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El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-
Corresponde seguir ocupándose, hasta su total despacho, en general, del proyecto de ley que establece normas sobre pertenencias mineras que no forman parte de yacimientos en actual explotación.
El texto del proyecto, impreso en el boletín N° 308-08, figura en el N° 16 de los documentos de la Cuenta de la sesión 13°, celebrada en 2 de julio de 1991.
El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-
Se encuentra presente en la Sala el señor Ministro de Minería, don Juan Hamilton Depassier.
Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda, don Jaime Estévez.
El señor ESTEVEZ.-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda recomienda, en votación dividida, la aprobación del proyecto en la misma forma como fue despachado por la Comisión de Minería.
El proyecto de ley sobre pertenencias mineras de propiedad de Codelco que no están en explotación actualmente, tiene como propósito posibilitar el uso productivo de lo que hoy es sólo un potencial no utilizado, y que, sin esta ley, seguiría largos años sin ser explotado rentablemente.
El proyecto no genera nuevos gastos, sino que por el contrario, la explotación de esta propiedad estatal, hoy ociosa, originará eventualmente ingresos para el erario en el futuro.
Es preciso señalar que las pertenencias registradas a nombre de la Corporación Nacional del Cobre representan una parte relevante del potencial minero del país, dado que alcanzan aproximadamente al 30 por ciento del total de pertenencias inscritas. Sin embargo, es muy difícil precisar su valor económico, por cuanto no se sabe -en la medida que no han sido exploradas ni están en explotación- si en ellas hay efectivamente mineral o no, y, de haberlo, cuál sería el costo de extracción. También se ignora si el eventual costo de exploración de estas pertenencias se compensará o no, en cada uno de los casos, con los beneficios de su explotación futura. Es decir, estamos frente a una iniciativa que incidirá en una proporción significativa, casi en un tercio de las pertenencias mineras declaradas en el país, sin que conozcamos el valor económico que está en juego.
Desde el punto de vista de Codelco, esto significa un pago por la posesión de estas pertenencias de aproximadamente 2 millones 400 mil dólares al año. De este total se cubre un tres por ciento de pertenencias que están siendo efectivamente explotadas por la Corporación del Cobre, y más o menos otro 3 o 4 por ciento, a pertenencias que han sido exploradas y cuyo valor o contenido geológico se conoce en forma aproximada. El resto de los 2 millones 400 mil dólares se destina a mantener la propiedad o el derecho de explotación sobre estas vastas extensiones de terreno, en las cuales se presume que una adecuada investigación podría revelar la existencia de material explotable.
Explorar estas pertenencias para conocer su valor económico con exactitud y colocarlas eventualmente en explotación, si resultara conveniente, requiere de una inversión cuantiosa, que hasta ahora no se ha hecho en la magnitud necesaria.
En los últimos años, el promedio de inversión de Codelco en geología y exploración es de aproximadamente 2 millones de dólares al año. Esto es lo que gasta hoy -según se nos informa- una empresa de nuestra mediana minería del cobre; mientras que una equivalente a Codelco, a nivel mundial, de acuerdo con los informes proporcionados por los especialistas que asistieron a las Comisiones de la Cámara, debería invertir entre 10 y 100 millones de dólares al año para gastos de geología y exploración.
Sin duda, esa razón explica el gran número de pertenencias de las cuales no conocemos su capacidad ni su potencial económico real.
Por lo tanto, es necesario invertir más en la prospección geológica. De hecho, ya el año pasado Codelco subió la cifra de gastos de los 2 millones de dólares promedio a que he hecho mención, aproximadamente 10 millones de dólares en investigación geológica y exploración.
Este año tiene previsto destinar 18 millones de dólares en este rubro o concepto.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-
¡Señor Sotomayor, señor Fantuzzi, señor Rodríguez, les ruego tomar asiento!
El señor ESTEVEZ.-
Gracias, señor Presidente.
Como he manifestado, se trata de un proyecto que puede afectar virtualmente al 30 por ciento de las pertenencias mineras del país. Es un tema de gran trascendencia económica y requiere la atención cuidadosa de la Honorable Cámara.
Decía que desde el punto de vista económico la inversión necesaria en exploración, tanto geológica como de exploración propiamente tal, ha subido de alrededor de 2 millones de dólares, en el pasado reciente, a 10 millones de dólares el año pasado, y a 18 millones en éste. Sin embargo, mantener este monto significativo de inversión en el subro y seguirlo incrementando es competitivo con otras necesidades del país.
