REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS 323a. LEGISLATURA (EXTRAORDINARIA) Sesión 52a., en martes 10 de marzo de 1992. (Ordinaria, de 11:00 a 14:33 horas) Presidencia de los señores Viera-Gallo Quesney, don José Antonio; y Cerda García, don Eduardo. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. INDICE GENERAL DE LA SESION I. SUMARIO DEL DEBATE f II. ASISTENCIA' III. TEXTO DEL DEBATE IV. SUMARIO DE DOCUMENTOS V. DOCUMENTOS DE LA CUENTA  I.- SUMARIO DEL DEBATE. 1. Réplica a alusiones personales. Aplicación del artículo 33 del Reglamento...6 ORDEN DEL DIA. 2. Normas sobre pertenencias mineras que no forman parte de yacimientos en actual explotación. Tercer trámite constitucional 9 PROYECTOS DE ACUERDO. 3. Modificación de normas legales sobre retiro de taxis y colectivos de la circulación 40 4. Derechos humanos y democracia en Cuba 42 INCIDENTES. 5. Alcances sobre el discurso del Presidente de la Corte Suprema al inaugurar el año judicial 43 6. Reiteración de solicitud de informes sobre actuaciones policiales. Oficios...45 7. Respaldo al Ministro de Justicia ante declaraciones del Presidente de la Corte Suprema. Oficio 48 8. Acuerdos de paz adoptados en la República de El Salvador. Oficio 48 9. Ampliación de beneficio a deudores del Serviu. Oficio 49 10 Alcances sobre facultad fiscalizadora de los parlamentarios. Oficio 50 11.- Mejoramiento de accesos a comuna de Lonquimay, Novena Región. Oficio. 52 II.- ASISTENCIA. Asistieron los siguientes señores Diputados: --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Meló, Sergio --Álamos Vásquez, Hugo --Alessandri Balmaceda, Gustavo --Arancibia Calderón, Armando --Araya, Nicanor de la Cruz --Aylwin Azocar, Andrés --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Bosselin Correa, Hernán --Caminondo Sáez, Carlos --Campos Quiroga, Jaime --Cantero Ojeda, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Alfaro, Gustavo --Carrasco Muñoz, Baldonar --Cerda García, Eduardo --Coloma Correa, Juan Antonio --Concha Urbina, Juan --Cornejo González, Aldo --Cristi Marfil, María Angélica --Chadwick Piñera, Andrés --Devaud Ojeda, Mario --Dupré Silva, Carlos --Elgueta Barrientes, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Estévez Valencia, Jaime --Fantuzzi Hernández, Angel --Faulbaum Mayorga, Dionisio --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René --García Ruminot, José --Guzmán Álvarez, Pedro --Hamuy Berr, Mario --Horvath Kiss, Antonio --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Huepe García, Claudio --Hurtado Ruiz-Tagle, José María --Jara Catalán, Sergio --Jara Wolff, Octavio --Jeame Barrueto, Víctor --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Kuzmicic Calderón, Vladislav --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leblanc Valenzuela, Luis --Letelier Morel, Juan Pablo --Longton Guerrero, Arturo --Maluenda Campos, María --Martínez Ocamica, Gutenberg --Martínez Sepúlveda, Juan --Matta Aragay, Manuel Antonio --Mekis Martínez, Federico --Melero Abarca, Patricio --Molina Valdivieso, Jorge --Montes Cisternas, Carlos --Munizaga Rodríguez, --Eugenio Muñoz Barra, Roberto --Muñoz Dalbora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarrete Carvacho, Luis --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Solís, Héctor --Orpis Bouchón, Jaime --Ortega Riquelme, Eugenio --Ortiz Novoa, José Miguel --Palestra Rojas, Mario --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Peña Meza, José --Pérez Muñoz, Juan Alberto --Pérez Varela, Víctor --Pizarra Soto, Jorge --Prokurica Prokurica, Baldo --Ramírez Vergara, Gustavo --Rebolledo González, Víctor --Reyes Alvarado, Víctor --Ringeling Hunger, Federico --Rocha Manrique, Jaime --Rodríguez Cataldo, Claudio --Rodríguez Del Río, Alfonso --Rodríguez Guerrero, Hugo --Rojo Avendaño, Hernán --Rojos Astorga, Julio --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Schaulsohn Brodsky, Jorge --Seguel Molina, Rodolfo --Smok Ubeda, Carlos --Sota Barros, Vicente --Soto Morales, Akin --Sotomayor Mardones, Andrés --Taladriz García, Enrique --Tohá González, Isidoro --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Avila, Raúl --Velasco De la Cerda, Sergio --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Vilches Guzmán, Carlos --Vilicic Kamincic, Milenko --Villouta Concha, Edmundo --Yunge Bustamante, Guillermo Con permiso constitucional, estuvo ausente la Diputada señora Laura Rodríguez Riccomini. Asistieron, además, el señor Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido Cereceda; el señor Ministro de Minería, don Juan Hamilton Depassier, y el señor Subsecretario de Minería, don Iván Valenzuela. IIL TEXTO DEL DEBATE. Se abrió la sesión a las 11 horas. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 49°. y 50°. se declaran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 51°. queda a disposición de los señores Diputados. El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Terminada la Cuenta. 1. REPLICA A ALUSIONES PERSONALES. APLICACION DEL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO El señor CERDA (Vicepresidente).- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Sergio Ve lasco para responder alusiones personales. El señor VELASCO.- Señor Presidente, las bases sólidas de la democracia se sustentan principalmente en el respeto a las personas, lo que enaltece a las instituciones y a sus integrantes. Quienes conformamos este Congreso Nacional debemos cuidar noblemente su valor fundamental de pilar indiscutible, en la construcción de una sociedad más justa, humana y solidaria. Reiteradas y difamatorias declaraciones hechas por un Senador y, posteriormente, con auxilio de la Directiva de Renovación Nacional, pretenden mañosa e infructuosamente confundir a la opinión pública sobre dos hechos diametralmente opuestos. Por este camino van muy mal. A nada racional conduce tratar de descalificar groseramente al Gobierno, parlamentarios y funcionarios de la Administración Pública. Es insultarlos impunemente, sin aquilatar las consecuencias. El Ministro del Interior y la Onemi acogen constantemente gran cantidad de solicitudes justificadas de la comunidad necesitada y de las distintas organizaciones que componen el tejido social, como asimismo de los parlamentarios de todos los partidos políticos, sin excepción alguna. Esto es normal en un gobierno democrático. Más aún, consideramos que estas preocupaciones por los pobres y damnificados son legítimas, pues, sin duda alguna, somos los representantes directos de la ciudadanía ante los poderes del Estado. Afirmar irresponsablemente que tras estas peticiones como por ejemplo la solicitud de ayuda para los pobladores de San Antonio, hay acciones delictivas es, por decir lo menos, una acusación temeraria, carente de fundamentos y lejos de la verdad, que, por su gravedad, debe aclararse ante la justicia. Insistir en que existen antecedentes probatorios de delitos comunes que afectan en esta misma materia a varios parlamentarios de Gobierno y, más aún, que están confesos, es otra gratuita y reprochable imputación de un desenfrenado Senador, cuya credibilidad está totalmente cuestionada. Especular y emitir imprudentemente juicios que pueden dañar a terceros no es una fórmula digna y seria de actuar en política, particularmente por parte de aquellos que vienen recién desentendiéndose y alejándose de la dictadura, para aparecer como demócratas. Señor Presidente, no me referiré a la larga lista de parlamentarios de la Oposición, especialmente de Renovación Nacional, incluido el susodicho Senador, que han hecho presente solicitudes de las apremiantes necesidades de los afligidos representados en sus respectivos distritos o circunscripciones. No caeré en ese sucio y mezquino juego publicitario, de incalificable proceder. No cabe otra cosa que utilizar un viejo refrán que calza perfectamente con lo que sostengo: 'Tara mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.", sobre todo cuando quien se pretende levantar hoy como acusador tiene un enorme y negro historial de su reciente pasado como funcionario de la dictadura. Una repudiable actitud ha sostenido a este personaje de farándula barata, sobre el que pesa, cual espada de Damocles, un enorme tejado de vidrio por sus dudosos antecedentes y actuaciones que no dignifican el cargo de Senador de la República que inmerecidamente ostenta por aquella injusta ley electoral de Pinochet, que le regaló un escaño en este Parlamento. Es dable preguntarse, señor Presidente, ¿por qué este Senador fue dado de baja en la Policía de Investigaciones? ¿Tendrá algo que ver con que el Servicio le impute rendir falsos testimonios? Aún no han sido desmentidas las declaraciones entregadas por el abogado don José Galiano que indican que en la investigación hecha por el Ministro de la Ilustre Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda, Aquiles Rojas, los testigos mencionaron reiteradamente al señor Ortiz de Filippi como el encargado de entregarle remuneraciones periódicas a personas que formaban parte de la temida Acción Chilena Antiterrorista, Acha. Al respecto, hago presente a la Sala que en la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso se interpuso un recurso de protección en favor del doctor Francisco Acevedo, quien fue objeto de torturas por grupos de civiles armados paramilitares, Acha, vinculados al señor Hugo Ortiz de Filippi. El recurso fue acogido y en los considerandos del fallo se establece claramente la existencia del grupo Acha y su organización junto a una importante infraestructura de funcionamiento y financia miento para lograr sus deleznables objetivos. El señor CERDA (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Velasco? Han terminado los cinco minutos. El señor VELASCO.- Redondeo la frase, señor Presidente. El señor CERDA (Vicepresidente).- ¿Solicita unos minutos más? El señor VELASCO.- Sí, señor Presidente. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- ¡No! El señor TALADRIZ.- ¡No, señor Presidente! El señor CERDA (Vicepresidente).- No hay acuerdo señor Velasco. El señor VELASCO.- Gracias, señor Presidente. El señor CERDA (Vicepresidente).- También, en uso del derecho que confiere el artículo 33 del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Huepe para contestar alusiones personales. El señor HUEPE.- Señor Presidente, el miércoles 4 de marzo, el Senador señor Eugenio Cantuarias y el Diputado Jorge Ulloa dieron una conferencia de prensa para referirse a algunas irregularidades que, a juicio de ellos, existían en el municipio de Talcahuano. En esa oportunidad, entregaron una declaración pública en la que hay un párrafo que dice textualmente: "Empresas públicas de la Octava Región relacionadas con el área energética exhiben situaciones como las siguientes:", y mencionan siete puntos, entre ellos, exceso de gastos administrativos, préstamos habitacionales para algunos funcionarios calificados de la empresa y "Vehículos a parlamentarios: "Conocido es el caso de un parlamentario que recorre la provincia de Arauco en un vehículo de una de estas empresas". Preguntado el Senador Cantuarias a qué se refería, dijo que a Enacar y al Diputado señor Claudio Huepe. En esta ocasión por eso he solicitado, por primera vez, los cinco minutos tal como lo hice oportunamente por los medios de comunicación, quiero desmentir absolutamente esa afirmación. En mi recorrido habitual por la provincia de Arauco, donde voy los fines de semana como corresponde a los parlamentarios que desean servir a sus provincias, jamás he usado un vehículo de propiedad de Enacar. Esta empresa arrienda ocho o diez vehículos a terceros, y yo eventualmente arriendo uno de estos vehículos; pero, obviamente, Enacar no tiene nada que ver con lo que esos terceros hacen con los vehículos que arriendan. Hablé con el Senador Cantuarias, quien se comprometió a hacer un desmentido sobre la situación. Efectivamente, en una reunión con periodistas en Concepción reconoció que las explicaciones que yo le di eran satisfactorias. Sin embargo, por desgracia, cuando se acusa se hace con toda la publicidad, en primera página, pero cuando se desmiente, se hace en puntillas. La publicidad del desmentido y reconocimiento del Senador señor Cantuarias y del Diputado señor Ulloa en cuanto a que habían cometido un error al plantear esta acusación ante la opinión pública, fue mucho más débil que la acusación. He querido referirme a esta situación porque me parece extremadamente grave que un miembro de esta Cámara haga una acusación a otro parlamentario, sin fundamentos, como la que se formuló en relación con mi persona. Es muy fácil desprestigiar, pero no se tiene la misma rapidez para desmentir un hecho cuando se reconoce haber cometido un error. Lamento que el Diputado Ulloa no esté presente y que haya sido parte de esta acusación. El tema de la corrupción es muy de fondo. Las bancadas de la Concertación estamos dispuestos a enfrentar esta situación. Tenemos la conciencia muy tranquila. Podrán atacarse pequeñas irregularidades administrativas, pero no tenemos ningún temor porque no tenemos "tejado de vidrio", en analizar este punto, que es un problema que las democracias deben atacar a fondo, y revisar, también lo sucedido en los gobiernos autoritarios, cuando no había ningún control. Me habría gustado haber visto a señores Diputados que hoy rasgan vestiduras, escudriñando cualquier intento de irregularidad administrativa con la misma acuciosidad, investigar el cúmulo de actos de corrupción denunciados a fines del gobierno militar. Sin embargo, no quiero entrar en esa polémica. Sólo deseo expresar mi absoluta protesta porque un Diputado haya incurrido en la ligereza de una afirmación irresponsable, pretendiendo enlodar mi nombre, y después no haya tenido la misma honestidad para reconocer y aclarar el error cometido con la misma publicidad con que se formularon los ataques. He dicho. ORDEN DEL DIA. 2. NORMAS SOBRE PERTENENCIAS MINERAS QUE NO FORMAN PARTE DE YACIMIENTOS EN ACTUAL EXPLOTACION. TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse de las modificaciones que introdujo el Honorable Senado al proyecto que establece normas sobre pertenencias mineras de Codelco Chile, que no forman parte de yacimientos mineros en actual explotación. Las modificaciones propuestas por el Senado figuran en el número 23 de los documentos de la Cuenta de la sesión 50a., celebrada en 29 de enero de 1992. Se autoriza, por asentimiento unánime, el ingreso a la Sala del Subsecretario de Minería, señor Iván Valenzuela. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se deben tratar y votar cada una de las modificaciones. En discusión la enmienda del Senado al artículo 1°, que agrega un inciso nuevo para precisar el alcance de la disposición aprobada por la Cámara. Tiene la palabra el señor Ministro de Minería. El señor HAMILTON (Ministro de Minería).- Señor Presidente, quiero hacer algunas breves reflexiones respecto del proyecto y de su tramitación, sin pretender, naturalmente, volver a la discusión general. La decisión del Gobierno del Presidente Aylwin es respaldar el desarrollo y la expansión de Codelco, de manera que esta empresa supere los problemas con que la recibimos geomecánicos, ambientales y de competitividad y entregue al país el máximo de excedentes posibles para satisfacer las necesidades del Estado y de su gente. En ese sentido, la acción del Gobierno se ha expresado, fundamentalmente, en tres direcciones: a) Aumento de la inversión en Codelco, la que este año alcanzará a 430 millones de dólares -casi cien millones de dólares más que el año recién pasado- lo que constituye un verdadero "record"; b) Campaña agresiva de exploración que ha llevado a la Corporación a manifestar del orden de las 500 mil hectáreas de nuevas pertenencias, principalmente en la llamada "franja del cobre", dentro de la cual está Chuquicamata, y c) Flexibilidad de Codelco, para que sea una empresa eficiente y moderna. A este último aspecto se refiere el proyecto de ley que estamos discutiendo, que contiene fundamentalmente dos ideas: 1. Traspaso -gratuito u oneroso- a Enami de los yacimientos que no explota ni explotará Codelco, porque sus recursos mineros y escala de producción no están dentro de los que la Corporación normalmente opera, a fin de desarrollar la pequeña y mediana minería de las zonas mineras. 2. Autorizar a Codelco -cuando sea conveniente y considerando siempre las exigencias esperadas del mercado- para asociarse en la exploración o explotación de pertenencias que no forman parte de sus yacimientos en actividad ni estén considerados en sus planes de reposición o expansión a través de su explotación directa. Esta facultad es normal en todas las grandes empresas mineras, dentro y fuera del país. La tuvo Codelco en virtud de la legislación que la nacionalizó, y fue condicionada a una autorización legal expresa por el régimen anterior, que es lo que el Gobierno solicita con este proyecto. Respecto de la tramitación de la iniciativa, quiero destacar: a) Fue aprobado en general por la unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República; b) Todos los sectores involucrados -especialmente las organizaciones de trabajadores, de productores y de profesionales- fueron considerados; y c) La discusión parlamentaria significó una reafirmación de las ideas centrales del proyecto y un enriquecimiento de su articulado, en lo particular. Ningún sector político ha planteado la privatización de Codelco y el Gobierno del Presidente Aylwin la ha rechazado en forma reiterada y terminante. Desde este punto de vista, la forma en que el Senado despachó el proyecto le satisface, por lo que solicita a la Cámara de Diputados que apruebe ese texto sin modificaciones. Aunque ya lo hice ver en la discusión en general, tanto en la Cámara como en el Senado, quiero reiterar que este proyecto no importa desnacionalizar ni privatizar, directa ni indirectamente, Codelco. 1°.- No se altera la estructura de propiedad de Codelco, la cual continúa siendo una empresa pública del dominio de todos los chilenos; 2°.- No afecta ninguna de sus actuales Divisiones: El Teniente, Andina, El Salvador y Chuquicamata. 3°.- Tampoco alcanza a las minas que la Corporación ha definido como de reserva o reposición, tales como "Radomiro Tomic" (ex Chuqui norte). “M.M.”, "N.N.", "El Inca" (El Salvador) y "Don Luis" (Andina), las cuales serán explotadas directamente por la Corporación; 4°.- No se autoriza la enajenación de pertenencias no explotadas, salvo la situación de las minas que pueden ser transferidas a Enami, empresa que también es del Estado, para el desarrollo de la pequeña y mediana minería; 5°.- Codelco ya tenía esta facultad, según el artículo 13, letra k) del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1971, que estableció las normas para la administración de las empresas del cobre nacionalizado y que lleva las firmas del Presidente Allende y de sus Ministros Jorge Arrate y Orlando Millas. 6°.- La facultad de asociación que se le reconoce a Codelco con todos los requisitos y exigencias establecidos en el proyecto la tienen las demás empresas públicas de la minería, como Enami y Enap, y es una modalidad a la que recurren con frecuencia las grandes empresas mineras para compartir fortalezas y riesgos, en beneficio recíproco. Por último, al Gobierno le satisface por encima de legítimas discrepancias en materias específicas, surgidas en ambas ramas del Congreso y naturalmente dentro de los diversos sectores políticos en él representados la importancia reconocida a la iniciativa, que afecta a nuestra principal empresa y mayor industria cuprífera del mundo, y el trato de proyecto de Estado que se le ha dado, más que la discusión de tipo partidario con que se ha estudiado y despachado hasta ahora ese proyecto. Gracias, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Olivares. El señor OLIVARES.