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El señor GAZMURI .-
Señor Presidente, el día de ayer iniciamos el trabajo correspondiente a la Comisión de Hacienda de esta Corporación en cuanto a la iniciativa sobre reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso Nacional.
Comenzamos escuchando las opiniones de los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Confederación de la Producción y del Comercio.
Tendremos oportunidad, tanto en la Comisión cuanto en la Sala, de dar nuestra opinión, en general y en particular, sobre el proyecto. Sin embargo, aprovecharé la hora de Incidentes para hacer algunas reflexiones respecto de las grandes cuestiones que, a nuestro juicio, están detrás de la normativa que el Congreso conoce en este momento.
No cabe duda de que la cuestión que suscita la necesidad de emprender dicha reforma es la constatación de los agudos desequilibrios sociales existentes en nuestro país. En el día de ayer y hoy hemos escuchado intervenciones en este sentido. Cifras más, cifras menos, comparaciones más, comparaciones menos, el hecho sustantivo es que en Chile -repito- tenemos desequilibrios sociales que resultan intolerables para una sociedad moderna y democrática, como aquella a la que todos los chilenos, o la mayoría, al menos, aspiramos. He sido elegido en una región donde hay una ciudad, la de Talca, en la cual más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza; es decir, 80 mil personas de un total de 160 mil.
En Santiago -según las últimas informaciones del año recién pasado-, 15 de cada 100 familias se encuentran en situación de indigencia, lo que significa que su ingreso familiar no les permitió siquiera adquirir la canasta básica de alimentos que señala la Organización Mundial de la Salud; 26 familias de cada 100 viven en condiciones de extrema pobreza; un millón 900 mil chilenos, en la metrópoli más grande del país, viven en situaciones que no son humanamente dignas.
Lo anterior es sufrido de manera particular y dramática por los adolescentes y los niños. Sabemos que los índices de cesantía, por ejemplo, son mucho más graves entre los jóvenes y que las carencias familiares afectan, de manera a veces irreparable, a la niñez.
Nosotros afirmamos que el problema más serio que enfrenta Chile, como nación, es la enorme desigualdad social que caracteriza a nuestro país, la que se ha agravado durante estos últimos 16 años. Porque podrán darse, señores Senadores, las cifras que se quieran; pero hemos tenido un modelo en el que la riqueza tiende a concentrarse y no a distribuirse conforme a criterios mínimos de equidad. Ha sido el propio Instituto Nacional de Estadísticas, dirigido por funcionarios del Régimen anterior, el que ha señalado cómo se ha producido este fenómeno de la concentración del ingreso generado por todos los chilenos. Y, de acuerdo con esas cifras, el 10 por ciento de las familias más pudientes del país accedía el año pasado al 41 por ciento del producto nacional.
Esta situación tiene que ser enfrentada como uno de los problemas más graves de nuestra nación. Porque nos plantea, en primer lugar, una profunda demanda ética. No es tolerable que permitamos que tantos millones de chilenos vivan en una forma que no condice con la dignidad del ser humano.
En segundo término, se nos presenta, asimismo, un desafío político. No habrá democracia ni convivencia estables mientras no vayamos superando el esquema de extrema desigualdad en que se desenvuelve nuestra sociedad.
Y, por último, también es éste un imperativo económico. No es moderna una economía ni es moderna una sociedad en la cual conviven efectivamente, como ocurre hoy día en Chile, avances productivos y tecnológicos -que nos ubican, en algunos rubros, a la cabeza, incluso, de las economías más desarrolladas del mundo- con relaciones de trabajo que se asemejan mucho a las del capitalismo del siglo XIX. Yo represento a provincias donde este fenómeno forma parte del paisaje y la convivencia diaria de los chilenos. En la de Curicó, por ejemplo, donde se cuenta con las más altas tecnologías agroexportadoras, las condiciones sociales del trabajo no se concilian con las de un país democrático y de las tradiciones del nuestro.
Se nos dice -y se sobreargumenta, a veces, con lo obvio- que para resolver estos problemas es indispensable crecer. Es evidente: el crecimiento es la única manera de asegurar progresos estables en el nivel de vida de los habitantes de una sociedad. Sin embargo, me gustaría que, por lo menos en este Senado, evitáramos entre nosotros los argumentos de obviedad. Porque es también evidente que no basta el crecimiento para asegurar la redistribución.
Hemos sido invadidos durante estos últimos años por la posición dogmática del neo-liberalismo extremo, que nos afirma que el mercado lo resuelve todo, y por teorías ya añejas en los países que les dieron origen. Y se nos pretende retrotraer a una discusión -que no es la discusión contemporánea que los chilenos tenemos que enfrentar- acerca de la extrapolación entre el mercado, como el factótum capaz de resolver todos los problemas de la sociedad, o el Estado, en su otra versión, como el ente destinado también a asegurar, en todos los planos, la felicidad de los hombres.
Las cosas en el mundo contemporáneo no son así. Por lo tanto, nosotros al menos, como socialistas, no vamos a contribuir a rebajar el nivel del debate, imprescindible en este Senado y en el país, a tales niveles de obviedad.
Sabemos que el mercado es indispensable. Los socialistas sabemos, por malas experiencias propias y ajenas, que reviste ese carácter en la asignación eficiente de los recursos en cualquier economía. Incluso, hemos reflexionado en el sentido de que el mercado es anterior al capitalismo en el desarrollo de la historia humana y de que será también, seguramente, posterior a él. Pero es de toda evidencia, asimismo, que el solo mercado no resuelve los principales problemas de la sociedad. Y señalaré únicamente tres problemas centrales de Chile y del mundo, en los que la sola operación del mercado es absolutamente insuficiente.
En primer lugar, el relativo a la protección de los recursos naturales y los equilibrios ecológicos. Es claro que la sola lógica del mercado -y esto lo hemos vivido dramáticamente en Chile- favorece la desprotección de dichos recursos y amenaza, incluso, los equilibrios ecológicos que permiten la vida humana en el mundo.
En segundo término, el mercado es insuficiente para resolver de manera adecuada la asignación de recursos en los plazos largos, y, por lo tanto, tiene que haber correctivos en esta perspectiva.
Por último, igualmente es insuficiente para asegurar una distribución socialmente equitativa de los frutos del trabajo humano.
Cuando hemos tenido además, como en la situación chilena, un extremo mercadismo, más una estructura política dictatorial, los efectos para algunos sectores de la sociedad son devastadores. Porque hemos tenido un mercado socialmente muy imperfecto. Porque la democracia también es un ingrediente que influye en el tipo de mercado que cada economía construye. Y aquí ha funcionado uno en el que ha habido intervención del Estado, como se señalaba, ayer -ya termino, señor Presidente-, pero ella ha sido completamente arbitraria, no sujeta al control público y exclusivamente en beneficio de unos sectores sociales y no de otros.
En seguida, la dictadura ha influido en que los trabajadores se hayan visto privados de la mayoría de los derechos que en toda sociedad democrática les corresponden para equilibrar, también en el mercado, la desprotección en que muchas veces se encuentran respecto del capital.
Finalizo, señor Presidente, diciendo que los socialistas y los parlamentarios del Partido por la Democracia, entraremos con el espíritu indicado y en función de los objetivos expuestos a la discusión general y particular del proyecto de ley sobre reforma tributaria que pronto conocerá el Senado.
Muchas gracias.
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