La inversión total de Codelco es, en la actualidad, del orden de los 360 millones de dólares al año, la cual es claramente insuficiente para las necesidades de funcionamiento de la propia empresa. De acuerdo con los planes que Codelco ha dado a conocer si se dispusiera de otros 100 millones de dólares, sería rentable hacer esta inversión extra o adicional que requieren los yacimientos en explotación. Así, está previsto extraer recursos de otros sectores del país, cercanos a los 100 millones de dólares, para destinarlos a la productividad y eficiencia de los yacimientos de Chuquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente.
De este modo, la magnitud de la inversión necesaria para fortalecer y permitir el desarrollo eficiente y competitivo de la gran minería del cobre no permite augurar, en el corto plazo, la superación de la deficiencia de exploración e investigación de estas otras pertenencias que son una riqueza potencial y como he dicho al inicio de mi exposición, de no aprobarse esta iniciativa, continuarán congeladas, pendientes y no exploradas.
¿Cuál puede ser el impacto económico de la aprobación del proyecto de ley? Es difícil precisarlo, por cuanto posibilitará el inicio de negociaciones para asociarse con terceros y, evidentemente, ellas no se han hecho.
Como he señalado, la aplicación de este proyecto de ley no generará gastos para el Fisco, sino un flujo de ingresos eventuales, compuesto, por una parte, por la potencial atracción de nuevas inversiones en el sector minero. Esto, quizás, es lo más inmediato y el país lo podrá obtener en los próximos tres o cuatro años.
Realizados los gastos de exploración básica, que la ley ordenará que se hagan antes de proceder a la asociación para eventuales yacimientos, es posible esperar proyectos conjuntos con otras empresas o capitalistas del orden de los cinco o diez millones de dólares al año, para dar una estimación.
Un segundo flujo de inversión potencial lo constituyen las propias necesidades del desarrollo minero. Naturalmente, es imposible cuantificarlas hoy, dado que son, como lo hemos mencionado, yacimientos inexplorados. Sin embargo, lo más avanzado, el caso de El Abra, de entrar en explotación, podría requerir una inversión superior a los 300 millones de dólares. Esto indica que el proyecto podría tener éxito.
De tener éxito las gestiones de asociación con terceros para atraer nuevos capitales, las futuras inversiones podrían ser del orden de los 300, 400 o 500 millones de dólares para los próximos cuatro o cinco años.
El segundo impacto económico va a estar dado por los flujos de operación futura, una vez que los yacimientos sean puestos en explotación y tengan rentabilidad. Se materializará, en el mejor de los casos, dentro de cinco o seis años.
En este lapso, se podrá llegar a una producción de cobre fino superior a la actual, del orden de 150 mil a 200 mil toneladas métricas anuales, cifras de estimación gruesa, porque, como lo he reiterado en esta exposición, no conocemos las potencialidades exactas de los yacimientos.
En la Comisión de Hacienda se plantearon algunas indicaciones que también se formularon en la de Minería.
Respecto del artículo l°, el señor Munizaga presentó una sustitutiva, cuyo texto se repartió a los señores Diputados.
En mi opinión, establece el 27 de febrero de 1976 como fecha tope para los yacimientos que no estaban en explotación. El proyecto, en la forma que fue aprobado por mayoría, recurre a la puesta en vigencia de la ley. Esta es la diferencia sustantiva en el artículo 1° rechazado por la Comisión.
En el artículo 2° también se produjo una discrepancia, por cuanto algunos señores parlamentarios propusieron que, en vez de permitir la asociación entre el Estado y los nuevos inversionistas, simple o directamente se facilitara la enajenación de las pertenencias mineras, lo cual habla por sí mismo de la diferencia que se produjo.
Esta indicación también fue rechazada en la Comisión, que insistió, por mayoría de votos, en la propuesta del Ejecutivo y de la Comisión de Minería.
En el artículo 3° hubo indicación para facilitar la privatización de las pertenencias, en la medida de autorizar su licitación. El proyecto permite, eventualmente, el traspaso de alguna de ellas a la Empresa Nacional de Minería, de entre empresas del Estado. La disposición fue aprobada, también por mayoría de votos, en la forma en que venía.
Por último, una disposición establece que Codelco quedará con derecho a veto sobre determinadas decisiones de las sociedades que se creen, en las cuales coloque yacimientos como parte del capital. Se formuló indicación para ser suprimida. Fue rechazada y, por tanto, la Comisión de Hacienda insiste en mantener la propuesta del Ejecutivo, aprobada por la Comisión de Minería.
En síntesis, la Comisión de Hacienda, en votación dividida, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en la forma en que ha sido presentado.
He dicho.
El señor PALESTRO.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-
Perdón, señor Diputado. Está inscrito el Diputado señor Vilches. Ahora lo inscribo a usted, señor Palestro.
Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, cualquier análisis sobre la Corporación del Cobre de Chile, Codelco, equivale a analizar un segmento especialmente relevante de la actividad económica de Chile.
