REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS 322ª LEGISLATURA (ORDINARIA) Sesión 4ª, en martes 4 de junio de 1991. (Ordinaria, de 16:00 a 19:56 horas) Presidencia de los señores Dupré Silva, don Carlos, y Coloma Correa, don Juan Antonio. Secretario accidental, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE GENERAL DE LA SESION I.SUMARIO DEL DEBATE II. ASISTENCIA III.TEXTO DEL DEBATE IV.SUMARIO DE DOCUMENTOS V.DOCUMENTOS DE LA CUENTA I. SUMARIO DEL DEBATE. 1. Acuerdos de los Comités parlamentarios.337 2. Acuerdo para rendir homenaje en memoria del ex alcalde de Talcahuano.337 3. Homenaje en memoria del ex vicepresidente de la Cámara de Diputados, ex Senador de la República y ex Embajador, don Sergio Sepúlveda Garcés.338 4. Alcances a alusiones personales. Aplicación del artículo 33 del Reglamento.340 ORDEN DEL DIA. 5. Modificación del DFL N° 1 (G), de 1968, en lo relativo a las especialidades a que pueden optar los empleados civiles de las fuerzas armadas. Segundo trámite constitucional.342 6. Establecimiento de sistemas de microcopia o micrograbación de documentos. Primer trámite constitucional.345 7. Modificación de la ley N° 18.838, que creó el Consejo Nacional de Televisión. Primer trámite constitucional.346 PROYECTOS DE ACUERDO. 8. Prórroga de pagos de patentes municipales a comerciantes de ferias libres. Oficio.371 9. Sustitución de decreto supremo N° 1.086, de 1983. Segunda discusión.373 10. Daños por inundaciones en obras camineras de la provincia de Nuble, Octava Región. Oficio.377 11. Situación de emergencia por inundaciones en provincia de Talcahuano, Octava Región.378 12. Terminación de defensas fluviales del Río Maule, Séptima Región. Oficio.379 13. Alcances a críticas formuladas a política de vivienda del Gobierno.379 14. Necesidades de la Isla de Huar, Décima Región. Oficios.382 15. Investigación sobre inundaciones en zona de Talcahuano. Oficio.383 16. Restitución de reajuste a pensionados.383 17. Declaración de zona de catástrofe para las comunas de la Novena Región. Oficio.384 18. Supresión de raciones alimenticias a escolares por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Oficio.385 19. Expresión de apoyo a institución deportiva. Oficio.386 20. Paralización de proyecto forestal en provincia de Valdivia. Oficios.386 21. Alcances sobre eventual apertura de extracción del recurso loco en la Décima Región.387 22. Petición de informaciones sobre inversión real en sector salud. Oficio.388 23 Reparación de la bocatoma del Canal Maulé Norte-Alto, destruida por recientes temporales. Oficio.389 Otros Documentos de la Cuenta. Se dio cuenta, además, de los siguientes documentos: Comunicaciones de los Diputados señores Camilo Escalona, Guillermo Yunge y Armando Arancibia, mediante las cuales solicitan permiso constitucional para ausentarse del país por un lapso superior a 30 días. Oficios del señor Contralor General de las República, por los que responde: Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Sergio Jara, a fin de hacer efectiva la responsabilidad por los problemas presentados en la construcción del gimnasio del Liceo de Hombres de San Felipe. Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Gutenberg Martínez, en relación con un anteproyecto de ley referido a materias de informática. A los que se le dirigieran en nombre de la Corporación, relativos al Informe emitido por la Comisión Especial Investigadora del Giro de Sumas de Dinero por el Ejército. Oficios del señor Ministro del Interior, mediante los cuales responde: Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Juan Alberto Pérez, acerca de evaluación de trabajos de verano. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Juan Masferrer, relativo al otorgamiento de becas Presidente de la República. A los que se le remitieran en nombre del Diputado señor Andrés Palma, respecto a proyectos de pavimentación y de remodelación en la comuna de San Joaquín. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Pedro Guzmán, relativo a áreas de educación y salud municipal de la comuna de San Ignacio. Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Jaime Naranjo, acerca de número de pensiones asistenciales otorgadas. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, relativo a aporte para la Asociación Folklórica de Chile. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Ramón Pérez, sobre aumento de la delincuencia en Iquique. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor José Antonio Galilea, a fin de construir una posta rural en Lautaro. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Jaime Naranjo, relativo a presupuestos municipales y proyectos en la provincia de Linares. Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Jaime Orpis, acerca de ex funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Teodoro Ribera, sobre habilitación de juntas inscriptoras. Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Carlos Valcarce, referido a las medidas adoptadas para la prevención del cólera. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Ramón Elizalde, relativo a contratos de abastecimiento de agua. Al que se les remitiera en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, sobre la posibilidad de recuperar un grupo electrógeno. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Baldo Prokurica, referido al decreto supremo N° 955, de 1990. Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Ramón Pérez, sobre la posibilidad de crear un segundo juzgado de policía local en Iquique. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Francisco Huenchumilla, acerca de la situación de terrenos "Campamento Tromen", comuna de Térmico. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Jorge Ulloa, relativo a diversas materias de la comuna de Viña del Mar. Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Francisco Huenchumilla, acerca de problemas de alumbrado público en Padre Las Casas. Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Antonio Horvath, relativo a contratos a honorarios en la Intendencia de la Undécima Región. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Jorge Ulloa, acerca de personal contratado a honorarios en la municipalidad de Talcahuano. Al que se le remitiera en nombre del señor Diputado don Pablo Longueira, referido a recursos otorgados a las organizaciones no gubernamentales. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Juan Alberto Pérez, relativo a evaluación y resultado de trabajos de verano. Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Pedro Guzmán, acerca de las áreas de salud y educación municipal en la comuna de Pinto. Oficios del señor Ministro de Hacienda, mediante los cuales responde: A los que se le enviaran en nombre del Diputado señor Ramón Pérez, sobre la posibilidad de reinstalación de oficinas del Servicio de Tesorerías. Al que se le remitiera nombre del Diputado señor Armando Arancibia, relativo a la posibilidad de elevar el rango de la oficina de Impuestos Internos de Vallenar. A los que se le dirigiera en nombre de los Diputados señores Armando Arancibia y Jaime Naranjo, acerca de la posibilidad de reabrir oficinas del Servicio de Tesorerías. A los que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Carlos Montes, solicitando información sobre créditos ex-ANAP licitados. Oficio del señor Ministro de Bienes Nacionales, por el que responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor José García, sobre planes para otorgar títulos de dominio en Temuco. Oficio del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual responde al que se le hiciera llegar en nombre de la Diputada señora María Angélica Cristi, referido a fichas de estratificación social. Oficios del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por los que responde: Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, relativo al incremento de las inversiones de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Carlos Recondo, sobre sistema de pesaje de carga en la Décima Región. Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Ramón Elizalde, sobre la línea 3 del Metro. Al que se le enviara en nombre de los Diputados señores Jaime Campos y Eugenio Ortega, acerca de itinerarios de buscarriles. Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Ramón Pérez, sobre instalación de teléfono público en Iquique. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Gustavo Alessandri, relativo a la instalación de un teléfono público en La Florida. Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Ramón Pérez, respecto de información de líneas telefónicas en Iquique. Oficio del señor Ministro de Agricultura, mediante el cual responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor Dionisio Faulbaum, solicitando información sobre créditos para pequeños agricultores. Oficios del señor Ministro de Planificación y Cooperación, por los que responde: Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Alfonso Rodríguez acerca de proyectos de electrificación Rural en la Séptima Región. Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, sobre proyectos de electrificación Rural en la Décima Región. A los que se le dirigieran en nombre del Diputado señor Francisco Huenchumilla, acerca de proyectos de riego en la Región de la Araucanía. Oficio del señor Ministro de la Comisión Nacional de Energía, mediante el cual responde al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Juan Alberto Pérez, sobre suministro eléctrico en Chiloé. Oficios del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, por los que responde: Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Juan Alberto Pérez, relativo a normas complementarias al DFL N° 1, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos. Al que se le remitiera en nombre de la Corporación, relativo a la suspensión temporal de alzas en las tarifas de agua potable y alcantarillado. Oficios del señor Ministro de Obras Públicas, mediante los cuales responde: A los que se le hicieran llegar en nombre del Diputado señor Ramón Pérez, relativo a restaurar parroquias de Pica y Matilla y terminación del estadio de Iquique. A los que se le enviaran en nombre del Diputado señor José García, sobre obras sanitarias en la Novena Región. Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, relativo a la mantención del camino Pelluco-La Arena. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Juan Alberto Pérez, sobre programas de mantenimiento y construcción de caminos. Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Carlos Montes, relativo a información de EMOS S.A. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor José García, sobre cobros indebidos por concepto de alcantarillado en la Novena Región. Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Sergio Jara, relativo a un proyecto de agua potable para la localidad de Rinconada de Guzmanes. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Manuel Antonio Matta, acerca de los ríos que carecen de organizaciones de usuarios. Oficios del señor Ministro de Obras Públicas mediante el cual informa que ha dado traslado, al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, de peticiones formuladas a ese Ministerio. Oficio del señor Ministro de Obras Públicas, mediante el cual remite Memoria Anual del Subdepartamento de Peaje, correspondiente a la gestión realizada durante el año 1990. Oficio del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, por el que responde al que le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Carlos Cantero, respecto del problema de la denominada Finca San Juan. Oficios del señor Ministro Secretario General de Gobierno, mediante los cuales responde: Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Felipe Valenzuela, relativo a la designación de directores de empresas públicas. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Pablo Longueira, acerca del monto de recursos fiscales otorgados a las organizaciones no gubernamentales. Oficios del señor Ministro de Salud, por los cuales responde: Al que se le hiciera llegar en nombre de los Diputados señores Juan Carlos La torre y Sergio Velasco, relativo a la atención de habitantes de la comuna de Navidad de San Antonio. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Hugo Alamos, sobre consultorio rural en la comuna de Ñiquén. Oficios del Ministerio de Educación, por los que responde: Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Raúl Urrutia, sobre reajuste de subvención y remuneraciones de la Corporación para el Desarrollo Social de Viña del Mar. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Jaime Naranjo, sobre programas y beneficios gratuitos para la comuna de Linares. Oficio del Ministerio de Educación relativo al financiamiento de proyectos de investigación en astronomía. Oficios del señor Ministro de Agricultura, mediante los cuales responde: Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Alfonso Rodríguez, relativo a condonación de deudas por la sequía. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor José Antonio Galilea, acerca de utilización de recursos nacionales. Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Manuel Antonio Matta, sobre prohibiciones impuestas a empresas en la comuna de Chanco. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, relativo a facilidades a pequeños agricultores y comités forestales. Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor José Antonio Galilea, relativo a un banco ganadero en Lonquimay. Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que responde al que se le enviara en nombre de los Diputados señores Gutenberg Martínez, Jaime Campos, Baldemar Carrasco, Claudio Huepe, Andrés Palma, José Peña, Jorge Pizarro, Jorge Schaulsohn y Guillermo Yunge, al que adhirieron los Comités parlamentarios de los Partidos Demócrata Cristiano, Por la Democracia, Socialista, Humanista, Radical y Unión Demócrata Independiente, acerca de la licitación efectuada por el Servicio de Registro Civil e Identificación para cambiar su sistema computacional. Oficios del Ministerio de Defensa Nacional, por los que responde: A los que se le remitiera en nombre del Diputado señor José Antonio Galilea, acerca del fallecimiento del ex SLC, don Juan Carlos Concha. Al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Jaime Naranjo, a fin de elevar de categoría al Retén de Carabineros "Yerbas Buenas". Oficios del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante los cuales responde: Al que se le hiciera llegar en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, sobre viviendas progresivas en la ciudad de Puerto Montt. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Edmundo Villouta, relativo a proyecto vial en la comuna de Angol. Al que se le remitiera en nombre del Diputado señor Mario Devaud, acerca de implementar un programa de viviendas progresivas en la comuna de Río Bueno. Comunicación del señor Presidente de la Cámara de Diputados del Perú, mediante la cual acusa recibo y agradece las expresiones de solidaridad de la Corporación y del pueblo chileno como consecuencia de la epidemia de cólera que afecta a ese país. Comunicación del señor Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes del Uruguay, mediante la cual informa que el señor Presidente de esa Corporación y actual Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, será candidato a la Presidencia del mismo. Oficio Reservado del señor General Director de Carabineros, por el que se refiere a una publicación de la Revista "HOY". II. ASISTENCIA. Asistieron los siguientes señores Diputados: --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alessandri Balmaceda, Gustavo --Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro --Araya, Nicanor de la Cruz --Aylwin Azocar, Andrés --Bartolucci Johnston, Francisco --Bayo Veloso, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Bosselin Correa, Hernán --Caminondo Sáez, Carlos --Campos Quiroga, Jaime --Cantero Ojeda, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Alfaro, Gustavo --Carrasco Muñoz, Baldemar --Cerda García, Eduardo --Coloma Correa, Juan Antonio --Concha Urbina, Juan --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Devaud Ojeda, Mario --Dupré Silva, Carlos --Elgueta Barrientos, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Estévez Valencia, Jaime --Faulbaum Mayorga, Dionisio --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René --García Ruminot, José --Guzmán Alvarez, Pedro --Horvath Kiss, Antonio --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Huepe García, Claudio --Hurtado Ruiz-Tagle, José María --Jara Catalán, Sergio --Jara Wolff, Octavio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristian --Leblanc Valenzuela, Luis --Letelier Morel, Juan Pablo --Longton Guerrero, Arturo --Maluenda Campos, Marí --Martínez Ocamica, Gutenberg --Martínez Sepúlveda, Juan --Masferrer Pellizzari, Juan --Matta Aragay, Manuel Antonio --Mekis Martínez, Federico --Melero Abaroa, Patricio --Molina Valdivieso, Jorge --Montes Cisternas, Carlos --Morales Adriasola, Jorge --Munizaga Rodríguez, Eugenio --Muñoz Barra, Roberto --Muñoz Dalbora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Solís, Héctor --Orpis Bouchón, Jaime --Ortega Riquelme, Eugenio --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Peña Meza, José --Pérez Muñoz, Juan Alberto --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Pizarro Mackay, Sergio --Pizarro Soto, Jorge --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Ramírez Vergara, Gustavo --Rebolledo González, Víctor --Recondo Lavanderos, Carlos --Ribera Neumann, Teodoro --Ringeling Hunger, Federico --Rodríguez Cataldo, Claudio --Rodríguez Del Río, Alfonso --Rodríguez Guerrero, Hugo --Rodríguez Riccomini, Laura --Rojo Avendaño, Hernán --Rojos Astorga, Julio --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo --Schaulsohn Brodsky, Jorge --Seguel Molina, Rodolfo --Smok Ubeda, Carlos --Sota Barros, Vicente --Soto Morales, Akin --Sotomayor Mardones, Andrés --Taladriz García, Enrique --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Avila, Raúl --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Velasco De la Cerda, Sergio --Vilicic Karnincic, Milenko --Villouta Concha, Edmundo Con permiso constitucional, estuvieron ausentes los siguientes señores Diputados: Arancibia Calderón, Armando Escalona Medina, Camilo Yunge Bustamante, Guillermo. Asistieron, además, el señor Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido Cereceda, y el señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa Ríos. III. TEXTO DEL DEBATE. Se abrió la sesión a las 16 horas. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 58a. extraordinaria, y 1°, 2° y 3°, ordinarias, quedan a disposición de los señores Diputados. El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. El señor ZUÑIGA (Prosecretario accidental) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta. 1. ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS. El señor DUPRE (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos adoptados por los Comités. El señor LOYOLA (Secretario accidental).- Reunidos los Comités parlamentarios bajo la presidencia del señor Viera-Gallo, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 1. Trasladar al tercer lugar de la Tabla del Orden del Día de la presente sesión, el proyecto que modifica la ley N° 18.838, sobre Consejo Nacional de Televisión. Este proyecto se despachará en general en esta sesión, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento, si llegada la hora de término del Orden del Día quedaren algunos Comités sin haber hecho uso de la palabra. 2. A título de información para los señores Diputados, en conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y con las normas del Reglamento Interno de la Corporación, se entrará a considerar, en la sesión ordinaria del martes 11 del mes en curso, la acusación constitucional deducida en contra del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Germán Correa Díaz. 3. En virtud del acuerdo adoptado por la Sala en sesión celebrada el jueves 23 de mayo recién pasado, la Mesa, hechas las consultas de rigor a los Comités parlamentarios, citará a sesión ampliada a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento para el miércoles 12 del presente, de 15:30 a 17:30 horas, en la Sala de Sesiones de la Corporación, con el objeto de considerar aspectos de administración. 4. Discutir y votar, en la presente sesión, el proyecto de acuerdo relativo al pago de patentes de los comerciantes de ferias libres. 5. Celebrar una reunión de Jefes de Comités parlamentarios el día de mañana, miércoles 5, a partir de las 10:30 horas, con el fin de ocuparse de los siguientes asuntos: a)Fijación de los días destinados a celebrar las sesiones ordinarias; b)Determinación de las semanas para el trabajo en los distritos, y c)Programación de las sesiones pedidas por firmas y de las especiales para considerar informes de Comisiones Investigadoras. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se ratificará lo resuelto por los Comités. Acordado. 2. ACUERDO PARA RENDIR HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX ALCALDE DE TALCAHUANO. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Dos Comités han solicitado rendir homenaje en memoria del ex Alcalde de Talcahuano, don Marcelo Muñoz Muñoz, en la sesión de la tarde del jueves 13 de junio. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. 3. HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX VICEPRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, EX SENADOR DE LA REPUBLICA Y EX EMBAJADOR, DON SERGIO SEPULVEDA GARCES. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Corresponde rendir homenaje en memoria del ex Diputado, ex Senador, ex Embajador y ex Vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Sepúlveda Garcés, recientemente fallecido. Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda. El señor OJEDA (de pie).- Señor Presidente, Honorables Diputados, en estos días de otoño, fríos y grises, en que las hojas de los árboles comienzan a caer y se desprenden desde el aire las primeras gotas de agua, se toma más triste y mustio el día, que se entremezcla con la pena agobiante, que, como las gotas de agua, caen también por las mejillas, desde los ojos húmedos, cuando se ve partir hacia la eternidad a un ser querido. El lunes 13 de mayo del presente año, falleció en Santiago el ex Diputado y ex Senador de la República, señor Sergio Sepúlveda Garcés. Hombre de grandes ideales, a través de su vida fue concretando sus propósitos de servicio público y marcando con sus obras el trabajo infatigable de quien hizo de su vida un apostolado en la entrega por el prójimo. Nació en Talca el 11 de enero de 1914. Sus padres fueron don Joaquín Sepúlveda Mandiola y doña Rebeca Garcés Silva. Fue casado con doña Estela Gumucio Asenjo, matrimonio del que nació un hijo, don Sergio Sepúlveda Gumucio. Este hijo constituye un aporte a la patria y a la institucionalidad democrática, porque actualmente es funcionario del Senado de este Congreso, donde se desempeña como Secretario de las Comisiones de Obras Públicas, Salud y Medio Ambiente. Don Sergio Sepúlveda Garcés realizó sus estudios en el liceo de Talca y en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Se tituló de abogado en 1936. Su tesis: "Formación de las Sociedades Anónimas". Se radicó en Osorno en 1940, ciudad de la que se encariñó entrañablemente, sintiéndose seducido por el encanto, el aprecio, la amistad y la hospitalidad del osornino. El paisaje, sus calles y su gente provocaron en él una atracción que lo llevó a vivir por muchos años en esa ciudad. Desde esa fecha, ejerció en esta ciudad la profesión de abogado. Organizó varias empresas; presidió el consejo de la Sociedad Periodística del Sur; desempeñó el cargo de asesor jurídico de Carabineros. Fue gran impulsor y formó parte del Comité pro construcción del camino al mar en Osorno. También, en su hoja sobre la labor legislativa, aparece preocupada de la pavimentación del camino de Osorno a la frontera, por el camino de Puyehue. Fue Diputado por Osorno durante tres períodos, desde 1949. Fue Vicepresidente de la Cámara de Diputados en 1957 y entre 1960 y 1961. Militó en las filas del ex Partido Liberal, del que fue Vicepresidente durante siete años y su Presidente nacional entre 1963 y 1964. Fue Senador por la Novena Circunscripción Senatorial, que agrupaba las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes. Como Senador de la República, fue miembro y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Fue embajador extraordinario, en misión especial, ante los gobiernos de Colombia, Ecuador, México, Panamá y Venezuela. Fue delegado de Chile ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en los años 1964,1965 y 1968, actuando como presidente de la delegación en dos períodos. Fue consejero de la Editorial Jurídica de Chile y de otras instituciones del Estado, en representación del Senado. Fue Vicepresidente del Banco Industrial y Comercial de Chile; Presidente de Radioemisoras Unidas, Sociedad Anónima; abogado de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio. Recibió honrosas condecoraciones, como la Gran Cruz de la República, de Italia; la Orden de Olaf de Noruega, y la del Mérito Civil, de España. Fue embajador de Chile en España durante los años 1969 y 1970. Fue Vicepresidente del Partido de Alianza de Centro (PAC) y Presidente de la Comisión Política del mismo Partido. Don Sergio Sepúlveda Garcés fue un hombre meritorio y de gran altura. Echó raíces en Osorno, ciudad de la que se preocupó intensa y sostenidamente. Sus problemas, inquietudes y necesidades las supo captar. Dio solución a muchos de ellos. Hoy día, sus obras constituyen progreso. Sus reelecciones como Diputado y su elección como Senador explican el reconocimiento de toda una provincia y de una amplia y heterogénea circunscripción senatorial por lo realizado. Quienes fueron sus amigos lo recuerdan por su finura, que rayaba en la diplomacia: asequible, sencillo y bondadoso. No hería y sus palabras sólo transmitían esperanza y generosidad. En el Parlamento brilló, lo que fue un orgullo para su ciudad, para su región y también para el partido en que militaba. Sus discursos eran versados y elocuentes. ¡Cuántos homenajes rindió en la Cámara y en el Senado! Por ejemplo, el homenaje pósturno de Lenka Franulic Zlatar, a Enrique Molina Garmendia o al mismo Martin Luther King. También rindió homenaje a la ciudad de Osorno al cumplir 400 años el 27 de marzo de 1957. ¡Cuántas mociones en materia de previsión social, laboral, salud y educación! ¡Cientos de intervenciones en discusiones de proyectos de ley y en Incidentes! Don Sergio Sepúlveda Garcés brindó a Chile, con su presencia y talento, tanto en el marco de las actuaciones internas como internacionales, la riqueza de sus conocimientos y la prosapia sutil de su moderado actuar. Muchos de los que fueron sus amigos aún lo recuerdan. El testimonio de ellos me lleva a describir su figura pública. Una sola vez lo vi y conversé con él. Me bastó para saber quién era: tranquilo, ceremonioso; infundía confianza. Con sólo verlo se aprendía. Su conversación era escuela. Su familia, refugio invalorable de intimidad y descanso. Fue como manantial inagotable que renovaba energías y creaba estímulos y vivencias para cumplir en mejor forma sus funciones legislativas. Señor Presidente, Honorables Diputados, en esta día, expreso a su viuda, doña Estela Gumucio Asenjo, y a su hijo, don Sergio Sepúlveda Gumucio, los sentimientos de mi más profunda consternación por esta triste partida, en nombre de mi bancada y en nombre de Osorno. También manifiesto mis más dolorosos sentimientos de condolencia a nuestros amigos y compañeros de lucha: el Partido Alianza de Centro. Don Sergio Sepúlveda Garcés, al igual que los grandes hombres que han ocupado bancas en la Cámara y en el Senado, junto con realizar obras concretas en beneficio de su zona, ha contribuido a escribir nuestra historia y a fortalecer nuestra nacionalidad. Rendimos este homenaje pósturno en reconocimiento a su gran labor desempeñada y por su entrega infatigable a las tareas que la Patria le encomendó. He dicho. Aplausos en la Sala. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Milenko Vilicic. El señor VILICIC (de pie).