�s diversos signos pol�ticos. Fue un hombre al que nunca se lo pudo encuadrar en un esquema partidario, ideol�gico o pol�tico con car�cter absoluto. Toda su trayectoria estuvo marcada, fundamentalmente, por la defensa de la libertad. �se fue su norte. Y en la b�squeda de m�s y m�s libertad fue encontrando satisfacci�n y contenido, reivindicando los derechos y los intereses de los trabajadores. Muchos dirigentes sindicales m�s j�venes que �l se fueron de este mundo compartiendo las mismas sensibilidades, igual entusiasmo y los compromisos que Clotario Blest, en vida, hasta los minutos finales de su existencia, fue capaz de llevar y poner muy en alto. Y �l sufri� profundamente la desaparici�n de decenas de compa�eros de lucha gremial en los a�os recientes. Recuerdo haber estado por �ltima vez con don Clotario en una convocatoria que la Central Unitaria de Trabajadores hizo hace alg�n tiempo para reclamar por la libertad de Bustos y Mart�nez. Lleg� hasta ella -a sus a�os, enfermo- a entregar su solidaridad para conseguir que estos hombres -dirigentes sindicales como �l- fuesen repuestos a sus hogares y compartiesen las tareas de la lucha gremial con el resto de sus compa�eros. Para nosotros constituye un motivo de honda sensibilidad y solemnidad expresar, cuando don Clotario Blest se ha ido de este mundo, nuestro dolor, nuestro p�same, y hacerlo aqu�, en este importante hemiciclo de la pol�tica nacional. El se�or VALD�S (Presidente).-Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ha terminado el tiempo destinado al homenaje en memoria de don Clotario Blest. VI. INCIDENTES AN�LISIS SOBRE TERRORISMO EN CHILE El se�or VALD�S (Presidente).- En conformidad a lo dispuesto por el Senado en la sesi�n especial del mi�rcoles pr�ximo pasado, corresponde continuar tratando el tema del terrorismo. En esta oportunidad, se encuentran presentes en la Sala los se�ores Ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Justicia. Ha solicitado la palabra e! se�or Ministro del Interior, don Enrique Krauss. El se�or KRAUSS (Ministro del Interior).- S�lo para reiterar, se�or Presidente, nuestra disposici�n a contribuir, desde el m�s alto foro pol�tico del pa�s, a las necesarias definiciones tendientes a lograr la erradicaci�n del violentismo como m�todo de acci�n pol�tica. Los Ministros que concurrimos a la sesi�n anterior, tanto en la parte p�blica como en la reservada, tuvimos ocasi�n de exponer los puntos de vista del Gobierno con relaci�n a este tema, que es excepcionalmente candente. No hay antecedentes adicionales que aportar, salvo se�alar que en estos d�as se produjeron dos nuevas situaciones que han conmovido a la opini�n p�blica, ambas originadas en la violencia. Por una parte, un atentado terrorista signific� la muerte del teniente de Carabineros Fernando Toledo P�rez, un nuevo m�rtir que se inscribe en la larga lista de testimonio de servicio p�blico que la m�s importante instituci�n policial exhibe desde su creaci�n, en 1927. Por otro lado, se ha producido el hallazgo en Pisagua de a lo menos 16 osamentas que, al parecer y seg�n los primeros informes, pertenecer�an a personas ejecutadas sin juicio previo en los d�as siguientes a septiembre de 1973. Tanto los familiares de los carabineros afectados -el teniente se�or Toledo y un cabo, que permanece en el hospital institucional, afortunadamente en proceso de mejor�a- como los familiares de los ejecutados pol�ticos, quienes buscaron incesantemente los restos de sus seres queridos, merecen, sin duda, el respeto y el apoyo de la comunidad nacional. En este pa�s, se�or Presidente, ya sabemos por qui�n doblan las campanas. Una vez m�s, reiteramos lo dicho tantas veces: la violencia no puede ser utilizada como m�todo pol�tico para alcanzar objetivos, sean del orden que fueren, ni como medio para reprimir o acallar adversarios pol�ticos. Eso, en cualquiera de dichas formas, es terrorismo. Queremos el respeto por la vida, por el leg�timo derecho que tienen los pueblos para elegir libremente a sus representantes y la forma de gobierno en que se determine el ejercicio de sus derechos y, tambi�n, de sus deberes. En esa disposici�n, que estamos seguros es compartida por las amplias mayor�as ciudadanas -por los partidarios del Gobierno y los opositores; por los civiles y los uniformados; por los hombres y las mujeres, e igualmente por los j�venes- deseamos escuchar las sugerencias que los se�ores Senadores quieran hacernos con relaci�n a este crucial tema. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra a los se�ores Ministros, por si quieren formular alguna observaci�n. Ofrezco la palabra. De acuerdo con la distribuci�n del tiempo, corresponde su turno al Comit� Dem�crata Cristiano. Tiene la palabra el Honorable se�or Pacheco. El se�or PACHECO.- Se�or Presidente, Honorables colegas: Esta sesi�n del Senado ha sido destinada a analizar el tema del terrorismo. Intervengo en nombre de los Senadores del Partido Dem�crata Cristiano para precisar nuestra concepci�n al respecto. En la actualidad, el terrorismo se define como un delito dirigido contra las personas, la libertad, la seguridad o los bienes, con la intenci�n deliberada de producir p�nico, desorden, alarma o temor p�blicos en una sociedad organizada, a fin de destruir la disciplina social y el Estado de Derecho. Como delito, posee los elementos propios de esos hechos il�citos, que son castigados por las legislaciones de todos los pa�ses. A esos elementos universales, el terrorismo a�ade el de provocar un estado de alarma en personas determinadas, en grupos de personas o en toda la poblaci�n, mediante la creaci�n de un repetido peligro com�n. Entre los principales bienes jur�dicos que vulnera el terrorismo pueden citarse el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la seguridad personal, el derecho de propiedad y otros. El terrorismo posee caracter�sticas propias. La v�ctima, en algunas ocasiones, es indeterminada, porque al terrorista, cuando asesina o secuestra, no lo gu�a el odio o la venganza hacia su v�ctima -a la que muchas veces desconoce-, sino el prop�sito de crear un peligro p�blico para causar alarma entre el mayor n�mero de personas y provocar problemas a la autoridad. Caracterizan tambi�n al terrorista los medios de que se vale en la perpetraci�n de su crimen. El asalto a mano armada, el secuestro, el asesinato, el incendio y todo otro medio violento, por repugnante o alevoso que sea, no son rechazados por �l. Otra particularidad del terrorismo moderno es su organizaci�n. No existe hoy el terrorista individual, solitario, sino que �l ha sido reemplazado por "bandas" o "asociaciones il�citas" que se constituyen para delinquir. Para provocar el estado de alarma p�blica, el terrorista no se limita a la ejecuci�n de un delito, sino que perpetra acciones de esta �ndole repetidamente, caracter�stica que lo hace a�n m�s peligroso. El terrorismo puede ser un delito nacional o internacional. Es nacional cuando los hechos delictuosos se cometen en un pa�s determinado y all� los inculpados son aprehendidos y juzgados. Es internacional cuando traspasa las fronteras de un Estado y pone en peligro la paz internacional. El terrorismo, teniendo en cuenta estas caracter�sticas, puede ser clasificado en terrorismo de Estado y terrorismo privado, y este �ltimo, en terrorismo pol�tico y terrorismo delictual. Por ello, el sujeto terrorista puede ser un Estado, un grupo o un individuo, constituyendo una de sus caracter�sticas m�s importantes su crueldad, utilizada con el prop�sito de causar terror, creando, por lo mismo, un da�o que va mucho m�s all� de la v�ctima inmediata, abarcando a toda la sociedad y amenazando al conjunto de la humanidad, lo que justifica que el derecho internacional lo trate rechaz�ndolo, conden�ndolo y no otorg�ndole protecci�n alguna. El terrorismo, de cualquier clase, de manera directa o indirecta, representa una agresi�n simult�nea contra los derechos humanos, la libre determinaci�n de los pueblos, el Estado de Derecho y cualquier forma de vida democr�tica que busque hacer realidad esas normas. Por lo mismo, nada tiene de com�n con el delito pol�tico, y no pueden asimilarse esas dos situaciones o conductas. Asimismo, no todo uso de violencia constituye un acto terrorista, siendo claro que la sublevaci�n, la rebeli�n, la sedici�n y la guerra interna o externa no son conductas terroristas en s� mismas; por ende, es un error reducirlas a esa condici�n, lo que, por lo dem�s, har�a de las experiencias hist�ricas de las luchas por la independencia, la descolonizaci�n y la liberaci�n, una realidad negativa, lo que no corresponde. Sin embargo, ning�n uso de violencia que pueda considerarse como leg�tima permite la pr�ctica de conductas terroristas, pues jam�s es admisible invocar los derechos y la libre determinaci�n del pueblo para atentar contra ellos. De lo expuesto, nace la necesidad imprescindible de que todos los Estados adopten las medidas necesarias para prevenir el terrorismo y sancionar a sus autores. �se es el sentido de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos el 30 de junio de 1970 y por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1972. Todas las naciones tienen la obligaci�n de combatir el terrorismo, sea cual fuere la forma que �ste adopte o el sujeto que lo practique, pues todos los pueblos son responsables solidarios de la defensa y promoci�n de los derechos humanos, en cualquier lugar del mundo en que sean violados, m�s a�n cuando ello es el fruto de atentados contra la humanidad. Las normas de la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proporcionan los fundamentos, las orientaciones y las disposiciones jur�dicas que hacen factible prevenir los actos y conductas terroristas, y, si ellos no pueden ser evitados, combatirlos, creando un orden social, econ�mico, cultural, jur�dico y pol�tico donde la poblaci�n no se deje llevar a la comisi�n de este tipo de atentados y en que, de producirse, se cuente con instituciones policiales y judiciales capaces de investigarlos y procesarlos, para que la justicia se realice, como fundamento de la paz. �ste es el desaf�o que hoy enfrenta Chile: conjugar de manera eficiente y coherente el necesario combate que habr� de darse al terrorismo con una garant�a a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La sociedad entera tiene que tomar conciencia de que el Gobierno, el Congreso Nacional y el Poder Judicial deben enfrentar al terrorismo. Y estamos ciertos de que la naciente democracia posee la vitalidad suficiente para alcanzar �xito en ello, porque, en general, las democracias pueden ser m�s eficaces que los reg�menes de fuerza para superar estas situaciones. En primer lugar, porque encuentran un respaldo pol�tico y moral m�s amplio en la sociedad. En seguida, porque un gobierno democr�tico act�a en defensa de un r�gimen pol�tico compartido, manteniendo plenamente la vigencia de los derechos humanos, sin incurrir en su violaci�n a pretexto de defenderlos. Por �ltimo, porque en democracia las fuerzas pol�ticas representativas de todos los sectores est�n en condiciones de cooperar entre s� y de aislar a los grupos que pretenden imponerse mediante el terror. Se�or Presidente, estamos convencidos de que el camino m�s eficaz para derrotar al terrorismo pasa por el fortalecimiento de la democracia. Muchas gracias. El se�or URENDA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable se�or Arturo Frei. El se�or FREI (don Arturo).- Se�or Presidente, Honorables Senadores: El hecho de que esta Alta Corporaci�n haya resuelto convocar a sesi�n especial la semana pasada y a esta nueva reuni�n, en el d�a de hoy, para examinar exclusivamente el tema del terrorismo es una manifestaci�n de la profunda y justificada preocupaci�n que provoca en el �nimo de los chilenos la situaci�n de violencia que persiste en el pa�s desde hace largos a�os. Al mismo tiempo, es en cierta medida una primera reacci�n al llamado que nos formulara el Presidente de la Rep�blica en su Mensaje del 21 de mayo �ltimo en orden a estudiar "juntos la manera m�s eficaz de poner termino a ese flagelo". Si bien estamos abocados a debatir las condiciones de violencia que subsisten en nuestro pa�s, creo conveniente destacar que nos encontramos ante un fen�meno que no es privativo de Chile, ya que, lamentablemente, tiene caracteres universales. Desde hace d�cadas prolifera en vastas regiones del mundo esa nueva y brutal forma de violencia organizada que es el terrorismo. Se trata de agresiones al cuerpo social, consistentes en acciones criminales que persiguen crear un clima de terror y provocar un estado de alarma e inestabilidad en el seno de la comunidad. Se utilizan m�todos crueles que, de manera indiscriminada o selectiva, atentan principalmente contra la vida, la integridad f�sica o la libertad de las personas. Por esa v�a, se busca alcanzar determinados objetivos de tipo ideol�gico, pol�tico, religioso o simplemente de lucro, como es el caso del delito organizado. La conducta terrorista, profundamente aberrante, es una expresi�n dram�tica de la cultura de la muerte, sustentada por quienes rechazan la convivencia pac�fica y niegan la solidaridad humana. Chile, lamentablemente, no est� ajeno a esa realidad. En nuestra patria, el terrorismo ha sido adoptado principalmente por grupos marginales minoritarios y facciones extremistas conformadas por fan�ticos ideologizados, con caracteres fuertemente desequilibrados, que se sit�an en uno y otro lado del espectro pol�tico. Sus m�todos y objetivos habitualmente se confunden y coinciden, aunque en sus declaraciones sostengan posiciones opuestas e irreconciliables. Pero el saldo que deja el terrorismo, cualquiera que sea su signo, es siempre el mismo: vidas inocentes segadas y destrucci�n. Hasta ahora, no han bastado el repudio masivo de las grandes mayor�as ni los esfuerzos desplegados por los sectores pol�tieos y sociales empe�ados en implantar la paz en la convivencia nacional. El terrorismo contin�a actuando en nuestro pa�s. �C�mo se explica esa situaci�n? La causa de ello est� en el fracaso de los medios empleados en el pasado reciente para combatir al terrorismo. En efecto, se pretendi� derrotarlo militarizando la acci�n represiva y utilizando estrategias de guerra para lograr dicho objetivo, y, lo que es m�s grave, se recurri� a procedimientos tan condenables y descalificados como los que se trataba de eliminar. �Qu� se logr� con ello? En primer lugar, lejos de disminuir la violencia terrorista, ella creci�, retroalimentada por la violencia