En un breve resumen de los antecedentes como elemento de referencia para su presentación, cabe recordar que Codelco opera los yacimientos mineros de Chuquicamata, El Teniente, El Salvador y Andina. Los dos primeros son los más grandes del mundo en su género.
Codelco ha traspasado las fronteras, convirtiéndose en una empresa transnacional, con participación en sociedades en Alemania, Francia y China, dedicadas a la elaboración de cobre.
Codelco mantiene una presencia estable en diferentes países de Europa y América del Norte y del Sur, con relación a sus ventas de cobre.
Además, Codelco lleva a cabo actividades de desarrollo tecnológico, las que aplica en sus propias operaciones e igualmente le permiten exportar tecnologías.
Con estos antecedentes queda claro que estamos en presencia de una empresa de particular relevancia para el país.
Aparte de las actividades descritas, Codelco tiene inscritas a su nombre pertenencias mineras que suman 822.687 hectáreas de superficie. Conviene recalcar que son, en su gran mayoría, ajenas a sus operaciones productivas, no generan ningún tipo de actividad y se paga anualmente por ellas, aproximadamente, mil millones de pesos por concepto de patentes mineras.
De las 822.687 hectáreas, un primer grupo de pertenencias cubre zonas adyacentes o vecinas a Chuquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente, las que serán indispensables a futuro para mantener a estas divisiones en operación. Tal es el caso de la mina MM, en Chuquicamata, y Quebrada M, en El Salvador.
Un segundo grupo está constituido por pertenencias conocidas como de protección, adyacentes a las divisiones y que son indispensables para la adecuada protección legal de las pertenencias mineras.
Un tercer grupo está formado por pertenencias que no tienen ningún valor, a las que Codelco ya debería haber renunciado o abandonado.
Un cuarto grupo lo conforman pertenencias que cubren zonas mineralizadas, que permitirían una explotación de grandes proporciones, pero que requerirían inversiones mayúsculas, varios cientos de millones de dólares. Tal es el caso de El Abra y Altamira.
Un quinto y vasto grupo de pertenencias tiene algún grado de reconocimiento, pero el tamaño conocido y su eventual escala de producción no está dentro de los rangos de explotación con que Codelco opera normalmente.
A estos tres últimos grupos de pertenencias mineras se refiere el proyecto de ley en estudio.
Por otra parte, se ha estimado indispensable situar el análisis del proyecto de ley en un contexto histórico reciente, que permita tener en consideración la realidad de hoy del sector minero del país y aventurar algunas proyecciones de la industria minera para los próximos años.
Sin duda alguna, la década del 80 ha sido para Chile la más activa de este siglo en materialización de inversión minera privada, alcanzando cifras comparables a países desarrollados de antigua tradición minera.
La base de estas inversiones fue el período comprendido entre 1978 y 1982, que ha resultado el más exitoso de la historia en exploración minera.
La mayoría de los proyectos que se han desarrollado en la segunda mitad de la década y los que aún están en desarrollo experimentaron su proceso de descubrimiento durante dicho período.
Es interesante comentar las causas que condujeron a este extraordinario éxito en materia de hallazgo de nuevos recursos minerales, con el objeto de compararlas con el escenario actual y proyectar situaciones futuras.
Hacia fines de 1980 había en Chile no menos de 35 compañías mineras internacionales, las cuales en conjunto invirtieron en exploraciones primarias y sondajes en proyecto del orden de 50 millones de dólares al año, cifra récord para Chile y, probablemente, para Latinoamérica.
Casi ninguna de estas compañías estaba en Chile antes de 1978 y los motivos que las atrajeron al país eran relativamente simples: el Gobierno chileno había dado, a partir de 1976, señales muy definidas de revertir la tendencia estatizante de su industria minera, iniciando la enajenación de prácticamente la totalidad de las pertenencias mineras inscritas a nombre de empresas estatales, excluyendo las de Codelco, además de establecer reglas del juego claras y aceptables para la inversión extranjera, mediante la dictación del decreto ley N° 600.
El alza de las patentes mineras en el período 1976-1977 también tuvo un impacto significativo en la decisión de las compañías para buscar minerales en Chile. Hasta esa fecha el monto de las patentes mineras era insignificante y permitía que personas y empresas carentes de recursos para hacer prospecciones mantuvieran indefinidamente la propiedad de extensos territorios mediante el pago de una patente anual mínima.
La mayoría de los terrenos prospectivos del norte chileno estaban cubiertos por extensos grupos de pertenencias, de 5 mil a 50 mil hectáreas, que complicaban el eventual interés de quienes buscaban negocios mineros vía hallazgo de minerales y desarrollo, puesto que se veían obligados a transar previamente con uno u otro concesionario de esos territorios.
