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El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
En la hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
El señor VELASCO.-
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, hoy quiero referirme a dos hechos que nos preocupan profundamente: a la violencia y a la delincuencia, debido a que afectan en forma particular a toda la sociedad chilena.
Pero primero me parece vital reflexionar acerca de lo que entendemos por seguridad ciudadana. Consiste en la armónica y pacífica coexistencia de los ciudadanos bajo la soberanía y el respeto del Estado de Derecho, lo que tal vez podría llamarse paz social, sentida aspiración de la población.
Dicha seguridad puede verse amenazada cuando los hechos delictuales son superiores a los que el Estado puede controlar o cuando en la ciudadanía existe el temor de que sean violados sus principales derechos. Ello ocurre cuando se realiza una excesiva difusión pública de los delitos, aumentando innecesariamente la percepción que se tiene de ellos.
Las estadísticas reflejan claramente que los hechos delictivos no han sobrepasado a los existentes entre los años 1985, 1986 y 1987. Sin embargo y lo denunciamos aquí, personalidades opositoras al Gobierno, en un afán mezquino de obtener pequeñas ventajas políticas, utilizan ese tipo de tribuna para exagerar y aumentar el problema, pretendiendo crear un ambiente de caos e inseguridad que sería, según ellos, consubstancial al sistema democrático que vivimos, lo que, lógicamente, rechazamos.
La democracia es el único sistema que asegura la paz y la tranquilidad de un país cuando hay justicia. De ninguna manera quiero que se interprete que estamos negando la existencia de la delincuencia; pero, me parece fundamental ir a la raíz del asunto y buscar las causas que han dado origen a esta situación, ya que sin ello estaremos optando por el facilismo en el análisis, y nuestra capacidad de cooperación, como poder colegislador, se verá sesgada:
El incremento de la concentración poblacional urbana.
El aumento del tráfico y consumo de drogas y alcohol en los últimos 5 años.
La existencia de 5 millones de personas sumidas en la extrema pobreza o indigencia.
La disminución de la presencia de Carabineros e Investigaciones en la prevención, control y reacción en contra de la delincuencia, originada por los paupérrimos recursos económicos con que contaban ambas instituciones, que se traducían en falta de infraestructura e implementación básica necesaria.
Severas limitaciones técnicas y falta de personal policial y capacitación.
Durante el Gobierno anterior se produjo una exacerbación del consumismo, que fomentó falsas expectativas, principalmente en los jóvenes.
La marginalidad que afecta duramente a la juventud de nuestro país, la cual perdió la esperanza de ver satisfechas, en algún momento, sus aspiraciones.
La actuación de grupos de tipo violentista, de orígenes muchas veces desconocidos, que delinquen para financiar sus operaciones.
El inexcusable descuido gubernamental entre los años 1985 y 1990, que permitió una liberación de las costumbres, con un crecimiento en el consumo de drogas y alcohol por parte de la juventud.
Y, como un último factor causante del problema de la delincuencia, quiero mencionar una verdad que nadie puede desconocer: el ejemplo de la inmoralidad recibido por nuestros jóvenes durante los pasados 17 años. Todos sabemos que en aquella época la represión y la violencia eran el pan de cada día, la cual se realizaba, incluso, desde diversos organismos del Estado, los que, mediante la radiodifusión y la televisión, mostraban una realidad totalmente diferente a la que se vislumbraba en el lugar mismo de los acontecimientos. Cabe citar el caso de los pasaportes, los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos, etcétera. Era un riesgo objetivo que se constituía en un peligro personal y familiar, el decir que no estábamos de acuerdo o que pensábamos diferente. Nefasta etapa, afortunadamente pretérita, en la que reinaba el temor, consumiendo en la impotencia a todos aquellos que se resistían u osaban rebelarse en contra del régimen militar. Ciertamente, ella marcó, en gran medida, a aquellos niños, jóvenes de hoy, quienes, lamentablemente, tuvieron que crecer en la desesperanza y el desamparo, observando la diferencia entre lo que se decía y lo que se hacía, transformándose, muchos de ellos, en personas que hoy no se interesan ni motivan por nada, llenos de rencor hacia toda la sociedad que les negó las posibilidades de integrarse a un marco de deberes y derechos.
Ahora bien, resulta indispensable conceder especial preocupación a medidas para prevenir y reprimir la delincuencia. Por ello debo mencionar los serios esfuerzos que está realizando el Supremo Gobierno a través de la asignación de mayor financiamiento para las instituciones policiales. Así, se ha logrado aumentar la dotación de Carabineros en 4 mil nuevas plazas y, con ello, su patrullaje efectivo; mejorar el parque automotor de Carabineros e Investigaciones; los allanamientos y clausuras de lugares de expendio clandestino de alcohol y de concentración de antisociales; los controles por barrios o sectores con mayores índices de peligrosidad; el intercambio de experiencia y traspaso de métodos preventivos y represivos con las policías italiana y española; la fiscalización policial para el cumplimiento de medidas mínimas de seguridad en bancos e instituciones financieras. Todos ellos constituyen esfuerzos permanentes para obtener una mayor y mejor coordinación entre las policías, rompiendo de esa forma un círculo vicioso de lamentables resultados.
