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El señor DÍEZ .-
Señor Presidente, Honorable Senado:
Las personas que hemos adquirido cargos de responsabilidad en el funcionamiento del régimen democrático tenemos la intención -estoy seguro- de poner toda nuestra voluntad política en el perfeccionamiento de las instituciones y, al mismo tiempo, en tratar de que dicho sistema no sólo sea perfecto en su marcha, sino también eficaz en solucionar los problemas de nuestro pueblo.
La prudencia en el cambio que debemos establecer en la Constitución o en las leyes del país no es autolimitante. La búsqueda del bien común regla no sólo el fondo, sino además la oportunidad de las acciones políticas. La acumulación de muchas reformas, algunas meramente enunciativas, pero que cubren una amplia gama de la actividad nacional, puede hacernos perder ese bien tan preciado que es la confianza de los actores del desarrollo, la cual precisamente se encuentra basada en la estabilidad.
Las observaciones que hago esta tarde -que son en mi nombre- no tienen otra intención que la de llamar la atención de la opinión pública y del gobierno sobre algunos signos que se entregan a la ciudadanía en forma confusa; que promueven, por una parte, aumento de expectativas, y por otra, inquietudes, y que hacen dilatar decisiones y provocan, en algunos casos, el deterioro paulatino de ciertas actividades, lo cual, a veces, nos hace temer el aumento de los índices de desempleo y la baja del crecimiento del país, que nadie desea producir.
Algunos de los aspectos a que me refiero los señalaré muy someramente esta tarde, sin perjuicio de que cuando se discutan los proyectos específicos hagamos presentes nuestros puntos de vista de fondo sobre la materia.
La reforma tributaria fue anunciada mucho antes de contarse con un proyecto concreto. Y eso dio lugar a especulaciones y a inquietudes. Luego, al conocerse las conversaciones del Ejecutivo con Renovación Nacional, quedó de manifiesto que la política del Gobierno trataba de conducirse, ahora, en términos moderados.
Pero ¿qué puede pasar más adelante? Existe, al parecer, la amenaza de un cambio importante en la asignación de responsabilidades en el proceso de desarrollo.
En efecto, la Administración anterior promovió la iniciativa privada como principal motor de crecimiento. La reforma tributaria, o es el inicio, o podría constituir el inicio de nuevas tendencias de carácter estatista.
Es cierto que el Gobierno camina con moderación. Pero, a mi juicio, camina con moderación por caminos equivocados.
Por otra parte que, aun cuando se habla de que ésta sería la única reforma en el curso del cuadrienio del presente Régimen, declaraciones de autoridades -como es el caso de don Pablo Piñera - reflejan que ello no es efectivo y que podrían producirse modificaciones fundamentales en el campo de la tributación indirecta.
Es curioso por otra parte que, al consultarse sobre el destino de los recursos que se generarán para el Fisco con la reforma tributaria, no se logre todavía estructurar sus usos específicos. Incluso, autoridades de Gobierno han señalado que parte de ellos podría destinarse al ahorro público.
¿Qué razones valederas existen para transferir ahorro privado -como era el caso de las utilidades retenidas por las empresas- a ahorro público? ¿Hay alguna medida válida que garantice el uso de esos ahorros con mayor eficiencia por parte del sector público que por parte del sector privado? ¿No son precisamente la eficiencia y el desarrollo del país la única manera de asegurar, en un régimen de libertad, el mejoramiento de las condiciones individuales y familiares, la garantía de un trabajo y el aumento de las posibilidades de encontrar ocupación y de ver mejorados los ingresos y los salarios?
Por eso, aunque reconocemos la moderación en el Gobierno, creemos que éste se conduce, con moderación, por rutas básicas e históricamente equivocadas.
El aumento del impuesto al valor agregado, anunciado desde hace bastante tiempo, ha llevado a muchos agentes económicos a expectativas de alzas de precios que han afectado la prioridad antiinflacionaria que pareciera desprenderse, y con razón, de los diferentes discursos e intervenciones del señor Ministro de Hacienda.
Particular mención merece la gran duda que se nos presenta frente al IVA.
Quienes tenemos experiencia política sobemos que, por muy buena que sea la intención del Gobierno, los más pobres son como inasibles para gozar de los progresos que da el sector público, pues sólo los logran cuando consiguen trabajo y salario. No están encuestados; no reciben asignación familiar; no se inscriben en los registros de allegados; no conocen el sistema de la vivienda. Y a ésos, a los más pobres, les vamos a recargar-eso sí que es cierto- el costo de su propia vida a través de un aumento del IVA.
