REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 319�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 8�, en martes 24 de abril de 1990 Ordinaria (De 16:15 a 18:16) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES GABRIEL VALD�S SUBERCASEAUX, PRESIDENTE, Y BELTR�N URENDA ZEGERS, VICEPRESIDENTE SECRETARIOS, EL SE�OR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERR�A, Y EL PROSECRETARIO, SE�OR JOS� LUIS LAGOS L�PEZ ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA...................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N.......................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS........................................................... IV. CUENTA............................................................................................ Amnist�a a infractores de ley N� 18.700. Exenci�n de tr�mite de Comisi�n� V. INCIDENTES: Facultad del Senado para analizar institucionalidad chilena e instituciones espec�ficas. Oficios (observaciones del se�or Pacheco). Homenaje a Monse�or Juan Francisco Fresno Larra�n. Oficios (se rinde). Justicia Social: el precio de la paz social. Oficio (observaciones del se�or Ruiz, don Jos�). Se�ales confusas del Gobierno a la ciudadan�a. Oficio (observaciones dEl se�or D�EZ). Reforma tributaria. Mal manejo de la banca privada y privatizaciones. Oficios (observaciones del se�or Lavandero). Reforma tributaria. Oficio (observaciones del se�or Sinclair). Materias propias de hora de Incidentes (observaciones del se�or Guzm�n). Protecci�n de medio ambiente y celebraci�n del "D�a de la Tierra". Oficios (observaciones del se�or Fre�, don Eduardo). VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: -Alessandri Besa, Arturo -Calder�n Ar�nguiz, Rolando -Cantuarias Larrondo, Eugenio -Cooper Valencia, Alberto -D�az S�nchez, Nicol�s -D�ez Urz�a, Sergio -Feli� Segovia, Olga -Fern�ndez Fern�ndez, Sergio -Fre� Ruiz-Tagle, Carmen -Fre� Ruiz-Tagle, Eduardo -Gazmuri Mujica, Jaime -Gonz�lez M�rquez, Carlos -Guzm�n Err�zuriz, Jaime -Huerta Celis, Vicente -Lagos Cosgrove, Julio -Larre Asenjo, Enrique -Lavandero Illanes, Jorge -Letelier Bobadilla, Carlos -Martin D�az, Ricardo -Navarrete Betanzo, Ricardo -N��ez Mu�oz, Ricardo -Ortiz De Filippi, Hugo -Pacheco G�mez, M�ximo -P�ez Verdugo, Sergio -Palza Corvacho, Humberto -Papi Beyer, Mario -P�rez Walker, Ignacio -Prat Alemparte, Francisco -R�os Santander, Mario -Romero Pizarro, Sergio -Ruiz Danyau, C�sar -Ruiz De Giorgio, Jos� -Ruiz-Esquide Jara, Mariano -Siebert Held, Bruno -Sinclair Oyaneder, Santiago -Soto Gonz�lez, Laura -Sule Candia, Anselmo -Thayer Arteaga, William -Urenda Zegers, Beltr�n -Vald�s Subercaseaux, Gabriel -Vodanovic Schnake, Hern�n -Zald�var Larra�n, Andr�s Actu� de Secretario el se�or Rafael Eyzaguirre Echeverr�a, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Lagos L�pez. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:15, en presencia de 42 se�ores Senadores. El se�or VALD�S (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or VALD�S (Presidente).- Las actas de las sesiones 5a. y 6a., ordinarias y 7a., extraordinaria, en 17 y 18 de abril en curso, respectivamente, quedan en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores hasta la sesi�n pr�xima para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or VALD�S (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las-comunicaciones recibidas: Mensajes Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica: Con el primero inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo adoptado con la Organizaci�n de Estados Americanos por Cambio de Notas de fechas 31 de marzo y 24 de junio de 1989, por el cual se agrega un p�rrafo al art�culo 11 del Acuerdo sobre la Oficina en Chile de la Secretar�a General de dicha Organizaci�n, suscrito el 7 de octubre de 1960. -Pasa a la Comisi�n de Relaciones Exteriores. Con el segundo inicia un proyecto de ley que concede amnist�a a las personas que indica, por las faltas y delitos que se�ala. (Calificado de Simple Urgencia). -Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. Con el tercero inicia un proyecto de ley que reemplaza el decreto ley N� 1.320, de 1975, sobre Cooperativas Abiertas de Viviendas. (Con car�cter de urgente. En virtud del art�culo 26, inciso primero, de la ley N� 18.918, se entiende que la urgencia es "simple"). -Pasa a la Comisi�n de Econom�a y Comercio. Con el cuarto solicita al Congreso Nacional que, al reunirse en Congreso Pleno el 21 de mayo pr�ximo para abrir sus sesiones ordinarias, se reciba la cuenta del Presidente de la Rep�blica al pa�s sobre el estado administrativo y pol�tico de la naci�n. Por resoluci�n un�nime de los Comit�s, se accede a lo solicitado, fij�ndose las 16 como hora de inicio de la sesi�n pertinente, y se acuerda comunicarlo a la Honorable C�mara de Diputados. Oficios Uno de don Mario Fuenzalida Vigar, por el que solicita la reserva respecto a los antecedentes y tramitaci�n de su solicitud de rehabilitaci�n de ciudadan�a. -Se accede a lo solicitado y el documento se manda agregar a sus antecedentes. El se�or VALD�S (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. AMNIST�A A INFRACTORES DE LEY N� 18.700. EXENCI�N DE TRAMITE DE COMISI�N El se�or LAVANDERO.- Acaba de darse cuenta, entre otros, del proyecto que concede amnist�a a las personas que por diferentes circunstancias no pudieron votar cuando correspond�a. Creo que no vale la pena que vaya a Comisi�n. Y me parece que, si se le diera lectura, podr�amos despacharlo hoy d�a sobre Tabla, porque es una materia muy simple. �Para qu� vamos a empantanar a las Comisiones con este tipo de iniciativas cuando las podemos despachar sobre Tabla? El se�or VALD�S (Presidente).- Si Sus Se�or�as est�n de acuerdo, se dar� lectura al proyecto Acordado. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Dice as�: "Art�culo �nico .- Conc�dese amnist�a a todas las personas que hayan incurrido en infracci�n a las disposiciones contenidas en los art�culos 127�, 128� y 139� de la Ley N� 18.700, Org�nica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en el per�odo comprendido entre el 1� de octubre de 1988 y el 15 de diciembre de 1989.". El se�or VALD�S (Presidente).-Ofrezco la palabra. El se�or ROMERO.- No hay acuerdo. Que pase a Comisi�n. El se�or VALD�S (Presidente).-No existe acuerdo. Por lo tanto, el proyecto pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. No hay asuntos en Tabla para esta sesi�n, por lo cual se abre la hora de Incidentes. V. INCIDENTES El se�or VALD�S (Presidente).-Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Pacheco. FACULTAD DEL SENADO PARA ANALIZAR INSTITUCIONALIDAD CHILENA E INSTITUCIONES ESPEC�FICAS. OFICIOS El se�or PACHECO.- Se�or Presidente, se�ores Senadores: Se ha planteado aqu� que no es tarea de esta Honorable Corporaci�n analizar cr�ticamente la realidad institucional del pa�s y de instituciones espec�ficas, como el Poder Judicial. Tal perspectiva nos parece equivocada, y por eso intervenimos en esta oportunidad. Chile es una Rep�blica democr�tica. En ella el poder estatal obtiene su legitimidad de la voluntad popular, la que se expresa por el pueblo a trav�s de las elecciones o los plebiscitos en que elige a sus representantes o decide directamente sobre materias de reforma constitucional o de inter�s local. El Presidente de la Rep�blica y las dos ramas del Congreso Nacional son expresi�n de la voluntad popular. Ambos �rganos -el Jefe del Estado y el Parlamento-, en cuanto colegisladores y en cuanto poder constituyente instituido, tienen el derecho y el deber de analizar los �mbitos de la realidad nacional que requieren de urgentes reformas para que se cumpla eficientemente la labor de satisfacer las necesidades sociales colectivas para la que fueron creados. Corresponde al Congreso Nacional y al Primer Mandatario, como �rganos representativos de la voluntad popular encargados por la Carta Fundamental de ejercer la potestad constituyente derivada y la potestad legislativa, verificar si la actitud de los �rganos del poder es la deseada por la concepci�n del derecho vigente en la sociedad. Si no fuera as�, no estar�an cumpliendo responsablemente su deber de evitar las crisis institucionales, anticip�ndose a ellas, y buscar los remedios adecuados para solucionarlas cuando se producen. No debe olvidarse que el �rgano Ejecutivo y el Legislativo son poderes activos, creadores de normas que regulan la convivencia social en justicia, libertad y paz. Es al Estado, y principalmente a sus poderes activos, Congreso Nacional y Gobierno, a quien corresponde, al tenor del art�culo 1� de la Constituci�n, estar "al servicio de la persona humana", "y su finalidad" -dispone dicho precepto- "es promover el bien com�n, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realizaci�n espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garant�as que esta Constituci�n establece". Al Senado le compete, se�or Presidente, dentro de sus deberes, hacer realidad esa norma, como asimismo aquella introducida por la reforma constitucional de 1989 que establece el deber de los �rganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales emanados de la naturaleza humana, garantizados por la Constituci�n, as� como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es, de ese modo, un derecho y un deber de quienes formamos parte del �rgano constituyente instituido y del �rgano legislativo hacer, con altura de miras, todos los diagn�sticos necesarios a base de los cuales se ejercer�n luego la reforma constitucional y la potestad legislativa. No hay ning�n aspecto institucional de la vida del pa�s que quede al margen de esta tarea permanente que deben desarrollar los miembros del �rgano parlamentario. Actuar de otra manera ser�a irresponsable para con el pa�s y la ciudadan�a, a la que representamos; se erosionar�a la legitimidad democr�tica del Congreso Nacional, y estar�amos contrariando nuestro deber constitucional de ser diligentes legisladores que procuran el bien com�n de la sociedad chilena aqu� y ahora. Hacer un diagn�stico de la realidad del Poder Judicial no implica revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones, avocarse causas pendientes, ni hacer revivir procesos fenecidos. Nuestro an�lisis es distinto. Se trata de determinar si el �rgano judicial est� estructurado en forma adecuada; si cumple eficientemente su funci�n constitucional; si las normas jur�dicas que regulan los procedimientos son apropiadas; si el personal es suficientemente preparado e id�neo; si las disposiciones que reglan los criterios de interpretaci�n de los preceptos legales son las convenientes; si se ha actuado con la suficiente inteligencia para preservar la justicia y los derechos humanos, sin cuya garant�a no hay Estado Constitucional de Derecho; si el Poder Judicial goza de la necesaria independencia funcional y econ�mica. Si de dicho diagn�stico emana un juicio pol�tico en t�rminos de que el Poder Judicial se encuentra en crisis por causas end�genas o ex�genas, es deber nuestro, como parte del poder constituyente instituido y del �rgano legislativo, actuar, aprovechando las reformas constitucionales y legislativas, para poner remedio a esta situaci�n y evitar que siga degrad�ndose hasta llegar a extremos en que la violencia reemplace el camino de la raz�n y de la justicia institucionalizada para resolver los conflictos de intereses al interior de la sociedad. Es labor de los Senadores, se�or Presidente, aqu�, en esta Corporaci�n, y no s�lo en la academia o en libros, preparar las reformas necesarias al ordenamiento jur�dico para hacerlo m�s acorde a los derechos humanos para que la justicia llegue a todos y los conflictos de intereses jur�dicos se resuelvan en tiempo oportuno. Quien sostenga lo contrario est� autolimitando el papel del Senado y de los Senadores en su funci�n de �rgano constituyente instituido, regulado por los art�culos 116 y 117 de la Carta Fundamental, y su car�cter de �rgano legislativo, establecido por el art�culo 42 de la misma. Finalmente, cabe se�alar que el deber del Congreso Nacional y de sus miembros es respetar la Constituci�n, como, asimismo, actuar dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. Este principio b�sico del Estado de Derecho, consagrado en los art�culos 6� y 7� de aqu�lla, lejos de afectarse por nuestro an�lisis, se encuentra reafirmado por el ejercicio de las competencias que el propio Texto Fundamental otorga a este Honorable Senado. No est� de m�s agregar que el inciso final del art�culo 49 de la Constituci�n que prohib�a al Senado destinar sesiones especiales o partes de sesiones a emitir opiniones sobre actos de Gobierno o acerca de materias ajenas a sus funciones fue derogado por la reforma constitucional de 1989, restableci�ndose en parte la dignidad y las funciones del Senado, severamente cercenadas por el r�gimen autoritario. Reafirmamos en consecuencia, se�or Presidente, todas y cada una de las expresiones vertidas en la sesi�n de esta Corporaci�n de 17 de abril reci�n pasado. Lo hacemos en cuanto miembros del poder constituyente derivado y del �rgano legislativo. Es indispensable y urgente una reforma del Poder Judicial, a fin de sacarlo de la profunda crisis en que se halla inmerso. Para ese efecto, hay soluciones que requieren de reforma tanto de la Carta Constitucional cuanto de los preceptos legales que la regulan, tal como las han especificado el Presidente de la Rep�blica, parlamentarios, e incluso miembros de la propia judicatura -entre los cuales se encuentra el Presidente de la Corte Suprema-, fuera de ser ello opini�n generalizada del cuerpo pol�tico de la sociedad, sujeto del poder constituyente, a cuyo mandato deben adecuarse todos y cada uno de los �rganos del Estado, incluido el Poder Judicial, cuya autoridad deriva tambi�n del pueblo en �ltima instancia y de cuya idea de derecho es tributario. Ruego al se�or Presidente que se sirva disponer el env�o de oficios al se�or Presidente de la Excelent�sima Corte Suprema y al se�or Ministro de Justicia, transcribi�ndoles copia de mi intervenci�n. Muchas gracias. El se�or VALD�S (Presidente).