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- rdf:value = " El señor SABAG.-
Señor Presidente, quiero continuar mi exposición de los fundamentos de mi voto en la acusación deducida en contra del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Germán Correa Díaz, que no pude terminar por haberse acabado mi tiempo.
Se dice que es necesario restablecer el Derecho y la legalidad, para lo cual se requiere dotar a la autoridad pertinente de las facultades restrictivas correspondientes. Así lo ha entendido el Gobierno, y por eso ha remitido a esta Cámara un proyecto de ley que reemplaza completamente el Título VII de la ley N° 18.168, de 1982, que se refiere a las infracciones y sanciones a la Ley General de Telecomunicaciones. En él se concede acción pública para denunciar los delitos que definidamente establecen; asimismo, se faculta al Ministro para aplicar multas, confiscar los equipos e instalaciones y aplicar penas de presidio menor en cualquiera de sus grados a quienes cometan determinados delitos o faltas.
En el presente y sin lugar a dudas, la radiodifusión constituye el más masivo de todos los medios de comunicación social. En nuestro país, prácticamente no existe hogar que no cuente con un aparato de radio, lo que se ve facilitado por los niveles de desarrollo del país y por el creciente acceso a los beneficios del mismo que van adquiriendo los diferentes sectores sociales.
Junto con ello, el número de radioemisoras ha aumentado considerablemente, alcanzando niveles mundiales de ciudades con las más altas tasas de radiodifusores por habitante.
El impresionante desarrollo tecnológico ha tenido también como resultado el reciente surgimiento de un verdadero fenómeno social: el de radioemisoras de muy baja potencia, al alcance de cualquiera y cuya instalación es sumamente simple.
Al surgir y proliferar esta pequeñas radioemisoras que operan sin autorización, la autoridad tiene la obligación de sancionarlas lo que ha venido a demostrar lo inadecuado de la normativa existente, concebida para un sujeto jurídico de infracción, diferente del nacido con la aparición de estas radios ilegales.
El problema de detectarlas, de averiguar el lugar preciso desde dónde transmiten y de identificar a sus responsables, presenta significativas dificultades técnicas y prácticas.
En efecto, el Gobierno está implementando un complejo sistema para detectar estas radioemisoras ilegales, gracias a la donación efectuada por el gobierno japonés de un equipo de radiogoniometría. Sin embargo, al Ministerio le faltan los recursos para poner en marcha este moderno sistema, pues necesita dotar un vehículo especial que complete el sistema triangular absolutamente necesario para su operación. Los recursos que se necesitan ascienden a 2 millones 50 mil dólares.
Para enfrentar esta nueva realidad, el Gobierno prepara diversas iniciativas legislativas de telecomunicaciones, en proyectos que irán llegando a esta Cámara, después de ser analizados y estudiados por todos los sectores interesados.
Por lo tanto, tenemos muy claro que el señor Ministro no ha infringido la Constitución y las leyes y mucho menos las ha dejado sin ejecución. Por esa misma razón, la mayoría de la Cámara rechazó la acusación constitucional.
He dicho.
"
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