Mención especial merece, asimismo, la sustitución del régimen de presunciones -particularmente lo digo por la zona que represento- en el sector agrícola.
En mi concepto, los problemas propios de la actividad agrícola hacen del abandono de la presunción y de la declaración basada en contabilidad y renta efectiva una traba al progreso tecnológico, el que ha sido tan importante en estos últimos años.
En materia agrícola hay problemas complicados y dificilísimos de determinar. La distinción entre gasto e inversión; el concepto de rentabilidad anual, que muchas veces no existe en algunas actividades agrícolas; la amortización de bienes del activo, etcétera, hacen a mi juicio inconveniente para el sector un sistema distinto del de presunción.
Parece contradictorio, por otra parte, decir que se desea frenar la inflación y usar para ello el camino de los intereses altos, que pueden ser necesarios, pero que -nadie puede dejar de reconocerlo- retardan el crecimiento y deterioran algunas actividades, como lo ha señalado el señor Ministro de la Vivienda.
Por otro lado, además de los intereses altos, el alza de los tributos; los aumentos de plantas en los ministerios o reparticiones públicas (quizás necesarios, pero inoportunos en esta hora en que tratamos de disminuir la inflación), y el incremento del gasto fiscal, también parecen contradictorios con el afán del Gobierno de frenar la inflación.
No es que seamos insensibles a los problemas de nuestro pueblo que el Ejecutivo pretende, de buena fe, abordar con sus mayores ingresos, sino que en nuestra opinión, en definitiva, el progreso se construye sobre la base del desarrollo del país, y es el desarrollo el que da las mejores y mayores oportunidades.
También nos llama la atención que en este período de coyuntura, en que el Gobierno reclama mayores recursos para emprender precisamente las tareas más urgentes de bien público, se oigan voces que se refieren a las privatizaciones, y se nos haya anunciado la paralización total de éstas, como, asimismo, algunas eventuales revisiones de las realizadas en el período anterior.
Ahí podemos observar, una vez más, quizá la tendencia estatista de quienes han asumido algunas responsabilidades ministeriales. Y no existe duda alguna de que eso demuestra, con razón, que estamos caminando, con buenas palabras, por senderos equivocados.
El problema laboral es otra causa de preocupación, y se presta a confusiones. Y siento que se hayan postergado las decisiones. Porque se ha dicho específicamente que se nos propondrá la negociación colectiva por actividad y que se someterán a revisión los mecanismos de la huelga, además del régimen de cotización obligatoria.
No cabe duda alguna de que implantar nuevamente la negociación colectiva por actividad va en la dirección de establecer vinculaciones -altamente dañinas para su efectividad- del proceso productor con el poder y la presión política, más aún cuando las presiones de sindicatos globalizados tienen más posibilidades de intervenir y de perjudicar el propósito de mantener una economía competitiva, no sólo hacia el interior del país, sino (y en forma muy importante) con nuestras exportaciones en los mercados internacionales.
Otra vez, a mi juicio, el Gobierno, con buena voluntad y moderación, marcha por caminos equivocados.
Por otro lado, estas señales estatistas se confirman con declaraciones de otros personeros del Ejecutivo. El señor Ministro de Salud ha anunciado la vuelta de las atenciones primarias al régimen estatal. Nuevo indicio de que no se confía en las autonomías ni de los individuos ni de otros órganos intermedios de la sociedad. No hay duda de que debe modificarse y perfeccionarse el sistema; pero no nos parece que la solución sea la vuelta al fracasado régimen estatal de las atenciones primarias.
Hace pocos días, el Superintendente de Seguridad Social hizo una serie de anuncios sobre medidas posibles de adoptar en el sistema previsional, como también en cuanto al incremento de asignaciones y subsidios. Si bien a dicho funcionario se le pidió la renuncia, las razones invocadas no indican ni precisan en parte alguna la disconformidad gubernamental con los aspectos conceptuales de las declaraciones formuladas por ese personero.
El Superintendente se refirió a la necesidad de establecer administradoras de fondos de pensiones estatales, y -lo que es más grave- manifestó serias dudas sobre el principio de subsidiariedad, al que calificó como "principio ordenador seguido por el Régimen militar". Expresó dudas acerca de si tal principio era compatible con la solidaridad.
Nuevamente se puede apreciar la presencia del estatismo, que lleva a determinar que sólo el Estado es o puede ser solidario y que, en consecuencia, la iniciativa privada no conduce a posiciones de justicia. Se es partidario de la libertad de empresa, pero se desconfía básicamente de los empresarios.
Estos planteamientos van, poco a poco, siendo manifestaciones que reflejan una tendencia de cambios bastante más profundos que los que podemos apreciar a primera vista.