represiva. Y, en segundo t�rmino, la lucha antiterrorista perdi� su legitimidad �tica como consecuencia de los excesos. La dominaci�n autoritaria imperante sobre nuestra sociedad hizo posible esos errores fatales y determin� la elecci�n de m�todos, no solamente repudiables, sino, adem�s, ineficientes, cuya aplicaci�n provoc� la muerte arbitraria de ciudadanos y derram� in�tilmente la sangre de soldados y carabineros. Como consecuencia de ello, perdura la amenaza del terrorismo en nuestra patria. Pero esta tarde, al debatir su problem�tica, lo hacemos en un �mbito diferente, porque nos encontramos congregados en un Parlamento, que es la expresi�n cabal de la voluntad soberana de los chilenos. Nuestro pa�s hoy d�a vive un proceso de recuperaci�n de sus instituciones y pr�cticas democr�ticas. En Chile existe ahora un esp�ritu renovado, que lucha por manifestarse y demostrar su disposici�n a encarar los grandes problemas nacionales con sentido de unidad y participaci�n. El terrorismo es, sin duda, uno de esos problemas -y, tal vez, el m�s grave- que afectan a nuestra sociedad. Nos cabe a nosotros, se�or Presidente, se�ores Senadores, y a la ciudadan�a entera trazar los caminos para enfrentarlo adecuadamente, salvaguardando los principios y valores que con tanto esfuerzo hemos reimplantado en la vida nacional, principios y valores que corresponden a una aut�ntica democracia. Ante todo, debemos insertar la lucha contra la violencia extremista en su contexto aut�ntico. Es decir, tenemos que plantear la defensa de los valores fundamentales amenazados por el caos y la destrucci�n, obra de unos pocos, como una acci�n colectiva estrechamente ligada al resguardo de las instituciones democr�ticas. Ello significa velar en todo momento para que se preserven las condiciones que son propias del sistema democr�tico de convivencia y para que se respeten irrestrictamente los derechos humanos. Solamente si esos requisitos b�sicos se satisfacen, el sistema antiterrorista que finalmente implantemos gozar� de legitimidad y operar� con �xito, porque reflejar� la firmeza y solidez de nuestras instituciones democr�ticas y porque concitar� -lo que es m�s importante- la confianza de la ciudadan�a. �sa ha sido la experiencia de los pa�ses democr�ticos, sobre todo la de los de Europa, los cuales han logrado erradicar el fen�meno terrorista de sus sociedades combati�ndolo con instrumentos que hacen posible la adhesi�n y colaboraci�n activa de toda la poblaci�n. Al examinar las legislaciones aplicadas por esos pa�ses, observamos que ellas incluyen m�ltiples garant�as para evitar que se desnaturalice la acci�n de prevenir y sancionar el terrorismo. Es as� como se consultan la intervenci�n de los tribunales ordinarios de justicia, el estricto control parlamentario y severas penalidades para quienes hagan uso arbitrario o abusen de sus facultades. Es decir, se aseguran los medios que permiten hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades a trav�s de la fiscalizaci�n pol�tica y jur�dica de sus actos represivos. Devolver la paz a nuestra patria es una responsabilidad colectiva y, en consecuencia, compromete el esfuerzo de todos los sectores pol�ticos del pa�s, sin distinguir entre Oficialismo u Oposici�n. Aquellos sectores pol�ticos que tradicionalmente se han atribuido una preocupaci�n preferente por el orden y la tranquilidad, aunque no siempre hayan tenido presentes esos valores cuando dispusieron del poder, deben comprender que el Partido Dem�crata Cristiano y las dem�s fuerzas que conforman la Concertaci�n, no s�lo est�n motivados por la misma preocupaci�n, sino que la han hecho suya ante el pa�s como uno de los elementos fundamentales de su programa de Gobierno. Nos anima el resuelto prop�sito de consolidar un sistema de convivencia capaz de neutralizar por s� mismo los intentos de quienes pretenden actuar en contra del bien com�n. Por ello, rechazamos como injustas y gratuitas las afirmaciones que denuncian supuestas debilidades y reclaman mayor firmeza en nuestra acci�n. Los que as� se expresan hoy d�a no recuerdan que ellos respaldaron la dictaci�n de una amplia ley de amnist�a que ha impedido juzgar a los responsables de hechos horrorosos, los que todav�a pesan sobre la conciencia nacional. Sin embargo, critican y se oponen a las modificaciones de la legislaci�n penal, que s�lo buscan humanizar el ejercicio de la justicia. Los que as� se expresan hoy d�a olvidan que en el pasado dispusieron de la fuerza a su arbitrio y, sin embargo, obtuvieron pocos logros reales en la lucha antiterrorista. Parece que no aprendieron que la fuerza sola no basta como factor disuasivo y que su poder de coerci�n no depende de la intensidad con que ella se ejerce, sino de la raz�n sobre la cual se sustenta. La Concertaci�n propicia medidas claras y efectivas para defender a la sociedad de la acci�n del terrorismo, las que deben considerar la participaci�n preponderante del sistema judicial en dicho empe�o, apoyado en una polic�a civil y uniformada t�cnicamente competente, y provisto de una normativa penal adecuada y funcional al objetivo que se le encomiende. El r�gimen legal que se adopte para combatir la violencia organizada debe compatibilizar equilibradamente los intereses de la sociedad y los derechos de los procesados, ajust�ndose a las disposiciones constitucionales y a las normas contenidas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile. Asimismo, deben consagrarse disposiciones que permitan la participaci�n de todas las fuerzas vivas de la comunidad en la defensa del orden y la seguridad. Particular trascendencia tiene el papel que en tal sentido juegan los medios de comunicaci�n social. A ellos les cabe, dentro de un marco estricto de respeto a las libertades de expresi�n e informaci�n, la responsabilidad de cooperar en la lucha contra la violencia que libra la sociedad. De esa manera aspiramos a derrotar al terrorismo, aislando en el seno de la sociedad a los elementos violentistas, con la activa intervenci�n de la ciudadan�a entera. Estamos decididos a lograrlo con procedimientos racionales, afines con los principios que contribuimos a restaurar en nuestra patria, compartidos y respaldados por la inmensa mayor�a de los chilenos. Esperamos, tambi�n, la cooperaci�n y el aporte constructivo de todos los partidos pol�ticos, para realizar conjuntamente la tarea asumida. Se�or Presidente, el Primer Mandatario nos ha propuesto asociarnos para devolver a Chile el orden y la tranquilidad, frutos de la paz, que el extremismo mantiene en jaque. �No podemos deso�r ese llamado! Muchas gracias, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Restan algunos minutos al Comit� Dem�crata Cristiano. El se�or LAVANDERO.- En conformidad al acuerdo adoptado en la sesi�n anterior, preferimos dejarlos para el final. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Si no hay oposici�n, se proceder� en tal forma. En el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional, tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, nosotros queremos que esta hora de Incidentes se destine al an�lisis del problema terrorista y que, como dijo el se�or Ministro del Interior, podamos aportar en ella nuestros consejos y puntos de vista, a fin de encontrar medios pr�cticos para erradicar ese flagelo. Creemos que el terrorismo no s�lo es un problema del Estado, sino que de todo el cuerpo social, y que �nicamente con esa visi�n se lo puede derrotar. Es un problema del cuerpo social de los Estados que viven en democracia, como nosotros, y tambi�n de algunos que a�n no han accedido a ella. Fundamentalmente, el terrorismo ha tenido incidencia en Am�rica Latina y en Europa. Pensamos que el terrorismo es completamente ajeno a la vida pol�tica y que, por eso, es una materia que no tiene atinencia con el debate l�gico en una democracia entre Gobierno y Oposici�n. Nosotros, se�or Presidente, fuimos quienes tuvimos la iniciativa de que el Senado analizara este tema, porque cre�amos que su importancia ameritaba un debate, un estudio, de esta Alta Corporaci�n y porque preferimos que fuera un organismo elegido por la soberan�a, y no designado por el Ejecutivo, el que se ocupara en tan grave problema. Resulta absolutamente imprescindible dar a la opini�n p�blica la imagen de una voluntad pol�tica un�nime y decidida para erradicar el terrorismo de la vida pol�tica chilena. Y nuestras deliberaciones -citando a un especialista norteamericano- "deben tener por objeto desarrollar medidas pr�cticas para identificar, perseguir, aprehender, someter a juicio y castigar a los terroristas". Y yo agregar�a: para recuperar para la sociedad algunos j�venes que han sido arrastrados al terrorismo por un falso misticismo. La acci�n de la sociedad frente al terrorismo hace necesario crear un ambiente nacional que, a mi juicio, debe tener tres caracter�sticas fundamentales. Primero, producir un rechazo y un desprecio a la acci�n terrorista. Resulta indispensable que logremos desmistificar el terrorismo de algunas mentes juveniles y mostrarlo tal cual es: con toda su brutalidad, con toda su bajeza, con todo su desprecio a los valores del hombre. En segundo t�rmino, necesitamos generar en la opini�n p�blica aprecio y comprensi�n por la labor de los defensores de la sociedad, tanto de los organismos de seguridad y policiales como de la propia justicia. Es evidente que ello, junto con originar un desprecio al terrorismo, represente un reconocimiento para muchos nombres que han dedicado su vida -y lo siguen haciendo- a la labor peligrosa, ingrata, y muchas veces incomprendida, de ser parte de organismos de seguridad, o a la dif�cil misi�n de administrar justicia. El tercer objetivo que debemos lograr en la creaci�n de un ambiente nacional en este sentido es el de que la opini�n p�blica perciba una voluntad pol�tica que indique a los terroristas la fortaleza y la decisi�n que el Estado usar� en su contra. Es interesante analizar lo sucedido en Europa despu�s del septiembre tr�gico de Par�s, en 1976, donde muchos analistas pol�ticos franceses dijeron que el recrudecimiento del terrorismo y de la violencia en esa �poca se deb�a a la debilidad pol�tica existente en Francia con el Gobierno Chirac-Mitterrand. Y esos analistas han se�alado que las organizaciones terroristas se aprovechan y creen, a veces, que en el debate democr�tico puede haber debilidad para enfrentar al violentismo y al terrorismo en la vida pol�tica. Por eso, deseamos evitar dar la impresi�n de que los agentes pol�ticos representantes del pueblo estamos divididos frente al problema. Consideramos indispensable producir una unidad. Y, as�, hemos colaborado con nuestros Parlamentarios en las Comisiones de la C�mara a fin de tomar las medidas m�s adecuadas para, primero, definir el terrorismo, y en seguida, dictar una legislaci�n procesal eficaz. Por otra parte, los protagonistas de la vida p�blica -nosotros, entre ellos-, no s�lo debemos contribuir a desmistificar el terrorismo, sino que debemos tener cuidado de que nuestro lenguaje no cree im�genes que le den poder de sustentaci�n, como el de atribuir el terrorismo a grupos pol�ticos determinados; de no permitir que el terrorismo se aproveche de la libertad de expresi�n para ayudar a su propaganda y a su expansi�n, y, sobre todo, de no desprestigiar nuestras instituciones, particularmente la justicia. A nuestro juicio, es perjudicial a la imagen de firmeza que el Estado debe dar frente al terrorismo entrar a discutir la legislaci�n penal en este momento y a aminorar las penalidades a las acciones terroristas. Pero no basta crear una imagen, un ambiente social y pol�tico. Necesitamos dar eficacia al Derecho contra el terrorismo. Hay quienes han sostenido -sobre todo en el plano internacional- que el Derecho ha fracasado ante el terrorismo, porque, a pesar de numerosas nuevas legislaciones y tratados existentes en el mundo sobre la materia, el fen�meno terrorista contin�a. Se olvidan de que el terrorismo es una figura delictual -la peor de todas- y de que las leyes penales existentes desde el principio de la organizaci�n social no han eliminado el delito, Aqu� se aplica tambi�n la vieja y verdadera expresi�n "combatir a, pero vivir con". Aceptar el fracaso del Derecho ser�a reconocer de partida el triunfo definitivo del terrorismo, que busca producir lo que podr�amos llamar "el efecto espejo", es decir, una respuesta del Estado an�loga a la acci�n del terrorismo, todo lo cual conduce en definitiva al caos y al terror total. La verdad es que el Derecho cl�sico resulta insuficiente ante el terrorismo, porque la represi�n y el castigo a posteriori del mismo no son suficientes para la sociedad, por el inmenso da�o que nos causan sus acciones. Parece necesario, entonces, crear nuevas figuras delictivas para prevenir y dificultar la acci�n del terrorismo, tales como la de propaganda terrorista; la de asociaci�n il�cita nacional e internacional; la de solicitar, recibir o prestar ayuda a dichas organizaciones (en lo cual la legislaci�n inglesa nos da un modelo acabado y completo); la de tenencia de armas; y otras, como ya lo han entendido muchos pa�ses occidentales, entre ellos Inglaterra y Francia. Al mismo tiempo, el Derecho necesita producir entre los pa�ses acuerdos para la represi�n del terrorismo similares al Convenio Europeo firmado en Estrasburgo el 27 de enero de 1977 y ratificado en mayo de 1980, el que, si bien versa sobre la extradici�n, en el fondo equivale a definir el terrorismo y a tomar medidas para evitar el movimiento de personas, armas, medios y fondos destinados a ayudarlo. Tambi�n, se�or Presidente, creemos que las legislaciones procesales cl�sicas necesitan frente al fen�meno terrorista modificaciones que ya han experimentado los procedimientos de pa�ses europeos, como Francia, Alemania e Inglaterra. Estas enmiendas dicen relaci�n fundamental con procesos r�pidos que, respetando las garant�as de los detenidos, permitan la eficacia de la justicia, para lo cual aqu�llos se centralizan en tribunales especializados; se protege la confidencialidad de la informaci�n y se la remunera, y p�blicamente se piden los informes al respecto; se dan garant�as a los testigos y a los informantes. Y valdr�a la pena analizar -como lo hizo Francia- el abandono de la tradici�n romana sobre el Derecho Penal para tomar un poco la legislaci�n sajona, a fin de consagrar un sistema de rebaja de penas a los arrepentidos y a quienes colaboren en el proceso de identificaci�n de acciones y planes terroristas. Lo anterior necesita ser unido a