REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 319�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 12�, en mi�rcoles 9 de mayo de 1990 Ordinaria (De 16:15 a 17:7) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES GABRIEL VALD�S SUBERCASEAUX, PRESIDENTE, Y BELTR�N URENDA ZEGERS, VICEPRESIDENTE SECRETARIOS, EL SE�OR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERR�A, Y EL PROSECRETARIO, SE�OR JOS� LUIS LAGOS L�PEZ ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I. ASISTENCIA...................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N.......................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS........................................................... IV. CUENTA............................................................................................ Necesidad de firma del Presidente de la Rep�blica en indicaciones��� Estabilidad funcionaria para docentes de establecimientos educacionales particulares subvencionados. Exenci�n de tr�mite de comisi�n�����. V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en primer tr�mite, que ampl�a plazo establecido por Ley sobre Organizaciones Comunitarias (se aprueba). Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que dispone la estabilidad funcionar�a para docentes de establecimientos educacionales particulares subvencionados (se despacha). Homenaje en memoria de Samuel Rom�n Rojas (se rinde). VI. INCIDENTES: Estrategia para desarrollo de Chile. Oficios (observaciones del se�or Ruiz, don C�sar). Consideraciones acerca de reforma laboral (observaciones del se�or Thayer). Comentarios sobre intervenci�n de Senador se�or Alessandri (observaciones de los se�ores Gazmuri y Vodanovic). Conducta de Comandante en Jefe del Ej�rcito (observaciones del se�or Gonz�lez). Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n (observaciones del se�or Navarrete). Materias propias de hora de Incidentes (observaciones del se�or Hormaz�bal). Rechazo a expresiones formuladas en contra de las Fuerzas Armadas y de su Comandante en Jefe (observaciones de los se�ores Sinclair y Gonz�lez. Gobierno de las Fuerzas Armadas (observaciones de los se�ores P�rez y Diez). Situaci�n econ�mica y social de Chile en los �ltimos 16 a�os (observaciones del se�or P�rez). VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Alessandri Besa, Arturo --Calder�n Ar�nguiz, Rolando --Cantuarias Larrondo, Eugenio --Cooper Valencia, Alberto --D�az S�nchez, Nicol�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Gazmuri Mujica, Jaime --Gonz�lez M�rquez, Carlos --Guzm�n Err�zuriz, Jaime --Hormaz�bal S�nchez, Ricardo --Huerta Celis, Vicente Enrique --Jarpa Reyes, Sergio Onofre --Lagos Cosgrove, Julio --Larre Asenjo, Enrique --Lavandero Illanes, Jorge --Letelier Bobadilla, Carlos --Martin D�az, Ricardo --Mc-Intyre Mendoza, Ronald --Navarrete Betanzo, Ricardo --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ortiz De Filippi, Hugo --Pacheco G�mez, M�ximo --P�ez Verdugo, Sergio --Palza Corvacho, Humberto --P�rez Walker, Ignacio --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz Danyau, C�sar --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Siebert Held, Bruno --Sinclair Oyaneder, Santiago --Soto Gonz�lez, Laura --Thayer Arteaga, William --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vodanovic Schnake, Hern�n --Zald�var Larra�n, Andr�s Concurri�, adem�s, el se�or Ministro Director de la Oficina de Planificaci�n Nacional. Actu� de Secretario el se�or Rafael Eyzaguirre Echeverr�a, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Lagos L�pez. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:15, en presencia de 39 se�ores Senadores. El se�or VALD�S (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or VALD�S (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesi�n 10�, ordinaria, en 2 de mayo en curso, que no ha sido observada. IV. CUENTA El se�or VALD�S (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios Del se�or Ministro Secretario General de Gobierno, en el que formula indicaci�n al proyecto de ley, iniciado en un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, sobre libertad de expresi�n. --Se manda agregar a sus antecedentes. Del se�or Secretario Ejecutivo de la Comisi�n Especial de Descontaminaci�n de la Regi�n Metropolitana, con el que da respuesta al oficio enviado en nombre del Honorable Senador don Eduardo Frei Ruiz-Tagle respecto a las actividades y pol�ticas proyectadas para formular el plan de descontaminaci�n de la Regi�n Metropolitana. --Queda a disposici�n de los se�ores Senadores. Informes De la Comisi�n de Educaci�n P�blica, reca�do en el proyecto de ley de la Honorable C�mara de Diputados que tiene por objeto asegurar la estabilidad funcionar�a del personal docente de los establecimientos educacionales que indica. --Queda para tabla. De la Comisi�n de Gobierno, reca�do en el proyecto de ley, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, que ampl�a a 24 meses el plazo establecido por la ley sobre Organizaciones Comunitarias. --Queda para tabla. El se�or VALD�S (Presidente).- Terminada la Cuenta. El se�or D�EZ.- Pido la palabra sobre la Cuenta, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Diez. NECESIDAD DE FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA EN INDICACIONES El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, el primer oficio de que se nos dio cuenta es uno mediante el cual el se�or Ministro Secretario General de Gobierno formula indicaciones a un proyecto de ley iniciado en Mensaje del Presidente de la Rep�blica. Dicho oficio fue conocido por la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia en la ma�ana de hoy, y no lleva la firma del Primer Mandatario. Nosotros lo tratamos porque fue hecho suyo por algunos de los se�ores Senadores miembros de la Comisi�n. Quiero dejar constancia, para que no queden precedentes en el Senado, de que las indicaciones del Ejecutivo a los proyectos tienen que ser firmadas por el Presidente de la Rep�blica. La Constituci�n le da a �l el derecho de concurrir a la formaci�n de las leyes. Y en las atribuciones que otorga a los Ministros de Estado el art�culo 37 est�n las de asistir a las sesiones de la C�mara de Diputados o del Senado; tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra; rectificar conceptos emitidos. Pero de ning�n modo se les da derecho a firmar indicaciones que corresponden al Presidente de la Rep�blica. La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia acord� analizar el tema cuando se trate la reforma del Reglamento respectivo. Mis palabras tienden a no sentar un precedente con el oficio de que ha dado cuenta Su Se�or�a. Muchas gracias, se�or Presidente. El se�or LAVANDERO.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, tampoco quiero que queden como precedente las palabras del Honorable se�or Diez en esta Sala mientras no haya un estudio m�s acucioso en la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia. Esto, por la sencilla raz�n de que el texto que sobre la materia ha citado Su Se�or�a es el mismo que exist�a en la Constituci�n de 1925. Y, sin embargo, en la Carta Fundamental de 1925, de acuerdo con esa norma, se permiti� reglamentar la situaci�n de tal manera que, en el Reglamento que est�bamos usando seg�n la Constituci�n de 1925, hab�a la posibilidad de que el Ministro firmara las indicaciones respectivas. Por lo tanto, a mi juicio, no hay que confundir la Carta Fundamental, que no dice "s�" ni "no", para sostener lo que el se�or Senador afirma en cuanto a que en derecho p�blico s�lo se puede hacer lo que est� autorizado. Pero ocurre que el Reglamento es precisamente para eso. Y nuestra Ley Org�nica Constitucional indica que sobre estas materias regir� el Reglamento, siempre que no se opongan a lo que la Constituci�n manda, lo cual se halla establecido en dicha Ley. En consecuencia, se�or Presidente, mientras no evacu� un informe la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia, yo considerar�a aventurado se�alar que un Ministro de Estado no puede formalizar una indicaci�n firmada por �l y no por el Presidente de la Rep�blica. Nada m�s, se�or Presidente. El se�or D�EZ.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Diez. El se�or D�EZ.- Un segundo. El hecho de que el Reglamento del Senado, en su edici�n anterior, contradijera la Constituci�n de 1925 no es un buen precedente. Lo que queremos precisamente es corregir las distorsiones de las pr�cticas pol�ticas llevadas con anterioridad a la Carta Fundamental de 1980. Gracias, se�or Presidente. El se�or LAVANDERO.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or LAVANDERO.- No quiero polemizar. Pero es del caso que una Constituci�n Pol�tica no se puede llevar al sistema reglamentario que tiene el funcionamiento del Congreso Nacional. Porque, si existiera una Carta Fundamental que a la vez se preocupara de los Reglamentos del Senado y de la C�mara de Diputados, querr�a decir que jam�s se podr�a adoptar un acuerdo por la unanimidad de los Comit�s o de los se�ores Senadores para evitar en alg�n caso usar el propio Reglamento. Y as� ocurre en el hecho. En consecuencia, se�or Presidente, considero temeraria la afirmaci�n del Honorable se�or Diez en el sentido de que, por no autorizarlo la Constituci�n Pol�tica, si establecemos un Reglamento, no podemos legislar internamente sobre ese aspecto. Yo me atengo fundamentalmente a la decisi�n que adopte la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia. Y para la Sala, por ahora, tendr�a este debate como no realizado. El se�or PALZA.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Perd�n, se�or Senador. Creo que �sta es una discusi�n t�pica de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia. Por lo tanto, el asunto se remitir� a ese organismo para que tome una decisi�n al respecto. Tiene la palabra el Honorable se�or Palza. ESTABILIDAD FUNCIONARA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARTICULARES SUBVENCIONADOS. EXENCI�N DE TR�MITES DE COMISI�N El se�or PALZA.- Se�or Presidente, la Comisi�n de Educaci�n P�blica despach� ayer un proyecto, iniciado en Mensaje del Ejecutivo y aprobado por la unanimidad de la C�mara de Diputados, que tiene por objeto dar estabilidad a los docentes de los colegios particulares subvencionados, y se acaba de dar cuenta de �l. Quiero solicitar al se�or Presidente que recabe la unanimidad de los se�ores Senadores para que podamos tratar esa iniciativa sobre Tabla. Se trata de un proyecto muy breve: consta de un solo art�culo. Creo que podr�a ser despachado en esta oportunidad. Nada m�s, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Se requiere el acuerdo un�nime de la Sala, se�or Senador. El se�or D�EZ.- No hay acuerdo, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- No hay acuerdo para tratar la iniciativa en la forma propuesta por el Honorable se�or Palza. Por lo tanto, deberemos considerar el proyecto de ley, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica... El se�or HORMAZ�BAL.- �Me permite, se�or Presidente? Hay una informaci�n contradictoria. A lo mejor, aclararla ayudar�a a una mejor comprensi�n. Entiendo que el proyecto a que se refiere el Honorable se�or Palza ya pas� por Comisi�n. Entonces, si los se�ores Senadores de Renovaci�n Nacional, sabiendo que ya fue aprobado en Comisi�n por unanimidad, estuvieran dispuestos a revisar su punto de vista, ser�a interesante, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Cantuarias. El se�or CANTUARIAS.- Se�or Presidente, ese proyecto fue tratado ayer por la Comisi�n de Educaci�n P�blica, y est�bamos haciendo un esfuerzo para que se incorporara en la Cuenta de hoy. En esa Comisi�n particip� tambi�n el Honorable se�or Larre. Tengo la impresi�n de que no hay ning�n problema para que veamos dicha iniciativa y la aprobemos en esta oportunidad. El se�or D�EZ.- �Perd�neme, se�or Presidente! No hemos tenido ocasi�n de leer el proyecto. Por eso, me opongo. Porque la seriedad nos obliga a leer las iniciativas sometidas a nuestra consideraci�n. El se�or VALD�S (Presidente).- El Honorable se�or Diez... El se�or GONZ�LEZ.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. El se�or GONZ�LEZ.- Muchas gracias, se�or Presidente. Me parece muy acertada la posici�n del Honorable se�or Diez. Y yo sugerir�a que ley�ramos el proyecto y luego lo trat�ramos, porque mediante �l se aborda un problema que aflige a un sector importante de trabajadores chilenos. O sea, podr�amos hacer que todas las cosas fueran coincidentes: que se reparta el informe; que se d� a conocer el acuerdo de la Comisi�n, y que despu�s se recabe el asentimiento un�nime de la Sala para, emitir pronunciamiento sobre la materia en esta sesi�n. Esa es mi proposici�n. El se�or D�EZ.- No hay acuerdo. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, sugiero suspender la sesi�n por cinco minutos para ponernos de acuerdo. Porque es posible que los se�ores Senadores de Renovaci�n Nacional, tras escuchar al Honorable se�or Larre, quien estuvo en la Comisi�n, y leer el proyecto, cambien de parecer y accedan a estudiar en esta oportunidad la iniciativa, que se refiere a una materia bastante importante y urgente. Formulo esa proposici�n. El se�or VALD�S (Presidente).- Perd�n, se�or Senador. �Por qu� no tratamos primero el proyecto que est� en Tabla y posteriormente nos abocamos a este otro asunto? Acordado. V. ORDEN DEL D�A AMPLIACI�N DE PLAZO ESTABLECIDO POR LEY SOBRE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, que ampl�a a 24 meses el plazo establecido por la Ley sobre Organizaciones Comunitarias. Esta iniciativa fue informada por la Comisi�n de Gobierno. --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 11�, en 8 de mayo de 1990. Informes de Comisi�n: Gobierno sesi�n 12�, en 9 de mayo de 1990. El se�or VALD�S (Presidente).- El se�or Secretario dar� lectura al informe. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- "Honorable Senado: "Vuestra Comisi�n de Gobierno tiene el honor de informaros acerca del proyecto de ley en primer tr�mite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la Rep�blica, que ampl�a a veinticuatro meses el plazo establecido por el art�culo 2� transitorio de la ley N� 18.893, para que las organizaciones comunitarias adec�en sus estatutos a las prescripciones de dicha ley. El proyecto ha sido declarado de "suma urgencia" en todos sus tr�mites y consta de un s�lo art�culo, por lo cual fue objeto de discusi�n general y particular a la vez, en virtud de lo que dispone el art�culo 108 del Reglamento del Senado. "La ley N� 18.893, sobre organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, derog� la ley N� 16.880, que legislaba sobre Juntas de Vecinos y dem�s organizaciones comunitarias. No obstante, reconoci� la vigencia de los estatutos dictados en conformidad con la normativa derogada, disponiendo, en su art�culo 2� transitorio, que las organizaciones comunitarias regidas por ella, existentes a la fecha de su publicaci�n, deber�n adecuar sus estatutos a este cuerpo legal con la primera reforma que efect�en a los mismos o, a m�s tardar, dentro del plazo de seis meses contado desde su vigencia. "El Mensaje se�ala que la gran mayor�a de las juntas de vecinos y dem�s organizaciones comunitarias tienen estatutos vigentes en conformidad a la preceptiva de la ley N� 16.880, antes mencionada. "Agrega que la obligaci�n de adecuar los estatutos prevista en el art�culo 2� transitorio de la ley N� 18.893, si bien no tiene sanci�n expresamente contemplada para el caso de su incumplimiento, se presta a confusiones, particularmente en sectores populares, que creen ver amagada la existencia de estas entidades si no realizan esa adecuaci�n antes del 30 de junio pr�ximo. "Por otra parte, a�ade, la modificaci�n de los estatutos significa un gasto considerable para muchas organizaciones comunitarias de base, ya que ella ha de efectuarse en asamblea general extraordinaria de socios celebrada en presencia de un notario o de un oficial del Registro Civil. "Por las razones rese�adas, y en atenci�n a que el Ejecutivo se propone someter pr�ximamente a la consideraci�n del Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley con modificaciones a la legislaci�n sobre la materia, el Mensaje expresa que resulta inoficioso exigir a las organizaciones comunitarias que reformen desde ya sus estatutos. "Por lo anterior, la iniciativa de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica modifica el art�culo 2� transitorio de la ley N� 18.893, sobre organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, con el fin de ampliar de seis a veinticuatro meses el plazo de que disponen las organizaciones comunitarias regidas por dicho texto legal, existentes a la fecha de su publicaci�n, para adecuar sus estatutos a la referida normativa. "Vuestra Comisi�n, atendidas las razones precedentes, por la unanimidad de sus miembros presentes, acord� aprobar esta iniciativa en los mismos t�rminos del Mensaje, cuyo texto es el siguiente "Proyecto de ley: "Art�culo �nico.- Sustit�yese, en el art�culo 2� transitorio de la ley N� 18.893, la expresi�n "seis meses" por la frase "veinticuatro meses.". "Sala de la Comisi�n, a 9 de mayo de 1990, acordado con asistencia de los Honorables Senadores se�ores Mario R�os Santander (Presidente Accidental), Vicente Enrique Huerta Celis y Jos� Ruiz De Giorgio.". El se�or VALD�S (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Ofrezco la palabra. El se�or RUIZ (don Jos�).- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, Honorables colegas, s�lo quisiera decir que los fundamentos que present� el Ejecutivo para la consideraci�n de este proyecto de ley son suficientemente s�lidos, por lo que en la Comisi�n se estim� pertinente acceder a lo que se est� planteando, en especial teniendo en cuenta una raz�n que es muy de peso: el pa�s tendr� la oportunidad de conocer en el Parlamento un debate, que debiera ser muy rico, respecto de una nueva normativa para el funcionamiento de las municipalidades y de las organizaciones comunitarias. Por lo tanto, considerando que el Ejecutivo tiene la intenci�n de, en un plazo relativamente breve, enviar una iniciativa legal sobre este tema y, adem�s, que en este momento much�simas juntas de vecinos tienen dificultades objetivas para adecuarse a las disposiciones de la ley vigente, nos pareci� adecuado y oportuno postergar por 24 meses la aplicaci�n de la norma que se procura modificar, a fin de permitir el debate sobre una nueva preceptiva que, en �ltimo termino, posibilitar� la regulaci�n del funcionamiento y las relaciones de los municipios y las referidas organizaciones. Quer�a plantear tan s�lo esto, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- Quisiera hacer un par de preguntas al Honorable se�or Ruiz de Giorgio, porque me interesa mucho este proyecto. En general, estoy dispuesto a asentir a la idea de una pr�rroga del plazo, cuyo vencimiento se aprecia ya muy encima, relativo a la modificaci�n de los estatutos. Mis preguntas van a lo siguiente, pues desconozco los alcances que tiene esto. Entiendo que la ley 16.880 estableci� una normativa para regir este tipo de organizaciones. La ley 18.893 derog� la anterior y fij� nuevas disposiciones, que imagino substancialmente distintas. �No es excesivamente largo un plazo de dos a�os para que contin�en rigiendo estatutos que difieren esencialmente de la normativa legal en vigor? �No bastar�a una pr�rroga, por ejemplo, de seis meses, a lo m�s para permitir al Ejecutivo precisar y presentar las modificaciones que desea, y no mantener demasiado tiempo esta desarmon�a -presumo- entre un sistema legal que dice "A" y un r�gimen reglamentario que dice "B", lo que puede crear m�s de una dificultad? Esa es mi pregunta. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el honorable se�or Ruiz De Giorgio. El se�or RUIZ (don Jos�).- Est� vigente, Honorable colega, una normativa que ten�a coherencia. Es decir, aqu� no existen dos disposiciones contrapuestas. Simplemente, hubo el esp�ritu de enmendar las normas vigentes, especialmente en materia de estatutos -que fue el problema original- de las juntas de vecinos. Por lo tanto, yo dir�a que el problema no radica en que no haya concordancia, sino en el hecho de que existi� la intenci�n de modificar la estructura de esas organizaciones, para darles un sentido distinto del que ten�an originalmente, lo cual obligaba a modificar estatutos que todav�a rigen a las juntas de vecinos y otras organizaciones sociales. Entonces -insisto-, no se trata de normas que se contrapongan, sino de un ordenamiento diferente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. El se�or R�OS.- Esta norma legal que env�a el Ejecutivo, al margen de lo planteado por el Honorable se�or Ruiz De Giorgio - en todo caso, no todos los Senadores votaron favorablemente considerando lo que Su Se�or�a expresa-, constituye m�s bien una soluci�n pr�ctica al problema de la organizaci�n de las juntas de vecinos. Ello no significa que todos los programas y preceptos legales no sigan funcionando en torno de la nueva organizaci�n. Simplemente, a los organismos antiguos se les est� otorgando un tiempo superior para adaptarse a la nueva org�nica. El problema estriba en que muchas juntas de vecinos que est�n funcionando en la actualidad y tienen patrimonio requieren otros recursos para poder contar con notarios, etc�tera, y establecer la organizaci�n de acuerdo con las nuevas disposiciones. Por tal motivo, la disposici�n en an�lisis simplifica todo el proceso de organizaci�n social de base. No tiene otro objetivo. Si de pronto el Presidente de la Rep�blica o alg�n parlamentario presenta un nuevo proyecto de ley, ser� otro problema, una situaci�n diferente, que discutiremos en una sesi�n distinta, con otros argumentos, seguramente. Por tal motivo, quiero solicitar al Senado que apruebe esta norma tal como lo hizo, por unanimidad, la Comisi�n de Gobierno. Al mismo tiempo, deseo expresar al Honorable se�or Thayer que no importan los dos a�os; tampoco habr�an importado tres. Lo que interesa es que existe el esp�ritu de ir desarrollando con cuidado, con profundidad, toda la organizaci�n social, que es compleja, y que se est�n entregando los elementos necesarios para que puedan desenvolverse adecuadamente. Nada m�s, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).-Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- Un poco contestando las preguntas del Honorable se�or Thayer, debo manifestar que el problema fundamental que tenemos aqu� es que estamos en presencia de m�s de veinte mil organizaciones territoriales y funcionales que deben adecuar sus estatutos y su personalidad jur�dica a la nueva normativa. Esto se ha realizado de manera muy lenta. De modo que, si otorgamos una pr�rroga de seis meses, al t�rmino de ese plazo, con entera seguridad, vamos a estar en la misma situaci�n. Por tal raz�n, la pr�rroga por el plazo que ha propuesto el Ejecutivo nos parece bastante adecuada, sobre todo teniendo presente que las organizaciones populares que est�n detr�s de cada una de estas entidades requieren de muchos gastos, por concepto, concretamente, de notarios, personal del Registro Civil, etc�tera, que son quienes deben dar la juridicidad correspondiente a aqu�llas. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- Las explicaciones de mis Honorables colegas me satisfacen. Por consiguiente, no insisto en mis preguntas. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, quiero formular una observaci�n sobre t�cnica legislativa, para tenerla presente, no en esta oportunidad, sino en futuros proyectos de ley. Aqu� se han dado diferentes argumentos para los efectos de prorrogar el plazo establecido en la ley 18.893. Pero, dentro de la fundamentaci�n que se se�ala en el Mensaje, se expone, entre otras razones, que no existir�a adecuado conocimiento por parte de la poblaci�n y que, por lo tanto, esto se prestar�a para confusiones. Creo que �se es un mal argumento para consignar en el Mensaje los motivos que justifican la pr�rroga. Porque, de ser as�, deber�a haber una mayor difusi�n y no una ampliaci�n de plazo. Por otra parte, si estamos por discutir un nuevo cuerpo legal que reglamentar� esta materia de tanta importancia para las organizaciones comunitarias, no veo la necesidad de prorrogar el plazo; lo correcto, desde el punto de vista de una buena t�cnica legislativa, ser�a suspender el cumplimiento del requisito, a la espera de la nueva legislaci�n. Porque el mero establecimiento de 24 meses no exime a las organizaciones comunitarias del cumplimiento de la exigencia -y perfectamente podr�a ocurrir que algunas estuvieran cumpli�ndola-, pues no se la est� suspendiendo, sino que, simplemente, se esta prorrogando el plazo para tal efecto. En todo caso, atendidas las razones que se han dado, voy a votar favorablemente el proyecto, en el entendido de que para el futuro ser�a preferible, respecto de estas situaciones, evitar la pr�rroga de los plazos y, sencillamente, suspender el cumplimiento del requisito. El se�or VALD�S (Presidente).-Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Guzm�n. El se�or GUZM�N.- Quisiera subrayar la inconveniencia de que se esgrima como argumento para postergar el cumplimiento de una obligaci�n legal la circunstancia de que est� por someterse al conocimiento del Congreso Nacional un proyecto que altera la legislaci�n vigente en determinada materia. Me parece que eso deja en un car�cter aparentemente precario la normativa vigente por el solo hecho de que existe en el Gobierno la intenci�n de sugerir una legislaci�n alternativa o modificatoria. Por esa raz�n, estimo que el t�rmino que se est� proponiendo es enteramente excesivo y desproporcionado. Un plazo de seis meses, que pudi�ramos renovar en seis meses m�s si hubiera fundamento suficiente, resultar�a distinto de este otro, que equivale virtualmente a dejar la norma sin un t�rmino real. Por tal raz�n, si la norma se mantuviera en la forma como est� concebida, me abstendr�a de votar este proyecto de ley, porque no me parece razonable la pr�rroga de seis a veinticuatro meses. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- La experiencia indica que la obtenci�n de personalidad jur�dica y la aprobaci�n de los reglamentos de cada una de las entidades territoriales y funcionales normalmente demoran entre ocho meses y un a�o, porque es necesario pasar por una serie de tr�mites, establecidos en la ley actual, que son m�s o menos los mismos que consignaba la ley 16.880, modificada en diciembre pasado. De modo que, si otorgamos una pr�rroga de seis meses, nos encontraremos con que la mec�nica misma para la aprobaci�n de los estatutos y la obtenci�n de la personer�a jur�dica obligar� permanentemente a conceder nuevos plazos. En consecuencia, los veinticuatro meses se atienen con exactitud a los procedimientos a que se hallan sometidas estas entidades para los efectos indicados precedentemente. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Guzm�n. El se�or GUZM�N.- Quiero consultar al se�or Presidente de la Comisi�n y a sus dem�s integrantes si estar�an de acuerdo en no fijar plazo. El se�or VALD�S (Presidente).- El Honorable se�or Guzm�n ha hecho una proposici�n que significa dejar vigente la ley... El se�or GUZM�N.- Eliminar la exigencia de seis meses como plazo perentorio para cumplir la obligaci�n. Me parece bastante m�s l�gico, sobre la base de los argumentos que se est�n dando, que no fijemos plazo, ante la alternativa de establecer uno que a todas luces resulta excesivo e irreal. Por eso pregunto si, dentro de los m�viles pr�cticos y del esp�ritu que gu�a a la Comisi�n, no ser�a m�s l�gico eliminar la exigencia del plazo por ahora. El se�or VALD�S (Presidente).-Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. El se�or R�OS.- De partida, quiero recordar que en mi intervenci�n anterior se�al� que no todos los integrantes de la Comisi�n de Gobierno votaron afirmativamente en funci�n de que se hab�a informado sobre la existencia de una nueva ley. Es importante destacar esto. Ahora, lo que dir� a continuaci�n respecto del plazo no es opini�n de la Comisi�n, a pesar de que actu� como su Presidente accidental. Estimo importante fijar un plazo prudente: Creo que, existiendo la necesidad de que la organizaci�n social vaya estructur�ndose en torno de una normativa legal, es conveniente que vayamos marchando hacia ella. Es efectivo tambi�n que el plazo dispuesto por la ley fue demasiado perentorio. Y la informaci�n que nos entregaron algunos municipios indica que en seis meses la organizaci�n social de base no puede estructurarse bien para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones y que los dos a�os s� parecen un plazo prudente. Si no establecemos plazo, tampoco vamos a tener la seguridad de que todas las organizaciones de base se interesen por cumplir con la normativa general de la ley. Por eso, desde mi punto de vista, es mejor, m�s aceptable, que exista un plazo. Y el de dos a�os me parece prudente. El se�or VALD�S (Presidente).- �Ha quedado satisfecho el Honorable se�or Guzm�n con estas explicaciones? El se�or GUZM�N.- Por lo menos, me han quedado muy claros los motivos que tuvieron los miembros de la Comisi�n para aprobar la iniciativa en la forma como lo hicieron. Pero, de todas maneras, deseo mantener mi abstenci�n acerca de este proyecto. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, estamos de acuerdo con lo expresado en esta ocasi�n por Renovaci�n Nacional. De modo que vamos a votar favorablemente el proyecto en el sentido de mantener los 24 meses; es decir, lo aprobaremos en los mismos t�rminos en que lo hizo la Comisi�n. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobar� en general y particular el proyecto, con la abstenci�n del Honorable se�or Guzm�n. Aprobado. El se�or VALD�S (Presidente).- Quiero preguntar al Honorable se�or Diez si durante este lapso ha reflexionado positivamente respecto de la proposici�n formulada por el Honorable se�or Palza en el sentido de tratar en esta oportunidad el proyecto que asegura estabilidad funcionar�a a determinado personal docente. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, la verdad es que el informe de la Comisi�n de Educaci�n P�blica acaba de llegar a nuestras manos. Y quiero ser muy franco con el Senado: algunas congregaciones religiosas me formularon la petici�n de analizar�este proyecto. No lo conozco. No tengo ninguna objeci�n de fondo, ni he tenido ocasi�n de reunirme con las personas que me solicitaron estudiar la iniciativa, para saber si, en realidad, sus puntos de vista impedir�an o no que la despach�ramos. Por tal raz�n me he opuesto a que este proyecto sea tratado. No obstante, se�or Presidente, despu�s de o�r las explicaciones del Senador de Renovaci�n Nacional y miembro de la Comisi�n de Educaci�n, Honorable se�or Larre, quien ha celebrado diversas consultas con representantes de las asociaciones de los establecimientos respectivos, no tengo inconvenientes en que la iniciativa sea tratada en esta sesi�n. El se�or VALD�S (Presidente).- Agradezco al Honorable se�or Diez que haya retirado su oposici�n a que el proyecto se discuta de inmediato. ESTABILIDAD FUNCIONAR�A PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARTICULARES SUBVENCIONADOS El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde tratar en general y en particular el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que tiene por objeto asegurar la estabilidad funcionar�a del personal docente de los establecimientos educacionales que indica. Esta iniciativa fue informada por la Comisi�n de Educaci�n P�blica, que recomienda aprobarla en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 10�, en 2 de mayo de 1990. Informes de Comisi�n: Educaci�n, sesi�n 12�, en 9 de mayo de 1990. El se�or VALD�S (Presidente).- Se leer� el informe de la Comisi�n de Educaci�n. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Dicho documento est� redactado en los siguientes t�rminos: "Honorable Senado: "Vuestra Comisi�n de Educaci�n P�blica tiene el honor de informaros acerca del proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que tiene por objeto asegurar la estabilidad funcionar�a del personal docente de los establecimientos educacionales que indica. "La Comisi�n se aboc� al estudio de este asunto en una sesi�n celebrada el d�a de ayer, martes 8 del actual, entre las 11:30 y las 12:30 horas. "La iniciativa legal en an�lisis, consta de un art�culo �nico que agrega un inciso segundo al art�culo 8� de la ley N� 18.602, y tiene por objeto permitir que los profesores que se desempe�an en establecimientos educacionales particulares subvencionados gocen de la indemnizaci�n excepcional que en la actualidad protege al cuerpo docente municipalizado. "Este beneficio est� contemplado en el inciso primero del art�culo 10 de la ley 18.602 que se�ala, que, si por aplicaci�n de la letra f) del art�culo 13 del D.L. N� 2.200, de 1978, el empleador desahuciare el contrato de trabajo de un profesor, deber� pagarle, adem�s de la indemnizaci�n prevista en el art�culo 16 del mencionado decreto ley, otra adicional equivalente al total de las remuneraciones que habr�a tenido derecho a percibir el profesor si su contrato hubiere durado hasta el t�rmino del a�o laboral docente en curso. "Es decir, actualmente, un empleador que pusiere t�rmino al contrato de trabajo de un profesor por desahucio escrito deber� pagarle, al momento de la terminaci�n de aqu�l, la indemnizaci�n que las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre que sea de un monto superior al equivalente a 30 d�as de la �ltima remuneraci�n mensual devengada por cada a�o de servicio y fracci�n superior a 6 meses, prestados continuamente a dicho empleador, con un l�mite m�ximo de 150 d�as de remuneraci�n, o sin dicho tope, en el caso del personal que haya sido contratado con anterioridad al 14 de agosto de 1981. "El proyecto de ley en an�lisis agrega, adem�s de la indemnizaci�n anterior, otra adicional equivalente al total de las remuneraciones que habr�a tenido derecho a percibir el beneficiario, en caso de que dicho contrato hubiere durado hasta el t�rmino del a�o laboral docente en curso. Beneficio, este �ltimo, del cual gozan los docentes municipalizados, como se se�al� anteriormente. "Por otra parte, el inciso segundo del art�culo 10 de la citada ley N� 18.602, se�ala que esta indemnizaci�n adicional ser� incompatible con el derecho establecido en el art�culo 80-A del D.L. N� 2.200, de 1978 (hoy art�culo 74 del C�digo de! Trabajo). Este �ltimo precepto dispone que cualquiera que sea el mecanismo de contrataci�n del personal docente de los planteles de educaci�n b�sica y media o su equivalente, los contratos de trabajo vigentes al mes de diciembre se entender�n prorrogados por enero y febrero, siempre que el docente tenga m�s de seis meses continuos de servicio en el mismo establecimiento. "Finalmente, el inciso tercero del art�culo 10 de la ley en referencia se�ala que el empleador est� facultado para poner t�rmino al contrato sin incurrir en la obligaci�n precedente, siempre que la terminaci�n de los servicios se haga efectiva el d�a anterior al primero del mes en que se inician las clases en el a�o escolar siguiente y el aviso de tal desahucio haya sido otorgado con no menos de 60 d�as de anticipaci�n a esta misma fecha. De no ser as�, ese desahucio no producir� efecto alguno y el contrato continuar� vigente. "La Comisi�n consider� de toda justicia y equidad el proyecto de ley en informe, en atenci�n a que a los profesores despedidos les resulta casi imposible encontrar un nuevo trabajo docente una vez iniciado el a�o escolar, por cuanto los establecimientos educacionales tienen en esa �poca sus dotaciones completas y su despido durante el a�o acad�mico les ocasiona problemas econ�micos y sociales de envergadura, a diferencia de otros profesionales que tienen abierta la posibilidad de trabajo en cualquier �poca del a�o. "Adem�s, la Comisi�n estim� necesario equiparar los establecimientos particulares subvencionados con los municipalizados -los que ya gozan de este beneficio- con el objeto de asegurar a los docentes una cierta estabilidad funcionar�a y darles la tranquilidad necesaria para desarrollar sus importantes funciones. "En m�rito de las consideraciones expuestas, vuestra Comisi�n de Educaci�n P�blica aprob�, por la unanimidad de sus miembros presentes, el proyecto de ley en informe, en los mismos t�rminos en que ya lo hab�a hecho, en primer tr�mite constitucional, la Honorable C�mara de Diputados. "Acordado con asistencia de los Honorables Senadores se�ores C�sar Ruiz Danyau (Presidente Accidental), Enrique Larre, Humberto Palza y M�ximo Pacheco.". El se�or VALD�S (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Prat. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, de la lectura del proyecto modificatorio se desprende que el Ejecutivo ha querido proteger al profesorado que sirve en establecimientos particulares, dada su especial situaci�n derivada de que hay un per�odo del a�o durante el cual las contrataciones o la movilidad laboral del personal docente son muy escasas. Eso ya estaba consagrado en el sistema municipalizado. Aprecio aqu� una intenci�n sana y justa de amparar sistemas particulares que ata�en a determinados sectores de la poblaci�n. Tal como en el �mbito del magisterio, hay en las �reas de la econom�a y de la actividad laboral much�simas situaciones particulares que ameritar�an atenderlas en forma especial. Mi gran preocupaci�n es que, a trav�s de la ley, estamos interviniendo quiz� m�s all� de lo prudente en las relaciones entre particulares. Tengo la aprensi�n de que, como sucede con la gran generalidad de las leyes destinadas a proteger determinados sectores laborales o de empleados, en definitiva estamos perjudic�ndolos al entorpecer la movilidad y dificultar su contrataci�n. Adem�s, en esta materia hay iniciativas legales que est�n, o en tr�mite, o por llegar a esta Corporaci�n. Particularmente, se ha hablado de una legislaci�n que modificar�a la letra f) del art�culo que dispone la cesaci�n de contratos. Cualquiera enmienda en ese precepto de la ley laboral incidir� en esta materia. Y se ha planteado, asimismo, la posibilidad de introducir modificaciones al sistema de negociaci�n colectiva, lo que tambi�n podr�a tener una incidencia muy importante en este tema. En conjunto, esas dos enmiendas, reca�das en rubros propios de la legislaci�n laboral, podr�an atender lo que con la ley en proyecto -analizada en la Comisi�n de Educaci�n- se quiere solucionar. En consecuencia, sugiero enviar esta iniciativa a la Comisi�n de Trabajo, a fin de que la analice junto con las dem�s disposiciones en estudio acerca de los contratos laborales. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Palza. El se�or PALZA.- Se�or Presidente, en primer lugar, quiero expresar mis agradecimientos al Honorable se�or Diez por haber otorgado el consenso necesario para tratar el proyecto en esta sesi�n. La iniciativa en debate constituye una sentida aspiraci�n de los maestros de Chile, al igual que de sus dirigentes del Colegio de Profesores. Y me atrever�a a afirmar que es un sentir un�nime del magisterio. Por lo dem�s, este proyecto fue tratado con numerosos antecedentes en la C�mara de Diputados, que lo aprob� por unanimidad. Posteriormente -ayer-, fue analizado en la Comisi�n de Educaci�n del Senado, la cual no le formul� objeci�n alguna. Creo que de la lectura del informe de la Comisi�n se desprenden sobradas razones para despachar favorablemente la iniciativa, que hace justicia, atendi�ndolas, a las preocupaciones de esos profesores. Por lo dem�s, debo hacer resaltar un detalle: la directiva de la Confederaci�n de Colegios Subvencionados no ha planteado ning�n reparo a este proyecto, porque, en cierto modo, son pocos los empleadores, patrones o sostenedores de la educaci�n que en alg�n momento del a�o -concretamente, en los meses de mayo o junio- "cancelan" a un profesor y pr�cticamente lo condenan a no percibir remuneraci�n alguna durante el resto del a�o, ya que los maestros son contratados solo al comenzar las actividades educacionales, en marzo. Por todas esas razones, y sin dejar a un lado las consideraciones del Honorable se�or Prat y sus aprensiones acerca de los proyectos que sobre estas materias puedan llegar en lo futuro, creo que, en lo tocante a estos docentes, no vale la pena preocuparse mayormente, por constituir un caso �nico que se produce entre los trabajadores: se trata de aquellos profesores que no tienen ninguna opci�n de ser contratados cuando son despedidos a mediados de a�o. Por eso, concurriremos con nuestros votos a aprobar el proyecto, a fin de hacer justicia, como dije, a la preocupaci�n que hoy tienen los maestros de Chile. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Prat. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, quiero que se someta a la consideraci�n de la Sala mi solicitud de enviar esta iniciativa a la Comisi�n de Trabajo. El se�or VALD�S (Presidente).- Consulto al Senado si est� de acuerdo con acceder a la petici�n del se�or Senador. Si no hay acuerdo, pondr� en votaci�n la sugerencia del Honorable se�or Prat. El se�or VODANOVIC- No hay acuerdo. El se�or VALD�S (Presidente).-No hay acuerdo. En votaci�n. El se�or PRAT.- Si no hay acuerdo, retiro mi proposici�n. El se�or VALD�S (Presidente).- Queda retirada. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Agradecemos el gesto del Honorable se�or Prat. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Cantuarias. El se�or CANTUARIAS.- Se�or Presidente, circunstancialmente, ayer no pude participar en la reuni�n de la Comisi�n de Educaci�n, organismo que tengo el orgullo de presidir. Quiero se�alar brevemente que, en efecto, esta materia hab�a sido parte de una reivindicaci�n ya bastante sentida y antigua del profesorado. Por cierto, la mayor parte de los maestros en Chile se encuentran adscritos al sistema de administraci�n municipal, y, en consecuencia, preferentemente gozan d�los beneficios que, mediante este proyecto, estamos ampliando a los profesores de los establecimientos particulares subvencionados. Por lo tanto, tal como lo hice presente en conversaciones previas al tratamiento de la iniciativa en la Comisi�n de Educaci�n, estoy dispuesto a concurrir con mi voto para que esta iniciativa se apruebe y los profesores de los colegios particulares subvencionados, por ende, puedan tener un trato, al menos en esta materia, similar al de los educadores que trabajan en los sistemas municipalizados. Eso es todo, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Ortiz. El se�or ORTIZ.- Se�or Presidente, Renovaci�n Nacional, haci�ndose eco de las angustias y necesidades de los maestros, tambi�n votar� favorablemente este proyecto. El se�or GONZ�LEZ.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. El se�or GONZ�LEZ.- Gracias, se�or Presidente. Es p�blico y notorio que el gremio del magisterio ha sido uno de los que m�s han sufrido esta desconsideraci�n hacia los trabajadores en los �ltimos a�os. En consecuencia, creemos que �sta es una retribuci�n m�nima para quienes a�n no ten�an el beneficio de que trata esta iniciativa. Por eso, la bancada radical la aprueba. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, una de las preocupaciones que regularmente han agitado a quienes se preocupan de la legislaci�n laboral es evitar las discriminaciones. De alguna manera lo dispuesto en la ley 18.602, concerniente al derecho al goce de determinados beneficios para el personal mencionado en su art�culo 8� unido al art�culo 9� que dice que "La relaci�n laboral de los docentes a que se refiere este T�tulo se considerar� siempre de derecho privado y, salvo texto legal expreso, no ser� aplicable al personal docente ninguna disposici�n relativa a los funcionarios o empleados p�blicos o municipales.", me lleva a la conclusi�n de que no habr�a raz�n alguna para negar a los funcionarios que el proyecto incluye en este beneficio dicha soluci�n satisfactoria de su problema en caso de despido. Es evidente que, jur�dica y socialmente, la situaci�n de un profesor que trabaja haciendo clases en un establecimiento municipalizado y que se rige por la legislaci�n normal de derecho privado no tiene por qu� ser distinta de la del que presta servicios en un establecimiento particular subvencionado. Por consiguiente, esta iniciativa de alguna manera se inspira en el principio de no establecer discriminaci�n. Y �sa es la raz�n por la cual estoy de acuerdo con ella. Nada m�s, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. --Se aprueba en general el proyecto, y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado tambi�n en particular. HOMENAJE EN MEMORIA DE SAMUEL ROM�N ROJAS. OFICIO El se�or VALD�S (Presidente).- El Honorable se�or D�az rendir� homenaje en memoria de don Samuel Rom�n. Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or D�AZ.- Se�or Presidente, Honorable Senado: Un lejano 8 de diciembre de 1907 el matrimonio rancag�ino Rom�n-Rojas celebraba una doble fiesta: el d�a de la Inmaculada Concepci�n y el nacimiento de un var�n al que bautizaron con el nombre Samuel. Este ni�o de nombre b�blico, hijo de los modestos propietarios de la hospeder�a El Minero, debi� cooperar desde peque�o al sustento familiar. La docencia marista lo alienta en su creatividad y, con los cinco talentos con que Dios lo dot�, molde� yeso, arcilla, bronce, granito, piedra y m�rmol. De su genio y de sus manos prodigiosas conocieron museos y exposiciones de las capitales del poder pol�tico y de la cultura de Am�rica y de Europa. Parte de nuestra historia tiene expresi�n en las obras de Samuel Rom�n: el Director Supremo don Bernardo O'Higgins; el Ministro Diego Portales; el dirigente obrero Luis Emilio Recabarren; los Presidentes An�bal Pinto, Federico Err�zuriz, Domingo Santa Mar�a, Jos� Manuel Balmaceda, Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio R�os son figuras egregias memorizadas en la materia ennoblecida por su talento. Su admiraci�n por la ense�anza y sus cultores y el irrefrenable impulso de transmitir conocimientos y experiencias lo llevan a crear la Escuela de Canteros, en 1943, y a levantar monumentos al gran alfabetizador don Claudio Malte, a las insignes maestras Pinochet-Le Brun y Tarrag�n-Gonz�lez y al fundador y primer Rector de la Universidad de Concepci�n, don Enrique Molina Garmendia. Las medallas, condecoraciones y reconocimientos se sucedieron con el mismo ritmo vertiginoso que alcanzaba su obra prol�fica. Son decenas los t�tulos logrados en su pa�s y tambi�n en el exterior. Samuel Rom�n fue profeta en su tierra. Su ciudad natal lo declara hijo ilustre en 1956 y lo distingue con la medalla Santa Cruz de Triana, por su constante trabajo y por ser un exponente genuino de los valores escult�ricos chilenos, seg�n reza la ley 11.860, en su art�culo 23, n�mero 2. Ocho a�os m�s tarde de este galard�n se le otorga el Premio Nacional de Arte. Muere un reciente 7 de abril, y es sepultado en su tierra, seg�n sus deseos. Tambi�n fue su voluntad, expresada en carta dirigida a su amigo y director del diario "El Rancag�ino", don H�ctor Gonz�lez, el donar "las obras y toda su producci�n para patrimonio de Rancagua, que es de un valor econ�mico de incalculable representaci�n". Lo anterior es de conocimiento de la familia, de las autoridades gubernamentales y comunales, y es tambi�n el un�nime deseo de toda la comunidad, para que sea pronto una realidad el museo Samuel Rom�n Rojas. Est�n dadas todas las condiciones para que as� sea: la voluntad personal del escultor, la cesi�n por parte de la Municipalidad de un terreno para este objeto (existe una carta del se�or Alcalde al respecto), el aporte de un proyecto de la Universidad Leonardo de Vinci y los recursos y la asesor�a t�cnica de CODELCO-Chile, Divisi�n El Teniente. Se�or Presidente, Honorables Senadores, en esta Alta C�mara se han escuchado voces, cada vez con mayor insistencia, en los �ltimos tiempos, en pro de la regionalizaci�n. Hoy d�a nuestra Regi�n tiene una real oportunidad de hacer algo en este sentido, aportando la eficaz arma de la cultura para el crecimiento integral de su poblaci�n. Con el avance de la tecnolog�a y la robotizaci�n del trabajo, tendremos en los pr�ximos a�os, v�speras del siglo XXI, cada vez mayor tiempo de ocio. Los legisladores debemos desde ya prever esta situaci�n y considerar la cultura como un factor significativo en el futuro. Y a esto tambi�n apunta el proyecto tema de esta intervenci�n. La ciudad que acun� la infancia de nuestro Premio Nacional de Arte, que lo vio crecer y que hoy guarda sus restos reclama para ella el leg�timo derecho de ser la heredera de su legado art�stico. Se�or Presidente, para guardar memoria de este gran escultor nacido en nuestra ciudad, Premio Nacional de Arte, solicito oficiar al se�or Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, a fin de considerar este proyecto y tomar las providencias para liberar de impuestos y grav�menes a la mencionada donaci�n. He dicho, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Se enviar� el oficio solicitado, en nombre del se�or Senador. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Y en el del Comit� Dem�crata Cristiano, se�or Presidente. El se�or GONZ�LEZ.- Y tambi�n en el del Comit� Radical. El se�or VALD�S (Presidente).- S� agregan los Comit�s Dem�crata Cristiano y Radical. El se�or THAYER.- Y en nombre de nuestro Comit�, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Se a�ade el nombre del Honorable se�or Thayer. El se�or LETELIER.- En el nuestro tambi�n, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Y tambi�n el del Comit� Independiente de 8 Senadores. El se�or CALDER�N.- Que se incluya al Comit� Partidos por la Democracia y Socialista. La se�ora SOTO.- S�: que se incluya. El se�or P�REZ.- Y a nuestro Comit� tambi�n, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- As� se har�, se�ores Senadores. El se�or GUZM�N.- Tambi�n en nombre del Comit� de nuestro Partido. Porque, seg�n entiendo, son los Comit�s Parlamentarios los que pueden sumarse a los oficios, y no los Comit�s como est�n distribuidos para hablar en la hora de Incidentes. Era una duda que ten�amos en sesi�n anterior. Por eso, el Comit� de mi Partido se suma al homenaje rendido por el Honorable se�or D�az. El se�or VALD�S (Presidente).- As� se har� constar, se�or Senador. El se�or D�AZ.- Agradezco las adhesiones de Sus Se�or�as, se�or President e. VI. INCIDENTES El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde iniciar la hora de Incidentes. El primer turno es del Comit� Independiente de 8 Senadores. Ofrezco la palabra. El se�or RUIZ (don C�sar).- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. ESTRATEGIA PARA DESARROLLO DE CHILE. OFICIOS El se�or RUIZ (don C�sar),- Se�or Presidente, dos situaciones muy relacionadas entre s� y ocurridas, por coincidencia, con una breve separaci�n en el tiempo me han impulsado a algunas reflexiones que, estimo, pueden ser de inter�s general, como asimismo para quienes, en su tarea de legislar, deben entregar su esfuerzo serio y su preocupaci�n constante hacia los problemas nacionales y, a base de los antecedentes existentes, proponer las disposiciones que apunten hacia el desarrollo de Chile. Hace algunos d�as, el se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones concurri� a una sesi�n de la Comisi�n correspondiente del Honorable Senado y expuso sus pol�ticas y planes generales, los proyectos en que se trabaja y las soluciones que se buscan, intercambiando enfoques, escuchando sugerencias, respondiendo a hechos comprobados y no a lucubradas conjeturas o interpretaciones. Por otra parte, un peri�dico capitalino se ha referido a la honda preocupaci�n del se�or Presidente de la Rep�blica, don Patricio Aylwin, ante el atraso que �l observa en la inversi�n en obras p�blicas, cuyas cifras, proporcionalmente, son adem�s muy bajas si se las compara con lo que se invierte en pa�ses desarrollados. Agrega que la situaci�n "exige un esfuerzo serio con los dem�s sectores para buscar los financiamientos adecuados". Ello no hace sino confirmar que dicha inversi�n es esencial para un pa�s como Chile, que evoluciona normalmente en su actividad productiva y que debe, necesariamente, adaptar su infraestructura como respuesta a las demandas de las distintas �reas, lo que requiere establecer un apropiado y realista orden de prioridad, llevado a cabo cualitativamente y en adecuada perspectiva por el Gobierno anterior. En los �ltimos a�os se ha intentado en Chile una estrategia de desarrollo totalmente diferente de experiencias anteriores. Abrir la econom�a hacia el exterior, fomentar la inversi�n extranjera y diversificar y ampliar las exportaciones, se cuentan entre los pilares b�sicos que la sustentan, creando condiciones para que nuestra econom�a avance hacia el siglo XXI, moderniz�ndose e integr�ndose cada vez m�s hondamente en los mercados mundiales, exportando m�s y mejores productos, profundizando las relaciones internacionales econ�micas y financieras, plenamente convencidos de que para invertir en las personas hay que contar con los recursos. Hacerlo sin ellos conducir�a, como ha ocurrido en otros pa�ses, a la hiperinflaci�n, a la inestabilidad y al empobrecimiento general. En el momento que vivimos parece natural hablar de ideas, posiciones y actitudes que antes parecieron demasiado innovadoras, cuando alguien se atrev�a a mencionarlas, cambio que nos ha llevado a la primera l�nea de un proceso definitivamente beneficioso de mantenci�n del crecimiento, de proyecciones internacionales y, lo m�s importante, de mucho m�s proximidad a una situaci�n real de igualdad de oportunidades. Consecuencialmente con lo expuesto, es indispensable mantener e incrementar las exportaciones, exigencia a la que nuestros compatriotas han respondido con su capacidad, su ingenio y su entrega. Recordemos que, desde el punto de vista del retorno de d�lares, entre los a�os 1981 y 1988 se han duplicado las exportaciones, y las que m�s han aumentado corresponden a las agropecuarias, forestales y de productos del mar, que se triplicaron. Como l�gica y natural consecuencia del explosivo crecimiento del comercio internacional, ligado estrechamente al avance tecnol�gico, el transporte ha experimentado un espectacular cambio en los �ltimos lustros. Si hace 20 a�os el concepto era acorde con los medios que lo conformaban -y, as�, se hablaba de transporte caminero, ferroviario, mar�timo o a�reo-, hoy en d�a existe una concepci�n diferente, inserta en un enfoque conjunto, global e integrado: el denominado "sistema multimodal", que complementa los medios. Por cierto, los subsistemas no act�an independientemente, sino como eslabones de una misma cadena, que va desde el punto de origen al de destino empleando el contenedor, el cual, antes que embalaje, es un sistema que disminuye costos, ahorra tiempo y acelera la expedici�n. De las ideas expuestas fluye claramente lo fundamental que resulta un adecuado sistema de transporte e infraestructura que lo apoye, si se desea optimizar o mejorar el ritmo de producci�n y la productividad real. Recorriendo las cifras disponibles encontraremos sorprendentes resultados y proyecciones que casi escapan a la imaginaci�n en el campo de las exportaciones agropecuarias y de productos del mar, en su mayor�a correspondientes a la v�a mar�tima, y en parte importante, a la v�a a�rea, �sta con fletes m�s altos, pero precios muy superiores. Entretanto, el transporte terrestre pareciera no tener que preocuparse. Lo anterior resulta necesariamente de su propio incremento desde los productores a los lugares de embarque, situaci�n confirmada por el aumento del parque de camiones de carga, de 64 mil a 73 mil entre los a�os 1982 y 1987, lo que ratifica la operaci�n intermodal. En la temporada 1979-1980 se exportaron, globalmente, 21 millones de cajas de productos hortofrut�colas, correspondiendo el 2,5 por ciento (525 mil) a la v�a a�rea. Diez a�os despu�s se exportan 110 millones de cajas, 3 millones 700 mil de ellas por v�a a�rea (3,4 por ciento) -esto es, un porcentaje m�s alto; referido, adem�s, a un mayor volumen-, demostraci�n de que encontramos en un pa�s de econom�a sana y que desea crecer, en un pa�s con justificadas expectativas, que ver� materializarse en proporci�n a nuestra voluntad de acentuar lo favorable y corregir lo negativo. Ahora, si queremos anticipar el futuro que de ellas nace, deberemos intentar previamente comprender el presente. Como se ha dicho, frutas, hortalizas y productos del mar en estado fresco (esto es, "berries", esp�rragos y salm�n) se sit�an a la cabeza de los productos chilenos con mayores posibilidades de colocaci�n en mercados extranjeros: Estados Unidos, y m�s tarde, Europa y Jap�n. Su exportaci�n es la que ofrece, entonces, las mejores opciones de crecimiento, particularmente si recordamos que en el caso de las primeras existen 2 mil hect�reas cultivables y la potencial capacidad de otras 190 mil. Si consideramos s�lo los salm�nidos, a modo de ejemplo, encontramos que las 8 mil toneladas enviadas al exterior por v�a a�rea en 1989 se elevar�n a 31 mil toneladas en 1993; es decir, se obtendr� un incremento de retornos del orden de 100 millones de d�lares. Similares tendencias observamos en el campo hortofrut�cola. En la actualidad, el 90 por ciento de dichas exportaciones se origina en la Novena y D�cima Regiones, siendo trasladadas por camiones hasta Santiago. La raz�n: falta de infraestructura de exportaci�n en ellas. La modesta verdad es que s�lo se dispone del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Ben�tez, escasamente suficiente para atender las demandas en el rubro, por encontrarse pr�cticamente saturada su capacidad. Los antecedentes anotados reiteran que es altamente conveniente e ineludible estudiar en forma anticipada las posibles soluciones para enfrentar las serias dificultades que ya se visualizan y cuyo aumentado impacto negativo afectar� al desarrollo de las regiones y repercutir� en la poblaci�n laboral de esas zonas. En efecto, el volumen que se exportar� de los productos antes indicados requerir� 820 vuelos anuales en 1993, serio obst�culo, por decir lo menos, al no contarse con la infraestructura aeroportuaria necesaria, la cual, por cierto, incluye frigor�ficos, instalaciones diversas y bodegas, y no s�lo una pista y lugares de estacionamiento. Est� claro que dicha proyecci�n de desarrollo ser�, entonces, afectada y limitada si no se realizan las expansiones que los hechos exigen, al menos en El Tepual, para atender la zona Valdivia-Chilo� y Coyhaique, y en Comodoro Arturo Merino Ben�tez, para la zona Copiap�-Concepci�n. Desde estos aeropuertos la ruta continuar� hacia el de Iquique, ampliado en 1989 a solicitud de las empresas a�reas, las cuales, al aportar su experiencia y conocimientos, facilitaron la respuesta m�s certera a la exigencia, por sus ventajas de tiempo y econom�a de divisas; y, en seguida, directamente a Miami y los mercados de Nueva York, Filadelfia, costa del Pac�fico, Europa y Jap�n, soluci�n ya estudiada y analizada, econ�micamente m�s rentable para los usuarios y para esas empresas. Para la Novena y D�cima Regiones, que producen carga a�rea, significa una venta de productos de m�s alto valor; para el pa�s, una s�lida demostraci�n de regionalizaci�n y desarrollo. La constante b�squeda de los mejores intereses de la naci�n y de sus habitantes hace necesario programar y realizar ahora las obras de infraestructura que permitan y faciliten la exportaci�n de nuestros recursos, pilar del futuro que todos los chilenos esperamos ver crecer y desarrollarse antes que otras ideas, tal vez interesantes, pero est�riles. Y digo "ahora", porque la experiencia indica que se requieren 3 a 4 a�os para recorrer el camino entre la decisi�n y la materializaci�n. Si las frases y palabras someramente bosquejadas nos inclinan a mirar una historia rica en lecciones y sabia en ejemplos, que es preciso recoger, integrar a nuestro patrimonio y proyectar hacia retos sugerentes y que exijan de cada uno el mayor esfuerzo, se habr� cumplido con el prop�sito que las inspir�. Se�or Presidente, agradecer� disponer el env�o de estas consideraciones a los se�ores Ministros de Obras P�blicas, de Transportes y Telecomunicaciones, y Director de la Oficina de Planificaci�n Nacional (ODEPLAN). Muchas gracias. El se�or VALD�S (Presidente).- As� se har�, se�or Senador. Quedan 10 minutos al Comit�... El se�or D�EZ.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or D�EZ.- Que ello tambi�n se haga en nombre del Comit� Renovaci�n Nacional, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Bien, se�or Senador. El se�or SIEBERT.- Como Senador por la D�cima Regi�n, adhiero a las palabras del Honorable se�or Ruiz Danyau acerca de las necesidades de infraestructura de El Tepual y los requerimientos aeroportuarios, se�or Presidente, ya que los avances en las exportaciones de productos salm�nidos y hortofrut�colas de la zona as� lo ameritan. Es algo que en su momento fue considerado de ese modo, y ojal� que se materialice. El se�or VALD�S (Presidente).- Se tomar� en cuenta, se�or Senador. Ofrezco la palabra. El Comit� Independiente dispone a�n de 10 minutos. El se�or LETELIER.- No haremos uso de ellos, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde el turno del Comit� Mixto. Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. CONSIDERACIONES ACERCA DE REFORMA LABORAL El se�or THAYER.- Se�or Presidente, hace algunos d�as uno de nuestros Honorables colegas destac� la conveniencia de reestudiar el mejor aprovechamiento de la llamada "hora de Incidentes". En realidad, creo que est� en el sentir de todos el deseo de aprovecharla al m�ximo. Me entretuve el otro d�a calculando cu�nto cuesta el minuto o la hora de funcionamiento del Congreso. Es una suma elevada. Ahora, lo que pasa es que lo que cuesta, lo vale, pero que lo valga depende de la seriedad con que intervengamos. Veo que probablemente se avecina un per�odo muy importante de debates acerca de muchos temas. He estado como porfiando en la idea de asegurar que el Senado, que inicia sus actividades despu�s de un largo receso, se acomode -creo que lo va a hacer- a la tremenda responsabilidad hist�rica que tiene en sus manos: debatir con mucha libertad, con mucha altura, todo lo que debe discutir; pero cuidemos de no ir m�s all� de lo que cabe en el tiempo propio de que podemos disponer. Cada vez que escucho a algunos Honorables colegas iniciar sus palabras con referencias al R�gimen anterior que muchas veces estimo injustas o desproporcionadas, me dan deseos de intervenir. Pero, francamente, tengo la convicci�n de que, si nos dejamos llevar por el �mpetu de discutir aqu� todo lo pasado en relaci�n con lo presente y viceversa, no nos va a dar el tiempo. Por eso, algunos hemos preferido tratar de desarrollar ciertos temas puntuales que nos parecen un aporte a asuntos que van a llegar a conocimiento del Senado en proyectos pr�ximos y en los que quiz� despu�s no podremos ahondar por falta de tiempo. Por tales razones, aunque siento bastantes deseos de adentrarme en ese debate, una vez m�s no lo voy a hacer, por creer que no son �stos el lugar ni el tiempo adecuados. Es, por lo menos, mi particular punto de vista. Y ruego que no se entienda que mi modesta preferencia personal pretende constituirse en norma de aplicaci�n general: constituye -repito- mi inquietud. A lo que quiero referirme en forma expresa, se�or Presidente, es a dos o tres puntos que tienen que ver con anuncios formulados, pero todav�a imprecisos, ya que, seg�n me hac�a notar con mucha propiedad el Honorable se�or Ruiz de Giorgio, hay discusiones o conversaciones pendientes al respecto entre sectores empresariales y laborales, para luego definirlos en un proyecto de ley. Mientras esto se esclarece, quiero hacer algunos aportes-quiz� insistiendo en algunos aspectos, quiz� acotando otros- acerca de dos o tres ideas que me parecen claves. Primero: el problema de la estabilidad laboral, que acabamos en alguna forma de rozar con la iniciativa aprobada reci�n para los profesores de los establecimientos particulares subvencionados. Es, evidentemente, un problema serio. Y debe resolverse con tino y justicia la cuesti�n de armonizar la voluntad del pa�s de lograr el pleno empleo y la pol�tica de una empresa de procurarlo, pero, al mismo tiempo, lo relativo a la capacidad de �sta para alcanzar esa meta o para decidir qui�n puede o no puede continuar prestando servicios en ella, seg�n las circunstancias que se vivan. Sin embargo, hay un principio, de orden moral y que debe tener repercusi�n jur�dica, que palpita en esta materia: la estabilidad en el trabajo. No se trata de la inamovilidad, pero s� de la estabilidad: todo trabajador tiene derecho a permanecer en su puesto mientras no se den circunstancias que ameriten el cese de sus servicios; el "quita y pon" en una labor tiene que configurar una situaci�n de excepci�n. Y tengo la idea de que con relaci�n a este punto, afortunadamente, los criterios para dictar una legislaci�n est�n bastante cercanos a un consenso. Mi palabra no tiene m�s alcance en este instante que el de decir, con alg�n conocimiento del tema, que no est�, a mi juicio, en el prop�sito del Gobierno que nos rige, ni en el de los empresarios, ni en el de los organismos m�s representativos de los trabajadores, pugnar por la consagraci�n de normas excesivamente r�gidas que acerquen a formas de inamovilidad laboral o las establezcan, las cuales podr�an conducir a efectos sumamente contrarios a la b�squeda prioritaria del pleno empleo o del incremento del ritmo del empleo en nuestro pa�s. �Cu�les ser�an las l�neas en torno de las cuales conviene probablemente discurrir? La primera, a mi juicio, consiste en que debe existir alg�n tipo de sanci�n, en la forma de una indemnizaci�n m�xima o recargada, para quien persista en el prop�sito de privar a un trabajador de su empleo sin expresi�n de causa. Esto tiene que implicar de alguna manera cierta forma -repito- de sanci�n. Y si rige un sistema que se estima normal para indemnizar a un trabajador a fin de proveer a su situaci�n social al t�rmino de sus servicios por causas justificadas -en general, relacionadas con la capacidad de la empresa para mantener el puesto respectivo-, sobre la cantidad a que hago referencia tendr� que haber alg�n plus, alg�n pago, alg�n beneficio adicional, en caso de que la disposici�n pertinente no fuera cumplida. Si por mediar una invocaci�n artificial o falsa alguien fuera privado de su trabajo por una causal no justificable, sobre la indemnizaci�n b�sica o com�n deben gravitar, evidentemente, las sanciones adicionales propias de quien procede a lo que se llama t�cnicamente "despido abusivo" -el viejo principio del abuso del derecho-, que en el campo del Derecho Laboral tiene una muy particular y vigorosa aplicaci�n. El segundo elemento tocante a la inquietud que se�alo -alguna vez se propuso, seg�n tengo entendido, incluso por fuentes empresariales- es el relativo a estudiar la conveniencia de mantener el sistema de indemnizaci�n por a�os de servicio o de sustituirlo por uno de fondo de indemnizaci�n, con un aporte empresarial que lo reemplace. Como tuve oportunidad de apuntarlo en alguna ocasi�n anterior, no constituye una situaci�n nueva: si bien puede serlo para la gente aun m�s joven que yo, la que no lo es tanto recuerda que el primer sistema existi� bajo la vigencia de la ley N� 4.053, as� como de la N� 4.059, relativa a los empleados particulares, estableci�ndose para ellos el principio, recogido luego por el C�digo primitivo, del desahucio extraordinario de un mes por a�o en caso de despido injustificado. Y hubo un momento en que, en virtud de la ley N� 6.020 y sus modificaciones, se sustituy� ese beneficio por el aporte de cargo patronal del 8,33 por ciento al Fondo de Indemnizaci�n de Empleados Particulares, posteriormente destinado a financiar la jubilaci�n de �stos y luego extinguido. Sin embargo, el r�gimen vigente para el personal contratado con posterioridad al 14 de agosto de 1981 -que pudi�ramos llamar la norma general- considera solamente la indemnizaci�n en caso de desahucio y no de retiro voluntario. Y aun la cifra equivalente a un mes por a�o, sin tope, para los contratados con anterioridad a esa fecha debiera estimarse proporcionalmente inferior al 8,33 por ciento, ya que el beneficio actual s�lo procede -repito- en caso de despido y no de renuncia o retiro voluntario. Quiz�s en torno del 3 por ciento podr�a situarse el monto de un aporte empresarial sustitutivo de la responsabilidad vigente para la eventualidad de un despido en cualquiera de tales casos; pero eso tiene el inconveniente de que a la larga se considera como un costo del factor trabajo, el cual al incrementarse en un porcentaje determinado, a su vez conspira contra las pol�ticas de pleno empleo. �Y por qu� esto ocurre as� y no ocurre si se sustituye un sistema existente? Creo que nada m�s que por malas pr�cticas actuariales o contables, porque, de hecho, la empresa debe tener provisionados los montos para el pago de las indemnizaciones que la ley considera en esa eventualidad. Tan as� es que incluso leyes especiales han utilizado esos beneficios de alguna manera para los planes de la capitalizaci�n popular, que ser� materia de discusi�n o an�lisis en otra oportunidad. Por consiguiente, �ste es un punto que est� dando vueltas y que probablemente ser�a interesante ahondar; y pienso que el Gobierno debe de estar estudi�ndolo y que formar� parte del debate entre empresarios y trabajadores. Pero conviene plantearlo con tiempo, para asegurar que esta experiencia no tenga los inconvenientes que ofreci� y, en cambio, presente las ventajas que exhibi� la anterior. Quiero, s�, tambi�n decir que los principios que inspiraron la ley N� 16.455, de 1966 -que me toc� prohijar cuando tuve el honor de ser Ministro del Trabajo-, siguen siendo v�lidos, a mi juicio. Sin embargo, en aquella oportunidad fueron en definitiva reglamentados e interpretados jurisprudencialmente de tal manera que el texto legal result� asimilado a una especie de inamovilidad cuyos efectos ser�an perniciosos, a mi entender, en especial aplicados a la circunstancia econ�mico-social, que nos rige. Vivimos actualmente en una econom�a mucho m�s abierta a la competencia internacional, y la realidad de la empresa frente a las eventualidades a que hago referencia es enteramente distinta de la que enfrent� en el decenio de los a�os 60. Otro punto que deseo mencionar es el relativo a los contratos de plazo fijo o temporales, los que -como todas las cosas en el mundo laboral- no pueden ser suprimidos, pero de los que se puede abusar, como una forma de violar el derecho de los trabajadores a gozar de determinada indemnizaci�n por antig�edad en los servicios. Un problema que, a mi parecer no ha sido suficientemente analizado hasta este momento es la repercusi�n del r�gimen de salario m�nimo en el monto de las gratificaciones. De acuerdo con la legislaci�n vigente, las gratificaciones a que tienen derecho los trabajadores en las empresas que perciben utilidades en sus giros y cumplen con los requisitos del C�digo del Trabajo, en la norma pr�ctica, se someten a un tope de 4,75 ingresos m�nimos; y en la medida en que dicho ingreso, por otras causas, se haya mantenido particularmente congelado, se est� congelando injustamente la participaci�n de los trabajadores en esas utilidades. Por eso, la elevaci�n anunciada en el monto del mismo va a repercutir favorablemente tambi�n en dicha participaci�n, fijada por el C�digo del ramo. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Se�or Senador, el tiempo del Comit� Mixto se ha extinguido. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, como soy sumamente respetuoso del tiempo que se extingue, ceso en este punto mis intervenciones. Las reservar� para cuando se trate el proyecto de reforma laboral. Nada m�s. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Muchas gracias, se�or Senador. Ofrezco la palabra al Comit� Partidos por la Democracia y Socialista. Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. COMENTARIOS SOBRE INTERVENCI�N DE SENADOR SE�OR ALESSANDRI El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, me har� cargo en esta sesi�n de algunas de las afirmaciones que formul� ayer el Honorable se�or Alessandri en una larga intervenci�n escuchada en este hemiciclo. Lo hago por entender que el paso de un R�gimen autoritario y dictatorial a uno de convivencia democr�tica sin duda no es f�cil, en el sentido de que, despu�s de experiencias como las que ha vivido nuestro pa�s durante diecis�is a�os, quedan siempre residuos autoritarios, no s�lo en la vida social, sino tambi�n en la cultura y hasta en las formas de expresi�n. Y sin perjuicio de que respetemos las opiniones distintas de las nuestras que ac� se dan -cuesti�n esencial en la convivencia democr�tica-, quiero llamar la atenci�n respecto de un tipo de raciocinio que empieza a escucharse en el pa�s, y tambi�n en el Senado, el cual, a mi juicio, no contribuye a crear el clima de debate p�blico que caracteriza a la democracia. No deseo hacerme cargo del conjunto de opiniones pol�ticas manifestadas por el se�or Senador, pero s� de una forma de argumentar -repito- que, a mi parecer, corresponde a concepciones autoritarias de la vida pol�tica, las cuales no es conducente expresar de esa manera en esta Corporaci�n. Hay en las afirmaciones del Honorable se�or Alessandri -por lo menos en dos o tres puntos- continuas referencias tendientes a ligar la opini�n pol�tica con actos subversivos, e incluso con el terrorismo. Se�alar�, para ilustrar este juicio, dos ejemplos. Observa el Honorable colega, con alarma, la repetici�n de hechos que, seg�n �l, se cre�an desterrados para siempre de nuestra sana convivencia. �Y cu�les son los hechos que alarman a Su Se�or�a? Son de naturaleza completamente distinta. Uno lo constituye la llamada "campa�a sostenida de desprestigio de nuestros Tribunales de Justicia". Aqu� no hay tal campa�a. Lo que ha habido aqu� respecto de la justicia son diversas opiniones -tambi�n del Presidente de la Rep�blica- en el sentido de que nuestro sistema judicial est� en crisis. Y �sa es una afirmaci�n que se puede compartir o no, pero que se funda en s�lidos argumentos, porque somos millones los chilenos que creemos que en el per�odo anterior los tribunales por lo menos no fueron eficaces en la protecci�n de los derechos de miles de compatriotas. Por lo tanto, un debate en esta sede acerca de una instituci�n tan importante en el Estado como el Poder Judicial corresponde a la esencia de la democracia. Pero el Honorable se�or Alessandri liga en el mismo p�rrafo dicha discusi�n, que es leg�tima, con las bombas colocadas, por ejemplo, en la residencia de algunos funcionarios, cuesti�n que, obviamente, la inmensa mayor�a del pa�s -y nosotros tambi�n- repudia. Este tipo de argumentaci�n, que vincula el libre debate de las opiniones con actos fuera de la ley y repudiados por todos los chilenos, lo escuchamos mucho en el per�odo anterior, y sirvi� precisamente para desencadenar acciones -a veces desde el Estado- que significaron violaciones muy graves a los derechos humanos. Repite el Honorable se�or Alessandri el mismo tipo de analog�a al referirse a los actos de la CUT. "El dirigente Bustos" - dice- "destacaba que, al terminar el acto del l� de mayo, no hubo desmanes ni enfrentamientos", cuesti�n objetivamente cierta. Hemos tenido un l� de mayo en que, a diferencia del per�odo anterior, en todo el pa�s concurrieron millones de chilenos a celebrar la Fiesta de los Trabajadores, y efectivamente no hubo desmanes. Pero, en esta misma frase, el Honorable se�or Alessandri pregunta a Bustos "qu� opinar� de los desmanes que representaron esos actos de violencia de los que aparentemente prefieren ahora actuar de noche y no a plena luz del d�a". De nuevo, el mismo tipo de argumentaci�n. Porque el Honorable se�or Alessandri no tiene que preguntar en esta Sala qu� opina la Central Unitaria de Trabajadores sobre los actos de violencia, cuando es p�blico y notorio que tal instituci�n ha condenado, como todas las fuerzas democr�ticas del pa�s, una y otra vez, la violencia pol�tica y el terrorismo. Por tanto, estimo que se contribuye a crear un clima, una suerte de alarmismo que no corresponde a lo que el pa�s necesita para transitar a la democracia. Quiero, tambi�n, levantar mi voz ac� para decir que, tanto en �sta como en otras intervenciones de personalidades pol�ticas vinculadas al R�gimen anterior, se pretende dar el atributo de acciones desestabilizadoras de la democracia a la emisi�n de juicios cr�ticos sobre el Gobierno reci�n pasado, como si la democracia significara que en Chile no podemos debatir, enjuiciar, tener opini�n pol�tica sobre, los acontecimientos que vivi� nuestro pa�s durante la Administraci�n que presidi� el general Pinochet. Y me parece tambi�n que este tipo de argumentos, de una u otra manera, se orienta a crear cortapisas ideol�gicas o culturales a algo que es de la esencia de la democracia: la capacidad y la libertad que tenemos todos los chilenos para enjuiciar los hechos del presente y del pasado de nuestra patria, sobre todo en circunstancias de que la opini�n de la mayor�a de los ciudadanos de este pa�s respecto del R�gimen militar fue expresamente manifestada en dos oportunidades: en un plebiscito nacional y en una elecci�n. Y, aqu�, muchos de nosotros representamos a esos millones de chilenos que tienen un juicio global cr�tico acerca de la experiencia pasada. Y m�s inadmisible me parece el argumento que tambi�n se escucha en el sentido de que el juicio pol�tico al R�gimen anterior y a sus responsables pol�ticos significa el intento de enjuiciar o de hacer campa�as de desprestigio sobre las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes de la Rep�blica. Y, desde esta bancada, esperamos que efectivamente se produzca, no s�lo lo que ha acaecido en estos meses -estamos seguros de que se va a seguir repitiendo en el futuro-, cual es la sujeci�n de las Fuerzas Armadas a la Constituci�n que rige la vida pol�tica del pa�s, sino tambi�n el reencuentro entre la civilidad y estas instituciones permanentes de la naci�n. Pero ese prop�sito no puede significar que a los millones de chilenos que tenemos juicios cr�ticos sobre la experiencia militar de gobierno -y creo que nos asisten fundadas razones para ello- se nos pretenda, de una u otra manera, inhibir el ejercicio de esa opini�n en virtud de salvaguardar lo que todos queremos proteger: la integridad hist�rica de las Fuerzas Armadas chilenas. Es claro -lo hemos dicho- que no ayuda a ese proceso -y con esto termino- el hecho de que hoy d�a est� al mando del Ej�rcito el mismo general que tuvo la responsabilidad pol�tica de dirigir el Gobierno anterior. Entendemos que corresponde a nuestro actual ordenamiento institucional, y lo respetamos. Hemos expresado -y lo reitero ac�- que la decisi�n de permanecer en el cargo, a nuestro juicio, no es una decisi�n prudente del general Pinochet, en la medida en que, efectivamente, esa presencia no contribuye a distinguir lo que todo el pa�s tiene que distinguir. Nosotros -como digo- hemos estado durante a�o s y estamos por que el pa�s camine a la democracia como la mayor�a de los chilenos -y, estoy seguro, como la mayor�a de los Senadores que nos hallamos ac�- queremos transitar: en el marco de la ley, de la convivencia pac�fica, del pluralismo, de la tolerancia y de los valores democr�ticos. Pero, en virtud de esos mismos valores, no se puede inhibir la opini�n pol�tica sobre acontecimientos hist�ricos a quienes representamos en este punto -creemos- a la mayor�a inmensa de los chilenos. Muchas gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Restan 5 minutos al Comit� Partidos por la Democracia y Socialista. Tiene la palabra el Honorable se�or Vodanovic. El se�or VODANOVIC- Se�or Presidente, yo quisiera entender que el discurso pronunciado ayer en el Senado por el Honorable se�or Alessandri s�lo representa su particular punto de vista y expresa su leg�timo derecho a emitir una opini�n, pero de ninguna manera manifiesta una opci�n pol�tica determinada y que est� singularizada tambi�n en este hemiciclo a trav�s de alguna organizaci�n pol�tica de repercusi�n nacional. Lo digo porque las expresiones de Su Se�or�a -o la lectura que hizo de ellas- manifiestan un estado de �nimo, un esp�ritu claramente expresivo de un conjunto de opiniones -que califico de altamente peligrosas para la estabilidad democr�tica-que nos estamos acostumbrando a escuchar a ciertos sectores de Derecha que yo llamar�a "extraparlamentarios". Sorprende esta actitud, pues se visualiza como claramente contradictoria con un esp�ritu muy distinto que hemos estado apreciando en el �ltimo tiempo, y muy en especial en esta Corporaci�n. Creo que el estudio sereno de los proyectos de ley que se est� haciendo ac�; el juicio cr�tico que con toda libertad manifiestan los distintos sectores; la actitud que expresa, por ejemplo, un alt�simo dirigente de Renovaci�n Nacional al concurrir con otros de similar jerarqu�a a reflexionar sobre un tema tan trascendente como el cambio de r�gimen pol�tico en este pa�s, nada tienen que ver con lo que dej� traslucir ayer en su intervenci�n el Honorable se�or Alessandri. Yo m�s bien identifico su exposici�n con lo que comienza a insinuarse como una campa�a peligrosa en este pa�s. Uno lee y escucha a altos dirigentes empresariales congratularse de la coincidencia que han sido capaces de alcanzar con los m�ximos dirigentes sindicales de este pa�s; uno oye a dirigentes empresariales, y tambi�n pol�ticos, calificar positivamente la gesti�n o la actitud de las m�s altas autoridades de las finanzas de este Gobierno, y no entiende entonces c�mo, de contrario, de ciertas esferas o �mbitos colindantes con aquellos otros, se escuchan conclusiones exactamente adversas. Porque las primeras permiten vaticinar que en esta naci�n el camino para alcanzar la democracia es una empresa com�n asumida por sus sectores m�s influyentes; y cuando se oyen estas otras, fundamentadas en aseveraciones apocal�pticas, da la sensaci�n de estar en otro pa�s. No voy a citar las expresiones m�s descalificatorias contenidas en el discurso de ayer, sino, al azar, una cualquiera. Por ejemplo, cuando el Honorable se�or Alessandri se sorprende con esc�ndalo de que Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica se permita anunciar al pa�s que, en caso de no existir suficiente acuerdo entre sectores de trabajadores y empresariales, el Gobierno no puede renunciar a su leg�timo derecho a gobernar y a ser colegislador. Creo que la afirmaci�n del Primer Mandatario es indiscutible y s�lo expresa un derecho que no puede estar en discusi�n. Sin embargo, para el Honorable colega, ello insin�a tambi�n una actitud temeraria y que, desde luego, anticipa ciertos efectos, que �l, afortunadamente, no precisa. No quiero decir con esto que lo manifestado ayer por el Honorable se�or Alessandri sea un asunto de peligro extremo. Pero s� me atrevo a afirmar que ojal� haya una muy clara precisi�n de los distintos sectores pol�ticos, principalmente de aquellos que aparecen vinculados a expresiones de esta naturaleza, con relaci�n a lo que cada uno piensa y, sobre todo, a lo que cada cual va a hacer en el futuro inmediato. Porque si uno incurre -con esto termino, se�or Presidente- en una campa�a sistem�tica y sostenida para advertir acerca de los tremendos riesgos que se ciernen sobre el Estado y la estabilidad democr�tica, termina por dar curso a una profec�a autocumplida. Y estoy cierto de que el Honorable se�or Alessandri no debe desear que ese tipo de profec�as se cumpla. Por algo est� en el Senado, como todos nosotros. El se�or VALD�S (Presidente).-Corresponde hacer uso de su tiempo al Comit� Radical. Tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. CONDUCTA DE COMANDANTE EN JEFE DEL EJ�RCITO El se�or GONZ�LEZ.- Se�or Presidente, Honorables colegas: No ignoramos que la pol�tica relativa a las relaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, consideradas estas �ltimas como parte integrante del Estado, es privativa del Presidente de la Rep�blica. No deseamos inmiscuirnos en el �mbito de esas relaciones, pero s� sentimos la obligaci�n, como Parlamentarios, de referirnos a la conducta de un oficial general que, en nuestra opini�n, est� actuando al margen de las reglas que a cada uno de sus actores impone la estructura de un Estado democr�tico. Sabemos que las Fuerzas Armadas no pueden ni deben ser enjuiciadas pol�ticamente, criterio que compartimos ampliamente. Por ello, no pretendemos analizar una conducta de las Fuerzas Armadas como instituci�n, sino actos concretos de un Comandante en Jefe, en tanto actor pol�tico. Ante esta aseveraci�n, es obvia la pregunta: �C�mo es posible referirse a un Comandante en Jefe como actor pol�tico? La respuesta es que la actual Constituci�n, puesta en vigor por el R�gimen anterior, pareciera dar a ese Comandante en Jefe la posibilidad de jugar dicho papel, que �l parece decidido a ejercer. | En efecto, se�or Presidente, hace muy poco tiempo, en la ciudad de Coyhaique, el general Pinochet amenaz� al pa�s afirmando que cualquier intento de enjuiciar "a uno de sus hombres" significa el fin del Estado de Derecho; es obvio que esta aseveraci�n est� referida a la responsabilidad individual que alg�n miembro del Ej�rcito pudiere tener en relaci�n con la violaci�n de derechos humanos acaecida en los �ltimos 16 a�os. Posteriormente, s�lo d�as atr�s, seg�n versiones no desmentidas, ha hecho valer su oposici�n al nombramiento de la Comisi�n de Verdad y Reconciliaci�n. Finalmente, ha pretendido agraviar al Presidente de la Rep�blica al negarse a concurrir a un almuerzo ofrecido por �ste a los se�ores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. �De d�nde emanan, se�or Presidente, las facultades del general Pinochet para determinar cu�ndo, en qu� forma y en qu� tiempo puede o no tener vigencia el Estado de Derecho en Chile? �Con qu� argumentos pretende oponerse el general Pinochet a una Comisi�n que no juzga, no ataca, ni castiga, sino que re�ne antecedentes para dar a la luz p�blica hechos que contribuir�n significativamente al establecimiento de la verdad en materia de violaci�n de derechos humanos, elemento insustituible para hacer justicia y lograr la tan anhelada reconciliaci�n? Es claro para nosotros que, al actuar de esta manera, el general Pinochet est� se�alando que no quiere la democracia en Chile, y para hacerlo se asila en las facultades que le otorgar�a la Ley Org�nica de las Fuerzas Armadas que �l mismo impuso. Dicha ley, pese a las modificaciones que el proyecto tuvo en su momento, sigue siendo una clara expresi�n de la ideolog�a del general Pinochet. La esencia de esta ideolog�a, que afortunadamente no es compartida por las otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, es hacer del Ej�rcito una instituci�n militar y pol�ticamente dominante y virtual-mente aut�noma. Esto es, de por s�, contrario al Estado Democr�tico de Derecho, basado en la voluntad soberana del pueblo. G�stenos o no, sin embargo, tanto la Carta Fundamental del 80 como sus leyes org�nicas constitucionales complementarias consagran aquella filosof�a y permiten al general Pinochet mantener una importante dosis de poder a trav�s de enclaves de autoritarismo, como lo son la composici�n de los COREDES y CODECOS; los alcaldes que �l designara; el sistema electoral ad hoc; la conformaci�n del Tribunal Constitucional; la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, etc�tera. Es evidente, se�or Presidente, que, mientras estas normativas existan, el general Pinochet estar� formalmente amparado, aunque no en lo sustantivo, por un remedo de constitucionalidad. La actuaci�n del general Pinochet en los hechos que nos vemos obligados a comentar en este alto hemiciclo no s�lo es una demostraci�n de arrogancia y claro actuar pol�tico, sino que -y esto es mucho m�s grave- pone en evidencia el peligro latente en la actual estructura pol�tico-institucional, que permite, seg�n el prisma del propio general Pinochet, oponer su criterio pol�tico al del Presidente de la Rep�blica. En suma, se�or Presidente, sostenemos que no hay raz�n alguna que justifique afirmar que un Comandante en Jefe pueda colocarse por sobre la ley o la Constituci�n, ni siquiera a pretexto de circunstancias extraordinarias o de la autoatribuci�n de funciones superiores. Por ende, actos como los que motivan esta intervenci�n no pueden ser pasados por alto por los representantes del pueblo soberano constituidos en Parlamento, sobre todo cuando ello podr�a ser interpretado como una debilidad de la nueva y naciente democracia chilena. Lo anterior revela la urgencia de lograr el consenso democr�tico, prioritario y necesario, para dictar una Constituci�n verdaderamente democr�tica, que establezca con meridiana claridad el natural grado de subordinaci�n que debe existir de todas las autoridades del Estado a la Constituci�n y a la ley, ambas encarnadas para este efecto en la instituci�n del Presidente de la Rep�blica. El pueblo, se�or Presidente, cuando ve actitudes como la del general Pinochet, no s�lo comienza a dudar de que comisiones como la reci�n formada, De Verdad y Reconciliaci�n, puedan tener �xito, sino que vuelve a temer que se produzcan hechos parecidos a los que caracterizaron al Gobierno del general Pinochet. Por ello, la cr�tica responsable y elevada de las actitudes pol�ticas que reiteradamente adopta este alto oficial debe ser hecha con claridad, energ�a y oportunidad, a fin de que nadie sea llamado al enga�o. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Quedan ocho minutos al Comit� Radical. Tiene la palabra el Honorable se�or Navarrete. COMISI�N NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACI�N El se�or NAVARRETE.-Se�or Presidente, Honorables Senadores: En las �ltimas sesiones de esta Corporaci�n hemos presenciado debates marcados por signos pol�ticos muy claros y que responden a quienes fuimos opositores al Gobierno del general Pinochet y a quienes mantuvieron con esa Administraci�n una identidad o una aproximaci�n pol�tica. No debiera preocuparnos el debate contradictorio sobre las apreciaciones de las distintas etapas que ha tenido que vivir el pa�s -las recientemente pasadas y las que est�n marcando el R�gimen democr�tico iniciado el 11 de marzo �ltimo-, en la medida en que las divergencias correspondan al mandato que nuestro pueblo nos ha encargado cumplir en cuanto al fortalecimiento de las instituciones democr�ticas y para que la franqueza y claridad de las discusiones sirvan de elementos rectores a fin de que sea ese pueblo quien siga determinando qu� propuestas y opciones pol�ticas deben prevalecer en el futuro. No deja de preocupar, sin embargo, que algunos juicios emitidos, sin lugar a dudas, crean obst�culos, dificultan lo que con claridad y sin dobleces hemos destacado como aciertos de los �ltimos a�os del R�gimen militar en materia econ�mica. �Se pretende acaso, generando estados de alarma, impedir que prosiga una pol�tica de inversiones necesaria para el desarrollo del pa�s? �Se pretende, creando ciertos estados de expectaci�n y dramatismo que no corresponden con la realidad de un Gobierno que se inici� hace tan solo dos meses, entorpecer el normal desarrollo democr�tico y la posibilidad de favorecer las pol�ticas econ�micas que buscan mayor justicia social? Quiero, se�or Presidente y Honorables se�ores Senadores, detenerme durante algunos minutos en un tema ya tratado en esta Corporaci�n y que no debe, a pesar de la complejidad que pueda encerrar su tratamiento, dejar de ser se�alado reiteradamente, por cuanto en la medida en que contribuyamos a marcar su importancia y a hacerlo p�blico ser� m�s transparente y m�s eficiente en sus resultados. La Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n, que el Presidente de la Rep�blica, don Patricio Aylwin, constituy� semanas atr�s -integrada por destacadas personalidades; presidida por un distinguido hombre p�blico radical, ex Senador de la Rep�blica, don Ra�l Rettig, y formada tambi�n por uno de nuestros colegas, el Honorable Senador don Ricardo Mart�n-, tiene como prop�sito, sin lugar a dudas, buscar la verdad, reparar los da�os ocasionados y reconciliar la sociedad nacional. La justicia, para que se pueda aplicar, requiere del conocimiento de la verdad, de la verdad de los hechos abominables sucedidos a causa de un R�gimen que intent� sistem�ticamente ocultarlos. No es ni con mucho el recuerdo doloroso el que nos trae aqu� a provocar ira pol�tica alguna; es tan s�lo la constataci�n de la historia objetiva, el tener que se�alar que entre esos hechos abominables est�n el de los detenidos desaparecidos, el de los asesinatos de dirigentes pol�ticos y sociales, el de los degollados y el de cientos de presos sometidos a tratos crueles y degradantes. Como ha quedado estipulado, esa Comisi�n no tiene atribuciones jurisdiccionales; no es un tribunal especial destinado a juzgar, sino una instancia moral de estudio y recopilaci�n de antecedentes que particulares afectados o instituciones vinculadas a los derechos humanos deseen entregarle para su conocimiento con fines de divulgaci�n y de reparaci�n. A nadie debiera, entonces, caberle dudas acerca de cu�l es el objetivo principal del Gobierno en esta materia. Las fuerzas pol�ticas que se han opuesto a la constituci�n de dicha Comisi�n no tienen derecho a buscar subterfugios para impedir o empa�ar su labor. No pueden intentar imponer a las mayor�as nacionales que los crueles sucesos del pasado se mantengan en el olvido. Tampoco es admisible pretender emular estos acontecimientos con hechos ocurridos antes de 1973. Eso ser�a, cuando menos, una falta de respeto a la conciencia c�vica de los chilenos y, en especial, a los miles de compatriotas agraviados. Nunca antes en nuestra historia sucedieron tales hechos de violaciones a los derechos humanos m�s esenciales. Esto es m�s que concluyente. Sostener que es leg�timo poner en duda que dicha Comisi�n sirva como instrumento id�neo para lograr los objetivos propuestos, sin presentar a cambio proposiciones alternativas concretas, serias y eficaces, no revela sino un intento de protecci�n indebida hacia los eventuales responsables individuales de atropello a los derechos humanos. En este conjunto de cr�ticas y argumentaciones de las fuerzas pol�ticas opositoras al Gobierno no se visualizan generosidad ni deseos de hacer justicia, ni de esclarecimiento de la verdad, ni de reparaci�n social y econ�mica por los terribles da�os causados a familias enteras de chilenos. Finalmente, se�or Presidente y Honorables se�ores Senadores, quiero entender que las fuerzas pol�ticas representadas en este hemiciclo tienen como objetivo principal desarrollar una gesti�n que permita, sobre la base de la verdad de cada uno de nuestros actos, contribuir eficientemente al prop�sito de unidad nacional, cimiento fundamental para el desarrollo global de la Rep�blica. Pretender, por �ltimo, se�alar que esta Comisi�n y la materia particularmente referida a los derechos humanos implican un enjuiciamiento al R�gimen militar es apartarse de las finalidades del Gobierno. La bancada radical no comparte tal juicio, y se expresa categ�ricamente contraria a cualquier esp�ritu encaminado en esa direcci�n. En �ltimo t�rmino, si se tratara de tal argumento, habr�a que decir que ese juicio ya fue otorgado. Y fue otorgado por el �nico que lo pod�a hacer: el pueblo chileno, cuando rechaz� la opci�n que el Gobierno le present� en el plebiscito de 1988, y cuando eligi�, por un amplio margen, al actual Presidente de la Rep�blica, el 14 de diciembre pasado. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde el tiempo al Comit� Dem�crata Cristiano. Tiene la palabra el Honorable se�or Hormaz�bal. MATERIAS PROPIAS DE HORA DE INCIDENTES El se�or HORMAZ�BAL.- Se�or Presidente, escuch�bamos la intervenci�n de un Honorable Senador que hac�a presente que, en su concepto, la hora de Incidentes o el debate en el Senado no pod�an revestir las caracter�sticas que hab�an presentado en las �ltimas sesiones. Creo, se�or Presidente, que es precisamente en los organismos generados por la institucionalidad democr�tica donde hay que realizar el intercambio de puntos de vista que pueda dejar establecidas las opiniones de las distintas fuerzas respecto a materias trascendentes, sobre hechos de relevancia, y que permita al pa�s ilustrarse acerca de las diferentes propuestas generadas en ese �mbito. Pienso que, quiz�s, en el mismo proceso de aprendizaje compartido en que nos encontramos iremos superando algunas rigideces que se han producido en las reuniones anteriores, ya que esta misma sesi�n ha sido un ejemplo de que en la medida en que hay disposici�n abierta para escucharnos podemos llegar a acuerdos que permiten un mejor cumplimiento de nuestra funci�n legislativa. Estimo que los proyectos que est�n en discusi�n en las Comisiones respectivas facilitar�n que nuestras sesiones pr�ximas se enriquezcan con la interrupci�n oportuna, para clarificar conceptos e ideas que ayuden al esclarecimiento de los puntos relevantes de una legislaci�n que debe ser compartida. Pero, por cierto, existen rigideces que ser� necesario resolver de alguna forma. En esta misma Sala, se�or Presidente, hay se�ores Senadores que ocuparon cargos destacados en el Gobierno anterior. Y mientras los desempe�aban, otros, que tambi�n estamos en esta Corporaci�n, �ramos encarcelados, perseguidos o golpeados. Y eso genera una situaci�n conflictiva. Hay otros se�ores Senadores que vivieron el exilio, que conocieron de una situaci�n de rigor nunca antes vista. Sin embargo, se�or Presidente -lo he conversado con otros Honorables colegas-, estamos en un proceso de aproximaci�n humana que es parte de la naturaleza del hombre y del Chile que viene, que debemos construir en conjunto. Yo estoy disponible para defender con pasi�n y respeto mis propuestas, pero, al mismo tiempo, para buscar tambi�n el entendimiento con quienes han recibido el mandato de la soberan�a popular para integrar el proceso colectivo de la creaci�n legislativa que nos corresponde. Adicionalmente, pienso que ese esp�ritu de respeto y franqueza es el que puede ilustrar a un pa�s que debe ser el sujeto activo de todo el proceso de reconstrucci�n democr�tica. Creo que es oportuno y relevante. Y defiendo el derecho de los Senadores de la actual Oposici�n a hacer cr�ticas al Gobierno, como asimismo su derecho a pronunciarse sobre temas militares, porque estimo que el problema castrense en la sociedad democr�tica es compromiso de todo el pa�s y no s�lo de un grupo de entendidos o de los especialistas en la materia. Se�or Presidente, en todas las sociedades democr�ticas del mundo occidental las instituciones generadas por la soberan�a popular tienen una adecuada participaci�n en los asuntos de defensa, e incluso en materias mucho m�s complejas. Cuando uno ha tenido oportunidad de asistir a debates de Comisiones de Defensa -por ejemplo, del Parlamento alem�n- o de estar presente en discusiones del Congreso norteamericano, se da cuenta del rigor y conocimiento que posee la civilidad representada en esos organismos para debatir con los especialistas en las armas los conceptos gen�ricos de la seguridad nacional -como la entienden los pueblos democr�ticos- y los planes y desarrollos que las instituciones armadas deben hacer. Incluso m�s. Nosotros reflejamos en esta Corporaci�n a diferentes partidos, opiniones o ideas que han competido en su aspiraci�n de representar la voluntad popular. Por lo tanto, debemos considerar que nuestros institutos armados se salieron -en nuestro concepto- de un ciclo hist�rico positivo. Pero �por responsabilidades de ellos? Yo, Honorables colegas, sostengo que fue responsabilidad del conjunto del pa�s, que oblig� a las Fuerzas Armadas a asumir un papel extra�o a su historia y a su tradici�n. Perm�tanme recordar, por ejemplo, las expresiones de un alto oficial de las Fuerzas Armadas chilenas, quien declaraba: "Vivo la situaci�n paradojal de un alto jefe militar que pregona la doctrina de la prescindencia pol�tica de las Fuerzas Armadas y que, a la vez -al apreciar el brusco vuelco d�la situaci�n interna en un mes de ausencia-, se ve violentado a moverse pol�ticamente, act�an sin la experiencia necesaria en estas lides, entre profesionales de la pol�tica del gobierno y de la oposici�n. Todo ello en el anhelo supremo de evitar que su propia Instituci�n fuese arrastrada a pronunciamientos fatales para la supervivencia del Estado de Derecho". Y ese mismo alto oficial, despu�s de dar ejemplos de c�mo en el per�odo 1970-1973 hubo deliberaci�n de las Fuerzas Armadas, se�ala: "Como se puede apreciar, est�bamos en la situaci�n paradojal que yo mismo viv�a; deliber�bamos (lo que nos estaba vedado constitucionalmente), pero movidos s�lo por el af�n patri�tico y sincero de evitar que, el no encuentro de una f�rmula democr�tica, arrastrara a la Instituci�n al despe�adero golpista". Estas son las opiniones del general Carlos, Comandante en Jefe del Ej�rcito de nuestro pa�s, asesinado brutalmente en Buenos Aires. Lo anterior trae una experiencia: los propios militares nos se�alan la responsabilidad de las fuerzas pol�ticas civiles en la generaci�n de una situaci�n que imposibilit� un acuerdo en la sociedad chilena. Pues bien, cuando discutimos el tema militar, debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad. Por lo tanto, en este Senado, nuestro esfuerzo en el intercambio de opiniones debe estar dirigido a que nunca m�s los cuerpos armados de la Rep�blica se vean obligados a repetir experiencias que los marcan hist�ricamente porque nosotros, quienes pensamos distinto, no somos capaces de llegar a los acuerdos b�sicos que permiten que las sociedades democr�ticas se desarrollen y restablezcan. Existe la necesidad de resolver el tema militar como parte del problema global de la sociedad chilena en la fase postautoritaria. Y esto requiere de claridad, a fin de que los cauces sean apropiados para un intercambio fluido de ideas. Es muy importante que opinemos sobre ello y, tambi�n, que se abran las oportunidades consiguientes en las universidades. Tuve ocasi�n de estudiar en la Rep�blica Federal Alemana, donde pude ver con orgullo c�mo profesores de alto nivel miembros de las Fuerzas Armadas dictaban clases en c�tedras respetables, dando a conocer de qu� manera el problema de la seguridad nacional era un compromiso de la intelectualidad; un compromiso del cient�fico, del t�cnico, del trabajador, del hombre militar -por supuesto- y de cualquier ciudadano. Creo que hay que abrir las puertas de los centros m�s altos de debate intelectual chileno, para interiorizarnos del problema global de la seguridad nacional, como la concebimos para los nuevos tiempos que vienen, y aprender a entenderlo. Algunos Honorables colegas, haciendo uso de su leg�timo derecho, han expresado sus preocupaciones respecto del tema militar. Pero, mientras hacemos este necesario intercambio de puntos de vista, ser�a �til que nos atuvi�ramos a ciertas normas legales obligatorias para todos. �Qu� dice la Constituci�n acerca de las Fuerzas Armadas? Art�culo 90: "Las Fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional"... O sea, nuestra Carta Fundamental establece que la autoridad de las Fuerzas est� en el Ministerio de Defensa Nacional. M�s adelante, el mismo art�culo dispone: "Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional son adem�s profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.". Pues bien, el Presidente de la Rep�blica, que por mandato constitucional es el Jefe del Estado y debe asumir tareas relevantes en el �mbito militar, invit� hace unos d�as a las m�s altas autoridades de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden a un almuerzo para conversar y generar los cauces formales e informales que son naturales en la sociedad democr�tica. �Cu�l fue la respuesta? Extraordinariamente generosa y como corresponde por parte de las tres instituciones que no son el Ej�rcito. El Ej�rcito no concurri�. �Cu�l fue la raz�n? Los medios de comunicaci�n han especulado sobre la materia: "Es que el Ej�rcito est� molesto respecto de la Comisi�n de Verdad y Reconciliaci�n". Un Honorable Senador declar� a los diarios que la ausencia del general Pinochet demuestra que, despu�s del 1� de mayo, el general est� molesto por los juicios ligeros que el Presidente formul� acerca de la Administraci�n que �l presidi�. "Y me parece absolutamente l�gico", ha dicho el Honorable se�or Sergio Diez en declaraciones recientes a la prensa. �C�mo "es absolutamente l�gico" que un oficial de las Fuerzas Armadas, sometido a la verticalidad del mando, a preceptos constitucionales y legales categ�ricos, pueda no asistir a un almuerzo convocado por el Presidente de la Rep�blica? Desconozco mucho de la operatoria al interior de las Fuerzas Armadas, y estoy abierto a aprender. Pero �qu� ocurrir�a si un oficial subalterno no concurriera a un llamado del jefe del regimiento por estar molesto a ra�z de una orden impartida por �l? �Cu�l ser�a la sanci�n -y estoy seguro de que en los reglamentos de las Fuerzas Armadas existe- aplicable a quien incurriere en un acto de esta naturaleza, que a lo menos es una falta de cortes�a? Creo que en este caso no se produce un agravio al Presidente de la Rep�blica, sino un acto preocupante para todos nosotros. Porque la Constituci�n fue mejorada en 1989, con la participaci�n patri�tica de sectores muy importantes del pa�s, tanto de los que hoy somos Gobierno como de los que son Oposici�n. Y esa Constituci�n establece las normas por las cuales nos regimos todos. Entonces, no tiene l�gica que la molestia de un oficial con su autoridad m�xima pueda expresarse en un gesto de la naturaleza del que hemos conocido. Se�or Presidente, �ha faltado a la ley el Primer Mandatario? El se�or Presidente de la Rep�blica, al hacer uso de sus facultades constitucionales, �ha alterado los reglamentos militares? Cuando tomo la Ley Org�nica Constitucional