- Se remitir�n los oficios solicitados por su Se�or�a. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, pido que dichos oficios se env�en tambi�n en nombre del Comit� Dem�crata Cristiano. El se�or VALD�S (Presidente).- Se enviar�n tambi�n en nombre del Comit� Dem�crata Cristiano. La se�ora SOTO.- Y, en nombre del Comit� Partidos por la Democracia y Socialista, se�or Presidente. El se�or GONZ�LEZ.- Y del Comit� Radical, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Se dirigir�n tambi�n en nombre de los Comit�s Partidos por la Democracia y Socialista, y Radical. El se�or PALZA.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. HOMENAJE A MONSE�OR JUAN FRANCISCO FRESNO LARRA�N. OFICIOS El se�or PALZA.- Se�or Presidente, Honorables Senadores: Chile vive hoy un ambiente de gran esperanza. En efecto, nos hemos reencontrado con nuestra tradici�n hist�rico-democr�tica tras la larga noche de 16 a�os de autoritarismo. Hoy estamos impulsando esta democracia que tanto ha costado a tantos hombres y mujeres, mediante consensos entre distintos sectores ayer distanciados; hay b�squeda de concertaciones en lo social, en lo econ�mico y en lo pol�tico. Pretendemos un restablecimiento pleno de la justicia y el derecho, el que paulatinamente ir� resta�ando las heridas que han da�ado nuestra convivencia social. La situaci�n que vivimos ahora no es fruto de la casualidad o de la buena voluntad de quienes entregaron el poder ayer, sino el logro de un conjunto de voluntades que se aunaron para alcanzar una transici�n pac�fica y consensual. He estimado conveniente, como ciudadano, como parlamentario y como cristiano, rendir homenaje a quien ha sido uno de los principales impulsores de este ambiente de reencuentro c�vico en que nos hallamos. Me refiero, por cierto, a Su Eminencia el Cardenal Arzobispo de Santiago que termina su mandato, Monse�or Juan Francisco Fresno Larra�n. Muy reciente est� en la memoria de los chilenos el Acuerdo Nacional, instancia precursora de los consensos pol�ticos que ser�an la t�nica de las soluciones a los graves problemas que aquejaban al pa�s en ese entonces. Esta iniciativa no estuvo exenta de incomprensiones y de ataques. De hecho, los inmovilistas de la �poca, como asimismo los extremistas, acusaron a la Iglesia de inmiscuirse en temas contingentes, por un lado, y de ser demasiado pasiva, por otro. Es m�s: el Presidente de la Rep�blica, general Augusto Pinochet, en una actitud irrespetuosa para con la alta investidura del Cardenal, sugiri� a Monse�or Fresno "dar vuelta la hoja" cuando lo urg�a a considerar las demandas de una parte importante del pa�s. Mirado en el tiempo, el Acuerdo Nacional fue tremendamente visionario, ya que muchas de sus proposiciones fueron posteriormente acogidas e institucionalizadas. Recordemos que, como medidas inmediatas, planteaba el t�rmino de los estados de excepci�n y el pleno restablecimiento de todas las libertades p�blicas. Instaba, adem�s, a dictar con prontitud leyes pol�ticas que abrieran los registros electorales; a que terminara el receso de los partidos pol�ticos; a la realizaci�n de elecciones libres, secretas e informadas de las principales autoridades de la naci�n, y a llamar a un plebiscito con el fin de llevar a efecto una necesaria reforma constitucional. Todo ello es ahora una feliz realidad, y quienes desde el seno de la Oposici�n llam�bamos a una soluci�n pol�tica que implicara un camino utilizando la legalidad vigente -lo que se denomin� entonces la "movilizaci�n pol�tica electoral"- nos alegramos. El tiempo nos ha dado la raz�n, y esto nos compromete a seguir bregando por la b�squeda de soluciones consens�ales, dejando de lado las confrontaciones y la violencia. Es bueno recordar que la iniciativa de Acuerdo Nacional fue suscrita tambi�n por sectores pol�ticos que hoy se encuentran en la Oposici�n, pero que se caracterizaron -y lo siguen haciendo- por su esp�ritu democr�tico. Monse�or Fresno, como Pastor, consciente de las necesidades de su grey, as� como eficaz difusor de la doctrina social de la Iglesia, impuls� estas iniciativas, siguiendo el camino trazado por Monse�or Ra�l Silva Henr�quez, tambi�n un pastor incomprendido e injustamente atacado. Cuando sectores extremos de uno y otro lado del espectro pol�tico pensaban que Monse�or Fresno ser�a d�cil al Gobierno autoritario, no imaginaron jam�s la independencia de esp�ritu, la gran objetividad y el compromiso que el se�or Cardenal ten�a y mantiene con la idea de democracia y con el respeto de los derechos de las personas, elementos fundamentales de la doctrina social que emanan del Evangelio y de la tradici�n de la Iglesia. Por eso, cuando en la perspectiva del tiempo podemos rememorar esa iniciativa, estimo de justicia que en los anales de este Parlamento, llamado a velar por la mantenci�n y fortalecimiento de nuestra institucionalidad democr�tica, quede registrado un sentido homenaje al Cardenal que se aleja de sus funciones de Arzobispo, con grandes muestras de cari�o de su pueblo, para dedicarse a su ministerio con los pobres y los enfermos, como son sus deseos. Queremos hacer extensivo tambi�n este homenaje a cada uno de los se�ores obispos y a los sacerdotes y religiosas que colaboraron con la recuperaci�n del esp�ritu c�vico y de reencuentro entre los chilenos. No olvidemos que, precisamente cuando la Iglesia de Santiago era conducida por Monse�or Fresno, la Vicar�a de la Solidaridad recibi� los m�s arteros ataques, e incluso su Vicario, Monse�or Valech, sufri� un constante hostigamiento, siendo respaldado siempre por el Pastor de Santiago. Por estos motivos, cuando reconocemos y valoramos el esp�ritu esperanzador y de reencuentro en que Chile vive, no puedo dejar de expresar mi gratitud -y, con seguridad, la de los sectores democr�ticos- y decir: "Gracias, muchas gracias, Monse�or Juan Francisco Fresno, por su testimonio, por su mensaje, por sus denodados esfuerzos de reconciliaci�n, que hoy imperan en nuestro querido pa�s. Puede estar tranquilo: la cosecha empieza a llegar a los chilenos". Se�or Presidente, solicito que se env�e oficio con el texto de mi intervenci�n a Monse�or Juan Francisco Fresno. El se�or VALD�S (Presidente).- Se enviar� el oficio solicitado por Su Se�or�a, en su nombre. El se�or LAVANDERO.- Tambi�n en nombre del Comit� Dem�crata Cristiano. El se�or ROMERO.- Y en el del Comit� Renovaci�n Nacional; pero, naturalmente, sin compartir las referencias y opiniones del Honorable se�or Palza con relaci�n al Gobierno anterior. El se�or VALD�S (Presidente).- Se enviar� tambi�n el oficio en nombre del Comit� Dem�crata Cristiano y del Comit� Renovaci�n Nacional, con las salvedades que ha hecho presentes el Honorable se�or Romero. La se�ora SOTO.- Se�or Presidente, el Comit� Partidos por la Democracia y Socialista adhiere a este homenaje a Monse�or Juan Francisco Fresno y solicita que se agregue su nombre en el oficio mencionado. Pero quiere hacerlo extensivo a Monse�or Ra�l Silva Henr�quez, porque �l vivi� la etapa m�s dura y tuvo que ser precisamente la voz de los sin voz en un momento en que ellos lo requer�an. El se�or VALD�S (Presidente).- Se dirigir� tambi�n el oficio en nombre del Comit� Partidos por la Democracia y Socialista, en la forma indicada por Su Se�or�a. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, adherimos tambi�n a lo expresado por el Honorable se�or Palza y pedimos que se agregue en el oficio el nombre del Comit� Radical. El se�or VALD�S (Presidente).- Se enviar� el oficio, igualmente, en nombre del Comit� de Su Se�or�a. JUSTICIA SOCIAL: EL PRECIO DE LA PAZ SOCIAL. OFICIO El se�or RUIZ (don Jos�).- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, Honorables Senadores: El pr�ximo martes los trabajadores del mundo, y desde luego los chilenos, estar�n conmemorando un nuevo aniversario de la gesta heroica de Chicago, s�mbolo de las duras luchas que el mundo laboral ha tenido que librar para obtener un lento y parcial reconocimiento a sus derechos m�s elementales. Estimo muy propicia la oportunidad para hacer llegar al pa�s nuestro pensamiento sobre la situaci�n de los trabajadores y el papel que la democracia requiere del m�s importante sector de nuestra comunidad nacional. Cuando el Santo Padre estuvo en Chile y llam� a los constructores de la sociedad a buscar formas creativas para superar los graves problemas que afectaban -y que afectan todav�a- a los sectores marginales, recibi� muestras de respaldo y de asentimiento de toda la ciudadan�a. Pero, en los hechos, esa aceptaci�n a los planteamientos del Papa no se tradujo en medidas concretas que pudieran aliviar el drama de los pobres de nuestra Patria. Lejos de eso, hemos visto c�mo las empresas aumentaron significativamente sus utilidades en los �ltimos a�os, sin que se traspase ni siquiera una parte de esas ganancias a quienes con su esfuerzo las hicieron posibles. Los trabajadores no buscan la revancha, porque, aun cuando se sienten dolidos por el duro castigo impuesto durante los �ltimos 16 a�os, saben que necesitan de empresarios modernos y eficientes, que no sean par�sitos del Estado, sino palancas din�micas al servicio del desarrollo del pa�s; empresarios que sepan que cuentan con reglas del juego justas y estables que les garanticen su inversi�n y, por ende, la creaci�n de nuevas y bien remuneradas fuentes laborales. Los trabajadores saben que no podr�n exigir reajustes de remuneraciones superiores a la capacidad de las empresas o del pa�s, ya que significar�a "pan para hoy y hambre para ma�ana", pues desatar�a un acelerado proceso inflacionario cuyas v�ctimas principales ser�an los propios trabajadores. No se trata, en consecuencia -como se ha se�alado por algunos sectores-, de imitar experimentos realizados en otros pa�ses que hoy enfrentan graves problemas econ�micos y sociales, pero donde no ha existido ni di�logo ni participaci�n de los trabajadores. Creemos, en definitiva, en una econom�a que utilice racionalmente todos los elementos que la ciencia ha puesto al servicio del hombre, incluidos el mercado y la administraci�n eficiente del Estado, donde la empresa privada juegue un papel fundamental y los trabajadores tengan amplios espacios de participaci�n. Aspiramos a relaciones laborales respetuosas y marcadas por la solidaridad, teniendo presente siempre que la econom�a est� para servir al hombre y no el hombre como objeto de un proyecto econ�mico. Por lo tanto, esta econom�a tendr� que reconocer los derechos elementales de los trabajadores, como el derecho al trabajo, y no s�lo la libertad de trabajo; deber� establecer un nuevo concepto de salario justo, acorde con las necesidades elementales del grupo familiar, como lo dijo tan sabiamente Juan Pablo II: "Una justa remuneraci�n por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro.". Y el mismo Santo Padre, al referirse a los derechos de los trabajadores, dec�a: "Los derechos humanos que brotan del trabajo, entran precisamente dentro del m�s amplio contexto de los derechos fundamentales de la persona.". Para construir esta econom�a se necesita de un clima de paz social donde cada miembro de la comunidad se sienta part�cipe del proyecto, porque, aun cuando no forme parte del gobierno, su opini�n est� siendo considerada