medidas carcelarias: establecimientos de reclusi�n separados de los destinados a delincuentes comunes, con m�xima seguridad, para evitar-lo que nos ha sucedido-que se escapen elementos terroristas que tienen, junto con su peligrosidad, el ilimitado poder del dinero, audacia y ayuda del exterior. Todo lo se�alado precedentemente debe ser reforzado con organismos de seguridad capaces de desarrollar una acci�n sistem�tica de inteligencia, de ser eficaces en la operaci�n y de usar todos los medios que proporcionan la ciencia y la t�cnica contempor�neas. En este sentido, nos complace -y la aplaudimos- la acci�n del Gobierno de aumentar plantas y de otorgar medios al Cuerpo de Carabineros. Creemos que se debe hacer un esfuerzo, el m�s grande posible, no s�lo en la contrataci�n, formaci�n y educaci�n del personal, sino tambi�n en el aprovechamiento de todos los medios que la ciencia y la tecnolog�a contempor�neas ponen al servicio de la inteligencia y de la seguridad. Eso s�, hay que tener especial cuidado en el sometimiento de las instituciones al Derecho, no s�lo por un sentimiento propio de justicia, de ser per se, y por la convivencia social, sino porque -entrando de nuevo en este tema- no someterse fielmente al Derecho es hacer el juego al terrorismo, fomentando la creaci�n del "efecto espejo" y del terror total, y, al mismo tiempo, despertando sentimientos de simpat�a hacia sus miembros, lo que dificulta la cooperaci�n social indispensable para su extirpaci�n definitiva. Se�or Presidente, Renovaci�n Nacional ha analizado el tema en sus comisiones y con sus expertos; ha presentado indicaciones sobre el particular en la C�mara de Diputados, y est� dispuesta a dar todo su concurso a una en�rgica pol�tica gubernativa frente al terrorismo, y tambi�n, a que sus Parlamentarios estudien y presenten las modificaciones legales adecuadas. Nos parece que esta Corporaci�n y sus Comisiones deben seguir analizando este tema y dando al Gobierno su cooperaci�n al respecto. Pero, para tener nuestra competencia clara y determinada, ser�a conveniente que el se�or Presidente de la Rep�blica, conforme a la disposici�n del art�culo 49, n�mero 10), de la Constituci�n Pol�tica, solicitara al Senado su dictamen sobre la materia. Estoy cierto de que los estudios de las Comisiones del Senado, y los antecedentes que obran en poder de nosotros y de los diversos partidos pol�ticos (que seguramente se pondr�n a disposici�n de nuestras Comisiones especiales o t�cnicas) nos permitir�n hacer un an�lisis acabado del problema y dar al Poder Ejecutivo la opini�n de consenso de esta Corporaci�n, no s�lo en las medidas pol�ticas y consensuales, sino tambi�n en las medidas que dicen relaci�n con materias de derecho internacional, sustantivo, penal, procesal, carcelario que nosotros consideremos adecuadas para erradicar el terrorismo. Se�or Presidente, Renovaci�n Nacional est� convencida de que el terrorismo es un problema de todos y de que todos debemos abordarlo. Nosotros no negaremos nuestros esfuerzos a esta tarea. Muchas gracias, se�or Presidente. -(Aplausos en tribunas). El se�or URENDA (Vicepresidente),- Tiene la palabra el Honorable se�or Ortiz. El se�or ORTIZ.- Se�or Presidente, hemos escuchado en la sesi�n pasada y hoy d�a importantes intervenciones sobre el terrorismo o sobre las conductas terroristas. Hay coincidencia entre todos nosotros en cuanto a que esos actos o conductas no tienen ni han tenido jam�s ning�n tipo de justificaci�n. Hace muy pocos d�as nos correspondi� escuchar diversas intervenciones de Senadores de todas las bancadas que condenaban el asesinato del Coronel don Luis Fontaine, que en paz descanse, En la misma oportunidad, algunas personas y diversos medios de comunicaci�n se formularon la misma pregunta: "�Qui�n quiso acallar al Coronel Luis Fontaine?" Esa interrogante era l�gica, ya que el mismo se�or Fontaine hab�a anunciado que entregar�a importantes antecedentes acerca de los hechos que le hab�a correspondido vivir con ocasi�n de las situaciones procesales sufridas. Todos sabemos que antes de su asesinato hab�a sido objeto de todo tipo de ofensas y diatribas en determinados medios de comunicaci�n, los que a todas luces ten�an una predisposici�n absolutamente contraria a �l y estuvieron m�s preocupados de la espectacularidad de la situaci�n que le toc� vivir que de la b�squeda de la verdad. Ahora, se�or Presidente, sabemos exactamente qui�nes son los que quisieron silenciarlo para siempre; conocemos sus filiaciones pol�ticas; sabemos que son unos desquiciados. Hoy, seguramente, muchos de los que en otros lugares alzaron sus voces para condenar duramente ese asesinato van a preferir hablar de otros temas, ya que los autores resultaron ser, o sus asociados, o sus amigos. Incluso m�s, se�or Presidente, sabemos que hay algunos que justifican las conductas terroristas, o de una forma directa, o encubiertamente; pero, sin lugar a dudas, las justifican. Felizmente, cada vez son menos. Est�n siendo aislados. Cuando dec�a que hoy tienen respuesta todos los que se formularon la pregunta "�Qui�n quiso acallar a Luis Fontaine?", era porque precisamente el Cuerpo de Carabineros, en una diligencia policial que merece nuestras felicitaciones, logr� identificar y aprehender a dos de sus autores. Estos individuos pasaron a disposici�n de la justicia, y el se�or Ministro en Visita los encarg� reos. Y est�n confesos de su delito, y de ser miembros del Frente Manuel Rodr�guez. Hace pocos d�as, el Director del Instituto de la Juventud, se�or Garc�a, calificaba a los terroristas como "despistados", en una entrevista que podemos estimar muy poco feliz. Aqu�, en el Senado, hemos escuchado importantes intervenciones, y en todas ellas se expres� la misma calificaci�n: esos individuos son sic�patas asesinos. Frente a esta tremenda evidencia, me permito llamar a todos los Senadores a que nuevamente condenemos en�rgicamente el terrorismo, a que lo consideremos -como ya lo se�al� en sesi�n anterior- como una lacra social, a fin de que los elementos violentistas sean definitivamente aislados y, cada vez con m�s fuerza, reciban la sanci�n moral de todo el cuerpo social. �Aisl�moslos! Estoy cierto, se�or Presidente, de que, con los antecedentes de que disponemos, a nadie se le ocurrir� llamar a estos individuos, o "j�venes idealistas", o "presos pol�ticos". Estos elementos son delincuentes comunes, y queremos para ellos un debido proceso y que se les apliquen las sanciones que la ley prev� para estos delitos. No deseamos agravar su situaci�n procesal, pero tampoco ser�a justo pretender darles un trato de excepci�n. El se�or Ministro del Interior, en la sesi�n pasada, defini� el terrorismo como el acto delictual m�s grave contra la vida, Estos actos se han repetido, y en el d�a de ayer hemos visto que los mismos elementos terroristas han logrado una nueva v�ctima; un joven oficial de Carabineros, don Fernando Toledo P�rez, vio terminada su existencia, quedando gravemente herido don Juan Ch�vez, un cabo de esa tan sufrida Instituci�n, como consecuencia de estar cumpliendo con su deber al tratar de desactivar una bomba puesta en una repartici�n p�blica en Santiago. Lamento estas nuevas v�ctimas de Carabineros, Instituci�n a la que hago llegar mi solidaridad. Quienesquiera que sean los autores de estas conductas, siempre deben ser condenados socialmente, sin perjuicio de las sanciones que la ley indica. Nuestra Constituci�n Pol�tica, en su art�culo 9o, inciso primero, expresa: "El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.". Sin lugar a dudas, es extraordinariamente afortunada la definici�n del constituyente de 1980. No puede haber un doble est�ndar para referirnos a los hechos de violencia. Siempre las conductas terroristas deben merecer nuestro repudio y nuestra condena. Es todo, se�or Presidente. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Queda un minuto al Comit� Renovaci�n Nacional. El turno siguiente corresponde al Comit� Independiente (8 Senadores). Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.-Se�or Presidente, conozco y comprendo ampliamente la inmensa dificultad que el terrorismo representa para cualquier autoridad constituida que ha de hacer frente a sus golpes dentro del Estado de Derecho. Se asemeja ello a una lucha en que la autoridad combate con un brazo atado, en tanto que su enemigo emplea, precisamente, todos los medios que la �tica y el Derecho buscan erradicar de la convivencia humana, S� por propia experiencia cuan f�cil es criticar a un Gobierno por la insuficiencia y la lentitud de los resultados de ese combate. S� cuan f�cil es condenar a la autoridad, sea porque no logra prevenir atentados, sea porque no logra encontrar y castigar r�pidamente a los culpables. S� tambi�n cuan incomprendida es la funci�n de aquellos hombres que exponen su propia existencia en labores del m�s alto riesgo para salvar la vida y bienes de sus semejantes. Pienso, por lo tanto, que muy pocas materias plantean a la autoridad un desaf�o m�s complejo que el del terrorismo. Frente a esa realidad, no me parece que debamos detenernos en el an�lisis de lo que el actual Gobierno o los anteriores han hecho o dejado de hacer en esta materia. El desaf�o nos obliga a mirar hacia adelante. Si de verdad queremos que las generaciones presentes y venideras puedan convivir en paz y no luchen armas en mano, todos los sectores aqu� representados debemos unirnos para enfrentar el peligro terrorista deponiendo rencores. En esta tarea no caben las diferencias pol�ticas ni partidistas. El terrorismo no amenaza a uno o a otro grupo, sino a todos por igual. Pienso que la uni�n frente al terrorismo es posible si conseguimos concordar en torno a cierta definici�n del problema, lo suficientemente amplia como para comprender la realidad de su existencia en Chile desde hace 25 a�os y en Gobiernos muy distintos. En este punto, como en otros del an�lisis, no es necesario esforzarse en un exceso de originalidad. Podemos y debemos apelar a la experiencia internacional, que en muchos casos sobrepasa la que Chile ha sufrido. As�, Brian Crozier, quien fue Director del Instituto para el Estudio del Conflicto, de Londres, lo defini� en 1960 como la "violencia motivada por fines pol�ticos". Por su parte, el Convenio Europeo para la Represi�n del Terrorismo lo define como "cualquier acto grave de violencia... dirigido contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas" y "los bienes..., cuando dicho acto haya creado un peligro colectivo". El espa�ol Alonso-Fern�ndez, en 1986, se�ala dos rasgos que lo definen: "el de ser violencia criminal organizada... y el de sembrar la confusi�n, la alarma o el terror". Un antiguo proverbio chino lo resume magistralmente como "El arte de matar a uno para aterrar a diez mil". De estas definiciones se desprende que estamos frente a un caso de terrorismo cuando un hecho de violencia encuentra su autor�a en una organizaci�n paramilitar, produce conmoci�n p�blica y tiene por finalidad desestabilizar el sistema social. Alcanzado cierto consenso en cuanto a lo que el terrorismo es, podemos denunciar diversos mitos que se han ido acumulando en torno a �l. Con ese objetivo, creo importante precisar lo que el terrorismo no es. En esta materia, conviene seguir a dos analistas que constituyen una suerte de cl�sicos en esta materia. Me refiero al profesor de la Universidad de Cambridge Walter Laqueur y al historiador, tambi�n brit�nico, Paul Johnson. Su visi�n me parece doblemente elocuente, por cuanto recoge la larga experiencia de Inglaterra en este campo y porque esa misma naci�n es reconocida como ejemplo de la democracia occidental. Como primera observaci�n, el terrorismo no es una respuesta a la injusticia econ�mica, social o pol�tica, que expresar�a la desesperada reacci�n de personas empujadas a la violencia por angustiosas tensiones y frustraciones. Si as� fuese, no habr�a estallado con salvaje brutalidad precisamente en las pr�speras y liberales sociedades de la Europa occidental, altamente desarrollada e indiscutiblemente democr�tica. Como segunda observaci�n, el terrorismo no es meramente un s�ntoma dentro de un conjunto de males que aquejan a nuestra sociedad contempor�nea -tales como la violencia juvenil, la criminalidad com�n, la poluci�n ambiental, la explosi�n demogr�fica u otras semejantes-, sino un problema espec�fico. Y como un mal espec�fico, puede ser aislado y combatido. A partir de esta idea, se despejan otros mitos. El terrorismo no es una expresi�n equivocada de idealismo que busca beneficiar a la humanidad, sino la deliberada supresi�n de los instintos morales del ser humano. Ning�n hombre puede ser un terrorista efectivo si conserva los elementos morales de la persona. Y, por eso mismo, el terrorismo no es s�lo la negaci�n de la civilizaci�n, sino tambi�n la negaci�n de la humanidad como tal. Desde esta perspectiva, el terrorismo, el campo de concentraci�n nazi y el "gulag" son expresiones de una misma mentalidad. El terrorismo no es un arma pol�tica. En realidad, constituye la m�xima manifestaci�n del rechazo de la pol�tica como medio normal por el que la comunidad resuelve conflictos. Y, siendo la pol�tica el medio civilizado para evitar el enfrentamiento de la fuerza por la fuerza, el terrorismo es un ataque, no s�lo a un Gobierno, sino a toda la civilizaci�n. Por eso se le llama "la anticivilizaci�n". El terrorismo, por otra parte, no es un mal necesario de nuestra sociedad, sino una opci�n deliberada por la exaltaci�n de la violencia, esa violencia elegida por un grupo como forma de actividad y como aberrante intento de justificar el asesinato y la destrucci�n. El terrorismo no es oposici�n a las fuerzas represivas de la sociedad. Su acci�n no conduce a una organizaci�n social m�s libre, sino todo lo contrario. Los pa�ses que financian y mantienen el terrorismo son, sin excepci�n, totalitarios. Ning�n r�gimen democr�tico fomenta el terrorismo. El terrorismo no opera donde faltan las libertades. Por el contrario, lo hace precisamente donde ellas existen, y lo hace abusando de estas libertades. As� las pone en mayor peligro, porque la sociedad no puede sino reaccionar en defensa propia. Y, al hacerlo, por desgracia, se ve forzada a establecer restricciones precisamente al sistema de libertades. Todo esto evidencia la gran falsedad de afirmar que el terrorismo puede cumplir una funci�n liberadora. El terrorismo no es un pretexto que invocan determinados reg�menes para justificar su autoridad. Este mito hace que muchas sociedades libres, por temor a que