El efecto inmediato del alza de las patentes fue la reducción de I4S superficies mensuradas, extensiones que amparaban indicios de mineralización concretos, pero que hacían demasiado onerosa la mantención del control sobre grandes territorios favorables.
De esta manera, a partir de 1978, al materializarse el abandono de un elevado porcentaje de la propiedad minera en Chile, quedaron amplios terrenos francos disponibles para la exploración primaria.
En resumen, el extraordinario desarrollo minero, que se originó por el efecto de la inversión privada en exploración del período 1978 a 1982, se puede puntualizar en las siguientes causas: clima de estabilidad política y económica interna; deterioro del clima de inversión en otros países; voluntad política del Gobierno chileno para incentivar la iniciativa privada; áreas prospectivas atractivas, con yacimientos fáciles de encontrar y desarrollar; bonanza general en los precios internacionales de los metales.
Hoy, diez años más tarde, vivimos un período de considerable actividad en materia de puesta en marcha de proyectos mineros, pero no hay que perder de vista que se trata, principalmente, de los yacimientos descubiertos en el período señalado con anterioridad.
Para mantener un crecimiento razonable en este rubro, la tasa de descubrimiento también debiera mantener cierta continuidad.
En lo que respecta a la exploración de recursos nuevos, la situación actual muestra un severo desmedro con relación a lo que ocurría hace una década: de las 35 compañías que exploraban en el país, quedan unas 15, incluyendo algunas de escasa relevancia internacional en este nuevo Chile.
Asimismo, su nivel de actividad es muy inferior al de antaño. Es probable que en 1990 la sumatoria de los recursos invertidos en exploración minera no haya superado los 10 millones de dólares.
De las empresas que aún quedan, algunas están en franca retirada, y otras mantienen sólo una presencia y se autodefinen como "cazadoras de oportunidades", más que verdaderas compañías exploradoras.
Se puede afirmar que durante los últimos cuatro años no se han descubierto yacimientos nuevos significativos en el país. Todo ello, sin que hubiera mediado cambio alguno en la actitud del Gobierno chileno con relación a la inversión extranjera.
Las causas de este estancamiento son algo más complejas que las que produjeron el desarrollo del período 1978-1982 y están radicadas más bien en la actitud de sus propias compañías y en la situación de sus respectivos países que en causas atribuibles a Chile o a su Gobierno.
En primer lugar, un factor inhibitorio importante para la inversión en exploración, es el hecho de que la mayoría de las compañías que hace una década destinaron fondos y esfuerzos para buscar minerales en Chile a esta fecha ya tienen un proyecto en desarrollo o una mina en operación, con lo cual sus prioridades se desplazaron a otras fases del negocio minero.
Algunas de estas exitosas compañías argumentan que no es conveniente aumentar exageradamente su grado de exposición en un solo país, mientras otras están demasiado ocupadas resolviendo sus problemas contingentes como empresas productoras para pensar por el momento en nuevos yacimientos.
Desde luego, esta política no es discriminatoria hacia Chile y generalmente tienden a adoptarla en todos sus países huéspedes e incluso a veces en sus países de origen.
En cuanto a incentivar la inversión en exploración, conviene recordar que los gobiernos de algunos países desarrollados conceden franquicias tributarias a las compañías productoras, permitiendo contabilizar inversiones en exploración, como costos de operación, situación a la cual en nuestro país no se le ha dado mayor trascendencia.
Otro factor por considerar es la inestabilidad del precio de los metales preciosos, especialmente en los últimos tres años. Aunque el precio del cobre se ha mantenido sobre el dólar por libra desde 1988, con un paréntesis desde hace unos pocos días, el mercado accionario se ha mostrado más bien cauteloso en relación con el precio futuro de este metal.
Hace 10 años, Chile y Brasil eran prácticamente las únicas alternativas latinoamericanas. Hoy existe clara voluntad política de la mayoría de los países del continente para seguir parcial o totalmente el ejemplo chileno. Como consecuencia de esto, vemos cómo compañías que tuvieron éxito en Chile, destinan significativos recursos a presupuestos de exploración en Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Ecuador, Venezuela, Panamá y México.
La apertura y reapertura político-económica de estos países ha ido desviando capitales de exploración a sus propios territorios, ofreciendo tratos similares al decreto ley N° 600 chileno, pero en regiones menos exploradas y ambientes menos competitivos que el de Chile.
Es necesario mencionar otras causas internas que contribuyen a la reducción de la actividad exploratoria.
La vigencia del nuevo Código Minero de 1985 ha eliminado parte considerable de los vicios del Código antiguo; pero el trámite de constitución de propiedad minera sigue siendo engorroso.