Asimismo, el Gobierno se encuentra realizando un catastro, a nivel nacional, destinado a determinar los focos de delincuencia, de drogadicción y de expendio clandestino de bebidas alcohólicas. Súmase a esto la creación del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, así como la elaboración de un plan conjunto de Carabineros e Investigaciones para el resguardo de veraneantes y turistas. Además, se entregaron instrucciones específicas a los intendentes y gobernadores, y se aprobó la construcción de nuevos centros de detención.
En el ámbito jurídico-legislativo, hace poco aprobamos el proyecto del Ejecutivo que introdujo modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Se considera la modificación de la Ley sobre Control de Estupefacientes y de la Ley de Alcoholes, así como también ingresó a este Parlamento un proyecto de ley que traspasa a Carabineros la dependencia y el control de las entidades de vigilantes privados. Del mismo modo, se estudiarán las disposiciones relacionadas con el control de armas y los permisos para su tenencia y porte.
En el área social y de las comunicaciones se están efectuando responsables proyectos tendientes a incorporar, en forma escalonada, a la comunidad, en la prevención de delitos, y hasta la fecha se han repartido sobre 250 mil cartillas informativas a los dirigentes poblacionales y a personas que se interesan en cooperar sobre el particular.
A través de la División de Organizaciones Sociales, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se ha comenzado un plan nacional consistente en la realización de jornadas de trabajo para la prevención de delitos, a las cuales se invita especialmente a dirigentes poblacionales, a representantes de Carabineros e Investigaciones y a abogados del Ministerio del Interior, lográndose también un acercamiento entre sus participantes.
Señor Presidente, me parece importante señalar que ése es el camino por seguir y que son Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones los únicos facultados para velar por el orden y la seguridad pública, contando, eso sí, con el respaldo permanente de las autoridades y la comunidad toda, que debe incorporarse en la prevención, cooperando con la denuncia de los delitos y delincuentes.
El problema de la delincuencia y la correcta aplicación de un plan en contra de ella pasa por reconocer que nos afecta a todos y que sus causas son diversas, en lo cual juegan un papel preponderante Carabineros, Investigaciones, Gendarmería y el Poder Judicial. Este último, directamente, en relación con el tratamiento del delito y del delincuente.
Se ha hecho evidente la necesidad de legislar para evitar que el delincuente con experiencia o el reincidente recuperen con facilidad su libertad, y de organizar, a la vez, los nuevos recintos de detención en forma tal que éstos no se mezclen con los nuevos o primerizos, evitando la proliferación de verdaderas escuelas del delito.
En lo que respecta a los bancos e instituciones financieras, es indiscutible la necesidad de inversión privada en seguridad, ya que en la actualidad la protección entregada es mínima tanto para los clientes, funcionarios y guardias de seguridad que allí laboran.
El concepto de seguridad ciudadana que el Gobierno respalda, se funda en la construcción de un Estado democrático de derecho, en el que se gira alrededor de la persona y sus derechos, teniendo como objetivo asegurar su libre desarrollo y perfeccionamiento, en tomo a lo cual se realizan las actividades del Estado. De esta forma, sólo una vez que existe la seguridad de los ciudadanos se puede configurar la seguridad nacional.
Por esta razón, es necesario hacer un alcance para señalar que, pese a la alarma injustificada manifestada por ciertos personajes, ninguna de las personas que han resultado beneficiadas con las facultades de indulto que este Parlamento otorgó al Presidente de la República, son responsables de los actos violentos o delictuales que se han cometido.
Hago un llamado para que sobre esta materia exista responsablemente una actitud de colaboración y no de mezquino aprovechamiento político. Las víctimas de esta lacra social nos demandan que todos participemos en cambios radicales de nuestros procedimientos y formas de actuar.
El pueblo de Chile requiere de sus autoridades Gobierno, Parlamento, entidades policiales, iglesias y la comunidad toda un verdadero compromiso que se traduzca en una contribución efectiva para el tratamiento de la delincuencia y la violencia en nuestro país.
La violencia, en cualquiera de sus formas de expresión, constituye una lacra social, y en la lucha por erradicarla no es lícito excusarse. Tampoco es patriótico simplemente criticar, sin atacar las causas últimas del problema y proponer soluciones efectivas.
Quiera Dios que aún no sea demasiado tarde, porque comienza a brillar una luz de esperanza.
Señor Presidente, solicito que se envíe, en mi nombre y en el de la bancada democratacristiana, un oficio al señor Ministro del Interior, para que remita a esta Cámara de Diputados las estadísticas sobre los actos de violencia y delincuencia que han ocurrido en los últimos seis meses y los casos solucionados por Carabineros e Investigaciones.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría y en el del Comité Demócrata Cristiano.
El señor CAMPOS.-
Y del Comité Radical, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente en ejercicio).-
Y del Comité Radical también.
"
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