- Señor Presidente, en verdad, pensaba que iba a escuchar otros antecedentes en torno de esta materia. Ya que se me ha ofrecido la palabra al comienzo del debate, quisiera recordarles al señor Presidente y a los señores Diputados que en la sesión 14a., del miércoles 3 de julio de 1991, en mi intervención no la leeré completa, por razones obvias hice un análisis de lo que había significado el proyecto de nacionalización del cobre durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende, y de lo que hizo anteriormente el Presidente Frei con la llamada "chilenización del cobre", la primera etapa, el primer paso que permitió a Chile ser propietario del 51 por ciento, de las acciones de las compañías norteamericanas que operaban en nuestro país, dejando el 49 por ciento restante en poder de dichas empresas. Es bueno recordar que en ese proceso, se escuchó y se hizo participar a la Confederación de Trabajadores del Cobre y, consecuentemente, a los trabajadores a través de sus respectivas directivas sindicales. Durante el gobierno de Salvador Allende ocurrió otro tanto. En aquella ocasión, mostré el mismo documento que tengo en mis manos y que es un facsímil de la carta que Salvador Allende envió a los trabajadores del cobre para decirles que ellos formarían parte de la comisión que estudiaría el proyecto de reforma constitucional para hacer realidad la nacionalización del cobre. En la Constitución antigua, se incluyó la letra k), que disponía no sólo la mantención de todas las conquistas obtenidas por dichos trabajadores hasta esa fecha, sino que también la obligación de dar cumplimiento a esos derechos por parte de las continuadoras legales de las empresas nacionalizadas, vale decir, Codelco. Sin embargo, el año pasado vimos con cierta sorpresa, cuando se inició el conflicto y luego la huelga en Chuquicamata, y con posterioridad en El Teniente, cómo algunos colegas de los partidos de Oposición se escandalizaban porque Codelco no accedía a determinadas demandas de los trabajadores. Al respecto quiero recordar que hace muchos años, el Presidente Arturo Alessandri Palma dijo que los chilenos teníamos mala memoria. Parece que algunos se autoconvencieron de ello. Pero eso no es así. Los chilenos tenemos buena memoria, especialmente los trabajadores. Por ello, creo oportuno resaltar que durante el régimen del General Pinochet, a los asalariados se les quitaron varias garantías. Entre éstas se eliminó la citada letra k) de la Constitución Política. Además, la letra i) de la Carta Fundamental, que imponía al gobierno la obligación, que en consecuencia le correspondía al Departamento del Cobre, actual Corporación del Cobre, de establecer un fondo con las utilidades del cobre para preocuparse de la salud y rehabilitación de los trabajadores, especialmente en el caso de las enfermedades profesionales, a las que en general están expuestos no sólo los del carbón, sino también los de la Gran Minería, donde existe el mismo flagelo de la silicosis y otras enfermedades profesionales. Al revisar la Constitución, nos encontramos con que no sólo se eliminó la letra k), sino además la i), de manera que tales beneficios desaparecieron, sin que hasta hoy se haya corregido esta situación. Al mismo tiempo, en aquella ocasión dije que las atribuciones entregadas a Codelco no se cumplieron. A veces duele comprobar cómo se olvidan o se soslayan algunos antecedentes. Soy socialista y me siento orgulloso de serlo. Asimismo, soy Diputado de la Concertación y me siento orgulloso de serlo. Pero no soy incondicional de nadie. Por lo tanto, digo las cosas como son. Por lo tanto, reitero que con la misma energía con que se pretende castigar a los trabajadores, debería decirse la verdad respecto del 10 por ciento de las ventas brutas del cobre que se continúan llevando las Fuerzas Armadas. Ahí está el quid del problema. Si no existieran esas leyes reservadas dictadas desde 1976, Codelco no estaría llorando miserias por no tener recursos financieros para operar sin dificultades. ¿Cuál es la gestión realizada oficialmente por el Gobierno en este sentido? Ya que hoy se habla tanto de transparencia, ¿dónde está la transparencia para llamar a las Fuerzas Armadas y decirles que no se puede seguir tolerando esta cuestión? Si en todo el mundo se adoptan políticas para ir al desarme y disminuir los presupuestos en materia de armamentos, ¿por qué en nuestro país ni siquiera se puede hacer un llamado al respecto? ¿Por qué silenciar estas cosas? ¿A quién le tenemos miedo? Digamos las cosas como son. Quisiéramos escuchar en la discusión del proyecto, cuando se habla de la posibilidad de formar empresas mixtas para seguir explotando el cobre y de que la intención es fortalecer a Codelco, ¿cómo se pretende hacerlo? Los dirigentes sindicales lo han demostrado. Existen reservas de minerales consideradas de "reposición". Estudios de los propios geólogos y técnicos de Codelco indican, por ejemplo, que Chuquicamata contará con reservas para 25 ó 30 años más; El Teniente, para 20 ó 25 años. Hay yacimientos, de los llamados de "reposición", ubicados y cubicados por técnicos de Codelco, con dineros de nuestro país, que se pueden empezar a explotar cuando Chuquicamata y El Teniente se agoten. Entonces, ¿por qué se pretende entregar estos yacimientos a extranjeros, como en el caso de "El Abra", en que el Gobierno se ha negado tercamente a dejar establecido que allí, como lo han pedido los trabajadores del cobre, no se creará una empresa mixta? Igualmente, en esa ocasión manifesté que Chile entero está en deuda con los trabajadores del cobre, porque ellos abrieron los cauces y llamaron la atención de todos los partidos políticos para iniciar la discusión de un proyecto sobre nacionalización del cobre. Entonces, merecen respeto, y eso es conveniente recordarlo en esta oportunidad en que se discute esta iniciativa que otorga financiamiento a Codelco y la autoriza para transferir pertenencias a Enami. Anuncio que me abstendré en la votación, por cuanto, efectuadas las consultas con los asesores jurídicos correspondientes, he concluido en que el proyecto en análisis es inconstitucional. Para la historia de la ley, dejo constancia de mi opinión en ese sentido. Eso es lo que expresé en la sesión del miércoles 3 de julio de 1991. Es falso, entonces, lo que algunos señores andan gritando por ahí, en cuanto a que este proyecto ha sido aprobado en forma unánime por la Cámara de Diputados y por el Senado. ¡Eso constituye una gran falacia! ¡Aquí está el acta de esa reunión! Y debo aclarar que en aquella ocasión hubo colegas de mi bancada, como Juan Pablo Letelier, Nicanor Araya, Felipe Valenzuela, Camilo Escalona y Juan Martínez sólo para recordar a algunos que me acompañaron en mi votación negativa. Por consiguiente, no sigan repitiendo tal mentira, porque no es cierto aquello de "¡Mentir, mentir, que al final algo queda!". En esa oportunidad sostuve -y lo reitero- que el proyecto es inconstitucional y entregaré fundamentos jurídicos sobre ello. Por lo tanto, como la Constitución exige determinado número de firmas para hacer la presentación, estamos tratando de reunirlas. Con las que logremos juntar entre ellas se cuentan las de los colegas que acabo de nombrar recurriremos al Tribunal Constitucional para pedir que se pronuncie respecto de la constitucionalidad de este proyecto que discutió la Cámara y que vuelve del Senado en tercer trámite constitucional. Así, como en otros casos se ha esperado la respuesta del Tribunal Constitucional, ahora nosotros aguardaremos su pronunciamiento. También debo hacer notar que de parte de algunas autoridades de Gobierno existe una falta de respeto que ya raya en lo inconcebible. Por ejemplo, un grupo de parlamentarios de esta Cámara, entre los que figuran Juan Pablo Letelier, Nicanor Araya, Felipe Valenzuela, Armando Arancibia y el que habla, enviamos un oficio al Ministro de Minería para que nos comunicara cuáles eran las razones, ya que Codelco está tan pobre, que justificaban la publicidad a todo costo, en prensa, radio y televisión, porque uno encendía el televisor y aparecía un "spot" que nos decía: "Codelco construye escuelas", "Codelco construye caminos", "Codelco lo hace todo" ¿De dónde sale la plata si Codelco está tan pobre? ¿Se carga al costo de producción? El oficio fue enviado por la Cámara el año pasado. Hasta hoy no tenemos respuesta. En dicho oficio solicitamos del señor Ministro de Minería que nos dijera, con argumentos, si el cobre necesita propaganda para venderse, porque lo que falta es cobre para vender; no faltan clientes. No hay justificación alguna y esto hace pensar a los trabajadores que hay otras cosas de fondo en esta situación. Por otra parte, creo oportuno recordar que los trabajadores del cobre de la Segunda, Tercera y Sexta Regiones, con toda razón, desean que el señor Ministro de Minería se acuerde también de esas Regiones, para que no todos los "cariñitos" vengan a la Quinta Región, a través de camisetas y de ayuda al Everton y a otras instituciones. ¡Hasta en la construcción de mausoleos también aparece la Enami dando su aporte! ¿Qué pasa entonces con los problemas de los trabajadores del cobre? ¿Quién se preocupa de ellos? Que se acuerde el señor Ministro de Minería que esos trabajadores y sus familias tienen problemas graves en la Sexta, en la Tercera y en la Segunda Regiones, y que son ellos los que hacen los mayores aportes al engrandecimiento del país. El presupuesto de la Nación, en gran medida, descansa en lo que produce el cobre y esto no deben olvidarlo las autoridades de Gobierno. Por eso, afirmo que este proyecto es un canto de sirena, porque no va a fortalecer a Codelco, ya que si las minas o yacimientos de reposición son entregados en sociedad a connacionales o a capitales extranjeros, poco a poco Codelco se debilitará y hasta puede desaparecer. Entonces, llegará el día en que nada nos garantice que las pertenencias que hoy se quiere .entregar a Enami no serán vendidas a terceros. Podría agregar una serie de otros antecedentes; pero en homenaje al tiempo quiero reiterar que los trabajadores del cobre merecen consideración y respeto. Tampoco es posible que mientras se discute este proyecto en el Congreso Nacional, se nos ataque a los parlamentarios, Senadores y Diputados, sin distinción; en algunos casos, quizás, con dedicatoria para los que formamos parte de la Concertación. Nosotros la integramos también, pero, como se dice en materia de indemnización, deseamos que ello sea a todo evento y no solamente para defender iniciativas de cuya consumación hemos sido marginados. Hago este alcance, porque no entiendo a Codelco en su trato con los trabajadores. Al respecto pregunto: ¿Cómo es posible que, por un lado, se quiera fortalecer a Codelco y, por otro, se proceda a un "plan de egreso especial", de "egreso voluntario", y se manden setecientas y tantas cartas mientras se discute este proyecto? A algunos trabajadores se les habla de jubilación anticipada, establecida en los convenios. ¿Cuál es el gran delito del resto de los trabajadores? Haber acumulado inasistencias, todas justificadas por licencias médicas otorgadas por los propios médicos de la Fusat, que es la Fundación Médica de El Teniente. Lo recuerdo porque fui obrero minero y fundador de la Confederación del Cobre. En los tiempos de los norteamericanos ocurrían exactamente los mismos problemas; pero, con tino, las gerencias, los directores de relaciones laborales, los gerentes o los jefes de los departamentos respectivos llamaban a las directivas sindicales y les daban a conocer el comportamiento de esos trabajadores: "esto está ocurriendo con sus compañeros de sindicato. Hablen con ellos, háganles ver la situación porque si no mejoran su productividad serán despedidos". A los dirigentes se les daba la oportunidad de conversar con ellos. No se les mandaba poco menos que por correo las cartas, en respuesta a las cuales, lo único que pueden decir los trabajadores es sí, por cuanto o se acogen al "plan de egreso voluntario" y se les paga 50 días de indemnización o, lisa y llanamente, se les aplicará la ley N° 19.010, según la cual reciben si no hay otra causal la indemnización correspondiente. Se ha hecho mucha cuestión de los trabajadores que van a acogerse a jubilación. Pero, ¿por qué calla Codelco la diferencia que hay entre una jubilación por vejez y una pensión por invalidez? Si los echan del trabajo porque no sirven, por lo menos debieran darles la pensión por invalidez en un ciento por ciento, que les significa percibir una suma de dinero por concepto del seguro de vida a que tienen derecho, beneficio que pierden en la forma en que los está despidiendo la empresa. Sobre los despidos y sus causales, debo recordar que el año pasado discutí esta materia en un foro, con el Subsecretario del Trabajo, don Eduardo Loyola. Dije que podía demostrarle que en tres meses de vigencia de la nueva ley se había despedido a más gente que en un año por la aplicación del famoso artículo 155 f), que se pretendía derogar. Pues bien, en el cobre, a los trabajadores que no firman el plan de egreso dentro de un plazo, sencillamente se les notifica de despido. Esto, aquí y en la quebrada del ají, es despido masivo. Y es aún más inconcebible que esto ocurra en Codelco. Se lo dije al Subsecretario señor Loyola hace algunos días, cuando empezó el procedimiento; tuvo que reconocerlo, porque cuando se trata de una empresa privada, el Estado tiene argumento de no poder hacer nada; pero, ¿cómo el Estado, cómo el Gobierno va a permitir despidos masivos en una empresa estatal, de administración autónoma? La Cámara debe conocer estos hechos. Por tal razón –repito-, con otros colegas, en cuanto al proyecto se refiere, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, consecuentes con lo que dijimos en la sesión del 3 de julio del año pasado. Dado que este proyecto es inconstitucional, no vamos a votar ni a favor ni en contra, porque para nosotros no existe. Desde ya, anuncio la reiteración de la votación de aquella ocasión: me abstendré de votar llegado el momento. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Estamos en la discusión de las modificaciones del Senado, artículo por artículo. Han pedido la palabra, entre otros, los Diputados señores Araya, Molina, Gajardo, Munizaga, Vilches, Palestro y Martínez. Puede pedirse la clausura del debate después de que hayan hablado dos señores parlamentarios, siempre que expresen opiniones distintas. El señor MUNIZAGA.- Pido la palabra para una cuestión de Reglamento. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, quiero solicitar a la Mesa que con el resto de los parlamentarios tenga la misma consideración que ha tenido con el Diputado señor Olivares; es decir, que permita ir más allá de la modificación en debate, porque este parlamentario se ha explayado extensamente sobre el proyecto en general. Gracias. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Iba a eso; pero tenemos que discutir y votar cada modificación, artículo por artículo. Tiene la palabra el Diputado señor Araya. El señor ARAYA Señor Presidente, nos encontramos en el tercer trámite legislativo del proyecto de ley que establece normas sobre pertenencias mineras de Codelco-Chile; y en lo que va transcurrido de su debate, hemos podido constatar la gran importancia que tiene para el país, pues afecta, en lo principal, a una empresa del Estado y al desarrollo de la misma. En esta oportunidad, no podemos dejar de recordar que Codelco es el resultado de una larga y consecuente lucha de los trabajadores, que suscitó el respaldo de toda la ciudadanía. Desde la chilenización, durante el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva, hasta la nacionalización, a través de una reforma constitucional, durante el Gobierno del Presidente Allende. Las ideas que motivaron la nacionalización del cobre una de las cuales fue evitar que las trasnacionales se llevaran las utilidades a fin de que invirtieran en Chile, permanecen en grandes sectores de nuestro pueblo, en especial en los esforzados trabajadores del cobre. Por eso, quienes queremos lo mejor para nuestra patria y hemos trabajado codo a codo con los mineros, estamos dispuestos a defender la principal riqueza de Chile ante cualquier atisbo de desnacionalización. En este punto, hay que decir claramente que no basta que se manifieste por las autoridades que la intención no es desnacionalizar la gran minería del cobre, ya que nuestras aprensiones son reales, porque en los últimos meses, mientras se discutía este proyecto, sectores de la derecha económica, encabezados por el Presidente de la Sofofa, señor Briones, a través de una campaña tendenciosa, han manifestado su intención de que se entregue a manos particulares la gran minería del cobre, la gran obra del Presidente Salvador Allende. Por lo tanto, no podemos irresponsablemente callar esto y dejar de denunciar dichas intenciones, las cuales debemos rechazar de manera categórica por su gravedad y antipatriotismo, pues no se efectúan en interés del país, sino en beneficio de empresarios que sólo desean hacer un buen negocio con el reparto de Codelco, conscientes de que es una de las empresas más eficientes del Estado, cuyo futuro se vislumbra claramente promisorio si se desarrolla una acción sostenida para sacarla del estancamiento al que trató de conducirla el gobierno militar. Sin embargo, la codicia empresarial, cuando su propio interés está en juego, no trepida, incluso, en llegar a eliminar la Ley Reservada del Cobre, la cual lleva de modo directo el 10 por ciento a las Fuerzas Armadas, con tal de tomar para sí esos enormes recursos que pertenecen a todos los chilenos. Reconocemos que el proyecto apunta a superar algunos de los problemas que enfrenta la empresa en su desarrollo; pero no podemos dejar de ratificar nuestras aprensiones sobre el texto aprobado, ya que no queda del todo claro que no sea una puerta abierta a la desnacionalización del cobre. Incluso, creo que debe haber un problema de inconstitucionalidad, que no podemos dejar de lado, por lo que aprovecho de decir que, con mi firma, apoyo absolutamente la consulta que se hará al Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto. Nuestra defensa del cobre no es un mero capricho. Se basa en hechos reales que nadie puede desmentir o tratar de tergiversar. Hay que destacar que las leyes dictadas en tomo a la minería del cobre, desde la "Ley del Nuevo Trato", N° 11.828, del 5 de mayo de 1955, pasando por la Ley de la Gran Minería del Cobre, N° 16.642, del 15 de mayo de 1967, y que se consolidaron con la Ley de Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, del 16 de julio de 1971, han permitido que Codelco, desde su creación, a través del decreto ley N° 1.350, haya demostrado una gestión exitosa, lo que reafirma el acierto con que se actuó al aprobarse el acto de nacionalización del cobre. Señalamos claramente que debido a su alta rentabilidad, 68 por ciento de su patrimonio, Codelco-Chile se encuentra hoy a la vanguardia de las compañías cupríferas del mundo y entrega a nuestro país un 25 por ciento del Presupuesto Nacional. Por lo anterior, no podemos menos que reafirmar que el cobre es y debe seguir siendo de todos los chilenos, porque es nuestra principal riqueza, y esto lo podemos basar en las siguientes razones. 1°.- Durante 1990, las exportaciones chilenas ascendieron a 8.310 millones de dólares. 3.795 millones de dólares correspondieron a exportaciones del cobre y 2.769 millones de dólares representaron lo exportado por Codelco-Chile. Es decir, las exportaciones del cobre representan un 333 por ciento de las divisas registradas. 2°.- Durante 1990, las transferencias de Codelco al Fisco representaron un 25 por ciento de los ingresos generales de la nación, recaudados ese año por concepto de ingresos propios y tributarios. 3°.- Durante 1990, el aporte de Codelco Chile a la producción de cobre alcanzó a 1.195.000 toneladas métricas, lo que representa alrededor del 75 por ciento de la producción total. 4°.- En cifras concretas, podemos indicar que en el período 1976-1988, Codelco Chile contribuyó con el promedio de un 44 por ciento de las exportaciones del país, y asimismo, produjo utilidades antes de impuestos por 1.820 millones de dólares; y en 1990, ganancias por 1.504,7 millones de dólares, lo que representó un 20 por ciento del ingreso nacional. 