Los resquicios del Código actual permiten a personas que han hecho de esto una profesión constituir concesiones de exploración sobre concesiones ajenas debidamente inscritas, aun argumentando fallas generalmente inexistentes en su proceso de constitución, con el único objeto de obtener una utilidad fácil a costa del concesionario legítimo. Esto desgasta a los afectados y los desanima para arriesgar capitales en nuevas exploraciones.
En relación con la inversión minera, el futuro que se puede proyectar para Chile es optimista y basado en sólidos fundamentos.
En el contexto actual y futuro de la minería, el proyecto de ley presentado a la Honorable Cámara de Diputados, puede tener desde ninguna relevancia hasta una importancia moderada.
En los períodos de bonanza, el eventual aporte de la Corporación del Cobre a la inversión internacional puede ser irrelevante, puesto que la presión por colocar capitales de riesgo es independiente de la política de Codelco en relación con sus propias pertenencias. Eso es lo que ocurrió en el período 7882, cuando las compañías invertían cuantiosas sumas de dinero en exploraciones, ignorando simplemente a la Corporación del Cobre o considerándola un competidor más. En cambio, en los períodos bajos de los ciclos, como en la actualidad, la conducta de las compañías internacionales está caracterizada por la cautela, con tendencia a compartir riesgos y a manejar políticas conservadoras en los mercados financieros.
En este escenario, para el futuro inmediato y mediano, el proyecto de ley relacionado con las pertenencias mineras de Codelco puede ser importante para atraer inversiones nuevas, siempre y cuando las disposiciones del proyecto permitan a Codelco administrar en forma efectiva, ágil, flexible y eficiente las pertenencias mineras de su propiedad.
¿Qué significa administrar pertenencias mineras adecuadas? o ¿Qué hacen las empresas con las pertenencias que manifiestan?
Todas las empresas mineras manifiestan pertenencias con el propósito de encontrar un yacimiento factible de ser explotado; pero para llegar a la etapa de explotación se requiere destinar cuantiosos recursos con un alto riesgo en exploración y estudios de esas pertenencias, para sólo entonces definir las inversiones que se requerirán para desarrollarlas y explotarlas.
Por ello, las empresas definen cuáles alternativas les son más atractivas y rentables: actuar solas, asociarse con terceros, establecer opciones, vender sus derechos o, definitivamente, abandonar sus pertenencias con un proceso que hoy día Codelco-Chile no puede llevar a cabo.
Codelco tiene sólo dos alternativas: operar sola o mantener sus pertenencias inactivas e improductivas, indefinidamente. Curiosamente, se produce aquí la situación de que uno de los elementos más significativos para el impactante desarrollo económico que ha experimentado el país -la no discriminación- no es válido para la principal empresa de Chile.
En efecto, se está discriminando con Codelco al inhibirla para hacer uso de facultades que son comunes a todas las demás empresas mineras del país. El proyecto de ley en análisis apunta a revertir esta situación al proponer que Codelco pueda disponer de las pertenencias de su dominio. Desafortunadamente, el proyecto no es específico en relación con todas aquellas atribuciones que son comunes a las empresas mineras respecto de sus pertenencias, sino que sólo está orientado a autorizar a Codelco, en primer lugar, para asociarse con terceros, situación que hoy tendría algún atractivo para estos eventuales terceros en los casos de proyectos de gran envergadura y con un avanzado grado de reconocimiento geológico; y en segundo término, para transferir pertenencias en favor de la Empresa Nacional de Minería, Enami, sin especificar el fin.
El articulado del proyecto de ley no sólo debe facultar a Codelco para asociarse con terceros, sino también para abandonar o renunciar a aquellas pertenencias cuyo estudio geológico no confirmó el interés que tenían cuando fueron manifestadas, o utilizando los mismos términos empleados en el mensaje del Ejecutivo...
El señor PALESTRO.-
¡Lea todo el proyecto, pues hombre!
El señor VILCHES.-
Le solicitaría al Diputado Palestro que escuchara con atención para que aprendiera algo sobre materias mineras.
El señor PALESTRO.-
¡No tengo por qué aprender de usted, que es un porro! ¡Yo aprendo de los profesores!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente en ejercicios).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor VILCHES
... a desprenderse de aquellas pertenencias que, por su magnitud, no son de interés para que Codelco-Chile las explote. Lo que sí importa en el caso del proyecto de ley en estudio radica en que en un problema que parecía resuelto sobre la base de una clara visión empresarial por parte de Codelco y de una decisión política del Gobierno con el empleo del término “disponer”, la situación se mantiene poco clara, ya que en los siguientes artículos del proyecto las posibilidades de enajenación quedan muy limitadas.