y su aporte es recibido con generosidad; donde la discrepancia sea posible sin llegar a las confrontaciones est�riles y paralizantes; una paz social que permita el libre funcionamiento de una institucionalidad democr�tica que tendremos que ir perfeccionando para que la soberan�a resida efectivamente en el pueblo. Sin justicia social no existe paz social, y sin �sta no hay progreso ni desarrollo. Si todos ansiamos la paz social y necesitamos de ella, el costo de lograrla debe ser asumido por la sociedad en su conjunto y no s�lo por los trabajadores, como ha sido hasta ahora. M�s a�n, creo que, en esta etapa, una mayor contribuci�n deber�an hacerla quienes m�s pueden aportar al esfuerzo colectivo, que son los sectores empresariales. Hoy, como nunca en nuestra historia, se nos presenta la enorme oportunidad de construir los grandes acuerdos que garanticen una paz social estable y duradera. As� lo entendemos quienes formamos parte de la Concertaci�n. As� tambi�n debieran entenderlo quienes son hoy oposici�n. En el campo laboral, ello debe traducirse en reformas al C�digo del Trabajo, que no pueden ser resistidas con el pretexto de que traer�n dificultades en el proceso productivo. Al contrario, cuando los trabajadores sientan que se les respetan sus derechos, que se les pagan remuneraciones justas y que tienen espacios de participaci�n, mejorar� sustancialmente el rendimiento y, por ende, la productividad de las empresas. La responsabilidad demostrada por la principal Central del pa�s, dirigida con firmeza y prudencia por Manuel Bustos, es la mejor garant�a de que es posible llegar a construir acuerdos y cumplirlos. Por su parte, el Gobierno ha desarrollado a trav�s del Ministerio del Trabajo una importante labor en la b�squeda de esos acuerdos. As� tambi�n hemos escuchado a los m�ximos dirigentes de las organizaciones empresariales movidos por las mismas motivaciones. Es hora de despejar los obst�culos y las desconfianzas que dificultan el avance. Una muestra clara de voluntad pol�tica a favor de la justicia social y comenzar el proceso ineludible del pago de la deuda social es aceptar las modificaciones al C�digo del Trabajo que en alguna medida equilibren el poder del mundo laboral con el poder de los empresarios. De all� que los cambios tienen que apuntar a proteger al m�s d�bil en la relaci�n laboral, porque, como muy bien dec�a Lacorder, "Entre el fuerte y el d�bil es la libertad la que oprime y la ley la que protege". La reforma de la ley laboral es indispensable para crear condiciones de mayor equidad en la relaci�n entre trabajadores y empresarios, pero, indiscutiblemente, no es el �nico elemento necesario para construir la paz social. Existe conciencia generalizada entre los trabajadores de que no es posible derogar toda la legislaci�n laboral vigente y reemplazarla por una nueva normativa, primero, porque un proyecto de esa envergadura llevar�a mucho tiempo de discusi�n y hay reformas que no pueden esperar, y en segundo lugar, porque un texto completo ser�a resistido por el sector empresarial y, por lo mismo, su aplicaci�n ser�a materia de permanente conflicto. Todo ello, aun cuando se cuente con las mayor�as parlamentarias suficientes para su aprobaci�n. En consecuencia, estimamos que el mejor camino es el que se esta explorando hoy, de promover y apoyar el di�logo entre trabajadores y empresarios, sin perjuicio de llevar adelante las modificaciones m�s sentidas por aqu�llos si en un plazo razonable no se logran los acuerdos esperados. Como una contribuci�n al debate, y sin entrar en detalles, enumerar� las materias que a mi juicio requieren de una pronta soluci�n. T�rmino del Contrato de Trabajo. No se puede aceptar la existencia de una norma legal que permita el despido arbitrario de un trabajador. Es �tica y moralmente inaceptable que a un funcionario se lo despida de su puesto de trabajo sin causa y sin explicaci�n. �Qu� le dice ese trabajador a su familia cuando llega a su casa y comunica que ha perdido su fuente de sustento y no sabe por qu�? Es razonable que en circunstancias excepcionales se pueda convenir entre la empresa y el sindicato una reducci�n de la planta del personal por motivos muy justificados, buscando la forma de indemnizar a quienes deban enfrentar esta extrema medida; y si no hay acuerdo, debe encomendarse a los tribunales del trabajo dirimir el conflicto. En consecuencia, no es aceptable mantener la vigencia de la letra f) del art�culo 155 y el art�culo 157 del C�digo del Trabajo, como tampoco puede admitirse que un dirigente sindical sea despedido arbitrariamente sin que la ley exija el reintegro obligatorio a su puesto de trabajo y, por ende, a su cargo sindical, del cual s�lo puede ser despojado por los propios trabajadores o por los tribunales de justicia, pero en ning�n caso por la sola voluntad del empleador. Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales Este principio debe restituirse, sin perjuicio de establecer la posibilidad de modificar los contratos de trabajo, en cualquier tiempo, siempre que concurra la voluntad del sindicato. Por ende, carecer� de validez cualquier renuncia individual a derechos otorgados por las leyes del trabajo o por las negociaciones colectivas, pudiendo el afectado exigir el pago de las remuneraciones o beneficios perdidos, con los reajustes correspondientes y sin l�mite de tiempo. Derecho a Huelga Reconociendo que la huelga es un derecho extremo al que pueden recurrir los trabajadores cuando no han logrado un acuerdo con la empresa, su ejercicio debe estar plenamente garantizado por la ley, sin las limitaciones excesivas que hoy lo hacen muy poco efectivo. Por lo tanto, la �nica limitaci�n que la ley puede fijar al ejercicio efectivo de la huelga debe ser el debido resguardo del bien com�n. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Perd�n, se�or Senador, pero ha terminado el tiempo del Comit� Dem�crata Cristiano. El se�or NAVARRETE.- El Comit� Radical cede parte de su tiempo al Honorable se�or Ruiz. El se�or RUIZ (don Jos�).- Gracias, se�or Senador. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Puede continuar Su Se�or�a. El se�or RUIZ (don Jos�).- Gracias, se�or Presidente. Funcionamiento de las Organizaciones Sindicales El pa�s necesita de un sindicalismo fuerte, que sea un efectivo interlocutor con la empresa, otras organizaciones y el propio Gobierno. Para ello, resulta imprescindible eliminar las trabas legales que hoy dificultan su organizaci�n y mantenimiento. Lo anterior es especialmente grave en las peque�as empresas, cuyos trabajadores casi no pueden sindicarse, ni menos negociar colectivamente, quedando entregados casi siempre a la arbitrariedad del empresario. De all� deriva la mayor parte de los abusos que se cometen, por ejemplo, con los trabajadores de firmas contratistas o sub-contratistas, verdaderos esclavos, por el trato denigrante que reciben y por las miserables pagas con que se retribuye su esfuerzo. Ello, sin contar con el hecho de que la justificaci�n real, en la pr�ctica, es eludir las remuneraciones que el sindicato ha pactado con la empresa. La ley debe facilitar efectivamente la organizaci�n sindical; permitir la negociaci�n colectiva por empresa o como lo convengan libremente los trabajadores y los empresarios, y establecer la obligaci�n de los descuentos por planillas a todos los trabajadores que se benefician con la acci�n sindical. Es decir, somos partidarios de la cotizaci�n obligatoria y de la afiliaci�n voluntaria. Un sindicalismo sin recursos es d�bil y se vuelve dependiente; no garantiza la estabilidad de la relaci�n laboral, y, por lo tanto, es motivo de permanente conflicto al interior de la empresa. Los sindicatos deben tener una activa participaci�n, en especial, en los programas de capacitaci�n y formaci�n que deben impulsar las industrias, por un lado, para lograr el desarrollo integral del trabajador en su af�n por superarse, y por otro; debido a las necesidades propias de la empresa, siempre presionada por los avances tecnol�gicos, que exigen nuevos conocimientos y disciplinas para obtener los niveles de eficiencia que demanda la competitividad de los mercados. Finalmente, se�or Presidente, un saludo y un recuerdo. Saludo a todos los trabajadores que hoy se juntan por primera vez, despu�s de la larga noche de la dictadura, para reflexionar sobre sus luchas y sufrimientos, pero tambi�n sobre sus esperanzas y aspiraciones. Saludo a quienes con fe y perseverancia se entregaron a la causa de la libertad y sacrificaron lo mejor de s� mismos para dar a sus hijos una patria libre, justa y buena, como ha dicho el Presidente Aylwin. Saludo tambi�n a los que no tuvieron el coraje de luchar pero de alguna manera facilitaron la tarea de sus dirigentes o entregaron el peque�o pero significativo aporte econ�mico en los momentos de mayor crisis. Por �ltimo, saludo a los que equivocadamente respaldaron la dictadura y hoy abren los ojos a la verdad y est�n dispuestos a sumar sus esfuerzos para reconstituir la convivencia nacional. Pero, especialmente, deseo recordar hoy a un gran amigo y dirigente sindical, a un hombre ejemplar que en los momentos m�s duros de la dictadura supo que el camino de la libertad pasaba por la unidad de las fuerzas sociales y pol�ticas del pa�s para librar una lucha en conjunto. Y justamente por eso lo asesinaron. Quiero, en la persona de Tucapel Jim�nez Alfaro, rendir un homenaje a todos los m�rtires del movimiento sindical, que no s�lo sacrificaron su tiempo y la tranquilidad de su hogar por la noble causa de los trabajadores, sino que fueron capaces de entregar su vida para que otros pudieran vivir, y vivir en libertad. Y en este Honorable Senado, orgullo de las tradiciones republicanas de la Patria, al comenzar a caminar hacia el siglo XXI, deseo que, en un gran esfuerzo por el reencuentro de la familia chilena, y con la aprobaci�n de mis Honorables colegas, enviemos un saludo especial a la viuda de Tucapel Jim�nez, asumiendo el compromiso de que pondremos todos nuestros esfuerzos para que su asesinato no quede impune, porque es el alma nacional la que est� herida. Muchas gracias, se�or Presidente. -(Aplausos en tribunas). El se�or URENDA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable se�or Navarrete. El se�or NAVARRETE.- Gracias, se�or Presidente. Los Senadores del Comit� Radical deseamos adherir serenamente, pero de manera muy firme y emotiva, a las palabras del Honorable se�or Ruiz en el homenaje rendido a los trabajadores, m�s a�n cuando se trata del primer 1� de mayo de los �ltimos 16 a�os en que los trabajadores tendr�n la oportunidad de celebrar con un Gobierno democr�tico sus justas reivindicaciones. Pero, particularmente, por el recuerdo que Su Se�or�a ha hecho de tantos dirigentes sindicales que fueron muertos en su lucha por que los valores que todos aqu� estamos tratando de restablecer prevalezcan en nuestra convivencia y en nuestras relaciones y, en especial, por el recuerdo que el se�or Senador ha hecho de nuestro amigo, militante del movimiento sindical por sobre todas las cosas, pero hombre que durante su vida fue parte de nuestra organizaci�n pol�tica, el Partido Radical de Chile. Nos sumamos, por tanto, a las palabras emotivas que Su Se�or�a ha pronunciado en recuerdo de Tucapel Jim�nez y de su viuda, quien a�n lo tiene presente, como todos nosotros. El se�or URENDA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable se�or Gonz�lez. El se�or GONZ�LEZ.- Se�or Presidente, fui amigo personal de Tucapel Jim�nez durante toda su vida. Deseo, entonces, que el oficio a su viuda sea tambi�n enviado en mi nombre. El se�or URENDA (Vicepresidente).-As� se har�, se�or Senador. La se�ora SOTO.- Tambi�n en nombre del Comit� Partidos por la Democracia y Socialista, haciendo presente que fuimos asimismo amigos del gran sindicalista Tucapel Jim�nez, junto a quien estuvimos en grandes jornadas de defensa de los derechos humanos. El se�or URENDA (Vicepresidente).- Se agregar� el nombre de su Comit�, se�ora Senadora. El se�or LAVANDERO.- El Comit� Dem�crata Cristiano tambi�n adhiere al homenaje a la figura tan querida de Tucapel Jim�nez, quien tanto aliento nos dio para recuperar la libertad y la democracia. Por lo tanto, expresamos nuestro respeto y saludo a su viuda. El se�or URENDA (Vicepresidente).