5°.- El cobre se ha constituido en el pionero de la presencia de Chile en el extranjero, permitiendo a nuestro país insertarse dignamente en la comunidad internacional. 6°.- Los recientes e importantes descubrimientos de Codelco-Chile, a un año de haber reanudado sus operaciones de exploración, por ejemplo, en el distrito minero de Chuquicamata, dan clara muestra del futuro promisorio de nuestra empresa estatal. 7°.- Las utilidades antes de impuestos que ha generado para Chile la nacionalización del cobre, desde 1971 en adelante, se estiman en 15.581 millones de dólares en moneda de 1990. Tal cifra hay que contrastarla con los 1.680 millones de dólares que aproximadamente suman los gastos sociales básicos, como son la educación, la salud y la vivienda. 8°.- Los actuales esfuerzos de inversión de Codelco-Chile ascienden a un monto global superior a los 600 millones de dólares y significan un aporte productivo del orden de las 350.000 toneladas métricas de cobre fino al año, que vienen a compensar el paulatino descenso de los actuales yacimientos en instalaciones operativas. Así se incrementa la posición de liderazgo que ejerce Codelco-Chile en la industria del cobre con la perspectiva de aumentar sus aportes al presupuesto nacional. La importancia de lo anterior se evidencia aún más con el hecho de que del total de la propiedad minera inscrita en Chile, Codelco contaba, al 31 de diciembre de 1990, con cerca del 30 al 31 por ciento. De este porcentaje, tal como lo han reconocido el señor Ministro de Minería y la Confederación de Trabajadores del Cobre, solamente alrededor de un 4 por ciento corresponde a los grandes yacimientos que se explotan actualmente. Un porcentaje parecido significan prospectos evaluados. Además de los cuantiosos recursos ya indicados, logrados por el Fisco, mediante la nacionalización del cobre, se abrió la posibilidad de desarrollar en el sector estrategias y políticas autónomas de inversión, productivas y comerciales, guiadas de acuerdo con criterios de conveniencia nacional, los cuales deben ser preservados. Finalmente, podemos indicar que Codelco influye claramente en el comercio nacional, ya que en 1990, del total de sus adquisiciones, que sumaron más de 550 miñones de dólares, cerca de 380 millones de dólares se gastaron en Chile. Lo anterior reafirma el hecho de que el Estado puede y debe intervenir directamente en el proceso productivo nacional, sin menoscabo de la iniciativa privada y dentro de un esquema de mercado regulado, para que no vuelva a ocurrir lo que denuncia la Confederación de Trabajadores del Cobre en orden a que la política sobreideologizada del gobierno militar abrió las puertas a la competencia internacional a través del Código de Minería, en un campo como el del cobre donde gozamos de las máximas ventajas comparativas a nivel mundial, traspasándose hasta ahora, sin costo, un volumen de reservas de cobre fino que alcanza a 70 millones de toneladas métricas con una riqueza potencial de 1.154 millones de dólares, que equivale al 8,5 por ciento de nuestra deuda externa y a seis veces el producto geográfico bruto nacional, con el consecuente menoscabo económico social para la Nación. Aún más, como resultado de estos actos del régimen pasado, a partir de 1993 Codelco reducirá su participación a menos del 50 por ciento de la producción de cobre del país, cuando en 1989 ella alcanzaba al 77 por ciento, y en 1971, a valores cercanos al ciento por ciento. Pero lo que ahora realmente nos interesa es que Codelco-Chile desarrolle claramente las siguientes medidas: Fortalecer los logros de la nacionalización y asegurar que ella siga rindiendo sus frutos en el futuro. Fortalecerse como empresa y asegurar su eficiencia y competitividad sin afectar a los trabajadores y sin desnacionalizar el cobre. Incentivar los proyectos de inversión de la empresa. Controlar la contaminación ambiental asumiendo el principio de la responsabilidad ecológica, para superar, por ejemplo, el grave problema de la contaminación con arsénico en Calama y en Chuquicamata. Con los recursos que actualmente existen en el país se puede disponer de lo necesario para invertir en la evaluación, exploración y explotación de nuevos yacimientos que contribuyan a maximizar los beneficios corporativos para que aporten efectivamente a todo el país. Continuar siendo uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, de bajo costo y alta calidad, desarrollando, a la vez, relaciones de trabajo, de cooperación y de compromiso mutuo entre directivas y trabajadores que permitan superar las actuales dificultades. Garantizar la estabilidad laboral de los aproximadamente 26 mil trabajadores, cifra que corresponde, más o menos, a un 60 por ciento del total del empleo proporcionado por las empresas mineras nacionales. Finalmente, señor Presidente, formulo los siguientes planteamientos específicos en torno a algunas de las normas del actual proyecto: Primero hay que reconocer que hasta febrero de 1976, Codelco-Chile tenía flexibilidad para disponer de su propiedad minera, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1972; pero con la reforma constitucional introducida por el decreto ley N° 1.167 de 1975, se perdió esa flexibilidad justo en el momento en que sectores de la derecha económica intentaban desnacionalizar el cobre. Dicho decreto ley estableció claramente que no podría enajenarse ni constituirse derecho a favor de terceros respecto de las pertenencias correspondientes a los yacimientos que se hallan en actual explotación y sus respectivas reservas. Referente a lo demás, para poder enajenar o establecer derechos a favor de terceros, se requiere autorización por ley. Conceptos similares fueron ratificados en la Constitución de 1980, por lo cual el proyecto de ley que hoy discutimos no puede vulnerar por ningún motivo preceptos constitucionales claramente establecidos, y según los cuales el Estado "tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible," de toda la riqueza minera del país, y que Codelco tiene la calidad de concesionaria de grandes yacimientos de cobre nacionalizados. En cuanto al artículo 1° del proyecto, el Senado, al mejorarlo agregándole un inciso segundo, protege a la gran minería del cobre, pero eso no es suficiente. Tengamos presente que estamos legislando para el futuro, más allá del actual gobierno, y por esa razón debemos evitar dejar cualquier herramienta para una posible privatización encubierta. Por ello, la preocupación de los trabajadores del cobre por lograr que Codelco mantenga un control mayoritario en las nuevas sociedades que se creen, no es una cuestión insignificante, ya que todo el desarrollo que hemos obtenido depende de que el cobre se produzca por el país con criterios en el accionar de las empresas que apunten al bienestar de todos los chilenos y no a intereses de empresas transnacionales. El artículo 3°, nuevo, redactado por el Senado, al permitir a Codelco transferir a la Enami "pertenencias de su dominio correspondientes a yacimientos que no se encuentran en explotación y cuyos recursos mineros potenciales y la eventual escala de producción de los mismos, no están dentro de los rangos de explotación con que la Corporación Nacional del Cobre de Chile opera normalmente", puede prestarse para negocios poco claros, ya que el traspaso a la Enami de pertenencias como las indicadas podría motivar a las transnacionales a asociarse entre ellas para explotarlas y llegar a una privatización encubierta, pues debemos tener presente que los rangos con que Codelco opera normalmente son de alrededor de 75 mil toneladas métricas anuales de cobre. De acuerdo con el artículo en comento, podría entregar a la Enami las pertenencias cuya eventual escala de producción sea inferior a dichas 75 mil toneladas métricas anuales, lo cual, sin duda, puede incentivar negocios oscuros. Lamento también que no se haya acogido la propuesta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, en el sentido de dejar claramente establecido lo cual hoy el artículo 3° no lo dispone como empresas para ser desarrolladas, por parte de Codelco, los siguientes yacimientos: El Abra, Chuqui Norte, Chuqui Sur, M.M., Mina Vieja, Mina Nueva y Altamira, ya que se trata de yacimientos en los que Codelco ha invertido en exploración y en la preparación de condiciones para su explotación, y que se encuentran cercanos a los minerales en actual explotación. Ello permitiría ampliar y prologar el horizonte de trabajo de la mencionada sobredotación de personal que aducen hoy los directivos de Codelco para justificar despidos, de los cuales no somos partidarios. Por todo lo señalado no puedo sino que reiterar mi voto en contra del presente proyecto, y quiero fundamentarlo muy claramente. Como ha expresado el Diputado señor Olivares, cuando las cosas se tergiversan y se dice que este proyecto fue aprobado por unanimidad, categóricamente afirmo que no fue así. Y el Diputado que habla, tomando en consideración la posición de la Confederación de Trabajadores del Cobre, y por los años que me ligan... El señor PEREZ (don Víctor).- Debe dirigirse a la Mesa cuando habla. El señor ARAYA.- Gracias, me estaba dirigiendo a la Mesa, y no es usted quien la dirige. Como ex trabajador del cobre no puedo votar en contra ni ser inconsecuente con eso y anuncio que me voy a abstener en la votación de todos estos artículos, porque creo que no está debidamente resguardado nuestro patrimonio sobre esta riqueza nacional. Señor Presidente, que me perdone el señor Ministro de Minería el no compartir una de sus opiniones. Sobre esta materia todos tenemos opiniones y cuando existan divergencias, como es natural, debemos conversarlas. Como socialista, soy parlamentario de la Concertación y, por lo tanto, de este Gobierno. Quiero el mejor éxito para él y para el país. Ojalá el Gobierno del Presidente Aylwin sea el mejor de todos los que ha tenido Chile hasta este momento, porque para eso vamos a trabajar y estamos como Partido Socialista en el Gobierno. Pero hay cosas que también uno debe decirlas, como la de no estar de acuerdo, ni compartir las palabras del señor Ministro de Minería cuando dice que este proyecto se aprobaba "le pese a quien le pesare y le duela a quien le doliere". Discrepo de ello porque ése es un lenguaje que hoy ya no debe usarse, dado que lo combatimos mucho en el pasado. Creo que hoy las relaciones van por otro lado, como muchas veces el mismo señor Ministro las ha tratado de conseguir y de bajar el perfil, sobre todo cuando ha habido algún problema con la Confederación de Trabajadores del Cobre. Considero que ése es el camino. Por lo tanto, señor Presidente, anuncio que me voy a abstener en todos aquellos artículos donde no esté sumamente claro ni absolutamente resguardado lo que ha sido esta gran obra democrática que fue la chilenización del cobre por el Presidente Frei y su nacionalización por el Presidente Allende. He dicho. Aplausos en tribunas. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Las personas que están en las tribunas deben abstenerse de hacer manifestaciones. Tiene la palabra el Diputado señor Jara. El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, respecto del tema del cobre, de carácter nacional, se requieren estructuras y mecanismos tanto públicos como privados adecuados para maximizar nuestra producción. En tal virtud, me parece que el artículo 1° del proyecto de ley en cuestión, con la precisión del Honorable Senado, garantiza perfectamente la expansión de la producción estatal; pero, simultáneamente, permite nuevas oportunidades de producción y de trabajo, claves para el desarrollo de un país que, como Chile, requiere a la brevedad salir de su estado de pobreza. Prueba de que esta expansión es buena se aprecia perfectamente en el caso de la División Andina de la Quinta Región, la que al ampliarse y modernizarse, junto con la fundición de la Enami en Ventanas, permiten el proyecto de mayor significación del Estado de Chile en la Quinta Región, cercano a los 400 millones de dólares, cual es precisamente el que se está estudiando y preparando por los técnicos de ambas empresas estatales. Eso revela que esta estructura jurídica y, en general, la política del Presidente Aylwin, es buena para el país, los trabajadores y los empresarios. Tenemos a la vista un listado de 377 pertenencias mineras, con un total de 2.879 hectáreas, que este proyecto traspasa al sector privado, en la Quinta Región, por la vía de Enami. Esto va a permitir impulsar la pequeña minería y desarrollar una región que está deprimida en muchos sectores. A mi juicio, las políticas serias contenidas en este proyecto permiten cumplir dos objetivos del programa de la Concertación y del Presidente Aylwin: uno, hacer crecer la riqueza, y dos, distribuirla con equidad, razón por la cual desde ya anunciamos nuestro respaldo al articulado original y a las modificaciones del Honorable Senado, porque de esta manera se construye un país. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Molina. El señor MOLINA.- Señor Presidente, quiero anunciar mi voto favorable a este proyecto y expresar que la comisión política del Partido Por la Democracia, después de analizarlo en profundidad, también le ha prestado su plena aprobación. Deseo comenzar despejando dos cuestiones que no tienen relación con el problema central que nos preocupa en esta ocasión, pero que, según mi parecer, cruzan el debate. En primer lugar, este proyecto no pone en peligro la nacionalización de la Gran Minería del Cobre y de la Compañía Minera Andina, la cual fue fruto de un proceso que contó con la participación y el apoyo de todos los sectores políticos del país, lo que representó un cambio trascendental en la estructura económica de nuestra nación y abrió posibilidades para el desarrollo independiente y dinámico de nuestra economía. Este logro nacional no está en discusión y, a juicio del actual Gobierno, debe permanecer, como se indica en el Mensaje que acompaña al proyecto. En mi concepto, éste no es el punto central de la discusión. No es la voluntad del Gobierno de la Concertación borrar con el codo lo que con tanto sacrificio escribió el pueblo de Chile. Tampoco creo que lo sea la de los parlamentarios de la Concertación, ni la de quienes, siendo opositores en ese tiempo, votaron, unánimemente, por nacionalizar nuestra riqueza básica. En segundo lugar, tampoco es materia central de este debate el tema de la dignidad de los trabajadores y de la preservación de sus organizaciones, de sus fuentes de trabajo y de su desarrollo y alternativas en estas empresas, aspectos que cuentan con el apoyo absoluto de nuestra bancada, de este Comité y, estoy seguro, de todos los parlamentarios de la Concertación. Todas las medidas que se adopten en contra de los trabajadores y que los afecten directamente tendrán siempre el reproche y el voto en contra de nuestros parlamentarios. A nuestro juicio, el punto central de la discusión está en que Codelco posee alrededor del 31 por ciento del total de la propiedad minera constituida en el territorio nacional y que sólo alrededor del 4 por ciento se encuentra en yacimientos en explotación, y un porcentaje semejante en depósitos mineralizados evaluados. Esto significa que la mayor parte de la propiedad minera no ha sido objeto de trabajos sistemáticos de evaluación, porque las labores de exploración minera necesarias para ello requieren de enormes inversiones cuya rentabilidad es siempre incierta y aleatoria. Dentro de la estrategia de crecimiento de Codelco de esta riqueza básica del país, es indispensable entonces la apertura a la búsqueda de asociaciones, de alianzas y negociaciones con otras compañías relevantes en la industria del cobre que permitan fortalecer la posición competitiva de Codelco. Una herramienta clave para ello es esta iniciativa que se encuentra en discusión. Asociarse con terceros en la explotación y desarrollo de los yacimientos actualmente inexplotados nos parece una exigencia fundamental para el crecimiento de Codelco, con el objeto de que llegue a ser una empresa líder internacional en la explotación del cobre y sus derivados, para competir ventajosamente con otras empresas del rubro y lograr esa supremacía. En relación con esos temas nos llena de preocupación el análisis de las cifras recientes de Codelco. El análisis de los costos de la empresa demuestran que la producción de cobre en 1991 disminuyó en un 6 por ciento con respecto a 1990, principalmente por efecto de una baja en la ley del mineral, situación que nunca pudo ser contrarrestada por un aumento en los porcentajes de recuperación de las plantas de concentración y fundición. La paralización de faenas ocurrida en las Divisiones de Chuquicamata y El Teniente ocasionó una menor producción de fino de 44.700 toneladas. El enorme esfuerzo de los trabajadores de ambas Divisiones para compensar esta pérdida no pudo evitar que, en definitiva, ella se redujera a 28.200 toneladas métricas. La producción de metal doré fue de 196 toneladas, 10 por ciento inferior a la del año anterior en la relación con los subproductos. Los costos y gastos unitarios en que incurrió la Corporación en la producción de cobre como de subproductos, incluyendo los gastos de administración, fue superior en un 8 por ciento a los gastos de 1990. Y se ha producido, lo que es más grave, un proceso gradual de deterioro de las leyes del mineral, dificultades en la extracción del mismo por efecto de la mayor profundidad de las minas a tajo abierto y problemas surgidos en la explotación de ciertos sectores de El Teniente, como también la mayor dureza y contenido de elementos contaminantes en el mineral. Hay que sumar el impacto del comportamiento del tipo de cambio, pero en definitiva los costos fueron de un monto superior a 2.5 centavos de dólar por libra de cobre fino durante el año recién pasado. La cotización de la libra de cobre del cátodo grado A registrada en la Bolsa de Metales de Londres durante el año 1991 fue de un promedio de 106.1 centavos de dólar por libra. Esto es, un 12 por ciento menos que en 1990. Codelco obtuvo de la venta de su cobre un precio promedio de 98.5 centavos de dólar por libra, inferior en un 13.5 por ciento a 1990, y los productos vendidos fueron inferiores en un 7 por ciento. En definitiva, los resultados económicos financieros reflejan que 1991 registró utilidades, antes de impuestos, de 887 millones 500 mil dólares, valor que representa una disminución de un 42 por ciento en relación con el año anterior. Como consecuencia de los impuestos a las ventas y a las utilidades por un monto de 594 millones de dólares, la utilidad neta alcanzó a 292 millones, que comparada con la de 1990 es inferior en 328 millones de dólares. Los rendimientos de los estados financieros de las distintas Divisiones, analizados por auditores independientes externos, son preocupantes. Los estados de resultados, en lo operacional, reflejan para 1990 un resultado de 1.548 millones de dólares, que se reducen a 954 millones en 1991. El rendimiento de las Divisiones de Chuquicamata nos van reflejando un progresivo deterioro en el resultado operacional. De 1.027 millones en 1990 a 679 millones en 1991, y el descenso es de 200 millones en la utilidad neta del ejercicio en Chuquicamata. En El Salvador, la utilidad de 24 millones desciende a 9 millones y los resultados operacionales en más de 60 millones de pesos. Y así ha ocurrido en Andina y en El Teniente. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos colocar a Codelco en condiciones competitivas. Una de las formas de hacerlo es que ésta opere de acuerdo con criterios de modernización tecnológica y de capacidad financiera y comercial, que le permitan con dinamismo salir del progresivo deterioro en que se encuentra, y que irá aumentando, produciendo, a la larga, una disminución de las utilidades y de las perspectivas que el país tiene en esta riqueza nacional. De allí que es necesario despolitizar y desideologizar esta discusión. Debemos actuar objetivamente y optar por una alternativa que permita aumentar las posibilidades de explotación, asociándose con quienes en el mundo entero, cuando explotan cobre, lo hacen para aumentar su poder, pero garantizando que el Estado mantendrá la propiedad de las minas. Se quiera o no, Codelco debe transformarse en una especie de empresa transnacional competitiva que, a través de su modernización, dé más trabajo, otorgue más utilidades, aumente las perspectivas, la dimensión y ámbito de sus distintas empresas, diversificándolas, y atraiga capitales e inversiones productivas que permitan un bienestar al país y a los trabajadores. Estos criterios básicos nos han animado a apoyar este proyecto, con el que se lograrán, en definitiva, más beneficios en lugar de los deterioros y defectos que se anuncian. Pesando ambos criterios, nos volcamos por uno de asociación, que no significa revertir el proceso de nacionalización. En estas condiciones, prestaremos nuestra aprobación, como Comité del PPD., a las diversas modificaciones del proyecto. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Recuerdo a los señores Diputados que el Orden del Día termina a las 13 horas. Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga. El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, los parlamentarios de Renovación Nacional hemos señalado en reiteradas oportunidades ante la opinión pública que apoyaremos todos los proyectos beneficiosos para el país y para su gente, y que rechazaremos todas las iniciativas que nos parezcan contraproducentes. El Supremo Gobierno planteó hace un tiempo ante la opinión pública la posibilidad de establecer normas sobre pertenencias mineras de Codelco. En un principio, el proyecto que se dio a conocer era ampliamente beneficioso para el país, la minería y los trabajadores. Posteriormente, debido a diversas presiones, el proyecto sufrió modificaciones. Sin embargo, a pesar de ellas hoy tenemos un texto conveniente para el país, que no atenta contra el desarrollo y crecimiento de nuestra principal empresa de cobre, que es Codelco, ni tampoco contra sus trabajadores. En consecuencia, estamos frente a un proyecto que signifique beneficios, que permitirá que Codelco pueda explotar, el 31 por ciento de las manifestaciones del país que le pertenecen, ya que sólo lo hace con el 4 por ciento de sus yacimientos. Resulta conveniente que el 27 por ciento restante sea explotado, pues no sacamos nada con estar sentados en un banco de oro si no lo elaboramos y comercializamos. Tenemos una gran riqueza minera, pero no sacamos nada con mantenerla como reserva durante años y años, si no hacemos las labores necesarias para extraerla. Esta ley permitirá al país tener nuevos yacimientos en explotación, lo que beneficiará a numerosos trabajadores chilenos, que encontrarán una nueva oportunidad de ocupación. Por otra parte, pensamos que el proyecto contiene disposiciones que no son suficientemente claras, como la de no dar un plazo específico a la Empresa Nacional de Minería para enajenar y licitar públicamente aquellos yacimientos menores que sean traspasados a esta Empresa. Pero tenemos el convencimiento de que no afectarán las labores que hoy desempeña la Gran Minería del Cobre a través de Codelco, dado que están resguardadas las reservas actuales y los principales yacimientos en explotación. También me parece importante señalar que estamos absolutamente dispuestos a ejercer la fiscalización para que no se produzcan excesos ni malversaciones de los recursos que corresponden a Codelco, ni que éstos sean destinados a fines sin importancia para el país. Si en el pasado se hizo propaganda indebidamente, como lo ha denunciado un parlamentario en esta Sala, ello no debe ocurrir en el futuro. Buscando el mejor destino para Chile, tratando de agilizar el desarrollo que nos permita llevar a nuestro país a mejores horizontes, los parlamentarios de Renovación Nacional votaremos favorablemente las modificaciones introducidas por el Senado a este proyecto, que ya debatimos largamente en la Cámara. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo. El señor GAJARDO.- Señor Presidente, este proyecto ha sido uno de los que la Cámara, especialmente la Comisión de Minería, ha estudiado con mayor profundidad. Durante el tratamiento del tema, hemos recibido en la Comisión todo tipo de información y de opiniones de diversos sectores vinculados con el quehacer minero, del Ministerio y de Codelco, lo que nos ha ilustrado sobre todos los aspectos involucrados en esta iniciativa. De todo ese estudio, que ha sido profundo, hemos llegado a la conclusión de que este proyecto es altamente positivo para el país y necesario para Codelco, cuya situación, desde el punto de vista de su competitividad, se ha ido deteriorando con el tiempo, por lo que es necesario fortalecerla. Este proyecto es del Gobierno; no es de un funcionario determinado, de un ministro o de un subsecretario, sino del Gobierno del Presidente Aylwin, constituido por los partidos de la Concertación. Incluso, pueden existir opiniones diferentes dentro de la Concertación en cuanto a su conveniencia o inconveniencia; pero no puede haber desconfianza respecto de la honestidad con que el Gobierno ha estado actuando y con la que presenta esta iniciativa al país y a este Parlamento. Nadie puede poner en duda que el Presidente, el Gobierno y los parlamentarios que hemos respaldado este proyecto, estamos convencidos de que es altamente conveniente. Debido a esa convicción, hemos concurrido con nuestros votos a su aprobación en general, tal como lo hicimos en la votación en particular y lo haremos respecto de las modificaciones del Senado, porque consideramos que muchas de ellas reiteran la idea original del proyecto. Se han planteado, tanto en el primer trámite como en esta oportunidad, algunas dudas respecto de la constitucionalidad de la iniciativa. Habría sido bastante interesante haber conocido el fundamento serio, la exposición de las razones de la eventual inconstitucionalidad, porque habría generado un debate en tomo del tema. Ello no es posible, porque no se dice cuáles serían éstas. En todo caso, después de haber estudiado este proyecto, repito, con la seriedad con que se trató en la Comisión de Minería, hemos llegado a la más profunda convicción de que no vulnera ninguna normativa constitucional. A lo mejor, el pensamiento sobre una eventual inconstitucionalidad radica en que no se tiene una noción exacta de cuál ha sido el desarrollo de la legislación nacional en tomo al tema. Hemos escuchado hablar de la nacionalización del cobre, en circunstancias de que nunca se ha nacionalizado. El proceso de nacionalización recayó sobre las empresas de la Gran Minería del Cobre y sus respectivos patrimonios; pero no está estatizado todo el cobre en el país. De este tipo de errores surgen dudas en cuanto a la constitucionalidad del proyecto. En virtud de la nacionalización del cobre se incorporaron los yacimientos y las empresas que la constituían al pleno dominio del Estado. Durante el Gobierno del Presidente Allende se nacionalizó a las empresas de la Gran Minería del Cobre. El Presidente Allende, que sabía lo que estaba haciendo, firmó el decreto con fuerza de ley N2 1, de 1972, que creó las empresas colectivas del Estado, disponiendo que éstas tendrían la más amplia facultad para negociar yacimientos mineros. La letra k) de su artículo 13, señala de la siguiente manera las facultades de estas empresas colectivas del Estado: "Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime conveniente para la consecución de los fines de la sociedad,...". Más adelante, a manera indicativa, señalaba como facultades: "Adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles o derechos mineros,..." De manera que bajo la legislación existente en virtud de la nacionalización de las empresas de la Gran Minería del Cobre, las empresas colectivas del Estado creadas por ley y posteriormente sucedidas por Codelco, tenían todas las facultades y, más aún, aquellas que este proyecto le está entregando a Codelco. El problema que hoy nos ocupa deriva de que, en virtud de modificaciones constitucionales, se alteró el régimen de las empresas y de su administración, pues se exigió que cuando se tratara de realizar operaciones en relación con yacimientos que no estaban explotados, era necesaria la autorización de una ley. Precisamente, eso es lo que ahora estamos discutiendo y tramitando en el Congreso Nacional. Está en discusión la modificación introducida por el Senado al artículo l2. Esta norma permite que Codelco entre en asociación con terceros respecto de yacimientos que actualmente no está explotando. La modificación del Senado reitera esta idea; diría que la hace redundante. No me gusta desde el punto de vista de la técnica legislativa; pero, indudablemente, reafirma la idea central contenida en el proyecto. Es así como explícita que "Se excluirán de esta ley los yacimientos en actual explotación...". Esta sola mención debería despejar toda duda en cuanto a que esto no es un principio de desnacionalización del cobre, puesto que se consigna expresamente que Codelco no puede operar con ella en relación con los yacimientos que están en actual explotación. Pero la modificación del Senado también señala: "y aquellos que la Corporación determine destinar a sus planes de reposición o expansión a través de su explotación directa.". Hemos escuchado temores por las reservas de Codelco. El colega Molina hacía un muy ajustado análisis de los aspectos técnicos del tema, cuando señalaba que de los yacimientos de propiedad de Codelco, solamente el 4 por ciento está en explotación. En consecuencia, existe un enorme porcentaje de propiedad minera de Codelco al margen de la producción y la enmienda del Senado se refiere expresamente a lo que forma parte de las naturales reservas, a fin de que Codelco pueda seguir operando. Como aquí se ha señalado, los yacimientos en actual explotación van a terminar por agotarse en algún momento, pero la modificación se hace cargo precisamente de esta circunstancia y excluye de la posibilidad de negociar respecto de aquellos yacimientos que Codelco destine a sus planes de reposición o expansión a través de su explotación directa. Tengo entendido de que esta disposición fue conocida y aprobada por la Confederación de Trabajadores del Cobre y sé que en el Senado fue aprobada unánimemente. De allí que tenga la certeza de que existe consenso respecto de su aprobación. En la oportunidad, al igual como lo ha hecho en esta Sala, el señor Ministro de Minería señaló que determinados yacimientos mineros constituían precisamente reserva de Codelco y, en consecuencia, no se les aplicaría esta ley. Ellos son Radomiro Tomic, M.M., N.N., el Inca y don Luis. Considero que la modificación del Senado resguarda más los derechos y los intereses que los parlamentarios hemos tratado de proteger, es decir, la propiedad de Codelco, pero con un sentido de eficiencia, haciendo posible su desarrollo y que entren en operación yacimientos que, por problemas financieros hoy día y por mucho tiempo ésta no estará en condiciones de explotar. Pensamos que el país se beneficiará enormemente con la puesta en marcha de nuevas explotaciones, lo que, a mi juicio será más claramente visible en las zonas cupreras. Como representante de una de ellas, estoy convencido de actuar en favor de mi región al dar mi aprobación a este proyecto. Anuncio que los parlamentarios de la Democracia Cristiana votaremos favorablemente esta modificación del Senado. He dicho. Manifestaciones en las tribunas. El señor CERDA (Vicepresidentes Advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que está absolutamente prohibido hacer manifestaciones. Ha llegado a la Mesa una petición del Comité de la Democracia Cristiana para clausurar el debate. Están inscritos para hacer uso de la palabra los Diputados señores Carlos Vil ches y Juan Pablo Letelier. Si les parece a los señores Diputados, podríamos prorrogar el Orden del Día por treinta minutos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor OLIVARES.- ¡Quería hacer presente cuáles son las razones jurídicas para... El señor CERDA (Vicepresidente).- Después le concederé la palabra, señor Diputado. Ahora estoy haciendo una proposición a la Sala. El señor OLIVARES.- ¡No me puede coartar el derecho a usar de la palabra! El señor CERDA (Vicepresidente).- De otra manera, se procederá a votar la clausura del debate. Estoy haciendo otra proposición, con el fin de que todos los parlamentarios puedan exponer sus planteamientos. En ese sentido, solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar la sesión por treinta minutos y votar todas las modificaciones del Senado a este proyecto de ley al término del Orden del Día, en caso de que no se hayan votado con anterioridad. Si le parece a la Sala, así se acordará. Hablan varios señores Diputados a la vez.. El señor CERDA (Vicepresidente).- Entonces, le pediría al Comité de la Democracia Cristiana que retirara la petición de clausura del debate, con el objeto de que los señores Diputados puedan exponer sus opiniones. El señor OLIVARES.- ¡Cuál es el problema de escuchar si están seguros de que tienen la razón! El señor CERDA (Vicepresidente).- Señor Diputado Olivares, no voy a entrar en diálogos con Su Señoría. Cuando llega una petición de clausura de debate, tengo la obligación de someterla a votación. Por eso, estoy haciendo una nueva propuesta, a fin de que los señores Diputados puedan intervenir y exponer sus planteamientos. Entonces, se prorrogará el Orden del Día por treinta minutos y luego se votarán todas las modificaciones del Senado. Si les parece, así se acordará. El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero referirme a un punto de Reglamento. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor LETELIER.- Señor Presidente, no estoy de acuerdo con su propuesta y pido someterla a votación, pues el debate debe hacerse artículo por artículo, porque se trata de situaciones distintas y las votaciones serán diferentes en los respectivos cambios introducidos por el Senado. El señor CERDA (Vicepresidente).- Señor Diputado, el hecho de votar todas las modificaciones del Senado al final no significa que se haga de una sola vez: se deben votar una por una. Creo que con esta explicación, el Diputado señor Letelier retirará su objeción. El señor LETELIER.- Así es. El señor CERDA (Vicepresidente).- Aprobada la proposición de la Mesa. Tiene la palabra el Diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, estamos abocados a un proyecto que en la Comisión de Minería ha tenido un tratamiento especial, con un estudio muy profundo, porque involucra a la empresa más grande del país. En esta oportunidad, hemos escuchado intervenciones que van mucho más allá de lo que significa el proyecto de ley, que está específicamente orientado hacia la posibilidad de que Codelco-Chile pueda disponer de las pertenencias mineras de su propiedad. En tal sentido, quiero hacer un primer alcance. En este momento, la ley impide a Co delco celebrar algún tipo de contrato para poder explotar adecuadamente sus pertenencias. En reiteradas oportunidades se ha dicho que de las pertenencias mineras de propiedad de Codelco-Chile, que representan al 31 por ciento del total nacional, el 4 por ciento lo constituyen sus actuales Divisiones, con posibilidades de desarrollo en los próximos 30 ó 50 años. Es una verdad que debemos dejar establecida para la historia de la ley. Esto significa que la empresa más grande del país, la que entrega mayores recursos al erario, no puede seguir desarrollándose, porque todos sus recursos son manejados por el Estado. Codelco Chile, en comparación con cualquiera otra empresa de la Gran Minería, se encuentra amarrada de manos para continuar desarrollándose debido a que no cuenta con los recursos financieros necesarios para la explotación de nuevos yacimientos. Esto impide pensar en el desarrollo minero de Codelco-Chile en las próximas décadas. Ante tal situación, ha existido este gran esfuerzo, una iniciativa que mi experiencia de más de veinte años en la minería me permite decir, con muchos fundamentos, que es tal vez el mejor proyecto de ley que haya llegado al Congreso Nacional. Y lo digo por lo siguiente. Esta iniciativa legal permitirá el desarrollo de inversiones y entregará nuevas fuentes laborales a los trabajadores chilenos, a sus hijos y a los hijos de los dirigentes, que hoy día están impedidos de acceder a ellas, porque no se ha producido el desarrollo adecuado para el crecimiento laboral del país. El señor PALESTRO.- ¡Ahora sale con ésa! El señor VILCHES.- Señor Presidente, se sabe que hay exceso de trabajadores en las Divisiones de Codelco-Chile. Nosotros estamos defendiendo a esos trabajadores, pero debemos hacerlo abriendo nuevas posibilidades, cosa que permite este proyecto al establecer la probabilidad de crear nuevas empresas de desarrollo que exploten nuestras riquezas básicas. Hemos podido comprobar que, en la última década, Chile alcanzó el liderazgo en la exportación de cobre, y queremos mantenerlo. Si le impedimos crecer a Codelco-Chile ésta es una herramienta para desarrollarse, vamos a negar una posibilidad concreta y legítima que tienen tanto la empresa como el país, porque también hay que decirlo: Codelco-Chile es de todos los chilenos, por ser una empresa del Estado y no patrimonio exclusivo de sus trabajadores. Nosotros respetamos significativamente la fuerza laboral y a los dirigentes de Codelco-Chile; pero de la misma manera ellos deben entender que estamos legislando en beneficio del país, no de grupos selectos. Por ello, considero que este proyecto, que nos permite iniciar con visión la posibilidad de crecimiento para las próximas décadas, es altamente positivo para el sector minero. En el artículo 1°, el Senado ha agregado el siguiente inciso nuevo: "Se excluirán de esta ley los yacimientos en actual explotación y aquellos que la Corporación determine destinar a sus planes de reposición o expansión a través de su explotación directa.". Ahí está la clave para que Codelco-Chile defina concretamente si las nuevas explotaciones las hará en asociación con terceros o sólo como empresa. Creo que debemos dar esta facilidad, a fin de que puedan llevarse a cabo los proyectos de explotación de yacimientos no descubiertos en el día de ayer, sino que explorados y evaluados hace muchos años y que sólo están esperando un capital, una inversión. Nosotros conocemos otra realidad: los pequeños y medianos mineros se encuentran ante la imposibilidad de trabajar. Cuando van al cerro, catean y encuentran puntos de interés, son expulsados, porque lógicamente existe un propietario. En Chile, el estado de Derecho obliga a respetar la propiedad privada. Así sucede en la concesión minera. Por eso una de las indicaciones repuestas por el Senado permite que parte de estas pertenencias, las más pequeñas, las que no tienen significación para el nivel de desarrollo de explotación de Codelco-Chile, pasen a la Empresa Nacional de Minería y ésta pueda abrir posibilidades a los trabajadores, a los pequeños mineros del país. Esta es una realidad que nos induce a apoyar la indicación del Senado. Señor Presidente, hemos escuchado acusaciones realmente serias en esta Sala. No nos referiremos a las opiniones contrarias a este proyecto. Debemos decir con mucha claridad que si efectivamente queremos legislar con transparencia, sin estar sometidos a presiones, debemos hacerlo con la tranquilidad que requiere el caso y estudiar detenidamente proyectos como éste. En esta oportunidad, las modificaciones del Senado nos satisfacen, por lo cual los Diputados de Renovación Nacional las aprobaremos. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, no quiero profundizar en un conjunto de temas mencionados ya por otros colegas como don Héctor Olivares, pero sí deseo subrayar que al abordar esta ley, que es específica y que otorga la posibilidad de que una empresa del Estado disponga de sus bienes, hemos intentado realizar un debate profundo sobre las políticas de Chile respecto de un recurso fundamental como es el cobre. Por ello, como recordaba el colega Vilches, en la Comisión de Minería estudiamos temas ajenos a este proyecto de ley, porque existe interés en abrir un debate nacional sobre lo que pasa con Codelco Chile y qué hacemos con nuestra principal riqueza nacional. Evidentemente, el contexto para realizar este debate es malo. Incluso, diría adverso, porque se cruzan temas de trascendental importancia. En primer lugar, no cabe duda de que todos queremos que Codelco se modernice; que mantenga la posición destacada que tiene como transnacional o empresa nacional con gran presencia internacional; conserve la capacidad, gracias a sus trabajadores, de desarrollar tecnología de punta; tenga un lugar de liderazgo y siga siendo fuente de empleo para una cantidad significativa de trabajadores chilenos que entregan sus pulmones para hacer grande a este país. Todos deseamos que crezca, pero Codelco no tiene a su disposición todas las herramientas para concretarlo. El Diputado señor Vilches y otros colegas de la Oposición dicen que están interesados en que exista una herramienta para que Codelco crezca y se modernice. Por ello les pregunto: ¿es ésa una convicción de fondo o solamente un interés particular? Evidentemente, ninguna empresa del mundo crece y se moderniza si la afecta un impuesto o una carga como la que soporta Codelco-Chile, que debe destinar el 10 por ciento de sus ventas brutas a financiar el presupuesto de la Defensa Nacional. Ese porcentaje que se entrega a las Fuerzas Armadas por la Ley Reservada del Cobre significa sumas cercanas a los 300 ó 350 millones de dólares cada año. Esa es una limitación para que Codelco Chile crezca y se modernice. Espero que las palabras del colega Vilches sean honestas, profundas él es un hombre de una zona minera, que cree en el desarrollo minero del país y que contemos con su concurso para darle a Codelco todas las herramientas necesarias y, en particular, otorgarle recursos para crecer y modernizarse realmente. Hay un segundo problema en el contexto de esta iniciativa de ley: las malas relaciones laborales que existen en las divisiones de Codelco, en particular en El Teniente. En los diferentes niveles, hay personas que dificultan profundamente que los trabajadores participen en el quehacer de su empresa y de sus divisiones. No fue casual el último conflicto producido en El Teniente, ni tampoco las huelgas del año pasado. Hubo en ellos un problema real: la falta de voluntad de algunos para escuchar las demandas de los trabajadores, quienes quieren que Codelco-Chile avance, crezca y se modernice. Un tercer hecho que ha influido negativamente el contexto en el cual se debate esta ley han sido las declaraciones de personas vinculadas a la Derecha, a Renovación Nacional y a la Unión Demócrata Independiente, las cuales, a mediados del año pasado, plantearon e impulsaron una campaña para señalar cuáles eran sus reales deseos e intenciones: privatizar Codelco, es decir, lo mismo que hicieron durante la dictadura con muchas empresas del Estado altamente rentables. Es por todo lo anterior que hay una gran inquietud entre los trabajadores del Cobre respecto de qué pasará con esta iniciativa. La Confederación de los Trabajadores del Cobre, en sus diversos consultivos, ha planteado abiertamente que no se oponen a que Codelco se modernice y crezca, pero sí a que desaparezca. En relación con el artículo 1°, no cabe duda de que ha habido un avance parcial. Se integra el concepto de las minas de reposición, algo planteado por la Confederación de Trabajadores del Cobre. Pero ellos querían dar un paso más allá: que se estableciera explícitamente en la ley las pertenencias que han sido exploradas y que no deben ser objeto de asociación con terceros, para garantizar al Estado chileno y a Codelco un futuro seguro. Actualmente, existen problemas serios en lo relativo a la baja de la ley en las cuatro Divisiones y en aspectos geomecánicos, en El Teniente. Por lo tanto, existe inquietud en cuanto a que estas Divisiones tengan un futuro de más de 20 años. Por ello, si bien este inciso agregado por el Senado puede considerarse un avance, porque incorpora un concepto, no explícita cuáles son aquellas pertenencias que han sido exploradas y que no serán objeto de asociación con terceros. La mayor preocupación de los trabajadores del cobre es la situación de El Abra, pertenencia que, según diversos técnicos que trabajan en la División de Codelco, sostienen que es posible explotar con una cantidad de recursos que podría conseguirse si no se destinaran tantos millones de dólares a las Fuerzas Armadas a través de una ley reservada del cobre. Es más. Existe inquietud respecto de cómo quedó redactada esta indicación aprobada por el Senado, porque en ningún lugar dice a través de qué mecanismo la Corporación del Cobre determinará qué pertenencias se integrarán a sus planes de reposición o expansión futura. No es claro el procedimiento para determinar las pertenencias que se considerarán necesarias estratégicamente, y cuáles no. Esta es una de las reservas respecto de la modificación introducida por el Senado. Es preciso que en la ley quede claramente establecido el procedimiento a través del cual la Corporación definirá sus planes de reposición y expansión, con una visión de largo y mediano plazo. En relación al artículo 4°, que ha pasado a ser 5°, reitero que nunca he escuchado a un trabajador del Cobre que se oponga a que Codelco se modernice y crezca, pero existe en este, sin duda, otra situación altamente inquietante, que requiere ser estudiada nuevamente por el Congreso Nacional. Se señala que Codelco no podrá vender todas las acciones que tenga al asociarse con terceros. Es decir, le establece una prohibición. Sin embargo, puede suceder que se constituya una sociedad en la que tenga el 25 por ciento de las acciones al iniciar el proyecto conjunto y que, a los dos años, venda el 51,9 por ciento de su participación. Es cierto: no ha vendido todo, pero su participación será insignificante. Codelco puede tener una participación con terceros, relevante en un momento, pero en esta iniciativa no se asegura que se mantendrá. Este es un segundo vacío que requiere de una precisión para garantizar el interés estratégico del país. Adicionalmente, se nos plantea una seria inquietud en cuanto a lo dispuesto en el artículo 3° -o en lo que era, ya que varios parlamentarios no concurrimos con nuestros votos para aprobarlo en su primer trámite-, referido a la transferencia de algunas pertenencias de Codelco a Enami. No nos oponemos a que pertenencias de tamaño irrelevantes para Codelco se destinen a apoyar a la pequeña minería y, en particular, a los pirquineros, con el objeto de enfrentar la dramática situación de desempleo que existe en algunas regiones del país. Pero sí nos preocupa y aquí estamos ante un problema de definiciones el hecho de que ciertas pertenencias de Codelco, que no están en su ámbito de explotación por ser pequeñas, sean traspasadas a medianos empresarios vinculados a la Sonami en verdad, no lo son tanto, porque algunos son bastante grandes, las cuales pueden ser negociadas, no por este Gobierno, sino por uno futuro, en perjuicio del interés nacional. Aquí existe un doble estándar, y me llama mucho la atención la posición de la Derecha en esta materia, toda vez que está totalmente de acuerdo en que ciertos bienes del Estado sean traspasados a particulares a título gratuito. En el artículo 3° es necesario precisar claramente quiénes se beneficiarán con los traspasos que se hagan a Enami y ésta transfiera a terceros. Debe garantizarse que los entregados por Enami a terceros no serán a título gratuito cuando se trata de grandes empresarios o de capitales extranjeros que tienen participación en la minería nacional, por cuanto ello puede ir en perjuicio del interés nacional. La redacción del artículo 3°-y a eso apunta mi intervención- debe ser precisa. No es suficiente la que contiene el proyecto. Nuestro temor se funda en que puede repetir la reciente experiencia chilena de que importantes recursos mineros se han perdido en manos privadas, como es el caso de la mina El Indio y otras. Finalmente, quiero destacar mi preocupación por la modificación del Senado al artículo 6°, que ahora pasa a ser artículo 7°. Comparto plenamente la defensa que ha hecho el Diputado señor Seguel en la Comisión de Minería, junto a otros colegas, además de destacados ingenieros, especialistas en minería, en cuanto a que la ley garantice que Codelco-Chile debe asumir la exploración básica de aquellas pertenencias en las que se estime que hay recursos mineros importantes para el país. Esto no es el 31 por ciento de que se habla en la ley. Muchas de las pertenencias de Codelco no valen nada en términos mineros. El canal de relave que cruza casi toda la Sexta Región no tiene ningún interés minero y es una pertenencia de la cual no se podrá deshacer Codelco; los embalses de agua que representan pertenencias importantes en cuanto a tamaño, tampoco tienen recursos minerales. Pero hay algunas que podrán ser un 2 por ciento de sus pertenencias que deben ser objeto de una exploración básica antes de asociarse con terceros. El procedimiento de esa exploración básica debe establecerse en la ley. Son las reservas que no pudimos debatir en la Cámara en el primer trámite del proyecto. Y aquí quiero hacer una crítica fraternal al señor Ministro, porque en la primera discusión existió la voluntad de despachar este proyecto sin debate. Y ese hecho -que no hubiésemos efectuado una discusión a fondo en el inicio de su estudio-, ha significado que la tramitación de este proyecto se haya dilatado por más de ocho o nueve meses. El señor PALESTRO.- Yo voté en contra en el primer informe. El señor HAMILTON (Ministro de Minería).- ¿Me permite una interrupción? El señor LETELIER.- Señor Presidente, concedo una interrupción al señor Ministro. El señor CERDA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Ministro. El señor HAMILTON (Ministro de Minería).- Señor Presidente, lo que se me imputa es absolutamente ajeno, no sólo a la voluntad, sino a la forma en que se ha procedido. Como aquí se ha reconocido, este proyecto se analizó exhaustivamente durante siete meses. Se consultó todos los sectores involucrados en la materia y sólo se pidió urgencia una vez que fue despachado por las Comisiones de Minería y de Hacienda de esta Cámara. De manera que no ha habido, por parte del Gobierno ni del Ministro, ninguna intención de coartar o de limitar su discusión en el tiempo o en alguna otra forma. La nacionalización del cobre se tramitó en tres meses en el Congreso Nacional, y yo tuve el honor de votarla favorablemente en el Senado. Aparte de todo el tratamiento previo a su presentación en el Congreso Nacional, esta iniciativa lleva siete meses tramitándose en la Cámara de Diputados y más de ocho meses en el Senado. Ahora estamos en su tercer trámite constitucional. Creo que es el proyecto de más largo trámite durante la actual administración, desde que se iniciaron las sesiones del Congreso. Gracias por la interrupción, señor Diputado. El señor PALESTRO.- Yo voté en contra del proyecto en el primer trámite constitucional, señor Presidente. El señor CERDA (Vicepresidente).- Puede continuar en el uso de la palabra el Diputado señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, cuando se trató este proyecto en esta Sala no tuvimos más de una hora y quince minutos para discutir una ley de tan trascendental importancia. A eso me refería, no al tiempo que se ha destinado, en términos genéricos, para debatir este proyecto, sino a que todos juntos, mirándonos las caras, podamos exponer nuestras ideas y tratar de convencer o de explicar nuestras inquietudes al conjunto de los colegas. En lo personal, soy partidario de una modernización importante de Codelco. No concibo la asociación con terceros solamente para explotar las pertenencias que hoy existen. Creo que es necesario recoger las experiencias de otros países, como el caso de la gran firma finlandesa, Otto Cumpo, en la cual se han establecido grandes áreas para asociarse con terceros. Nuestro país ha desarrollado la tecnología de punta gracias a los trabajadores del cobre. Aprovecho esta oportunidad para rendirles un homenaje a los de "El Teniente", una de las divisiones donde se han producido grandes avances tecnológicos a partir del esfuerzo de sus trabajadores. La fundición ha sido uno de los primeros lugares donde se ha desarrollado cierta tecnología, que nuestro país ha exportado a países como Zambia. A lo anterior se agrega el esfuerzo de los talleres de Codelco por producir maquinaria minera de extraordinaria calidad para la explotación de minas subterráneas. Sin duda, en estos ámbitos, es necesario y pertinente impulsar la asociación con terceros. La labor de Codelco-Chile no consiste solamente en producir cobre, lo que sin duda sabe hacer mejor, sino que requiere incursionar en otras áreas para hacer de esta corporación una empresa con larga vida, no de veinte o de cuarenta años, sino de siglos, porque la minería en nuestro país va a tener gran importancia a lo largo de nuestra historia. Ese es el esfuerzo que comparto, pero creo que debemos hacerlo con los trabajadores y no en contra de ellos, y en un debate público abierto. Es cierto que en la discusión de esta ley hay un contexto negativo. El señor CERDA (Vicepresidente).- Va a terminar el tiempo de su segundo discurso, señor Diputado. Solicito el asentimiento de la Sala para concederle dos minutos más. Un señor DIPUTADO.- No, señor Presidente. El señor CERDA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor LETELIER.- Nadie se opone a la modernización. Nadie se opone a que Codelco necesariamente se asocie con terceros, sino a la modalidad de esa asociación. Esta es una facultad que tenía Codelco cuando se nacionalizó el cobre durante la presidencia de Salvador Allende, y que le fue quitada por la dictadura cuando trataron de hacer de Codelco su patio para saquear al país con fines no siempre tan preclaros ni de protección del interés nacional. El señor CERDA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de sus dos discursos, señor Diputado. El señor LETELIER.- Señor Presidente, para que Codelco siga con vida, no solamente es necesario abordar esta ley, sino que haya un debate nacional acerca de la política del cobre en nuestro país. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez. El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente, como lo señaló el Diputado señor Juan Pablo Letelier, también lamento que sobre este tema no se haya podido desarrollar un debate con la profundidad y altura de miras que se necesitaba. Estamos en presencia de un proyecto de ley que afecta una riqueza básica y esencial para el desarrollo económico del país. No es posible pensar ni imaginar un proyecto nacional de desarrollo para Chile sin contar con el valioso aporte de Codelco y en general de la riqueza proveniente del cobre. Por mucho que se haya diversificado el nivel de exportaciones nacionales en los últimos tiempos, la verdad de las cosas es que Codelco todavía sigue siendo una palanca fundamental para impulsar ese desarrollo. Lamentablemente, esta cuestión no ha quedado aquí dilucidada del todo ni tampoco si efectivamente se afecta a la nacionalización del cobre. En este sentido, quiero rechazar las expresiones que planteó el Diputado señor Gajardo en cuanto a que habían errores o falta de conocimiento respecto del problema de la nacionalización. Nadie ha dicho, por lo menos ninguno de los Diputados de esta bancada, que el gobierno de Salvador Allende haya nacionalizado el cobre, sino que éste nacionalizó las empresas de la gran minería del cobre, y, obviamente, dentro de sus pertenencias estaban precisamente estos yacimientos sobre los cuales hoy día carecemos de un proyecto de ley que le permita a Codelco asociarse con terceros para su explotación. La otra cuestión que deseo dejar perfectamente clara es que aquí se ha dicho que no existe la voluntad del Gobierno de privatizar, y más aún, que este proyecto tendería a fortalecer a Codelco. Pero estas buenas intenciones o lo que dice el Mensaje del Ejecutivo, de alguna manera se contradicen con un estudio realizado, por ejemplo, por Cesco, en que se plantea que la tendencia de la producción nacional es que la participación privada sea cada vez mayor y que, en definitiva, sobrepase el aporte de Codelco en la producción de cobre nacional, y además, de su importancia fundamental para comprender lo que significa el proyecto en discusión, que facilitará que, efectivamente, la participación privada sea mayoritaria. Está también todo lo que tiene que ver con la importancia de la participación que hoy tiene Codelco en las ventas mundiales de cobre, las cuales, obviamente, se vinculan al precio internacional que en un momento dado tiene nuestro cobre. Al perder relevancia la participación de Codelco en la producción mundial y nacional, su capacidad de influir en los precios internacionales del cobre se verá menoscabada. Al analizar estos temas, se echa de menos que no se hayan entregado antecedentes de mayor peso que permitan dimensionar realmente las características y las consecuencias de este proyecto de ley para el país. Por eso, nosotros hemos hecho reparos no sólo desde el punto de vista jurídico, porque tenemos serias aprensiones acerca de que efectivamente no se necesitará una reforma constitucional para aprobar un proyecto de estas características en forma previa, sino, además, abrigamos serias aprensiones en cuanto a que, en definitiva, este proyecto, así como está incluso con las modificaciones introducidas por el Senado, aun cuando hay que reconocer que lo mejoran cualitativamente en la medida en que establecen ciertos resguardos no consigna suficientes salvaguardias para impedir que, efectivamente, la importancia de Codelco en la gran minería del cobre del país se vea desfavorecida con el paso del tiempo. Este mismo hecho de no incorporar expresamente en la ley una indicación planteada en el Senado de la República y con la cual estuvo de acuerdo el propio Senador Jarpa,... El señor SEGUEL.- ¿Y quién es el Senador Jarpa? El señor MARTINEZ (don Juan).-...en el sentido de dejar El Abra... Como nadie podría acusar al Senador Jarpa de estatista, cito su opinión, no estoy señalando que aquí haya un problema de orden ideológico de por medio,... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA (Vicepresidente).- Señores Diputados les ruego guardar silencio para escuchar al Diputado señor Martínez. El señor MARTINEZ (don Juan).