Parece de toda lógica que Codelco-Chile cuente, por lo menos, con las mismas facultades y atribuciones de otras empresas mineras que operan en el país. Debe ser responsabilidad de sus directivos y ejecutivos emplear la autoridad y atribuciones que se les otorgue, con el debido criterio y ponderación en beneficio y resguardo de los intereses de Codelco y del país.
El proyecto de ley, además de las disposiciones orientadas a permitir que Codelco pueda disponer de sus pertenencias mineras, propone también las formas de cómo proceder para tal efecto.
En primer lugar, se propone que sea la Comisión Chilena del Cobre quien autorice a Codelco para disponer de las pertenencias que no se encuentran en explotación, en cada oportunidad que la Corporación estime del caso disponer de alguna de sus pertenencias.
Si efectivamente se obliga a Codelco a requerir tal autorización en cada oportunidad en que decida llevar adelante una asociación con terceros, o a disponer de alguna de sus pertenencias, ello significaría imponerle una traba burocrática adicional, que podría serle contraproducente y atentaría contra esa flexibilidad que busca dar a la Corporación.
El problema puede ser obviado si se considera que el proyecto de ley afecta exclusivamente aquellas pertenencias de su dominio, que no se encuentran en explotación, es decir, a todas las pertenencias mineras que no forman parte de Chuquicamata, de El Salvador, Andina o El Teniente, con lo que es perfectamente atendible plantear que la Comisión Chilena del Cobre defina, en un plazo determinado, de qué pertenencias mineras de Codelco no se puede disponer para efectos de esta ley, dándole así efectivamente a la Corporación la agilidad y flexibilidad que se busca.
Por lo demás, ello significaría simplificar enormemente la tarea de Cochilco, ya que esas pertenencias de las que Codelco no debe ni puede disponer están perfectamente definidas. Seguidamente, en lo que dice relación con la asociación con terceros o la transferencia de pertenencias a Enami es válido plantear que un socio no se busca mediante avisos en la empresa o en licitaciones públicas, sino que se elige. Sin embargo, parecería de mínima prudencia dejar establecido que Codelco podrá elegir su socio de entre empresas nacionales o extranjeras de reconocido prestigio en el campo de la minería, previamente calificadas.
En cuanto a las transferencias a Enami, la situación varía radicalmente. Llama la atención lo establecido en el mensaje, al referirse a aquella propiedad minera "que por su magnitud no es de interés para que Codelco-Chile las explote", al indicar que "ella se presta para el desarrollo de proyectos de pequeña y mediana minería que se encuentran claramente dentro del ámbito de actividades que ha sido tradicionalmente acordado por la Empresa Nacional de Minería (Enami), en beneficio de pequeños y medianos mineros.
La realidad es que los proyectos de pequeña y mediana minería han sido y son abordados por los pequeños y medianos mineros y no por Enami, empresa que sólo cumple funciones de fomento y apoyo al desarrollo de esos proyectos.
Por otra parte, el mismo mensaje del Ejecutivo establece: "las labores de exploración minera necesarias para evaluar estas pertenencias requieren elevadas inversiones cuya rentabilidad es, por esencia, incierta. No es razonable que este capital de riesgo sea restado a los excedentes que Codelco-Chile aporta al Estado en desmedro de otras inversiones indispensables para responder a necesidades impostergables en materia de salud, educación, vivienda y otras de naturaleza similar".
¿Para qué, entonces, esta transferencia a Enami? El proyecto no lo especifica.
¿Podrá Enami mantener indefinidamente tales pertenencias? De ocurrir así, ¿será Enami la que reste recursos estatales necesarios para esas inversiones indispensables e impostergables?
A buen entendedor, la transferencia de Enami no puede tener otro fin que vender, enajenar, otorgar opciones, etcétera, y el proyecto debiera decirlo con más claridad.
En tal caso, puede ser perfectamente la propia Corporación del Cobre la encargada de llevarlo a cabo a través de licitaciones o encomendarlo a Enami sin necesidad de transferir las pertenencias.
De mantenerse en la posición de transferir tales pertenencias a Enami, debieran establecerse plazos perentorios para que dicho organismo las enajene mediante licitación pública.
Por último, en el proyecto de ley se propone un procedimiento para que las decisiones que se tomen por parte de Codelco sobre estas materias sean establecidas por acuerdos fundados del Directorio de Codelco, con quorum calificado, adoptados con el voto favorable de cinco de siete directores, más la aprobación del Presidente de la República mediante decreto supremo. Los acuerdos del Directorio y los correspondientes decretos supremos deben adoptarse y promulgarse en forma previa a las negociaciones para asociaciones o a las licitaciones que se efectúen. Esos acuerdos y decretos deben contener las pautas de asociación y las condiciones de licitación respectivas.