Se nos habla también de una reforma municipal para la elección de alcaldes. Nosotros hemos señalado nuestro acuerdo en que esas autoridades sean elegidas por votación popular; pero, otra vez, la búsqueda del bien común nos debe llevar a analizar la oportunidad de dicho cambio. Una reforma municipal implica una modificación constitucional, y, por lo tanto, se abre un tema de debate que difícilmente podrá incluir sólo la reforma municipal. Lo lógico es que las autoridades elegidas completen su mandato y que nosotros analicemos la Constitución para producir efecto en el período presidencial siguiente.
Cuando se introdujeron las 52 reformas, el país quedó convencido de que eran las modificaciones substanciales para la convivencia democrática. No parece lógico que, a las pocas semanas de Gobierno, estemos otra vez cambiando nuestra Carta Fundamental, espina dorsal de nuestro sistema universal. Y no parece lógico modificarla sin que la hayamos probado. El pasado está real y emocionalmente demasiado reciente y ocupa nuestra atención con mucho mayor fuerza que el futuro.
También, efectuar una elección general en todo el país en estos cuatro años constituye -y los dirigentes políticos y los analistas políticos van a concordar conmigo- un grado de inestabilidad y de incertidumbre antes y después de ella, cualquiera que sea el resultado. A mi modo de ver, perturba el gobierno tranquilo del Presidente que recién inicia su gestión.
Ahora, no sólo se anuncia una reforma constitucional del sistema municipal. También se nos ha hablado de otra para modificar las bases fundamentales del Poder judicial y crear instituciones desconocidas en nuestra legislación, con conceptos peligrosos, aun con el concepto peligroso expresado por el Honorable señor Pacheco cuando habla de revisar los criterios de interpretación y la aplicación de la inteligencia a los fallos judiciales.
Indiscutiblemente, ese es otro tema de inquietud, por cuanto, si bien nos interesa de manera fundamental el progreso del Poder Judicial, estimamos que ello debe hacerse sobre las bases constitucionales actuales, sobre los principios sanos establecidos en la Constitución vigente.
Pero si reformamos la Carta Fundamental para modificar el régimen municipal -lo que nos lleva a elecciones- y cambiamos las bases constitucionales del Poder Judicial - inclusive, algunos dirigentes políticos desean analizar el experimento de la vuelta al régimen parlamentario-, estamos evidentemente arriesgando la estabilidad política y jurídica del país y ese bien inapreciable que es la confianza, sin los cuales el progreso y, por consiguiente, la solución de los problemas de nuestro pueblo se alejan.
Por último, el señor Ministro de Relaciones Exteriores nos dice que Chile desea colocarse de nuevo en el marco estrecho del tercermundismo y de los países no alineados.
No nos cabe duda alguna de que nuestra nación, con el prestigio adquirido; con su situación económica en los mercados internacionales; con la forma como se realizó la transición a la democracia, y con el alto concepto que el mundo tiene -y con razón- de sus dirigentes actuales, puede ejercer una influencia importante en los países que adoptan políticas renovadoras. ¡Para qué nos quieren encerrar en los estrechos márgenes del Tercer Mundo! Lo lógico es que miremos el futuro internacional con mayor proyección, con más realismo, y no compartiendo los prejuicios de muchas de las naciones del Tercer Mundo.
Señor Presidente, estas observaciones no tienen como objeto crear alarma. Pero es obligación nuestra ir señalando a tiempo al Gobierno de la República, a través de las intervenciones y de los debates en el Senado, nuestra preocupación por la acumulación de problemas políticos que, necesariamente, producen inquietud. Hace algunos días, un alto funcionario del Ejecutivo anunció por la prensa que vendrían más de 30 proyectos. Como es lógico, eso hace dudar y detener decisiones importantes para la marcha del país.
Desearía, señor Presidente, que estas observaciones fueran transmitidas, en mi nombre, al Presidente de la República.
-(Aplausos en las tribunas).
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Se recuerda al público asistente que está prohibido hacer manifestaciones.
El señor ROMERO.-
¿Cuánto tiempo nos resta, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Dos minutos, señor Senador.
El señor ROMERO.-
El Comité Renovación Nacional se reserva ese tiempo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Con el mayor gusto, señor Senador.
Se enviará el oficio solicitado por el Honorable señor Díez.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Solamente para sumarme a lo expresado por el Honorable señor Diez.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Se considerará la adhesión de Su Señoría.
Ofrezco la palabra.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, nos ha cedido su tiempo el Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
Si fuera posible, nos gustaría ocuparlo en seguida, para contestar al Honorable señor Diez.
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