de las Fuerzas Armadas y estudio sus art�culos y las atribuciones correspondientes, no observo que el Presidente de la Rep�blica haya faltado a esa legislaci�n. Cuando examino los claros textos fundamentales, no veo d�nde est� la falta constitucional o legal del Jefe del Estado. �Qu� dijimos, el Presidente y quienes lo acompa�amos en la campa�a, respecto al papel indispensable de las Fuerzas Armadas, instituciones vitales para la unidad nacional? Expresamos en el Programa de la Concertaci�n: "Las Fuerzas Armadas deben integrarse al Estado a trav�s del Ejecutivo y con la ciudadan�a a trav�s del Parlamento. Al Presidente de la Rep�blica, con la colaboraci�n del Parlamento, le corresponder� proveer los recursos fiscales", etc�tera. Y agregamos -estamos hablando de cumplimiento cabal de una promesa del Primer Mandatario-: "las actividades profesionales de las Fuerzas Armadas continuar�n rigi�ndose por las normas constitucionales, leyes correspondientes y reglamentos internos, asegur�ndose su continuidad y estabilidad institucional.". �A qu� norma constitucional, legal o reglamentaria ha faltado el Presidente de la Rep�blica al crear la Comisi�n de Verdad y Reconciliaci�n? A ninguna. No obstante, se ha producido un hecho de esta seriedad. Considero oportuno que no miremos esto en perspectiva peque�a, sino en la perspectiva amplia que a todos nos afecta. La Comisi�n de Verdad y Reconciliaci�n no pretende emponzo�ar la vida nacional, como aqu� lo sugiri� un Honorable Senador en la sesi�n de ayer. Esta Comisi�n, cuyo decreto de creaci�n aparece publicado hoy en el Diario Oficial establece en su considerando 1� "Que la conciencia moral de la Naci�n requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pa�s entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990". Yo hice reci�n una cita del Comandante en Jefe del Ej�rcito que fue asesinado en ese per�odo. �No les parece, Honorables colegas, que es vital para las Fuerzas Armadas chilenas y para todos los ciudadanos saber qui�n lo asesin�? �No ser�a �til para la conciencia nacional que, por ejemplo, a su familia, que puede verse afectada por tantos conceptos, le fuera factible obtener las reparaciones morales indispensables -ni siquiera hablo de las pecuniarias- sobre la base de que pudiera hacerse verdad sobre hechos de esta envergadura? El art�culo segundo del referido decreto se�ala: "En caso alguno la Comisi�n podr� asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos.". �Qu� ley se vulnera? �Cu�l es la amenaza? Veamos la composici�n de la Comisi�n de Verdad y Reconciliaci�n. Y perm�tanme, Honorables colegas, resumirla en tres personas que vienen de vertientes distintas: Jaime Castillo Velasco, destacado hombre, militante democratacristiano, valor moral del pa�s, exiliado en dos oportunidades; Gonzalo Vial, destacado profesional, historiador, Ministro del Gobierno del general Pinochet; y, por �ltimo, un Senador designado, a quien cupo la responsabilidad de encabezar una Comisi�n similar bajo el R�gimen anterior. De tres vertientes distintas, se�or Presidente, hay en ese organismo personalidades de un valor moral y de una calidad intelectual que permiten a los chilenos saber, para poder edificar con estabilidad y con justicia, porque s�lo es factible la reconciliaci�n sobre la base de la verdad y de que el pa�s entienda que la institucionalidad que viene nos representa a todos. Yo pido, se�or Presidente, que dejemos de usar este tema como una amenaza a las Fuerzas Armadas. Porque lo ha dicho el Presidente de la Rep�blica y est� en el Programa de la Concertaci�n y en el texto de cada una de las declaraciones de los militantes de los partidos de ese conglomerado: no habr� persecuci�n institucional a las Fuerzas Armadas. No hubo en ninguna parte de nuestra campa�a ni hay ahora, cuando hemos asumido el Gobierno, frase alguna sobre esa materia. Y ello, porque corresponde a un principio general del Derecho -en el que creemos- que los responsables de los delitos son las personas y no las instituciones. Queremos que las Fuerzas Armadas participen en el proceso de reencuentro de esta verdad dolorosa, compartida, pero necesaria para la sociedad justa y estable que anhelamos. Se�or Presidente, en el uso leg�timo del derecho de discrepar, se ha pretendido decir que el Primer Mandatario tiene una conduc�a contradictoria entre lo que afirm� como candidato y lo que ha hecho como Presidente. Creo que eso obedece a un error de informaci�n. Tratar� brevemente de rectificar algunos errores de informaci�n que aparecen en la intervenci�n de ayer del Honorable se�or Alessandri. En primer lugar, respecto a su pregunta de qui�n responde por eliminar el terrorismo, �todos! Porque el terrorismo es una lacra que azota a la humanidad y que debe ser enfrentada por todos. Y este terrorismo, sin lugar a dudas, tiene un origen pol�tico; y hay un terrorismo que tiene un origen delictual, que provoca igualmente una inestabilidad en las sociedades democr�ticas. Nuestro continente est� mostrando ejemplos dolorosos de lo que puede significar una situaci�n tan dif�cil como �sa. El terrorismo necesita ser enfrentado con disposiciones apropiadas. Y -perd�nenme, Honorables colegas- no hay norma legal ni r�gimen autoritario alguno, por represivo que sea, que le ponga fin si no se logra aislar los elementos que generan cierta forma de terrorismo. El desarrollo ideol�gico que hubo aqu� en la d�cada del 60 es un factor. Pero un Honorable Senador de la UDI hizo presente que ciertos sectores de la sociedad chilena entendieron como leg�tima la violencia porque, por ejemplo, la dictaci�n de una ley como la de Reforma Agraria habr�a violentado extraordinariamente su conciencia. La violencia se entronca mucho m�s lejos en la historia de la humanidad, e incluso en nuestra propia historia nacional. Este pa�s ha sido sacudido por varias guerras civiles. Nuestra independencia fue desarrollada en una guerra civil. Las guerras civiles del siglo pasado, las contiendas muy fuertes que hubo entre nosotros en per�odos antiguos, son parte de esas demostraciones de violencia. Si logramos acuerdos estables, podemos aislarlas, pero no eliminarlas. �Qu� ha hecho este Gobierno en 60 d�as? Perm�tanme mostrar algunas cifras que he recopilado para el Honorable Senado. Porque cada una de las v�ctimas es una herida abierta para todos los chilenos, sin importar que el n�mero disminuya o no. Pero atendamos a los datos. Por ejemplo, en el per�odo marzo-mayo de 1989, �cu�ntos atentados con explosivos se produjeron? Ciento veintiuno. �Entre el 11 de marzo y el 2 de mayo de 1990? Veintis�is. �Cu�ntos heridos hubo en las Fuerzas Armadas entre marzo y mayo de 1989? Diez. �Entre civiles? Veinticinco. En el lapso 11 de marzo a 11 de mayo de 1990, en vez de diez miembros de los institutos armados, la cifra -dolorosa, por cierto- baj� a cuatro. �Y civiles? En lugar de veinticinco, baj� a uno. Desde el punto de vista de la quema de microbuses: en el per�odo marzo-mayo de 1989, diecisiete; y en el lapso 11 de marzo al 2 de mayo de 1990, dos. Hay hechos relevantes. Estamos, en este intento de acuerdo que debemos seguir manteniendo, aislando a quienes quieren usar esos m�todos para destruir la naciente democracia, que es fruto compartido. Aqu� est�n los hechos. Se puede ahondar a�n m�s. Pero son insuficientes s�lo los acuerdos pol�ticos. Soy partidario de que exista en Carabineros un cuerpo especializado. Porque los terroristas de la ultraizquierda; el terrorismo del narcotr�fico, que est� presente en otras �reas y es de una alta calificaci�n; y los grupos de los organismos de seguridad del R�gimen anterior que han quedado cesantes, son peligrosos y -digo yo- constituyen una bomba de tiempo que es necesario desarmar. Y ello se hace con cuerpos especializados de la m�s alta calificaci�n. Pero la receta para impedir el terrorismo no es m�s represi�n. Yo lo dir�a de otro modo: m�s democracia, m�s respeto, como en Italia. Cuando ocurrieron el cobarde asesinato de Aldo Moro y los atentados contra tantas personas, la sociedad democr�tica italiana reaccion� precisamente en defensa de su institucionalidad, y las marchas de trabajadores y empresarios y la acci�n de partidos pol�ticos muy diversos permitieron un �xito notable; y ello, sumado a las Fuerzas Armadas y equipos especiales que actuaron con claridad y oportunidad, respetando las reglas del debido proceso, porque todos tienen derecho a ser tratados como seres humanos. Hay otro tipo de elementos que est�n en el tapete. El Honorable se�or Alessandri se pregunt� sobre lo que hizo Manuel Bustos cuando pusieron una bomba al Presidente de la SOFOFA. Tengo un "dossier" con las declaraciones de la CUT, firmadas por su Presidente, donde no s�lo ha rechazado ese atentado, sino cualquier otro contra hombres de armas, civiles o uniformados, sea cual fuere su naturaleza, porque el movimiento sindical -del cual soy orgulloso hijo y al que ahora ya no represento- ha sido siempre la v�ctima de la represi�n y el terrorismo, y nunca el victimario. Desde ese punto de vista, me encantar�a ver -y estoy dispuesto a escucharlo con agrado en las sesiones siguientes- las declaraciones que emiti� el Senador se�or Alessandri cuando Manuel Bustos fue exiliado, junto con don Carlos Podlech, por discrepar en el Gobierno anterior. Me encantar�a conocer -y esperar� con agrado el momento de hacerlo- las declaraciones formuladas por el Honorable se�or Alessandri cuando asesinaron a Tuca pe� Jim�nez. Me encantar�a conocer las declaraciones que hizo el Senador se�or Alessandri cuando miles de hombres asolaban y allanaban poblaciones, pues entonces podr� decir a mi padre, quien estaba en una de ellas, que, cuando lo llevaron a una cancha en la madrugada, junto con miles de pobladores modestos, por lo menos hubo gente que pensaba distinto, pero velaba por sus derechos. Se�or Presidente, se acusa al Presidente de la Rep�blica de debilitar el tratamiento del problema del terrorismo. Yo estoy abierto a aprender de los destacados colegas en este Senado, cuando lleguen las leyes respectivas, sobre la mejor manera de tipificar adecuadamente el terrorismo y de buscar los mecanismos legales correspondientes para enfrentar ese problema, pero ya en una perspectiva, no de venganzas rec�procas, sino de estabilidad del sistema, a fin de que podamos resolver los problemas del angustioso pasado en forma menos traum�tica, porque lo que los chilenos quieren son soluciones, pero de un modo categ�rico Quiero tambi�n aprovechar de rectificar una informaci�n equivocada que ten�a el Honorable Senador Alessandri en el sentido de que, en realidad, el Gobierno de don Patricio Aylwin no disolvi� la CNI. Me habr�a encantado que hubi�semos tenido ese honor. Pero fue disuelta por la ley N� 18.943, publicada en el Diario Oficial del 22 de febrero de 1990, bajo la firma de los se�ores Augusto Pinochet y Patricio Carvajal. Me habr�a encantado, adem�s, haber tenido el honor de cooperar en la eliminaci�n de la DINA -antecesora de la CNI-, que fue disuelta por decreto ley N� 1.876, de 1977, cuyo considerando dice: "La conveniencia de estructurar de acuerdo a las actuales circunstancias del acontecer nacional las atribuciones de un Organismo creado en situaci�n de conflicto interno ya superada.". Me acabo de enterar de que ya en 1977 el Gobierno cre�a superado un conflicto interno que demor� hasta 1990 la posibilidad de que los chilenos intercambi�ramos opiniones con respeto y altura de miras, como ahora. Se�or Presidente, tambi�n en uso de ese respeto, que voy a defender siempre, se expres� que el Primer Mandatario estaba generando algunos inconvenientes cuando advert�a que, si no se produc�a acuerdo entre empresarios y trabajadores, iba a enviar proyectos de ley. El Presidente de la Rep�blica se comprometi� ante todos los chilenos a aplicar un programa. Y ese programa dec�a: "Restablecer la tasa del impuesto de primera categor�a a las empresas al 15 � 20%". Estamos conociendo un proyecto, compartido por muchos, respecto del 15%. El Jefe del Estado actual se�al�, siendo candidato, que era fundamental subir el salario m�nimo y las asignaciones familiares, y reajustar las pensiones m�nimas. Y aqu�, con el respaldo de Senadores de la actual Oposici�n, lo vamos a hacer. Porque ya no puede ser propietario del Gobierno un sector, pues hay tareas que nos deben convertir a todos en copart�cipes de las soluciones. El se�or Presidente de la Rep�blica se�al� tambi�n en un discurso -termino en seguida, se�or Presidente- un juicio duro sobre el R�gimen anterior. Al Honorable se�or Alessandri le llam� la atenci�n que el Primer Mandatario dijera "Los trabajadores vencieron el miedo a la dictadura". Quiero terminar haciendo presente que, en un texto cl�sico con el cual se estudia en la Escuela de Derecho de la Universidad Cat�lica, se define a los "Gobiernos autocr�ticos en su ejercicio, o dictatoriales", diciendo que "son aquellos que no se someten al imperio de un ordenamiento jur�dico que de manera real y eficaz limite el poder de los gobernantes.". El R�gimen anterior no ten�a mecanismos reales para ser juzgado pol�ticamente, como se demostr� en innumerables acontecimientos. Y el Presidente de la Rep�blica, que es hombre que sabe de derecho, us� apropiadamente el t�rmino "dictadura", no con �nimo de injuriar a alguien. �D�nde est� la confusi�n final, a la que debe ponerse t�rmino, se�or Presidente? En lo que ya se ha dicho: aqu� no existe un juicio pol�tico a las Fuerzas Armadas, sino a quien ejerci� el poder en el Gobierno anterior. Hago un llamado a las Fuerzas Armadas para que no confundan nuestra cr�tica a dicho Gobierno. Y, para evitar el problema de que el general Pinochet se sienta ofendido, que diga expresamente -como lo se�al�- que no har� m�s declaraciones pol�ticas, y que asuman su responsabilidad los Ministros que lo acompa�aron y hagan uso del leg�timo derecho de exponer sus ideas, para que al fin puedan darse acontecimientos de relevancia que nos permitan a todos aprender en com�n. Se�or Presidente -y con esto termino-, ya que me refer� al Senador se�or Arturo Alessandri, quiero se�alar un detalle anecd�tico que creo que le gustar�. Una vez lleg� a Iquique un gran pol�tico. Iba de afuera, para ser candidato frente a alguien que era Senador por la zona. Le llamaron despu�s "El Le�n de Tarapac�". Y hubo un poeta de la Regi�n que hoy d�a represento, hijo de una familia de Tongoy, que, cuando ese pol�tico gan�, le dijo: "�Salud al triunfador, en cuyas manos ha puesto el pueblo el porvenir que sue�a...!" "...estoy con vos, mas perdonad que os diga, que yo jam�s la verdad rehuyo: ya que es el pueblo a quien deb�is la gloria responded a la fe que en vos abriga: no mat�is su ilusi�n: �Sed siempre suyo!". Con la licencia de muchos, quiero decir estas palabras al Presidente Aylwin: "Siga adelante, el pa�s lo necesita". Gracias, se�or Presidente. --(Aplausos en tribunas). El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde el tiempo al Comit� Renovaci�n Nacional. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Senador se�or P�rez. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente... El se�or SINCLAIR.- Perd�n, se�or Senador. Le solicito una interrupci�n de un minuto. El se�or P�REZ.- Concedida. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Sinclair. RECHAZO A EXPRESIONES FORMULADAS EN CONTRA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SU COMANDANTE EN JEFE El se�or SINCLAIR.- Se�or Presidente, Honorable Senado: Me complace mucho apreciar el extraordinario inter�s que han evidenciado hoy d�a algunos oradores que me precedieron en el uso de la palabra por nuestras Fuerzas Armadas, y particularmente por el Ej�rcito. Pero, al mismo tiempo, deseo expresar mi m�s absoluto desacuerdo con los t�rminos con que algunos de ellos, especialmente el Honorable se�or Gonz�lez, han aludido al se�or Comandante en Jefe del Ej�rcito. Me parece importante que temas tan delicados como �stos permitan diferenciar claramente la gesti�n que a �l le cupo como Presidente de la Rep�blica de la que hoy d�a le corresponde como Comandante en Jefe del Ej�rcito. Se insiste en el episodio de la no asistencia del se�or Comandante en Jefe del Ej�rcito al almuerzo presidencial, que en s� es un hecho social que no tiene la trascendencia ni la relevancia que pretende atribu�rsele, aun cuando, sin duda alguna, debieron de existir razones de fondo para que se abstuviera de hacerlo. Y esto lo digo porque se est� repasando, tal vez en forma demasiado resumida, el papel protagonice que tuvieron las Fuerzas Armadas a partir del 11 de septiembre de 1973 en presencia de juventud como la que se encuentra presente en las tribunas, que a la saz�n a lo mejor todav�a no nac�a o bien ten�a pocos a�os de vida. Por tal raz�n, reservo mi derecho para en una pr�xima ocasi�n hacerme cargo de algunos de los conceptos emitidos. No quiero alargarme, en beneficio del tiempo de Renovaci�n Nacional. Pero no cabe duda alguna:-y tambi�n lo dejo establecido- de que existe una evidente animosidad pol�tica respecto de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ej�rcito y de la persona de su Comandante en Jefe. Creo que es deber del Gobierno y de cada uno de nosotros evitar que esa animosidad se transforme en una hostilidad. Me impresion� mucho en su intervenci�n el Presidente del Senado cuando asumi� su cargo. Y creo que en su discurso nos fij� su inspiraci�n de altura, respeto y prudencia para tratar temas tan delicados como aquellos a los que en este momento estoy aludiendo. Las Fuerzas Armadas -como lo dijo un Honorable colega- no son deliberantes. Pero est�n constituidas e integradas por hombres, por soldados que cumplieron una misi�n se�era, no autogenerada; una misi�n asumida en un momento dram�tico que viv�a el pa�s. Esos hombres sienten en carne propia los agravios o los t�rminos en que a veces son aludidos determinados miembros de las Fuerzas Armadas. Y los sienten como propios porque existe en �stas un arraigado esp�ritu de cuerpo. Por esta raz�n, quiero pedir a los Honorables Senadores que tratemos de medirnos, de actuar con la mayor prudencia y de manejar los t�rminos en la forma m�s objetiva posible, para no herir a los institutos armados. �Sus institutos armados! �Es su Ej�rcito, se�ores Senadores! �Son sus Fuerzas Armadas! Entonces, no vayamos a atizar la fogosidad -que aplaudo- con que se debaten encendidamente ideas y a provocar un incendio del cual nosotros mismos vamos a ser los autores y, a lo mejor, las v�ctimas. Termino mis palabras en la seguridad de que se ir�n atemperando los �nimos y el tono que desde ayer he podido apreciar en el debate, que requiere de nosotros la mayor tranquilidad y ponderaci�n, en pro del gran camino que, conjuntamente ciudadanos militares y civiles, estamos emprendiendo en beneficio de nuestro pa�s. Muchas gracias, se�or Presidente. El se�or GONZ�LEZ.