-Se proceder� de esa forma, se�or Senador. Corresponde el tiempo al Comit� Renovaci�n Nacional. Tiene la palabra el Honorable se�or Diez. SE�ALES CONFUSAS DEL GOBIERNO A LA CIUDADAN�A. OFICIO El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, Honorable Senado: Las personas que hemos adquirido cargos de responsabilidad en el funcionamiento del r�gimen democr�tico tenemos la intenci�n -estoy seguro- de poner toda nuestra voluntad pol�tica en el perfeccionamiento de las instituciones y, al mismo tiempo, en tratar de que dicho sistema no s�lo sea perfecto en su marcha, sino tambi�n eficaz en solucionar los problemas de nuestro pueblo. La prudencia en el cambio que debemos establecer en la Constituci�n o en las leyes del pa�s no es autolimitante. La b�squeda del bien com�n regla no s�lo el fondo, sino adem�s la oportunidad de las acciones pol�ticas. La acumulaci�n de muchas reformas, algunas meramente enunciativas, pero que cubren una amplia gama de la actividad nacional, puede hacernos perder ese bien tan preciado que es la confianza de los actores del desarrollo, la cual precisamente se encuentra basada en la estabilidad. Las observaciones que hago esta tarde -que son en mi nombre- no tienen otra intenci�n que la de llamar la atenci�n de la opini�n p�blica y del gobierno sobre algunos signos que se entregan a la ciudadan�a en forma confusa; que promueven, por una parte, aumento de expectativas, y por otra, inquietudes, y que hacen dilatar decisiones y provocan, en algunos casos, el deterioro paulatino de ciertas actividades, lo cual, a veces, nos hace temer el aumento de los �ndices de desempleo y la baja del crecimiento del pa�s, que nadie desea producir. Algunos de los aspectos a que me refiero los se�alar� muy someramente esta tarde, sin perjuicio de que cuando se discutan los proyectos espec�ficos hagamos presentes nuestros puntos de vista de fondo sobre la materia. La reforma tributaria fue anunciada mucho antes de contarse con un proyecto concreto. Y eso dio lugar a especulaciones y a inquietudes. Luego, al conocerse las conversaciones del Ejecutivo con Renovaci�n Nacional, qued� de manifiesto que la pol�tica del Gobierno trataba de conducirse, ahora, en t�rminos moderados. Pero �qu� puede pasar m�s adelante? Existe, al parecer, la amenaza de un cambio importante en la asignaci�n de responsabilidades en el proceso de desarrollo. En efecto, la Administraci�n anterior promovi� la iniciativa privada como principal motor de crecimiento. La reforma tributaria, o es el inicio, o podr�a constituir el inicio de nuevas tendencias de car�cter estatista. Es cierto que el Gobierno camina con moderaci�n. Pero, a mi juicio, camina con moderaci�n por caminos equivocados. Por otra parte que, aun cuando se habla de que �sta ser�a la �nica reforma en el curso del cuadrienio del presente R�gimen, declaraciones de autoridades -como es el caso de don Pablo Pi�era- reflejan que ello no es efectivo y que podr�an producirse modificaciones fundamentales en el campo de la tributaci�n indirecta. Es curioso por otra parte que, al consultarse sobre el destino de los recursos que se generar�n para el Fisco con la reforma tributaria, no se logre todav�a estructurar sus usos espec�ficos. Incluso, autoridades de Gobierno han se�alado que parte de ellos podr�a destinarse al ahorro p�blico. �Qu� razones valederas existen para transferir ahorro privado -como era el caso de las utilidades retenidas por las empresas- a ahorro p�blico? �Hay alguna medida v�lida que garantice el uso de esos ahorros con mayor eficiencia por parte del sector p�blico que por parte del sector privado? �No son precisamente la eficiencia y el desarrollo del pa�s la �nica manera de asegurar, en un r�gimen de libertad, el mejoramiento de las condiciones individuales y familiares, la garant�a de un trabajo y el aumento de las posibilidades de encontrar ocupaci�n y de ver mejorados los ingresos y los salarios? Por eso, aunque reconocemos la moderaci�n en el Gobierno, creemos que �ste se conduce, con moderaci�n, por rutas b�sicas e hist�ricamente equivocadas. El aumento del impuesto al valor agregado, anunciado desde hace bastante tiempo, ha llevado a muchos agentes econ�micos a expectativas de alzas de precios que han afectado la prioridad antiinflacionaria que pareciera desprenderse, y con raz�n, de los diferentes discursos e intervenciones del se�or Ministro de Hacienda. Particular menci�n merece la gran duda que se nos presenta frente al IVA. Quienes tenemos experiencia pol�tica sobemos que, por muy buena que sea la intenci�n del Gobierno, los m�s pobres son como inasibles para gozar de los progresos que da el sector p�blico, pues s�lo los logran cuando consiguen trabajo y salario. No est�n encuestados; no reciben asignaci�n familiar; no se inscriben en los registros de allegados; no conocen el sistema de la vivienda. Y a �sos, a los m�s pobres, les vamos a recargar-eso s� que es cierto- el costo de su propia vida a trav�s de un aumento del IVA. Menci�n especial merece, asimismo, la sustituci�n del r�gimen de presunciones -particularmente lo digo por la zona que represento- en el sector agr�cola. En mi concepto, los problemas propios de la actividad agr�cola hacen del abandono de la presunci�n y de la declaraci�n basada en contabilidad y renta efectiva una traba al progreso tecnol�gico, el que ha sido tan importante en estos �ltimos a�os. En materia agr�cola hay problemas complicados y dificil�simos de determinar. La distinci�n entre gasto e inversi�n; el concepto de rentabilidad anual, que muchas veces no existe en algunas actividades agr�colas; la amortizaci�n de bienes del activo, etc�tera, hacen a mi juicio inconveniente para el sector un sistema distinto del de presunci�n. Parece contradictorio, por otra parte, decir que se desea frenar la inflaci�n y usar para ello el camino de los intereses altos, que pueden ser necesarios, pero que -nadie puede dejar de reconocerlo- retardan el crecimiento y deterioran algunas actividades, como lo ha se�alado el se�or Ministro de la Vivienda. Por otro lado, adem�s de los intereses altos, el alza de los tributos; los aumentos de plantas en los ministerios o reparticiones p�blicas (quiz�s necesarios, pero inoportunos en esta hora en que tratamos de disminuir la inflaci�n), y el incremento del gasto fiscal, tambi�n parecen contradictorios con el af�n del Gobierno de frenar la inflaci�n. No es que seamos insensibles a los problemas de nuestro pueblo que el Ejecutivo pretende, de buena fe, abordar con sus mayores ingresos, sino que en nuestra opini�n, en definitiva, el progreso se construye sobre la base del desarrollo del pa�s, y es el desarrollo el que da las mejores y mayores oportunidades. Tambi�n nos llama la atenci�n que en este per�odo de coyuntura, en que el Gobierno reclama mayores recursos para emprender precisamente las tareas m�s urgentes de bien p�blico, se oigan voces que se refieren a las privatizaciones, y se nos haya anunciado la paralizaci�n total de �stas, como, asimismo, algunas eventuales revisiones de las realizadas en el per�odo anterior. Ah� podemos observar, una vez m�s, quiz� la tendencia estatista de quienes han asumido algunas responsabilidades ministeriales. Y no existe duda alguna de que eso demuestra, con raz�n, que estamos caminando, con buenas palabras, por senderos equivocados. El problema laboral es otra causa de preocupaci�n, y se presta a confusiones. Y siento que se hayan postergado las decisiones. Porque se ha dicho espec�ficamente que se nos propondr� la negociaci�n colectiva por actividad y que se someter�n a revisi�n los mecanismos de la huelga, adem�s del r�gimen de cotizaci�n obligatoria. No cabe duda alguna de que implantar nuevamente la negociaci�n colectiva por actividad va en la direcci�n de establecer vinculaciones -altamente da�inas para su efectividad- del proceso productor con el poder y la presi�n pol�tica, m�s a�n cuando las presiones de sindicatos globalizados tienen m�s posibilidades de intervenir y de perjudicar el prop�sito de mantener una econom�a competitiva, no s�lo hacia el interior del pa�s, sino (y en forma muy importante) con nuestras exportaciones en los mercados internacionales. Otra vez, a mi juicio, el Gobierno, con buena voluntad y moderaci�n, marcha por caminos equivocados. Por otro lado, estas se�ales estatistas se confirman con declaraciones de otros personeros del Ejecutivo. El se�or Ministro de Salud ha anunciado la vuelta de las atenciones primarias al r�gimen estatal. Nuevo indicio de que no se conf�a en las autonom�as ni de los individuos ni de otros �rganos intermedios de la sociedad. No hay duda de que debe modificarse y perfeccionarse el sistema; pero no nos parece que la soluci�n sea la vuelta al fracasado r�gimen estatal de las atenciones primarias. Hace pocos d�as, el Superintendente de Seguridad Social hizo una serie de anuncios sobre medidas posibles de adoptar en el sistema previsional, como tambi�n en cuanto al incremento de asignaciones y subsidios. Si bien a dicho funcionario se le pidi� la renuncia, las razones invocadas no indican ni precisan en parte alguna la disconformidad gubernamental con los aspectos conceptuales de las declaraciones formuladas por ese personero. El Superintendente se refiri� a la necesidad de establecer administradoras de fondos de pensiones estatales, y -lo que es m�s grave- manifest� serias dudas sobre el principio de subsidiariedad, al que calific� como "principio ordenador seguido por el R�gimen militar". Expres� dudas acerca de si tal principio era compatible con la solidaridad. Nuevamente se puede apreciar la presencia del estatismo, que lleva a determinar que s�lo el Estado es o puede ser solidario y que, en consecuencia, la iniciativa privada no conduce a posiciones de justicia. Se es partidario de la libertad de empresa, pero se desconf�a b�sicamente de los empresarios. Estos planteamientos van, poco a poco, siendo manifestaciones que reflejan una tendencia de cambios bastante m�s profundos que los que podemos apreciar a primera vista. Se nos habla tambi�n de una reforma municipal para la elecci�n de alcaldes. Nosotros hemos se�alado nuestro acuerdo en que esas autoridades sean elegidas por votaci�n popular; pero, otra vez, la b�squeda del bien com�n nos debe llevar a analizar la oportunidad de dicho cambio. Una reforma municipal implica una modificaci�n constitucional, y, por lo tanto, se abre un tema de debate que dif�cilmente podr� incluir s�lo la reforma municipal. Lo l�gico es que las autoridades elegidas completen su mandato y que nosotros analicemos la Constituci�n para producir efecto en el per�odo presidencial siguiente. Cuando se introdujeron las 52 reformas, el pa�s qued� convencido de que eran las modificaciones substanciales para la convivencia democr�tica. No parece l�gico que, a las pocas semanas de Gobierno, estemos otra vez cambiando nuestra Carta Fundamental, espina dorsal de nuestro sistema universal. Y no parece l�gico modificarla sin que la hayamos probado. El pasado est� real y emocionalmente demasiado reciente y ocupa nuestra atenci�n con mucho mayor fuerza que el futuro. Tambi�n, efectuar una elecci�n general en todo el pa�s en estos cuatro a�os constituye -y los dirigentes pol�ticos y los analistas pol�ticos van a concordar conmigo- un grado de inestabilidad y de incertidumbre antes y despu�s de ella, cualquiera que sea el resultado. A mi modo de ver, perturba el gobierno tranquilo del Presidente que reci�n inicia su gesti�n. Ahora, no s�lo se anuncia una reforma constitucional del sistema municipal. Tambi�n se nos ha hablado de otra para modificar las bases fundamentales del Poder judicial y crear instituciones desconocidas en nuestra legislaci�n, con conceptos peligrosos, aun con el concepto peligroso expresado por el Honorable se�or Pacheco cuando habla de revisar los criterios de interpretaci�n y la aplicaci�n de la inteligencia a los fallos judiciales. Indiscutiblemente, ese es otro tema de inquietud, por cuanto, si bien nos interesa de manera fundamental el progreso del Poder Judicial, estimamos que ello debe hacerse sobre las bases constitucionales actuales, sobre los principios sanos establecidos en la Constituci�n vigente. Pero si reformamos la Carta Fundamental para modificar el r�gimen municipal -lo que nos lleva a elecciones- y cambiamos las bases constitucionales del Poder Judicial - inclusive, algunos dirigentes pol�ticos desean analizar el experimento de la vuelta al r�gimen parlamentario-, estamos evidentemente arriesgando la estabilidad pol�tica y jur�dica del pa�s y ese bien inapreciable que es la confianza, sin los cuales el progreso y, por consiguiente, la soluci�n de los problemas de nuestro pueblo se alejan. Por �ltimo, el se�or Ministro de Relaciones Exteriores nos dice que Chile desea colocarse de nuevo en el marco estrecho del tercermundismo y de los pa�ses no alineados. No nos cabe duda alguna de que nuestra naci�n, con el prestigio adquirido; con su situaci�n econ�mica en los mercados internacionales; con la forma como se realiz� la transici�n a la democracia, y con el alto concepto que el mundo tiene -y con raz�n- de sus dirigentes actuales, puede ejercer una influencia importante en los pa�ses que adoptan pol�ticas renovadoras. �Para qu� nos quieren encerrar en los estrechos m�rgenes del Tercer Mundo! Lo l�gico es que miremos el futuro internacional con mayor proyecci�n, con m�s realismo, y no compartiendo los prejuicios de muchas de las naciones del Tercer Mundo. Se�or Presidente, estas observaciones no tienen como objeto crear alarma. Pero es obligaci�n nuestra ir se�alando a tiempo al Gobierno de la Rep�blica, a trav�s de las intervenciones y de los debates en el Senado, nuestra preocupaci�n por la acumulaci�n de problemas pol�ticos que, necesariamente, producen inquietud. Hace algunos d�as, un alto funcionario del Ejecutivo anunci� por la prensa que vendr�an m�s de 30 proyectos. Como es l�gico, eso hace dudar y detener decisiones importantes para la marcha del pa�s. Desear�a, se�or Presidente, que estas observaciones fueran transmitidas, en mi nombre, al Presidente de la Rep�blica. -(Aplausos en las tribunas). El se�or VALD�S (Presidente).