las tilden de autoritarias, renuncien a su propia defensa y que sus gobernantes abdiquen la responsabilidad de aplicar la ley. El terrorismo tiene �xito cuando provoca mayor represi�n. Pero mayor a�n es su �xito cuando anula la voluntad de autodefensa, lo cual se expresa en una cadena de concesiones inevitablemente sin fin. El combate de una sociedad libre contra el terrorismo supone aceptar ciertas premisas b�sicas. Consideramos como premisa que la sociedad chilena no desea caer en un r�gimen totalitario a que la llevar�a el terrorismo. Siendo as�, como ya dijimos, nuestra lucha tendr� limitaciones, ciertamente; pero es lo que nos distingue del mal que combatimos. Quienes no admiten para sus actos m�s l�mites que su propia voluntad y sus propias capacidades, no han salido a�n de la barbarie o han reca�do en ella. Ese es el caso de la personalidad terrorista. Entre el terrorismo y la enfermedad mental existe una relaci�n directa. No se trata simplemente de una conducta extrema y equivocada -pero justificable para algunos- en virtud de servir a ideales pol�ticos. Hay un componente enfermizo en la mentalidad terrorista, aunque �l no llegue a constituir jur�dicamente una eximente de responsabilidad. Caracteriza la personalidad de los terroristas una sublimaci�n de la crueldad. Una personalidad normal es incapaz de realizar las violencias terroristas sin remordimientos ni sentimientos de culpabilidad. El terrorista, aunque no menos responsable que cualquier otro criminal, es un ser an�malo. Por eso, es un error tratarlo como persona normal, que pueda reaccionar como tal. Y no se puede negociar con �l como con un adversario pol�tico. No son ideales los que est�n en juego, sino anomal�as de la m�s alta peligrosidad social. Esta peligrosidad es tanto mayor porque la tecnolog�a moderna pone en manos de tales criminales instrumentos de gran capacidad de destrucci�n y en constante perfeccionamiento. Desde las pistolas y primitivas bombas del terrorismo del siglo pasado a las armas autom�ticas y los complejos dispositivos electr�nicos y explosivos de nuestros d�as, hay un impresionante desarrollo, que no cabe ignorar. Por lo tanto, es indispensable que el combate antiterrorista est� permanentemente al d�a en materia tecnol�gica. Sentadas las premisas anteriores, voy a formular propuestas concretas. Primera propuesta: servicios antiterroristas. El terrorismo es un peligro, no s�lo grav�simo, sino tambi�n especial. Y es l�gico que, en el marco del Derecho, se le oponga un instrumento de contenci�n especial. As� lo confirma la experiencia mundial. Los pa�ses exitosos en la contenci�n del terrorismo cuentan, todos ellos, con unidades especializadas para su combate. Formarlas, lograr su eficacia, mantener su perfeccionamiento, es labor de largo plazo. Frente a la tecnificaci�n del terror, la sociedad debe, a su vez, apelar a la tecnolog�a, sacrificando quiz�s otras prioridades, para dotar a sus cuerpos especializados antiterroristas de instrumentos aptos para responder a los golpes del enemigo. No bastan solamente la inteligencia y el coraje de los miembros de tales servicios. Los servicios antiterroristas pueden ser independientes, o bien, formar parte de las Fuerzas de Orden ya existentes. Es una mera decisi�n pol�tica al respecto. Lo importante es que estos servicios existan y cuenten con los medios adecuados para poder llevar a cabo su funci�n. Segunda propuesta: respaldo a los servicios antiterroristas. La autoridad, junto con exigir a los servicios antiterroristas el estricto cumplimiento de la ley, debe darles pleno respaldo. Por eficiente que sea la labor de �stos, se ver� siempre neutralizada si la autoridad los mira con desconfianza y no les presta toda la fuerza de su apoyo moral y pol�tico. Tercera propuesta: control de armas. La sociedad no puede sino multiplicar sus precauciones para evitar que la tarea del terrorismo se vea facilitada. El control de armas y de elementos destructivos debe intensificarse preventivamente. Si hay un monopolio que el Estado debe mantener y defender con vigor y fuerza, es el de las armas, regulado por la ley. Para retener ese monopolio, es imprescindible que se controlen los arsenales y que las normas de control se hagan respetar por la autoridad sin concesiones ni debilidades. Tales normas deben llevar aparejada una sanci�n severa, ya que es ilusorio suponer que mitigar estas penas puede aminorar el terrorismo. Cuarta propuesta: legislaci�n antiterrorista adecuada. Se requiere de una legislaci�n antiterrorista equilibrada, que aborde adecuadamente todos los elementos jur�dicos, tales como la tipificaci�n precisa del delito y de las conductas terroristas, el procedimiento, las garant�as procesales y la penalidad. Esta legislaci�n, recogiendo experiencias internacionales, debe tambi�n considerar que el terrorismo emana de organizaciones criminales, en tanto que nuestras leyes no est�n hechas para enfrentar a tales organizaciones, sino a delincuentes individuales. Por lo tanto, es preciso crear una jurisdicci�n especial para hacerle frente con procedimientos tambi�n especiales, con fallos colectivos, con c�rceles de alta seguridad y con un sistema de protecci�n para los jueces y testigos. A este �ltimo respecto, es preciso tener presente que, frente al m�ximo peligro que representa el terrorismo, la sociedad tiene el deber de la m�xima severidad. Quiz�s las penas en el caso del terrorismo no tengan un efecto disuasivo propiamente tal e importante, por las caracter�sticas sicol�gicas del terrorista. Pero constituye un error plantear la rebaja de penas al terrorismo, aduciendo que ellas no tienen efecto disuasivo. El terrorista es ajeno a tales reflexiones. No decide su acto ni mesura la atrocidad del mismo en funci�n de la mayor o menor pena que haya de sufrir en caso de ser aprehendido. En consecuencia, al atenuar las penas u otorgar a su respecto beneficios procesales generales, la sociedad, en el fondo, est� renunciando a la prevenci�n, y reduce con ello su propia defensa. En todo caso, la disuasi�n es s�lo uno de los efectos de la pena. Otro efecto de �sta es el retributivo, sin el cual no es concebible la justicia. Otro efecto de la pena es su funci�n preventiva, en cuanto el terrorista sancionado conforme a la ley, mientras dure su condena, queda de hecho impedido de atacar a la sociedad, aspecto �ste de gran alcance, considerando que, precisamente por las caracter�sticas sicol�gicas ya referidas, la reincidencia del terrorista es virtualmente una constante. Por las mismas razones, tambi�n el proceso penal y la libertad provisional del terrorista deben ser excepcionales. Si �ste goza de los mismos derechos de todo reo, su futura comparecencia en el juicio resultar� ilusoria; en cambio, ser� cierta la comisi�n de nuevos delitos terroristas. Sin embargo, nada de lo anterior debe obstar a que, durante el juicio, el terrorista cuente con todas las garant�as del debido proceso. Quinta propuesta: conducta pol�tica congruente. Siendo el terrorismo un problema globalmente social, la conducta frente a �l no puede ser la que cabe ante un grupo pol�tico. No se le puede reconocer el status de parte en el proceso pol�tico, y, por lo tanto, los terroristas deben necesariamente ser aislados. Quienquiera que justifique al terrorismo o no lo condene, por ese mismo hecho lo est� aceptando y contribuyendo a su propagaci�n. Quien no lo condene tambi�n debe ser pol�ticamente aislado por todos los grupos democr�ticos mientras no enmiende su conducta complaciente. Sexta propuesta: llamarlo por su nombre. Es preciso que la autoridad designe el problema por su nombre. A veces ello podr� ser pol�ticamente inc�modo; pero es indispensable. Lo contrario es desorientador, debilitante e in�til. El combate contra el terrorismo exige precisi�n intelectual en el diagn�stico, pero tambi�n valor moral para aceptar ese diagn�stico y actuar en consecuencia. Los terroristas no son presos pol�ticos. �sta es una realidad, y las realidades no desaparecen porque se les cambie el nombre. Los medios de comunicaci�n deben ser un�nimes en su mensaje de condena al terrorismo y de respaldo a los instrumentos legales para su contenci�n. Las voces equivocadas de los medios que subordinen la lucha antiterrorista a otros intereses o que, incluso, lleguen a insinuar oblicuamente su justificaci�n, debilitan gravemente su combate. S�ptima propuesta: necesidad de colaboraci�n internacional. El Gobierno, que tiene el manejo de las relaciones exteriores, debe obtener la colaboraci�n internacional en materia antiterrorista. En los pa�ses desarrollados hay suficiente experiencia y son claros la forma y los m�todos para hacerlo. Las naciones m�s exitosas en el combate antiterrorista han llegado, hace bastante tiempo, a f�rmulas de cooperaci�n permanente entre s�, intercambiando experiencias y tecnolog�a, y brind�ndose rec�proco refuerzo. Chile debe incorporarse, resueltamente y cuanto antes, a esa red protectora. Octava propuesta: educaci�n antiterrorista. Una de las medidas m�s importantes es la acci�n del Estado por medio del sistema educacional, formando temprana conciencia en la juventud acerca del peligro terrorista. As� como el Estado, mediante la educaci�n, combate la drogadicci�n, la contaminaci�n, el alcoholismo y otros males sociales, tambi�n debe combatir el terrorismo, ense�ando en qu� consiste, cu�l es su gravedad, qui�nes lo apoyan, qui�nes lo combaten y c�mo cada persona puede ayudar a contrarrestarlo. Propuesta final: la gran unidad. Quienes compartimos la aspiraci�n de una sociedad libre y tenemos la obligaci�n de unirnos cuanto antes frente a este flagelo que est� asolando a toda nuestra civilizaci�n, debemos unirnos para contener este mal de la sociedad contempor�nea. Hay que admitir que el terrorismo existe. Hay que reconocer su origen y sus caracter�sticas, sus m�todos y sus prop�sitos, su real magnitud y su amenaza a todo cuanto nosotros valoramos. Una vez logrados el diagn�stico y el acuerdo en la forma para combatir el mal, es deber de la autoridad recoger las propuestas y traducirlas en medidas concretas. Ante ello, nadie puede negar su concurso. �Actuemos, en consecuencia, unidos para combatir el terrorismo, no ya como inter�s de uno u otro partido, sino de toda la sociedad! �Podemos hacerlo! �Depende de nosotros! �Hay un camino! �Actuemos unidos, a tiempo y con la fuerza necesaria! Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Comit� Independiente. Corresponde hacer uso de su derecho al Comit� Mixto. Tiene la palabra el Honorable se�or Alessandri. El se�or ALESSANDRI.- Se�or Presidente, Honorable Senado: Rara vez se produce la unanimidad en materias pol�ticas. Hoy la observamos en la condena al terrorismo. Y me alegro de que el cuerpo social chileno, dignamente representado en esta Honorable Corporaci�n, tenga esta coincidencia sobre una materia tan importante y b�sica para nuestra sana y democr�tica convivencia. Uno mi voz a la de todos aquellos que condenan el terrorismo, cualquiera que sea la forma que revista y venga de donde viniere. En un Estado de Derecho, como es el que pretendemos que en Chile exista, no hay cabida para quienes cometen actos delictuales que atemorizan a la poblaci�n, producen graves da�os materiales y, lo que es peor, hieren y matan a seres humanos indefensos e inocentes, que merecen la protecci�n del Estado, como todo habitante de esta Rep�blica. Prof�ticas resultaron mis palabras en esta misma Sala que destacaban la preocupaci�n que hab�a en la ciudadan�a por la repetici�n de actos terroristas que ahora se han visto intensificados con una escalada que produce alarma y desconfianza en la opini�n p�blica. El terrorismo es una de las materias m�s estudiadas por la ciencia pol�tica y por la sociolog�a; pero desgraciadamente, y quiz�s por razones ideol�gicas, es la peor entendida. Sus rasgos caracter�sticos son el anonimato y la violaci�n de toda norma �tica y jur�dica, y la demanda, al mismo tiempo, si sus miembros son aprehendidos, de la aplicaci�n irrestricta de todos los derechos y garant�as que ellos violan con respecto a sus v�ctimas. Su principio fundamental es el de que el fin justifica todos los medios. No se trata de un movimiento de masas, sino de acciones realizadas por grupos peque�os, por lo que su objetivo final puede ser el de imponer una dictadura opresiva, de una �nfima minor�a, objetivo que, por lo dem�s, jam�s se ha cumplido. El terrorismo no es una ideolog�a, sino una estrategia para la insurrecci�n; tampoco es una subespecie de la guerra de guerrillas o revolucionaria; en Am�rica Latina, ante el fracaso de la guerrilla rural, se est� optando por el terrorismo urbano. Para los terroristas no hay personas inocentes en la sociedad que pretenden destruir. Condenan sin o�r, no dan a sus v�ctimas ninguna opci�n de defensa. No respetan en ellas principio humano alguno, ni siquiera las leyes convencionales de la guerra. Se consignaba hace pocos d�as un dato estremecedor: en el mundo ha habido aproximadamente 40 mil atentados en los �ltimos veinte a�os. Los antecedentes que he dado indican la necesidad de imponer a la opini�n p�blica de la gravedad del problema y de alertarla sobre las serias consecuencias que tiene un debilitamiento de la acci�n del Gobierno y de la apreciaci�n de la sociedad sobre actos de terrorismo -como los que se est�n presentando en Chile- para el normal desarrollo de las actividades del pa�s y para la consolidaci�n de su proceso democr�tico. Quiero referirme a un aspecto del terrorismo que, aparentemente, hasta ahora no se ha presentado en Chile, pero que, dados los acontecimientos recientes, podr�a hacerse presente: la conexi�n entre el terrorismo y el narcotr�fico. Hemos visto con alarma que en estos �ltimos tiempos, y ante la persecuci�n de los narcotraficantes en otros pa�ses, el nuestro est� empezando a ser usado como pa�s de tr�nsito entre los productores de coca y los elaboradores que obtienen la coca�na para su consumo final. Se ha afirmado que en Chile se estar�a produciendo coca�na y que se estar�a -como se dice vulgarmente- "lavando" dinero proveniente del narcotr�fico. Al respecto, desear�a leer una parte del editorial de "El Mercurio" del 16 de mayo, que dice lo siguiente: "Son conocidos los dram�ticos efectos que acarrea el narcotr�fico: destruye a la juventud y, por ende, a la familia; corrompe; financia al extremismo; desestabiliza la democracia; infecta al comercio exterior y al sistema financiero; da�a gravemente la imagen de los pa�ses incapaces de impedirlo e impone costos