Lo contrario llevaría a que, en los casos de asociaciones para proyectos de gran envergadura, los negociadores en representación de Codelco, una vez pactada una asociación, después de meses de negociaciones, deban mantenerla en suspenso hasta que el Directorio de Codelco y el Presidente de la República la ratifiquen o la rechacen definitivamente.
Los representantes de Codelco en esas negociaciones no serían interlocutores válidos para la otra parte, con el consiguiente perjuicio para aquella.
En la medida en que el proyecto en comento signifique, simultáneamente, un adecuado resguardo para los intereses del Estado y un verdadero incentivo para que el sector minero privado se interese en aceptar este desafío, se evidenciará la gran diferencia entre mantener 822.687 hectáreas de territorio minero inactivo y la alternativa de que ese vasto territorio se convierta en "las zonas que mantengan esa necesaria continuidad en la tasa de descubrimientos que permitan un razonable crecimiento del sector minero".
He dicho.
El señor PALESTRO.-
¡Regálenselas al “Tío Sam”!
El señor GALILEA.-
A usted no lo reciben regalado ni en Bolivia.
El señor PALESTRO.-
¡Ustedes quieren vender las riquezas de Chile!
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-
¡Diputados, señores Palestro y Galilea!
El señor PALESTRO.-
¡Yanaconas!
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-
¡Diputado Palestro, por favor!
Tiene la palabra el Diputado señor Olivares.
El señor OLIVARES.-
No he solicitado la palabra.
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-
Estaba inscrito desde ayer, Diputado Olivares. Como corresponde, la Mesa ha conservado la nómina de inscritos de la sesión de ayer.
El señor OLIVARES.-
Señor Presidente, en verdad estoy gratamente impresionado de ver tanta responsabilidad de su parte.
Como usted dijo, yo estaba inscrito para la sesión de ayer.
En todo caso, quiero empezar esta intervención, en relación con el proyecto en análisis, aclarando algunos conceptos y, especialmente, ciertas referencias aparecidas en la prensa, inclusive declaraciones de algunos colegas parlamentarios que hablan de la demagogia de otros colegas, cuando hemos hecho mención a las leyes reservadas de las Fuerzas Armadas.
Sostengo, en esta oportunidad, que, si no existieran tales leyes reservadas, Codelco no habría necesitado enviar este proyecto.
Digo también, responsablemente, que respeto los compromisos contraídos entre todos los partidos políticos -no sólo los de la Concertación- y aquellos que haya asumido el actual Gobierno, pero, como parlamentario, de ninguna manera me siento involucrado en ellos y, por lo tanto, no se me puede impedir expresar mi opinión sobre la materia.
¡No creo que 2.439 millones de dólares para las Fuerzas Armadas, solamente desde 1976 hasta septiembre de 1990 -como consecuencia del 10 por ciento de las ventas del cobre que se establece en una ley- permitan dejar indiferente a cualquier chileno, mucho menos a un parlamentario! Hago esta afirmación como chileno, como parlamentario y por ser también fundador de la Confederación de Trabajadores del Cobre, en cuya declaración de principios se estableció el 23 de marzo de 1951, como una de sus tareas fundamentales el rescate de nuestra principal riqueza básica para ponerla a disposición de Chile, de todos los chilenos y no de un sector de ellos. Afortunadamente, dicha tarea se cumplió, primero, mediante la chilenización del cobre, llevada a efecto por el Presidente Frei durante los años 60 y, después, con la ley N° 17.450, sobre nacionalización, del 16 de julio de 1971, en la cual se consignan compromisos y responsabilidades que no se cumplieron. Por ejemplo, en 1976 se creó la Corporación Nacional del Cobre y en el Título I de la ley se señala "Creación y objeto". Su artículo 3° dispone: "El objeto principal de la Corporación Nacional del Cobre de Chile será ejercer los derechos que adquirió el Estado en las Empresas de la Gran Minería del Cobre y en la Compañía Minera Andina, con ocasión de la nacionalización ordenada en la disposición decimoséptima transitoria de la Constitución Política del Estado, para lo cual le corresponderá en especial:
"b) Realizar exploraciones geológicas u otras tendientes a descubrir y reconocer yacimientos de minerales no ferrosos dentro del territorio nacional, constituir y adquirir, a cualquier título, concesiones mineras y demás derechos mineros y explotar otros yacimientos mineros;
"g) En general, realizar, en el país o en el extranjero, toda clase de actividades civiles, comerciales o de cualquiera otra naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con la explotación, producción, manufactura, elaboración y comercialización del cobre y otros metales o minerales, productos, subproductos y sustancias mencionadas en las letras precedentes o que sean necesaria o convenientes para la empresa", y desde luego, lo que es conveniente para la empresa también lo es para el país.
Por lo tanto, no puedo silenciar esto, señor Presidente.
El esfuerzo realizado se plasmó, posteriormente, en un proyecto de ley -aprobado en forma unánime por el Congreso Nacional- que tuvo el gran mérito de expresar la voluntad de todos los chilenos, de todos los sectores políticos de nuestra patria, porque –repito- la nacionalización y la reforma de la Constitución fueron producto de un acuerdo unánime.
¿Qué ha ocurrido desde esa fecha hasta ahora? Cuando decimos que "hay que sembrar el cobre" nos referimos a que debe haber inversiones con el producto que de él se obtiene, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores del cobre, tan vilipendiados y tan calumniados en estos últimos días. Como nada se ha hecho, esas inversiones no las vemos por ninguna parte. ¿Cuáles son las industrias que se han construido en este país, especialmente en las zonas donde están ubicados los cuatro yacimientos de la Gran Minería? ¡Cero!
Por ello, ¿tenemos qué silenciamos cuando hay una inversión mediante estas leyes secretas? Creo que no. Y al llamar a la reflexión, durante la discusión de este proyecto en la Comisión de Minería pedí que todos meditáramos ante esta situación y dije que, no obstante los compromisos del Gobierno o de otros sectores -no he dicho que se quite a las Fuerzas Armadas de un solo golpe el 10 por ciento que se les destina mediante leyes reservadas- era bueno, debido a esta dolorosa experiencia de no haber invertido nada en industrialización, entrar a conversar, respetuosamente, para llegar a un acuerdo que permita conocer siquiera una fecha de término, sea cual fuere, de esa disposición, respetando los compromisos que las Fuerzas Armadas puedan haber asumido en función de dichos ingresos. Pero no es bueno cerrar los ojos ni esconder la cabeza, como el avestruz, y dejar este asunto indefinidamente.
En la actualidad tenemos graves problemas en salud, en vivienda, en educación y en industrialización. Hay problemas graves en la zona norte y también en El Teniente, donde el nivel Sub 6 ha sido cerrado, justamente por problemas técnicos. En suma, falta el dinero. Podrían decirme:
"Para esas dificultades son los recursos que está pidiendo Codelco ahora"; pero hay que dejar constancia de todos los recursos que se malbarataron anteriormente y que habrían servido para iniciar las obras a que he hecho referencia.
No es conveniente encontramos aquí prácticamente a un paso de que se repita en nuestra patria la dolorosa experiencia del salitre. Se agotaron sus reservas, perdió fuerza en el mercado porque no se mantuvo el interés inicial y ahora nos lamentamos viendo sólo las oficinas y las instalaciones abandonadas en la pampa salitrera.
¿Eso es lo que queremos que ocurra también con el cobre en nuestro país? En el pasado un parlamentario expresaba: "Los norteamericanos vienen al país y después de algunos años de explotación de nuestra riqueza se van, dejando los hoyos en la montaña y las cavernas en los pulmones de los trabajadores". Esa es la realidad. No estoy haciendo demagogia e invito a quienes duden a que realicen una visita a los yacimientos mineros para que adviertan, por ejemplo, cuántos minutos pueden permanecer sólo como observadores en algunas de las fundiciones de la Gran Minería del Cobre, en las moliendas, en el interior de la mina o en una a tajo abierto, como el caso de Chuquicamata.
Eso es conveniente antes de empezar a calumniar y a denigrar a los trabajadores del cobre, como ha ocurrido en los últimos días por el solo hecho de formular una petición.
Creemos que Chile entero está en deuda con los trabajadores del cobre, porque fueron ellos los que abrieron los cauces y llamaron la atención de todos los partidos políticos para iniciar la discusión de un proyecto de nacionalización del cobre. Entonces, merecen respeto. Y en esta oportunidad, en que se discute este proyecto de Codelco, que otorga autorización y financiamiento, es conveniente decir estas cosas.
Al respecto, anuncio que me abstendré en la votación, por cuanto, efectuadas las consultas con los asesores jurídicos correspondientes, he concluido que el proyecto en examen es inconstitucional. Dejo constancia de mi opinión para la historia de la ley.
He dicho.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor URRUTIA.-
¿Por qué no amonesta al Diputado Palestro, señor Presidente?
El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-
Hemos llamado la atención, señor Diputado.
El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, en vista de la situación suscitada en la sesión de la mañana, solicita a la Cámara sesionar paralelamente con la Sala, puesto que había citado a reunión.
Si le parece a la Sala, se aprobará la autorización.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-
Señores Diputados, lamentablemente, los miembros de la referida Comisión no presupuestaron que la sesión de la mañana pudiera fracasar. Recabo nuevamente el asentimiento de la Sala porque hay materias de importancia que deben despachar y hay invitados a la sesión de esta tarde.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-
No hay acuerdo.
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