- Sergio Sepúlveda Garcés: un nombre, una gran trayectoria, un mejor ejemplo. ¡Qué difícil resulta, en un momento tan emotivo, referirse a un gran servidor público y a un mejor demócrata! ¿Cómo concentrar, en pocas palabras, aquella inmensa riqueza espiritual y humana que engalanó la vida de Sergio Sepúlveda? Sin duda alguna, fue un hombre de excepción, en el más amplio sentido de la palabra. Fue un liberal de siempre: leal y consecuente, certero y profundo en sus apreciaciones; brillante con un lápiz en sus manos. Su trato, deferente y caballeroso; su corazón, bondadoso y fraterno. Enseñó que política y ética pueden y deben marchar unidas. Que los valores de la lealtad, la verdad, la justicia, el respeto y la tolerancia moralizan y dignifican las prácticas políticas. Su presencia en la política fue siempre signo de cordura y de templanza. En la discrepancia, puso unidad; en la duda, verdad. ¡Cuán fácil y enriquecedor fue conocerlo! Si alguna vez afloraba a sus labios crítica, más parecía un consejo que una acusación. Se ha ido un correligionario, un consejero, un amigo. Es cierto que ya no tendremos su presencia física, pero nos legó demasiado para olvidarlo. Sé que su ejemplo estará siempre presente entre nosotros. Su destacada labor como parlamentario, -Diputado y Senador-; como representante de nuestro país en su calidad de embajador, como dirigente del Partido Liberal, sobre todo por su gran condición de demócrata, dejó una huella indeleble en todos los ámbitos de la vida vecinal. Sin duda, fue un hombre de excepción. Con efecto, con emoción, este recuerdo a un amigo, a un gran demócrata, Sergio Sepúlveda Garcés. He dicho. Aplausos en la Sala. El señor DUPRE (Vicepresidente).- De este modo, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al ex parlamentario don Sergio Sepúlveda Garcés. Se enviarán las condolencias a su familia, en nombre de la Corporación. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se encuentran en las tribunas el doctor don Juan Villegas y el señor Rodolfo Quezada, Diputados de la República Argentina, quienes asisten como representantes del Parlamento de su país a la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Aplausos en la Sala. 4. ALCANCES A ALUSIONES PERSONALES. APLICACIONES DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En uso del derecho que otorga el artículo 33 del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Andrés Aylwin, para responder a ataques en su contra publicados en la prensa. El señor AYLWIN (don Andrés).- Señor Presidente, por primera vez aprovecho esta tribuna para responder y aclarar una alusión que me afecta. El día 31 de mayo fui invitado al acto en el cual el denominado Frente Patriótico Manuel Rodríguez acordó disolverse formalmente, renunciar a la vía armada y constituirse como movimiento político. Esta determinación fue calificada como positiva por el Presidente de la República, por el señor Arzobispo de Santiago, por el Obispo de Concepción y por muchos dirigentes sociales y políticos. Andrés Zaldívar lo calificó como un éxito de la democracia. En parte del manifiesto leído en dicho acto, se dijo textualmente: "Estamos aquí para decirles a nuestros compatriotas que vamos a seguir luchando y soñando, que vamos a descubrir nuevas formas no armadas de lucha, que vamos a defender el derecho del pueblo a soñar con una vida mejor.". Claramente, la afirmación central de dicha declaración pública confirma la idea de abandonar la vía armada. Asistí a dicho acto porque fui especialmente invitado y porque me pareció de gran importancia que un grupo que asumió, durante el período anterior, todas las formas de lucha, incluida la armada, acordara hacer abandono expreso de la vía violenta durante el Gobierno democrático que hoy encabeza el Presidente Patricio Aylwin. Pues bien, la presencia en dicho acto de un grupo reducido de políticos, entre ellos, el doctor Manuel Almeyda, el Diputado Mario Palestro y yo, dio origen a una declaración pública de algunos dirigentes de la UDI, donde se manifiesta: "Repudiamos enérgicamente la actitud de parlamentarios y de dirigentes políticos que avalaron con su presencia una conferencia de prensa de un movimiento que alberga en su seno a prófugos de la justicia. La ligereza de estas personas no sólo servirá de aval a los supuestamente arrepentidos, sino que también a los numerosos otros grupos que continúan en las acciones violentistas.". Llevo 18 años luchan incansablemente contra la violencia y el terrorismo en mi país. Por eso, patrociné recursos de amparo y querellas en favor de muchos cientos de personas arrestadas, que después resultaron ser detenidos-desaparecidos o asesinados. Por luchar contra la violencia, yo mismo debí sufrirla al ser relegado a cinco mil metros de altura, con temperaturas de diez grados bajo cero, en un lugar donde prácticamente no podía respirar. Pues bien, a partir de la derrota de la dictadura, he seguido en la lucha por la vigencia de los derechos humanos y contra toda expresión de violencia. Mis compañeros de Comisión saben perfectamente que, sin descartar otros instrumentos legales, he afirmado siempre que los valores de la paz son tan fuertes que muchas veces pueden conseguir victorias impresionantes contra la violencia. Soy testigo de la crueldad ejercida en contra de parte importante del pueblo chileno. He procurado compartir ese dolor, pero jamás en ese mundo sufriente he dejado de transmitir un mensaje de paz. Por el contrario, he alentado allí con entusiasmo todos los procesos que conduzcan al rechazo de la violencia. En este contexto, mi presencia en el referido acto del 31 de mayo no significa avalar la violencia, sino, por el contrario, celebrar el abandono de ella por un grupo determinado. Quiero decir algo más: los que me invitaron a aquel acto son aquéllos niños de rostros tristes y ojos llorosos que conocí hace muchos años buscando a sus padres en las comisarías o escuchando mis alegatos ante los tribunales, frente a ministros de Corte que muchas veces dormían y otras, incluso, roncaban. Hoy, cuando esos niños, ahora adultos, hijos de la crueldad, quisieron compartir conmigo su decisión de dejar el fusil e incorporarse a la democracia, ¿cómo podía yo, siendo cristiano, dejar de estar presente en ese momento de alegría para ellos y para mí? Sé que algunos no comprenderán jamás estas palabras, pero yo nunca abandonaré el camino de la paz y el diálogo que he elegido para enfrentar la violencia. He dicho. Aplausos en la Sala. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En conformidad con el artículo 33 del Reglamento, que da derecho a responder ataques a la prensa, tiene la palabra el Diputado señor Arturo Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, en la revista Análisis, número 385, de la semana del 3 al 9 de junio de 1991, en la página número 24, en su extremo izquierdo, bajo el título "Los experimentados", dice: "Para probar que el problema del divorcio afecta a moros y cristianos, el siguiente es un listado (aproximado, por supuesto) de los dirigentes políticos y figuras públicas que han vivido la experiencia de una separación, aunque hay varios que tienen a su haber más de una.". Salen los miembros del Gabinete, parlamentarios, embajadores y dirigentes políticos. Y dentro de ellos, figura mi nombre. Quiero hacer presente en la Sala que esta información no corresponde a la verdad. Aquí hay ligereza a irresponsabilidad de la revista Análisis. Por eso, he solicitado, hoy en la mañana, una rectificación, de acuerdo con el artículo 19, número 4), de la Constitución de la República de Chile, por el cual invoco la violación al respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de mi persona y familia. Es evidente que la prensa, especialmente al que representa la revista Análisis, comete errores y más de alguna vez deshonra a las personas, amparada por una libertad de prensa que en algunos casos no es tal. También es evidente que en este artículo no están todos los que son ni son todos los que están. He dicho. ORDEN DEL DIA. 5. MODIFICACION DEL DFL. N° 1 (G), DE 1968, EN LO RELATIVO A LAS ESPECIALIDADES A QUE PUEDEN OPTAR LOS EMPLEADOS CIVILES DE LAS FUERZAS ARMADAS. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. El señor DUPRE (Vicepresidente).- De acuerdo con lo resuelto por los Comités, en el primer lugar del Orden del Día corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1968, en lo relativo a las especialidades a que pueden optar los empleados civiles de las Fuerzas Armadas. Diputado informante de la Comisión de Defensa, es el señor José Peña. El texto del proyecto de ley está impreso en el boletín N° 317-02 (S) y figura en el N° 5 de los documentos de la Cuenta de la Sesión 53a. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Peña. El señor PEÑA.- Señor Presidente, he sido designado por la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara para entregar a la Sala el informe sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 1, (G), de 1968, relativo a las especialidades a que pueden optar los empleados civiles de las Fuerzas Armadas y que se encuentra en su segundo trámite constitucional. El proyecto de ley tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, e ingresó al Senado el 1° de abril del año en curso. Fue despachado y aprobado, en forma unánime, sin modificaciones por esa rama del Congreso Nacional el 24 del mismo mes. La iniciativa en análisis consta de un solo artículo, que dice: "Sustituyese el inciso segundo del artículo 17 del decreto con fuerza de ley (G) N° 1, de 1968, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto supremo (G) N° 148, de 1987 -la letra (G), se refiere a la Subsecretaría de Guerra-, por el siguiente: "Las especialidades a que podrán optar los Oficiales, los Empleados Civiles y el Personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, y el otorgamiento de los títulos y diplomas, se fijarán en el Reglamento complementario respectivo.". El artículo que se pretende modificar está ubicado en el párrafo 4, sobre Especialidades y Títulos, del decreto con fuerza de ley N° 1 ya señalado y que corresponde al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. El artículo 17 establece que para los efectos del presente Estatuto, se entenderá por especialidad "el conjunto de conocimientos técnicos y prácticos que habilitan al personal para desempeñar funciones específicas, de acuerdo con la reglamentación respectiva", y por título, "el fundamento jurídico del derecho a desempeñar una profesión o especialidad, concedido por alguna Universidad o Establecimiento de Enseñanza de las Fuerzas Armadas.". El inciso segundo del mismo artículo: "Las especialidades a que podrán optar los Oficiales y el personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, y el otorgamiento de los títulos y diplomas, se fijarán en el reglamento complementario respectivo.". "Lo dispuesto en el inciso anterior se podrá hacer extensivo al personal de las Fuerzas Armadas extranjeras que cumpla con los requisitos correspondientes.". Ese es el texto actual de la norma. Con este proyecto de ley se pretende corregir la omisión en que se incurre en el inciso segundo del señalado artículo 17, al no considerar a los empleados civiles entre el personal de las Fuerzas Armadas que pueden optar a alguna especialidad y al correspondiente título. Este objetivo se basa en el hecho de que en la actualidad, por necesidades del servicio, se está enviando a empleados civiles a cursos de especialización en áreas de geología, topografía, meteorología, computación y oceanografía, entre otras. Terminados dichos cursos, no es posible otorgar el respectivo título, por no estar considerada esta circunstancia en el citado artículo 17. En consecuencia -está es una opinión más bien personal que del informe que debiera entregar en representación de la Comisión-, existe una situación que exige legislar positivamente sobre esta materia, con el fin de impedir una discriminación en esta área de especialidad, a la que convergen chilenos amantes de sus instituciones, por el solo hecho de tener la calidad de empleado civil o personal militar. En cuanto al conocimiento y resolución en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, debo señalar que este proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros que asistieron a la sesión del 8 de mayo del año en curso. Por lo tanto, por las consideraciones anotadas, se propone aprobarlo en los términos propuestos por el Ejecutivo en su mensaje, texto que fue aprobado en forma unánime por el Senado de la República. Es cuanto puedo informar, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. El señor Prokurica.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional votaremos favorablemente este proyecto de ley, que tiene por objeto modificar el inciso segundo del artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 1, de Guerra, de 1968, con el fin de permitir que los empleados civiles de las Fuerzas Armadas puedan optar a especialidades, lo que, a nuestro juicio, es de toda justicia si se considera que estos funcionarios forman parte de los cursos en que participan oficiales o personal del cuadro permanente de gente del mar, a quienes, una vez que los han aprobado, se les otorga el respectivo título de especialidad. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. El señor BARTOLUCCI.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, la bancada de la Unión Demócrata Independiente también votará favorablemente el proyecto que nos propone el Ejecutivo, según el texto aprobado por el Senado, por las razones que tan claramente ha señalado el Diputado informante y por los argumentos que ha expuesto mi colega de Atacama. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. El señor ELIZALDE.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, quiero manifestar también nuestro apoyo al proyecto de ley por las razones expuestas por el señor Diputado informante. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. El señor SABAG.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor SABAG.