econ�micos y morales crecientes, cuando no es combatido a tiempo". Esta publicaci�n se�ala -como hemos visto- que el narcotr�fico puede financiar al extremismo. Hemos comprobado c�mo en Colombia el narcotr�fico est� �ntimamente ligado con todos los movimientos guerrilleros tendientes a derribar al Gobierno de ese pa�s, uno de los ejemplos de la democracia en el continente. Son tales las cantidades de dinero que el narcotr�fico mueve que es capaz de equipar fuerzas regulares con los armamentos m�s modernos, incluso con fuerza a�rea. Una situaci�n como la descrita no podemos permitirla en este pa�s. Y por eso es necesario tomar las medidas para evitar que una de las fuentes posibles del financiamiento del terrorismo siente sus reales en Chile. El Subsecretario del Interior, don Belisario Velasco, asisti� a una conferencia internacional en M�xico y afirm� que se tomar�an las medidas para evitar el consumo de drogas y, muy especialmente, el uso del territorio nacional como corredor para el env�o de coca�na, noticia que es muy alentadora. Ojal� se logre una coordinaci�n entre los 32 pa�ses que se comprometieron en esa reuni�n a combatir el narcotr�fico. El terrorismo necesita de financiamiento, y a ello se deben los continuos asaltos a bancos y a otras instituciones, que le han producido ping�es ganancias, ascendentes a muchos millones de pesos. Pero esto en nada se puede comparar al posible financiamiento que obtendr�a del narcotr�fico, que -como dec�a- mueve cantidades siderales de dinero. Desaparecido el financiamiento, evit�ndose los asaltos repetidos, que estaban sucediendo a diario, el terrorismo necesariamente tendr�a que declinar, ya que es dable suponer que, con los cambios que acontecen en Europa Oriental, con el derrumbe del marxismo y de todas sus utop�as sociales y econ�micas, la Uni�n Sovi�tica dejar� de financiar organizaciones y movimientos clandestinos. Chile se ha caracterizado por haber combatido tenazmente el narcotr�fico. Debemos recordar que, en tiempos de la Unidad Popular, los narcotraficantes tuvieron pr�cticamente carta blanca para actuar en Chile; y fue uno de los cargos que se hicieron al Gobierno de la �poca. Esto ha sido reconocido por el propio Director de Investigaciones, General don Horacio Toro Iturra, quien, seg�n "El Mercurio" del 3 de mayo de 1990, record� que "hasta 1974 nuestro territorio fue ocupado por los traficantes internacionales, pero que una batida entre los a�os 1975 y 1976 termin� con esa actividad il�cita", lo que constituye otro de los logros muy importantes, y naturalmente no destacados, del R�gimen Militar. El General Toro estim� que han persistido los intentos por emplear a Chile en la ruta de la coca�na hacia Estados Unidos y Europa, agreg�ndose en este �ltimo per�odo el "lavado" de dinero mal habido y la producci�n de elementos qu�micos destinados a la elaboraci�n del clorhidrato de coca�na. Es doble, por lo tanto, la tarea de los servicios de seguridad p�blica: por un lado, combatir el terrorismo en todas sus formas, y por el otro, combatir tambi�n el narcotr�fico, que puede ser fuente de financiamiento para el primero. Es satisfactorio comprobar que, a ra�z de las denuncias efectuadas en esta Sala y en todos los medios de comunicaci�n ante la escalada terrorista y frente al aumento del tr�fico de estupefacientes por nuestro territorio, se est�n tomando medidas, habi�ndose por fin creado un Servicio de Inteligencia en Carabineros de Chile. Hice presente que el desmantelamiento de la Central Nacional de Informaciones no hab�a sido sucedido por un servicio semejante, por lo que me alegro enormemente de que esa grave omisi�n est� en v�as de solucionarse. Ojal� que este Servicio pueda contar con la informaci�n recogida por los organismos anteriores, como tambi�n -como lo dijo el Honorable se�or Siebert en esta Sala- por aquellos a quienes ahora corresponda desde el Gobierno custodiar nuestra seguridad; y ojal� que su labor sea efectiva. Con la misma objetividad, creo sinceramente que el Ejecutivo se equivoc� al indultar a una serie de delincuentes que estaban condenados por actos terroristas, lo cual demostr� una debilidad que podr�a ser considerada como una de las causas del recrudecimiento de la actividad terrorista de los �ltimos d�as. Se equivoca tambi�n el Gobierno, a mi juicio, al enviar proyectos de ley que suavizan las sanciones a los terroristas y que pretenden liberar a otros culpables de tales actos. Me alegro de que representantes de la Concertaci�n se hayan sumado en la C�mara de Diputados al rechazo de la idea de rebajar las penas de los infractores a la Ley de Control de Armas, y espero que en el Senado se adopte igual criterio. Tampoco ayudan a un eficaz enfrentamiento a los actos terroristas algunas declaraciones y proposiciones del Gobierno. La calificaci�n que se hace de "infracciones a la Ley de Seguridad del Estado" a actos t�picamente terroristas son preocupantes, por decir lo menos. Algunos de los criterios del Gobierno sobre las penalidades antiterroristas han obligado a decir a los representantes de los Diputados de Renovaci�n Nacional y de la UDI que "el Gobierno estar�a dejando indefensos a los chilenos ante el terrorismo". Igualmente, produce preocupaci�n pretender introducir una definici�n cada vez m�s estricta y excluyente del delito terrorista, para eludir, de esa manera, las restricciones establecidas en el art�culo 9o de la Constituci�n, pudiendo los hechores obtener as� indultos y libertades bajo fianza. La circunstancia de que muchos de los actuales acusados de actos terroristas han permanecido en prisi�n durante un tiempo prolongado sin que se haya dado t�rmino a sus causas -lo que reconocemos que debe rectificarse mediante la modificaci�n de disposiciones que impiden una r�pida acci�n de la justicia- no autoriza para debilitar la tipificaci�n de los delitos terroristas y la lucha contra ellos. La tendencia de la legislaci�n moderna -ahora que est� comprobado que no basta la democracia para terminar con la violencia y el terrorismo, como algunos supon�an- es la de no ir a definiciones exhaustivas tanto del terrorismo como de los procedimientos usados para combatirlo. Se emplean disposiciones y m�todos flexibles, ya que hoy tambi�n empieza a hablarse del terrorismo qu�mico y biol�gico, del que no debe considerarse ausente el caso chileno de las uvas envenenadas. En Europa, especialmente en Espa�a e Italia, pa�ses a los que se acostumbra a usar de modelos, las primeras leyes fueron tan dr�sticas que hasta se impidi� que los hechores fueran asistidos por abogados elegidos por ellos, ya que se comprob� que algunos eran miembros de las mismas organizaciones o serv�an de correo entre sus clientes y el exterior. As� se luch� en forma adecuada en contra del terrorismo, y las leyes fueron modific�ndose o dejaron de aplicarse en forma estricta a medida que el flagelo fue desapareciendo. Creo que en Chile debi�ramos hacer lo mismo. Es necesario mantener un r�gimen jur�dico de la m�xima severidad para castigar a todos los que participan directa o indirectamente en actos terroristas, ya que quien interna armas para cometerlos es tan culpable como quien las usa. No puede llegarse al extremo de que sea el propio terrorista el que con su confesi�n d� forma al delito al expresar su motivaci�n. Debe considerarse que nuestra Carta Fundamental prescribe que "El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos", dando toda la connotaci�n m�s al acto en s� que a sus motivos. Asimismo, no creo conveniente en estos momentos modificar la legislaci�n antiterrorista; por el contrario, estimo que deben reforzarse los organismos de seguridad que puedan asegurar la aprehensi�n de los delincuentes. M�s adelante, cuando este flagelo vaya desapareciendo -como tiene que ocurrir en un Estado de Derecho como el nuestro-, se podr� ir con calma enmendando las leyes respectivas. Hacerlo ahora ser�a una imprudencia temeraria que pondr�a en : peligro la paz social, porque cualquier signo de debilidad de la autoridad es aprovechado por aquellos que no creen ni en las leyes ni en la justicia. El Presidente de Checoslovaquia dijo lo siguiente: "Alguien quiere poner a prueba la fortaleza de nuestra democracia. Es importante mostrarles una mano dura, y que la libertad y la democracia no significan que cualquiera pueda hacer lo que quiera matando ni�os". Ya tendremos oportunidad de discutir la legislaci�n respectiva; pero es bueno que la opini�n p�blica vaya imponi�ndose de la gravedad del problema, tanto del terrorismo cuanto del narcotr�fico, la posible uni�n de ambos y las fatales consecuencias que ello podr�a tener para Chile. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Quedan 4 minutos al Comit� Mixto. El se�or GUZM�N.- Pido la palabra. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra su Se�or�a. El se�or GUZM�N.- Se�or Presidente, deseo formular un planteamiento acerca del tema que no resulta posible circunscribir al tiempo que usted se�ala. Por esto, espero formularlo en alguna pr�xima sesi�n, en la que solicitar� que su contenido sea transcrito por oficio a los se�ores Ministros que gentilmente nos acompa�an esta tarde. El se�or D�EZ.- Pero podemos darle m�s tiempo, Honorable colega, por acuerdo un�nime. �Cu�nto necesita? El se�or GUZM�N.- No deseo alargar innecesariamente la sesi�n. Como entend� que se contaba con un lapso adicional, pens� que pod�a disponer de 12 a 15 minutos, los que notoriamente exceden de los que restan a mi Comit�. No quiero crear problemas, se�or Presidente. He dado una explicaci�n s�lo con el �nimo de que no se estime que he guardado silencio por no tener nada que decir respecto del tema que nos ocupa, o porque no deseo hacerlo. El motivo es que existe un problema de tiempo, y pretendo ce�irme al que me corresponde. El se�or VALD�S (Presidente).- Muy bien, se�or Senador. Corresponde el turno del Comit� Partidos por la Democracia y Socialista. El se�or GAZMURI.- Pido la palabra. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or GAZMURI.- �Cu�nto tiempo nos queda, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Quince minutos, se�or Senador. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, Honorables colegas, se�ores Ministros: Realizamos esta sesi�n especial acerca del terrorismo y la violencia pol�tica teniendo que lamentar una v�ctima m�s en la persona del teniente Toledo. Quiero que nuestras primeras palabras sean de condolencia y solidaridad tanto para su Instituci�n como para su familia. Nosotros, los Parlamentarios socialistas y del PPD, creemos que uno de los mayores desaf�os que enfrenta el proceso de democratizaci�n, de la sociedad chilena que hemos inaugurado es el de desterrar la violencia en todas sus formas de la convivencia nacional. Se ha dicho aqu� -y lo reiteramos- que la primera premisa para cumplir ese desaf�o es lograr un consenso nacional respecto a la ilegitimidad de la violencia como m�todo de acci�n pol�tica, cualesquiera que sean las motivaciones y objetivos que se sostengan perseguir con su utilizaci�n. Pero la segunda afirmaci�n que tambi�n queremos hacer, con la misma fuerza, es que s�lo en democracia es posible ese consenso universal. Y s�lo es posible en democracia, y concretamente en nuestro pa�s, en primer lugar, porque el �nico r�gimen pol�tico leg�timo en la sociedad contempor�nea y en Chile es el democr�tico, el �nico que garantiza todos los derechos; que permite la libre expresi�n de todos los pensamientos; que posibilita canalizar las demandas, intereses y conflictos existentes en la sociedad, de manera institucional, pol�tica y pac�fica; y que permite, adem�s, que la prevenci�n y represi�n de las conductas delictuales, como las terroristas, se realicen mediante m�todos acordes con el respeto a los derechos humanos de todos y cuenten, tambi�n, con el respaldo ciudadano. Se dice que la democracia se autolimita en el combate al terrorismo. Nosotros creemos que �ste es un enfoque errado de la cuesti�n: ella tiene maneras de defenderse que la hacen finalmente m�s fuerte. No se trata -como ha manifestado aqu� alg�n ex Ministro- de que la democracia combata al terrorismo con un brazo amputado; la democracia lo combate en forma eficaz con sus m�todos, que son los de una autoridad leg�tima, y el respeto a los derechos de todos, incluidos los derechos de los delincuentes. Y �sta es precisamente la fuerza de la democracia. En segundo t�rmino, pensamos que las causas de la violencia en nuestra sociedad son m�ltiples. Es evidente que hay una herencia dif�cil en esta materia despu�s de 16 a�os de dictadura y de r�gimen autoritario. Nuestra sociedad viene saliendo de un per�odo de su historia en el que tambi�n el Estado us� la violencia de diversas maneras contra miles de chilenos, para lo cual recurri� a acciones que pueden ser calificadas estrictamente de "terrorismo de Estado", el m�s perverso de los terrorismos, porque precisamente destruye la confianza de los ciudadanos en la autoridad, que es la llamada a garantizar el bien com�n. Y en estos d�as, junto con conmoverse por el asesinato de un servidor p�blico como el teniente asesinado, el pa�s asimismo se ha conmovido con el descubrimiento de los restos de ciudadanos chilenos que se encontraban desaparecidos y que fueron asesinados. Hay en el alma nacional profundas heridas que es indispensable ir cicatrizando para que podamos vivir en una sociedad en paz. Y, en ese sentido, queremos reafirmar esta tarde que los esfuerzos por lograr la verdad, la justicia y la reconciliaci�n los inscribimos como una contribuci�n al �nimo de pacificar el pa�s. Existen igualmente algunas causas sociales que, si bien jam�s pueden justificar la violencia y el terrorismo, s� pueden servirle de caldo de cultivo. Y nos referimos en esta oportunidad, principalmente, a nuestra preocupaci�n por la situaci�n de marginalidad de vastos sectores juveniles carentes de horizontes de vida y de progreso, que no han tenido la experiencia de la vida en democracia, la cual necesita tanto resolverles sus problemas como abrirles perspectivas de participaci�n, de progreso y de felicidad. Y por �ltimo, como un aspecto espec�fico, est� la persistencia en nuestra sociedad de "grup�sculos" minoritarios que reivindican la violencia armada con prop�sitos pol�ticos. Desde aqu� levantamos la voz los socialistas y el PPD para condenar de la manera m�s en�rgica a todos los grupos, cualquiera que sea su reivindicaci�n de origen ideol�gico o pol�tico, que pretenden utilizar la violencia armada como medio de acci�n pol�tica, porque