- Se recuerda al p�blico asistente que est� prohibido hacer manifestaciones. El se�or ROMERO.- �Cu�nto tiempo nos resta, se�or Presidente? El se�or VALD�S (Presidente).- Dos minutos, se�or Senador. El se�or ROMERO.- El Comit� Renovaci�n Nacional se reserva ese tiempo. El se�or VALD�S (Presidente).- Con el mayor gusto, se�or Senador. Se enviar� el oficio solicitado por el Honorable se�or D�ez. Tiene la palabra el Honorable se�or Prat. El se�or PRAT.- Solamente para sumarme a lo expresado por el Honorable se�or Diez. El se�or VALD�S (Presidente).- Se considerar� la adhesi�n de Su Se�or�a. Ofrezco la palabra. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, nos ha cedido su tiempo el Comit� Partidos por la Democracia y Socialista. Si fuera posible, nos gustar�a ocuparlo en seguida, para contestar al Honorable se�or Diez. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. REFORMA TRIBUTARIA. MAL MANEJO DE BANCA PRIVADA Y DE PRIVATIZACIONES. OFICIOS El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, deseo hacerme cargo de las observaciones formuladas por el Honorable se�or Diez, Senador por la D�cima Regi�n, en la que no hace mucho tiempo compartimos una larga jornada electoral y donde Su Se�or�a, en un comienzo, al partir, se�al� que all� no exist�a pobreza. Sin embargo, pudimos demostrar estad�sticamente -y lo comprobamos en nuestros recorridos- que es de una pobreza inmensa: es la segunda Regi�n m�s pobre de Chile. Y cuando hoy planteamos un proyecto que implica hacer un esfuerzo real para contribuir a paliar la pobreza en que yacen m�s de cinco millones de chilenos y que all� alcanza a una cifra sideral, vemos al Honorable se�or Diez levantar su voz en esta tribuna protestando, en el fondo, por el significado de esta reforma tributaria, que no es otro que traspasar un poco de lo mucho que tienen algunos sectores a los m�s desvalidos, a los m�s pobres, a los sectores de trabajadores, a aquellos que jam�s fueron considerados durante los 16 a�os del R�gimen anterior. En ese per�odo se acordaron solamente de quienes ten�an que crecer, enriquecerse; de los que fueron los "peces grandes", que siempre se comieron a los "peces m�s peque�os", a la gente modesta. Y as� florecieron las enormes fortunas, se�or Presidente; fortunas no a nivel siquiera sudamericano, sino incluso al de pa�ses desarrollados. Pero se habla aqu� como tratando de dudar de que �sta ser�a la �nica reforma tributaria que se har�a, en circunstancias de que el Presidente Aylwin ha se�alado enf�ticamente que s� lo ser�. En seguida, a nadie escapa que la inflaci�n a la que estamos abocados y contra la cual estamos luchando fue producto de una farra provocada con afanes electoralistas por el R�gimen anterior, que nos ha dejado como saldo una inflaci�n cercana al 32% y que ha incidido en el presupuesto de la naci�n, al punto de dejarlo desfinanciado. Y no solamente cabe destacar el problema del desfinanciamiento como resultado de la inflaci�n, que no est� contemplada en el presupuesto nacional, sino tambi�n, comparativamente hablando, los gastos que se van a realizar entre 1989 y 1990, que son extraordinariamente inferiores en materia de vivienda, salud y educaci�n. Por lo tanto, nadie podr�a decir que estamos viviendo en Jauja, ni que nos han dejado un pa�s floreciente desde el punto de vista econ�mico y del trabajo que se hiciera, desde esa misma perspectiva, en el Gobierno del general Pinochet. Pero, se�or Presidente, lo que me hace hervir la sangre, lo que me intranquiliza y molesta es que, cuando el Gobierno democr�tico que se instala est� solicitando 600 millones de d�lares para invertir en los m�s pobres, haya Senadores de algunas bancadas, como el Honorable se�or Diez, que de alguna manera hagan asco a este esfuerzo que honesta y sinceramente realiza el primer R�gimen democr�tico despu�s de 16 a�os de dictadura. Cuando el Honorable se�or D�ez habla de la eficiencia del sector privado, observo con pavor la cartera vencida de los bancos en falencia, que fue rescatada por el Banco Central durante el Gobierno anterior para evitar la quiebra del sistema bancario que pertenec�a al sector privado. Y no estoy hablando de menudencias, de migajas, de cifras menores; ni siquiera estoy hablando de los 600 millones de d�lares para los pobres �Estoy hablando, se�or Presidente, de 3.200 millones de d�lares, que constituyen la cartera vencida de la banca privada, de cuya eficiencia hoy se jactan, en circunstancias de que mediante una serie de sociedades de papel, sociedades fraudulentas, se hizo una verdadera exacci�n de las riquezas nacionales! Y lo curioso, se�or Presidente, es que esos 3.200 millones de d�lares, que equivalen a m�s de 900 mil millones de pesos, si uno mira los balances de los bancos, no figuran en ninguna parte; son deudas que les cancel� el Fisco por intermedio del Banco Central. Cuando antes, en los reg�menes democr�ticos de la Rep�blica, el Gobierno quer�a promover una actividad -por ejemplo, la agr�cola-, descontaba letras. Y el banco respectivo, para destacar la pol�tica triguera, por ejemplo, pod�a redescontarlas en el Banco Central. .Y hab�a constancia de la deuda. Pero hoy no existe constancia alguna. En los balances de las instituciones bancarias no figura la cartera vencida. Y los bancos que debieron recurrir a tan peculiar procedimiento eran, en su gran mayor�a, manejados por reconocidos grupos econ�micos del pa�s. Ha ocurrido, entonces, que el Estado -o sea, todos los chilenos- ha aportado esa gigantesca suma, que permitir�a con holgura erradicar la pobreza, construir los hospitales que faltan, crear escuelas, designar profesores y asegurar un futuro m�s tranquilo a todos los jubilados y montepiadas de la naci�n. Esa cantidad enorme de dinero la adeudan principalmente tres bancos privados: el Banco de Chile, el Banco de Santiago y el Banco de Concepci�n. Y deber�an pagarla expresada en unidades de fomento, con un inter�s anual del 5%. �Existe alg�n deudor modesto que disfrute de semejantes condiciones, se�or Presidente? El plazo de pago se alarga hasta el infinito mediante una ley arbitraria y no democr�tica. Y, a la postre, la cancelaci�n de la deuda no se producir� jam�s. Varias respuestas se requieren acerca de este grave latigazo al est�mago de los pobres; de los enfermos; de los jubilados y montepiadas; del hombre de trabajo, obrero o empresario, y, en general, de todos los grandes perjudicados por esta fr�a econom�a de mercado que estableci� el R�gimen anterior y que nos hizo creer que los privados enriquecidos primero devolver�an despu�s al pueblo, con su solidaridad, algunas conquistas. Si estimamos el crecimiento anual de la unidad de fomento, en su valor en pesos, en un moderado 20%, m�s el inter�s anual de 5% sobre esa cuantiosa obligaci�n, resulta que el reajuste anual de la deuda, que ir�a "in crescendo", ser�a una cifra cercana a los 250 mil millones de pesos. De manera que en esta misma suma se incrementar�n los 3.200 millones de d�lares. Las utilidades de todos los bancos en 1989 fueron del orden de 117 mil millones de pesos. Es decir, menos de la mitad de lo que costar�a servir esa tremenda deuda externa derivada del mal manejo que de esta actividad privada bancaria se hizo a contar de 1982. Y conste que no son m�s de 150 los due�os de los bancos que obtuvieron utilidades por 117 mil millones de pesos. O sea, 150 personas est�n recibiendo 117 mil millones de pesos. Y si se considerara la actividad que han realizado, todos estos bancos, por supuesto, estar�an t�cnicamente quebrados y no podr�an pertenecer al sector privado, sino a quien los salv�: el Estado o, por el capitalismo popular, el pueblo de Chile. Esta situaci�n es curiosa: cuando el negocio es bueno, hay que acudir a la actividad privada; cuando los privados hacen malos negocios y pierden su plata, entonces se transforman en socialistas, para poder salvarse de las quiebras y de las trampas que han cometido. Se�or Presidente, cabe agregar que hay deudores que est�n pagando sus obligaciones a los respectivos bancos. �Cu�ntos de ellos? �Qu� montos? �Qu� inter�s? Cabr�a suponer que los bancos salvados de la quiebra deber�an trasladar la generosidad estatal del Gobierno pasado a sus propios deudores, para as� aliviar su pesada carga. No ocurre nada semejante. Es de conocimiento p�blico que algunos grandes empresarios han logrado muy especiales soluciones a sus problemas crediticios. El primer paso para esclarecer �sa y otras interrogantes de esta verdadera exacci�n de los fondos p�blicos debe ser un informe exhaustivo y minucioso de la Superintendencia de Bancos, que contenga el proceso completo de esta deuda colosal: c�mo se origin�; qui�n ide� este curioso arreglo; cu�les son las instituciones favorecidas; monto de las cantidades tan liberalmente facilitadas a cada una de ellas; servicios anuales que hayan efectuado con relaci�n a las utilidades percibidas por ellas mismas; identidad de cada deudor, y un balance completo del estado de recuperaci�n por cada banco de sus propias carteras. �El Estado y el pa�s tienen el derecho inalienable de conocer todos y cada uno de estos antecedentes! Cabe se�alar, asimismo, las privatizaciones de sectores importantes de nuestra econom�a realizadas a espaldas de la naci�n, favoreci�ndose intereses particulares que todav�a no salen a la luz p�blica. Pero hemos visto el esc�ndalo. Lo public� "La Segunda" los d�as 17 y 18 del mes en curso. Y ello se suma a las declaraciones del se�or Allamand en el sentido de que hay una crisis del Poder Judicial. All� est� en juego la falsificaci�n de estas acciones del sector privado. Y se hallan involucrados doce notarios de alta jerarqu�a en el traspaso de estas acciones privatiza-das, falsificadas, con p�rdida de la credibilidad del Estado, de los peque�os ahorrantes, de inversionistas extranjeros. Un japon�s que cre�a disponer de una cantidad enorme de acciones se dio cuenta de que s�lo ten�a papeles falsificados. �Es �sa la actividad privada que estamos defendiendo y comparando con los ejemplos que ha dado CORFO, con lo que ha hecho ENTEL, con tantas empresas creadas, muchas de las cuales fueron privatizadas aduciendo �enormes p�rdidas!? �Y qui�nes estaban? Un almirante se encontraba a cargo de una de estas empresas, que ten�a 500 millones de pesos de p�rdida. Se privatiz�, y a los seis meses comenz� a dar utilidades extraordinarias, fabulosas. El mismo personero que dirig�a mal la actividad p�blica sigui� en la actividad privada, para obtener extraordinarias utilidades. �Qu� se puede pensar de esta situaci�n? �Qu� es esto, se�or Presidente! �Qu� es esto, se�ores Senadores! �No hay envuelta aqu� una situaci�n tenebrosa y m�s profunda? �C�mo es posible que un mal administrador, con las mismas facultades, contin�e en algo que era un mal negocio, pero que, al privatizarlo, aparece al d�a siguiente como un negocio floreciente al servicio de los privados y, todav�a m�s, vendido en dos tercios de su valor libro? �Aqu� hay esc�ndalos serios! Y, en est� Sala, el Honorable se�or Diez viene a levantar su voz para reclamar porque nosotros, los dem�cratas, quienes hemos luchado para que vuelva la democracia, queremos devolver en parte -�siquiera en parte!