- Señor Presidente, como lo ha señalado el Diputado informante, este proyecto tiene por objeto modificar el inciso segundo del artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, de 1968, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 148, de 1987, con el fin de corregir la omisión de no haber considerado entre el personal de las Fuerzas Armadas que puedan optar a títulos, por especialidades, a los empleados civiles. La citada norma legal sólo considera a los oficiales, al personal del cuadro permanente y de gente de mar, y omite a los empleados civiles. El proyecto pretende salvar esta situación, pues, en la actualidad y por necesidades del servicio se les envía a cursos de especialización en diversas áreas. Terminado el curso, no es posible otorgarles el respectivo título por no estar contemplada esta circunstancia en el citado artículo 17, lo que constituye una situación anormal, porque en la mayoría de los casos estos funcionarios forman parte de cursos en los que participan oficiales, personal del cuadro permanente y gente de mar, a quienes, una vez que los han aprobado, se les otorga el respectivo título de especialidad. Los empleados civiles no cuentan con este derecho, aun cuando han cumplido idénticas exigencias, por no estar así establecido en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Este proyecto no representa mayor gasto para el erario. En consecuencia, los Diputados democratacristianos lo votaremos favorablemente, en los mismos términos en que lo aprobó el Honorable Senado. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Antes de someter a votación el proyecto, hago presente que la Mesa también considera que el informe del Diputado señor Peña ha sido más que extraordinariamente clarificador: brillante. En votación el proyecto. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado. Aprobado. Despachado el proyecto. 6. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE MICROCOPIA O MICROGRABACION DE DOCUMENTOS. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. El señor DUPRE (Vicepresidente).- A continuación, corresponde tratar, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que renueva las facultades otorgadas al Presidente de la República por el artículo 9° de la ley N° 18.845, que estableció sistemas de microcopia o micrograbación de documentos. El texto del proyecto se encuentra impreso en el boletín N° 337-07, el cual figura en el N° 11 de los documentos de la Cuenta de la sesión 55. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado informante, señor Rojo. El señor ROJO.- Señor Presidente, este proyecto de ley, de origen en un mensaje, renueva las facultades otorgadas al Presidente de la República por el artículo 9° de la ley 18.845. El correspondiente decreto con fuerza de ley fue dictado durante el gobierno anterior. Sin embargo, de acuerdo con lo informado por el señor Ministro de Justicia, la Contraloría General de la República le formuló diversas observaciones de fondo, compartidas por este Gobierno. Para salvarlas, no sólo se requería de modificaciones a esa normativa, sino de adiciones sustanciales. La devolución por la Contraloría General de la República se hizo con posterioridad al vencimiento del plazo que existía para dictar este decreto con fuerza de ley. Las observaciones formuladas por el organismo contralor se encuentran consignadas en el informe que obra en poder de los señores Diputados, lo que me evita señalarlas. La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en renovar esta facultad, a fin de que el Presidente de la República dicte el correspondiente decreto con fuerza de ley que establece el sistema de microcopia o micrograbación de documentos, en los mismos términos indicados en dicho precepto; disposiciones sobre el registro en el cual deben inscribirse las personas o las entidades que pueden efectuar la microcopia o micrograbado de archivos privados; la forma, requisito y periodicidad de la inscripción; las causas de suspensión y exclusión del registro; las personas que podrán actuar como ministros de fe, y la determinación de los requisitos del método de microcopia y de micrograbación que deberá emplearse. Para estos efectos, la Comisión aprobó el siguiente artículo único: "Renuévanse las facultades otorgadas al Presidente de la República en virtud del artículo 9° de la ley N° 18.845, por el plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia de esta ley.". En virtud de lo expuesto, solicito a la Honorable Cámara la aprobación de este proyecto de ley. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación general el proyecto. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto también queda aprobado en particular. Despachado al proyecto. 7. MODIFICACION DE LA LEY N° 18.838, QUE CREO EL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En tercer lugar, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.838, que creó el Consejo Nacional de Televisión. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Hernán Rojo. El proyecto de ley está impreso en el boletín N° 210-07, el cual figura en el N° 1 de los documentos de la Cuenta de la sesión 51ª. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado informante. El señor ROJO.- Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que modifica la ley N° 18.838, que creó el Consejo Nacional de Televisión. Para los efectos de la discusión general de esta iniciativa, de las indicaciones y observaciones que puedan formularse, debo hacer presente que las ideas matrices o fundamentales del proyecto, son las siguientes: 1. Asegurar el desarrollo de la televisión chilena en un marco de democracia, pluralismo, libertad, respeto por las personas y promoción de los grandes valores nacionales. 2. Actualizar la composición del Consejo Nacional de Televisión, dotándolo de autonomía e independencia. 3. Legislar sobre las concesiones, su naturaleza y plazo. El proyecto primitivo del Gobierno fue sustituido, en su integridad, por una indicación de fecha 19 de marzo de 1991, resultado de un acuerdo político entre el Gobierno y los partidos de Oposición, referente a la composición del Consejo, a la designación de los consejeros y al procedimiento para el otorgamiento de concesiones y su duración. La indicación estaba estructurada en un artículo único, con 20 números, y tres artículos transitorios, y es, en definitiva, el proyecto que se somete a la discusión general. En el informe que obra en poder de los señores Diputados, constan el análisis y la discusión del proyecto, el que fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, quienes compartieron sus ideas matrices o fundamentales, sin perjuicio de las observaciones, reservas y comentarios que se formularon en cada caso. Las materias en discusión que constituyen el centro del debate, a nuestro juicio, son las siguientes: 1. Relación sobre el Consejo Nacional. La ley N° 18.838 lo creó como servicio público autónomo, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica, con patrimonio propio y relacionado con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El proyecto mantiene los conceptos referidos, y sólo propone al Ministerio Secretaría General de Gobierno como órgano de relación con el Presidente de la República. Durante la discusión se rechazó la sugerencia de relacionarlo con el Ministerio de Educación, en atención a que, si bien en esta materia existe un objetivo educacional, no es menos cierto que hay otros objetivos ajenos a dicha cartera. Se insistió en la idea del acuerdo, por cuanto el Ministerio Secretaría General de Gobierno es el encargado del ámbito comunicacional del Gobierno y de las relaciones con los diferentes medios de comunicación. Además, se hizo presente que el Consejo Nacional de Televisión es autónomo, de manera que tal vinculación es simplemente administrativa. Por último, la crítica de que éste sería un Ministerio político, fue respondida diciendo que todos los eran y que, en ese caso, habría que atenerse a la especialización de cada uno de ellos para buscar la vinculación que fuere más operativa. Se aprobó por mayoría la proposición del Ejecutivo. 2. Se propone cambiar el concepto de "correcto funcionamiento" de los servicios de televisión. De acuerdo con la Constitución Política, el Consejo es el encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. El Ejecutivo propuso reemplazar el concepto de "correcto funcionamiento" por: "Se entenderá por correcto funcionamiento de esos servicios la constante afirmación, a través de sus programas, de los valores morales y culturales propios de la nación; de la dignidad de las personas y la familia; del pluralismo y la democracia; de la paz, como el rechazo a toda forma de violencia; de la protección al medio ambiente, y de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico. Se entenderá también comprendida en el correcto funcionamiento de esos servicios, la circunstancia de que ellos se presten con total independencia de influencias gubernamentales o presiones de grupos económicos, gremiales o políticos". La redacción referida fue objeto de un amplio debate en la Comisión. En la Comisión se debatió el alcance de la expresión "constante afirmación", que implicaría un constante actuar dentro del marco valórico señalado en la indicación. Algunos de sus miembros opinaron que bastaría la "constante preservación" de esos mismos valores, esto es, una actitud pasiva de no contrariar lo que debe existir. Se discutió, asimismo, si la frase final de la indicación debía incorporarse en este proyecto o en el relativo a Televisión Nacional. Se estimó, al efecto, que debería ir en este último, porque en el proyecto en informe se pretende regular situaciones de carácter general, agregándose que no se veía inconveniente para que un canal pueda ser entregado en concesión a un partido político. Esas dos ponencias fueron objeto de sendas indicaciones, que vuestra Comisión rechazó por mayoría. Se expresó que había que afirmar ciertos valores y no dejar a los medios de comunicación televisiva en una neutralidad valórica. Se estimó conveniente, por otra parte, exigir la constante afirmación del marco valórico consignado en la indicación del Ejecutivo, a través de la programación de los canales. Se manifestó que no era conveniente confundir la posibilidad de constituir una sociedad y obtener, como tal, una concesión con el ejercicio de ese derecho. 3. La organización del Consejo Nacional. El proyecto del Ejecutivo sustituye el artículo 2° de la ley N° 18.838, referente a la integración del Consejo Nacional de Televisión, a la forma de designación de sus miembros y a los requisitos que éstos deben reunir para ser nominados. La modificación del Ejecutivo amplía de siete a once el número de consejeros, y de seis a ocho años la duración de sus cargos; y propone que el Presidente de la República designe en forma directa a un consejero, que será el presidente del consejo, y que los diez restantes lo sean por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Dichas proposiciones son el resultado del acuerdo político celebrado con la Oposición. A pesar de ello, se formularon diversas indicaciones. Se sostuvo que la duración, en el cargo, de ocho años era excesiva; algunos Diputados propusieron cuatro años renovables. El Gobierno sostuvo que este plazo se fijaba en ocho años en atención a que se producía una renovación parcial cada cuatro, lo que daba continuidad a su accionar. Como se objetó también la conveniencia de una integración netamente política, se contraargumentó expresando que la ley se situaba en la tendencia moderna mundial. Los integrantes de estos consejos son designados por los órganos políticos y representan a distintas actividades del quehacer nacional. Con todo, se estimó razonable no establecer calidades específicas para los integrantes, y se optó por una fórmula genérica y una enumeración meramente ejemplar, diferente a la indicación del Ejecutivo. En la discusión, se consideró conveniente que el Ministro de Educación pudiera asistir a las sesiones del Consejo, con derecho a voz. Preocupó también a la Comisión la regulación de la forma en que se llenarían las eventuales vacantes de miembros del Consejo, lo que se convino en explicitar en forma muy clara y precisa en el texto. Se precisó que la designación de los consejeros con acuerdo del Senado, debe hacerse en un solo acto, esto es, que la nómina que el Presidente enviará al Senado constituye una unidad y deberá ser aprobada como tal. En lo que se refiere al plazo de 45 días para que el Senado emita su pronunciamiento y a la presunción de su anuencia, la Comisión se atuvo a lo que la Carta Fundamental, en su artículo 49, señala expresamente: "Si el Senado no se pronunciare dentro de 30 días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento". Las modificaciones referidas al nombramiento del vicepresidente y del secretario general; al quorum de funcionamiento; a las inhabilidades, y a otras materias, están contenidas en el informe y son relativamente formales. 