lo que est�n haciendo es destruir la democracia a que todos aspiramos. Sabemos, se�or Presidente, que es posible que quienes estamos aqu� no lleguemos a un consenso con relaci�n a las causas de la violencia y el terrorismo en nuestro pa�s. Sabemos que, en torno del per�odo dram�tico que se cierra con la apertura democr�tica, durante a�os quiz�s va a seguir abierto un debate, que consideramos necesario en la medida en que se realice con altura y respeto por todas las posiciones. Pero pensamos que es factible e indispensable construir hoy d�a y para ma�ana un acuerdo nacional sustantivo, pol�tico, social y cultural, que afirme nuestra voluntad com�n de vivir en paz, as� como la convivencia civil y el r�gimen democr�tico. En seguida, creemos esencial desarrollar una gran movilizaci�n nacional por la paz, por la defensa de la democracia y contra el terrorismo, en la que participen todas las instituciones de la vida del pa�s, porque al terrorismo s�lo lo vamos a derrotar en la medida en que lo aislemos pol�tica, social y culturalmente en nuestra sociedad. Estimamos b�sico que el Estado y la comunidad den una atenci�n preferente a la parte de nuestra juventud que ha sido m�s da�ada por las experiencias del pasado y que se encuentra en condiciones de extrema marginalidad. Estamos dispuestos a discutir una legislaci�n moderna que permita enfrentar el fen�meno del terrorismo y que recoja la rica experiencia internacional en esta materia, particularmente la de aquellas sociedades democr�ticas que han logrado con las armas de la democracia combatirlo eficazmente. Afirmamos nuestro criterio de que las tareas de prevenci�n y represi�n corresponden a los organismos que establece la Carta Fundamental: Carabineros e Investigaciones, encargados en exclusividad de atender las cuestiones de seguridad interna de la naci�n. Queremos expresar nuestra confianza en que la sociedad chilena va a poder efectivamente transitar por los caminos de la paz, de la democracia, de la convivencia civil. Vivimos en un mundo donde la guerra ya no es capaz de servir intereses pol�ticos de progreso humano, a escala tanto universal como nacional. Termino estas palabras exteriorizando nuestra satisfacci�n por la comparecencia al Senado de los se�ores Ministros del Interior, de Justicia y de Defensa tanto en la sesi�n p�blica cuanto en la secreta. Creemos que las l�neas para enfrentar y combatir la violencia pol�tica y el terrorismo dadas por los se�ores Ministros, en representaci�n del Presidente de la Rep�blica, permiten al pa�s tener confianza en que para esos prop�sitos est� en buenas manos. En tal sentido, dejo expresa constancia de mi desacuerdo con las afirmaciones -a mi juicio irresponsables- formuladas en esta Sala por el Honorable se�or Alessandri. Muchas gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Quedan 5 minutos al Comit� Partidos por la Democracia y Socialista. Tiene la palabra el Honorable se�or Vodanovic. El se�or VODANOVIC- Se�or Presidente, el Senado ha sido convocado para analizar un tema. En mi concepto, debe hacerlo, m�s all� del debate simplemente doctrinal o acad�mico, como organismo pol�tico de la democracia que es. Yo quisiera utilizar la expresi�n "violencia organizada", m�s que "terrorismo", porque creo que as� nos sustraemos de disquisiciones sem�nticas que a menudo confunden la discusi�n. Ella apareci� singularmente en la sociedad chilena en la d�cada del sesenta y tuvo su expresi�n m�s destacada en lo que fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Durante la Unidad Popular, la violencia organizada, el terrorismo en distintas facetas, en mi opini�n, se manifest� de manera m�s trascendente por las actividades de un grupo de ultraderecha: Patria y Libertad. Y en los primeros a�os del R�gimen militar, esa violencia organizada se cobij�, se alent� y se desarroll� al amparo del Estado, con la actividad permanente y sistem�tica de la Direcci�n de Inteligencia Nacional, cuya disoluci�n posterior y reemplazo por la CNI no termin� con la utilizaci�n sistem�tica del terror de Estado, aunque �ste evidentemente disminuy� en los �ltimos a�os. Hoy d�a el pa�s enfrenta dos amenazas en este �mbito. Una de ellas -yo dir�a-, larvada, que se expresa en las actividades recurrentes que no s� si alg�n organismo o miembros de alg�n organismo legalmente disuelto meses atr�s contin�an realizando. Para nadie es un misterio -estimo que es "vox populi"- que acciones de seguimiento, de hostigamiento y de interceptaci�n de ciudadanos y de dirigentes pol�ticos siguen efectu�ndose en el pa�s, las que se atribuyen a grupos o individuos pertenecientes a la ex CNI. Para nadie es un misterio que comienza tambi�n a esbozarse la publicidad de las actividades de una agrupaci�n de ultraderecha. Pero el ataque m�s directo y frontal a la estabilidad de las instituciones del Estado y a las posibilidades de consolidaci�n de la democracia se produce hoy concretamente desde dos grupos de ultraizquierda: el Frente Manuel Rodr�guez y el Movimiento Juvenil Lautaro. En consecuencia, a esa actividad, a sus efectos, tenemos que ce�irnos en el debate hoy para lograr deducciones �tiles para todos. Creo que todos compartimos la necesidad de dotar al Estado de una legislaci�n rigurosa frente al terrorismo, pero que a la vez salvaguarde las garant�as procesales. Creo que todos compartimos la necesidad de dotarlo tambi�n de instrumentos policiales lo m�s �giles y eficaces posibles para combatir ese flagelo. Pero creo que es un error entender que s�lo a trav�s de estas dos clases de medidas el fen�meno se extingue y la soluci�n se precipita. A mi modo de ver, el ejemplo que habitualmente se pone de Europa occidental - Alemania e Italia- no es bueno. No pienso que hayan sido la legislaci�n antiterrorista ni la sofisticaci�n de los resguardos policiales logrados en esas sociedades los que terminaron con el terrorismo; m�s bien fue la caducidad de los fundamentos sociales e ideol�gicos (yo dir�a) del fen�meno la que puso en crisis al terrorismo y lo priv� de toda base de sustentaci�n. Y me parece que en Chile, no obstante la particularidad de las acciones armadas que se han estado ejecutando �ltimamente, podemos avizorar que estamos en las postrimer�as del desarrollo del problema. Porque ante una naciente democracia, ante la consolidaci�n de sus instituciones, ante la posibilidad y la necesidad de que todos los sectores sociales y pol�ticos estrechen filas para combatir al terrorismo, la verdad es que �ste, como fen�meno, carece de toda base de sustentaci�n social, y especialmente cultural. A mi juicio, hay que poner el acento en un par de cuestiones que a lo mejor no se han mencionado en este debate y que tienen que ver con el tipo de justificaci�n que hoy d�a en Chile nuestra sociedad encuentra a la acci�n terrorista. La primera es la falta de legitimidad de la acci�n coercitiva estatal en el R�gimen pasado. Eso tiene que ver, entonces, con una depuraci�n de los procedimientos, y sobre todo, con la transparencia en el uso de la legislaci�n y las medidas antiterroristas. El terrorista de hoy en parte importante fundamenta su quehacer en lo que fue la extralimitaci�n de facultades, y en definitiva, en lo que fue el terror de Estado. La naciente democracia debe hacer, pues, en esa materia todo lo contrario. El segundo aspecto tiene atingencia con un factor que tambi�n, al menos subjetivamente, para quienes desarrollan la acci�n terrorista, sirve de justificante, y se relaciona con el esclarecimiento de la verdad durante un per�odo hist�rico determinado. Porque se dan como fundamento y justificaci�n de la acci�n terrorista la justicia por propia mano, la vindicta, la reacci�n ante la pasividad o inactividad estatal para investigar, para establecer la verdad y, particularmente, para sancionar graves hechos de terrorismo de Estado ocurridos en la d�cada pasada. De tal manera que todo lo que colabore con la funci�n insustituible -a la que todos debemos contribuir-de establecer la verdad del per�odo hist�rico inmediatamente anterior en materia de violaciones de derechos humanos, es tambi�n una contribuci�n para que una de las causas subjetivas que hacen propias quienes ejercen el terrorismo deje de subsistir. Por �ltimo, se�or Presidente, reitero lo planteado por el Honorable se�or Gazmuri en cuanto a que los Senadores y los Parlamentarios socialistas y del Partido por la Democracia, as� como nuestras organizaciones en particular, nos sentimos partes de la comunidad nacional, partes indisolubles, vinculadas con todos los dem�s sectores sociales y pol�ticos en la necesidad de estrechar filas frente al terrorismo; y en cuanto a que, como organizaciones pol�ticas y como Parlamentarios, estamos dispuestos a hacer todo lo humanamente posible para que en nuestro pa�s se erradique la violencia y se consoliden las instituciones democr�ticas. Nada m�s. Muchas gracias. El se�or VALD�S (Presidente).- En el tiempo del Comit� Radical, tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. El se�or GONZ�LEZ.- Gracias, se�or Presidente. Honorable Senado, ha sido �ste un debate extenso, pero, obviamente, la naturaleza del tema lo amerita. Y ella justifica tambi�n la presencia de tres se�ores Ministros de Estado de las m�s importantes. Carteras del Gobierno, que agradecemos. El Partido Radical y los radicales somos amantes de la paz, de la justicia y de la solidaridad. Pensamos que sobre estos pilares puede construirse una sociedad justa y fraterna, y hemos luchado por ello desde los albores de nuestra vida pol�tica. Tal convicci�n nos lleva a rechazar la violencia como m�todo de acci�n pol�tica y a proclamar como inmoral la pretensi�n de alcanzar objetivos pol�ticos por medios que signifiquen el reconocimiento expl�cito o impl�cito de la ley del m�s fuerte. Sin embargo, la historia de la humanidad, la praxis pol�tica y el estudio emp�rico de los hechos sociopol�ticos m�s relevantes de los �ltimos siglos parecieran indicarnos que el componente de violencia es funcional al desarrollo pol�tico de la sociedad. Nosotros, se�or Presidente, negamos esta hip�tesis. Y, frente a ella, pensamos que, en gran medida, el mayor o menor grado de violencia en el seno de la sociedad est� determinado fundamentalmente por la visi�n que se tenga del conflicto social y las estrategias que se estimen id�neas para obtener su soluci�n. �sta es una variable esencial del proceso de gobierno de toda sociedad. El conflicto se presenta, no s�lo en la vida social, sino dondequiera que haya vida. La capacidad para regularlo ser� determinante 1 para asegurar la viabilidad de un sistema de gobierno. Es importante entonces, para el an�lisis del problema de la violencia, la visi�n que se tenga del conflicto y de los medios necesarios para superarlo. En el marco de la sociedad democr�tica, este �ltimo no es intr�nsecamente negativo; por el contrario, su adecuada regulaci�n puede convertirlo en un factor de integraci�n y de progreso democr�tico. Para quienes creen que el origen de la sociedad es una relaci�n de coerci�n entre los que gobiernan y los gobernados, el conflicto social es negativo y condenable y deber�a ser eliminado mediante la creaci�n de una sociedad homog�nea, uniforme y pol�ticamente estable y ordenada. Esta �ltima es una perspectiva totalitaria. La visi�n totalitaria del conflicto social no busca regularlo por v�as consensuales, de di�logo o de acuerdos; ella pretende superarlo mediante la eliminaci�n por la fuerza de toda forma de cr�tica, disidencia u oposici�n significativas. Hay que suprimir la diversidad de intereses y opiniones, como tambi�n toda estructura o filosof�a pluralista, porque ello supone la perpetuaci�n de la situaci�n de conflicto, y por tanto, el desorden y la inestabilidad sociopol�tica. Se trata, como puede observarse, no de eliminar sus causas, sino de la pretensi�n de suprimir el conflicto en s�. Tan irracional esquema s�lo puede imponerse por medios tambi�n irracionales: la fuerza y la violencia, pero usadas de manera sistem�tica y con calculada frialdad, para lograr el prop�sito racionalmente concebido: reducir todas las diferencias a una unidad monol�tica por medio del terror. �ste es un caso, se�or Presidente, en que nos encontramos frente a un Estado que, para obtener determinados objetivos pol�ticos, no recurre ni al Derecho ni al consenso, sino que emplea sistem�ticamente el terror. Es lo que en ciencia pol�tica se denomina "terrorismo de Estado", y que en la Am�rica Latina de los �ltimos decenios -y desde luego en Chile- se practic� bajo el manto ideol�gico de la doctrina de la Seguridad Nacional. No pensamos que el terrorismo de Estado sea la �nica forma de terrorismo que se haya practicado en nuestro pa�s en los �ltimos a�os. Estamos ciertos de que han existido y existen otros grupos que han hecho de la violencia su m�todo de acci�n pol�tica. No obstante, se�or Presidente, queremos decir con precisi�n y sin vacilaciones que no hay una forma de violencia m�s abyecta y capaz de producir los mayores excesos que la que se practica bajo el velo protector del terrorismo de Estado. En efecto, bajo tal esquema, la poblaci�n debe aceptar la suspensi�n de sus libertades y derechos individuales, que en este caso deja de ser "de excepci�n" y se torna en permanente. El sistema social se transforma en un sistema b�lico en que todas las expectativas de progreso y bienestar deben subordinarse a las necesidades de la Defensa. Hay una guerra en contra de un enemigo interno que, si no existe, se crea. Se desmoviliza a la poblaci�n, para lo cual se emplea la acci�n coercitiva como castigo y en funci�n de advertencia. El conflicto y la diversidad de opiniones tienen el car�cter de traici�n a los esfuerzos de "guerra interna", y como tales se castigan. El pluralismo se opone a la b�squeda del orden y la seguridad nacionales, y por ende, obliga a la supresi�n de todos los partidos pol�ticos. Este estado de cosas genera una din�mica en que la espiral de violencia es cada vez mayor. Los enemigos ficticios al final se transforman en reales, y el Estado, usando la detenci�n arbitraria, el desaparecimiento de personas, el asesinato, los campos de concentraci�n, las leyes y juicios ad hoc, intenta anular la disidencia y convencer por el terror. Se coloca as� a la poblaci�n no adicta al R�gimen en una situaci�n de desesperanza en que le da lo mismo caer aplastada por �ste o luchando contra �l. Se genera de ese modo un c�rculo vicioso donde la acci�n antiterrorista s�lo logra generar m�s terrorismo. Se�or Presidente, el terrorismo de