-lo perdido en este largo per�odo por la cesant�a; por la persecuci�n pol�tica de estos diecis�is a�os; por el exilio; por el encarcelamiento; por el temor que rein� en todo el pa�s. Pero cuando hablamos de seiscientos millones de d�lares, hay Senadores que levantan su voz para escatimar este acto de justicia que los dem�cratas tratamos de llevar a cabo para reparar el tremendo da�o inferido en estos diecis�is a�os. Se�or Presidente, el an�lisis de las privatizaciones de estos sectores importantes de nuestra econom�a realizadas a espaldas de la naci�n, favoreciendo intereses particulares que todav�a no salen a la luz p�blica, constituye una labor impostergable tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Varios miles de millones de d�lares aparecen envueltos en este verdadero esc�ndalo que llega a tener proporciones b�blicas frente al desmedrado Fondo de Solidaridad con que se pretende poner un parche a nuestros graves problemas sociales. El poderoso sector privado de nuestra vida econ�mica discute si se impone o no un impuesto que rendir� a lo sumo doscientos millones de d�lares, y se silencia con verg�enza el grueso bot�n obtenido de las arcas fiscales a trav�s de las imp�dicas y millonadas privatizaciones que nadie examina y que todos defienden. Los ineficientes de la cartera vencida, para lograr -como excusa-una mejor administraci�n, se apoderan de lo que el Estado hab�a emprendido con honestidad y sentido de progreso social. Ah� est� el ejemplo que pusimos de la Compa��a de Acero del Pac�fico, que se vende en valores jam�s determinados y es presidida, como dije anteriormente, por un distinguido almirante en retiro, con un gerente general muy destacado. Se vende porque es preciso hacerla eficiente, solvente y progresista. De estar fuertemente endeudada (500 millones de d�lares, garantizados por el Estado) y recibiendo grandes subvenciones anuales de CORFO para poder subsistir, pasa a manos privadas, de las que se desconocen los nombres, y la misma Compa��a -ya lo se�al�-, como por arte de magia especulativa, se convierte en una empresa sin deudas, con grandes utilidades, que reparte jugosos dividendos, que jam�s logr� en su �poca fiscal. �Y al frente de la empresa privatizada est� el mismo almirante! Nos parece extra�o este tipo de procedimientos. Por eso, ruego transmitir estas observaciones al Ministro de Econom�a y al Presidente de la Rep�blica. -(Aplausos en tribunas). -Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Sinclair. El se�or D�EZ.- Perd�n, se�or Presidente. Restan dos minutos al Comit� Renovaci�n Nacional, y quisiera utilizarlos para formular algunas precisiones a lo expresado por el Honorable se�or Lavandero. El se�or VALD�S (Presidente).- C�mo no, se�or Senador; pero antes solicit� la palabra el Honorable se�or Sinclair. Tiene la palabra Su Se�or�a. REFORMA TRIBUTARIA. OFICIO El se�or SINCLAIR.- Se�or Presidente, Honorable Senado: El Poder Ejecutivo ha propuesto un proyecto de ley de reforma tributaria que est� siendo discutido en la C�mara de Diputados y que pronto, como Senado, tendremos la oportunidad de conocer y estudiar. Sin lugar a dudas, �sta es una materia de gran trascendencia para el pa�s. Un sistema impositivo, para cumplir su finalidad, debe ser eficiente en el sentido de no castigar las fuentes del progreso. Tambi�n debe ser equitativo, es decir, amplio y sin privilegios injustificados. Chile es una naci�n en desarrollo, y por lo tanto sus recursos, por el momento, no son suficientes para otorgar mayores y mejores posibilidades a la poblaci�n, como es el anhelo de todos. Nuestra tarea es colaborar decididamente en la b�squeda de las pol�ticas y de los instrumentos m�s adecuados para avanzar aceleradamente en la superaci�n de las dificultades, en especial las de los sectores con necesidades m�s urgentes. La experiencia mundial nos muestra que los pa�ses que han avanzado en soluciones reales a sus problemas econ�micos y sociales son los que -al margen de las ideolog�as y con pragmatismo- han reconocido en la libre iniciativa de las personas el motor de su progreso. Este puede ser a�n mayor si, adem�s, existe una buena complementaci�n entre el Estado y el sector privado. En el estudio de la reforma tributaria deberemos ponderar de manera adecuada �stos y otros factores, para as� fortalecer un sistema impositivo que promueva verdaderamente el desarrollo, pilar fundamental de la justicia social. Los impuestos pueden ser da�inos para el crecimiento. Por ello es que deben ser estudiados con atenci�n, especialmente en cuanto a los incentivos o desincentivos que generen. Creemos que este criterio es esencial, pues el pa�s necesita continuar realizando un gran esfuerzo de ahorro, tarea en la que deben participar tanto el sector p�blico como el privado. El sistema tributario que hoy nos rige tiende a gravar m�s el consumo que el ahorro, y, en ese sentido, debemos velar por su estabilidad en el largo plazo. Por eso, habr�amos preferido reformas que no afectaran el ahorro ni la inversi�n. Estimamos indispensable que las alzas de impuestos planteadas sean transitorias y expresamente dirigidas a la generaci�n de los recursos extraordinarios requeridos para fortalecer los programas sociales que el pa�s ha venido realizando con tanto �xito en los �ltimos diez a�os. La transitoriedad aludida permitir� reducir todos los posibles efectos negativos de la reforma sobre el ahorro y la inversi�n. Los nuevos gastos que la reforma tributaria financiar� deben concentrarse, sin lugar a dudas, en los sectores de la poblaci�n con mayores necesidades. Es �ste un elemento clave del consenso nacional. Consideramos imprescindible, por lo tanto, que el Congreso se aboque al estudio de la distribuci�n prevista por el Ejecutivo para los fondos que con esta reforma se logren. Por ello, se�or Presidente, en representaci�n del Comit� Independiente, solicito oficiar al se�or Ministro de Hacienda con el objeto de que se incluya en el proyecto de ley de reforma tributaria en actual tr�mite, u otro que se proponga al efecto, el detalle de las iniciativas que se llevar�n adelante con la mayor recaudaci�n obtenida. Ello lo estimamos indispensable, a fin de contribuir a su m�s pronto despacho. Gracias, se�or Presidente. -Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador y del Comit� Independiente, en conformidad al Reglamento. )---------------( El se�or VALD�S (Presidente).- Restan dos minutos al Comit� Renovaci�n Nacional. La se�ora FELIU.- Cedo parte de nuestro tiempo al Honorable se�or Diez. El se�or D�EZ.- Muchas gracias, se�ora Senadora. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Diez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, quisiera hacer algunas rectificaciones a las palabras del Honorable se�or Lavandero. Lo primero es algo personal y de detalle. Nunca he cre�do que no haya extrema pobreza en la Regi�n que ambos representamos. Por el contrario, considero que en la zona de Imperial la poblaci�n mapuche tiene quiz� el m�s alto grado de extrema pobreza del pa�s. El discurso del Honorable se�or Lavandero me confirma en mi aprensi�n en el sentido de creer que se est� prefiriendo la manera del estatismo en vez de la actividad privada en torno al progreso. Y Su Se�or�a ha se�alado algunas cosas. Primero, aludi� a la ninguna acci�n social del Gobierno pasado y a la actitud de privilegiar ciertos grupos. Los analistas contempor�neos de los problemas de los pa�ses sostienen que las mejores medidas para determinar su desarrollo social y su progreso en esta �rea son los �ndices de salud, especialmente los relativos a las expectativas de vida de la poblaci�n. Los indicadores de salud son el resultado, no s�lo de la acci�n gubernativa, sino tambi�n de las condiciones del trabajo, de la psicolog�a del pa�s, del sistema de vida familiar, de las vacaciones, y de tantos otros elementos que influyen en su determinaci�n. El se�or LAVANDERO.- �Y la penicilina...! El se�or D�EZ.- Tambi�n, en su tiempo, la penicilina. Pero eso ya no tiene relaci�n, porque fue hace muchos a�os, Honorable colega. No fue ayer. El se�or VALD�S (Presidente).- Ruego a Sus Se�or�as evitar los di�logos. El se�or D�EZ.- Siendo �sta una materia sobre la cual se ha insistido varias veces, un Senador de esta bancada se har� cargo de analizar, en la hora de Incidentes de una sesi�n pr�xima, la acci�n social y el desarrollo promovidos por el R�gimen anterior. Pero esto confirma mi aseveraci�n: estamos demasiado impresionados por el pasado y pensamos m�s en �l que en el futuro del pa�s. Los esc�ndalos en la transferencia de acciones y el hecho de que est�n envueltos en ellos doce notarios no son raz�n para preferir la actividad p�blica a la actividad privada. Querer suprimir la libertad en materia econ�mica por los abusos que en este campo se cometen es querer justificar la privaci�n de la libertad en el criterio personal por los delitos perpetrados por el hombre cuando se halla libre. Es obvio que si todos los hombres estuvieran en prisi�n, tendr�an muchas menos posibilidades de delinquir. La libertad conlleva un riesgo; ese riesgo hay que vivirlo. Para eso necesitamos y para eso tenemos en nuestro sistema jur�dico una C�mara fiscalizadora, que es la C�mara de Diputados, que puede encargarse de analizar las situaciones producidas, los esc�ndalos, etc�tera. Y no hay duda de que tiene en su mano la forma de cumplir esa funci�n. No es misi�n de este Honorable Senado. Pero miremos la experiencia latinoamericana, de pa�ses de an�logo o mayor desarrollo econ�mico que el nuestro, en la misma �poca y sometidos a circunstancias mejores que las nuestras. Porque nosotros no s�lo sufrimos las consecuencias econ�micas de las crisis del Tercer Mundo y de la deuda, sino que tambi�n soportamos un asedio pol�tico en el pasado, cuya influencia en esa materia no estamos en condiciones de medir. Sin embargo, seguir el camino de creer en el hombre, en la persona, en la libertad, en que todos los chilenos son protagonistas, y no s�lo los dirigentes -porque el estatismo significa que el protagonismo corresponde nada m�s que a la directiva de la sociedad, y no a la sociedad misma-; seguir un sistema de libre empresa -lo que el Honorable se�or Lavandero denomina "fr�a econom�a de mercado"-, todo eso permiti� a Chile estar en las mejores condiciones econ�micas y sociales de Latinoam�rica, y quiz� sea el primer pa�s del Tercer Mundo que salga del camino del subdesarrollo. El se�or LAVANDERO.- �Me permite una interrupci�n, Honorable colega? El se�or D�EZ.- Desgraciadamente, tengo poco tiempo. Las expresiones del se�or Ministro de Hacienda ante el Banco Interamericano de Desarrollo para confirmar la defensa de estos principios no hay duda de que merecieron, no s�lo el aplauso del Gobierno, sino tambi�n el reconocimiento del pa�s. Cuando se trata de analizar cuidadosamente la v�a por la cual el pa�s debe caminar, si la de preferir como soluci�n el estatismo, fracasado en el tiempo y en nuestro propio espacio latinoamericano, o la de elegir la empresa privada, la iniciativa individual, no hay duda alguna de que la historia contempor�nea, los fen�menos reci�n ocurridos en otras partes del mundo, nos indican claramente que este �ltimo es el camino. Ese es el camino que, a mi juicio, el Gobierno no debe abandonar y que el se�or Ministro de Hacienda trata, de buena fe, de conservar. No tenemos otra manera... El se�or LAVANDERO.- �Me concede medio minuto, se�or Senador? El se�or D�EZ.- Se lo otorgo, Honorable colega. El se�or VALD�S (Presidente).- Recuerdo a los se�ores Senadores que deben solicitar a la Mesa el uso de la palabra. El se�or LAVANDERO.- La verdad es que no quisiera que nos empantan�ramos en discusiones sem�nticas. Porque nunca hemos propiciado el estatismo; pero tampoco podemos aceptar el libertinaje econ�mico en que se sumi� al pa�s en estos diecis�is a�os. Nosotros hemos escogido un camino, que es el camino solidario y, por supuesto, bajo la tuici�n del Estado y con la defensa de �ste hacia los m�s pobres, hacia quienes no pudieron defenderse durante todo ese tiempo. Por lo tanto, no quiero que mi Honorable colega me confunda diciendo "Ustedes son estatistas". No lo hemos sido; no lo somos, as� como jam�s seremos partidarios del libertinaje habido en los �ltimos diecis�is a�os, que provoc� todos los esc�ndalos, algunos de los cuales mencion�. Gracias, Honorable colega. -(Aplausos en tribunas). El se�or D�EZ.