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El señor RÍOS.-
Señor Presidente, en los últimos meses nuestro país ha estado observando un debate muy importante relacionado con la dictación por parte de la Honorable Junta de Gobierno, casi al término de su gestión, de un cuerpo legal referido a la Ley de Propiedad Industrial.
La ley aprobada por la Junta faculta al Presidente de la República para dictar un reglamento que coordine y desarrolle toda la normativa existente en nuestro país sobre la materia.
Se da el caso entonces, señor Presidente, de que ésta es quizá la única ley que, habiendo sido promulgada por el régimen anterior, tendrá un reglamento elaborado por la actual Administración.
El problema no radica tanto en la situación que se presenta desde el punto de vista administrativo, sino más bien en el hecho de que, según informaciones que todos los Senadores hemos conocido por la prensa, dicha ley producirá en materia de fármacos, en materia de salud, un problema muy delicado, ya que hay evidencias claras y definitivas de que su aplicación provocará, sin lugar a dudas, alzas importantes en los medicamentos.
Tal situación es extremadamente grave. Organismos gremiales y, al mismo tiempo, la Asociación de Protección de los Consumidores han señalado que en algunos casos, con la aprobación de esa ley, los medicamentos aumentarán su valor hasta en mil por ciento. De ser así, se estaría afectando la garantía consagrada en el número 9º del artículo 19 de la Constitución, referente al derecho a la protección de la salud.
Por otra parte, diversas informaciones han señalado que la mencionada ley habría sido producto del interés o de las presiones de organismos transnacionales, e incluso de gobiernos foráneos. Esto, sin duda, complica aún más la situación tan especial que está generando dicho cuerpo legal.
Frente a tales hechos, conocidos por la opinión pública, y ante la realidad evidente de un alza importante del valor de los medicamentos en nuestro país, me parece necesario que el Congreso Nacional -y muy especialmente el Senado- conozca tanto los aspectos que generaron esa ley como los fundamentos que el Gobierno ha de considerar en la dictación del reglamento respectivo, de manera que pueda enterarse del problema en su integridad y, en definitiva, esté en condiciones de emitir una opinión acerca de una materia de tan particulares características.
Por las razones expuestas, solicito oficiar al señor Presidente de la República pidiéndole el envío al Senado de todos los antecedentes relacionados con la ley en cuestión, como asimismo de los concernientes a la dictación del reglamento, que, como ya señalé, compete a la actual Administración.
Me parece que, disponiendo de toda esa información, tendremos una opinión más cabal y la posibilidad de conversar con los representantes de los distintos organismos que han estado dando a conocer situaciones verdaderamente dramáticas con relación a los efectos de la aplicación de esa ley en nuestro país.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
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