-...sino la necesidad de valorizar lo que significa el aporte y el patrimonio nacional. Porque, en el fondo, de eso se trata. Lo que está en discusión tiene que ver con una cuestión básica, con una riqueza esencial, que constituye gran parte del patrimonio nacional y que tiene una significación muy importante en el desarrollo económico del país. Se ha mencionado aquí por otros señores Diputados lo que significa la entrega del 10 por ciento de la venta bruta del cobre, exclusivamente para las Fuerzas Armadas que el año pasado tengo entendido alcanzó a más de 2 mil 200 millones de dólares. Si Codelco hubiese dispuesto de esa cantidad de recursos que les ha estado entregando a las Fuerzas Armadas, obviamente, la situación de la gran minería del cobre y de ella misma sería distinta, y el desarrollo de la gran minería podría haberse emprendido por Codelco, que es, además, una de las empresas que está en las mejores condiciones posibles para desarrollar este aspecto, porque es una de las empresas más importante del mundo en la materia. La gran justificación que encontramos en este proyecto es que, en definitiva, tenemos que incorporar capitales privados, tanto nacionales como internacionales, producto de que Codelco, en las actuales condiciones, carece de la posibilidad de desarrollar en forma propia yacimientos que hoy no están en explotación. Señor Presidente, es cierto que sólo un 4 por ciento de todas las pertenencias mineras de Codelco están siendo explotadas. Obviamente, se necesitan muy importantes recursos financieros para poner en marcha nuevas explotaciones de cobre. Eso es efectivo. A lo mejor analizado en profundidad, era necesario incorporar capitales mixtos y desarrollar empresas mixtas. Pero me pregunto: ¿Es necesario que la ley no deje ningún resguardo para que la mayoría de la participación en estas asociaciones, pertenezca a Codelco? ¿Por qué? ¿Por qué siempre pensar que si no se le entrega una participación mayoritaria al capital privado, nacional o extranjero, éste no va a tener interés en participar en un determinado tipo de asociación? Eso ya ha sido desmentido en el contexto internacional. Puedo dar otro ejemplo, que lo he citado en otra oportunidad. En Colombia, hay una asociación entre el Estado y la Exxon, para exportar carbón, en la cual cada uno tiene un 50 por ciento. No se le entrega una participación mayoritaria al capital foráneo. Sin embargo, perfectamente se puede realizar este tipo de explotaciones y explotar este tipo de yacimientos. ¿Por qué en Chile no puede ser posible? Lamentablemente, aquí hay una actitud, una mentalidad un tanto entreguista en esta materia. Tengo que decirlo en estos términos, porque no atino a comprender esta obligación nuestra de tener siempre que ceder la parte prioritaria al capital extranjero. No creo que haya una justificación, porque es obvio que a los capitalistas privados, básicamente, les interesa que se les asegure una alta rentabilidad. Es natural, es casi evidente que una asociación con Codelco para explotar cobre en Chile, con los niveles de ley que tienen los yacimientos en nuestro país, es un gran negocio, tanto para los capitales nacionales como extranjeros. Por eso, no nos satisfacen las explicaciones entregadas en el curso del debate por distintos señores Diputados que están a favor del proyecto en los términos en que se encuentra redactado. Son muchas nuestras aprensiones. No se ha resguardado derechamente el interés nacional, y podríamos encontramos, en muy breve plazo, con que Codelco no pasa de ser una empresa más o menos importante; pero de ninguna manera de la relevancia que hoy tiene para Chile en cualquier concepción o proyecto de desarrollo nacional. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Están inscritos los Diputados señores Rocha, Palestro, Olivares, Latorre y Seguel. Tiene la palabra el señor Rocha. El señor ROCHA.- Señor Presidente, el proyecto de ley ha sido largamente debatido en la Corporación y, de modo fundamental, en la Comisión de Minería, a la que pertenezco. Es un paso indispensable para otorgar la flexibilidad que Codelco necesita, a fin de que cuente con los recursos necesarios para convertirse en una empresa realmente competitiva. El lego en la materia suele imaginarse que Codelco es una empresa exitosa, en muy buen pie económico, que no requiere de iniciativas legales para proyectarse en el futuro; pero la verdad es que Codelco pasa por los momento difíciles que aquí se han mencionado: problemas geo mecánicos, financieros, mineral de ley cada vez más baja; problemas de reservas que ya significan que la mina de El Salvador, por ejemplo, tiene una vida delimitada en el tiempo. El instrumento ideado parece ser el preciso para que Codelco pueda ejercer las funciones que le han asignado la ley y el futuro. La no disposición de los recursos necesarios significa no evaluar, no explorar y no explotar. Si se destinaran los recursos del Estado para ejercer estas funciones, se postergarían importantes aspiraciones que el país tiene en materia de viviendas, de educación, de salud, etcétera. La "terrorífica" asociación con terceros constituye un medio correcto y legítimo para que Codelco pueda proyectarse. ¿Por qué pensamos esto? Porque estimamos suficientes los resguardos establecidos en el proyecto. Para que pueda ejecutarse o celebrarse un acuerdo relacionado con él, se requerirán pasos indispensables, establecidos precisamente para proteger los intereses nacionales. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, una exploración previa, mínima; segundo, un informe de la Corporación Chilena del Cobre, y del Sernagemín, y, tercero, un acuerdo de quorum calificado, como quiera que debe ser adoptado con los votos conformes entre los cuales deberán contarse los de los Ministros de Minería y de Hacienda de, a lo menos, cinco de los siete miembros del Directorio de la Corporación Nacional de Cobre de Chile. Más aún, se requiere decreto supremo del Presidente de la República. ¿De qué otra manera podrían resguardarse mejor los intereses del Estado? Se han tomado los resguardos necesarios. Es bueno tener presente que entre 1982 y 1989, Codelco varió la diferencia del costo de la libra de cobre en una cifra muy importante. Por ejemplo, en 1982 a Codelco le costaba 39,53 centavos de dólar y a los productores estadounidenses, 84,53 centavos. En 1989, Codelco produjo la libra a 40,30 centavos de dólar, y los norteamericanos, a 49,30. O sea, la diferencia descendió de 45 a 9 centavos de dólar. También es bueno recordar que la facultad que Codelco está pidiendo al Poder Legislativo es la misma que tenía en la Ley de Nacionalización del Cobre, de 1971. La asociación con terceros significa ampliar los recursos de inversión disponibles, compartir y diversificar riesgos y contar con los medios que Codelco necesita para proyectarse. Así se logrará el desarrollo dinámico de los recursos mineros de Codelco, de acuerdo con la conveniencia del país. ¿Acaso Enap no se está asociando con terceros para explorar el petróleo? No hemos alzado la voz para reclamar, pues sabemos que esta medida se ha tomado precisamente para que tal empresa pueda proyectarse en el futuro. A propósito de la privatización de la carga de Ferrocarriles también surgieron voces disidentes. De esta manera, Codelco, Ferrocarriles y Enap se están incorporando a un sistema económico, financiero y productivo más eficiente y dinámico, que es lo que el país necesita en este momento. Por ello, este proyecto es necesario y votaremos favorablemente las modificaciones del Senado. Señor Presidente, el Diputado señor Gajardo me ha pedido una interrupción y se la concedo, con vuestra venia. He dicho. El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor GAJARDO.- Señor Presidente, quiero precisar el sentido y exacto alcance del artículo 3° incorporado por el Senado. Esta disposición autoriza a Codelco para transferir pertenencias a Enami; no trata de la forma en que, a su vez, ésta dispondrá de ellas. En consecuencia, cuando su inciso segundo expresa que "estas transferencias podrán efectuarse a título gratuito u oneroso", no se refiere a las que Enami hará a terceros, sino a las que Codelco efectuará a Enami. Quiero aclarar que la operación que Enami haga en relación con las pertenencias que reciba de Codelco debe regirse por la legislación aplicable a aquella, cuya ley orgánica no le permite efectuar donaciones, de tal manera que es imposible que Enami pueda, a su vez, disponer de las pertenencias que reciba de Codelco a título gratuito. Como aquí se ha planteado la duda, he querido aclararla, con el objeto de que se tenga un exacto sentido de lo que esta disposición establece. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Quedan cuatro parlamentarios inscritos y restan cinco minutos. Tiene la palabra el Diputado señor Palestro. El señor PALESTRO.- Señor Presidente, quiero expresar, una vez más, lo manifestado en la discusión del primer informe del proyecto que propone la privatización de Codelco y del cobre chileno; no es otra cosa. En aquel tiempo, fui el único Diputado debe aparecer en la versión de la Cámara que votó en contra, en defensa de los intereses de Chile y en recuerdo del autor de la Ley de Nacionalización del Cobre, mi querido y siempre presente compañero Salvador Allende. Manifesté cual era la opinión del pueblo chileno respecto de este proyecto tan importante y trascendente para el futuro de nuestro país. Dije lo mismo señalado por ciertos colegas; no muchos. Los que tenían algo que decir, lo hicieron: algunos se han pronunciado abiertamente en contra o a favor de la iniciativa, y otros, en forma muy ambigua, no han dicho si votarán en contra o a favor. En todo caso, ya se conoce la posición de los parlamentarios; muchos de ellos coinciden con las palabras del Senador señor Otero no sé si es de Renovación Nacional o de la UDI, pero, en todo caso, es el mismo perro con las mismas pulgas, que ha dicho que ahora es el momento de vender las minas de cobre, porque éste tiene un precio excepcional. Es la mentalidad del vendepatria, a quien no le importa la riqueza del país o lo que pertenece al país y a los trabajadores que han hecho grande la industria del cobre. Dijo que hay que aprovechar de vender ahora lo que es de todos los chilenos, porque el precio del cobre es muy alto y se puede ganar más dinero. Eso es ser mercantil, mercachifle de los intereses de la propia patria, si es que son chilenos. Me decían ayer que en Estados Unidos le preguntaron, en la televisión, a uno de los candidatos, uno de los grandes empresarios de ese país, que cómo era posible que estuviera haciendo tal tipo de negociaciones, si acaso era norteamericano o no; y ese político mostró un billete de dólar y dijo: "Esta es mi patria"; el billete, el dinero, el dólar. Esos sinvergüenzas, esos vendepatrias, esos traidores, no pueden tener cabida en nuestro país. Estados Unidos explotó nuestro cobre hasta 1970 -cuando asumió el compañero Allende- y se llevó lo mejor del país. Ahora se trata de disfrazar este proyecto que entrega al capital extranjero una riqueza fundamental para Chile; lo disfrazan diciendo que lo que se va a vender no es Codelco, no es Chuquicamata, yacimiento que, según los técnicos, tiene reservas para 20 años más. Es decir, esa mina está prácticamente "floreada". Lo que se venderá son, justamente, los grandes yacimientos inexplotados, que constituyen la riqueza a que debe recurrir nuestro país. Entonces, ¿cómo es posible que no se defienda aquí algo que han levantado los trabajadores, el pueblo, para hacer grande al país? El compañero Allende decía que el cobre era el sueldo de Chile. Ahora lo quieren entregar a la voracidad de los capitales extranjeros, igual como lo hicieron con Huachipato y las grandes industrias creadas con el esfuerzo y sacrificio de todos los chilenos. Las vendieron a precio de gallina flaca a los capitales extranjeros; se las regalaron. Algunos salen en defensa de los trabajadores del cobre, que son los que reciben la menor parte de esta gran riqueza, que ahora es de Chile, pero que después será de capitales extranjeros. Por eso, con toda franqueza y claridad, como lo dije en el primer informe, votaré rotundamente que no en contra de este proyecto, porque es antipatriótico. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde votar. Se votarán una por una las distintas modificaciones del Senado. El señor OLIVARES.- Para hacer una petición, pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor OLIVARES.- Señor Presidente, quiero hacer una petición a los Honorables colegas, basados en el respeto y en la corrección que siempre he demostrado para cada uno de ellos desde que iniciamos los trabajos en esta Cámara. Cuando solicité la palabra para demostrar la seriedad de mi intervención, sostuve que había argumentos suficientes para declarar que este proyecto es inconstitucional. Ahora, como no hay tiempo para hablar más, quiero solicitar de los Honorables colegas, que los documentos de la Confederación, que demuestran que los trabajadores del cobre nunca han estado de acuerdo con esto, ya que lo que nos estamos jugando no es un proyecto más, pues hay 70 mil millones de dólares que se estarían transfiriendo a inversionistas extranjeros, con lo cual el traspaso de reserva de cobre en nuestro país, llegaría a un total de 220 millones de dólares..., El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Señor Diputado, concrete su petición. El señor OLIVARES.-...solicito que dichos documentos queden insertos en la versión para la historia de la ley, ya que estamos hablando de transparencia. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala en este sentido? Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No hay acuerdo. En votación la primera modificación del Senado que consiste en añadir un inciso segundo al artículo 1°. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobada la modificación del Senado. El señor OLIVARES.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que junto con el colega Nicanor Araya nos abstendremos en la votación de estas modificaciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Quedará constancia de ello. Manifestaciones en las tribunas. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se ruega a las personas que están en las tribunas guardar silencio. El señor ESTEVEZ.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, según entiendo, se someterá a votación, sin discusión, el resto de las modificaciones. Si es así, y si la Sala estuviera de acuerdo, Su Señoría podría colocar primero en votación la del artículo 6°, dado que si en dicho artículo hubiera rechazo a la proposición del Senado, el proyecto iría a Comisión Mixta, y, en ese caso, algunas otras votaciones podrían variar. No sé si me explico. Evidentemente, el hecho de que el proyecto vaya a Comisión Mixta o no, es un antecedente útil para votar sobre ciertas frases que, a lo mejor, pueden tener una mejor redacción, pero que es innecesario si es que no se envía a la Comisión Mixta. Por esta razón, solicito, por su intermedio, que se ponga en votación primero la modificación al artículo 6°. El señor LATORRE.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor LATORRE.- Señor Presidente, me parece absolutamente procedente la preocupación del Diputado señor Estévez, sobre todo cuando en esta discusión, lamentablemente, no hemos abordado los puntos motivo de discrepancia por parte del Senado respecto de nuestras opiniones aprobadas en la Cámara. Y la inquietud del Diputado señor Estévez, apunta precisamente, a que en ese artículo el Senado rechazó una disposición aprobada por esta Cámara. Este debate no ha permitido centrar nuestras observaciones en sus puntos exactos, y hemos vuelto lo que me parece obviamente aceptable a realizar una discusión de carácter general. Me parece pertinente el alcance del Diputado señor Estévez, sólo si en la Sala tenemos la oportunidad de discutir lo que esa disposición conllevaba, porque no hemos tenido la oportunidad de abordar la discusión respecto del tema. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Está muy claro. Si le parece a la Sala, se votará primero la modificación del Senado al artículo 6°. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, el planteamiento de los Diputados señores Estévez y Latorre es que los parlamentarios emitamos opinión respecto del inciso segundo del artículo 6°... El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No, ésa es otra cosa. El señor SEGUEL.- Un momento, señor Presidente. Aquí se ha hablado de todo y de cuanto se ha querido, y yo quiero referirme exclusivamente al inciso segundo del artículo 6C, porque tengo razones de fuerza para defender la posición de la Cámara, que el Senado ha rechazado. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Entonces, nos atendremos a la Ley Orgánica del Congreso y se votará por orden numérico. En votación la modificación del Senado al artículo 2°. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobada la modificación del Senado. El señor LOYOLA (Secretario).- Más el voto del señor Seguel. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En votación el nuevo artículo 3°. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 7 abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobado. Corresponde, enseguida, votar el artículo 3° que ha pasado a ser artículo 4°, con la modificación que establece el Honorable Senado. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa: 63 votos; por la negativa, 3 votos; Hubo 5 abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobado el artículo 4°. Queda constancia de la abstención de los Diputados señores Olivares y Araya. Asimismo, la votación en contra de los Diputados Sota y Letelier. Corresponde ahora votar la modificación del Senado al artículo 5Q, que ha pasado a ser 6° y que figura en la página 4. El señor HAMILTON (Ministro de Minería).- ¿Me permite, señor Presidente? Estas modificaciones tienen sólo por objeto coordinar la ley al inciso segundo aprobado para el artículo 1° por el Senado y por la Cámara. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Muy bien. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 7 abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobada la modificación del Senado. Sobre la modificación al artículo 6° se ha pedido usar de la palabra; pero el acuerdo de la Sala fue que, simplemente se votara. Consulto si ahora hay acuerdo. No lo hay. En votación la modificación del Senado. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 5 abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobada la modificación del Senado al artículo 6°. Despachado el proyecto en su tercer trámite constitucional. Manifestaciones en las tribunas. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- ¡Silencio! Manifestaciones en las tribunas. El señor BOSSELIN.- ¡Señor Presidente, le ruego que desaloje las tribunas! El señor PALMA (don Andrés).- ¡Señor Presidente, están arrojando monedas desde las tribunas! El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Sí, lo vi. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Desaloje, señor Presidente! El señor VIERA-GALLO (Presidente).- ¡Son muy pocas las personas que están en las tribunas y pienso que quienes lo hicieron ya se retiraron. No son los que están sentados ahí. El señor ULLOA.- Así es. Además, lo hicieron de espaldas. No dieron la cara. Así es que no hay para qué desalojar las tribunas. El señor YUNGE.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor YUNGE.- Señor Presidente, una vez más hemos sido testigos en esta Corporación de manifestaciones realizadas durante la tramitación de un proyecto, que han culminado con un discurso de una desaforada persona en las tribunas, frente a la cual la presidencia de la Cámara no ha aplicado el Reglamento. Se nos han arrojado, además, monedas desde las tribunas, lo que evidentemente constituye una situación inaceptable. Por este motivo dirigiré formalmente una solicitud a la Mesa y a la Comisión de Régimen Interno, pidiéndoles la aplicación más rigurosa del Reglamento, ya que para esta Cámara es absolutamente inaceptable la realización de este tipo de manifestaciones. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Señor Diputado, el Reglamento siempre ha sido aplicado con rigor. Hoy se encontraban tres personas en las tribunas, una de las cuales pronunció un discurso mientras se retiraba paulatinamente por su propia voluntad, sin provocar un desorden generalizado, razón por la cual no encontré apropiado utilizar la fuerza pública. En todo caso, se tomará en consideración la solicitud de Su Señoría. PROYECTOS DE ACUERDO. 3.- MODIFICACION DE NORMAS LEGALES SOBRE RETIRO DE TAXIS Y COLECTIVOS DE LA CIRCULACION. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde tratar los proyectos de acuerdo. El señor Prosecretario dará lectura al primero. El señor ZUÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los señores Naranjo, García, don René; Taladriz, Aguiló, Tohá, Montes, Salas, Smok, Kuzmicic, Jara, don Octavio; Escalona, Peña y Ortiz. "Considerando: "1) Que el Gobierno, mediante un decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ha dispuesto el retiro obligado de los taxis y colectivos que tengan 18 ó más años de antigüedad. "2) Que esta disposición legal perjudicará gravemente a los pequeños empresarios y dueños de taxis y colectivos, quienes estarán obligados a retirar de circulación sus vehículos. "3) Que si bien esta medida se hará efectiva a partir de junio de 1993, sus efectos ya se están produciendo sobre los pequeños empresarios y dueños de taxis y colectivos, ya que la renovación de sus vehículos requiere de un tiempo de adecuación y reemplazo. "4) Que estos pequeños empresarios profesionales dueños de taxis y colectivos, a diferencia de los empresarios dueños de buses y microbuses que recientemente fueron retirados, no recibirán una indemnización compensatoria de parte del Estado.". "5) Que esta decisión afectará principalmente a personas para quienes estos vehículos constituyen su única fuente de ingreso y de trabajo, labor que han desempeñado profesionalmente durante largos años. Por tanto, no cabe duda de que dicha situación tendrá una alta incidencia sobre la calidad de vida del conjunto del grupo familiar. "6) Que la gravedad de los efectos sociales que tendrá la mencionada medida obliga necesariamente al Gobierno a buscar, desde hoy, un mecanismo que permita compensar, en parte, la pérdida de la fuente de trabajo que se provocará a este sector de trabajadores profesionales, como son los pequeños propietarios de taxis y colectivos. "7) Que se trata de garantizar con estos mecanismos que quienes viven de esta actividad en forma permanente, puedan reemplazar su fuente de ingreso, seguir trabajando y vivir junto a sus familias dignamente. "8) Que los pequeños propietarios de estos vehículos requieren, para no perder su fuente de trabajo y reemplazarlos por otros más nuevos, que éstos estén al alcance de sus recursos económicos, dado el alto costo de la compra de un vehículo nuevo. “9) Que, con el fin de contribuir a generar una solución que beneficie a estos pequeños propietarios de taxis y colectivos, que desempeñan profesionalmente esta actividad, vengo en proponer, para su aprobación por esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de acuerdo: "Proyecto de acuerdo: "Se solicita al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Germán Correa, que modifique las normas legales que reglamentan el retiro de circulación de taxis y colectivos, que tienen 18 años o más de antigüedad y que implemente los mecanismos administrativos que correspondan, con el fin de que se autorice que aquellos dueños y pequeños empresarios de taxis y colectivos que viven exclusivamente de esta actividad, es decir, son transportistas profesionales y que están obligados a retirar de circulación sus vehículos por tener dieciocho o más años de antigüedad puedan, por una sola vez, renovar su fuente de trabajo, comprando vehículos particulares usados, como una forma de compensar en parte el perjuicio que les significa el retiro obligado de sus máquinas". El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor René García. El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, de acuerdo con la nueva normativa dictada por el Ministerio de Transportes, deberán ser retirados de circulación los vehículos que tengan dieciocho años de antigüedad, impidiendo a sus propietarios reemplazarlos por otros usados de años posteriores. Es decir, tendrán que ser vehículos nuevos que cumplan con ciertas exigencias. Indudablemente que se van a retirar vehículos con muchos años de uso, muy desmejorados, que van a tener un precio prácticamente cero, de manera que para sus propietarios será prohibitivo adquirir un vehículo nuevo. Los patrocinadores del proyecto de acuerdo, al estudiar esta situación hemos advertido que existen vehículos con muy poco uso que retinen todas las condiciones que el citado reglamento exige para que puedan ser usados en el transporte de pasajeros. Por lo tanto, como es de justicia que esta gente no pierda su fuente de trabajo, deseamos recomendar al Ministro que le dé la oportunidad de adquirir vehículos con poco uso de años posteriores a los que ellos están vendiendo. Indudablemente el proyecto plantea que los adquirentes de estos vehículos deben justificar de una y otra manera que han sido taxistas o que han tenido transporte por algún tiempo. No se trata de dar facilidades a los recién ingresados al gremio o a los que quieren ocupar los puestos de esta gente que no va a tener los dineros para adquirir el vehículo que les hace falta para mantener su fuente de trabajo y para que su familia no quede sin el sustento, como muy bien lo dice el proyecto de acuerdo. Por esta razón, Renovación Nacional apoya favorablemente este proyecto de acuerdo. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo. El señor NARANJO.- Señor Presidente, parlamentarios de las distintas bancadas hemos respaldado este proyecto de acuerdo, porque si bien es cierto que el reglamento del Ministerio de Transportes que dispone el retiro de taxis o taxis colectivos que tengan más de dieciocho años de antigüedad va a entrar en vigencia en 1993, ya se ha comenzado a generar entre los dueños de estos vehículos una profunda preocupación, porque esta medida puede llevar a muchos a perder su fuente laboral. Por ello, como una manera de hacer justicia se desea rectificar esta medida para ir, justamente, en apoyo de los pequeños empresarios profesionales, es decir, de quienes manejan sus taxis o sus taxis colectivos, de manera que puedan como muy bien lo manifestó el Diputado García adquirir vehículos de menor antigüedad a la establecida en el reglamento, para mantener sus fuentes de trabajo. Por lo expuesto, solicito a la Cámara que respalde este proyecto de acuerdo, ya que proporcionará tranquilidad a los pequeños empresarios de taxis y de taxis colectivos que se ven afectados por la medida dictada por el Ministerio de Transportes. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que desee impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 4 abstenciones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobado. 4. DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN CUBA El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZUÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los señores Yunge; Pizarro, don Jorge; Peña y Faulbaum. "Considerando que la vigencia de los derechos humanos y de la democracia es un asunto de legítima preocupación universal; "Tomando en cuenta que Cuba es prácticamente el único régimen político dictatorial del hemisferio americano y que el reciente Congreso del Partido Comunista de Cuba no aprobó ningún paso significativo de retomo a la democracia; "Valorando la Construcción de la plataforma democrática cubana como una amplia alianza de sectores políticos interesados en garantizar el tránsito pacífico de Cuba a la democracia y al respeto de los derechos humanos; "Constatando la reciente ola de tensiones y condenas de cárcel de disidentes pacíficos que ha tenido lugar en los últimos meses en Cuba y que ha afectado, entre otros, a la poetisa y presidenta del grupo político Criterio Alternativo, María Elena Cruz Varela, y "Tomando nota con especial inquietud de la ejecución de Eduardo Díaz Betancourt por cometer un delito de connotación política, la Cámara de Diputados aprueba el siguiente Proyecto de Acuerdo: "1) Deplora la muerte de Eduardo Díaz Betancourt, ejecutado en virtud de una legislación y procedimiento judiciales que no respetan principios elementales de derechos humanos; "2) Insta al gobierno cubano a liberar a la poetisa María Elena Cruz Varela y a todos los disidentes recientemente encarcelados por el simple hecho de profesar ideas políticas contrarias al régimen vigente; "3) Llama al Gobierno cubano a dar los pasos necesarios para promover un tránsito pacífico a la democracia en Cuba y, en concreto, a dialogar, para tales efectos, con la plataforma democrática cubana; "4) Recuerda al gobierno cubano sus compromisos y obligaciones generadas por los acuerdos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, y "5) Solicita al gobierno de Chile tenga una preocupación especial por el caso cubano en el próximo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas". El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Dupré. El señor DUPRE.- Señor Presidente, deseo solicitar a los señores Diputados que han presentado este proyecto de acuerdo que, dada la situación de evolución en relación con las peticiones que están haciendo y por los informes y votación de la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas, este proyecto pudiese pasar al seno de la Comisión de Relaciones Exteriores para ser actualizado y así entregar a la Sala un informe con la opinión que ella emita. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición planteada por el Diputado señor Dupré. Acordado. INCIDENTES. 5. ALCANCE SOBRE EL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA AL INAUGURAR EL AÑO JUDICIAL El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En la hora de Incidentes, corresponde usar de la palabra a la bancada Radical-Socialdemócrata. Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, Honorables colegas, la opinión pública se ha visto sorprendida con la intervención del Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, en cuya virtud dio por inaugurado el presente año judicial. Si nos atuviéramos a lo que prescribe el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, tendríamos que expresar que el Presidente ha transgredido en un doble aspecto lo prescrito en la disposición en referencia. En efecto, ha incursionado en el terreno político tomando parte en la discusión de un proyecto pendiente relativo a diversas modificaciones a la estructura del Poder Judicial y, además, ha omitido referencias a problemas vitales de la administración de justicia, como lo es, entre otras, el notable atraso en el despacho de las causas sometidas a su conocimiento, siendo particularmente notorio en el trabajo de la propia Corte Suprema. Los Diputados socialdemócratas y radicales no podemos silenciar estas circunstancias, pues estamos ciertos de que el estado de derecho supone, fundamentalmente, el respeto de las competencias por parte de las autoridades públicas. Y ese respeto debe ser demostrado, muy en especial, por quienes son los conservadores de la regularidad jurídica en el país. De lo dicho se infiere la gravedad de la intervención del Presidente de la Corte Suprema, pues al incursionar en el terreno político se ha permitido formular objeciones a un proyecto de ley respecto del cual ni el Presidente de la República ni el Congreso le han solicitado, todavía, su estimada opinión. Es indudable que la oportunidad para que el Presidente exprese sus puntos de vista es precisamente la señalada, pero no cabe duda de que esa opinión debe manifestarse con la prudencia y el conocimiento propio de la naturaleza de la alta función que desempeña. Así tendrán que precisarlo los parlamentarios o las autoridades que se la soliciten. Sin embargo, como ha ocurrido en este caso, terciar en un debate en el que están involucrados conceptos políticos relativos a la conducción del Gobierno en forma pública y hasta agresiva, extrayendo conclusiones temerarias como las relativas "a la eventual politización de la Excelentísima Corte Suprema", asume una gravedad que no puede disimularse, máxime si hay antecedentes que han permitido poner en duda la objetividad con que el más alto tribunal ha desempeñado sus funciones en los últimos 20 años. Lo anterior tiene serios fundamentos. No están lejanos los días en que los señores Ministros, al ser designados para desempeñarse en el más alto tribunal, concurrían a expresar su gratitud a quien era en ese entonces el depositario de todo el poder, el General de Ejército, don Augusto Pinochet Ugarte. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Diputado. Puede continuar en el tiempo que le ha concedido la bancada democratacristiana. El señor MUÑOZ BARRA.- El espectáculo que se daba con tal actitud afectaba sin duda, al concepto que todos tenemos y debemos tener de los integrantes de la Excelentísima Corte Suprema, pues no había gratitud que expresar sino, simplemente, la aceptación de una misión delicada, compleja y fundamental, como lo es la de desempeñarse en tan alta investidura. Pero hay circunstancias más graves, que no pueden ser disimuladas, como son todas las relativas a las omisiones del Poder Judicial en la defensa de los derechos humanos, a la ceguera con que actuaron los jueces, lo que permitió una extensiva violación de esos derechos y la instauración de un régimen de terror en el país cuyas monstruosas características se están conociendo paulatinamente en detalle. Ahora, el Presidente de la Excelentísima Corte ha creído su deber defender lo que llama "la independencia del Poder Judicial". Esta defensa es extemporánea e innecesaria por cuanto nadie pretende atentar contra un concepto fundamental en la estructura del estado de derecho y de la democracia en nuestro país. Somos partidarios de la independencia del Poder Judicial; de la dotación a sus miembros de los medios técnicos y económicos necesarios para el digno desempeño de sus funciones, y para que lleven una existencia exenta de las presiones que son propias de la precariedad económica en que vive el Poder Judicial. Pero también somos partidarios de la eficacia en el cumplimiento de las obligaciones judiciales, de la celeridad en el desarrollo de las causas, de la adaptación de los jueces a las condiciones sociales imperantes, del mejoramiento de su preparación jurídica y de la aplicación adecuada de los méritos y deméritos de cada uno de estos altos elementos que estoy señalando en esta intervención. El país sabe que los abogados tienen serios problemas como consecuencia de las demoras en el despacho de ese trabajo. No es el caso rebatir estadísticas, pero sí señalar un ejemplo que es demostrativo del atraso a que me refiero. La ciudadanía observó con interés y preocupación todo lo ocurrido en relación con la Colonia Dignidad, sobre la que pesan serios cargos, razón por la cual el Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, debió ordenar la cancelación de la personalidad jurídica que, en su calidad de institución benefactora, se la había otorgado. Esta decisión fue tomada al comprobarse que los beneficios de esta "institución benefactora" habían permitido la formación de sociedades comerciales que, amparadas en las franquicias concedidas, habían hecho importantes utilidades no sujetas a la tributación normal. El proceso de cancelación fue detenido por resolución del propio Excelentísimo tribunal, al interponerse un recurso de inaplicabilidad con relación a las disposiciones del Código Civil que sirvieron de base al decreto cancelatorio. Este recurso está próximo a cumplir un año y, sin embargo, no ha podido ser visto por el Pleno de la Corte Suprema, como corresponde. Lo que ocurre con la Colonia Dignidad se repite en muchas oportunidades, por existir, audiencias en las que las salas no ven ni un solo caso y rara vez entran al estudio de las causas de tablas, lo que produce el atochamiento existente. Los Diputados de la bancada radical socialdemócrata no queremos hacer cargos sobre este particular, pero es indudable que el país, así como sus autoridades y abogados, bien pueden recibir una explicación sobre esta materia de parte del señor Presidente de la Corte Suprema. He dicho. 6. REITERACION DE SOLICITUD DE INFORMES SOBRE ACTUACIONES POLICIALES. OFICIOS. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, el miércoles 11 de diciembre de 1991, haciendo uso de la palabra en la hora de Incidentes de la Cámara de Diputados, pedí que se oficiara al señor General Director de Carabineros de Chile, con el objeto de que nos informara en detalle sobre las situaciones que denunciaba, en las cuales la acción de Carabineros de Chile habría culminado con la muerte de sospechosos de haber incurrido en delitos o, en otros casos, de personas ya sancionadas por los tribunales de justicia. En dicha oportunidad, pedí que se informara sobre la muerte de un joven de quince años, en la comuna de La Florida, de Santiago; sobre la muerte de tres personas luego que ellas participaran en un asalto en el barrio Patronato, en la comuna de Recoleta; y sobre la muerte de un reo fugado de la cárcel de La Serena, acaecida en dicha ciudad. El Diputado señor Jorge Schaulsohn, sumándose a mi solicitud, pidió también que se clarificara la muerte de un presunto delincuente en Huérfanos con Miraflores, en la comuna de Santiago. Sólo hoy he recibido la respuesta de Carabineros a dichos oficios, antecedentes que valqro, pero que considero insuficientes para esclarecer en plenitud los hechos denunciados en esta Cámara de Diputados. Sin duda, hay un avance en la información entregada por Carabineros, la cual pondré a disposición de esta Cámara, pero esa institución insiste en las versiones ya conocidas por la prensa y no clarifica los detalles de ellas, lo que ha hecho presumir a muchas personas la posibilidad de que se haya sobrepasado en el uso de sus atribuciones. Después de dicha intervención y antes de recibir esta respuesta de Carabineros, a mediados de enero los chilenos fuimos impactados por el asalto a una sucursal bancaria y el posterior secuestro de toda una familia a manos de los cercados asaltantes. Muchos chilenos siguieron las dramáticas alternativas de este inusual acontecimiento por medio de los despachos directos de la radio y la televisión, y creo que todos nos alegramos por la eficiencia demostrada por Carabineros y la Policía de Investigaciones al obtener la liberación, sanos y salvos, de los tres niños y del matrimonio víctimas del secuestro. Supusimos también que, ya liberados los rehenes, podríamos descansar con la tranquilidad de que ninguna familia chilena tendría que lamentar la pérdida de un ser querido. Sin embargo, el desenlace final fue diferente y los secuestradores, luego de una acción que fue catalogada como "suicida", fueron muertos por personal especializado de Carabineros. En estos mismos días, continuamos viendo cómo lucha angustiosamente por su vida Italo Cavallo, quien fuera herido por los asaltantes al intentar evitar la comisión del delito. El continúa grave e internado en la Unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital Mutual de Seguridad. Estoy seguro de que todos nos unimos al deseo de su pronta recuperación. El drama de Italo Cavallo y la desesperada situación a la que fue sometida la familia Riveras nos hicieron pensar que la muerte de los jóvenes asaltantes debió ser inevitable. Sin embargo, las posteriores declaraciones del señor General Director de Carabineros, relativas a "que este hecho les sirva de lección", y la similitud de la situación tan desbalanceada en fuerzas, poder de disuasión y capacidad de solución con otros hechos a que me referí el 11 de diciembre, y muchos ocurridos durante la dictadura, obligan a preguntarse legítimamente si dichas muertes eran realmente inevitables. Deseo que esto se clarifique realmente. Resulta inevitable, al referirse a dicho secuestro, realizar, a su vez, un paralelo entre el desenlace de dicho secuestro y el que aconteciera más recientemente, con motivo del frustrado asalto a una joyería en el centro de Santiago, en el que también se liberó a los rehenes y sólo hubo un lesionado de consideración, que actualmente se recupera de la herida -lo hemos visto en los medios de comunicación -que, según se informó, se autoinfligió. Hace pocos días, hemos podido constatar, a través de los medios de comunicación, otro dramático desenlace en este orden de cosas. El martes 25 de febrero, minutos después de las 20:30 horas, fue herido de muerte don Juan Evaristo Gallardo Valenzuela, obrero domiciliado en San Bernardo, quien fuera detenido en Luis Cruz Martínez, esquina de Jacarandá, en la población Pablo de Rokha, cuando se dirigía a su casa desde su trabajo. Carabineros señaló que Gallardo, en los momentos en que era subido a un vehículo policial, "opuso tenaz resistencia, intentando agredir a su aprehensor, lo que provocó que el arma