Estado, actuando en el marco de un Estado totalitario, permea todos y cada uno de los estamentos del cuerpo social. Act�a en el proceso de adoctrinamiento a trav�s de la educaci�n; consagra pol�ticas redistributivas que agreden en sus leg�timas aspiraciones a las grandes masas de trabajadores; forma una juventud adocenada; produce crecimiento econ�mico sin desarrollo y sin justicia social; crea la paz de los cementerios y de las aguas estancadas, y, por �ltimo, establece una sociedad dividida en "amigos" y "enemigos", una sociedad con heridas profundas, dif�ciles de resta�ar, con una carga de odios y rencores que hace que el camino hacia la reconciliaci�n y la paz se torne largo y fatigoso. La esquem�tica y simplificada caracterizaci�n de un gobierno totalitario actuando en el marco del terrorismo de Estado que hemos expuesto en las l�neas precedentes no corresponde exclusivamente al per�odo vivido en Chile en los �ltimos tres lustros y cuyas dolorosas comprobaciones estamos recibiendo a diario, sino que es la imagen de todos los procesos que han asolado al mundo moderno y en los que se ha perdido la fe en el Derecho como sost�n de la eficacia del Gobierno democr�tico y garante de la vigencia de los derechos fundamentales del hombre. Es por ello que hemos detenido nuestra atenci�n en esta clase y forma de terrorismo. No obstante, estamos en contra de todos los totalitarismos y del terrorismo de Estado o de cualquier signo. Para nosotros, toda violencia pol�tica es inmoral. S�lo tiene justificaci�n �tica la lucha contra la tiran�a o la opresi�n, seg�n lo establece el considerando 3� de la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando proclama "que es esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un r�gimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebeli�n contra la tiran�a y la opresi�n". Al establecerse un Gobierno democr�tico en nuestra patria, en el que todos ver�n respetados sus derechos esenciales, resulta incomprensible e intolerable que haya quienes persistan en la violencia o el terrorismo, actitud que s�lo es propia de los enemigos declarados o encubiertos de la democracia. Se�or Presidente, Honorable Senado, la bancada radical est� disponible para concurrir con su voto a la concreci�n de los grandes consensos que el pa�s hoy busca y necesita para lograr la reconciliaci�n, la justicia y la paz. Este ideal -sabemos- es compartido por todos los partidos que apoyan al Gobierno del Presidente Aylwin. Conocemos tambi�n la firme decisi�n de quienes hoy conforman las bancadas opositoras de aportar a este reencuentro de todos los chilenos, �nico camino para construir una democracia s�lida y estable, compromiso que hemos asumido con el Chile de hoy y del ma�ana. Un definido aporte del Gobierno a este consenso lo constituyen las palabras que s�lo hace unos d�as pronunciara con firme convicci�n el se�or Ministro del Interior en este Hemiciclo: "El Gobierno" -ha dicho- "no combatir� el terrorismo con m�s terrorismo; s� impulsar�, para erradicarlo, el perfeccionamiento de la democracia". Y agreg�: "Confiamos en los �rganos del Estado, regularmente establecidos, para luchar contra la violencia y el terrorismo". Y, por �ltimo, ha expresado: "No hay ni habr� actos de terrorismo de Estado en este Gobierno". Las palabras del se�or Ministro entra�an un compromiso del Ejecutivo de no oponer la violencia del Estado a la violencia terrorista. Tal decisi�n en nada se opone a la firme voluntad manifestada por �l mismo de enfrentar la violencia y el terrorismo con todos los medios que los organismos regulares del Estado ponen a su alcance, dando por descontado que en esa delicada tarea contar� con el apoyo irrestricto de toda la ciudadan�a No podemos exigir al Gobierno democr�tico que en 60 d�as ponga t�rmino a una violencia incubada durante m�s de 16 a�os y de la cual no es responsable. S� podemos esperar que con la fuerza de la idea democr�tica convenza, a quienes a�n persisten en el camino errado, de que, en democracia, la violencia carece de sentido pol�tico, es est�ril y no tiene justificaci�n �tica alguna. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Navarrete, a cuyo Comit� restan tres minutos. El se�or NAVARRETE.- Perd�n, se�or Presidente. �Cu�ntos minutos me quedan? El se�or VALD�S (Presidente).- Tres, se�or Senador. El se�or NAVARRETE.- Seg�n mi tiempo, me restan cinco. El se�or VALD�S (Presidente).- �Entonces, se�or Senador, le quedan cinco...! El se�or NAVARRETE.- Muchas gracias, se�or Presidente. Se�or Presidente, Honorables colegas: El tema que ha preocupado a esta sesi�n, sin ninguna duda, es uno de los m�s importantes de nuestros tiempos. La violencia, en sus m�ltiples facetas, de las cuales el terrorismo es la peor de todas, ha existido desde los albores mismos de la humanidad. No obstante, pareciera que, por cruel paradoja, ella aumenta en la misma medida en que el hombre logra avances significativos en el plano de las ciencias, la tecnolog�a y el desarrollo. As� lo demuestra la experiencia de los �ltimos 50 a�os, y en el caso de nuestro pa�s, as� tambi�n queda evidenciado en los �ltimos 25 a�os. El terrorismo constituye una amenaza constante para la vida y los derechos esenciales de cada compatriota, y en �ltimo t�rmino, para la convivencia democr�tica que estamos empe�ados en reconstruir. As� lo ha entendido el Gobierno, y a ello obedecen, por una parte, los llamados que ha hecho, a trav�s del se�or Ministro del Interior, a todos los sectores de la comunidad con el prop�sito de asumir un compromiso con la paz y de repudio a la violencia, y por la otra, las medidas concretas que ha asumido, principalmente aquellas que dicen relaci�n con la dotaci�n de mayores recursos a Carabineros y a la Polic�a de Investigaciones para cumplir adecuadamente con las responsabilidades que la Constituci�n les entrega. Valoramos cuanto est� realizando el Ejecutivo en este sentido, y, asumiendo el compromiso a que nos hemos referido, estimamos necesario y oportuno formular -como ya lo ha hecho el Honorable se�or Gonz�lez- reflexiones en procura de entender debidamente el problema, para con ello sugerir algunas acciones de orden pr�ctico que contribuyan a la mayor efectividad de esta labor. Muchas son las formas a trav�s de las cuales se expresa el violentismo o el terrorismo. Hay motivaciones de car�cter racial, de car�cter religioso; pero, en general, todas ellas forman parte de una lucha por el poder, lo que, obviamente, implica una negaci�n de una de las actividades m�s nobles del ser humano, cual es la pol�tica, y un desprecio al Derecho como regulador eficaz de una pac�fica y rec�procamente respetuosa convivencia social. Aunque m�s sofisticada, tambi�n nos parece una forma de violencia y de violaci�n de derechos humanos y sociales la situaci�n de marginalidad social y econ�mica en que vive un importante sector de nuestra sociedad. Buena parte de la explicaci�n del origen de la violencia y el terrorismo radica, tal vez, en que ellos son una respuesta -equivocada, por cierto- a esta situaci�n de marginalidad y opresi�n. El asesinato del Coronel Fontaine; el atentado a los Generales se�ores Leigh y Ruiz; el reciente fallecimiento, como producto de una acci�n terrorista, del teniente de Carabineros se�or Fernando Toledo P�rez -aprovechamos de entregar nuestro p�same y nuestras condolencias a su familia y al Cuerpo de Carabineros-, as� como los asaltos a recintos policiales y numerosos otros actos delictuales, han venido creando un clima que provoca, sin lugar a dudas, inquietudes nacionales. Queremos hacer hincapi� en que nuestro repudio a la violencia y al terrorismo procura prescindir de todo elemento subjetivo en el an�lisis de lo ocurrido y de lo que est� ocurriendo en Chile. El Estado, cuando, a trav�s de sus �rganos y funcionarios, detiene ilegalmente, tortura o quita la vida, y en general cuando, actuando al margen de sus atribuciones, lesiona derechos fundamentales de los particulares, incurre en violencia terrorista. El particular o el grupo de personas, cuando, sinti�ndose tratado injustamente por la sociedad en que vive, est� convencido de que s�lo mediante la violencia podr� contribuir a la soluci�n de los males sociales y realizar su personal concepto de justicia, es tambi�n un peligro para la sociedad. Los actos de unos y de otros deben ser investigados y castigados en conformidad a las disposiciones legales que les son aplicables. Nadie puede sentirse poseedor de la verdad absoluta y procurar, en virtud de esa idea, ejercer su propia justicia al margen del derecho establecido. Nadie, en la b�squeda de un fin, por respetable que �ste sea, puede justificar la utilizaci�n de medios o m�todos violentos que atenten contra las personas y sus derechos esenciales, menos a�n si tales actos ponen en peligro, no s�lo la vida de aquellos hacia quienes van dirigidos, sino tambi�n la de seres absolutamente al margen de esta lucha patol�gica. En nuestro pa�s existe una abundante normativa aplicable a los actos terroristas. Desde luego, nuestra Carta Fundamental prescribe, en su art�culo 9�, que "El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos." Diversos textos legales, como la ley 18.314, sobre Conductas Terroristas; el C�digo Penal; la ley 17.778, sobre Control de Armas y Explosivos, y la Ley de Seguridad del Estado, contienen tambi�n disposiciones que describen y sancionan conductas terroristas. Sin duda, estas normas son susceptibles de ser modificadas en procura de una mayor eficacia en su aplicaci�n y para que respondan a los objetivos que las inspiran. Pero, m�s all� de todo eso, nos parece indispensable crear una conciencia com�n en torno de lo negativo que encierran estas acciones. Las normas jur�dicas resultan �tiles en la medida en que son entendibles y sentidas como necesarias por la sociedad. Por ello, nos parece importante la campa�a que ha iniciado el Gobierno. Finalmente, se�or Presidente, queremos sugerir algunas ideas o iniciativas que nos parecen importantes con el prop�sito de pacificar y hacer extensiva la acci�n antiterrorista al conjunto de la sociedad. Nos parece imprescindible -y con esto termino- la realizaci�n de una campa�a masiva a trav�s de los diversos medios de difusi�n, destinada a crear conciencia p�blica acerca de lo que representa la violencia terrorista. Estimamos tambi�n relevante convocar a una jornada de paz y reflexi�n sobre este tema. Y, para ello, consideramos importante unir a las instituciones -de todo tipo-, para que contribuyan igualmente a esta campa�a de reflexi�n. Creemos del caso lanzar una edici�n de sellos postales que simbolice y conmemore el inicio de esta lucha contra el terrorismo en todas su facetas. Entendemos por �ltimo que, en la medida en que contribuyamos a dar estricto cumplimiento al Programa de Gobierno -esto es, dar pasos concretos hacia la configuraci�n de la patria justa y buena a que ha aludido el Presidente de la Rep�blica-, habr� cada d�a menos lugar para que mentes enfermizas sigan propiciando la violencia como m�todo y estar� m�s cerca el instante en que un esp�ritu de amplia fraternidad gu�e los pasos de la gran mayor�a de los chilenos en la b�squeda com�n de una vida mejor. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, hemos escuchado pronunciamientos -en esta ocasi�n, del Honorable se�or D�ez- en el sentido de que el Senado deber�a continuar estudiando a fondo y exhaustivamente el problema del terrorismo y de que el Presidente de la Rep�blica, en virtud de las disposiciones constitucionales, pudiera asesorarse en este problema tan delicado que est� afrontando el pa�s. Compartimos la idea de estudiar a fondo la materia, a fin de erradicar definitivamente el terrorismo y la violencia en nuestra patria. Sin embargo, no creo que debamos prescindir de la opini�n de la Corte Suprema a este respecto. Me parece que los �ltimos atentados terroristas pudieron obedecer a dos causas precisas. Primero, a tratar de hacerse justicia por s� mismo cuando la justicia tarda o no es clara. Y segundo, de otra manera tambi�n, muchas veces se pretende ejercer el terrorismo para desviar la atenci�n o inducir a la opini�n p�blica a hechos que signifiquen combatirlo con violencia, lo que en definitiva se convierte en m�s terrorismo, y no con m�s justicia y m�s democracia. De nada ha servido la legislaci�n extremadamente injusta y represiva que hemos tenido en estos �ltimos diecis�is a�os - seguramente la m�s brutal de que se haya tenido memoria en este pa�s y como pocas en el mundo entero-, que no logr� erradicar el terrorismo. Se�or Presidente y Honorables Senadores, creo que hay otras causas, adem�s de las que aqu� se han se�alado con acuciosidad, que es necesario desarrollar a fin de poder abordar con mayor profundidad este problema. Teniendo presente que el Poder Judicial -y concretamente la Corte Suprema- parece haber olvidado algunas disposiciones legales, y, por este motivo, da la sensaci�n de que han ca�do en desuso entre los jueces (as�, tenemos, por ejemplo, el art�culo 24 del C�digo de Procedimiento Penal, el cual prescribe que "Siempre que se trate de delitos que deban perseguirse de oficio, los tribunales competentes estar�n obligados a proceder, aun cuando el Ministerio P�blico no crea procedente la acci�n"; y hemos visto una cantidad enorme de hechos p�blicos, notorios y trascendentes revelados a trav�s de la prensa y que pudieran constituir delitos graves o de terrorismo); Teniendo presente, asimismo, que la opini�n p�blica -y por consiguiente los tribunales- ha sido informada de atroces presuntos delitos: los atribuidos a la lista de personas publicada en un semanario, el caso de los testimonios aportados por un peri�dico con respecto a la participaci�n de la se�ora llamada "Liliana Walker" en el crimen del ex Canciller don Orlando Letelier, y tantas otras situaciones, donde se han encontrado osamentas, tumbas clandestinas, etc�tera, que no es necesario enumerar, pues una sola basta para fundamentar mi consulta; Teniendo presente que, al parecer, no se han iniciado sumarios por la justicia ordinaria en contra de las personas sindicadas de haber participado en esos graves cr�menes para determinar regularmente si les cabe o no responsabilidad penal en los hechos que se les imputan o si bien son inocentes; Teniendo presente que, no obstante ser los delitos denunciados todos de acci�n p�blica, se ha limitado la actuaci�n de la justicia a acciones accidentales de fiscales militares y a procedimientos iniciados contra los testigos o denunciantes y, por supuesto, los