- Me alegro de la afirmaci�n de que no son partidarios del estatismo. Pero creo -y est� en el texto de mi intervenci�n- que hay s�ntomas peligrosos de que esta adhesi�n a la libre empresa es, en muchos funcionarios de Gobierno y en numerosas oportunidades, m�s una simple frase que un convencimiento de fondo o que la idea central que rija las acciones de algunos personeros pol�ticos. Nosotros no debemos llegar a identificarnos con esa caracter�stica tan corriente en los pa�ses en desarrollo: desear el progreso (progreso que todos aplaudimos), pero no querer afrontar al mismo tiempo, con igual fuerza, los sacrificios ni pagar los costos que su logro implica. La intenci�n de mi discurso, se�or Presidente, no fue otra que la de llamar la atenci�n del Gobierno de la Rep�blica hacia una serie de antecedentes que, mirados en conjunto, producen inquietud y paralizan o retardan algunas actividades, como la de la industria de la construcci�n -se�alada por el se�or Ministro de la Vivienda-, lo que ma�ana puede conducir a circunstancias m�s graves si no nos preocupamos de enfriar el problema pol�tico, as� como el Ejecutivo est� preocupado de enfriar el problema econ�mico. No es una buena receta tener un pa�s acalorado en materia pol�tica y enfriado en materia econ�mica. Lo l�gico es que la prudencia nos lleve a todos los que queremos que la democracia funcione y sea efectiva precisamente a tener cuidado con lo que hacemos. Recordemos lo sucedido en otras rep�blicas latinoamericanas cuyas autoridades se abrazaron con distinguidos dirigentes pol�ticos chilenos y algunas de las cuales, despu�s de pocos a�os, ni siquiera alcanzaron a terminar su per�odo, en medio del fracaso econ�mico m�s bestial, haciendo los mejores discursos a favor del pueblo y en contra de los militares, pero sometiendo al pueblo a una situaci�n sin esperanzas. Consideramos que los actuales gobernantes tienen una gran tarea: que no nos suceda lo ocurrido a otros. Es f�cil el verbalismo; son f�ciles los aplausos; es dif�cil el camino del sacrificio; es dif�cil el camino del progreso. Pero el mundo moderno no acepta m�s soluci�n digna que la de que cada hombre, con sus ingresos, logre solucionar sus propios problemas. La obligaci�n de la sociedad es darle educaci�n, iguales posibilidades, mejores expectativas de empleo y de salario. El hombre moderno no aspira a la limosna del Estado; el hombre moderno no espera del Estado; el hombre moderno tiene ya cultura y fe en s� mismo como para saber que la soluci�n de sus problemas depende de su trabajo, de sus virtudes y de su esfuerzo. Muchas gracias, se�or Presidente. -(Aplausos en tribunas). El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�az. El se�or D�AZ.- S�lo preciso unos segundos, se�or Presidente, para hacer dos rectificaciones. Primero, en lo referente a las expectativas de vida, vamos a demostrar con cifras estad�sticas que ello no tiene relaci�n directa con las condiciones de salud existentes durante el Gobierno anterior. Y los propios se�ores Senadores que hoy d�a son Oposici�n saben que el sector salud fue el m�s afectado de nuestro pueblo. Y eso es de conocimiento p�blico. Segundo -y quiero advertir que no estoy haciendo una defensa, porque no soy abogado de nadie-, ante la alusi�n del Honorable se�or Diez, debo recordar que al ex Presidente Alfons�n -quien fue uno de los que dejaron el cargo antes de concluir su per�odo; y a �l se refiri� Su Se�or�a- no lo penan los fantasmas de cientos de j�venes de su patria sacrificados, como tampoco los de miles de argentinos. Pero a Galtieri y a Videla s� deben estar pen�ndoles los fantasmas de los miles de j�venes argentinos sacrificados en Las Malvinas. Nada m�s, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Comit� Partidos por la Democracia y Socialista. El se�or NAVARRETE.- Entiendo que resta tiempo al Comit� Radical. El se�or VALD�S (Presidente).- Efectivamente, le quedan 9 minutos, los que Su Se�or�a, si estima conveniente, puede usar ahora o despu�s del turno del Comit� Mixto. El se�or NAVARRETE.- Haremos uso de ese tiempo despu�s del Comit� Mixto. El se�or VALD�S (Presidente).- En el tiempo del Comit� Mixto, tiene la palabra el Honorable se�or Guzm�n. MATERIAS PROPIAS DE HORA DE INCIDENTES El se�or GUZM�N.- Se�or Presidente, Honorable Senado: Como lector asiduo de las versiones de los debates del Senado que se publicaban siempre en la prensa, desde muy joven adquir� una fuerte reserva respecto del uso que se daba en la C�mara Alta a la hora de Incidentes. Me pareci� llegar a la convicci�n de que el Senado estaba desbordando sus funciones propias, con grave da�o para el funcionamiento del r�gimen constitucional. Por esa raz�n me hab�a abstenido hasta ahora de intervenir en esta hora de Incidentes, esperando el curso que ella tomaba. Tampoco pensaba hacerlo en esta oportunidad. Pero distintas exposiciones formuladas en esa parte de las sesiones ordinarias me mueven a hacer algunas reflexiones que, a mi juicio, podr�an ser �tiles para el buen funcionamiento futuro de esta Corporaci�n. Se ha dicho aqu�, y con raz�n, que a ambas ramas del Congreso corresponde ejercer, junto con el Presidente de la Rep�blica, las funciones colegisladora y constituyente. Sin embargo, debemos tener presente que la amplitud de los �mbitos constituyente y legislativo no puede servir de fundamento para no poner l�mite a los temas que aborde el Senado y a la forma y oportunidad en que ellos se traten. Desde luego, quisiera hacer la salvedad de que, obviamente, la ley est� siempre sometida a la Constituci�n, y que cuando el art�culo 73 establece que "Ni el Presidente de la Rep�blica ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.", no est� refiri�ndose s�lo a la acci�n que por separado puedan llevar a cabo el Presidente de la Rep�blica o el Congreso. Hay unanimidad de pareceres entre todos los tratadistas de Derecho Constitucional en cuanto a que esto implica tambi�n un l�mite a la funci�n legislativa. No podr�a la ley pretender entrar en este �mbito sin violentar el texto del art�culo 73 de la Carta Fundamental, muy parecido al que reg�a en lo pertinente en la Constituci�n de 1925. En todo caso, coincido en que los �mbitos de las funciones constituyente y legislativa son muy amplios. Pero tenemos que poner alg�n l�mite a la forma de aproximarnos a esa funci�n que tenemos si no queremos caer en el ejercicio de una que no nos corresponde. Es atribuci�n exclusiva de la C�mara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno. Como Senador de Oposici�n, yo podr�a tener alg�n inter�s pol�tico en no reforzar este precepto constitucional. Pero mi conciencia de que �l es fundamental para el buen funcionamiento de un Senado que se diferencie de la C�mara de Diputados me lleva a insistir con la mayor vehemencia y energ�a: no corresponde al Senado fiscalizar los actos del Gobierno. Mucho menos, por cierto, corresponde a esta Corporaci�n -ni tampoco a la C�mara de Diputados- fiscalizar los actos de otros �rganos del Estado respecto de los cuales no tiene tales atribuciones, como el Poder Judicial, la Contralor�a General de la Rep�blica, el Banco Central, las Fuerzas Armadas o cualquier entidad estatal que pudi�ramos mencionar por v�a de ejemplo. El precepto constitucional es clar�simo en cuanto a que se trata de fiscalizar los actos del Gobierno; y esa funci�n est� asignada en forma exclusiva y excluyente a la C�mara Baja, y no al Senado, como dije. Pero tambi�n limita el �mbito de qui�nes pueden ser los fiscalizados. Distinto es el caso, y muy preciso, de las acusaciones constitucionales que la C�mara de Diputados puede iniciar contra las altas autoridades de la Rep�blica se�aladas en la propia Constituci�n y que corresponde a este Senado resolver si aqu�lla los aprueba por la mayor�a de sus miembros en ejercicio o presentes, seg�n los casos. Llamo la atenci�n de la Sala hacia el hecho de que precisamente la funci�n que podr�a correspondemos como jurado en el conocimiento de acusaciones constitucionales aprobadas por la C�mara Baja debe llevarnos a ser especialmente prudentes en los criterios que aqu� se expongan y que pudieran en definitiva ser elemento de juicio fundamental de nuestra funci�n como jurado que debe actuar en conciencia y que puede destituir a las m�s altas autoridades de la Rep�blica, con los qu�rum y en los casos que la propia Constituci�n establece. Por tal motivo, se�or Presidente, pienso que la debida ecuaci�n del diferendo producido entre las opiniones vertidas hoy por el Honorable se�or Pacheco y las expuestas en la sesi�n pasada por la Honorable se�ora Feli� debiera buscarse por la l�nea de que cualquier materia puede ser tratada por este Senado como elemento de juicio para un proyecto legislativo o de reforma constitucional. Ser�a ciertamente quim�rico pretender limitar el �mbito de las observaciones que un Senador formule como fundamento de su posici�n frente a una iniciativa de ley o de reforma constitucional, pero en el bien entendido de que se trate de un proyecto que esta Corporaci�n est� analizando y en el momento de conocerlo. Tampoco me parece l�gico que convirtamos a este Senado en un lugar donde se debata toda suerte de materias, a tiempo o a destiempo de la circunstancia y oportunidad en que nos corresponda o en que nos corresponder�a conocerlas, por la v�a del ejercicio de nuestras funciones legislativa o constituyente. Eso fue lo que llev� a establecer la en�rgica limitaci�n se�alada en el inciso final del art�culo 49 de la Constituci�n en lo referente a las atribuciones que competen al Senado. Y quiero hacer presente que no fue ninguna mentalidad autoritaria: fue el ex Presidente don Jorge Alessandri, quien incluy�, de su pu�o y letra, en el texto de la Constituci�n del 80, no s�lo el conjunto de ese inciso, sino la frase espec�fica de que el Senado no podr�a destinar ni sesiones especiales ni parte de sus sesiones a tratar materias que no fueran las que expresamente le encomienda la Carta Fundamental. Don Jorge Alessandri atribu�a enorme gravedad a que la C�mara Alta mantuviera la hora de Incidentes al igual que la otra rama del Parlamento, por considerar que por esta v�a se desviaba y se desbordaba la funci�n propia de esta Corporaci�n, para asimilarse a la C�mara de Diputados. Fue �se el motivo que lo condujo a proponer esa disposici�n, la que, efectivamente, se modific� en virtud de la reforma constitucional plebiscitada el 30 de julio �ltimo. Debo confesar que tengo grandes dudas sobre la conveniencia de que se haya modificado ese precepto en la aludida reforma constitucional. Pero pienso en todo caso que, si se lo estim� demasiado severo y por eso se lo elimin� de la Carta Fundamental, debi�ramos realmente recoger la inspiraci�n correcta que, de todas maneras, ten�a. Deseo sugerir, para la reflexi�n de todos mis Honorables colegas, que ciertamente puede ser conveniente, y hasta necesario, que este Senado sea instancia de altos debates pol�ticos que pudiesen haber quedado constre�idos por la disposici�n constitucional tal como fue promulgada en 1980. Pero si queremos realmente utilizar esa funci�n de servir de instancia para altos debates pol�ticos, creo que el camino de las sesiones especiales, con tablas que todos conozcamos de antemano y en que los temas incluidos sean el fruto de la convicci�n de que encierran un problema importante para el pa�s, a la vez que permitan el intercambio de opiniones, podr�a ser bastante m�s �til que este sistema, en que se pasa de una materia a otra sin un orden suficiente, de manera que ni nosotros ni tampoco la opini�n p�blica resultamos efectivamente ilustrados sobre las diferencias de opini�n y los puntos de vista que cada cual desea expresar y confrontar. Y es mucho menos �til todav�a para que podamos alcanzar reales acuerdos intelectuales, conceptuales y pr�cticos respecto de lo que se discute. En todo caso, me parece fundamental que, cuando los Comit�s Parlamentarios, o esta misma Sala en su conjunto, se aboquen al estudio y reflexi�n de esta materia, tengan siempre presente que la forma de abordar la hora de Incidentes no puede derivar en la fiscalizaci�n por el Senado ni de los actos del Gobierno ni de otras autoridades respecto de las cuales tambi�n carezca de esa facultad. Quiero terminar mi intervenci�n, se�or Presidente, diciendo que no me ha movido a hacerla un mero purismo jur�dico. Tengo el hondo convencimiento de que, cuando las pr�cticas pol�ticas se apartan del texto constitucional y de la recta inspiraci�n fundamental que las gu�a, se da�a no s�lo al r�gimen democr�tico, sino tambi�n al propio sistema jur�dico institucional. Por ello, no quisiera que estas palabras tuvieran otro alcance que el de llamar a mis Honorables colegas a una reflexi�n, de la cual quiero ser part�cipe, sobre inquietudes muy personales, pero muy profundas y muy convencidas. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Corresponde hacer uso de su tiempo al Comit� Radical. El se�or NAVARRETE.- El Senador se�or Eduardo Frei nos ha pedido el tiempo que resta al Comit� Radical, a lo cual accedemos. El se�or FREI (don Eduardo).- Muchas gracias, Honorable colega. El se�or VALD�S (Presidente).- Quedan 9 minutos al Comit� Radical. Tiene la palabra el Honorable se�or Frei. PROTECCI�N DE MEDIO AMBIENTE Y CELEBRACI�N DEL "D�A DE LA TIERRA". OFICIOS El se�or FREI (don Eduardo).