4. De la participación del estamento laboral. La Federación Nacional de Sindicatos de Empresas de Trabajadores de Canales de la Televisión Chilena, Fetratevé, se dirigió por escrito a los miembros de la Comisión, dando a conocer sus inquietudes sobre esta materia. Al efecto, sostuvo que el Consejo debería estar constituido por miembros o representantes de los tres Poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, dándole así un carácter de consejo institucional; pero que, al mismo tiempo, debería estar representado el sector involucrado en la actividad: representantes de los canales de televisión, empresarios, administradores y los trabajadores del medio a través de su federación. Asimismo, solicitó un representante del Consejo Económico, para fines éticos. Sus personeros agregaron que dentro de las facultades del Consejo, que son el dictar normas generales de aplicación obligatoria para todos los canales de televisión, debe contemplarse un 50 por ciento como porcentaje mínimo para la producción nacional. Estas inquietudes y pretensiones de la Federación de Sindicatos no se materializaron a través de indicaciones y, por lo mismo, no fueron consideradas en forma expresa, pero sí en forma indirecta a través de la aprobación de las diversas disposiciones de este proyecto de ley. 5. Naturaleza jurídica de las concesiones. Sobre esta materia, la Comisión escuchó la opinión del Director de Televisión Nacional, don Jorge Navarrete, y, del actual Presidente del Consejo Nacional de Televisión, señor Alfonso Márquez de la Plata. Tuvo a la vista informes de los abogados señores Bruna, Bertelsen, Ortúzar y otros, del Instituto Libertad y de la Asesoría Legislativa PAC y una declaración escrita del Presidente del Consejo Nacional de Televisión. De acuerdo con la ley vigente sobre la materia, la concesión ha sido considerada como un bien patrimonial, que ingresa al patrimonio de su titular con todas las características del dominio, uso, goce y disposición, y que por ello es transferible y transmisible, que su duración es perpetua y que no reconoce otra limitación que la impuesta por la ley que la otorgó. En el derecho comparado, como se consigna en el informe que obra en poder de los señores Diputados, páginas 13 y siguientes, se establece que todos los países citados en él la consideran como un bien nacional esencial; en algunos, un bien libre de propiedad de toda la comunidad. En mérito de ello, en todos esos países las concesiones se otorgan por plazos limitados que van de 6 a 15 años, renovables. Para Guillermo Bruna y otros expertos en la materia, la concesión, como instrumento jurídico, es una institución de ricas facetas que tiene virtualidad en muchos sectores de la legislación vigente. Es una de las varias figuras del acto administrativo. Constituye un acto de poder público, una declaración de voluntad que emana únicamente de la administración, y de ahí su carácter unilateral y no normativo. De esta manera se puede distinguir la concesión de otras figuras, como el contrato bilateral o el reglamento o decreto, que son normativos. Sostienen que el concepto de concesión, como institución jurídica, es vago, ambiguo y que se emplea en sentidos diferentes y así la ley se refiere a permisos, a autorizaciones, a licencias, y el derecho de minería la considera como un derecho real. Para otras personas, entre ellas el Director de Televisión Nacional, don Jorge Navarrete, se trata de un bien jurídico de toda la humanidad. El Estado es sólo administrador y no propietario. En el mundo no existen concesiones indefinidas, concepto que la actual ley, lo transformó en perpetuo al hacerlas transferibles y transmisibles. No pueden ser perpetuas porque dependen de factores diferentes, donde en un momento dado se pueden limitar por requerimientos internacionales, quedando el Estado en situación de desventaja por haber otorgado derechos que han sido limitados. En esta materia debe distinguirse entre la concesión y el dominio pleno que se tiene sobre las instalaciones, las que sí son objeto del comercio humano. La Comisión se pronunció por el concepto de bien nacional y reglamentó la concesión en forma temporal. El Ejecutivo propone que se otorguen a personas jurídicas que no sean sociedades de personas, por un plazo de 25 años, prorrogables por igual período. Cada vez que el Consejo decida otorgar una concesión, o con 60 días de anticipación a su vencimiento si se trata de renovar una existente, debe llamar a concurso público, cuyas bases deben publicarse en el Diario Oficial. Esas bases sólo pueden exigir requerimientos de carácter objetivo. La concesión es asignada al postulante cuyo proyecto ofrezca las mejores condiciones técnicas y de programación, y a los criterios contenidos en el artículo l°. Tienen preferencia absoluta respecto de otros postulantes quienes solicitan la renovación de su concesión, si durante su ejercicio han observado fielmente las disposiciones de esta ley. En contra de las resoluciones adoptadas por el Consejo se puede recurrir ante la Corte Suprema, según el inciso cuarto. Por último, se previene que no podrán postular a una concesión quienes tengan interés o participación en otra concesión en la misma región. Respecto de este artículo, se hizo presente que el espíritu del acuerdo político era asegurar los derechos de los actuales concesionarios por un plazo de 25 años, pudiendo ser inferior para los nuevos. Se acordó postergar la discusión de este tema para el segundo trámite reglamentario. Disposiciones varias. Cada una de las disposiciones será objeto de análisis, ponderación y pronunciamiento, en la discusión particular de este proyecto de ley. Durante su discusión se agregó un nuevo artículo 46 bis -que no figuraba en el proyecto del Gobierno; que no fue objeto del acuerdo político-, tendiente a que los concesionarios de los servicios de televisión, en un plazo no superior a dos años, destinen, a lo menos, una hora diaria a programa regionales. La constitucionalidad y la procedencia de esta indicación son discutibles, dado que establece una limitación y gravamen al concesionario, y no señala el financiamiento para el Consejo de Televisión. Dicha indicación fue aprobada por mayoría de votos. Finalmente, debo advertir que el artículo único, con sus numerales, y los artículos transitorios, por mandato del artículo 19, N° 12 de la Constitución Política de la República, tienen el carácter de normas de quorum calificado, y por ello se requiere mayoría absoluta de los Diputados en ejercicio, para la aprobación general del proyecto. Es cuanto puedo informar a esta Honorable Cámara. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se encuentra presente en la Sala el señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa, y solicito el asentimiento de la Sala para que pueda ingresar el señor Subsecretario, don Edgardo Riveros. Como ha sido tradicional, cuando en la Sala se encuentra el señor Ministro puede ingresar el señor Subsecretario respectivo. Un señor DIPUTADO.- No hay acuerdo, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor ORTEGA.- Señor Presidente, siempre ha habido acuerdo en esta materia. No veo por qué no lo hay en esta ocasión. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ya lo hemos indicado señor Diputado. El señor MOLINA.- Señor Presidente, quisiera que recabara nuevamente el acuerdo, porque el señor Subsecretario ha trabajado directa y permanentemente, con la Comisión, y sería muy importante que estuviese presente en esta discusión. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Recabo nuevamente el asentimiento de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario General de Gobierno, don Edgardo Riveros. ¿Habría acuerdo? Un señor DIPUTADO.- ¡No! El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor SCHAULSOHN.- Pido la palabra para un asunto de Reglamento. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn. El señor SCHAULSOHN.- Sólo para recordarle al Honorable señor Diputado que objeta que sobre esta materia hay un acuerdo de Comités aún no revocado, en el sentido de permitir el ingreso a la Sala del señor Subsecretario cuando el Ministro respectivo se encuentra presente, aun cuando sin el derecho a hacer uso de la palabra. Acepto que el señor Diputado que se opone tiene derecho a hacerlo, pero me parece que vale la pena recordar este acuerdo, entendido como un procedimiento permanente para evitamos solicitar el asentimiento en cada oportunidad en que se presenta la situación. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de Gobierno. El señor MARTINEZ (don Gutenberg).- Perdón, señor Presidente, me permito pedir la palabra, con la venia del señor Ministro, porque este punto no puede quedar simplemente así. Creo que, a lo menos, en la formalidad interna, debería quedar constancia de quiénes son los que se oponen a un acuerdo de Comités. Lo pido formalmente, porque, desde donde estoy no puedo tener un control de los señores Diputados que se niegan a cumplir un acuerdo de Comités. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Señor Diputado, le ruego permitir iniciar el debate, porque, de otra manera, si seguimos discutiendo sólo acerca de un asunto reglamentario ocuparemos el Orden del Día en eso, y el acuerdo de los Comités fue despachar el proyecto al término de él. Sin embargo, quiero recordar -en esto respetaré no sólo el Reglamento sino que también la tradición- que la Mesa no tiene la obligación de identificar a los señores Diputados que se oponen a un acuerdo que, reglamentariamente, debe ser unánime. El señor MARTINEZ (don Gutenberg).- Pero, entonces, puede pedir al señor Secretario que me certifique quién se ha opuesto. ¿O es secreto la oposición, señor Presidente? El señor DUPRE (Vicepresidente).- No le corresponde al señor Secretario. Quien dirige los debates es el Presidente de la Sala. El señor MARTINEZ (don Gutenberg).- O sea, entiendo que es secreta, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Respeto la tradición del Parlamento. Tengo la constancia absoluta de que hay Diputados que se oponen. Tiene la palabra, sobre el proyecto, el señor Ministro Secretario General de Gobierno. El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).- Señor Presidente, Honorables Diputados, el proyecto de ley que modifica la actual Ley sobre el Consejo Nacional de Televisión, patrocinado por el Ejecutivo y ampliamente debatido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, es un nuevo esfuerzo legislativo para revisar, en la instancia democrática correspondiente -cuál es el Congreso Nacional- toda la legislación que pudiera afectar la libertad de expresión, el libre ejercicio de la pluralidad de ideas y, por la importancia que estos bienes tienen, la estabilidad democrática. Deseamos, como lo hemos hecho presente en varias ocasiones, que las normas sobre televisión tengan existencia y permanencia en el tiempo, y que sus disposiciones sirvan, efectivamente, para garantizar el estado de derecho. A ello apuntamos mediante las modificaciones que hemos presentado al proyecto de ley sobre el Consejo Nacional de Televisión, las que, en verdad, constituyen un todo armónico con el proyecto de ley que modifica el Estatuto de Televisión Nacional de Chile que pronto discutirá la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El Gobierno, a través de la discusión de este proyecto de ley, pretende -como muy bien lo ha dicho el Diputado informante-, que se cimenten bases de una legislación televisiva de largo plazo que garantice efectivamente el pluralismo, la libertad, el respeto por la persona humana y la promoción de grandes valores nacionales, como se plantea en el capítulo sobre objetivos de la televisión. En síntesis, apuntamos a la dictación de normas auténticamente democráticas, a fin de que todos los sectores sientan que sus ideas y valores tienen cobertura suficiente en un medio de la importancia y del impacto de la televisión. No queremos televisión para algunos, sino que televisión para Chile y para todos los chilenos. Atendidos los principios anteriores, enviamos este proyecto de ley que apunta a la modificación de las normas que hoy regulan el Consejo Nacional de Televisión, interesándose por regular adecuadamente lo relativo al sistema de concesiones para la televisión y el correcto funcionamiento de estos servicios, a través de la constante afirmación en la programación de valores y principios unánimemente aceptados. Nuestros interés -y entendemos que es el de todos- es crear las bases de una televisión no sólo para hoy, sino fundamentalmente para el futuro. En ese sentido -y creo que a todos les consta-, el Gobierno no ha intentado ni intentará, por fuerza de mayoría, imponer algún criterio en particular. Muy por el contrario, teniendo el texto del proyecto como base de discusión, hemos trabajado arduamente, abriendo un amplio debate sobre el tema, con el objeto de que sea analizado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, buscando los consensos básicos que nos permitan garantizar los principios y valores a que ya nos hemos referido. La televisión es un medio demasiado importante como para legislar apresuradamente acerca de él y sin los debidos acuerdos. Sobre este aspecto en nombre de todo el Gobierno, no me cabe sino agradecer el alto espíritu constructivo con que ha trabajado la Comisión y los parlamentarios que la integran y destacar también el espíritu de apoyo que a dichos parlamentarios han brindado, sin excepción, los partidos a los que éstos pertenecen. Hago presente que entre la materias que plantea el proyecto de ley, que pido a esta Honorable Cámara que sea aprobado, se encuentra una relacionada con la representatividad democrática que debe tener el Consejo Nacional de Televisión. Por ello, proponemos que los futuros consejeros sean designados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado. En esa designación deberemos tener en cuenta las peticiones que, en relación con este tema, nos ha hecho la Federación de Sindicatos de la Televisión Chilena, en orden a que entre los consejeros propuestos por el señor Presidente, pueda existir algún representante directamente vinculado con las actividades del medio. Puedo decir en esta Sala que éste es un criterio que, en general, nuestro Gobierno comparte. Por otra parte, el objetivo y misión de la televisión y su correcto funcionamiento son tratados en el proyecto, enriqueciendo el articulado de la ley actualmente vigente, con el fin de que los concesionarios tengan reglas claras sobre la materia, entre las que se destacan especialmente las que dicen relación con el pluralismo. Además -y en esto ha habido acuerdo en la Comisión, el cual valoramos altamente-, siendo el espectro aplicable a la televisión un bien nacional escaso, se dispone la limitación, en el tiempo, de las concesiones, sin perjuicio de la posibilidad de que el concesionario obtengan una prórroga de su derecho. Se dispone que estas concesiones sean otorgadas por concurso público, con el propósito de establecer claridad en relación con el modo en que ellas son concedidas. Sin embargo, tenemos clara conciencia -y hemos llegado a un acuerdo en esta materia, que anuncio en esta Sala- de que debe darse un trato específico a aquellos concesionarios que se encuentran efectivamente operando a la fecha de publicación de la nueva ley, manteniendo el carácter indefinido con que tales concesiones fueron otorgadas. Naturalmente, el Gobierno sigue abierto a considerar todas las inquietudes e ideas que tiendan a hacer de la televisión un espacio pluralista que refleje eficazmente a todos los sectores. En este sentido, haremos presente una indicación que considere los siguientes criterios: Que todas las concesiones de radiodifusión televisiva vigentes a la fecha de publicación de la futura ley se entenderán otorgadas conforme a sus disposiciones y por un plazo de 25 años, contados desde esa misma fecha. Sin embargo, quedarán exceptuadas de las disposiciones contenidas en el precepto precedente las concesiones que, a la fecha de publicación de la ley, se estén ejercitando en forma efectiva, mediante la transmisión regular de programas de televisión. Estas se regirán, en cuanto a su duración, por la legislación vigente a la fecha de su otorgamiento o, si fueron adquiridas por actos entre vivos, por la legislación vigente a la fecha de su transferencia. Reitero el testimonio de gratitud por el buen trabajo realizado, el cual ha permitido alcanzar condiciones para llegar a un muy buen acuerdo, dentro de un plazo muy breve, para contar con un Consejo Nacional de Televisión que tenga una efectiva representatividad democrática, como corresponde a un Estado de Derecho, como el que vivimos. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Molina. El señor MOLINA.- Señor Presidente, este proyecto abre una discusión de trascendental importancia para la vida nacional. La idea de nuestra bancada es aprovechar la discusión de este proyecto para tratar simultáneamente la iniciativa legal sobre Televisión Nacional de Chile que se encuentra en Comisiones, para establecer, como conjunto, un nuevo estatuto de la televisión chilena. O sea, se pretende refundir ambas iniciativas durante la discusión parlamentaria. Sería inútil redundar en apreciaciones sobre la importancia de la televisión y de su impacto en la sociedad actual. Este medio se ha constituido en un agente simbólico-cultural, cuyos efectos arrolladores se hacen sentir en los más variados aspectos de la existencia humana: en la educación y el desarrollo, en la persuasión política e ideológica, en la economía y la publicidad, en la cultura y el desarrollo regional, y, por sobre todo, en la vida cotidiana: la familia, los niños, la juventud, la mujer, en el hogar, etcétera. La complejidad de este medio, su presencia cualitativa y cuantitativa, sus avances tecnológicos y sus relaciones casi mágicas e imprevisibles con los usuarios, han despertado justificadas inquietudes y no pocos prejuicios y temores frente a la ventaja incontrastable que ha conquistado frente a otros medios, posesionándose en forma definitiva e irrevocable de la vida humana moderna. El sistema chileno ha tenido, según análisis de diversos especialistas, un desarrollo exitoso desde su creación en el año 1979. Sin embargo, como servicio público, desde su origen, la televisión ha sido acusada de incoherencia al tener metas de servicio público, pero sin disponer de un sustancial financiamiento público. Existen tendencias internas en el sistema chileno que conducen a una escasa competencia y al desinterés por la falta de creatividad y sus altos costos. Sin embargo, hay analistas que estiman que la competencia por la audiencia, por las fuentes publicitarias y el financiamiento, al final han sido beneficiosas para la televisión chilena. No obstante, debe reconocerse que el sistema ha tenido grandes y graves fallas, que es el momento de rectificar. La televisión estatal normalmente fue concebida como un instrumento al servicio de los gobiernos. En el período anterior se llegó a abusos incalificables en esta materia. La Comisión Investigadora de la situación de Televisión Nacional de Chile determinó hasta qué punto de abuso y corrupción se puede llegar cuando un medio televisivo estatal se pone al servicio de un gobierno autoritario. A su vez, la televisión universitaria, en el transcurso de este tiempo, no ha logrado cumplir sus finalidades, y quien las examine con objetividad podrá percatarse que, para lograr financiamiento, debió recurrir a todos los métodos de la empresa privada, llegando a constituir una especie de enclave de la economía de mercado dentro del sistema universitario, sin que éste, en la práctica, tenga tuición, regulación e influencia real para enviar un mensaje a la sociedad desde los canales universitarios. Hasta ahora muchos chilenos se preguntan qué es lo que realmente distingue a un canal universitario de uno privado, que se dedica exclusivamente a la competencia televisiva en la búsqueda de mercado de publicidad. Desafortunadamente, en este proyecto no vamos a regular materias como ésta, pero esperamos que las universidades reflexionen y actúen sobre los canales televisivos que les pertenecen, para que realmente ejerzan la influencia que se espera de ellas en el desarrollo cultural de nuestra sociedad. A su vez, la televisión privada nace y se gestiona en Chile por métodos poco transparentes, los cuales fueron oportunamente denunciados en la Comisión Investigadora de Televisión Nacional de Chile. Deseamos que el nacimiento y el proceso germinal de la televisión privada logren transparencia, para que la competencia televisiva y el desarrollo tecnológico aumenten la capacidad de recepción de los usuarios y, sobre todo para que se innove en materia televisiva, corrigiendo los abusos que dieron origen al nacimiento de esos canales. Esperamos que así sea. Se han adoptado algunas medidas para ellos, las cuales resultaría inoportuno señalar en estos momentos, pero que fluyen de la aprobación unánime en esta Sala de los resultados y conclusiones de la Comisión Investigadora. Queremos, como bancada, afirmar algunos conceptos básicos que constituyen adelantos fundamentales en este proyecto. 1. Las ondas radioeléctricas son patrimonio de la humanidad y su apropiación debe ser de titularidad del Estado, que las administra y otorga en concesión a los usuarios por tiempos limitados y bajo condiciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos asignados a la actividad televisiva en la vida nacional. En consecuencia, la televisión es esencialmente un servicio público y las concesiones las otorga el Estado. Las concesiones son expresión de la titularidad del órgano estatal. 2. En este proyecto se cumple con una condición esencial: fijar los objetivos del sistema televisivo en su conjunto, sea estatal, universitario o privado. Esta era una grave carencia en el sistema y en la legislación anterior. Definiremos esos objetivos. En primer lugar, contribuir al pluralismo político y a la mayor participación de los ciudadanos, a la formación de la opinión pública, a la afirmación de los valores nacionales y regionales, a la difusión de la cultura, a la cooperación con el sistema educacional, al respeto de los derechos y libertades esenciales de las personas, a la superación de las desigualdades y discriminaciones en la sociedad y a la promoción de los valores democráticos constitucionalmente protegidos. Estos son, a nuestro juicio, objetivos esenciales y constituyen un adelanto consultado, en su mayor parte -no en su totalidad- en el artículo 1° del proyecto. La idea del pluralismo, no sólo político, es también un eje central en esta iniciativa. En la Comisión introdujimos una norma que garantiza igualdad de oportunidades de acceso sin crear ni un sistema de censura ni tampoco una injerencia indebida en las programaciones, pero sometiendo al juicio de la opinión pública y a la información de la Cámara de Diputados el comportamiento plural del sistema televisivo estatal, universitario y privado, en su conjunto, para que las diversas corrientes de opinión que se expresan en la diversidad del Congreso Nacional y en sus representaciones políticas tengan oportunidades en todos los medios televisivos. Y será la fiscalización de esos resultados a través del Consejo Nacional de Televisión las que vayan operando un cambio para que el sectarismo sea eliminado en las relaciones de la sociedad chilena, cualquier forma que éste tenga. Y por ese principio nos hemos pronunciado todos los miembros de la Comisión. Pero, además, este proyecto considera otro elemento básico que estaba ausente del sistema televisivo y que estará entregado a la voluntad del Consejo Nacional de Televisión y, particularmente, a los concesionarios o gestores de las concesiones televisivas, como es el aprovechamiento de lo autóctono, de las oportunidades culturales nacionales, de la creación imaginativa y de la innovación y autoconfianza que la propiedad sociedad chilena debe tener en sus expresiones culturales, relegadas hoy de la televisión chilena a una buhardilla de recuerdos mirados como cosas pintorescas. El nacimiento dinámico de creación artístico-cultural con producción nacional, que provenga no sólo de los canales sino de productoras de televisión, es una de las metas que se persiguen con este proyecto. Y las disposiciones que allí se contienen sobre ayuda financiera estatal para licitar estos programas culturales promete un horizonte de participación artística que podría cambiar fuertemente la industria productiva nacional y dar oportunidades a nuestros artistas y a todo el mundo de la cultural para expresarse mejor a través de los medios televisivos. Otro aspecto positivo de este proyecto es la atención especial que pone en el tema de la violencia y en la creación de un sistema de regulación de la violencia y de formas de actividades que simbolizan un tipo de vida agresivo, brutalmente competitivo, que es ajeno al alma nacional, y que, por desgracia, es transmitido impunemente hasta ahora a nuestra niñez y juventud. En este tema, nuestra bancada piensa, y así también lo han recogido prácticamente todas las demás representaciones políticas, que es hora de actuar con firmeza en esta materia, entregando al Consejo Nacional de Televisión una responsabilidad que hasta ahora no ha cumplido, que es velar por la formación de la niñez y de la juventud, impidiendo que se transmita esta verdadera avalancha de programas nocivos para esa formación y que generalmente provocan actitudes de violencia y delincuencia crecientes en la sociedad chilena. Esperamos que junto con estas normas los padres y apoderados y, en general, los ciudadanos se organicen, de manera tal que existan grupos o asociaciones de usuarios que, en comunicación con los canales de televisión, las frecuencias y el Consejo Nacional de Televisión, vayan regulando socialmente este tema tan trascendental. Por último, acogiendo una iniciativa del Diputado Ortega, se ha creado un sistema que irá promocionando gradualmente la aparición de programas locales, que recojan toda la iniciativa artística, cultural y variada de cada región para que sea transmitida en horarios que se regularán por el Consejo, en forma obligatoria, dentro del lapso de dos años. Para que los canales implementen todas las medidas necesarias para estas transmisiones regionales, esperamos que ese tiempo sea suficiente. Esta propuesta tuvo una fuerte discusión, pero es bueno que la haya entre nosotros. Probablemente, el carácter regional de los canales y de la publicidad sean uno de los motores más trascendentales para la descentralización del poder en la sociedad chilena. Por eso estamos de acuerdo con esta iniciativa y trataremos de perfeccionarla para que sea operante y real en la sociedad chilena lo antes posible. El tema de las concesiones a los particulares y los plazos en que se otorgan obedecen a un pacto político que no nos satisface, pero que apoyamos. Hemos acordado y respetaremos que las concesiones se otorguen por 25 años; pero hacemos prevención en el sentido de que no hay país alguno que otorgue este plazo. En la mayoría de los países del mundo las concesiones se otorgan por 10 años. Y en Estados Unidos y otras naciones avanzadas en esta materia, estos plazos se han reducido a 5 años. No obstante, debemos aceptar que en el país las inversiones en televisión, las infraestructuras y los costos requieren de un plazo mayor. Estamos de acuerdo en que se aplique la ley vigente en materia de concesiones televisivas, en cuanto a que éstas se regulen en sus plazos, pero no lo estamos en que si hay transferencias de esas concesiones, no se apliquen los nuevos plazos que contempla este proyecto. Esperamos que la discusión en Comisión siga enriqueciendo, con las indicaciones que se proyecten, éste que es, a nuestro juicio, un tema clave para el futuro democrático de nuestra sociedad. En todo caso, estimamos que estamos frente a un adelanto, que debemos seguir perfeccionándolo, que debemos continuar en un horizonte de verdadera autonomía del sistema televisivo, de neutralidad política del mismo, de pluralismo, para que, en definitiva, los valores democráticos, el respeto a la dignidad y el derecho de las personas sean preservados. Por eso, en general, nuestra bancada está por votar a favor de este proyecto. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez. El señor MARTINEZ (don Gutenberg).