periodistas, entre otros (se han incoado causas, no contra los presuntos autores, sino contra los testigos o los denunciantes; es como el caso de alguien que ve asesinar a otra persona en la calle, denuncia el hecho y no se inicia la b�squeda del asesino, sino que se encarcela y persigue al testigo o denunciante); Teniendo presente tambi�n, con relaci�n a lo anterior, que muchos de los procesados por la justicia militar -la que pr�cticamente ha monopolizado en estos a�os el ejercicio de la acci�n p�blica penal- son civiles y que se ha procedido contra ellos extralimitando la jurisdicci�n militar, pues no s�lo no son miembros de las Fuerzas Armadas, sino que -y esto es m�s grave- se les procesa sin imput�rseles delitos militares ni otros delitos que la ley especialmente coloca bajo tutela de la justicia militar, con infracci�n del propio C�digo de Justicia Militar, el cual define y delimita precisamente la jurisdicci�n militar en sus art�culos 5o y 11; Teniendo presente, por ejemplo, que en el asesinato del ex Canciller Orlando Letelier la �nica vinculaci�n con la justicia militar nace de ser los supuestos autores personal uniformado (ni el delito ni las v�ctimas eran militares, ni tampoco los delitos conexos, como es el caso de los pasaportes) y que son indiscutibles la comisi�n del homicidio mediante un explosivo puesto en el auto del ex Canciller (la imagen de la explosi�n recorri� la prensa del mundo entero) y la falsificaci�n de pasaportes y el env�o de agentes chilenos a los Estados Unidos para cometer el delito o comisionar su perpetraci�n, el sobreseimiento dictado por la justicia militar en d�as pasados s�lo puede decir relaci�n con la falta de m�rito suficiente contra los presuntos autores; por ende, si los implicados no son eventualmente los sindicados en un comienzo como tales, pueden ser responsables de estos delitos cualesquiera otros ciudadanos civiles ignotos, y, en este caso, si no se reconoce una conducta terrorista imputable a las autoridades del pasado Gobierno implicadas en las falsificaciones y en el env�o de agentes, deber�a concluirse, por fuerza, que el asunto pasa a ser de jurisdicci�n ordinaria, la cual tiene el deber de proceder de oficio, en virtud de lo dispuesto en el art�culo ya citado del C�digo de Procedimiento Penal; Teniendo presente que, al concluirse fracasadamente un sumario en determinada jurisdicci�n por no existir pruebas suficientes contra los imputados pero estando debidamente acreditado el delito, no puede precluir el ejercicio de la acci�n penal por ning�n concepto, pues, si as� fuera, cualquier criminal podr�a eludir la acci�n de la justicia autodenunci�ndose o denunciando a un tercero ante determinada jurisdicci�n equivocadamente (no obsta a lo anterior el art�culo 109 del C�digo Org�nico de Tribunales, ya que el que estoy planteando es un problema de jurisdicci�n y no de competencia; y, por lo dem�s, el negocio en causa ser�a distinto y redefinido necesariamente por la justicia ordinaria); Teniendo presente que la Corte Suprema, de acuerdo con el art�culo 79 de la Constituci�n Pol�tica y el 96 del C�digo Org�nico de Tribunales, tiene las facultades directiva, correccional y econ�mica sobre todos los tribunales de la Rep�blica, exceptuados solamente el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares de tiempo de guerra, Y, finalmente, teniendo presente que, de conformidad con el art�culo 96, N� 5o, del C�digo Org�nico de Tribunales, corresponde a la Corte Suprema en pleno "Informar al Presidente de la Rep�blica, cuando se solicite su dictamen, sobre cualquier punto relativo a la administraci�n de justicia y sobre el cual no exista cuesti�n de que deba conocer": Solicito, se�or Presidente, que se comunique, en la forma debida y con el m�ximo respeto, mi preocupaci�n al se�or Presidente de la Rep�blica sobre estos asuntos de justicia, en el m�s estricto sentido del t�rmino "justicia", la que debe ser el eje del Estado de Derecho que estamos defendiendo. Y solicito tambi�n remitir estos antecedentes para que podamos legislar con mayor propiedad en los proyectos que sobre la materia estudiamos ahora en el Congreso y que debemos aprobar. Debi�ramos conocer, se�or Presidente, mediante la Corte Suprema: A) Cu�ntos procedimientos se han iniciado de oficio por la justicia ordinaria con relaci�n a los cr�menes presuntamente cometidos por determinadas personas sindicadas recientemente por la prensa como part�cipes en ellos y, en el caso de que no se hayan ejercido las acciones p�blicas penales correspondientes, cu�les ser�an las razones; B) Si en el enjuiciamiento de civiles, particularmente directores y representantes de medios de comunicaci�n, ha existido una extralimitaci�n de la competencia militar, y C) Si, de ser efectivas las aprehensiones anteriores, por qu� la Excelent�sima Corte Suprema no ejerce sus facultades tutelares constitucionales adoptando las medidas que estime conducentes a objeto de que se haga justicia en nuestro pa�s y los Tribunales hagan uso de atribuciones que les asigna el art�culo 2� del C�digo de Procedimiento Penal y que son, m�s bien, deberes ante la naci�n. Y, de existir razones legales para el no ejercicio de la acci�n p�blica por los Tribunales Ordinarios de justicia, los que forzosamente han tenido noticia de la perpetraci�n presunta de grav�simos delitos a que he hecho referencia, que se informe sobre estas razones a la Honorable C�mara de Diputados. Solicito lo anterior considerando, adem�s, que el conocimiento de los antecedentes pedidos puede calmar la inquietud de justicia que agita la conciencia del pueblo chileno ante los hechos de sangre de que se ha ido tomando conocimiento en forma creciente. �stas y otras razones son las que, a nuestro juicio, no hacen clara la administraci�n de justicia y justifican, en cierta medida, que se haya se�alado que el Poder Judicial atraviesa por una profunda crisis institucional. De esta manera, se�or Presidente, tambi�n el Poder Judicial, a trav�s de la Corte Suprema, debiera entregarnos antecedentes precisos, para, en conjunto con los que nosotros podamos aportar al Presidente de la Rep�blica, poder evacuar una consulta que la ciudadan�a, a su vez, hace al Congreso Nacional. El se�or VALD�S (Presidente).-Ha terminado su tiempo, se�or Senador. El se�or LAVANDERO.- Y en este sentido, se�or Presidente, solicito que, de acuerdo con el art�culo 5o de la ley 13.609, y con la Ley Org�nica del Congreso, se env�en estos oficios tambi�n a la Corte Suprema, transcribiendo estas observaciones. El se�or VALD�S (Presidente).- Se va a estudiar el planteamiento hecho por Su Se�or�a, en atenci�n a la norma legal que ha citado, pero, al mismo tiempo, cuidando de que no se transgredan las disposiciones sobre fiscalizaci�n que corresponden a otros �rganos, y no al Senado. El se�or LAVANDERO.- De todas maneras, se�or Presidente, estamos abocados a una legislaci�n importante que se encuentra en la C�mara de Diputados y sobre la que deberemos resolver. Por lo tanto, mis consultas no son para fiscalizar, sino para poder concluir hacia d�nde podemos legislar en esta materia desde el punto de vista, tambi�n, de la propia Corte Suprema. El se�or VALD�S (Presidente).- Muy bien, se�or Senador. Quisiera saber si los se�ores Ministros presentes desean hacer uso de la palabra al concluir esta sesi�n. Ofrezco la palabra al se�or Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido. El se�or CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Muchas gracias, se�or Presidente. Ante todo, quisiera agradecer al Honorable Senado las observaciones y sugerencias que se han formulado en la sesi�n de esta tarde. Debo, s�, rectificar la afirmaci�n que se ha hecho en el sentido de que el Gobierno del Presidente Aylwin ha indultado a terroristas. La verdad es que tal situaci�n no ha ocurrido, ni aun respecto de los indultos en conformidad a la Ley Antiterrorista. La Contralor�a General de la Rep�blica, naturalmente, no habr�a tomado raz�n de los indultos, puesto que el art�culo 9o de la Constituci�n proh�be indultar a personas que han infringido la Ley de Conductas Terroristas. Quisiera compartir muy fuertemente afirmaciones aqu� manifestadas, como las siguientes: que la mejor manera de enfrentar al terrorismo es el fortalecimiento de la democracia; que ning�n r�gimen democr�tico fomenta el terrorismo, sino que es un camino adecuado para combatirlo; que para luchar contra el terrorismo se requiere una voluntad pol�tica unida de toda la comunidad nacional, y que la lucha antiterrorista exige, por sobre todas las cosas, una posici�n �tica y una conducta pol�tica consecuente. No estamos de acuerdo, se�or Presidente, en que sea inoportuno legislar respecto de la Ley sobre Conductas Terroristas. Nos parece indispensable perfeccionar esa legislaci�n. Creo que el m�s grave error que se puede cometer es el de no tener un estricto apego a los derechos humanos en las normas jur�dicas, judiciales, policiales y penitenciarias, apego que impida al terrorista transformarse en v�ctima de la barbarie del Estado. El terrorismo de cualquier clase, de manera directa o indirecta, constituye una agresi�n simult�nea contra los derechos humanos, la libre determinaci�n del pueblo, el Estado de Derecho y cualquier forma de vida democr�tica que busque hacer realidad esas normas. Por lo mismo, puntualizamos que el delito terrorista es de tipo com�n, jam�s un delito pol�tico; no puede asimilarse a esa situaci�n. Y, en esto, es importante tener precisi�n en el lenguaje, porque no es admisible afirmar que al terrorista debe somet�rselo a un tratamiento distinto del aplicado al delincuente com�n. El terrorista es una especie de delincuente com�n, y por eso mismo, por ser una especie de delincuente com�n, debe d�rsele un tratamiento especial. Se�or Presidente, nos parece indispensable tener una profunda actitud cr�tica respecto de las instituciones del Estado. Es absolutamente necesario que la ciudadan�a recupere la confianza en ellas. Carecer de un diagn�stico cabal sobre esta materia favorece la acci�n al margen de la institucionalidad jur�dicamente compartida y ampliamente consensuada. Cuando no hay confianza en que se hace justicia, se busca la justicia por mano propia, Por esas razones, se�or Presidente, no compartimos la tesis de que sea indispensable crear una jurisdicci�n especial o la de que haya fallos colectivos con relaci�n a los actos terroristas. Pero s� somos partidarios de que existan establecimientos especiales de reclusi�n penitenciaria. Creo que el Honorable Senado tendr� una gran oportunidad para debatir en profundidad sobre el terrorismo y su legislaci�n cuando le corresponda tratar el respectivo proyecto enviado por el Presidente de la Rep�blica, el que en la actualidad pende de la consideraci�n de la Honorable C�mara de Diputados. Para terminar, se�or Presidente, quisiera decir que compartimos plenamente la afirmaci�n en cuanto a la necesaria campa�a masiva en contra del terrorismo. �ste constituye un acto de barbarie contra la humanidad, de igual manera como lo son el crimen de guerra, la persecuci�n sistem�tica contra los opositores pol�ticos, el uso sistem�tico de la tortura y la aplicaci�n de procedimientos que provocan terror y temor en la poblaci�n. El terrorismo proviene de distintas fuentes. La propia Constituci�n de 1980 as� lo se�ala expresamente. Lo declara "contrario a los derechos humanos", "en cualquiera de sus formas", sea el terrorismo privado, sea el terrorismo de Estado. No hay, pues, se�or Presidente, en nuestra opini�n, mejor defensa contra el terrorismo que un r�gimen democr�tico firmemente establecido, con un Estado de Derecho reflejo de la realidad jur�dica y social del pa�s, y con un Poder Judicial independiente, capaz de hacer una justicia adecuada y oportuna. Muchas gracias. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro del Interior. El se�or KRAUSS (Ministro del Interior).- Se�or Presidente, Honorables Senadores, muy brevemente quiero expresar, en nombre del Gobierno, el reconocimiento por el sentido del debate producido tanto en esta sesi�n como en la celebrada el mi�rcoles pasado. Agradecemos esta actitud. Y pienso sinceramente que el pa�s lo va a agradecer. En el conjunto de exposiciones se ha retratado de alg�n modo lo que es la esencia del r�gimen democr�tico, que encuentra su sitial preferente en el Parlamento. Desde �pticas diferentes, con perspectivas ideol�gicas y program�ticas distintas, existe una voluntad coincidente. El consenso esencial de defender a la democracia de cualquier acci�n violentista ha quedado evidenciado en este debate. Y la coincidencia de los planteamientos dados a conocer por el Presidente de la Rep�blica en el Mensaje que leyera el 21 de mayo ante el Congreso Pleno con las formulaciones que distintos de sus Ministros hemos expresado con relaci�n a este tema lacerante que es el terrorismo ha encontrado un eco elevado y auspicioso en la respuesta de los se�ores Senadores de diferentes sectores que participaron en el debate. Tenemos, naturalmente, discrepancias sobre algunas apreciaciones relativas a las causas del fen�meno violentista. Tenemos apreciaciones discrepantes acerca de ciertos elementos de la historia reciente de nuestro pa�s, y tambi�n sobre algunas medidas concretas, que ser� necesario perfilar en las instancias parlamentarias, durante las cuales, ciertamente, el Gobierno y el Parlamento tendr�n oportunidad de seguir elaborando una estrategia conjunta contra este fen�meno dr�sticamente condenable que es el terrorismo. Como conclusi�n, quisiera reiterar al se�or Presidente y a los Honorables Senadores que, en lo que ata�e a esta materia, el Gobierno ofrece una sola, transparente y definitiva actitud: lealtad con la democracia, compromiso con la paz, condena a toda forma de violencia. El terrorismo, en la medida en que encuentre respuestas como las generadas en el debate del Honorable Senado, se batir� en retirada. �Hoy, desde luego, ha perdido una batalla! Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Agradezco la presencia y participaci�n de los se�ores Ministros en este debate. A petici�n de diversos se�ores Senadores, solicito el asentimiento de la Sala para publicar in extenso los debates de esta sesi�n y de la celebrada el mi�rcoles pasado sobre el problema del terrorismo, a fin de que la opini�n p�blica cuente con una informaci�n completa acerca de las opiniones en ellos vertidas. Acordado. Se levanta la sesi�n. -Se levant� a las 19:24 Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n