- Se�or Presidente, Honorables colegas: Durante la semana anterior, y especialmente el 22 del presente mes, organizaciones mundiales, preocupadas del medio ambiente, hicieron un llamado a celebrar el D�a de la Tierra. Este llamado ofreci� una oportunidad �nica para que las organizaciones nacionales gubernamentales, no gubernamentales, privadas, as� como la comunidad nacional y sus l�deres, aportaran ideas y desarrollaran acciones en torno al crucial elemento de la protecci�n del medio ambiente. Algunos piensan que �ste es un tema de moda o una nostalgia por una especie de para�so perdido. Muy por el contrario, se puede afirmar con fundamentos que en Chile no habr� desarrollo verdadero y perdurable si no se combina crecimiento econ�mico y equidad social con protecci�n y respeto por el medio ambiente. No tendremos un Chile moderno si no incorporamos a nuestra cultura un nuevo modo de relaci�n con la naturaleza. Perm�tanme, se�ores Senadores, formular unas breves reflexiones al respecto. Todos aspiramos a que nuestro pa�s progrese; pero un progreso con agua, aire y alimentos contaminados se hace insostenible al poco andar. Todos deseamos progreso a la brevedad posible, pero tambi�n queremos que nuestros hijos y las futuras generaciones reciban una naturaleza que les permita crecer y desarrollarse. Debemos tener conciencia de que tanto el crecimiento econ�mico como los procesos de urbanizaci�n traen consigo una serie de problemas ambientales y presionan por un mayor gasto de recursos naturales. Por eso, cualquier anhelo de un bienestar integral, hoy y ma�ana, supone contar con una pol�tica ambiental firme y decidida. Pienso que en la construcci�n de una pol�tica ambiental todos los sectores tienen un papel: las autoridades pol�ticas, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, los grupos organizados de ciudadanos y la opini�n p�blica general. Con todo, la acci�n gubernamental es urgente en el corto plazo. En los �ltimos 16 a�os no ha existido una pol�tica de protecci�n del medio ambiente. Por el contrario, se sostuvo una abierta pol�tica de no regulaci�n en �reas claves como el desarrollo urbano, el transporte, el parque de viviendas y veh�culos, disposici�n de nuevas industrias y servicios, etc�tera. Esta gesti�n p�blica, que en acuerdo con los diferentes sectores involucrados regule los elementos se�alados, ser�a ya una gran contribuci�n. Esta presencia gubernamental se hace necesaria, adem�s, porque muchos de los factores comprendidos en los problemas ambientales son externos, estacionales, y no se consideran en las decisiones particulares. La formulaci�n de pol�ticas sectoriales coherentes con una estrategia nacional radicada al m�s alto nivel del Estado, junto al reforzamiento de las instituciones ligadas directamente a estas materias, son condiciones inevitables que el pa�s debe asumir. Por esto, estimo que iniciativas como las que ser�n presentadas por la Comisi�n de Descontaminaci�n de Santiago son altamente positivas para abordar estos desaf�os. Por otra parte, los agentes econ�micos deber�an involucrarse activamente en este tema. Es necesario que nuestros productores y t�cnicos logren conciliar el desarrollo econ�mico con la preservaci�n de los recursos naturales. Hoy, y ma�ana m�s, la inserci�n en los mercados internacionales est� cada vez m�s ligada a criterios de protecci�n ambiental. Las econom�as norteamericana, europea y japonesa han incorporado a sus costos de producci�n los impactos ambientales y desarrollan fuertes presiones para que sus pa�ses no acepten la competencia desigual con econom�as que no consideren estos costos. Paralelamente, elevan las exigencias en sus controles de calidad con respecto a elementos contaminantes. Estos hechos debieran ya alertar a todos aquellos que est�n vinculados al sector exportador, sector esencial para el desarrollo nacional, y comenzar a tomar iniciativas en esta �rea. Pero cualquier cambio de actitud en este tema necesita de una ciudadan�a informada, consciente y comprometida con la protecci�n del medio ambiente. Necesitamos que circule mucha informaci�n ambientalista en nuestro medio. Muchos de los problemas ecol�gicos no tienen una visibilidad constante, ni todos son observables directamente. Los reclamos de los santiaguinos acerca del smog desaparecen en verano. Por el contrario, la contaminaci�n en las playas de la Quinta Regi�n vuelve a aparecer en los meses en que se incrementa la actividad tur�stica. Las aguas y alimentos contaminados la mayor�a de las veces no se detectan directamente, etc�tera. Precisamos una ciudadan�a informada en los temas ambientales. En Chile tenemos grandes mapas, como el de la Extrema Pobreza y otro de la Extrema Riqueza; necesitamos con urgencia un mapa de los problemas ecol�gicos del pa�s, Regi�n por Regi�n. La experiencia en otras naciones muestra que las acciones emprendidas a partir de una intensa campa�a de informaci�n tienen alta efectividad. S�lo una ciudadan�a informada, consciente, puede asumir ella misma un papel activo en el control del ambiente y participar en las decisiones pol�ticas que se refieren a este tema. Por esto, la labor de investigaci�n y difusi�n que desarrollan las universidades, centros gubernamentales y privados es valios�sima. �Ser�a realmente un gran avance que el amor a la patria, del cual los chilenos muchas veces nos vanagloriamos, se tradujera en un cuidado de nuestra tierra, de nuestra flora y de nuestra fauna! Estimados colegas: El D�a de la Tierra ha puesto nuevamente en nuestras conciencias el tema ecol�gico. Estoy cierto de que todos apoyaremos iniciativas en esta materia; de que en nuestras respectivas Regiones contribuiremos al conocimiento y a la b�squeda de soluci�n a estos problemas, y de que, en un di�logo nacional, iremos configurando una legislaci�n que proteja sostenidamente el medio ambiente, en una perspectiva de desarrollo nacional. Antes de terminar, quisiera decir que, si bien el destino de todos est� ligado a la naturaleza, para algunos ella es m�s esencial. Me refiero especialmente a nuestras culturas �tnicas, como la mapuche y la aimara; a los comuneros del norte, y a los campesinos de todo el pa�s. Para ellos, su suerte es la suerte que correr�n sus tierras, monta�as y r�os. Todos ellos merecen nuestro respeto y solidaridad activa. Finalmente, con el prop�sito de que los parlamentarios desde ya incorporemos este tema en nuestro debate, pido al se�or Presidente oficiar al Secretario Ejecutivo de la Comisi�n Nacional de Ecolog�a para solicitar informaci�n acerca de los proyectos de dicha Comisi�n; y, con el mismo prop�sito, al Jefe del Comit� Operativo de la reci�n creada Comisi�n Especial de Descontaminaci�n, de la Regi�n Metropolitana, para conocer las actividades y pol�ticas que se desarrollan y proyectan con la misi�n de formular el plan de descontaminaci�n para dicha Regi�n. Muchas gracias, se�or Presidente. -(Aplausos en tribunas). El se�or VALD�S (Presidente).-- Se despachar�n los oficios pedidos, en nombre de Su Se�or�a. Recuerdo una vez m�s al p�blico asistente que, por norma reglamentaria, las sesiones del Senado son p�blicas; pero, asimismo, que est� absolutamente prohibido hacer manifestaciones, sea a favor o en contra de lo que aqu� expresan los Senadores. Ese es el precepto que la Corporaci�n ha aplicado a lo largo de su historia y que estoy obligado a hacer respetar. De otra manera, me ver� forzado, muy a mi pesar, a hacer despejar las tribunas. Muchas gracias. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, quisiera que se agregara mi nombre a la petici�n de los oficios, si el Senador se�or Frei no tiene inconveniente. Considero de mucha importancia el tema planteado por Su Se�or�a, que incide en el n�mero 8� del art�culo 19 de la Constituci�n Pol�tica, es decir, en el deber del Estado de velar porque el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminaci�n no sea afectado y de tutelar la preservaci�n de la naturaleza. Tambi�n quiero recordar que corresponde a la ley establecer restricciones espec�ficas al ejercicio de determinados derechos o libertades con el fin de proteger el medio ambiente. El se�or VALD�S (Presidente).- Se agregar� el nombre de Su Se�or�a en los oficios solicitados. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, quisiera saber si queda tiempo al Comit� Radical. Creo que son dos minutos. El se�or VALD�S (Presidente).- As� es. Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or NAVARRETE.- Se�or Presidente, en primer lugar, quisiera adherir a las palabras del Honorable se�or Frei y solicitar que los oficios pedidos tambi�n se env�en en nuestro nombre. El se�or VALD�S (Presidente).- As� se har�, se�or Senador. El se�or NAVARRETE.- Luego, deseo rescatar como muy positivas las reflexiones del Honorable se�or Guzm�n acerca de las funciones que debemos cumplir como legisladores, como parlamentarios, como Senadores, sobre todo entendiendo que sus palabras apuntan a que esta Corporaci�n ejerza sus atribuciones en la mejor forma posible, en provecho de los grandes intereses del pa�s. Como el Honorable se�or Guzm�n expresaba, m�s all� de los t�rminos jur�dicos que condicionan o determinan nuestras conductas en este importante cen�culo de la pol�tica chilena, lo �til es que, con nuestros esfuerzos, contribuyamos al logro de esta suerte de consenso, de unidad, que recorre el ambiente pol�tico de todo el pa�s a partir de los acontecimientos recientes y cuyo hito m�s significativo fue la instalaci�n del Gobierno y del Congreso Nacional el 11 de marzo �ltimo. Y, en este mismo sentido, quisiera, no lamentar las palabras del Honorable se�or Diez -a quien reconozco como persona muy versada, aun cuando mantengo con �l serias discrepancias pol�ticas y de apreciaci�n acerca de lo que acontece y ha acontecido en nuestro pa�s-, sino expresar que, as� como es v�lido reclamar para el Senado las funciones que debe desempe�ar, y, con actitud vigilante, evitar que se salga de ellas y da�e el ordenamiento jur�dico en que nos desenvolvemos, tambi�n es muy importante que en la pr�ctica seamos capaces de ponernos por encima de las tentaciones de partidizaci�n, de parcelas ideol�gicas y pol�ticas, para que hagamos de nuestro esfuerzo de reconstrucci�n democr�tica un verdadero aporte a este desaf�o que enfrenta todo el pa�s. Gracias, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Alessandri. El se�or ALESSANDRI.- En nombre del Comit� Independiente, adhiero a las peticiones formuladas por el Honorable se�or Frei. El se�or PRAT.- Me sumo, en nombre del Comit� Renovaci�n Nacional, a las palabras del Honorable se�or Frei. El se�or VALD�S (Presidente).- Tambi�n los oficios se enviar�n en nombre de los Comit�s Radical, Independiente y Renovaci�n Nacional. Tiene la palabra el Honorable se�or Ruiz-Esquide. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, creo que todos los Honorables colegas han adherido a las expresiones del Honorable se�or Frei por percibir que �ste es un tema al cual la humanidad entera, a mi juicio, se va a ver abocada en el pr�ximo tiempo, con una fuerza tremenda. Y nuestro pa�s no est� ajeno a eso. En virtud de estas consideraciones, quiero expresar tambi�n la adhesi�n de los Senadores democratacristianos a esas ideas. Y estoy autorizado por la Honorable colega Olga Feli�, adem�s, para suscribir la petici�n en su nombre y en el de su Comit�. Por lo tanto, pienso que los oficios deber�an enviarse -es la proposici�n que formulo- directamente en nombre del Senado. El se�or VALD�S (Presidente).- As� se har�, se�or Senador. Ha terminado el tiempo de la hora de Incidentes. El se�or GUZM�N.- S�lo deseo dejar constancia de que compartimos lo se�alado por el Honorable se�or Alessandri. Porque no s� bien si ello corresponde a los Comit�s Parlamentarios o a la forma como �stos funcionan aqu�. Por eso, en todo caso, quiero adherir... El se�or VALD�S (Presidente).- Se trata de la forma como funcionan aqu�, se�or Senador. El se�or GUZM�N.- �O sea, el Comit� Mixto no se incluye...! Gracias, se�or Presidente. El se�or D�AZ.- Una cosa muy breve, se�or Presidente. El se�or VALD�S (Presidente).- Repito que ha terminado el tiempo. El se�or D�AZ.- Es tan solo para hacer presente que el Honorable se�or Romero, en reuni�n celebrada d�as atr�s por la Comisi�n de Ecolog�a y Bienes Nacionales, propuso elaborar un mapa de la contaminaci�n en Chile, lo que coincide con el planteamiento del Honorable se�or Frei. Me parece justo decir esto, tambi�n, respecto de esa iniciativa. El se�or VALD�S (Presidente).- Muchas gracias, se�or Senador. Se levanta la sesi�n. -Se levant� a las 18:16. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n.