automática que portaba se disparara accidentalmente, hiriéndolo". Según el diario "La Cuarta", "Carabineros, posteriormente, informó que el delincuente fallecido en forma accidental tenía credenciales a nombre de Juan Evaristo Gallardo Valenzuela, pero esa identidad no aparece en los registros del gabinete de identificación, por lo que al momento su nombre es desconocido." Juan Evaristo Gallardo Valenzuela, cuyo nombre corresponde, en verdad, fue detenido junto a su compañero de trabajo Patricio San tana Urra, de 19 años de edad, quien declaró a La Epoca, según aparece en la edición del 29 de febrero: "Veníamos llegando del trabajo. Ahí Carabineros nos detuvo y nos hizo tiramos a suelo. Un carabinero se colocó detrás, le puso a Juanito la metralleta a la altura del hombro, por la espalda, y disparó. Agregó que "No hubo ningún tipo de provocación ni resistencia a la detención por parte de Gallardo, ya que cuando se produjo el disparo aún seguían en el suelo y no eran subidos al furgón". "De ahí me subieron al furgón y a él lo tiraron también arriba. Murió en mis manos antes de llegar a la posta.". Santana, según versión de La Epoca, "fue llevado a la 41° Comisaría de La Pintana y luego trasladado a una unidad cercana. Lo liberaron en la madrugada del miércoles. "Me dijeron que no hablara nada y me soltaron", relató. ¿A quién servirá de lección este hecho? Es mi deseo que a todos los chilenos. Para ello deben clarificarse todas las situaciones a que me he referido. Por estas razones, solicito que se oficie nuevamente a la Dirección General de Carabineros con el objeto de que informe en detalle, y si es posible más minuciosamente, sobre los nuevos hechos relatados y que, al mismo tiempo, señale cuáles son los procedimientos e investigaciones institucionales y sumariales que se realizan al interior de la institución para verificar las versiones de los funcionarios de Carabineros. El 11 de diciembre terminé mi intervención relativa a este tema, recordando que "los parlamentarios de la Concertación y también, en algunas oportunidades, los de Oposición, hemos estado por entregar todos los medios para que las Fuerzas de Orden y Seguridad actúen con prontitud, presteza y autoridad. El Gobierno de la República, además, las ha equipado con los implementos técnicos para que actúen eficazmente. No queremos imponer limitaciones a la acción de Carabineros; sólo que ellos cumplan sus funciones en el marco del derecho, con absoluto respeto a los derechos de las personas, aunque éstas sean delincuentes.". Lo dicho hace tres meses sigue vigente y, lamentablemente, ha sido necesario repetirlo. ¿Ocurre algo en Carabineros de Chile? ¿Pueden sus máximas autoridades dar seguridades de que estos hechos no se repetirán? Hace una semana, hemos recordado el momento en que el Presidente de la República dio conocer al país el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En ese momento, el Presidente pidió "solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo.". Agregó: "Personalmente he pedido a los señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al señor General Director de Carabineros la cooperación de sus instituciones para establecer el paradero de los detenidos desaparecidos y de los ajusticiados cuyos restos no han sido entregados a sus familiares.". Creo que hay una directa relación entre la no cooperación para el esclarecimiento de la verdad y la construcción de la justicia en el pasado y las actitudes que he pedido y pido que sean esclarecidas ahora. Lo que no debió ocurrir ayer, tampoco debe ocurrir hoy. Estimo necesario, para el orden público y para el prestigio y solidez de la institución Carabineros de Chile, que sean aclarados, definitiva y totalmente, los hechos a que me he referido. Al mismo tiempo considero conveniente que seamos informados de la colaboración que el General Director de Carabineros ha entregado para responder a las peticiones del Presidente de la República, formuladas hace un año, al dar a conocer al país el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Por este motivo, solicito también que se oficie al señor General Director de Carabineros, con el objeto de que responda estas dudas. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Yunge. El señor YUNGE.- Señor Presidente, quiero sumarme a la petición de oficios del Diputado señor Palma. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se enviarán los oficios en nombre del Diputado señor Palma y de los demás señores Diputados presentes, de cuyos nombres tomará nota el señor Prosecretario. 7. RESPALDO AL MINISTRO DE JUSTICIA ANTE DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA. OFICIO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Yunge. Restan cinco minutos. El señor YUNGE.- Señor Presidente, deseo expresar mi protesta en relación con algunos términos utilizados por el Presidente de la Corte Suprema al comentar declaraciones del señor Ministro de Justicia. Ellas constituyen una falta de respeto y consideración hacia una autoridad de Gobierno del prestigio, calidad académica y humana de don Francisco Cumplido; rebajan el debate y el diálogo público respecto de temas tan sensibles e importantes como son la realidad y el futuro de la administración de justicia en Chile y, por último, reflejan a cabalidad algunas de las situaciones que se viven en el Poder Judicial en cuanto a las dificultades e incumplimiento de deberes en que incurrió ese Poder del Estado en años anteriores respecto de la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos. Deseo que se oficie al señor Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido, para expresarle nuestro respaldo y solidaridad en relación con estos juicios emitidos por el Presidente de la Corte Suprema en forma tan poco adecuada. El señor ORTIZ.- Me sumo a la petición del Diputado señor Yunge. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado en nombre de Sus Señorías. 8. ACUERDOS DE PAZ ADOPTADOS EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR. OFICIO. El señor YUNGE.- Señor Presidente, por otra parte, debo manifestar que tuve la satisfacción personal de participar en el acto de constitución de la Comisión de Paz en El Salvador, producto de los acuerdos de pacificación adoptados en Nueva York y Chapultepec, en ciudad de México, entre el Gobierno de ese país, las fuerzas del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, FMNL, y los partidos políticos salvadoreños. Ese día, el pueblo de El Salvador pudo apreciar el regreso al país de un conjunto de ciudadanos pertenecientes a las fuerzas guerrilleras que se desmovilizaron, y el ingreso a la propia ciudad de El Salvador de las fuerzas militares y regulares que comenzaron a congregarse en lugares previamente determinados. Esta Comisión de Paz será la encargada de verificar el cumplimiento de los acuerdos cuya perspectiva es el fortalecimiento de la convivencia y del reencuentro nacional en El Salvador; el fortalecimiento de la democracia y de los sistemas de protección de los derechos humanos; la normalización de la sociedad salvadoreña, en términos de que el poder militar efectivamente quede bajo el imperio del derecho y del poder civil, y que el país, en definitiva, pueda liberar recursos y esfuerzos para avanzar por la vía del desarrollo y crecimiento nacional, tan afectado por una guerra que duró doce años y ha significado la muerte de gran cantidad de salvadoreños. También debo expresar mi pesar porque en esta Corporación no se produjo unanimidad para aprobar un proyecto de acuerdo que presentamos en su oportunidad. Ello habría permitido a la Cámara de Diputados de Chile dar a conocer su opinión respecto de este acuerdo de paz histórico, y reafirmar el hecho de que la paz en El Salvador abre perspectivas en ese país y en América Central que constituyen una verdadera oportunidad para que el pueblo de Chile, su Gobierno y el sector privado puedan retomar un ámbito de cooperación, desde diversos puntos de vista, con El Salvador y otros países de América Central. Deseo exteriorizar nuestra satisfacción porque, como se ha informado a la opinión pública, con motivo de la reciente visita del Presidente de Costa Rica a nuestro país ya se han iniciado diversas actividades de cooperación horizontal por parte de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación, la realización de eventos, la entrega de asistencia técnica y la apertura de oportunidades para que técnicos y profesionales provenientes de América Central puedan estudiar y perfeccionarse en universidades chilenas. Solicito que en mi nombre se oficie a la Embajada de El Salvador en Chile para dar a conocer nuestra satisfacción y felicitaciones por los acuerdos de paz adoptados en esa oportunidad. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, también en nombre de los Diputados señores Ortiz y Andrés Palma. 9. AMPLIACION DE BENEFICIO A DEUDORES DEL SERVIU. OFICIO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, el decreto supremo N° 132, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de 1990, estableció un sistema de reprogramación y condonación de deudas habitacionales contraídas con los Servicios de Vivienda y Urbanismo con anterioridad al 1° de enero de 1989. Además, estableció dos mecanismos: uno, destinado a facilitar el servicio de la deuda, y otro, a premiar el cumplimiento y el pago de los dividendos. Las facilidades otorgadas para el servicio de la deuda consisten en rebajar el monto del dividendo hasta representar sólo el 6 por ciento de la renta familiar mensual, cuando se comprueba fehacientemente que la situación socioeconómica del deudor así lo amerita. El premio al esfuerzo familiar y al interés por pagar los dividendos consiste en condonar uno por cada dos efectivamente cancelados. Esta disposición, en la práctica, significa que los deudores que cumplan el pago de sus dividendos recibirán, como estímulo, la condonación de un tercio de su deuda. En otras palabras, pagarán sus casas en ocho años, en lugar de doce. En su oportunidad Renovación Nacional evaluó positivamente ambas disposiciones ya que, sin perjudicar los sistemas de financiamiento público para la construcción de viviendas y permitir que más familias tengan acceso a la oportunidad de la casa propia, representan ayudas efectivas para un sector muy amplio de deudores habitacionales. Sin embargo, al beneficiar con estas disposiciones sólo a los deudores que adquirieron sus compromisos con anterioridad al 1° de enero de 1989, introdujo un elemento de inequidad que es urgente resolver. En opinión de los parlamentarios de Renovación Nacional, el Ministerio de la Vivienda debe ampliar estos beneficios a todos los deudores Serviu que contrajeron sus compromisos con posterioridad al 1° de enero de 1989 y, además, establecerlo de manera permanente. Así, junto con incentivar el pago, se evita tener que recurrir frecuentemente a fórmulas de condonación que se transforman en un castigo para quienes, con disciplina y esfuerzo familiar, cumplen sus obligaciones. Ambos aspectos fueron expuestos en diciembre, en audiencia sostenida con el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, encontrando favorable acogida. Dado el tiempo transcurrido y como todavía no se han dictado los documentos que permitirán hacer realidad lo señalado, solicito que en mi nombre y en el de Renovación Nacional se oficie al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el propósito de que informe sobre el estado en que se encuentran las resoluciones que debe adoptar su Cartera respecto de la materia expuesta. He dicho. El señor HORVATH.- Me sumo al oficio solicitado. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se enviará el oficio en nombre de Renovación Nacional y del señor Horvath. 10. ALCANCES SOBRE FACULTAD FISCALIZADORA DE LOS PARLAMENTARIOS. OFICIO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente, quiero referirme al ejercicio de la facultad fiscalizadora de los parlamentarios. Como antecedente básico, deseo señalar que la división de los Poderes del Estado resulta fundamental para garantizar la estabilidad de un país, así como también para asegurar su buena y sana conducción. Los usuales tres Poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además de tener sus ámbitos específicos de acción, logran equilibrarse a través de su mutuo control. Esto ya fue planteado claramente por Montesquieu en su oportunidad, viendo la necesidad y ventajas de esta división en el período histórico en que se comenzaron a formar las actuales repúblicas con gobiernos representativos de sus ciudadanos. Una de las acciones específicas relevantes la constituye la facultad fiscalizadora de los actos de gobierno, de las Fuerzas Armadas y del sistema judicial que le corresponde a la Cámara de Diputados. Esta función está manifestada en el artículo 48 de nuestra Carta Fundamental y en los artículos 8°, 9° y 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional con su Reglamento correspondiente. Fiscalizar significa investigar y criticar acciones u obras de otros, en este caso, de un poder público; es decir, efectuar las diligencias para descubrir, hacer transparente y juzgar fundadamente. Esto, que protege los intereses fiscales o sea de todos, garantiza la economía, eficiencia y equidad en el uso y asignación de los recursos siempre escasos. Si esta facultad no funciona o se ve disminuida, se produce una distorsión grave en el poder y empiezan a intervenir otros factores y organizaciones, restándole energías a la sociedad y, lo que es peor, perdiéndose la credibilidad en el sistema, lo que significa no sólo una desmotivación sino una especie de legitimación de los mecanismos negativos para lograr objetivos, es decir, se corroe una nación desde adentro. Por otra parte, esta facultad requiere la necesaria información y prudencia para ser ejercida, vale decir, en el nivel alcanzado por la cultura griega, del necesario diálogo interior para que pueda tener resonancia y constituirse en un aporte de valor a la sociedad. La práctica del Congreso Nacional, en dos años de ejercicio, ha dejado en evidencia, entre otras materias, al menos dos situaciones concretas. En primer lugar, las pocas posibilidades de tramitar en plazos prudentes mociones de ley de propia cosecha de los parlamentarios y, en segundo término, la escasa respuesta a su función fiscalizadora. Respecto de la función legislativa, sólo se ha producido un efecto de regulación y de aportes parlamentarios por la vía de las indicaciones o enmiendas a las iniciativas gubernamentales. Es decir, haciendo un parangón, vamos en un avión con un solo motor. En cuanto a la función fiscalizadora, el bajo número de respuestas a las peticiones de la Cámara necesariamente requiere de reflexión. No me refiero sólo al número, sino a las características de las respuestas en el sentido de que deben satisfacer preguntas, dudas o dificultades. A la fecha, 10 de marzo de 1992, de acuerdo con investigaciones hechas en el Congreso, de 8.282 gestiones de oficios de fiscalización, sólo 5.947 han tenido respuesta. Es decir, un 31 por ciento, correspondiente a 2.635 gestiones, no tiene respuesta hasta la fecha. Si restamos los sesenta días de plazo, este porcentaje se reducirá a 25 por ciento de oficios sin respuesta, pero, en el fondo, son 1.558 gestiones las que están pendientes. El propio Congreso no le ha dado la debida importancia a su función, lo que claramente se puede detectar en su estructura organizacional y en los medios de apoyo que le otorga. Revisando las oficinas, es fácil detectar en forma clara la carencia de personal y de las mismas dependencias en cuanto a espacio y a los medios correspondientes. Para qué dar detalles de las dificultades con que trabaja el personal. La necesaria diversidad, el respeto por las minorías y el evitar hegemonías requieren de un proceso fiscalizador fundamentado y prudente que permita criterio sámente el quehacer, a fin de garantizar la confianza de la ciudadanía y de la empresa privada, de modo que se puedan dedicar a lo propio, a lo creativo. Por lo tanto, esto resulta fundamental para que un país crezca y se proyecte con ánimo y vigor. Por estos antecedentes, anuncio que presentaremos un proyecto de acuerdo al respecto. Mientras tanto, debido a la demora de su tramitación, pido el envío de los oficios correspondientes en el siguiente sentido: En primer lugar, a Su Excelencia el Presidente de la República a fin de que instruya a los Ministros de Estado para que respondan los oficios de fiscalización en forma completa y dentro de los plazos previstos, y que cada Ministerio investigue las fiscalizaciones que no han sido respondidas. En segundo término, que la Mesa de la Cámara de Diputados que dé la debida jerarquía a la estructura organizacional del Congreso y los medios de apoyo, tales como oficinas, personal e implementación correspondiente. Además, que el estudio del Reglamento, que se efectúa ya por un largo período, considere la necesidad de perfeccionar, reforzar y agilizar la actividad fiscalizadora de los parlamenta ríos, asegurando también el seguimiento de estos procesos. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. La Mesa estudiará la situación planteada. 11. MEJORAMIENTO DE ACCESOS A COMUNA DE LONQUIMAY, NOVENA REGION. OFICIO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, en la Honorable Cámara represento al distrito 49, que cuenta entre sus comunas a la de Lonquimay, de 9.600 habitantes y algo así como 4 mil kilómetros cuadrados de superficie. A la comuna de Lonquimay se accede por dos vías: el túnel de Las Raíces y la cuesta que cruza la cordillera de Las Raíces, que se encuentra, por lo menos, ocho meses del año intransitable, debido a las nevazones y al clima que impera en esa zona cordillerana. El túnel de Las Raíces, principal acceso a la comuna durante todos los meses del año, cumple doble función: por él atraviesan tanto ferrocarriles como vehículos motorizados. Tiene suelo de madera de durmientes de ferrocarril y, desde hace mucho tiempo, está en deplorables condiciones, lo que ha provocado accidentes en su interior. Esta situación ha llevado a que los empresarios de la locomoción de la zona hayan anunciado que no continuarán con su servicio hacia Lonquimay por el túnel, debido a que arriesgan sus máquinas. Hace meses, junto al Gobernador de la provincia de Malleco, al alcalde de la comuna de Lonquimay y a otros representantes de la comunidad, nos entrevistamos con el señor Ministro de Obras Públicas y con el señor Director Nacional de Ferrocarriles para plantear este problema y hacerles presente la urgencia de resolverlo antes de que llegue el próximo invierno. Sin embargo, hasta hoy se mantiene en las mismas condiciones, a lo que debe agregarse los antecedentes que he señalado, en términos de que la locomoción colectiva no seguirá atendiendo a los 9.600 lonquimayinos. Como este problema no se ha resuelto, quisiera que en esta materia interviniera directamente el Presidente de la República, dado que, según lo que me han informado, son situaciones administrativas las que han impedido solucionarlo. El túnel de Las Raíces es de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Por esa razón, no puede ser transferido a Obras Públicas, salvo a través de una compra. Como digo, razones administrativas han impedido resolver este problema. A mi juicio, también allí hay un problema de voluntad de las autoridades para solucionarlo. Por esta razón, solicito que en mi nombre y en el de mi bancada, se oficie al señor Presidente de la República, a fin de que él mismo asuma este problema y lo resuelva a la brevedad, ojalá antes de que llegue el próximo invierno, para que no tengamos que lamentar el aislamiento de esa comuna. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre y en el de su bancada. Terminó el tiempo de Renovación Nacional. El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Por la Democracia. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó a las 14:33 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones