REPUBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS 323°. LEGISLATURA (EXTRAORDINARIA) Sesión 62°., en martes 7 de abril de 1992. (Ordinaria, de 11:00 a 14:24 horas) Presidencia de los señores Cerda García, don Eduardo, y Coloma Correa, don Juan Antonio. Presidencia accidental del señor Muñoz Barra, don Roberto. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. INDICE GENERAL DE LA SESION I.- SUMARIO DEL DEBATE II.- ASISTENCIA III.- TEXTO DEL DEBATE IV.- SUMARIO DE DOCUMENTOS V.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA I.- SUMARIO DEL DEBATE. 1- Acuerdos de los Comités 6 ORDEN DEL DIA. 2.- Modificación de la Ley NQ 18.175, sobre Quiebras. Primer trámite constitucional 7 3.- Visita de delegación del parlamento alemán 24 4.- Situación en la República del Perú 24 INCIDENTES. 5.- Reiteración de oficio sobre reparación de viviendas 37 6.- Alcance a declaraciones de Embajador de Chile en la República Argentina 38 7.- Recursos para brigada de narcóticos de Los Andes. Oficio 38 8.- Fiscalización del cumplimiento de la Ley de Pesca en la Séptima Región. Oficio 39 9.- Condicionamiento en prestación de servicio en Hospital Regional de Talca. Oficio 40 10.- Comportamiento de las barras de aficionados en los estadios. Oficio40 11.- Reconocimiento a programa de vivienda del actual Gobierno. Oficios41 12.- Obras de agua potable en provincias de Melipilla y Talagante. Oficios4° 13.- Réplica a intervención del Diputado señor Munizaga 44 14.- Novena jomada sobre regionalización en Coihaique, Undécima Región45 15.- Medidas pendientes para solucionar problemas en Undécima Región, originados por la erupción del volcán Hudson. Oficios 46 16.- Reglamentación del uso de interrupciones 47 17.- Instalación de fundición en Puerto de Taltal, Segunda Región. Oficio48 OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA Se dio cuenta, además, de los siguientes documentos: Comunicación de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, mediante la cual informa que aceptó la renuncia a su cargo del Presidente de la misma, presentada por el Diputado señor Víctor Reyes, y eligió en su reemplazo al Diputado señor Baldemar Carrasco. Comunicación de la Comisión Especial sobre Servicios de Inteligencia, por la cual informa que procedió a constituirse y eligió como su Presidente al Diputado señor Francisco Huenchumilla. Comunicaciones de la Diputada señora Adriana Muñoz y de los Diputados señores Carlos Dupré y Hernán Rojo, mediante las cuales solicitan permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días. Comunicaciones de la Diputada señora María Maluenda y de los Diputados señores Pedro Guzmán y Arturo Longton, por medio de las cuales informan que se ausentarán del país por un plazo inferior a 30 días. Oficios del señor Ministro del Interior, mediante los cuales responde: Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Teodoro Ribera, acerca de los subsidios únicos familiares. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Sergio Jara, sobre Colonia Dignidad. Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, por el cual responde al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Sergio Ojeda, acerca de investigación efectuada. Oficios del señor Ministro de Educación, mediante los cuales da respuesta a los que se le dirigieran en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan: Del Diputado señor José García, distribución de fondos. Del Diputado señor Juan Martínez, construcción de baños en una escuela. Del Diputado señor Juan Masferrer, asignación de vehículos. Del Diputado señor Luis Navarrete, jubilación de profesionales de la educación. Oficios del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, por los cuales responde: Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Antonio Horvath, acerca de subsidios habitacionales. Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, sobre obras de urbanización. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Juan Carlos Latorre, relativo a la aplicación de recursos. Oficio del señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, por el que responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor Francisco Huenchumilla, acerca de cuentas impagas. Oficio del señor Ministro de Obras Públicas, por el que responde al que se le remitiera en nombre de los Diputados señores Jorge Pizarro, José Miguel Ortiz, Edmundo Villouta y Pedro Alvarez-Salamanca, sobre la adjudicación de una propuesta. Comunicación del señor Embajador de la República de Turquía, mediante la cual agradece la solidaridad de la Corporación para con el pueblo de Turquía, con ocasión de los recientes sismos que afectaron a ese país. II.- ASISTENCIA. Asistieron los siguientes señores Diputados: (95) Acuña Cisternas, Mario Aguiló Meló, Sergio Alamos Vásquez, Hugo Alessandri Balmaceda, Gustavo Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro Arancibia Calderón, Armando Araya, Nicanor de la Cruz Aylwin Azocar, Andrés Bartolucci Johnston, Francisco Bosselin Correa, Hernán Caminondo Sáez, Carlos Campos Quiroga, Jaime Cantero Ojeda, Carlos Cardemil Alfaro, Gustavo Carrasco Muñoz, Baldemar Cerda García, Eduardo Coloma Correa, Juan Antonio Concha Urbina, Juan Cornejo González, Aldo Correa De la Cerda, Sergio Cristi Marfil, María Angélica Chadwick Piñera, Andrés Devaud Ojeda, Mario Elgueta Barrientos, Sergio Elizalde Hevia, Ramón Escalona Medina, Camilo Espina Otero, Alberto Fantuzzi Hernández, Angel Faulbaum Mayorga, Dionisio Gajardo Chacón, Rubén Galilea Vidaurre, José Antonio Hamuy Berr, Mario Horvath Kiss, Antonio Huenchumilla Jaramillo, Francisco Huepe García, Claudio Hurtado Ruiz-Tagle, José María Jara Catalán, Sergio Jara Wolff, Octavio Jeame Barrueto, Víctor Kuzmicic Calderón, Vladislav Latorre Carmona, Juan Carlos Leay Morán, Cristian Leblanc Valenzuela, Luis Letelier Morel, Juan Pablo Longueira Montes, Pablo Martínez Sepúlveda, Juan asferrer Pellizzari, Juan Matta Aragay, Manuel Antonio Mekis Martínez, Federico Molina Valdivieso, Jorge Montes Cisternas, Carlos Morales Adriasola, Jorge Munizaga Rodríguez, Eugenio Muñoz Barra, Roberto Naranjo Ortiz, Jaime Ojeda Uribe, Sergio Olivares Solís, Héctor Orpis Bouchón, Jaime Ortega Riquelme, Eugenio Ortiz Novoa, José Miguel Palestro Rojas, Mario Palma Irarrázaval, Andrés Palma Irarrázaval, Joaquín Peña Meza, José Pérez Muñoz, Juan Alberto Pérez Varela, Víctor Pizarro Mackay, Sergio Pizarro Soto, Jorge Prochelle Aguilar, Marina Prokurica Prokurica, Baldo Rebolledo González, Víctor Recondo Lavanderas, Carlos Reyes Alvarado, Víctor Ringeling Hunger, Federico Rocha Manrique, Jaime Rodríguez Cataldo, Claudio Rodríguez Guerrero, Hugo Rojos Astorga, Julio Sabag Castillo, Hosain Salas De la Fuente, Edmundo Schaulsohn Brodsky, Jorge Seguel Molina, Rodolfo Smok Ubeda, Carlos Sota Barros, Vicente Taladriz García, Enrique Tohá González, Isidoro Ulloa Aguillón, Jorge Urrutia Avila, Raúl Valcarce Medina, Carlos Valenzuela Herrera, Felipe Velasco De la Cerda, Sergio Vilches Guzmán, Carlos Vilicic Kamincic, Milenko Villouta Concha, Edmundo Yunge Bustamante, Guillermo Con permiso constitucional, estuvo ausente la Diputada señora Laura Rodríguez Riccomini. Asistió, además, el señor Ministro de Justicia don Francisco Cumplido Cereceda. III.- TEXTO DEL DEBATE. Se abrió ¡a sesión a las 11 horas. El señor CERDA (Presidente en ejercido).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 60a se declara aprobada. El acta de la sesión 61a queda a disposición de los señores Diputados. El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Terminada la Cuenta. 1.- ACUERDOS DE LOS COMITES. El señor CERDA (Presidente en ejercido).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos adoptados por los jefes de los Comités parlamentarios. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los Comités parlamentarios bajo la presidencia del señor Cerda adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: "1- Retirar de la Tabla de la presente sesión el proyecto de reforma constitucional sobre el Poder Judicial y facultar a la Mesa para que, previa consulta con los Comités, fije la fecha de la sesión en que se discutirá y votará en particular. "2.- Despachar en general, en la sesión ordinaria del martes 14 del presente, el proyecto de ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. "3.- Autorizar a la Comisión Especial sobre Servidos de Inteligencia para celebrar sus sesiones ordinarias, simultáneamente con la Sala, los días jueves de cada semana, de 10 a 13:30 horas. "4.- Enviar a la Comisión de Gobierno Interior, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales relativos a la Administración del Estado, hasta el día viernes 10 del actual. "5 - Someter al siguiente cronograma el despacho del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Seguridad Pública e Información: "Hasta el martes 14 del presente mes, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. "Miércoles 15 y jueves 16, en la Comisión de Hacienda. "Miércoles 29, discusión general en la Sala. "Miércoles 29 de abril a lunes 4 de mayo, segundo trámite reglamentario en Comisiones, y "Martes 5 de mayo, discusión en particular en la Sala. "6.- Enviar a la Comisión Especial Investigadora del Problema de la Droga en Chile el proyecto de ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. La Comisión dispondrá de 30 días para emitir su informe. "7.- Debatir durante 60 minutos, en la presente sesión, que se distribuirán proporcionalmente entre los distintos Comités parlamentarios, la situación de la hermana República del Perú.". El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se ratificarán los acuerdos de los Comités. Acordado. El señor SCHAULSOHN.- Pido la palabra. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, entiendo que el proyecto sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas se envía a la Comisión especial sobre la droga en Chile, sin perjuicio de su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Así es, señor Diputado. Por eso, fijamos plazo a la Comisión competente para que después el proyecto siga su trámite normal, una de cuyas etapas en este caso es el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ORDEN DEL DIA. 2.- MODIFICACION DE LA LEY N° 18.175, SOBRE QUIEBRAS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- En primer lugar del Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en Primer Trámite Constitucional y calificado de "suma" urgencia, que modifica la ley NQ 18.175, sobre Quiebras. Diputado informante de la Comisión de Economía es el señor Arancibia. El texto del proyecto está impreso en el boletín NB 644-03 y figura en el número 9 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Diputado informante. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, inicialmente el Diputado señor Juan Carlos Latorre, fue designado informante por la Comisión de Economía, pero, debido a otros compromisos, le fue imposible cumplir con ese mandato. Este proyecto, originado en un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, modifica la ley N° 18.175, sobre Quiebras, en aspectos que, si nos atenemos al número de disposiciones, parecerían de importancia menor, pero que tocan materias muy sustantivas del juicio de quiebra. Para aquellos Honorables colegas que no conocen en detalle la ley cuya modificación se propone, estimo conveniente referirme brevemente a su contenido. El juicio de quiebra tiene por objeto liquidar en un solo procedimiento todos los bienes de una persona natural o jurídica que ha cesado en el pago de sus deudas, es decir, que se encuentra impedida de cumplir con sus obligaciones, y de proveer al pago de sus compromisos, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. En este procedimiento judicial el actor principal, aparte del juez que conoce de la causa, es el síndico, profesional encargado de representar los intereses de los acreedores, del fallido y de la comunidad. Para entender bien el alcance de la iniciativa del Gobierno, hay que tener claro que el procedimiento de quiebra comprende dos aspectos fundamentales: por una parte, lo que se llama la determinación del pasivo, mediante la verificación de los créditos de los acreedores del declarado en quiebra o fallido, de aquel que ha cesado en sus pagos; y, por otra parte, lo que se denomina la realización del activo. El proyecto incide en este segundo aspecto: en la liquidación de los bienes del fallido para proceder al pago de sus acreedores. Para no extenderme en exceso, no entraré a detallar todos los aspectos que comprende y la normativa a la cual debe atenerse el síndico en el proceso de realización de la masa de bienes de la quiebra. Lo que sí interesa destacar es que los bienes del fallido se pueden realizar uno por uno y también como un solo todo, previa declaración de unidad económica, es decir, como empresa. Los requisitos para declarar unidad económica los bienes del fallido están establecidos en la ley. El síndico propone el remate, como unidad económica, de un conjunto o del total de los bienes de la quiebra, con el fin de obtener el mejor precio por su realización, que es el interés de los acreedores y también del fallido. La proposición del Gobierno incide en la realización de los bienes de la quiebra como unidad económica. La normativa vigente, el artículo 124, de la ley Nfi 18.175, dispone: "Los acreedores, sien-do dos o más, que reúnan la mitad del total del pasivo de la quiebra, podrán, a propuesta del síndico y con el voto favorable del fallido, acordar la enajenación de todo o parte del activo de la quiebra como un conjunto o unidad económica". Es decir, se requiere la propuesta del síndico, el voto favorable de dos o más acreedores que representen más de la mitad de las acreencias y la anuencia del fallido, es decir, quien fue declarado en quiebra tiene que dar su consentimiento. En la legislación vigente, entonces, la norma general es que se requiere la voluntad del fallido o, en subsidio, la autorización del tribunal que conozca que la quiebra. La propuesta del Ejecutivo, en su artículo 1°, apunta a que, en ciertos casos -que luego se especificarán-, no se requerirá la anuencia o voluntad del fallido cuando se trate de realizar los bienes de la quiebra. En efecto, establece que cuando los bienes de la quiebra se realicen como una o más unidades económicas en licitación o pública subasta y al mejor postor no será necesario que concurra voluntad del fallido ni tampoco se requiere, en ausencia de éste, el pronunciamiento del tribunal. Esta cuestión tiene una incidencia que no es menor y originó un extenso debate en la Comisión de Economía, cuyos aspectos están contenidos en el informe sometido a la consideración de los Honorables colegas. En suma, la normativa está orientada a evitar que el fallido pueda entorpecer el procedimiento de realización de los bienes de la quiebra por la vía de ausentarse, de negarse o de restar su aprobación, cuando la enajenación se realice como unidad económica, en licitación o subasta pública y al mejor postor. Además, la propuesta del Ejecutivo apunta a reglamentar dos aspectos adicionales: uno, calificar los casos en los cuales se considera que no concurre la voluntad del fallido, esto es, cuando no asiste a la junta de acreedores, guarda silencio, vota en contra o en cualquier forma manifiesta su rechazo. Por último, el artículo 3° del proyecto establece expresamente -aun cuando no es necesario porque es norma general- que las modificaciones que se aprueben por este proyecto regirán de inmediato y se aplicarán a todos los juicios de quiebra en actual tramitación. Señor Presidente, el proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad; el artículo 2° también lo fue por unanimidad; los artículos 1° y 3°, por mayoría de votos. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- En discusión general y particular el proyecto. Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, en principio, parece positivo facilitar el proceso de enajenación de los bienes de una quiebra. Sin embargo, no es menos cierto que este proyecto del Ejecutivo adolece de algunos vicios de inconstitucionalidad, al tenor de lo que dispone el artículo 19, número 3, inciso quinto, de la Constitución Política, que señala expresamente: "Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento". En síntesis, toda persona tiene derecho a un debido proceso, lo cual significa efectivamente su participación en aquellas materias procesales que, de una u otra manera, pueden afectarla directa o indirectamente. En el caso que estamos estudiando, las modificaciones propuestas lo afectan directamente. Además, se vulnera el número 24, del artículo 19, de la Constitución Política, que garantiza el dominio y, en especial, sus facultades esenciales, que son el uso, goce y disposición. Esta última está comprometida en la enajenación de los bienes del fallido sin el consentimiento de éste. En efecto, la declaración de quiebra priva al fallido de la administración de sus bienes. Y para privar de sus bienes a un deudor se requiere de una sentencia interlocutoria que así lo ordene, dictada luego de un juicio en que éste fue oído o se le dio la posibilidad de hacer valer sus derechos. La enajenación de los bienes de la quiebra como unidad económica, en la forma que propone el proyecto, puede lesionar la facultad de disposición que asegura la Constitución, en la medida en que el fallido carezca de defensa frente a la proposición del síndico, aprobada por los acreedores, sobre todo si tampoco se requiere de una resolución judicial que, en subsidio, expresamente lo autorice. A nuestro juicio, éste es el aspecto más delicado de la norma que estamos estudiando. Sin perjuicio de que consideramos necesario y oportuno agilizar la tramitación de la enajenación del activo de una quiebra, es fundamental que todo proyecto de ley efectivamente garantice las normas constitucionales que avalan el debido proceso y, además, el derecho de propiedad. Por ello, estimamos de vital importancia que este proyecto pase a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que ella estudie si efectivamente existen o no estos vicios de in- constitucionalidad. Debió ser enviado desde un principio a esa Comisión, ya que contiene normas legales que afectan la legislación vigente y, posiblemente, como se ha dicho, también a la Constitución Política. Por ello, es de vital importancia que esta Honorable Cámara acuerde enviar este proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para la cual debería solicitarse al Presidente de la República el retiro de la urgencia. Es indudable que una iniciativa de esta naturaleza requiere de un estudio acucioso para subsanar cualquier vicio de inconstitucionalidad. En esa forma se evitaría que en un momento determinado alguna persona que se sienta afectada -sobre todo aquellos fallidos cuyos procesos de quiebra están hoy día en tramitación- recurra de inaplicabilidad de la ley ante la Excelentísima Corte Suprema. He dicho. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- La Mesa hará las consultas del caso y luego someterá a votación la petición del Diputado señor Urrutia. Tiene la palabra el Diputado señor Molina. El señor MOLINA.- Señor Presidente, pienso que hoy, con la mejor intención, se entrega a la consideración de la Cámara un proyecto de ley que adolece de graves defectos. Por eso, me sumo a la petición de enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hecha por el Diputado señor Urrutia, por estimar que con él se alteran las reglas fundamentales del proceso concursal o de quiebra, el cual tiene por objeto realizar en un solo procedimiento los bienes de una persona, natural o jurídica, a fin de proveer el pago de sus deudores. Este proceso tiene un carácter universal. Todos los procedimientos de la quiebra se llevan ante un solo juez, y producen un estado de indivisibilidad, tanto para el fallido como para los acreedores. Supone la intervención de partes: el juez, el síndico y el deudor. Fundamentalmente, el juicio de quiebras, que en este caso se altera, tiene por finalidad mantener lo que se denomina la "par conditio", o sea, que todos los acreedores sean pagados en igual forma, proporción y plazo, salvo los casos específicos de acreedores que gozan de preferencias. Este principio de igualdad hacia los acreedores se pone en peligro con las disposiciones de este proyecto. Son parte el deudor, todos los acreedores y el síndico, que actúa como representante de la masa y en interés general de ella, de los acreedores y como representante legal del fallido, en un sistema de sustitución procesal. En la quiebra, el fallido nunca pierde su calidad de parte y siempre puede actuar, por ejemplo, como coadyuvante, impetrando una serie de medidas conservativas en caso de negligencia del síndico, para proteger sus bienes y asegurar la "par conditio", o sea, que se pague a la mayor cantidad de acreedores, en iguales condiciones. En los procedimientos concúrsales, el deudor es parte principal. Es oído y actúa como titular cuando se discute la continuación del giro, en la acción de impugnación de créditos y en la realización de los bienes. En este caso, en el momento de la realización de los bienes se pretende eliminar a esta parte principal, al deudor o fallido, y no escucharlo, si la mayoría más uno de los acreedores se poner de acuerdo para realizar todo o parte de sus bienes como unidad económica. De esta manera, no puede intervenir el deudor para asegurar que sus bienes, que se realizarán de esa manera extraordinaria, puedan servir para pagar a la mayor cantidad posible de acreedores; y su voluntad, que suele ser reemplazada por el juez cuando no se manifiesta en estos casos, no tiene expresión, porque no se escucha ni siquiera al magistrado. Sólo impera la ley de los acreedores. Esto nos llevaría a abusos notables. Primero, abusos en contra del deudor, el cual no tendría voz ni voto, no podría dar su opinión, actuar como coadyuvante ni ejercer los recursos, porque uno o dos acreedores que tengan el 51 por ciento de los bienes de la masa, lo forzarán a la venta, como unidad económica, de todos sus bienes. De esta manera, el juicio ordinario de cobro de pesos y el juicio ejecutivo perderían relevancia. Estaríamos frente a un arma de ejecución letal respecto de un deudor. Todas las financieras y bancos escogerían este camino, sabiendo que tienen asegurada, sin contradictor, la posibilidad de enajenar los bienes de un deudor como unidad económica. Llevarían al deudor a este punto, y les bastaría comprar créditos, si no tienen la mayoría para proceder a la ejecución, dejándolo sin voz ni voto respecto del resultado de la subasta. También sería una forma de burlar a los acreedores preferentes, porque los acreedores valistas podrían conseguir la mayoría más uno y evitar, mediante la declaración de unidad económica, que los preferentes hicieran uso de su crédito privilegiado respecto de los bienes que son parte de esa unidad económica. Este es el efecto inmediato que tiene la venta de la universalidad como unidad económica. De modo que se presta para un doble abuso. Tengo la impresión de que por resolver un caso concreto, se altera un principio fundamental de todo juicio concursal: la igualdad -derecho adquirido- de las partes, que figura en la Ley de Quiebras. Tengo la impresión de que se altera el derecho fundamental, esencial, constitucionalmente protegido, de ejercer todas las acciones en un juicio, incluso la de oponerse cuando se pretende, mediante un procedimiento extraordinario, la enajenación de bienes para pagar a los acreedores. De modo que considero peligrosa esta disposición. Debió estudiarse desde la perspectiva global de la Ley de Quiebras y de sus fundamentos, para no romper el principio de igualdad de las partes en el procedimiento concursal. Por esto, tengo la impresión de que en lugar de ser rechazado el proyecto, debe remitirse a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para un mejor estudio. Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Schaulsohn. El señor CERDA (Presidente en ejercido).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn. Hago presente que a continuación ha pedido la palabra el señor Ministro, quien debe retirarse para asistir a una reunión en el Senado. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, si el señor ministro quiere hacer uso de la palabra antes de la interrupción que se me concedió, no tengo inconveniente, con su venia, en cedérsela. El señor CERDA (Presidente en ejercido).- Señor Ministro, si le parece, puede hacer uso de la palabra. El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, como es una interrupción, prefiero esperar que haga uso de la palabra el Diputado señor Schaulsohn. El señor CERDA (Presidente en ejercido).- Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, las intervenciones de los Honorables señores Molina y Urrutia apuntan en la dirección correcta. Sólo quiero agregar que a través de esta modificación, en apariencia inocua, se alteran de manera sustancial los efectos de la quiebra de nuestra legislación, por cuanto el artículo 64 de la ley N° 18.175, señala que la declaratoria de quiebra produce desasimiento, es decir, la privación de la administración de sus bienes, por parte del fallido, pero no la pérdida de su dominio. Únicamente se puede proceder a la enajenación mediante el concurso de la propia voluntad del fallido, que es el dueño de los bienes, o, en subsidio, mediante la autorización del juez, es decir, mediante resolución judicial. Como el inciso final que se agrega al artículo 124, de la Ley de Quiebras dice que "No obstante lo anterior, no se requerirá la voluntad del fallido, ni la del juez de la causa en subsidio...", en la práctica se abre el camino para producir la pérdida del dominio de los bienes mediante el expediente de la declaración de quiebra, siempre y cuando -como lo señaló el Diputado señor Molina- concurra la voluntad de la mayoría de los acreedores. Este es un cambio sustancial en la Ley de Quiebras y, hasta donde alcanzan mis conocimientos, un mecanismo único en la legislación comparada. No conozco ninguna otra situación jurídica en la cual la voluntad del fallido sea eliminada para los efectos de posibilitar la enajenación de sus bienes, ni menos en que se suprima la voluntad o autorización subsidiaria del juez, la que, por lo demás, constituye un principio presente en muchos aspectos de nuestra legislación. Es evidente que el fallido no puede, en forma arbitraria, impedir la enajenación de los bienes de una quiebra, pues para ello se prevé la autorización del juez de la causa. Pero, en este caso, se modifican los efectos de la declaratoria de quiebra, cambio de fondo en nuestra legislación, que, en mi opinión, amerita una reflexión más profunda. Por lo tanto, considero muy atinada la sugerencia de los Diputados señores Urrutia y Molina, en cuanto a estudiar el tema con mayor detenimiento y, para este efecto, enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. De lo contrario, en la forma propuesta, tendríamos que rechazarlo. Agradezco esta interrupción al Diputado señor Molina. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido. El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, el Gobierno ha enviado este proyecto modificatorio de la Ley de Quiebras basado, fundamentalmente, en la experiencia de su aplicación en los últimos años. Todos sabemos que ha habido un cambio sustancial en la conducta de las personas que caen en quiebra en relación con lo que ocurría antes, en que era una situación difícil de sostener, desde el punto de vista moral y económico. Hoy no es así; y se ha podido comprobar, a través de la aplicación de estas normas, que cuando se trata de quiebras importantes, que afectan a grandes empresas, los acreedores perjudicados son los trabajadores y el Fisco. Los procedimientos que contempla la Ley de Quiebras han sido usados por los fallidos para entorpecer, además, en gran medida, el cumplimiento del juicio de quiebras, expresamente regulado. Su entorpecimiento causa grave daño y perjuicio a los trabajadores, que pierden la continuidad del trabajo cuando se enajenan por separado los bienes que constituyen la empresa específica. Por lo general, el Fisco no obtiene nada, a pesar de ser un acreedor preferente, porque hay otros que logran el pago en virtud de sus preferencias. En cuanto a la reforma que se propone, resulta sorprendente la argumentación de que para cada acto del proceso se requiere la voluntad del deudor, en este caso, la voluntad del fallido. Sobre esta base, el juicio ejecutivo sería inconstitucional. La propia Ley de Quiebras establece un procedimiento para la enajenación de bienes sin necesidad de la voluntad del fallido, porque ésta es representada por el síndico, quien, en este caso, representa los intereses del fallido y de los acreedores. La norma vigente permite que, a proposición del síndico, pueda enajenarse, como unidad económica, todo o parte de los bienes que constituyen una unidad económica. La ley agregó la voluntad del fallido, en este caso; pero, en la práctica, el fallido o los fallidos utilizan todos los procedimientos con el fin de entorpecer el juicio de quiebra. No prestan su voluntad y, al mismo tiempo, tratan de usar este instrumento como un medio para obtener posiciones que no corresponden a una persona que ha tenido un pasivo mayor que el activo y ha caído en la insolvencia, en la mayoría de los casos, en el cumplimiento de sus obligaciones. Por esta razón, si el síndico propone la enajenación como una unidad económica, no es necesaria la voluntad del fallido. Se exige, sí, la concurrencia de la mayoría de los acreedores, los cuales autorizarán la venta como unidad económica cuando convenga a los intereses de la masa. No encuentro que el fallido pueda ser el defensor de los acreedores minoritarios; el síndico es el que los representa con más propiedad. Se ha dicho que el proyecto es inconstitucional porque se transgreden las normas del debido proceso. En verdad, el proceso está regulado por la Ley de Quiebras. Lo único que se altera, en este caso, es una parte de un trámite, respecto del cual la propia ley consigna el procedimiento a que debe someterse la enajenación del activo. No hay nada que signifique faltar al debido proceso ni a la debida defensa del fallido representado por el síndico. Se ha dicho que afecta el derecho de propiedad. Todos sabemos que el deudor, en este caso el fallido, no pierde la propiedad de sus bienes; pero la ley puede establecer procedimientos ejecutivos para enajenarlos y pagar las deudas. Si se estimare inconstitucional por atentar contra el derecho de propiedad, habría que modificar el Código de Procedimiento Civil en todos los casos en que el juez puede prescindir de la voluntad del deudor y enajenar sus bienes en pública subasta. Aquí está debidamente protegido el interés del fallido, porque la enajenación es en licitación o subastas públicas. Bajo ningún respecto se le va a perjudicar en este sentido. Por el contrario, se favorece la mantención de una unidad económica de trabajo, con el fin de que pueda continuar funcionando y causar el menor daño a los acreedores y al acreedor principal. A tal punto es la necesidad de esclarecer estos aspectos, que el Gobierno ha tenido que proponer la modificación al artículo 127 para terminar la larga discusión que existe en los tribunales acerca de cuándo debe entenderse que falta el voto favorable del fallido. En otros casos se ha tenido que señalar que "se produce cuando éste no asiste a la junta, guarda silencio, vota en contra o manifieste expresa o tácitamente su oposición". Los Honorables señores Diputados se preguntarán por qué es indispensable legislar sobre este punto. Porque la práctica del juicio de quiebra lo exige, para evitar su entrabamiento por maniobras realizadas por el fallido, quien, vuelvo a decirlo, es una persona muy respetable, pero que cayó en quiebra. Por supuesto, estamos llanos a que esta materia sea examinada por las Comisiones que la Honorable Cámara estime conveniente. Y si acuerda enviarla a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -ésta se reúne hoy-, en ella se podrán analizar los problemas de constitucionalidad para que se vote mañana sin necesidad de retirar la "suma" urgencia. Nos parece muy importante la aprobación de este proyecto, porque es urgente modificar la Ley de Quiebras para evitar maniobras que puedan causar mayor perjuicio que el solo hecho de caer en quiebra respecto de los acreedores, entre los cuales la preferencia la tienen los trabajadores. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- No sé si la Sala prefiere seguir discutiendo el punto o si de inmediato pedimos la autorización... No hay acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Salas. El señor SALAS.- Señor Presidente, la verdad es que esta modificación a la Ley de Quiebras tiende a corregir una injusticia, y, como lo decía el señor Ministro, las quiebras de ahora no son como las del pasado. En la Octava Región tenemos las quiebras de las textiles Fiap-Tomé, Caupolicán-Chiguayante y de la industria Lozapenco, en las cuales ha habido problemas porque no ha sido posible, en un momento determinado, vender los bienes del activo debido a la falta de voluntad del fallido. Me pregunto, por qué, cuando una quiebra se produce, por ejemplo, por una estafa, el fallido tenga que dar su consentimiento, en circunstancias de que lo único que ha hecho es dañar especialmente a los trabajadores. En todas las quiebras mencionadas no sobró plata; aún después de más de diez años se les adeudan remuneraciones a los trabajadores por causa de esta Ley de Quiebras y de estas situaciones engorrosas que, en definitiva, conducen a que por largos años los trabajadores no reciban lo que les corresponde. También me pregunto si acaso participa el deudor, cuando un banco o una institución financiera cualquiera le remata un bien. Aunque el juez decrete la subasta, el deudor no participa, y procede el remate sin su intervención incluso. Creo que la actual ley, especialmente en quiebras en que ha habido "malabares", como ha ocurrido en los últimos años, únicamente ha perjudicado a los trabajadores y acreedores. Este proyecto tiende a clarificar esta situación. Es saludable que, después de un engorroso trámite, puedan venderse algunos bienes como unidades económicas, sobre todo cuando se trata de empresas que pertenecen a un mismo dueño. Es necesario aprobar esta ley, puesto que, en caso contrario, ¿quién podría decir hoy, en cualquier quiebra, que con los dineros, producto de la venta de los bienes del fallido, se alcanza siquiera a pagar a los acreedores y aun a los trabajadores? Por eso, esta modificación es vital para solucionar un problema que se arrastra por muchos años. Y más todavía, aprovecho que el señor Ministro está presente para expresar que a la brevedad posible debiera modificarse otras disposiciones de la ley N° 18.175, por cuanto las últimas quiebras que han ocurrido en el país -como los Honorables Diputados lo saben- han provocado angustia en los trabajadores, sus mujeres y sus hijos. Esto es de público conocimiento, como les consta a todos los Honorables Diputados. Si se accediera a la petición, justa y legítima, de que si hay aprensiones legales la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia analice este proyecto, de ninguna manera se podría ampliar su plazo, porque es urgente que hoy se legisle sobre la materia. No podemos seguir arrastrando problemas de muchas quiebras que existen en el país. No puede ser que esas personas cuyas quiebras, comprobadamente fraudulentas, se han arrastrado con muchos vicios y han durado, en algunos casos, más de diez años, después de toda esa tortuosa o engorrosa tramitación y de haber asegurado antes sus intereses, pues muchas veces han sacado sus dineros -porque así es-, tengan más encima que dar su visto bueno para proceder a la venta o al remate de algunos bienes, en especial, propiedades, en circunstancias de que aquí se habla, incluso, de subasta pública para poder pagar a los acreedores, a aquellos que durante años mantuvieron la industria con materia prima o insumos, y, sobre todo, para pagarles a los trabajadores que son los que más pierden en estos casos como ha ocurrido sobre todo en estos últimos años. Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA - Señor Presidente, este proyecto no es inconstitucional, y el razonamiento que se hace para sostener tal afirmación parte de una confusión. La quiebra, como dijo el señor Ministro, es un juicio, y, en consecuencia, tiene varias etapas. La etapa que nos preocupa corresponde a la realización del activo, es decir, a la forma cómo los bienes que lo componen pueden ser dispuestos según la ley. Si fuera inconstitucional, como se afirma también sería inconstitucional el artículo 120, de la Ley de Quiebras que en ciertos casos permite la realización sumaria del activo de la quiebra, y en la que no se requiere la voluntad del fallido. Sería inconstitucional, asimismo, el artículo 121 porque el síndico provisional o definitivo puede vender en cualquier momento, al martillo o en venta privada, los bienes expuestos a próximo deterioro, a una desvalorización inminente, y los que exijan una conservación dispendiosa. También sería inconstitucional el artículo 122 que prescribe: "Las especies corporales muebles se venderán al martillo y los valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, en remate en bolsa de valores. "El síndico podrá enajenar por un precio alzado los créditos activos de morosa o difícil realización. 'Todos los demás bienes, corporales o incorporales, se venderán en pública subasta ante el juez que conoce de la quiebra, en conformidad a los trámites del juicio ejecutivo, o en licitación pública cuyas bases deberán ser aprobadas por la junta de acreedores." Señor Presidente, en el procedimiento de apremio no existe la voluntad del fallido ni del deudor, cuyos bienes se van a rematar. Incluso, en el procedimiento ejecutivo ordinario, el juez, cuando se trata de bienes raíces, procede a suscribir la escritura de remate sin tomar en cuenta al deudor, y lo hace como su representante. Si así no fuera, toda la realización de prendas o la de otros bienes atentaría también contra el derecho de propiedad, y ofendería o violaría la garantía constitucional del debido proceso, como aquí se ha dicho. En consecuencia, en esta confusión entre las etapas del juicio de quiebras es donde radica fundamentalmente el error en que han incurrido los colegas al manifestar que la modificación que propone el Gobierno, dejando afuera la voluntad del fallido, en el caso específico de enajenar como unidad económica y en pública subasta o licitación pública, no requieren el consentimiento del fallido. Cabe señalar -el Diputado señor Schaulsohn tendrá que recordarlo- el caso de los cheques girados por parte del Ejército a nombre del hijo de Augusto Pinochet Ugarte y que dio origen a una serie de conflictos. El asunto comenzó con la quiebra de la empresa Valmoval en que el fallido realizó una serie de conductas irregulares e ilícitas que investigamos y analizamos en esa oportunidad en la Comisión. La venta de Valmoval, en que el fallido realizó una serie de conductas irregulares e ilícitas que investigamos y analizamos en esa oportunidad en la Comisión. La venta de Valmoval, como unidad económica, contó con el consentimiento del fallido, y fue una maniobra irregular, ilícita, que denunciamos aquí en la Corporación. Justamente, el proyecto del Ejecutivo trata de corregir ese error, que no se planteaba en la antigua Ley de Quiebras, puesto que no se hacía participar al fallido en esta especie de enajenación. Incluso, en la ley anterior, estas normas eran de orden público, y, en consecuencia, había un síndico nacional de quiebras, una sindicatura que constituía un servicio del Estado. Hoy, al parecer, se trata de una realización de bienes en forma privada; pero eso no obsta a que en este caso sea perfectamente constitucional y legal suprimir la voluntad del fallido como en los casos que he señalado. Por último, es menester no olvidar que aquí nos encontramos frente al cumplimiento forzado de la obligación, que es precisamente cuando el deudor no cumple, no paga y, en consecuencia, su voluntad queda muy lejos de intervenir en un proceso en que, justamente, se lleva a cabo el cumplimiento coercitivo de la obligación incumplida. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salas. El señor SALAS.- Señor Presidente, todos sabemos que mediante este proyecto se trata de corregir un vicio y que, además el fallido normalmente tiende a dilatar y trabar el procedimiento con argucias procesales y triquiñuelas. Asimismo, muchas veces, así en forma permanente, la suplencia del juez para actuar en representación del fallido se convierte en un proceso lento y engorroso y, en definitiva, no se logra el objetivo buscado. Por eso, debiéramos aprobar este proyecto. Como no soy jurista ignoro en qué parte del planteamiento de los señores Diputados podría presentarse un problema legal; pero aquí hay un problema práctico, cual es que en todas las quiebras de los últimos años, el fallido, la persona que quebró, no ha alcanzado ni siquiera a pagar la mitad de lo que adeuda. Para nadie es un ministerio que la mayor parte de las quiebras ocurridas desde 1981 hasta la fecha, han sido producto de triquiñuelas, en que el fallido arregla su problema económico con anterioridad y deja una estela de deudas, de dolor y de angustia en mucha gente que se queda con las deudas. Y más encima, como premio de todas estas injusticias e irregularidades, las personas que emplearon todas estas triquiñuelas, cuyas quiebras no son legales, en la mayoría de los casos declarados fraudulentas, tienen que dar su opinión para que, con su venia y voluntad, los bienes sean enajenados. Eso es lo que tiende a corregir el proyecto Con su permiso, señor Presidente, le concedo una interrupción al señor Bosselin. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin. El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, no cabe la menor duda de que éste es un proyecto de ley bastante complejo, porque se refiere a un tema que en el ámbito mercantil tiene gran repercusión. Se han formulado objeciones de carácter constitucional y otras relacionadas con aspectos de técnica legislativa por parte de diferente señores Diputados, pero es necesario aún hacer algunas precisiones. Habitualmente, los juicios terminan mediante una sentencia definitiva. Por extraña paradoja, la quiebra es un juicio que se inicia a través de una sentencia definitiva, previo procedimiento en que se ha ventilado la situación del deudor insolvente. Cumplidos los requisitos legales, con las correspondientes garantías y resguardos procesales, el tribunal llega a la conclusión de que esa persona debe ser declarada en quiebra y dicta una resolución que en la antigua legislación se denominaba "auto de quiebras", pero que en las modificaciones que se introdujeron durante el gobierno anterior se transformó en sentencia definitiva, siguiendo, más o menos, el criterio que sos-tenía la doctrina en materia comercial. En consecuencia, queda inmediatamente descartado el cargo de que aquí las formalidades procesales no se cumplen o que las normas del debido proceso no se respetan. Los efectos más importantes de la sentencia definitiva que declara la quiebra están consignados en el Título VI, de la Ley de Quiebras. El artículo 64, que trata de los efectos inmediatos, se refiere al desasimiento del fallido, que tiene un efecto distinto de aquel que han querido darle los Honorables Diputados señores Schaulshon y Urrutia. El tenor literal dice: "Pronunciada la declaración de quiebra, el fallido queda inhibido, de pleno derecho, de la administración de todos sus bienes presentes, salvo aquellos que sean inembargables". Y agrega: "El desasimiento no transfiere la propiedad de los bienes del fallido a sus acreedores, sino sólo la facultad de disponer de ellos y de sus frutos, hasta pagarse de sus créditos.". Esto quiere decir que para la Ley de Quiebras, en su versión vigente y en la antigua, que no ha sido modificada, el desasimiento priva de la administración; no transfiere la propiedad, pero la facultad de disponer, no está en poder del fallido. Por la vía legislativa, se desprende al fallido de esa facultad de disponer. La facultad de disponer va a conducir a la enajenación de su activo. Por eso existe el mecanismo de las juntas de acreedores, que es regulador. Si se desea proceder a la enajenación, como unidad económica, y se prescinde, a través de la reforma legal, de la voluntad del fallido, no significa que éste quede al margen de toda defensa legal o que, frente a un eventual acuerdo entre los distintos acreedores, no tenga nada que hacer. Si el fallido ve que la resolución de la junta de acreedores, por esa mayoría que está señalando la modificación legal, le causa daño, es abusiva o perjudicial, deberá plantear el correspondiente incidente, y tiene los instrumentos legales para hacerlo. De tal manera que la situación no tiene el grado de peligrosidad que han señalado mis distinguidos colegas. Estimo, en consecuencia, que no hay comprometidos problemas de constitucionalidad; que sí podría haber eventualmente algunos problemas de técnica jurídica legislativa en relación al universo general de la institución de la quiebra. Por eso, es conveniente que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la que podría dar su opinión sobre esta materia con bastante rapidez. Pero también hay que dejar nítidamente establecido que este proyecto es necesario e indispensable, porque, lamentablemente, el procedimiento de quiebras -así lo indica la experiencia reiterada en nuestro país- es utilizado por determinados fallidos y por ciertas personas inescrupulosas para burlar los derechos de los acreedores. La institución de la quiebra en Chile no está funcionando adecuadamente; tiene errores muy profundos. El fraude habitual no se sanciona. Hay que ir a una modificación de este texto legal para modernizarlo. Así lo ha planteado el Gobierno y éste es un primer avance que obviamente debemos concurrir a aprobar, porque es indispensable frente a determinadas situaciones, que son de conocimiento de la opinión pública y que nosotros como parlamentarios deberemos cautelar. En conclusión, adhiero a la opinión de que vaya a la Comisión de Constitución, pero no comparto el juicio de que se habría planteado un proyecto de carácter inconstitucional. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Devaud. El señor DEVAUD.- Señor Presidente, en verdad, analizando un poco el artículo 1Q del proyecto que propone agregar un inciso final al artículo 124, de la Ley de Quiebras, se advierte claramente que su primera parte, al omitir la voluntad del fallido o la del juez en subsidio, se está atentando contra uno de los principios formativos del proceso. Aparte de eso, la misma institución de la unidad económica concebida en la ley N° 18.175, en el sentido de que para determinar su principio regulador se tiene en vista exclusivamente el interés privado del acreedor y no el propósito de evitar el desmembramiento o terminación de industrias o actividades comerciales, como en la antigua ley, implica necesariamente una revisión del concepto de la unidad económica en la Ley de Quiebras. Aparece difícil aceptar que el principio de la Ley de Quiebras se vulnera, en el sentido de que el fallido queda privado de la administración de sus bienes, cuando se trata de la enajenación de la unidad económica donde nuevamente se requiere su consentimiento. Estoy de acuerdo con que debe haber una modificación general de la Ley de Quiebras, en orden a que en una descripción general del fallido -se trata de un disipador culpable, fraudulento o inculpable-, éste quede sujeto por ley a tutela o a representación legal. Mi sugerencia es para que el fallido, que de pleno derecho queda privado de la administración legal y que, sin duda, pasa a tener el carácter de incapaz relativo, sea inmediatamente representado por el defensor de ausentes. Eso es lo razonable, porque si se fuga el fallido del país -como ha ocurrido en algunas situaciones- y queda privado de la administración de sus bienes o reducido a la calidad de relativamente incapaz, siempre habrá un representante que vele por sus intereses, que no sea solamente el síndico. Aquí es donde se alteran las condiciones. En cuanto a que el síndico representa al fallido y a los acreedores en la declaración de unidad económica para la enajenación de los bienes, de acuerdo con el principio sentado por la ley N° 18.175, ello no es así, por cuanto en esas condiciones el síndico representa sólo el interés privado de los acreedores y no el del fallido. Por lo tanto, requiere de una revisión. Quiero formular una pregunta al Diputado informante. Si respecto del artículo 1°, aparte de que este proyecto prescinde de la voluntad del fallido y de la del juez en subsidio, existe alguna limitación legal respecto de la avaluación o tasación de los bienes del fallido. En dicho artículo se señala que no se requerirá la voluntad del fallido ni la del juez en subsidio, siempre que la enajenación de los bienes sea como una o más unidades económicas y se acordare efectuar la licitación o subasta pública al mejor postor. Ello implica que, en cierto modo, se está alterando una regla casi absoluta en los juicios ejecutivos, en el sentido de que en la realización de los bienes no se licita al mejor postor en la primera postura, licitación o subasta pública; sin embargo, se desprende de este artículo 1Q que la primera licitación es la mejor postor. Queremos saber en qué medida están garantizados los propios acreedores, porque si bien es cierto son éstos los que están autorizando la licitación al mejor postor, no hay que olvidar que la determinación de la unidad económica la señalan aquellos acreedores que en la suma hagan el 51 por ciento o la mitad más uno de las acreencias. Por lo tanto, ello podría redundar finalmente en un perjuicio de los acreedores menores. ¿No le parece razonable al Diputado informante que debería haber un mínimo de dos tercios en la primera subasta, al menos, si se pretende mantener el principio de alterar los principios formativos del proceso y con este artículo vulnerar el principio de las equivalencias? Ese es más o menos el tipo de pregunta que quisiera hacer al señor Diputado informante. Le concedo una interrupción al Diputado señor Campos. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Campos, por la vía de la interrupción. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, en primer lugar, comparto las motivaciones que animan al Gobierno a presentar este proyecto. Como se ha dicho por el señor Ministro y por el Diputado informante, en el aspecto que hoy abordamos y que se vincula con la Ley de Quiebras, existen sin lugar a dudas tres problemas que esta ley trata de resolver. Otra cosa es que lo logre. Por un lado, es evidente que al exigir el artículo 124, de la Ley de Quiebras la concurrencia de la voluntad del fallido para enajenar bienes como unidad económica, la norma puede presentarse para maquinaciones de éste tendientes a dilatar la enajenación. En segundo lugar, al exigirse una autorización judicial supletoria en el caso de que el fallido no exprese su voluntad favorablemente, bien sabemos que puede ser también motivo de dilaciones procesales en las cuales existen abogados que se han especializado en este tipo de situación. Por último, bien sabemos que la ley también presentaba un vacío en cuanto a qué se entiende por falta de voto favorable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127. Pero, independientemente de que estos problemas existan en la ley, no podemos negar que el tema que plantea este proyecto es jurídicamente complejo. No es una materia exclusivamente económica. Aquí no estamos tratando de resolver un caso en particular, sino creando normas permanentes que se van a aplicar a todos los juicios de quiebras que existen en la actualidad y a todas las quiebras que se desarrollen a futuro. Y como bien lo han dicho otros colegas, naturalmente esta materia toca algunas instituciones jurídicas importantes del derecho comercial y del derecho procesal como es, incluso, el propio tema del desasimiento y de los efectos de la declaratoria de quiebra. Por esa razón, en su oportunidad, por así decirlo, expresé mi extrañeza porque un tema jurídico tan complejo como éste sólo fuera estudiado por la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción, de la que formo parte, y no analizado por la de Constitución, Legislación y Justicia. Me sumo entonces a lo ya manifestado por otros colegas en orden a que es necesario que esta Comisión emita su opinión sobre esta materia, ya que, reitero, hay situaciones jurídicas que requieren un mayor estudio. Personalmente no estoy convencido -y lo digo con toda honestidad, como lo expresé también en la Comisión-, de que desde el punto de vista de la constitucionalidad este proyecto sea perfecto. De la lectura de la modificación del artículo 124 que se propone este proyecto podría entenderse expropiatorio, ya que establece una forma de enajenación forzada de los bienes para cuya aprobación se requiere de un procedimiento especial. De manera que lo dicho por el colega Urrutia, en lo más mínimo es una opinión desacertada; por lo menos, es un tema jurídicamente discutible. Quizás con otra redacción del inciso del artículo 124 que se propone, se podrían superar los eventuales problemas de constitucionalidad. Asimismo, como lo insinuamos en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, no estoy muy convencido de que este proyecto esté totalmente agotado en su estudio, ya que, para los efectos que aquí se reglamentan no es lo mismo una quiebra fraudulenta o culpable que una quiebra fortuita. Pienso que el fallido que quiebra fortuitamente debería, para estos efectos, tener un tratamiento distinto al que está maliciosamente involucrado en una quiebra fraudulenta, por lo que los rigores, desde el punto de vista de las exigencias legislativas, deberían también ser distintos. En principio, no tengo ningún inconveniente en aprobar una norma que prescinda de la voluntad de quien quiebra fraudulentamente, pero no soy tan riguroso respecto de una persona enfrentada a una quiebra fortuita. Estas situaciones debería analizar la Comisión de Constitución con mayor propiedad y detenimiento que la Comisión de Economía y que esta propia Sala. Por último, lo insinuado por los colegas Schaulsohn, Molina y otros oradores, en el sentido de tomar una decisión tan categórica para eliminar la autorización supletoria del juez consagrada en la Constitución, es un tema que también requiere de un estudio mucho más profundo. Por esas razones, me sumo a las expresiones dichas en esta Sala, en orden a que, por el interés de la materia planteada en el proyecto, esta materia debería ser analizada y revisada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Devaud. El señor DEVAUD.- Con su venia, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Molina. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Molina, por la vía de la interrupción. El señor MOLINA - Seré muy breve. Sólo para hacerme cargo de las observaciones del señor Ministro. La ley es general y abstracta, no se puede referir a un caso determinado, aun cuando sabemos que, en gran medida, aquí está en juego la situación de la quiebra de Lozapenco. Los trabajadores, no necesariamente están protegidos por el hecho de que se declare la enajenación de una empresa como una unidad económica; no necesariamente tienen asegurada su fuente de trabajo, si los acreedores deciden pasarla a manos de terceras personas, pues éstas no están obligadas a contratarlos. De tal manera que éste no es el mejor mecanismo o procedimiento para garantizar la permanencia de los trabajadores en esas empresas; debemos buscar otros. El decreto ley NB 1.509, de 1976, definió lo que debía entenderse por unidad económica, y estableció un elemento: el interés social en la conservación de la industria. Las modificaciones introducidas al decreto ley N° 1.509 por la ley N° 18.175, eliminaron la consideración de utilidad social y la definición de unidad económica y entregaron la determinación del momento en que se podría utilizar este mecanismo al solo arbitrio de los acreedores, sin ningún otro elemento que pueda determinar un interés social comprometido. Entonces, hay que buscar una modificación que restablezca la idea del interés social comprometido en determinados casos, escuchando al fallido en plazo perentorio y sin que este trámite sea obstáculo para continuar el procedimiento, lo que, a mi juicio, es un requisito esencial, puesto que es parte principal del proceso de quiebra. Y esto debe hacerse teniendo en cuenta el criterio del deudor, pues también está interesado en que con sus bienes se pague a la mayor cantidad de acreedores cautelando, como lo quiere el Gobierno, que no se produzcan situaciones abusivas. Pero esto no se consigue por el mecanismo que establece el proyecto. Muchas gracias, por la interrupción, Diputado señor Devaud. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Puede continuar el Diputado señor Devaud. El señor DEVAUD.- Nada más, señor Presidente. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, quiero reiterar mi objeción esencial a la forma como se está tramitando este proyecto. Insisto en que aquí se cambian los efectos de la declaratoria de quiebra, y se reemplaza el desasimiento por un modo de pérdida del dominio por la mera concurrencia de la mayoría de los acreedores. En mi concepto, esa materia no es para estudiarla en un proyecto calificado de "suma" urgencia. No se pueden discutir materias de esta importancia que tienen un efecto negativo sobre el desarrollo de la economía del país, sobre la base de situaciones puntuales. Tampoco se puede presumir -como lo hace el Honorable señor Salas- que todos los empresarios que quiebran son delincuentes, porque muchos toman un riesgo grande cuando invierten y, a veces, los negocios prosperan y en otras oportunidades no. La quiebra no hace delincuente a un ciudadano. Por ello, en la Ley de Quiebras existe un mecanismo de clasificación de la quiebra. A lo mejor, podemos adoptar ciertas normativas para agilizar los procesos, especialmente cuando se trata de quiebras calificadas como fraudulentas; se puede mejorar la legislación; pero no me parece que ésta sea la manera adecuada de hacerlo. Los ejemplos citados por el Honorable señor Elgueta no corresponden al punto de fondo, porque las instancias que menciona, en que se pueden enajenar bienes, son para preservar el patrimonio de la quiebra, para preservar el acervo. No es para liquidarlo ni para traspasarlo a manos de terceros. Se pueden vender cosas en forma expedita cuya no realización las deterioraría; se pueden liquidar valores mobiliarios, cosas de ese tipo que se transforman en dinero; pero no salen de la masa o del acervo de la quiebra. Incluso, en uno de los artículos que cita, hay un límite máximo en unidades de fomento, porque se entiende que es un procedimiento extraordinario. En consecuencia, estimo que debemos legislar no sobre la base de situaciones puntuales. En mi opinión, el Honorable señor Molina ha dado un argumento que vale la pena sopesar. Este mecanismo no garantiza la defensa de los derechos de los trabajadores; se puede sacrificar o burlar los intereses de los trabajadores, aun con el procedimiento contemplado por la actual ley, lo que amerita un estudio más profundo. No se pueden cambiar las reglas de la Ley de Quiebras de manera rápida o inmediata por medio de las urgencias. Este es un proyecto que requiere de un estudio mayor. Pienso que el señor Ministro haría bien en solicitar al Gobierno que retire la urgencia para que podamos evaluar esta situación y legislar como corresponde. En mi concepto, en esta Cámara hay un amplio consenso de que la Ley de Quiebras no es una ley perfecta; pero aquí no está en juego la defensa de los intereses de los trabajadores versus la defensa de los intereses de los empresarios. Francamente, me parece un criterio muy errado suponer que detrás de cada quiebra hay un ladrón o un sinvergüenza. El señor SALAS.- ¿Me permite una interrupción? El señor SCHAULSOHN.- Se la concederé inmediatamente, Honorable señor Salas. Muchas veces hay circunstancias de negocio, razón por la cual la ley hace distinciones. Por lo mismo, legislemos bien, hagámoslo con cuidado, pero no nos precipitemos a modificar uno o dos artículos de la Ley de Quiebras. Comparto el argumento del Honorable señor Bosselin, en el sentido de que la objeción de carácter constitucional no es fuerte en este caso; pero, a mi modo de ver, se cambian los efectos de la quiebra. A lo mejor adoptamos el criterio que eso debe hacerse así, pero discutámoslo y hagámoslo con el tiempo que requieren materias que, como él mismo muy bien ha señalado, tienen un efecto importante en el desarrollo y en la marcha de la economía del país. Señor Presidente, el Honorable señor Salas me ha solicitado una interrupción que, con su venia, le concedo. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salas. El señor SALAS.- Señor Presidente, nunca he dicho que todas las personas que quiebran son sinvergüenzas. He hecho una relación de quiebras producidas en mi región, algunas de las cuales llevan más de diez años, y, hasta hoy, existen trabajadores que, a causa de los procedimientos muy oscuros que se emplearon, no tienen aún una solución definitiva. Están los casos de Ma- chasa, de Oveja y de Bella vista Tomé, en los cuales subsisten problemas graves, pues sus trabajadores han sido estafados. Nosotros recomendamos que la Comisión Investigadora del fraude de Loza- penco legislara sobre esta materia, cuestión que estudió dicha Comisión. Quiero dar mi opinión al respecto para que no se piense que creo que todas las quiebras son fraude, porque entiendo que una persona puede hacer un mal negocio y quebrar. Para solucionar el problema planteado, se podría establecer en esta ley que cuando una quiebra es declarada fraudulenta o es producto de un fraude, no debe existir la obligación de obtener la voluntad del deudor para vender los bienes separadamente o rematarlos como unidad económica. Eso es lo que planteé desde un principio respecto de las quiebras fraudulentas. ¡Cómo es posible, en el caso de Lozapenco, que se tenga que pedir el visto bueno a una persona que estafó a un pueblo completo, que se robó 46 millones de dólares, para vender esta empresa como unidad económica! Planteo esta inquietud a los señores abogados que tienen distintas opiniones al respecto y que tanto discuten aquí, ya que con este sistema no llegaremos a ninguna parte. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Schaulsohn. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, aquí no se discute entre abogados. Hablo como parlamentario, y tengo tanto interés en la defensa de los legítimos derechos de los trabajadores como cualquiera de los aquí presentes. Simplemente expreso una opinión frente a un proyecto que me parece que, aun cuando está bien inspirado, se tramita de una manera equivocada. Las situaciones que señala el Honorable señor Salas son efectivas, pero ésta no es la solución. Además, la sanción por un fraude no es la pérdida del dominio de las cosas; estamos viviendo en un estado de derecho, y si la justicia es lenta en muchos aspectos, estoy de acuerdo en que debemos mejorarla. La próxima semana discutiremos un proyecto que reforma al Poder Judicial, enviado por el Supremo Gobierno precisamente con ese propósito; pero creo que la demagogia reiterada no nos conduce a legislar de una manera equilibrada en esta Cámara. Deseo hacer un último comentario respecto de la observación que formuló el señor Elgueta en relación con la Comisión Investigadora de los Cheques. Ahí se constataron -como bien lo sabe el colega, ya que su colaboración fue extremadamente valiosa en esa ocasión, como en todas- violaciones graves a la Ley de Quiebras. No es que la Ley de Quiebras haya permitido que se cometieran irregularidades, lo que pasa es que fue violada en forma reiterada. Ahora, puede ser mejorada; mejorémosla, pero con un criterio estratégico y no puntual, para solucionar problemas que, por lo demás, no se solucionan por la vía de esta reforma. Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Honorable señor Urrutia. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Antes de concederle la interrupción al Diputado señor Urrutia deseo señalar que queda un minuto para que termine el Orden del Día, por lo que tendríamos que acordar el envío de este proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para discutirlo y votarlo mañana. Debe despacharse mañana, por una disposición reglamentaria. Si le parece a la Sala, así se procederá. Aprobado. Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, solamente quiero hacer presente en esta discusión que la posición de Renovación Nacional es analizar el fondo del proyecto, sin que afecte a la Carta Fundamental ni tenga vicio alguno de inconstitucionalidad. Debemos tener presente, y en esto concuerdo con lo expuesto por el Diputado señor Schaulsohn, que muchas veces a los trabajadores no se ha podido pagar en las quiebras por razones expresamente establecidas en la ley. En la ley antigua se establecía un número determinado de ingresos mínimos mensuales, creo que eran 10. Después, la ley N° 18.175, fijó 15 ingresos mínimos mensuales, con preferencia de primera clase, en conformidad con el artículo 2.472 del Código Civil, y que el resto de las deudas de los trabajadores deben esperar que pasen a ser valistas. Además, no siempre se les van a solucionar los problemas. Por lo tanto, debo dejar claramente establecido que estamos de acuerdo con las modificaciones de fondo que se quieren introducir, pero debemos tomar resguardos para no caer en vicios de inconstitucionalidad. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Este proyecto pasa a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y continuará tratándose mañana. El señor ARANCIBIA.- Pido la palabra por un asunto de Reglamento. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, quedó pendiente una consulta del Diputado señor Devaud al parlamentario que habla. Según entiendo, puede ser respondida mañana. Además, me gustaría conocer la nómina de Diputados inscritos que no alcanzaron a intervenir. Se supone que continuará el mismo orden en la sesión de mañana, ¿o hay que hacer una nueva inscripción? El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra los Diputados señores Martínez, don Juan; Arancibia, Recondo, Bosselin, Elgueta, Gajardo, Campos y Mekis. Por lo tanto, mañana intervendrán en ese mismo orden. Terminado el Orden del Día. El señor MARTINEZ (don Juan).- Pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente, quiero representar a la Mesa la necesidad de reglamentar el uso de la palabra a través de la interrupción. Por esa vía, los parlamentarios ocupan todo el tiempo destinado al Orden del Día y los que hemos estado esperando nuestro tumo para opinar sobre determinada materia, normalmente no lo podemos hacer. Considero que éste no es el procedimiento correcto ni adecuado. Por ello, pido a la Mesa poner especial atención sobre este asunto, o bien fijar un tiempo para las interrupciones de los parlamentarios. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Eso depende un poco de los parlamentarios. Sin perjuicio de ello, la Mesa planteó una modificación al Reglamento, la que esperamos sea debatida en 15 días más. En uno de sus acápites se señala precisamente la reglamentación de las interrupciones y el tiempo que pueden durar. 3.- VISITA DE DELEGACION DEL PARLAMENTO ALEMAN. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Señores Diputados, debo informarles que se encuentra en la tribuna una delegación del Bundestag, Parlamento alemán, de visita oficial en Chile, donde tendrá diferentes reuniones. La integran los Diputados Emes Waltemathe, quien es el jefe de la delegación; la Diputada Renate Schmidt, Vicepresidenta del Bundestag, ambos del Partido Social Demócrata; el Diputado Gerhard Pfeffermann, la Diputada Angelika Pfeiffer, el Diputado, Udo Haschke, los tres de la Democracia Cristiana alemana; el Diputado doctor Dietmar Matteme, de la Social Democracia alemana, y el Diputado Hans-Joachim Otto, de la FDP. Aplausos. La Cámara de Diputados los recibe con interés y mucho cariño. 4.- SITUACION EN LA REPUBLICA DEL PERU El señor COLOMA (Vicepresidente).- De conformidad con los acuerdos de Comités, corresponde debatir durante 60 minutos, que se distribuirán proporcionalmente entre los distintos Comités parlamentarios, la situación de la hermana República del Perú. Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Pizarro. El señor PIZARRO (don Sergio).- Señor Presidente, la bancada de Diputados de la Democracia Cristiana repudia de manera decidida e inequívoca los hechos ocurridos en la noche del 5 de abril en el Perú. El paso dado por el Presidente Fujimori al desconocer la Constitución, disolver las Cámaras, mantener bajo arresto a magistrados judiciales, Senadores y Diputados, es un procedimiento inaceptable e injustificable. Al condenar el proceder del señor Fujimori, llamamos a la solidaridad internacional con el pueblo del Perú, para que de la manera más vigorosa exprese ante la opinión pública nacional e internacional su repudio a la condenable aventura que puede conducir al desastre en aquella hermana República. La OEA debe tomar de inmediato las medidas orientadas al cumplimiento del "Compromiso de Santiago", de julio de 1991, que impone la solidaridad activa de la comunidad continental en preservación y defensa de la democracia. Es inaceptable que en Perú se hayan desechado las vías del diálogo y los mecanismos de concertación, y que se pretenda cabalgar sobre necesidades sentidas de la población peruana, ofreciendo "cambios" con renuncia y sacrificio del estado de Derecho. Nuestra bancada manifiesta y proclama su solidaridad con el Partido Demócrata Cristiano del Perú, con el Partido Popular Cristiano y con sus restantes fuerzas democráticas y exhorta a la co-munidad internacional a aislar las actividades e ideologías autoritarias que sobreviven en el hemisferio y se aprovechan de la difícil coyuntura socioeconómica que sufren nuestros pueblos para atentar contra el sistema democrático. América Latina está viviendo una difícil situación que sólo es posible conjurar aunando voluntades que conduzcan al cambio por la vía institucional. Mantenerse indiferente ante lo ocurrido en el Perú podría conducir, en breve plazo, a la desaparición del régimen de libertades públicas extendido hoy en América Latina. No hay duda alguna que en el continente se requieren cambios de carácter ético-político que mejoren los sistemas en vigencia, pero el golpe de Fujimori rompe la necesaria comunicación, el diálogo y la activa participación de todos en la tarea de perfeccionar la democracia. La violencia y el autoritarismo ni aceleran ni conducen a esos objetivos. Por el contrario, postergan las soluciones y significan evidentes retrocesos históricos. En consecuencia, nuestra bancada apoyará la declaración de esta Cámara, en el sentido de dirigirse a la Organización de Estados Americanos a fin de solicitar que se tomen las medidas aconsejables para hacer efectiva la "Resolución de Santiago"; protestar por la detención de los dirigentes social-cristianos Felipe Osterling y Roberto Ramírez del Villar, Presidente del Senado y Presidente de la Cámara de Representantes del Perú, respectivamente, y exigir su inmediata libertad. Manifestamos a los políticos peruanos, y muy especialmente a los Partidos Demócrata Cristiano y Popular Cristiano del Perú, nuestra solidaridad con la posición que ellos han adoptado, de repudio y enfrentamiento a la violación del orden constitucional que ha encabezado el señor Fujimori. En síntesis, condenamos enfáticamente los sucesos del Perú y propiciamos que se tomen medidas concretas para preservar la legitimidad democrática en aquel país. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, quiero sumarme a lo expresado por el Honorable señor Diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Creo que no podemos dejar de pronunciamos, con la máxima energía, para condenar el golpe de Estado que lamentablemente está sacudiendo en estos momentos a la hermana República del Perú. Ello nos debe hacer reflexionar sobre un hecho muy desgraciado: que el militarismo no está muerto en América Latina. Muchos de nosotros, en algún momento, hemos reflexionado en el sentido de que el término de la "guerra fría", la desaparición de la confrontación Este-Oeste, el cese del enfrentamiento entre visiones ideológicas absolutamente contrapuestas, que siempre sirvieron de excusa para la implantación de regímenes dictatoriales de un signo o de otro, podrían haber anunciado una nueva era para nuestro continente y para el mundo. Pienso que eso es así. Sin embargo, en estos momentos uno tiene derecho a preguntarse de qué manera el militarismo vuelve a plantearse como alternativa en América Latina. Siempre en una sociedad puede encontrar una razón para aflorar, por cuanto hay sectores que no creen en la democracia y estiman que los problemas sociales o económicos pueden abordarse de mejor manera por la vía de la implantación de regímenes autoritarios que a través del perfeccionamiento o la profundización de los sistemas democráticos. El caso de Perú nos debe hacer meditar profundamente sobre el hecho de que la democracia es un sistema frágil. La democracia es un sistema éticamente muy superior, a cualquier fórmula o forma de autoritarismo, por los valores que la impregnan. Pero su desafío es ser eficiente y proporcionar bienestar a los pueblos, lo cual es un motivo de reflexión para los políticos. Hay día, cuando no existe la confrontación Este-Oeste y ha desaparecido la "guerra fría", emerge con claridad que los adversarios más profundos de la democracia son la corrupción y la indiferencia de la gente frente al proceso político. En este país, donde estamos tratando de construir un sistema democrático, debemos tener esto siempre presente en nuestras acciones. Como Partido Por la Democracia, condenamos de la manera más enérgica lo ocurrido en el Perú y llamamos a nuestra Cancillería a adoptar medidas acordes con la gravedad de los hechos. ¡No hay justificación alguna para un golpe de Estado! En tal sentido, quiero destacar las lamentables declaraciones que en el día de ayer escuché al Senador de Renovación Nacional, señor Miguel Otero, quien en cierto modo -y más que en cierto modo- aparecía justificando el golpe de Estado en el Perú. Me parece que ese comportamiento de un Senador de la República de Chile enluta a nuestro Parlamento, por cuanto aquí no caben vacilaciones: o se está con la democracia o se está en contra de ella. Cualquier excusa que se trate de encontrar, en la profundidad o en la gravedad de los problemas sociales que afectan a un país, para justificar una asonada golpista, me parecen censurables desde todo punto de vista. Espero que hoy día la Cámara de Diputados adopte en forma unánime una resolución de condena a lo que ocurre en el Perú y que, al mismo tiempo, haga un llamado a la Cancillería a abrir las puertas de nuestra embajada en ese país para acoger a los ciudadanos perseguidos que quieran buscar y acogerse al beneficio del refugio o del asilo político que puede ofrecer en estas circunstancias nuestra república democrática, y que formule votos por que el pueblo peruano sepa revertir la situación y recuperar su tradición y su sistema democrático en el plazo más breve posible. La pérdida de la democracia en el Perú es algo que nos afecta a todos. Debilita nuestro propio proceso de transición, debilita las democracias de América Latina y, en general, implica un grave retroceso, en el aislamiento de los regímenes militares. Tampoco podemos dejar de hacer abstracción del caso de Venezuela ni de la lamentable situación ocurrida hace poco tiempo en Haití. De manera que los países democráticos y los sectores políticos comprometidos con la democracia, más allá de nuestra filosofía o ideología política, debemos estar en un cierto estado de alerta y profundizar nuestro compromiso con sus valores. En este momento, eso se logra materializando de la manera más explícita nuestro repudio a lo ocurrido en el Perú. Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción a los Diputados señores Pizarro y Letelier. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro con cargo al tiempo del Comité democratacristiano. El señor PIZARRO (don Sergio).- Señor Presidente, quiero confirmarle al Diputado señor Schaulsohn que la Cancillería chilena impartió instrucciones a la embajada en Perú para abrir sus puertas, y que en este momento se encuentran en nuestra sede diplomática las dos hijas del ex Presidente Alan García. Muchas gracias. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, condenar lo ocurrido en el Perú es lo menos que podemos hacer. Nuestro continente está viviendo un momento en el cual diversos sectores consideran que los problemas estructurales y reales de algunos países pueden resolverse quebrantando el sistema que garantiza el pluralismo y la expresión de la soberanía nacional. Con la excusa o argumentación de luchar en contra de la corrupción y la influencia de los narcotraficantes, en Venezuela se intentó derribar una de las democracias más sólidas de Sudamérica. Esta semana hemos visto como un Presidente, representante de una nueva corriente política en el Perú, el Partido Cambio 99, ha echado por el suelo a las instituciones democráticas, en particular las elegidas por voluntad popular, alegando la necesidad de poner fin a la corrupción, a la influencia del narcotráfico y para ordenar un país conmovido por conflictos internos muy profundos. Esta línea de argumentación que hoy escuchamos en Perú, ayer en Venezuela, y quién sabe si mañana la escucharemos en Brasil o en Argentina, debe llamamos a una reflexión muy profunda respecto del valor de las instituciones democráticas, su papel y la necesidad de que ellas, en particular el Congreso Nacional, sean en toda América Latina el principal instrumento para resolver los conflictos político-sociales y encauzarlos institucionalmente. Hoy, en Perú, sin duda peligra la vida de destacados dirigentes políticos de diversos sectores de opinión y la posibilidad de enfrentar, en forma consensual e institucional, los graves conflictos que afectan a nuestra hermana nación. Junto con condenar este golpe y pedir que nuestro Gobierno implemente los mecanismos considerados en la "Declaración de Santiago" -a través de la cual los Gobiernos de la región actúan en conjunto para defender la democracia-, considero que debemos, como Congreso Nacional solicitar al Parlamento Latinoamericano que asuma una posición muy fuerte y decisiva en esta situación. Es necesario que manifestemos, como Poder del Estado, que lo ocurrido en Perú es inaceptable, y llamemos a todas las fuerzas democráticas de nuestro país y del continente a exigir la restitución de la institucionalidad en Perú. También debemos señalar en este Hemiciclo -sin necesidad de referimos a declaraciones como las formuladas por el Senador Otero, a las cuales ha hecho mención mi colega Schaulsohn-, que es lamentable que colegas de esta Sala justifiquen el golpe dado en Perú, y piensen que por medio del autoritarismo se pueden resolver los problemas que sufre ese país. Me refiero a lo expresado ayer por el colega Bartolucci. En verdad, me produjo una profunda vergüenza pensar que un Diputado justificara un golpe y el autoritarismo como mecanismo para solucionar los problemas profundos del Perú. Mañana, quizás, volverán a invocar estos mismos argumentos para justificar el quebrantamiento de la democracia en Chile, en Brasil, en Argentina o en otro país de América Latina. Por ello, prefiero pensar que estas declaraciones desafortunadas fueron producto de una falta de reflexión o de información. El Partido Socialista se suma a la condena que hacemos como Cámara y espera que, cuanto antes, se restaure la democracia que el pueblo peruano conquistó y que tanto requiere para enfrentar y resolver los diversos problemas que lo afligen. He dicho. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Morales. El señor MORALES ADRIASOLA (don Jorge).- Señor Presidente, deploramos el doloroso quiebre de la institucionalidad peruana, particularmente en una hora en que vivimos un sistema de democratización en Latinoamérica y en el mundo. Asimismo, como es obvio, lo condenamos con toda nuestra fuerza. El Presidente Fujimori justifica su acción y la fundamenta en que la guerrilla ya ha provocado 25 mil muertos en Perú, que la corrupción ha asolado todos los rincones de la sociedad peruana y que el narcotráfico devasta la sociedad de ese país. No obstante, todas estas razones -en la hora presente, tan dolorosas, son sinrazones- existían y eran conocidas en la República hermana cuando Fujimori fue elegido democráticamente. Es decir, el Presidente de facto, Fujimori, cuando fue candidato y electo bajo las mismas condiciones que hoy día denuncia y se queja, se comprometió a resolver estos flagelos en democracia, lo que hoy es el primero en violentar. Por lo tanto, en nuestra opinión, el Presidente Fujimori ha violado su propia promesa y su palabra democrática de hace dos años. Los hechos ocurridos recientemente en Haití, luego en Venezuela y ahora en Perú, nuestro vecino país, nos obligan y exigen a las naciones latinoamericanas una seria reflexión para evitar que continúe la fragilidad de los regímenes democráticos, con el objeto de que esta asonada de hoy no vuelva a repetirse nunca más, ni en el mundo ni en Latinoamérica. En consecuencia, los Diputados de Renovación Nacional, conscientes del quiebre que vive hoy un país tan importante para nosotros, un país hermano y tan querido como lo es el Perú, protestamos y levantamos nuestra voz para señalar en esta tribuna que los postulados que hoy exhibe el Presidente peruano para derrocar el régimen institucional, más tarde o más temprano se volverán en su contra. Estamos ciertos de que los ideales que proclama van a ser, en el corto tiempo, sobrepasados, ya sea por las fuerzas militares, por el terrorismo o por la propia sociedad. Pensamos y creemos firmemente que no hay otra manera de gobernar un país en el mundo que a través del poder constituido, en donde la democracia en plenitud esté afianzada en un Congreso libre, en un Ejecutivo respetuoso de los poderes públicos, en tribunales independientes y, en fin, en donde imperen las libertades públicas e individuales y los derechos humanos, como deseamos que se respeten en el Perú. Por tanto, termino señalando nuestro rechazo más absoluto y nuestra total condena al quebrantamiento de la institucionalidad en el hermano país del Perú. Levantamos la voz para señalar que no permitiremos, por motivo alguno, que otro quiebre institucional se lleve adelante como hoy ocurre en Perú. Por eso, invitamos a la Cámara de Diputados, en conjunto con los demás Congresos de Latinoamérica, a hacer una seria reflexión sobre las democracias latinoamericanas para que este hecho doloroso, que lamentamos, nunca más vuelva a suceder en América Latina y en el mundo. He dicho. Aplausos. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Luis Leblanc. El señor LEBLANC - Señor Presidente, no sólo la Cámara, sino Chile y otras naciones lamentan los dolorosos acontecimientos ocurridos en la hermana República del Perú. Creo ser portador del sentimiento que hoy anima a todos los ariqueños. El distrito que represento, como es bien sabido, se encuentra a minutos de la primera ciudad del Perú. Los ariqueños no sólo convivimos a diario con los hermanos peruanos, sino que compartimos familias, problemas, sinsabores y también felicidad. Parte de nuestra cultura en el extremo norte está unida con la de los hermanos peruanos. Por ello, los ciudadanos del extremo norte, en particular de Arica, sienten pena y dolor por lo que acontece en la República del Perú. Es inaceptable que hoy, el golpista Fujimori, so pretextos que no tienen mayor fundamento, desconozca la Constitución y la ley, frene las libertades públicas y, junto con ello, desate la represión que ya hemos conocido en otros países de América Latina. Los principales dirigentes políticos peruanos, los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, magistrados, miembros del Poder Judicial, dirigentes sociales, se encuentran arrestados. El ex Presidente Alan García se haya desaparecido. En definitiva, desgraciadamente, concurrimos una vez más a un espectáculo que, por lo demás, los chilenos conocimos de sobra. Por ello, se hace necesario que la Cámara de Diputados haga un firme llamado a la solidaridad internacional y que Chile, en todas las instancias en que participa, proclame su protesta más enérgica por este hecho que viola, una vez más, la sana convivencia americana. Esta aventura golpista tiende a repetir lo que ya vivió Perú con Velasco Alvarado y con Morales Bermúdez, páginas negras de su historia, y no pretende otra cosa que oprimir al pueblo y colocar serias dificultades a la unidad americana, a la cooperación y a la integración, que es lo que hoy proponen todos los gobiernos, compromiso que tiene no sólo el Ejecutivo, sino la totalidad de los parlamentarios que se encuentran en este Hemiciclo. Señor Presidente, la OEA debe reafirmar, con eficacia -subrayo esto último-, su rol. Muchas veces hemos conversado y discutido respecto de la plena vigencia de la eficacia y la real efectividad de la Organización de Estados Americanos. Por ello, se hace imprescindible que el compromiso de Santiago, firmado en julio de 1991, no concluya en letra muerta, como ha ocurrido con otros de esta importante organización. Sus medidas, tendientes a preservar la democracia en Latinoamérica, deben ser realmente efectivas en esta oportunidad. En ello, nuestros representantes deben poner el máximo de energía. El restablecimiento del estado de Derecho, de las libertades públicas y el irrestricto respeto de los derechos humanos debe ser la principal solicitud que hagamos en esta oportunidad. El futuro de América Latina se va a construir aunando voluntades. Los cambios, tan necesarios en nuestra América morena, tendrán que hacerse por la vía institucional, no por la del golpe, de la represión y de la muerte, características típicas de las dictaduras militares. Por eso, la indiferencia que podría surgir si no levantamos nuestra voz con energía, nos conduciría a hechos ya conocidos y a los que se ha hecho referencia en esta mañana. No queremos que se repita lo sucedido en Haití; no queremos la amenaza permanente en Venezuela. Eso debe hacemos pensar que, por desgracia, el fenómeno del militarismo no está ausente de nuestra América. Por eso, adhiero con toda energía a lo que aquí se ha sostenido y espero haber representado lo que los ciudadanos de Arica hoy sienten por sus hermanos peruanos. He dicho. Aplausos. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, ante los hechos que están sucediendo en la hermana República del Perú, la bancada de la Unión Demócrata Independiente declara lo siguiente: "1°.- Lamentar profundamente que en el día de ayer se haya quebrado el estado de derecho en la vecina nación, restringiéndose importantes libertades personales y públicas de sus habitantes. "2°.- Constatar que las argumentaciones entregadas por el Presidente Fujimori para liderar este proceso de cambios en el Perú, amparado en la idea de terminar con la dramática situación política, social, económica y jurídica que se vive desde hace décadas, no se condicen con los mecanismos ideados para ello, en especial, con la prescindencia del Parlamento y suspensión de derechos básicos. "3°.- Advertir que lo que está sucediendo en el Perú no se puede ni se debe restringir sólo a esta decisión, por equivocada que sea, sino que exige a todo dirigente político adentrarse en sus causas, en especial, a la responsabilidad de todos los actores involucrados en el triste cuadro que hoy presenta esa nación. "El terrorismo desatado, la corrupción endémica y la demagogia reiterada, encierran una estructura descompuesta que afecta dramáticamente a los más desposeídos y que tiene su origen en años de irresponsabilidad y falta de capacidad de muchos de sus máximos líderes. 'Tensamos que abocarse a la reflexión de esta realidad constituye no sólo el deber de todos quienes tengan responsabilidad pública en el Perú, sino que supone un requerimiento moral para todo dirigente latinoamericano que aspire a encauzar a nuestras naciones por la senda del progreso, de la democracia y del entendimiento mutuo. "4° - Apoyar firmemente el restablecimiento, a la brevedad, del estado de derecho, manifestando el deseo de que ello vaya aparejado con un profundo cambio de actitud de todos quienes hayan contribuido a la reconocida situación de corrupción, pobreza y terrorismo en la hermana nación. "Junto con reiterar lo lamentable que resulta lo que está sucediendo a estas horas en Perú, esperamos que la rápida superación de esta triste experiencia que hoy se vive contribuya a que nuevos y mejores horizontes democráticos y de convivencia se puedan vivir hacia adelante en especial beneficio de todos quienes tienen menos.". He dicho. Aplausos. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado don Jorge Pizarro. El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, los Diputados de la Democracia Cristiana condenamos categóricamente el golpe de Estado dado en el Perú por el señor Fujimori en conjunto con las Fuerzas Armadas. No hay excusas ni argumentos que valgan para justificar, bajo ninguna circunstancia, el quiebre de la institucionalidad democrática. Es conveniente que en esta ocasión reflexionemos sobre algunos de los argumentos planteados por el dictador Fujimori para justificar este golpe de Estado. En su mensaje a la nación peruana ha atacado a las otras instituciones básicas de un sistema democrático: al Poder Legislativo, en primer lugar; al Poder Judicial, en segundo lugar; a los partidos políticos. Los argumentos que da es que obstruían la acción del Ejecutivo, que no lo dejaban implementar las decisiones o las políticas que estaba planteando para la nación peruana. Quiero manifestar que más allá de lo que pueda ser la realidad del Perú de hoy, estos argumentos son los mismos que usan o han usado todos quienes hacen uso de la fuerza y llegan al poder implantando dictaduras. Es conveniente que en esta Corporación nos detengamos a reflexionar respecto de los roles que en un sistema democrático juegan el Congreso Nacional, los partidos políticos, los otros poderes del Estado y cada uno de nosotros. El Congreso, señor Presidente, es la instancia donde está representada la voluntad del pueblo, manifestada por los más distintos sectores políticos y sociales que lo integran. Eso le entrega legitimidad, para los efectos de cumplir con su rol de fiscalizar, de legislar, y de representar los intereses de los distintos sectores ciudadanos. De manera que no se puede argüir que el Congreso, en uso de sus facultades, al tomar decisiones que sean contrarias a las políticas del Ejecutivo, esté desempeñando un rol que tiende a obstruir la labor del Ejecutivo, y por lo tanto, se justifique un golpe de Estado de esta naturaleza. Es de la esencia de la Democracia que el Congreso sea la instancia de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de debates, de generación de consensos y de políticas unitarias. Y si alguien tiene discrepancias, lo lógico es que mediante la razón, las ideas y los planteamientos se hagan valer para buscar las soluciones adecuadas. Esta instancia, que es el Congreso Nacional, en conjunto con los partidos políticos, quienes juegan un rol dentro de un sistema democrático, no puede ser motivo o argumento que justifique un golpe de Estado de la naturaleza del que hoy día vive la nación peruana. En todo sistema democrático hay problemas, conflictos sociales, económicos y políticos, pero es la propia democracia la que genera las herramientas y tiene los instrumentos para buscar las soluciones a sus problemas. Si el tema es la corrupción, si el tema es el enfrentar a los terroristas, no cabe duda de que la única manera eficiente de hacerlo es con un gran acuerdo nacional, con la participación de toda la sociedad, de todos los entes políticos y sociales de un país, y no como hoy día se pretende hacer en el Perú, en que, a mi juicio, a lo único que la nueva situación va a contribuir es a agudizar las tensiones sociales, a profundizar el desmembramiento de esa sociedad, a generar un caldo de cultivo para el terrorismo de Sendero Luminoso y para todo lo involucrado en el problema del narcotráfico. Ejemplos y experiencias respecto de cómo salir de conflictos como ése tenemos muchos en América Latina. Nosotros mismos estamos saliendo de un período muy largo y difícil. Vivimos un proceso de transición. Nuestra democracia, de la cual estamos todos orgullosos y que está naciendo, requiere todavía de un proceso de consolidación; requiere el aporte de cada uno de los ciudadanos, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de los sectores empresariales y sindicales; en suma, que toda la gente que conforma el tejido social de este país, aporte a la profundización y a la modernización de nuestra democracia. Hoy, nuestro Congreso tiene un rol clave que jugar en este proceso de transición. Cada uno de nosotros debe entender que no sólo hemos sido elegidos para legislar; no sólo hemos sido elegidos para fiscalizar; no sólo hemos sido elegidos para representar a los distintos electores de nuestros distritos, sino que también hoy debemos ser ejemplo de responsabilidad en la acción pública; de responsabilidad en nuestras actuaciones políticas; de proceder con seriedad en cada una de nuestras actuaciones en la Cámara y en el ámbito nacional. Además, señor Presidente, debemos ser siempre ejemplo de consecuencia con los principios democráticos. Sin condicionantes de ninguna especie. Eso es lo que requiere la ciudadanía de nosotros. Y esa es la razón por la cual me alegro y felicito que esta Corporación adopte en forma unánime, un proyecto de acuerdo como el que se ha presentado. Y me alegro de la condena tan categórica que han hecho los colegas de la Derecha, especialmente de Renovación Nacional, porque refleja que en este país realmente tenemos conciencia de que una democracia se construye entre todos y con el aporte de todos. Señor Presidente, condenamos el golpe de Estado en Perú. Apoyamos el proyecto de acuerdo presentado y exigimos el restablecimiento de la institucionalidad democrática en la república hermana del Perú. He dicho. Aplausos. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Devaud. El señor DEVAUD.- Gracias. Señor Presidente, estamos en presencia de una situación que amarga a los ciudadanos en América. Hemos visto cómo en estos días, mediante una conspiración cupular prefijada, un Presidente electo democráticamente en la república vecina, en connivencia con las fuerzas armadas peruanas, ha atacado el Poder Legislativo de la vecina nación y ha intervenido el Poder Judicial. Pretenden justificar su acción en la necesidad de recuperar económicamente a su país, en la moralización de la administración de justicia, en la eficiencia de la administración pública, en la pacificación nacional y en la derrota del narcotráfico y la corrupción. El señor Fujimori, en democracia, no había logrado ninguno de esos objetivos. Pero tampoco puede pretender aniquilar las instituciones democráticas y utilizar estos argumentos para impedir y coartar el renacimiento democrático de esa nación. Para emprender esa cruzada, como se ha dado en llamar por los "golpistas" peruanos, Fujimori ha disuelto el Congreso, ha decretado la suspensión de la Constitución Política; ha comenzado a legislar a través de decretos y une en su mano la "summa potestas" con la connivencia cruel y bárbara de las fuerzas armadas peruanas. Fujimori ha decretado el arresto de los presidentes de ambas Cámaras; ha puesto sitio a la vivienda del ex Presidente Alan García, senador institucional por obra y gracia de la Constitución de la República peruana; ha decretado el arresto de otros legisladores, como es el caso del senador Abel Salinas. En Perú están suspendidas las garantías individuales; no hay libertad de prensa, no hay derecho de reunión, está suspendida la vigencia de los partidos políticos, por decreto del dictador Fujimori. Una conspiración en marcha ha detenido el proceso democrático en la vecina nación. Lo lamentable de ello es que, aparte de que todo "golpe" de Estado merece el repudio de los verdaderos demócratas, este autogolpe lo encabeza el propio Presidente de la República; ha sido inventado por él y ha descansado otra vez en la fuerza de las armas. En Perú, es el fin del estado de derecho. La Cámara de Diputados peruana, en un gesto que la honra, ha respondido con un símbolo, ha cumplido con su deber: ha destituido al Presidente de la República del Perú, al dictador. Es cierto que constituye un acto simbólico, que no produce mayor consecuencia cuando el poder se asienta en la fuerza de las armas, pero es un símbolo necesario que nos hace confiar en la recuperación democrática de la vecina nación. Es de esperar que esta siniestra aventura en la que se han embarcado Fujimori y los golpistas peruanos termine incruento, con beneficio para la libertad y para la recuperación democrática de la vecina nación. En nombre de mi partido y del pensamiento socialdemócrata, presentamos nuestra solidaridad al partido hermano en el pensamiento socialista democrático, el Apra, el partido de Raúl Haya de la Torre, que sufre la persecución en estas horas amargas para la vecina República. He dicho. Aplausos. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente, además de sumarme a la condena de lo que está sucediendo en el Perú, quiero entregar algunos antecedentes que me preocupan y que deben tenerse en cuenta como elementos de reflexión. Fundamento mis palabras, al menos, en cuatro visitas personales al Perú. No nos debe dejar de llamar la atención -como se ha dicho- que la democracia es frágil, al igual que la vida. En mi concepto, es importante centrarnos en los antecedentes que, de alguna manera, llevan a las intervenciones, a los "golpes", a los quiebres del estado de derecho, ya que no son frutos de la casualidad ni de aventuras: corresponden a condiciones previas que la democracia debe saber prevenir. Si analizamos las visitas, las publicaciones, todos los anuarios de América Latina, constataremos que la situación en el Perú es realmente complicada. De ahí partió el cólera, tiene los mayores indica-dores de pobreza y un grado de terrorismo verdaderamente alarmante, no sólo por la cifra de las personas muertas, sino por la crueldad con que opera. Tiene una "institución", como Sendero Luminoso, que saca a las autoridades democráticas a las plazas públicas y las ejecuta a vista y paciencia del pueblo. Estas son condiciones previas, que no deben permitirse en un régimen democrático para evitar que estas cosas sucedan. Después de un breve análisis de algunos de los indicadores del Perú, vemos que su situación es realmente grave. El crecimiento de su producto interno bruto por habitante es de menos 30,2. Para el mismo período, Chile tiene 9,2. Según el índice de precios al consumidor, en Perú, en 1988, el alza del costo de la vida fue de 667 por ciento; en 1989, de 3.398 por ciento. Para los mismos períodos, Chile tiene 14 y 17. Los hogares en situación de pobreza a nivel nacional, en el Perú, constituyen el 52 por ciento; en el sector urbano, el 45 por ciento. La tasa de consumo privado por habitante, menos 16,9; Chile tiene 9,3. El caso de los médicos por habitantes, en Perú, es al revés: un médico por 1.000 habitantes; en Chile, uno por 2.000, considerando sólo los médicos del Ministerio de Salud. La mortalidad infantil, en el Perú es de 88,2 por cada mil individuos nacidos vivos; en Chile, de un 18,1. El agua potable tiene una cobertura mínima; carece de ella el 62,1%. En mi opinión, un régimen democrático como el que hoy tenemos, debe evitar las condiciones previas a las intervenciones, puesto que no nacen del azar. Por ello, en forma concreta, evitemos los caldos de cultivo en los pueblos de América. Hagamos votos para que el país vecino vuelva a la democracia y pueda ejercerla en forma efectiva. En consecuencia, me sumo a las declaraciones de condena. En forma concreta, quiero que se restituya el estado de derecho peruano, con los tres poderes, y que no vuelva a ocurrir ni en Perú ni en ningún otro país del mundo. Gracias. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Valenzuela, don Felipe. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, la democracia, como forma de gobierno, se caracteriza porque los clásicos tres poderes públicos - Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, son independientes en cuanto a su origen o formación, a su funcionamiento; en cuanto a la delegación de funciones, que suele ocurrir cuando el Parlamento delega en el Ejecutivo su facultad legislativa, con la finalidad de que el Presidente de la República dicte decretos con fuerza de ley sobre materias de-terminadas y sólo durante un plazo previamente establecido. Cuando un poder del Estado, apoyado por la irracionalidad de la fuerza militar -cualquiera que haya sido el motivo-, se atribuye de manera arbitraria facultades para clausurar el funcionamiento de alguno de los otros dos poderes, ya sea el Legislativo o el Judicial, desaparece la democracia como forma de Gobierno y se establece, simplemente, una dictadura, que es la forma más impropia de gobernar, porque el dictador asume atribuciones que ni la Constitución ni el pueblo, único soberano, le han entregado como mandato. Por desgracia, esto ocurrió en el Perú el domingo pasado, por la noche, hecho que la bancada del Partido Por la Democracia, Partido Socialista y Partido Humanista condena y repudia en forma enérgica, toda vez que consideramos que la institucionalidad democrática, derivada del funcionamiento armónico de los tres poderes públicos antes señalados, es el único mecanismo válido para la solución de los problemas contingentes de los pueblos. Ayer, los dictadores de América, incluido el Capitán General, justificaban su intromisión con el cáncer marxista, con el caos económico o con las exigencias sociales de los trabajadores. Hoy, el dictador peruano Fujimori ha dado un golpe a la organización de su Estado, porque desea, por la vía del decreto ley, reestructurar económicamente el país, combatir el terrorismo y el tráfico de drogas. Son infundios; nada justifica la implantación de una dictadura en ningún país. Como hemos repetido muchas veces en la Sala, ésta es mucho más dañina que los males que a veces se pretende remediar. Los problemas sociales suelen subsistir al término de las dictaduras. Al respecto, ya se anuncian atropellos a los derechos fundamentales de la persona humana, en Lima y en otras ciudades; restricción a la libertad de prensa información; arrestos y otras acciones privativas de la libertad, que afectan a dirigentes políticos y sociales y, en especial, a los Presidentes del Senado, don Felipe Osterling, y de la Cámara de Diputados, don Roberto Ramírez del Valle, hechos que toda institución civilizada debe rechazar. Por fortuna, los sistemas democráticos americanos han creado mecanismos para evitar que los Estados miembros de la OEA vean alterada su institucionalidad democrática, mecanismos establecidos en el llamado "Compromiso de Santiago" y que deben ponerse en práctica. Distinguidos y Honorables colegas, el cólera se desarrolló en el Perú y desde allí se expandió en menor o mayor grado, hacia toda América Latina. La historia nos ha demostrado que las ideas políticas y las doctrinas de manejo del Estado también cruzan las fronteras y "encolerizan" a algunos fanáticos. Hago votos para que ello no ocurra y, sobre todo, para que pronto en la República del Perú se recupere la institucionalidad democrática quebrantada. He dicho. Aplausos. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Diputado señor Yunge. El señor YUNGE.- Señor Presidente, todo golpe de Estado es extraordinariamente negativo y repudiable. En ese contexto, el que hoy analizamos constituye un hecho de la mayor gravedad y lo condenamos. Un Presidente elegido democráticamente traiciona el mandato popular -que emanó del pueblo-, atropella el estado de derecho e implanta un sistema dictatorial de manera injustificable. Es agraviante pretender realizar el proceso de reconstrucción del Perú a través de la eliminación del derecho elemental de los peruanos de participar en las decisiones sobre su propio destino. Esto ha generado la acción de las más brutales dictaduras en el mundo y en América Latina. Es necesario tener presente que quienes inicialmente sumieron al Perú en la delicada situación que hoy padece, fueron las dictaduras de carácter militar. Por lo tanto, es imposible que un grupo de militares, escudándose en Fujimori, pueda reparar el daño que ocasionaron esas dictaduras. Chile debe adoptar las medidas necesarias para entregar solidaridad y refugio a los perseguidos en el Perú. Soy partidario de que nuestro Gobierno solicite la marginación de ese país del Grupo de Río, mientras la democracia no sea restablecida en la hermana República. La acción en contra de la democracia, que afecta en particular al Parlamento del Perú, debe terminar y restituirse los valores y principios democráticos. Exigimos la libertad de las personas detenidas; responsabilizamos de su integridad física al gobierno de facto, encabezado por el dictador Fujimori. El Congreso de la República hermana ha cumplido con su responsabilidad. A manera de homenaje a la consecuencia y al compromiso democrático de los parlamentarios peruanos, me voy a permitir leer el acuerdo que adoptaron: Dice lo siguiente: "El Congreso de la República: "Considerando "Que el ciudadano Alberto Fujimori Fujimori ha incurrido en violación flagrante de la Constitución al pretender subvertir el orden democrático en su exposición pública propalada el día 5 de abril de 1992, siendo su primera obligación la de cumplir y hacer cumplir la Constitución; "Que ello lo incapacita moralmente para ejercer la Presidencia de la República, que el Congreso debe declarar: "De conformidad con el inciso primero del artículo 206 de la Constitución Política del Estado, "ACUERDA: "Primero.- Declarar que el ciudadano Alberto Fujimori Fujimori está incapacitado moralmente para ejercer la Presidencia de la República, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar. "Segundo.- Declarar la vacancia de la Presidencia de la República. "Tercero - Convocar al llamado por la Constitución para que asuma las funciones de Presidente de la República. "Cuarto.- Disponer el juzgamiento de los responsables y cómplices de la violación constitucional producida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 307 de la Constitución.". El acuerdo fue firmado por la mayoría absoluta de los Diputados y Senadores de la República del Perú. Para terminar, el esfuerzo nacional de los chilenos, con el fin de fortalecer nuestro proceso y sistema democráticos, es la mejor manera de solidarizar con el pueblo y las instituciones democráticas del Perú. He dicho. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Ha terminado el tiempo de la Democracia Cristiana. El Diputado señor Muñoz Barra ha pedido tiempo para una breve intervención, porque desgraciadamente terminó el tiempo del Comité Radical. El señor MUÑOZ BARRA. - Es sólo un minuto, señor Presidente. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, en tan escaso tiempo, únicamente deseo expresar que el epitafio de este doloroso hecho ocurrido en América Latina lo ha puesto Vargas Llosa, prestigioso hombre de letras, quien manifestó que Fujimori "ha cometido un crimen contra la democracia.". La fundamentación del nuevo dictador sólo es el fracaso de los dos años del gobierno que administró y desempeño, que llegó al extremo de que su propio grupo familiar denunció que familiares cercanos a la hasta ayer autoridad democrática, estarían involucrados en hechos delictuales, como el tráfico de drogas en el Perú. Agradezco el breve tiempo que se me otorgó y termino mi intervención señalando que me preocupa tremendamente una declaración que aparece hoy en el diario "La Nación" y que dice que "El Comandante en Jefe Subrogante del Ejército, General Jorge Lucar, dijo ayer que Perú hace uso de sus facultades...". El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Perdón, señor Diputado, ha terminado el minuto que por acuerdo unánime de la Sala le fue concedido. El señor Secretario dará lectura al proyecto de acuerdo. EL señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo de los señores Cerda, Pizarro, don Jorge, Urrutia, Valenzuela, Coloma, Devaud, Vilches, Tohá, Seguel, Cardemil y Acuña. "Considerando: "Los hechos acaecidos en la hermana República del Perú, que constituyen un quebrantamiento de las bases esenciales de su sistema institucional, la Honorable Cámara de Diputados de Chile acuerda: "1°.- Condenar la ruptura de la institucionalidad democrática en el Perú, dado que significa una alteración violenta del ordenamiento constitucional, mecanismo válido para la solución de los problemas contingentes de los pueblos. "2°.- Requerir de las autoridades peruanas el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de la persona humana y de las libertades públicas y, al efecto, que se alce cualquier medida que represente la transgresión de éstos. "3°- Demandar el inmediato cese de los arrestos y otras acciones privativas de libertad que afectan a los parlamentarios, y muy especialmente a los Presidente del Senado, don Felipe Osterling, y de la Cámara de Diputados, don Roberto Ramírez del Valle, como asimismo de los magistrados judiciales y personalidades políticas. "4°.- Apoyar la puesta en marcha de los mecanismos acordados en el "Compromiso de Santiago", en el seno de la Organización de Estados Americanos, en pos de la defensa del sistema democrático en el Perú, y "5°.- Reclamar del gobierno peruano el restablecimiento de la institucionalidad hoy quebrantada.". El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará con el asentimiento unánime de la Sala. Aprobado. Aplausos. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará transcribir este acuerdo a todos los parlamentos americanos y al Parlamento Latinoamericano. Acordado. INCIDENTES. 5.- REITERACION DE OFICIO SOBRE REPARACION DE VIVIENDAS. El señor CERDA (Presidente en ejercicio).- En Incidentes, el primer tumo corresponde a Renovación Nacional. Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri. Pasa a presidir la sesión, en forma accidental, el Diputado señor Muñoz Barra. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, con fecha 16 de octubre de 1991 solicité que se enviará oficio al Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual denuncié deterioros importantes que afectaban a diferentes viviendas de la Cooperativa "Conjunto Habitacional Los Húsares", de la comuna de La Florida. El señor Ministro me respondió que personal técnico del Serviu Metropolitano, al visitar dicha población, comprobó los deterioros en las viviendas que señalé en el oficio y que su Ministerio adoptaría las medidas correspondientes para obviar cualquier impedimento en la ejecución de las reparaciones de las viviendas, dañadas por causales imprevisibles, una vez que se valoricen las obras y se obtengan los recursos que las financien. . Señor Presidente, han pasado varios meses desde la respuesta del señor Ministro y aún no ha habido solución a esas viviendas, sobre las cuales en otra visita que hice a la comuna de La Florida durante la semana, verifiqué que han llegado al punto de tener que ser abandonadas por sus habitantes. Por lo tanto, le mego que nuevamente se envíe un oficio al Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el fin de recordarle el compromiso tomado por el personal del Serviu con los propietarios de las referidas viviendas, y que se remita con copia a la Directora del Serviu, pues, al parecer, el Ministerio y el Serviu no están trabajando en la forma coordinada que todos quisiéramos en esta clase de compromisos. La situación de esas familias es realmente impostergable, porque sus viviendas se están cayendo; así de simple. Reitero el envío del oficio con suma urgencia. He dicho. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. 6.- ALCANCE A DECLARACIONES DE EMBAJADOR DE CHILE EN LA REPUBLICA ARGENTINA. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Munizaga. El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, el Embajador de Chile en la República Argentina, señor Carlos Figueroa, al referirse a la posición de los agricultores en tomo a los acuerdos de este Gobierno con la Argentina, manifestó: "Los agricultores chilenos temen a la competencia". Creo que esta afirmación y los demás antecedentes que entregó el señor Embajador en la República vecina son, a lo menos, apresurados. El deber de un embajador es defender los intereses del país y de cada uno de sus ciudadanos en la república donde le corresponda servir. Lamentablemente, en este caso, no se aprecia la defensa de los intereses de Chile ni de los chilenos. Me parece, entonces, que el señor Embajador ha cometido un acto censurable y que su actitud se contradice en forma abierta con la posición del Ministro de Agricultura, quien, en este Parlamento, ha señalado, en forma clara y tajante, que no se permitirá el paso por Chile de mercaderías procedentes de terceros países que compitan con las locales en los mercados internacionales, y que los mercados ganados por Chile deberán mantenerse para los productores chilenos. En un momento en que la economía chilena advierte serias dificultades en su sector exportador, declaraciones como ésta vienen a acentuar aún más la crisis. Es un deber de todos los chilenos buscar la fórmula para mantener nuestro desarrollo y, a la vez, incrementar el poder exportador del país; pero, si nos encontramos con declaraciones tan lamentables y desafortunadas como la del señor Embajador en Argentina, con esas señales equívocas, en lugar de ayudar a nuestro sector exportador, una vez más estaremos produciendo desconcierto en el país. El Supremo Gobierno debe arbitrar las medidas para que hechos como el comentado no se repitan ni a nivel nacional ni de nuestras embajadas. Me parece que en este minuto está en juego el trabajo de muchos chilenos; el bienestar de esos hombres y mujeres que laboran en distintos rubros destinados a la exportación, también está en juego la soberanía nacional. Por consiguiente, es menester que en estas materias se exija el cumplimiento más irrestricto del deber a los señores embajadores, cual es cuidar y velar por los intereses de Chile y de todos los chilenos en el exterior. He dicho. 7.- RECURSOS PARA BRIGADA DE NARCOTICOS DE LOS ANDES. OFICIO. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez. El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Señor Presidente, desde hace bastante tiempo hemos venido insistiendo en la importancia que tiene preocuparse de las siembras y del destino ilícito de las cosechas de cáñamo que derivan en la marihuana. Como consecuencia de esa situación, en la sesión especial en que se trató el tema de las drogas en nuestro país, solicitamos, por medio de un proyecto de acuerdo, aprobado por la mayoría de los señores parlamentarios presentes en esa ocasión, que se creara, con asiento en Los Andes, una Brigada de Narcóticos, especializada. Dicha petición se remitió al Presidente de la República; fue atendida, y hoy existe la Brigada de Narcóticos de Investigaciones de Chile en Los Andes. Ello nos satisface bastante e, incluso, a raíz del accionar de esa Brigada y de los demás organismos policiales de la zona, se han decomisado hasta la fecha, aproximadamente, 900 toneladas de marihuana y algunas otras variedades no conocidas en Chile, como la chilombiana y la nigeriana, ambas de un poder alucinógeno bastante superior a la marihuana nacional. Sin embargo, el plan establecido para respaldar con recursos a esta segunda unidad de narcóticos de Investigaciones de Chile no se ha materializado aún y, por lo tanto, existe una cierta limitación para su mejor operación. Hasta el momento han actuado dando lo mejor de sí, y los resultados, evidentemente, están a la vista. Por lo anterior, y porque considero que es absolutamente imprescindible que el citado organismo cuente con los recursos materiales y financieros necesarios, solicito a Su Señoría, en mi nombre y de Renovación Nacional, que se envíe un oficio al Ministerio del Interior, a fin de que dicha Secretaría de Estado se sirva entregar esos recursos consistentes en mayor cantidad de personal, en motocicletas para todo terreno, etcétera, y otros elementos necesarios para combatir de manera más eficaz el problema de la drogadicción y el tráfico de marihuana en la zona de Los Andes. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio que solicita Su Señoría al Ministro del Interior, en su nombre y en el del Comité de Renovación Nacional. 8.- FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PESCA EN LA SEPTIMA REGION. OFICIO. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Alvarez Salamanca. El señor ALVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, las últimas semanas, en las costas de la región del Maulé, una serie de barcos, provenientes de Talcahuano, están efectuando pesca de arrastre a menos de cinco millas de la costa, trasgrediendo abiertamente la Ley de Pesca, en el sentido de que dicha ley resguarda para los pescadores artesanales cinco millas marinas como zona exclusiva de pesca. Esta es una situación extremadamente seria. Son numerosos los pesqueros que a la luz del día sacan todo tipo de peces de la zona costera, dejando sin trabajo a muchos pescadores de la zona de Pelluhue, Constitución, Coca, Duao, etcétera. Creo que las intendencias regionales y, particularmente, la de la Séptima Región, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cuentan con recursos suficientes como para arrendar un navío, o algo parecido, con el objeto de fiscalizar que se cumpla la Ley de Pesca en la zona costera. La Séptima Región tiene una costa bastante grande donde no hay grandes caletas, donde puedan entrar -salvo Constitución- los pesqueros industriales, de manera que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional podría destinar algunos recursos para arrendar algún navío que fiscalice e impida el ingreso a las cinco millas, zona exclusiva de pesquería de los pescadores artesanales. Señor Presidente, solicito que se dirija oficio a los Ministros del Interior, de Defensa y, particularmente, al de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que instruya al Subsecretario de Pesca que adopte las medidas del caso, a fin de que tales hechos no continúen ocurriendo. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. 9.- CONDICIONAMIENTO EN PRESTACION DE SERVICIO EN HOSPITAL REGIONAL DE TALCA. OFICIO. El señor ALVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, el director del Hospital Regional de Talca, doctor Silva, exigió hace algunos días, para autorizar el traslado a Santiago de un enfermo grave de la zona de Constitución, un niño de apellido Urrutia, que la madre firmara una carta manuscrita agradeciendo la atención que en ese importante hospital base recibiera el menor, quien sufría de una asfixia por ahogo. Me parece muy seria la actuación del director del Hospital Regional de Talca, al condicionar la entrega del menor a la firma de una carta en que se agradecían los servicios prestados en ese establecimiento. Como esta situación no me parece correcta, solicito que se envíe oficio al Ministro de Salud para investigar estos hechos y ver si son efectivos o no. Gracias, señor Presidente. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Se enviará al señor Ministro de Salud el oficio solicitado por Su Señoría. El señor ALESSANDRI BALMACE- DA.-Y en mi nombre, señor Presidente. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Y en el nombre del señor Alessandri. 10.- COMPORTAMIENTO DE LAS BARRAS DE AFICIONADOS EN LOS ESTADIOS. OFICIO. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, en esta oportunidad abordaré un tema de suma importancia relacionada con la actividad deportiva. Si hay algo que debemos privilegiar en este país es justamente la posibilidad de que la familia y, especialmente, los niños puedan concurrir a los diferentes estadios a presenciar competencias deportivas. Sin embargo, con profundo dolor he visto cómo se han ido desarrollando diversos hechos durante los últimos partidos entre los dos equipos más populares del país, Universidad de Chile y Colo-Colo (respetando a un antiguo ferviente hincha de Magallanes, como el Diputado señor Sota). Realmente he visto con profunda preocupación lo que ha sucedido últimamente en los estadios, en especial la polémica suscitada entre los presidentes de Colo-Colo, don Eduardo Menichetti, y del Club Universidad de Chile, doctor Oroz- co, lo que en nada contribuye a que la gente pueda asistir confiada a un estadio, acompañada de sus niños, su señora, como sucedía hasta hace poco tiempo. La conducta adoptada por algunas barras en los estadios, que en algunos casos linda en lo delictual, no solamente acarrea daños en el interior de los recintos, sino que al término de los partidos no se puede transitar por las calles adyacentes, en el caso del último partido entre ambos equipos, por Vicuña Mackenna. Incluso, fue apedreada la nueva instalación del establecimiento Mac Donald, en La Florida, donde había niños disfrutando de sus apetitosos sándwich. Por lo tanto, pido que se envíe carta, ojalá en nombre de todos los presentes, a los presidentes de estos clubes para que tomen conciencia de lo que está sucediendo. Igualmente, estoy consciente del proyecto por más de 400 millones de pesos que llevará a cabo la directiva del Colo-Colo para solucionar los problemas de estacionamiento, de pavimentación de veredas y de los caminos de acceso al Estadio Monumental, de forestación de los estacionamientos, a lo cual también se ha sumado el Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el fin de que los hinchas no tengan posibilidades de recoger piedras. La justificación de la medida es errada; hay que efectuar todos estos trabajos para lograr una mejor calidad de vida, menos contaminación, pero no con el fin de evitar que los hinchas tengan posibilidades de recoger piedras para apedrear a los autos que llegan al estadio. Realmente se debe poner término y plantear un rechazo absoluto al comportamiento de estas dos barras, que cuando se juega en el Estadio Nacional la culpa la tiene la "Garra Blanca" y cuando se juega en el Estadio Monumental, la de "Los de abajo". Fue muy valioso el ejemplo que dio un estudiante perteneciente a la barra "Los de abajo", que obtuvo el mayor puntaje en la Prueba de Aptitud Académica. Fue un ejemplo para la juventud; pero los hinchas de este deporte, vemos con profundo dolor, que realmente esté sucediendo este tipo de cosas en los estadios. Rechazo las opiniones del Presidente del Club de Deportes de la Universidad de Chile, el doctor Orozco, que trata incluso de mercenarios a los jugadores de Colo-Colo. Eso en nada conduce a llenar los estadios y a que la gente tenga la posibilidad de recrearse durante los fines de semana. También agradezco los esfuerzos que ha hecho la directiva de Colo-Colo, entregando la posibilidad de ingresar gratis al estadio a diferentes alumnos de las comunas aledañas al estadio; pero los parlamentarios debemos tomar un papel en representación de estos cientos de miles de personas aficionadas a este deporte para que puedan ir en familia y con tranquilidad a gozar del triunfo de la Universidad de Chile o del Colo-Colo en cualquiera de estos partidos. He dicho. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Como reglamentariamente no se pueden enviar oficios de la Cámara a particulares, la Mesa le sugiere hacer llegar un oficio al Director General de Deportes del Estado, si Su Señoría lo estima pertinente. El señor ALESSANDRI BALMACE- DA.- Yo lo estimo conveniente. Es probable que también se pueda enviar un téngase presente con relación a la preocupación que los parlamentarios tenemos con respecto a lo que está sucediendo en los estadios, sin intención de que sea oficio. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- La Mesa hará llegar su oficio al Director General de Deportes del Estado, conforme con el Reglamento de la Cámara. Ha terminado el tiempo de Renovación Nacional. 11.- RECONOCIMIENTO A PROGRAMA DE VIVIENDA DEL ACTUAL GOBIERNO. OFICIOS. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- En el tumo del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, solicito, por su intermedio, enviar un oficio de reconocimiento al Ministro de la Vivienda, don Alberto Etchegaray, y a la Directora del Serviu Metropolitano, doña Laura Gómez, por su extraordinaria labor en la realización de una política de desarrollo urbano y de vivienda que va superando progresivamente la pesada herencia del pasado régimen en esta materia. En especial, quiero valorar el hecho de que el programa de este año para la vivienda alcanzará una cifra inédita en Chile de alrededor de 90 mil soluciones habitacionales, que está comenzando a superar, incluso el crecimiento vegetativo de la población. Sin lugar a dudas, en la situación actual de nuestro continente, ningún otro país de América Latina puede exhibir este éxito. Sería bueno que ciertas personas que ignoran estas informaciones puedan tener acceso a ellas, de modo que no emitan juicios tan profundamente errados sobre la política de vivienda, que es una de las cuestiones más importantes que debe preocupar a la opinión pública. Quiero saludar especialmente el hecho de que en una comuna tan pobre, como la de El Bosque, se vaya a inaugurar mañana un conjunto residencial denominado "María Luisa Bombal", que va a contar •además con la presencia del Presidente de la República. Señor Presidente, por su intermedio, solicito se envíe un oficio valorando y reconociendo la presencia del Presidente de la República en esta inauguración, ya que es indudable que la asistencia directa del Primer Mandatario es un hecho altamente valorable. El contacto del Jefe de Estado con los sectores más humildes es precisamente una de las grandes conquistas de la democracia, y quienes quieren descalificarla no hacen sino cometer otro gravísimo error. He dicho. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados en nombre del señor Diputado. Y de los Diputados presentes en la Sala que se suman a esta petición. 12.- OBRAS DE AGUA POTABLE EN PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE. OFICIOS. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, la Cámara conoce el esfuerzo que he venido desplegando para obtener soluciones reales a la amenaza de un brote de cólera especialmente en las comunas de Melipi11a y vecinas y, en general, en las provincias de Melipilla y Talagante. Fruto de esta preocupación ha sido la reunión que el 3 de este mes hemos tenido en la oficina del Subsecretario de Hacienda, don Jorge Rodríguez, con el Subgerente de Empresas Sanitarias de Corfo y con la Gerente General de Emos, doña Raquel Alfaro, para buscar la manera de financiar la construcción de obras de agua potable rural en determinadas localidades de estas dos provincias. La instalación de plantas de agua potable rural en las localidades que no disponen de este vital elemento es una manera eficiente y rápida de prevenir la difusión del cólera en esas dos provincias. Así es como en dicha reunión conseguimos financiamiento para determinadas plantas de agua potable rural. En esta oportunidad quiero oficializar el acuerdo logrado, y manifestar, por ejemplo, que en la provincia de Melipilla, comuna de Melipilla, se destinarán las cifras que daré a continuación para las siguientes plantas: en Rumay, 8 millones de pesos; en Pabellón, 4; en San Valentín, 3; en San José, 9; en Alhué, 7; en Huechún, 4; en Esmeralda, 8; Huilco Alto está dentro de un presupuesto de 22 millones para la ciudad de Melipilla; en Los Jazmines el estudio de la extensión de la red desde Melipilla, y en Las Rosas, el mejoramiento y extensión del agua potable de Chiñigüe, por 64 millones; en El Manzano, 32,5 millones. Quedó en estudio para financiamiento posterior la planta de agua potable de El Tránsito, por 43,5 millones de pesos. Estas cifras fueron acordadas en esa reunión y el Ministerio de Hacienda, por cierto, pidió a los altos funcionarios presentes que tomaran medidas cuanto antes para que dichas cifras frieran destinadas al sondaje correspondiente, que es la primera etapa en la construcción de una planta de agua potable. En la comuna de San Pedro, en la misma provincia de Melipilla: en Loica, 14 millones de pesos; en la comuna de María Pinto, en Lo Ovalle, 4 millones; en Chorombo, un presupuesto total de 83 millones; luego, el estudio del financiamiento posterior en Baracaldo, por 34 millones. En la comuna de Alhué, en Villa Alhué, 7 millones; en la comuna de Curacaví, un estudio del financiamiento en conjunto con la Municipalidad para el sector de Challaco, por 25 millones. En la provincia de Talagante, en la comuna de Peñaflor: en Los Aromos, 7 millones; en El Trebal, 8; en Santa Ménica, 3; en la comuna de El Monte, en Paico Alto, 8 millones; en la comuna de Isla de Maipo, en Villita Arriba, 8 millones, y en Villa Las Mercedes, 39 millones. En esta nómina también debiera incluirse a la localidad de Culiprán, de cerca de 2 mil habitantes, que por intermedio de sus dos juntas de vecinos ofrece un aporte de 4,5 millones de pesos de sus propios habitantes para la instalación de la planta de agua potable rural en esa localidad. Asimismo, debe incluirse en esta lista a la localidad de El Curato, en la comuna de Peñaflor. Ruego oficiar al Ministro de Hacienda para que haga llegar al Subsecretario la nómina de los financiamientos que he leído y que el propio Ministerio ha acordado y, asimismo, al Ministro Vicepresidente Ejecutivo de Corfo para que la haga llegar a la Subgerencia de Estudios de Empresas Sanitarias de Corfo y a Emos para que quede oficializado cuanto antes el financiamiento de las obras iniciales. Termino expresando que como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se preocupa de la instalación de redes de agua potable en las localidades rurales, solicito que se oficie al Ministerio del Interior para que dicha Subsecretaría dé prioridad al financiamiento, ya consultado en una lista de postulaciones, de las siguientes obras en las localidades que indico; el servicio de agua potable para Padre Hurtado, la red de agua potable para Villa Las Tinajas, ambas en la comuna de Peñaflor; las redes de agua potable para las calles de la comuna de El Monte; en Isla de Maipo, la extensión de la red de agua potable en Gacitúa; la ex-tensión de la red de agua potable para San Antonio de Naltahua; la ampliación del servicio de agua potable para San Vicente de Naltahua; la extensión del servicio de agua potable para Villa Las Mercedes, y el servicio de agua potable en el sector Olea. En Melipilla, la construcción de la planta de tratamiento y el servicio de agua potable de esa ciudad y de Pabellón; asimismo, el sistema de elevación de agua potable en Mandinga y en Popeta; en María Pinto, el servicio de agua potable rural en el sector de Chorombo; en Curacaví, el servicio de agua potable, y en Alhué, el agua potable de Villa Alhué. Son redes de agua potable a las que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional debiera dar prioridad. Ruego que se oficie al Ministerio del Interior para que esta nómina llegue a la Subsecretaría del Interior, la cual, por supuesto, tiene en su poder; pero pido que sea considerada en forma prioritaria en las postulaciones a financiamiento para 1992. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Su Señoría, la Mesa creyó entender que solicitó oficios a los Ministerios del Interior, de Hacienda y al señor Ministro Vicepresidente de Corfo. El señor SOTA.- Así es, señor Presidente, pero con distintos objetos: al Ministerio de Hacienda y a la Corto, para los primeros proyectos, relativos a construcción de plantas de agua potable. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Eso lo tenemos claro. Se dirigirán los oficios en nombre de Su Señoría. Tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, felicito al Diputado señor Sota por el resultado de sus gestiones -son mucho más exitosas que las nuestras- ante el Gobierno, para proveer de agua potable a las localidades de Freirina y Huasco, que se debaten en medio de una sequía realmente grave. Después de largos años, todavía no logran conmover a quienes deben entregarles este recurso. Tal vez tendremos que importar uno o dos enfermos de cólera para que atiendan esta demanda, que es muy importante para esa zona. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, quiero decirle a mi estimado colega, el Diputado señor Arancibia, que agradezco enormemente sus felicitaciones por la obtención de estos 300 millones de pesos para la construcción de las plantas de agua potable que he detallado, en Talagante y Melipilla provincias que represento. Pero, en verdad, más que mi esfuerzo, hay que felicitar al Ministerio de Hacienda, quien se dio cuenta de que estas provincias presentaban síntomas de brotes endémicos de cólera. De tal manera que existe una situación muy especial en la obtención de estos fondos. En todo caso, reitero mis agradecimientos al Honorable Diputado señor Arancibia por el reconocimiento de la labor que hacemos en favor de nuestras provincias. 13.- REPLICA A INTERVENCION DEL DIPUTADO SEÑOR MUNIZAGA. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, quiero hacerme cargo de una imputación hecha en la Sala por el colega Munizaga, quien descalificó con ligereza, por decir lo menos, una preocupación del señor Embajador de Chile en Argentina. El Embajador Figueroa planteó una inquietud frente a algunas trabas que ha encontrado el proceso de complementación física, que parece una tarea realmente ineludible a esta altura del siglo y de la historia entre nuestros pueblos, los que tratan de resolver estos obstáculos para hacer posible la complementación que suscribieron el año pasado los Presidentes Aylwin y Menem. Lo peor que podemos hacer es tratar de sacar partido menor o político de una cuestión que tiene un alcance extraordinario. Rechazo las palabras del colega Munizaga, pues estimo que el problema de las relaciones y complementaciones entre Chile y Argentina requieren un análisis mucho más amplio y objetivo. En su bancada hay otros colegas Diputados con una visión más serena y ponderada de cómo debemos buscar, en conjunto, la superación de los obstáculos que todavía encontramos, sobre todo en materia agropecuaria, para hacer efectiva esa complementación. No olvidemos que numerosas empresas chilenas están realizando importantes inversiones en Argentina, como la adjudicación del 40 por ciento del suministro de electricidad del "Gran Buenos Aires". Frente a esa apertura demostrada por el pueblo argentino puedo decir que en Chile no habríamos aceptado años atrás, e incluso hoy día, que una empresa argentina controlara el 40 por ciento del suministro de energía eléctrica del Gran Santiago. Sin embargo, este hecho se ha producido en Argentina, y debemos tomarlo como un signo alentador que nos obliga a revisar aquellas trabas que todavía existen de nuestra parte para hacer efectiva esta complementación, pues no entender la importancia de impulsarla a estas alturas de la historia, es sólo producto de un nacionalismo estrecho. He dicho. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- El tumo siguiente corresponde al Partido Unión Demócrata Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El tumo siguiente corresponde al Comité del Partido Radical. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. 14.- NOVENA JORNADA SOBRE REGIONALIZACION EN COIHAIQUE, UNDECIMA REGION. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- El tumo siguiente corresponde al Partido Demócrata Cristiano. El señor CARRASCO.- Pido la palabra. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor CARRASCO.- Señor Presidente, los días 24,25 y 26 de abril se realizará, en la ciudad de Coihaique, la Novena Jomada sobre Regionalización. En verdad, es muy importante para la zona ser sede de este evento. Quiero comenzar por felicitar a sus organizadores; la Corporación para el Desarrollo de Aisén, (Codesa), a su presidente, don Pedro Cristi Bravo, y a todos quienes componen el Cidere del Bío Bío. Ambas instituciones han asumido esta responsabilidad. Para nosotros es un encuentro importante, muy serio, de discusión, de debate y de reflexión sobre un tema que interesa a todo el país, y muy especialmente a las regiones. Mi región, la Undécima, ha vivido desde hace muchos años preocupada por el tema de la regionalización, porque lo considera fundamental para el proceso de desarrollo nacional que vive el país. Señor Presidente, este encuentro, que se realizará durante los días ya señalados, posibilitará la creación, a nivel nacional, de una conciencia colectiva, de una voluntad política que permitirá al país avanzar gradualmente en el proceso de descentralización y desconcentración, fundamental para un desarrollo equilibrado, justo y equitativo. Esta reunión hará posible que los diversos actores políticos, sociales, gremiales y dentistas políticos, puedan analizar con seriedad y responsabilidad este proceso tan importante para el desarrollo del país; y, además advertir que no solamente las regiones debieran estar interesadas en avanzar hacia la descentralización, sino que el país como tal debe propender a que todas las regiones tengan un desarrollo equilibrado que les permita colocar al servicio del todo las posibilidades de expansión de cada una de ellas. Allí no cabrán la demagogia ni la pretensión de sacar mezquinos intereses politiqueros en un momento cercano a las elecciones, sino una reflexión seria acerca de cuánto podemos avanzar en el proceso de descentralización y de desconcentración en el momento en que este Parlamento estudia un proyecto de ley tan trascendente como el de la regionalización. Podremos compatibilizar muchos criterios y ponemos de acuerdo en la idea general y central de cuanto podemos avanzar en el tiempo, en forma gradual y sostenida, como lo establece el artículo 103, de nuestra Constitución. De ahí que las autoridades de Gobierno, parlamentarios, dentistas políticos y personas interesadas en el desarrollo regional tendrán una tarea y una responsabilidad muy importante que compartir en este encuentro. Por eso, vislumbramos que este encuentro regional tendrá un alto grado de importancia, y esperamos que sea un foro de discusión del cual emanen ideas, relevantes para hacer de Chile un país verdaderamente descentralizado, un país que se desarrolle con equilibrio y equidad, en el cual las regiones y sus habitantes dejen de ser objetos y pasen a ser sujetos de su propio desarrollo, sin que ello signifique alteración de la unidad política o ponga en peligro la necesidad mantener criterios de unidad en su economía y en tomo de la inversión, y sin que el Presidente de la República pierda las facultades que le entrega la Constitución; pero con uno proceso y voluntad política de dar a las regiones la facultad jurídica de caminar de acuerdo con sus intereses, defender su desarrollo y hacer lo que la voluntad ciudadana de cada una de las regiones del país desee. Esperamos que este encuentro se desarrolle en un clima de armonía y que el país pueda conocer sus resultados en los momentos en que nos encontramos legislando sobre esta materia, a fin de incorporar muchas de las conclusiones de ese congreso en la legislación que estamos estableciendo para el país, la cual deberá ser ley de la República a fines de junio. 15.- MEDIDAS PENDIENTES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EN UNDECIMA REGION ORIGINADOS POR LA ERUPCION DEL VOLCAN HUDSON. OFICIOS. El señor CARRASCO.- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero hacer referencia a problemas que afligen a algunos sectores de mi región. Como es sabido, la erupción del volcán Hudson dejó secuelas muy graves en nuestra Undécima Región. El Gobierno implemento medidas muy importantes y fue en ayuda de las víctimas de este flagelo terrestre. A pesar de sus esfuerzos para llevar a cabo medidas de emergencia y de reconstrucción de la zona devastada, quedan algunas muy importantes por ejecutar, a. pesar del tiempo transcurrido, las que, incluso, están respaldadas por la palabra del señor Presidente de la República. Dentro de ellas, mencionaremos tres que consideramos fundamentales. En primer lugar, el Gobierno, a través de Onemi, asumió la responsabilidad de pagar los animales que los campesinos perdieron como consecuencia de las malas condiciones del alimento que esa oficina les entregó en los momentos de la catástrofe. Debido al alimento descompuesto, muchos animales murieron. Onemi se comprometió a solicitar del proveedor el pago del valor de los animales o, de lo contrario, a iniciar el juicio respectivo en su contra. Hasta estos momentos no ha habido una respuesta concreta y eficiente que les permita recuperar sus animales. Por lo tanto, solicito que se oficie al señor Ministro del Interior para que, en representación de Onemi, organismo de su dependencia, haga cumplir el compromiso adquirido con los campesinos. En segundo lugar, el Presidente de la República se comprometió a adquirir los predios que quedaron inutilizados como consecuencia de las cenizas del volcán Hudson. Se han hecho todos los estudios y encuestas, se consiguieron los recursos necesarios y el señor Director de Presupuestos se comprometió a entregar los dineros suficientes para adquirirlos, pero hasta el momento ha sido imposible lograr que se convierta en realidad este compromiso del Primer Mandatario. Antes de recurrir al Presidente de la República como última instancia, solicito que se oficie al Director de Presupuestos y al Ministro de Hacienda, para que a la brevedad entreguen los recursos necesarios al Ministerio de Bienes Nacionales con el objeto de que pueda cumplir con este compromiso que Su Excelencia adquirió con los campesinos de la zona devastada. En tercer lugar, a través de la resolución exenta N° 37, del 22 de enero de 1992, Indap estableció una línea de crédito especial para paliar los daños causados por el volcán Hudson. Funcionarios de este organismo recorrieron todos los sectores de la zona dañada ofreciendo créditos realmente muy favorables para los campesinos que resultaron perjudicados. Sin embargo, después de elevarse todas las solicitudes y de haberse comprometido una suma superior a 200 miñones de pesos, hasta el momento ha sido imposible obtener que ese servicio entregue los recursos necesarios para que los campesinos reciban su crédito. En el Instituto de Desarrollo Agropecuario se nos ha dicho que el Director de Presupuestos aún no pone los recursos a su disposición. Como este asunto es serio y no podemos jugar con los ofrecimientos que hacemos a los campesinos, especialmente después de todo lo que han sufrido por efectos del volcán, vuelvo a requerir el envío de oficios, tanto al señor Ministro de Hacienda como al Director de Presupuestos, a fin de que se pongan estos recursos a disposición del Instituto de Desarrollo Agropecuario y este organismo pueda cumplir los compromisos adquiridos con los campesinos de Aisén, entregándoles el mencionado crédito de línea especial para que puedan recuperarse o resarcirse de esos daños. Cuando se actúa con seriedad, no se puede engañar a la gente. Por lo tanto, es fundamental que la Dirección de Presupuestos, el señor Ministro de Hacienda y los organismos pertinentes encargados de estos problemas, después de varios meses puedan solucionarlos y asumir su responsabilidad. En caso contrario, nos veremos en la necesidad de recurrir al señor Presidente de la República, como última instancia. He dicho. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por el señor Diputado. 16.- REGLAMENTACION DEL USO DE INTERRUPCIONES. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo. El señor GAJARDO.- Señor Presidente, en primer lugar quiero saber de cuánto tiempo dispongo. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Restan cinco minutos, señor Diputado. El señor GAJARDO - Señor Presidente, en esta oportunidad quería referirme a un tema muy de actualidad como son las denuncias formuladas por dirigentes políticos de la Oposición sobre una supuesta intervención electoral del Gobierno. Como el tema es mucho más complejo y no dispongo del tiempo necesario para desarrollarlo, voy a utilizar los minutos que le restan a mi Comité en plantear algunos asuntos de interés para la Cámara, y otros, para la zona que represento. En relación con un tema que es importante para el funcionamiento de la Cámara, he podido observar en varias oportunidades que en la discusión de un proyecto de ley, sobre todo cuando existe bastante interés de los distintos parlamentarios por intervenir, se usa y abusa del recurso de conceder interrupciones. Por esa vía se altera el orden en que los oradores se han inscrito para hacer uso de la palabra. En mi opinión, este es un sistema nocivo, porque quienes respetan el derecho de los inscritos y no hacen uso de ese procedimiento, muchas veces se quedan sin intervenir. Esta materia debe ser regulada en el Reglamento de la Cámara, con el fin de, evitar los abusos que hasta ahora hemos conocido. Incluso en el Orden del Día de esta sesión, en la que tratamos el proyecto relativo a la modificación de la Ley de Quiebras, me quedé sin intervenir por respetar el orden. Sin embargo, muchos colegas que no estaban inscritos pudieron expresar su parecer por la vía de la interrupción. Solicito que esta inquietud se plantee en la Comisión de Régimen Interno, con el objeto de estudiar las modificaciones reglamentarias correspondientes. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- La Mesa puede informar a Su Señoría que dicha modificación ya fue presentada y será tratada por la Comisión respectiva. El señor GAJARDO.- Muchas gracias, señor Presidente. 17.- INSTALACION DE FUNDICION EN PUERTO DE TALTAL, SEGUNDA REGION. OFICIO. El señor GAJARDO.- Señor Presiden te, quiero referirme a un tema de gran interés para una localidad de mi región, el puerto de Taltal. Este puerto vive de la minería y desde hace bastante tiempo todos sus habitantes, sus fuerzas productivas y sus trabajadores están esperanzados en que se asegure el desarrollo de la zona mediante la instalación de una fundición que está proyectada construir para satisfacer la necesidad que existe al respecto en el país. Sabemos de un proyecto, porque así lo han informado las autoridades correspondientes, en el cual participa la Empresa Nacional de Minería como la contraparte chilena. También tenemos conocimiento de que se está realizando el estudio de factibilidad para determinar, entre otras cosas, la localización geográfica de esa fundición. Solicito que se oficie al señor Ministro de Minería para que nos informe cuál es el estado actual del estudio de factibilidad que se está realizando sobre esta materia. Además, que se comunique a ese secretario de Estado el interés de la Segunda Región, y especialmente del puerto de Taltal, para que, en lo que dependa de la actitud del Gobierno en relación con este tema, se realicen las gestiones necesarias a fin de que esta fundición quede en ese puerto. He dicho. El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. Se levantó a las 14.24 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.