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El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, durante dieciséis años el Parlamento dejó de funcionar. Quizás esa circunstancia ha influido para que algunos sectores de la opinión pública no asuman la cabal comprensión del papel que esta institución tiene en la democracia.
Es probable también que ese largo lapso en que este Poder del Estado tan trascendente no pudo expresarse haya hecho olvidar a otros sectores de la opinión pública que sí vivieron en democracia el papel importante del Congreso Nacional. Y es factible que la situación menguada en que ambas Cámaras se encuentran como producto de una institucionalidad autoritaria que las privó de sus funciones más esenciales contribuya también a este estado de opinión pública.
Sería importante que la ciudadanía supiera que tradicionales atribuciones de las dos Cámaras han desaparecido en la actual Constitución; que se han ampliado enormemente las causales de cesación en el cargo de los parlamentarios; que las atribuciones del Poder Ejecutivo se han extralimitado -yo diría- hasta el absurdo y que, correlativamente, han disminuido las del Parlamento; que, en síntesis, mediante la limitación del contenido y de la forma de expresarse -de la inviolabilidad parlamentaria, por ejemplo- ha concluido institucionalmente un proceso que no tenía otro destino que privar a este órgano de expresión pública de su singular trascendencia.
Es posible que, por todas esas razones -y muchas otras-, en el país tienda a prevalecer la impresión de que el Parlamento carece de la trascendencia que objetivamente debiera tener. Y, en mérito de ellas, pudiera parecer excusable que los medios de comunicación, llamados a orientar a la opinión pública, hayan puesto su acento en cuestiones de orden anecdótico y no en algunas tan fundamentales como las que acabo de citar.
Ojalá estos medios de comunicación estuvieran centralmente preocupados de hacer una campaña para reivindicar los fueros y las atribuciones del Parlamento. Ojalá estuvieran particularmente interesados en cuál debe ser la proyección de la Cámara de Diputados y del Senado en el futuro democrático. Lamentablemente, no lo están, y sí aparecen concentrados en su atención hacia algunos aspectos anecdóticos que terminan por rebajar la dignidad de un Poder del Estado.
Quiero referirme muy concretamente a lo que, más allá de simple manifestación de la libertad de opinar o de informar, no puede sino ser asumido por este Parlamento como la intención de configurar en la opinión pública prejuicios en su contra.
Cuando se distraen mucho tiempo y muchos escribas en concentrar la atención sobre lo que ganan o dejan de ganar los parlamentarios, algo anda mal en los medios de comunicación. Cuando se pone énfasis en aspectos secundarios que no dicen relación con el núcleo de lo que es la función pública, algo también anda mal.
Y, sin apelar al espíritu de cuerpo, pero sí, por cierto, a esa comunión que nace de la pertenencia a una institución tan respetable y que debe ser respetada, como el Senado de la República, quiero llamar la atención de mis Honorables colegas sobre esto, que me atrevo a calificar como una campaña de descrédito y de desprestigio en contra del Parlamento.
Y me parece útil y oportuno que esta Corporación, a través de los medios que estime pertinente establecer, públicamente también, llame la atención de esa opinión pública sobre la importancia del papel que tiene y en cuanto a la insustituible necesidad de procurarse los medios indispensables para que esa función pueda cumplirse en forma cabal.
Porque hoy aparecen muchas personas preocupadas de si un Senador viaja en bus, "a dedo" o en auto de Santiago a Valparaíso. Aparecen muchos otros singularmente concentrados en determinar si los gastos de los parlamentarios deben ser o no deben ser reembolsados.
Al respecto, quiero afirmar algo que me parece elemental: quienes tenemos un origen y un patrimonio modestos no venimos al Parlamento a enriquecernos, pero tampoco venimos a él para terminar presos por deudas; porque con la dieta no es posible financiar todos los gastos que demanda el cumplimiento de nuestra función. Y a nadie le preocupa que a un Ministro de Estado o a un Subsecretario se le procuren todos los medios materiales para que pueda cumplir esa función. Más aún, parece lógico y lícito. A nadie le preocupa que en cualquier repartición pública -como es de todos sabido- se pongan automóviles a disposición, no sólo del Ministro, del Subsecretario y del jefe, sino también de otros funcionarios, en todos los regímenes; y no se escriben crónicas, ni se urden anécdotas para impugnar lo que resulta obvio.
Es obvio que un Ministro de Estado o un magistrado de la Corte Suprema disponga de local de funcionamiento; de medios de locomoción; en definitiva, de los medios materiales mínimos para cumplir su función. Pero tan obvio como eso -y tal vez más, porque (diría yo) en democracia éste es el primer Poder del Estado- es que los parlamentarios también puedan disponer de los recursos materiales mínimos para cumplir su función.
Sé que he incursionado en un tema de difícil tratamiento. Porque, cuando se hacen afirmaciones de esta naturaleza, que universalmente se comparten, surge la reacción. Y estimo que, con el objeto de que desde ya comencemos a entendernos en este país y a decir las cosas en forma clara, es útil, necesario y oportuno que en el Senado de la República no rehuyamos vergonzantemente un asunto respecto del cual tenemos el derecho y toda la habilidad moral para pronunciarnos públicamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
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