- �Me permite usar de la palabra, se�or Presidente? He sido aludido por el se�or Senador, y deseo treinta segundos para replicar. El se�or P�REZ.- Es el tiempo de Renovaci�n Nacional, se�or Presidente,... El se�or GONZ�LEZ.- Reitero: he sido aludido por el se�or Senador. El se�or P�REZ.-...y no concedemos interrupciones. El se�or VALD�S (Presidente).- Renovaci�n Nacional no concede interrupciones. El se�or GONZ�LEZ.- �He sido nombrado, se�or Presidente! El se�or LAVANDERO.- Perd�n, se�or Presidente. Cuando alguien es aludido, tiene derecho a r�plica de inmediato. No obstante, en este caso es sin perjuicio del tiempo de Renovaci�n Nacional. Reglamentariamente, corresponde ese derecho al Senador inmediatamente despu�s de haber sido aludido. El se�or VALD�S (Presidente).- Muchas gracias, se�or Senador. De acuerdo con el Reglamento, tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. El se�or GONZ�LEZ.- Le ruego al Honorable se�or P�rez excusarme. Pero voy a ocupar s�lo treinta segundos. Estoy tan de acuerdo con el Honorable se�or Sinclair, que mi discurso de esta tarde lo he meditado profundamente; lo he dejado por escrito, con el objeto de no caer en los excesos de la improvisaci�n, y he tenido el mayor cuidado de no referirme al se�or Comandante en Jefe en t�rminos que pudieran estimarse ofensivos o lesivos para �l. �nicamente siento la necesidad espiritual de exponer mi pensamiento en torno a este tema aqu�, en el Hemiciclo. Nada m�s que eso, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Honorable se�or P�rez. GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, siguiendo con el tema tratado en esta hora de Incidentes, nos parecen graves las expresiones del Honorable se�or Gonz�lez, y m�s graves a�n porque, como �l dijo, no han sido fruto de la improvisaci�n. El se�or Senador ha se�alado textualmente que el general Pinochet no quiere la democracia. Deseo expresar, se�or Presidente, que en esa democracia anterior a 1973 -que alguien llam� "la democracia ag�nica" y que tuvo su funeral el d�a 11 de septiembre de ese mismo a�o-, en esa debacle, las Fuerzas Armadas y de Orden no tuvieron responsabilidad. Hay un acuerdo de la C�mara de Diputados y existen discursos -podr�amos citarlos aqu�- de personeros que hoy representan al Gobierno, e incluso del entonces Senador don Patricio Aylwin. Por otro lado, no se puede decir que el Presidente Pinochet no quiere la democracia, en circunstancias de que �sta llega, cumpli�ndose exactamente el itinerario fijado por la Constituci�n Pol�tica de 1980. Considero importante que nosotros manifestemos nuestras opiniones con relaci�n al tema militar y estudiemos a esas instituciones, que forman parte de la Rep�blica de Chile. Pero lo que no se puede aceptar es que se supongan intenciones de los oficiales, de los comandantes de los institutos armados. La no concurrencia del Presidente Pinochet a un almuerzo no puede ser... El se�or GAZMURI.- Ya no es Presidente, se�or Senador. El se�or P�REZ.- A los ex Presidentes se les llama "Presidente". Dec�a que esa no concurrencia no puede ser mirada como un acto de agravio al Primer Mandatario, porque �l mismo acept� la asistencia de otro oficial. Se expresa que el R�gimen anterior fue una dictadura, y no un Gobierno autoritario. La diferencia entre una dictadura y un Gobierno autoritario radica en que la primera no tiene plazo y posee todo el poder p�blico. Por lo tanto, lo normal es hablar de la Administraci�n precedente como un Gobierno autoritario. En todo caso, deseamos aclarar que, ciertamente, no queremos nunca m�s un 11 de septiembre de 1973. Lo decimos sinceramente. Pero, para que ello no ocurra, no debe existir en nuestra democracia la antesala de ese 11 de septiembre de 1973, de una democracia traum�tica o de una democracia ag�nica. Se�or Presidente, a continuaci�n me referir� a la exposici�n realizada por el Honorable se�or Zald�var en el d�a de ayer. El Honorable se�or Diez me est� pidiendo una interrupci�n, que le concedo. El se�or VALD�S (Presidente).- Puede usar de la palabra, se�or Senador. El se�or D�EZ.- Muchas gracias. S�lo ocupar� unos pocos minutos. El an�lisis hist�rico del Gobierno anterior y de sus relaciones con la democracia naciente es un tema vivo, emocional y que nos toca muy de cerca a todos. En consecuencia, quiz�s no tenemos la perspectiva para juzgar las cosas de que somos testigos o aquellas de las que fuimos protagonistas. Pero es malo para la historia, porque se oculta la posibilidad de sacar las lecciones que de ellas se desprenden cuando se empiezan a crear mitos. Mi principal preocupaci�n frente al an�lisis del Gobierno anterior es la sincronizaci�n que se observa en cierta prensa, en discursos e intervenciones, en la creaci�n de varios mitos. El primer mito que se crea es el de que esta democracia es conquistada por el pueblo, contra la voluntad de las Fuerzas Armadas e impuesta a ellas. Ese es un mito absoluto. El Gobierno de las Fuerzas Armadas no termin� como ordinariamente acaban en el mundo los Reg�menes militares; no termin� por golpes de coroneles o rencillas internas; no termin� por convulsiones de luchas sociales ni por huelgas generales; no termin� A por el fracaso econ�mico que ten�a el pa�s hambreado y desesperado; no termin� por la corrupci�n o la oligarqu�a que generan y que han generado en la historia algunos Gobiernos militares. La democracia en Chile naci� porque se cumplieron la voluntad y los planes que las Fuerzas Armadas tuvieron para ella, tomados con mucha anticipaci�n, no s�lo en la Constituci�n de 1980, que aprendemos y aprenderemos cada d�a m�s a respetar, sino a trav�s de una serie de leyes que en su tiempo fueron rechazadas por insuficientes y que resultaron, a la postre, eficaces para construir la democracia. El pueblo chileno recuerda que, cuando se dict� la Ley de Inscripciones Electorales, se dijo que no serv�a para nada, que no se iba a inscribir un mill�n de personas. Se acuerda el pueblo chileno de la "ineficacia" de la Ley de Partidos Pol�ticos; de la cr�tica a la Ley General de Elecciones, y, tambi�n, de aquella frase de que "algo ol�a mal en el plebiscito". Sin embargo, se�or Presidente, se cre� en Chile un sistema democr�tico, porque se cumplieron la voluntad de las Fuerzas Armadas y el sistema y el proyecto hasta el detalle que ellas mismas se dieron y respetaron. Estimo que el final del R�gimen militar es el d�a de honor de las Fuerzas Armadas, por cuanto cumplieron su compromiso con Chile y entregaron el Gobierno sin m�s presi�n que su propia fuerza moral y su propia responsabilidad hist�rica. Que no se cree el mito de que las instituciones armadas fueron derrotadas por la marejada popular, porque no es as�. El pueblo entr� en la democracia por el camino claro, recto y di�fano generado por las Fuerzas Armadas. Se ha creado tambi�n... El se�or ZALD�VAR.- Perdieron el plebiscito. El se�or D�EZ.- Lo perdieron, y el reconocimiento de la p�rdida es tambi�n un honor. Porque el que tiene todo el poder y toda la fuerza, al que el Presidente de la Rep�blica llama, peyorativamente, "el dictador" y quien, seg�n el Honorable se�or Hormaz�bal, no ten�a l�mite alguno en su poder, reconoci� la p�rdida en el plebiscito y permiti� el funcionamiento de la democracia porque ten�a honor. Por eso digo que el t�rmino del Gobierno de las Fuerzas Armadas es el honor de las mismas. Y debemos tener proyecci�n hist�rica para mirarlo as�. Se ha creado tambi�n el mito de que las Fuerzas Armadas son las que trajeron la violencia a la familia chilena, tendi�ndose un manto sobre lo que sucedi� anteriormente. No deseo prolongar esta sesi�n del Senado trayendo al recuerdo las palabras del propio ex Presidente de la Rep�blica don Eduardo Frei al juzgar las circunstancias que rodearon el 11 de septiembre de 1973. Tenemos una muy dolorosa historia de muchos a�os, de la cual debemos sacar lecciones. Pero no podemos permitir, se�or Presidente, que se vayan creando mitos que falsean la historia y que generalmente sirven de bandera y de pretexto a elementos violentistas que no est�n representados en el Senado de la Rep�blica. Muchas gracias por la interrupci�n que me concedi�, Honorable colega. El se�or VALD�S (Presidente).- Puede continuar con el uso de la palabra el Honorable se�or P�rez. SITUACI�N ECON�MICA Y SOCIAL DE CHILE EN LOS �LTIMOS 16 A�OS El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, ayer o�mos la exposici�n del Honorable se�or Zald�var sobre la situaci�n econ�mica y social de los �ltimos a�os, y su comparaci�n y desventaja, en t�rminos de resultados, con los Gobiernos anteriores al a�o 1973. No me parece oportuno -porque ya lo expuse hace quince d�as en esta Corporaci�n- volver ahora sobre las cifras y resultados que en materia social se consiguieron durante los diecis�is a�os reci�n pasados. En desarrollo social, los indicadores de resultados son francamente promisorios en las �reas de salud, vivienda, educaci�n y nutrici�n. Ellos no fueron desmentidos por el Honorable se�or Zald�var. En el aspecto econ�mico, me remito a lo se�alado por el Honorable se�or Pi�era hace exactamente siete d�as. Adem�s de celebrar el desarrollo econ�mico de Chile, de exhibir sus logros, Su Se�or�a expresaba algo muy importante: las estad�sticas deben servir para iluminar la verdad y no para tapar parte de ella. Se�alaba el Honorable se�or Zald�var, al iniciar su exposici�n, que el Presidente Aylwin "no es responsable del precio de la uva, de la harina de pescado o de los productos forestales". Es cierto. El Jefe del Estado no es responsable de los precios de los bienes que se transan en los mercados internacionales. Pero tampoco lo era el Presidente Pinochet. Y quiero dar un dato -s�lo uno-, que es ilustrador. El deterioro de los t�rminos de intercambio en la d�cada que va de 1975 a 1985, en comparaci�n a los a�os 1964 a 1973, es de 20 mil millones de d�lares. Es decir, si en ese per�odo el Gobierno anterior hubiera tenido los precios del cobre y del petr�leo que existieron durante las Administraciones de los Presidentes Frei y Allende, el pa�s habr�a crecido, adicionalmente a lo que creci�, un 6% cada a�o. As� y todo, con las dificultades que se vivieron en el R�gimen anterior, con las dos crisis internacionales, se observan resultados que toda la comunidad internacional reconoce. Pero, aun as�, las cifras son positivas, y en los �ltimos seis a�os Chile creci� el doble (45 por ciento) que el pa�s que lo sigue en crecimiento dentro de la regi�n. Pero el Honorable se�or Zald�var dice, cuando reconocemos estos hechos, que nosotros estar�amos se�alando, por el presente, un descalabro por culpa de los 60 d�as de mandato de este Gobierno. Agrega frases como la siguiente: "El balance de la econom�a de los 16 a�os del Gobierno del se�or Pinochet es malo". Y destaca los Gobiernos anteriores al a�o 1973, haciendo una comparaci�n con el de las Fuerzas Armadas. �Cu�les fueron el panorama, la fotograf�a del momento, el balance de las cuentas internas y externas de la econom�a con que los �ltimos Gobiernos han recibido la hacienda p�blica? Voy a tomar cuatro indicadores solamente. Producto geogr�fico bruto: el a�o 1964, a fines del Gobierno del Presidente Alessandri, crece un 2,2%, y en 1970, un 2,1%; en 1973 es negativo en 5,6%, y en 1989 es de 10%; y se espera que la econom�a crezca este a�o, al menos, un 5%. Inversi�n geogr�fica bruta: en 1964, 14,2%; en 1970, 16,4%;'en 1973, 7,9%; y en 1989, 20,1%. D�ficit fiscal -�tanta alarma que a este respecto hemos o�do de las autoridades econ�micas en los d�as recientes!-: en 1964, 3,9%; en 1970, 2,7%; en 1973, 24,7%; y en 1989 hay un super�vit de 3%. �ndice de precios al consumidor: en 1964, 36,7%; en 1970, 37%; en 1973, 600%; y en 1989, 20%. Yo reflexiono, se�or Presidente: si las cosechas anteriores a 1973 fueron tan positivas, tambi�n deben de haberlo sido sus pol�ticas. Y vuelvo con las interrogantes que formulamos hace quince d�as, al o�r las cr�ticas de personeros del Gobierno frente a las estructuras y pol�ticas econ�micas del R�gimen anterior: �Quieren ellos desechar lo que se ha hecho, para aplicar los lineamientos y estructuras econ�micos que existieron en el pasado? �Quieren una econom�a social de mercado abierta al mundo, con aranceles bajos y parejos, como existe hoy d�a, o pretenden una econom�a sustitutiva de importaciones, como existi� en el pasado? �Quieren volver atr�s en temas previsionales y crediticios? Eso s� que crear�a inquietud p�blica en los agentes econ�micos. Ahora bien, �a qui�n convence el Honorable se�or Zald�var con esta acida cr�tica al R�gimen anterior? Partamos por se�alar que debe contradecir al Presidente Aylwin, quien, como Presidente electo, elogi� en Argentina y Brasil la actual situaci�n econ�mica de Chile. Agreguemos que sus palabras no se compadecen con el discurso que el Ministro Foxley pronunci� hace menos de un mes en Canad�, ni con las pol�ticas del Gobierno anterior que �l pretende continuar hacia adelante, en la l�nea gruesa. �Qu� dijo ayer en Washington -termino en un minuto, se�or Presidente- la segunda autoridad de la hacienda p�blica chilena, don Pablo Pi�era? Se�al� textualmente: "La econom�a chilena est� muy bien considerada en los c�rculos internacionales y por eso es que los resultados ser�n positivos" (refiri�ndose a la negociaci�n de nuevos cr�ditos y deudas). Y agrega que ha planteado, en nombre del Gobierno de Chile, "Que una buena econom�a", como la chilena, "debe ser premiada y no castigada." Se�or Presidente, la verdad sin slogans ni consignas nos hace entendernos mejor. Hubo errores y aciertos en el pasado -en todo el pasado-, como los hay en el presente. Busquemos toda la luz, sin sesgos, para iluminar el futuro. Creo que eso es lo que requiere la comunidad nacional que nos ha elegido para representarla en este Parlamento. El se�or ZALD�VAR.- Se�or Presidente, he sido aludido por el Honorable se�or P�rez,... El se�or VALD�S (Presidente).- Ha terminado la hora de Incidentes, se�or Senador. El se�or ZALD�VAR.-...directamente y en forma reiterada. El se�or P�REZ.-Se�or Presiden te, quiero se�alar lo siguiente. En el d�a de ayer, los partidos y los Comit�s pro Gobierno establecieron una pauta de acci�n de acuerdo con el Reglamento: que no se reserva tiempo para el final. El se�or ZALD�VAR.- No estoy pidiendo reserva de tiempo. El se�or P�REZ.- Y cuando quisimos contestar, no se nos dio la palabra. El se�or VALD�S (Presidente).- Quiero decir a los se�ores Senadores que ha terminado el tiempo de la hora de Incidentes. El se�or LAVANDERO.- No se trata de la hora de Incidentes, se�or Presidente. En primer lugar, cuando un Senador se refiere a otro, debe hacerlo en tercera persona, y nunca por el nombre, tal como lo se�ala el Reglamento. Y si un Senador es aludido, tiene derecho, de acuerdo con el art�culo 97 del Reglamento -m�s all� de todos los tiempos de la hora de Incidentes-, a vindicarse, hasta por 10 minutos. El se�or D�EZ.- Pero no a contestar un discurso. El se�or LAVANDERO.- Ese es el tiempo que est� reclamando el Honorable se�or Zald�var. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, nosotros ayer tambi�n fuimos aludidos,... El se�or LAVANDERO.- Pudo reclamar ese derecho. El se�or P�REZ.-...con nombres y apellidos, por el Honorable se�or Zald�var, y no se nos concedi� tiempo. El se�or ZALD�VAR.- Pudo haber reclamado su derecho. El se�or D�EZ.- Lo reclamamos, y no se nos dio. El se�or VALD�S (Presidente).-Ruego a los se�ores Senadores evitar los di�logos. El se�or ZALD�VAR.- �Aplique el Reglamento! El se�or VALD�S (Presidente).- Quiero hacer presente que... El se�or ZALD�VAR.- �Por qu� tiene temor? El se�or VALD�S (Presidente).-...la hora de Incidentes tiene un l�mite,... El se�or P�REZ.- Queremos reglas justas. El se�or VALD�S (Presidente).-... y no se puede prorrogar. El derecho de un Senador a contestar cuando ha sido aludido puede ejercerse en la misma sesi�n o en otra, seg�n el art�culo 97 del Reglamento. Pero en otra parte del mismo Reglamento se dispone que ni por acuerdo un�nime de la Sala puede prorrogarse la hora de Incidentes. Adem�s, debo aclarar a Sus Se�or�as que el art�culo 97 del Reglamento expresa" lo siguiente: "Cuando la referencia da�e el buen nombre de alguna de las personas se�aladas"... El se�or P�REZ.- Y yo tengo gran respeto por el Honorable se�or Zald�var. El se�or VALD�S (Presidente).- En consecuencia, estoy obligado a terminar el debate aqu� y a levantar la sesi�n. Se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 17:7. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de Redacci�n.