- Señor Presidente, aunque no era mi intención, antes que nada, tengo que lamentar la actitud del colega o de los colegas, al parecer, de Renovación Nacional, que han objetado la posibilidad de que pueda estar presente en esta sesión el Subsecretario del Ministerio relacionado con la ley que estamos discutiendo. Evidentemente, es una decisión negativa, porque, de algún modo importante, daña el buen funcionamiento de esta Cámara en el tratamiento de una legislación tan importante como es la de la televisión. Una democracia que se construye todos los días, se concreta también con gestos de todos los días. Por eso hay que saber distinguir entre las diferencias y las pasiones circunstanciales por las cuales cada uno puede estar atravesando. Si en este caso, como se ha insinuado, pudieran existir razones políticas que permitieran fundamentar una decisión de esta especie, bueno sería que los colegas no las mantuvieran en secreto, sino que las explicitaran en forma pública. Ahora voy al fondo de la materia. Aprovechando las intervenciones del Diputado informante y del colega Molina, seré bastante sintético en la entrega de mis opiniones, con el fin de facilitar también que otros colegas puedan opinar sobre el tema. Bien ha resaltado el colega Jorge Molina la importancia de la televisión. No cabe ninguna duda de que el cambio de la composición del Consejo Nacional de Televisión y la discusión a posteriori, pero, en cierta medida, en paralelo, de lo que significa la reforma de la televisión nacional, es parte de lo que supone una modificación necesaria, en un tiempo de transición hacia la construcción de una democracia plena. Por la importancia que tiene la televisión y por el carácter de bien nacional de uso público que tiene la frecuencia de televisión, es vital la existencia de un órgano regulador, como es el Consejo Nacional, y es vital que él mismo represente plenamente a la comunidad nacional. El acuerdo político que ha recogido una nueva composición de este Consejo, nos permite afirmar que sí será, en el futuro, un Consejo representativo de esa comunidad nacional. Quiero resaltar, como lo han dicho los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, el buen espíritu y el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre la materia, y el deseo que han comprometido todos sus miembros, para perseverar en los esfuerzos, en el segundo trámite, en la misma línea. La existencia de la televisión privada es un hecho, discutible para algunos y saludable para otros. Pero también es un hecho de la causa, que, independiente de esto y por la importancia que tiene la televisión, es vital no tan solo la existencia de un consejo regulador, sino también de un consejo que tenga facultades objetivas para normar en un medio tan importante para nuestra comunidad. En esta perspectiva, hay temas que nos preocupan y que creemos que, en el segundo trámite, se podrán perfeccionar en indicaciones que se harán presentes, tanto en esta sesión como en la Comisión misma. Por una parte, el tema de la violencia, que en una intervención posterior va a tratar el colega Hernán Bosselin; por otra, la necesidad de garantizar una programación cultural en la televisión chilena. Se observa una debilidad en este factor; se observa una baja y un virtual debilitamiento, que hacen indispensable restablecer funciones más perentorias al Consejo Nacional de Televisión, que, por ejemplo, permita reeditar las franjas culturales de nuestra televisión. En segundo lugar, nos preocupa también la necesidad de restablecer normas legales que permitan regular la existencia de porcentajes mínimos de programación nacional en nuestra televisión. Esta es una necesidad para el desarrollo de la creatividad de nuestro país y para la expresión de lo que son los valores culturales, la idiosincrasia de nuestra patria, de los chilenos, y, fundamentalmente, de los valores de la chilenidad. El hecho de que el país esté hoy día inmerso en un proceso de apertura hacia el exterior, en lo que significa la internalización de las comunicaciones, demuestra que también es importante, junto con este proceso, el que podamos afirmar propiamente nuestros valores culturales. Y en esa perspectiva, el que se restablezca la obligatoriedad de que un determinado porcentaje de la programación de televisión esté destinado a programas nacionales, nos parece importante. De igual modo, como se ha dicho, hay necesidad de normar la obligatoriedad de que exista un tratamiento de las problemáticas locales o regionales. El Diputado informante ha dado cuenta de una indicación presentada por los colegas señores Elgueta y Ortega, aprobada por mayoría -no por unanimidad- en la Comisión. En lo personal no respaldé el texto literal de dicha indicación, pero es importante recoger su espíritu, a fin de establecer alguna suerte de franja regional que permita que los problemas de las comunidades locales de las provincias y regiones del país estén presentes en la televisión chilena. También nos parece importante seguir garantizando el pluralismo. Lo que vivimos durante los años pasados todos nosotros -no excluyo ninguno- indica lo importante que es la existencia de una televisión efectivamente plural. Plural en sus programas noticiosos, en sus programas políticos, en el libre acceso y expresión de todos los sentimientos, las culturas y las ideas que estén presentes en nuestro país. Este no es un problema de algunos, sino de todos; por lo mismo, saludamos la aprobación unánime que la Comisión diera a una indicación que tiende a asegurar una parte del pluralismo, al menos, sin perjuicio de que tengamos que desarrollar los otros, que es el que dice relación con normas respecto del pluralismo político. Por último, a través de indicación que será presentada, es importante restablecer la obligatoriedad de que el Consejo Nacional de Televisión emita informaciones del Congreso Nacional, especialmente de la Cámara de Diputados. El país debe saber lo que se hace en televisión, cómo se cumple con los fines y objetivos que la ley señala, cómo el Consejo Nacional de Televisión cumple con esas obligaciones. Es necesario evaluar el comportamiento de los concesionarios, de quienes hacen uso de una concesión que nos pertenece a todos. Por eso, reitero, es importante que estos aspectos sean evaluados y conocidos, en especial por la Cámara de Diputados. El acuerdo político es favorable. Naturalmente, lo respaldamos. Tenemos nuestros matices e ideas respecto del plazo y del carácter de las concesiones. Por eso, como se ha anunciado, estas materias serán perfeccionadas en el segundo trámite en la Comisión. Por esta razón y por las indicadas con anterioridad por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, la bancada democratacristiana votará favorablemente en general el proyecto. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado don Víctor Pérez. El señor PEREZ (don Víctor).- Señor Presidente, sin duda, el tema que hoy nos ocupa tiene extraordinaria relevancia, no sólo porque la Cámara de Diputados analiza el proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que fija normas al Consejo Nacional de Televisión, después del estudio realizado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sino porque modifica textos que regulan una actividad tan fundamental como es la televisión. Hoy nadie puede dejar de reconocer que la televisión es uno de los medios más influyentes en la vida diaria de todos y cada uno de los chilenos. A través de la imagen, de la información y de la entretención que difunden los diversos canales, se causan los mayores efectos en la comunidad nacional. Muchas veces, influyen en la decisión de vastos sectores de la opinión pública. Por ende, la televisión constituye un medio de expresión que tiene una influencia tal, que requiere que la Cámara de Diputados analice la legislación que se dictará al respecto con detención, con seriedad y, sobre todo, con gran responsabilidad. Cualquier norma que dictemos sobre televisión estará vinculada directamente con la libertad de expresión, la que, en nuestro país, estará íntimamente ligada con la posibilidad de tener en forma efectiva y real una televisión libre. La libertad de expresión estará íntimamente ligada con el pluralismo en nuestros canales de televisión. Sin duda, la libertad de expresión en nuestro país estará íntimamente ligada a la posibilidad de que cualquier persona o institución acceda a emitir por sus ondas. Por ello, es importante que este elemento lo valoremos adecuadamente. La televisión, como medio de comunicación más influyente, es el que más injerencia tiene en todos los aspectos de la libertad de expresión. Dicha libertad es fundamental en una democracia. La democracia, en buena parte, se funda en la posibilidad de expresarse que tienen los distintos sectores de la comunidad nacional, sobre todo, a través de los medios de comunicación de mayor influencia. Debemos tener especial cuidado de no equivocamos en los mecanismos por los que debemos velar para que en la televisión exista pluralismo y una auténtica y real libertad de expresión. Por lo tanto, la discusión del proyecto de ley es muy importante, porque es para establecer una legislación sobre televisión, que requiere, como primera base, como primer elemento, un amplio acuerdo y consenso, ya que se trata de un medio que tiene influencia sin parangón. Por eso, debemos dictar normas en que los distintos sectores de la comunidad nacional logren acuerdos básicos. Con esta iniciativa, que se ha debatido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y ha sido difundida en los medios de comunicación, se ha ido avanzando en acuerdos básicos, realmente importantes. Con esto, se garantiza, en forma significativa, el perfeccionamiento de los mecanismos de la libertad de expresión. ¿Cuáles son -a juicio de la bancada de la UDI- las bases esenciales para eáte acuerdo, para este consenso, que, en nuestra opinión, están recogidas fundamentalmente en el proyecto? En primer lugar, se reconoce y ratifica un sistema de televisión privada, que coexiste en igualdad de condiciones con la televisión estatal. Este principio, ya establecido en el año 1988, es un elemento fundamental en la concepción moderna de libertad de una sociedad. Con él, hemos avanzado significativamente en la discusión. Atrás han quedado las concepciones de televisión estatal o pública. Con todos los antecedentes históricos, no sólo externos, de otros países, sino de lo sucedido en Chile, nos parece esencial la coexistencia de la televisión estatal con la televisión privada, en igualdad de condiciones. Cuando se habla de que es fundamental, fijar reglas del juego claras, sobre todo para mantener el pluralismo en la televisión, no debemos dejar de tener presente que la televisión estatal será siempre influida, en mayor o menor medida, positiva o negativamente, por el gobierno de turno. En Francia, durante la discusión de una legislación parecida, el propio Presidente Francois Mitterrand señaló que existe el riesgo de que el gobierno influya en la programación de la televisión. Esta influencia puede ser negativa o positiva; pero siempre atentará de una manera importante sobre la libertad de expresión. Por lo tanto, es un paso trascendente que todos los sectores políticos ratifiquen la coexistencia de la televisión privada con la televisión estatal, en igualdad de condiciones. Con seguridad, más adelante otros pasos requerirán acuerdos, también muy amplios. Por ejemplo, para lograr la televisión pública, algo distinto de la televisión gubernamental. En todo caso, ya empieza a dar satisfacción lo logrado y a garantizar que las fuerzas políticas del Parlamento están verdaderamente comprometidas con la libertad de expresión. Otra de las bases esenciales del acuerdo, recogida fundamentalmente en las normas del proyecto, es el reconocimiento y la ratificación de los derechos adquiridos de los actuales concesionarios de televisión, lo que para mí y para la bancada de la UDI es un elemento fundamental del derecho constitucional de propiedad. En esta oportunidad, no puedo dejar de expresar mi reconocimiento y satisfacción, en nombre de la Unión Demócrata Independiente, por las palabras del señor Ministro Secretario General de Gobierno, que ha anunciado en la Sala, hace breves momentos, la presentación de una indicación del Ejecutivo para perfeccionar, más aún, el acuerdo político alcanzado, en el sentido de que se respetará la legislación que dio origen a los canales que están en operación. El hecho de reconocer y ratificar los derechos adquiridos por los actuales propietarios de los canales de televisión, significa un paso extraordinariamente importante, porque da estabilidad al marco en que hoy se desenvuelve la televisión en nuestro país. Quienes ingresen mañana al espectro televisivo, lo harán con nuevas normas, objetivas y claras, y en circunstancias, sin duda, distintas respecto de quienes lo hicieron antes. Discrepo de las apreciaciones subjetivas del Honorable Diputado señor Molina sobre lo que significa el ingreso de los canales privados. En el estudio que realizó la Comisión Investigadora de Televisión Nacional quedó claramente demostrado que en los llamados a licitación se dio cumplimiento estricto a las normas establecidas en la ley y en los reglamentos. Aspectos marginales, muy discutibles, sobre el arriendo de determinados bienes de Televisión Nacional, no pueden ser argumentos para objetar el nacimiento de la televisión privada. Al margen de estas críticas, sin duda subjetivas y no apegadas a la verdad, lo importante es que gran parte de la gente, por lo menos de las regiones más importantes de Chile, está realmente satisfecha porque, día a día, tiene más alternativas que ver en televisión, lo cual es extraordinariamente significativo. Otro aspecto que a la bancada de la UDI le parece esencial para llegar a este acuerdo es el compromiso que debe asumir la televisión, con objetivos y fines que tiendan a preservar los valores propios del orden moral, cultural y nacional de la sociedad. Creemos -y así lo haremos presente a través de indicaciones- que es necesario precisarlo para dar mayor objetividad a su interpretación jurídica. Es fundamental que la televisión asuma ese compromiso o busque objetivos y fines que hagan posible que nuestra identidad cultural, moral, nacional, que nuestras tradiciones sean preservadas a través de este medio tan influyente. Otro aspecto importante contenido en el proyecto, es la integración del Consejo Nacional de Televisión, que debe tener las facultades necesarias para cumplir con el objetivo de velar por el correcto funcionamiento de la televisión. Debe concebirse, tanto en su integración como en sus facultades, con amplias garantías de imparcialidad e independencia. Sin perjuicio de compartir esencialmente la fórmula propuesta en el proyecto, debe perfeccionarse en su integración, porque consideramos importante que se integren a él instituciones de relevancia, tanto en el ámbito religioso, cultural e institucional del país. La bancada de la UDI cree que el Consejo Nacional de Televisión no debe tener una integración exclusivamente política; hay otras instancias, otras instituciones, de orden religioso, cultural e institucional, cuyas voces y opiniones son importantes, y por ello anuncio que presentará una indicación en tal sentido. Por último, votaremos favorablemente la idea de legislar sobre estos supuestos esenciales, sin perjuicio de que anunciemos indicaciones orientadas, fundamentalmente, a dar mayor objetividad y, por consiguiente, menor discrecionalidad a las atribuciones del Consejo Nacional de Televisión. Al mismo tiempo, perseveraremos para que las normas que garanticen una efectiva igualdad entre los canales existentes sean mantenidas en forma verdadera en el tiempo. Estos aspectos –reitero- llevan a la bancada de la UDI a votarlo favorablemente y a reflexionar sobre un tema tan fundamental como el que hoy estamos discutiendo. Los aquí presentes, los que nos escuchan, el país entero, saben que la televisión tiene mayor influencia -quizás más de lo normal- que cualquier otro medio de comunicación. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de dictar normas que permitan, con objetividad y seriedad, establecer igualdad de oportunidades, garantizar el pluralismo, la libertad y el acceso a tan importante medio de comunicación. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Laura Rodríguez. La señora RODRIGUEZ (doña Laura).- Señor Presidente, si bien este proyecto contempla la composición del Consejo Nacional de Televisión y el tema de las concesiones, no es menos cierto que el objetivo central consiste en regular todo lo concerniente a la televisión, reconociendo el poder de este medio de comunicación. Pero hay un punto que se ha tratado en forma sumamente débil y que tiene gran impacto: el relativo a la publicidad televisiva. Para cualquier persona resulta evidente que los "spots" de la televisión son exagerados en cuanto a minutos publicitarios si se los compara con los de programación. Pero lo más grave es el contenido de tal publicidad. Sería muy ingenuo suponer que la violencia que amenaza a nuestra sociedad se origina en monitos que defienden el espacio con armas galácticas, los cuales, con la misma facilidad con que mueren, recuperan la vida; sería muy ingenuo suponer que la delincuencia tiene su origen en las películas de "Rambo" o de "Robocop"; sería muy ingenuo suponer que la amenaza del terrorismo se origina en películas como "Los Magníficos". El contenido de la publicidad es una forma de violencia. Es violencia sicológica que busca tergiversar la realidad, desatar expectativas que la gran mayoría de nuestro país no puede satisfacer, y poner como valor central el consumismo y los objetos como único medio de alcanzar estados de felicidad. Esta es, sin duda, la raíz de la violencia social. ¿Por qué nos extrañamos si unos jóvenes asaltan y matan a alguien por un par de zapatillas, cuando a toda hora, en todo momento, la televisión afirma que gracias a esas zapatillas se consigue el éxito, el amor, el prestigio y la felicidad? Por otra parte, también me parece altamente peligroso que gran parte de la publicidad de los productos que consumen los niños se destine a ellos, lo que genera una demanda falsa y forma la mentalidad consumista desde los primeros años. Estas son las cosas que sí dañan a la familia cuando no tienen los medios económicos suficientes. También es preocupante que el Consejo Nacional de Televisión, en algún momento, censurara a las bailarinas soviéticas que mostraban sus senos, argumentando que tales imágenes atentaban contra la dignidad de la mujer, y que, no censure la publicidad que muestra a la mujer realizándose con una lavadora o con un detergente nuevo. Personalmente, me siento más ofendida con esto último. Todas las mujeres tenemos senos, pero no lavadoras eléctricas. La modificación al artículo 12 de la ley N° 18.838, consiste en agregar al tema de la publicidad la siguiente letra i): "Dictar normas sobre publicidad y regular la emisión de la misma, de acuerdo con las necesidades de la programación de cada medio". Es decir, plantea un punto de vista netamente economicista para controlar la publicidad. Sin embargo, en el inciso segundo del número 1 del artículo único se establece cuál será el correcto funcionamiento del Consejo Nacional de Televisión. Expresa: "Se entenderá por correcto funcionamiento de esos servicios la constante afirmación, a través de su programación: de los valores morales y culturales propios de la Nación; de la dignidad de las personas y la familia; del pluralismo y la democracia; de la paz como el rechazo de toda forma de violencia; de la protección al medio ambiente, y de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico". Hoy, señor Presidente, son los comerciales los que atenían contra nuestros valores culturales al mostrar una realidad falsa; hoy son los comerciales los que atenían contra la familia, los lazos afectivos y la solidaridad, al promover el consumismo; hoy son los comerciales los que fomentan la violencia y generan expectativas frustradas desde su inicio; hoy son los comerciales los que promueven productos que dañan nuestro medio ambiente, como aquellos que dañan la capa de ozono; hoy son los comerciales los que tratan de manipular a los jóvenes y a los niños. Por lo tanto, he presentado una indicación a la Mesa, a fin de que todos los argumentos de buena evaluación del Consejo Nacional de Televisión sean medidos de acuerdo a la programación y al contenido de la publicidad. Cuando se habla de moral, hay que reconocer la inmoralidad del consumismo, que pone el valor del dinero y de los objetos por sobre el ser humano. Esto es lo que realmente debe ser censurado. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin. El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, coincidiendo con el proyecto de ley en análisis, estimo conveniente hacer resaltar algunos aspectos que se omitieron en la Comisión y que no tienen una expresión legislativa adecuada. Existe conciencia de la importancia de la televisión, pero no cabe la menor duda de que debe darse a la ciudadanía una participación en el control y en la fiscalización de este medio de comunicación de masas. Por lo anterior, en la Comisión de Constitución se formuló indicación a fin de conceder acción pública a los ciudadanos que estimen que han sido violados los bienes o valores jurídicos descritos en el artículo 1°, con el objeto de que puedan acudir directamente -en caso de que las infracciones sean graves y reiteradas- al Consejo Nacional de Televisión, para recabar el ejercicio de sus facultades, ya sea para aplicar sanciones o dictar la correspondiente reglamentación. Si no se concede una acción de esta naturaleza, tengo la impresión de que la normativa que aprobará la Cámara de Diputados quedará en el aire, porque las leyes pueden decir muchas cosas, pero lo que debemos hacer es organizar a la comunidad, y sobre todo a las asociaciones de familias, a fin de que salgan en defensa de los valores ofendidos o burlados a través de los canales de televisión. No cabe la menor duda de que uno de los temas que más preocupa a la opinión pública es el de la violencia. Este es un punto crucial. ¿Ejerce la televisión influencia en el fomento de la violencia? Algunos teóricos dicen que no, por cuanto es un método de liberar una catarsis. La gente ve violencia y no la práctica, porque a través de las cámaras de televisión vio mucha violencia. Sin embargo, otros estudiosos señalan que la televisión influye realmente en la conducta de la ciudadanía y que las conductas delictivas, terroristas, agresivas, se aprenden vitalmente a través de los medios audiovisuales. La televisión es el medio más poderoso para influir en el proceso de formación de la niñez y de los adolescentes. Pensamos que debe dictarse una legislación mucho más profunda que la que se está aprobando. No basta con señalar criterios orientadores o invocaciones a valores de carácter universal, como los señalados en el artículo 1°, sino que se deben dar líneas orientadoras a fin de que el Consejo Nacional de Televisión efectivamente sancione y prevenga, cosa que no ha hecho. Nosotros estamos combatiendo el terrorismo. ¿Qué hace la televisión? Uno de los canales, en los precisos momentos en que toda la opinión pública está preocupada del terrorismo, transmite, a través de una emisión nocturna, todo el desarrollo de la estrategia en el mundo de estos terroristas; su forma de actuar y cómo evitar los errores que ellos cometen, para que sus propias acciones les produzcan resultados. Obviamente, podremos hablar de libertad, del derecho a la información, del derecho de propiedad, pero no cabe la menor duda de que se está haciendo mal uso de un bien común de toda la ciudadanía. Por esas razones, hemos presentado indicaciones que recogen los avances realizados en otros países del mundo y que tienden a circunscribir estas facultades de Consejo Nacional de Televisión al tema de la violencia. Hay otro punto que me preocupa. Sin duda, la propiedad de los medios de comunicación, debe ser libre, tal como se plantea en el proyecto. Pero también deben existir determinadas correcciones, con el objeto de impedir que ciertos conglomerados financieros o grupos económicos sean los únicos que accedan a los medios de comunicación masivos, con excepción del canal de Televisión Nacional y del universitario. La televisión está totalmente globalizada. Estamos recibiendo la transmisión por cable, la que en forma impresionante comienza a desarrollarse en nuestro país. Desgraciadamente, esto queda en poder y bajo el control de determinados grupos financieros o conglomerados económicos. Debe consagrarse una norma que, debidamente reglamentada, establezca un contrabalance a fin de que no se provoque esta acumulación de poder en quien está informando a la opinión pública. ¿Por qué nosotros, que somos el Parlamentó, estamos entregando la herramienta más valiosa que tiene actualmente la comunidad civilizada a grupos restringidos? ¿Quién nos asegura un efectivo pluralismo y que los valores destacados en el artículo 1Q se llevarán a la práctica si el ejercicio del poder, del dominio de la propiedad es lo que determinará las líneas orientadoras? Es lo que estamos viendo en la televisión privada en estos momentos. ¿Qué ha sucedido con los nuevos canales de televisión surgidos en la vida nacional? Se han dedicado preferentemente a estimular la violencia. Es el tema que más colocan en la pantalla. No me vengan a decir que eso es libertad de información, derecho de propiedad o pluralismo. La Cámara de Diputados y el Senado, que representan el poder soberano del pueblo, deben tener un pronunciamiento muy macizo y muy de fondo sobre este tema. Esperamos hacer un análisis más profundo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Estamos cambiando la composición del Consejo Nacional de Televisión, pero ¿quién nos garantiza que esta nueva composición traerá efectivamente nuevas orientaciones en la televisión? Honorables colegas, debemos ser extraordinariamente cuidadosos en la legislación sobre este punto y no dejamos impresionar por los debates que tuvieron lugar en otros países del mundo. Debemos ver nuestra propia realidad y ésta es, por desgracia, desoladora. Eso es lo que están reclamando la opinión pública y las madres, y lo que estaba señalando la Honorable Diputada Rodríguez, quien indicaba, con mucha nitidez, lo que sucede a través de la propaganda en la televisión. Los antivalores que se transmiten a través de la publicidad constituyen el signo con el cual se está acuñando a la nueva juventud y a la niñez. Nosotros debemos reaccionar con energía, con valor y con entereza, sin dejamos apabullar por estos medios de comunicación. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado Teodoro Ribera. El señor RIBERA.- Honorable Cámara, el Presidente de la República envió, el 20 de noviembre de 1990, un proyecto que tiende a modificar la ley N° 18.838, del Consejo Nacional de Televisión. Como el propio mensaje lo indica, su finalidad es conformar un Consejo -y cito- "integrado y elegido de manera democrática para que éste proponga, luego, nuevas modificaciones". En otras palabras, la reforma propuesta no es definitiva, sino que sólo tiene un carácter temporal, según los deseos del Ejecutivo. Igualmente, el mensaje señala que se persigue "restablecer el carácter de bien nacional de uso público que deben tener las frecuencias de televisión, limitando el plazo de vigencia de las concesiones a un período determinado.". Con posterioridad, el 19 de marzo de 1991, se formularon diversas indicaciones a los proyectos de ley antes mencionados, las cuales acogieron, en parte, ciertos acuerdos a los cuales llegaron los partidos políticos representados en el Parlamento. No está de más recordar, señor Presidente, que Renovación Nacional se vio en la necesidad de llegar a este acuerdo luego que otros partidos políticos transaron con lo cual imposibilitaron una mayor firmeza en tomo al proyecto que traspasaba, desde el Fisco a Televisión Nacional de Chile, 4.500 millones de pesos. Tampoco está de más recordar que ese acuerdo político, que hoy vemos referendado en la ley, le costó al erario 2.200 millones de pesos. Cabe también recordar que, con fecha 16 de abril de 1991, el Excelentísimo Tribunal Constitucional dictó la sentencia rol N° 122, por la cual estimó inconstitucional el proyecto, presentado por algunos Senadores, que facultaba a los señores Ministros para formular indicaciones a los proyectos de ley en tramitación en el Congreso Nacional, así como para sustituir, adicionar, suprimir o retirar, en su caso, proyectos, indicaciones o parte de los mismos. Eso significa que todas las indicaciones presentadas en su oportunidad por el señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa Ríos, son inconstitucionales en la forma, pues no fueron rubricadas por el Presidente de la República. Con posterioridad, el Presidente de la República habría refrendado dichas indicaciones. Sin embargo, deseo que el señor Presidente nos indique si la opinión de la Mesa es que tales indicaciones, que en su momento no eran válidas, pueden ser refrendadas con posterioridad por el Presidente de la República, toda vez que cuando el señor Ministro las presentó, carecía de atribuciones para ello; vale decir, las indicaciones fueron presentadas por cualquier ciudadano. Por lo tanto, estimo absolutamente extraño que la Corporación se aboque hoy a tratar un tema que, en su oportunidad, no pudo haber sido considerado. Su opinión, al respecto es importante tanto para la adecuada tramitación de los proyectos, como para comprender en plenitud y cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que, en otras palabras, fortalece la labor legislativa del Congreso. Quiero que exista claridad sobre este tema, para luego proseguir con mi discurso. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se trata de un tema que, quizás, deberíamos estudiar bastante más en detalle. Como Mesa, debo precisar que esta situación la debatimos en una sesión de Comités, con motivo del proyecto de ley relativo al Estatuto Docente, en cuyo tratamiento sucedió una situación parecida. En efecto, debieron regularizarse iniciativas anteriores a la resolución del Tribunal Constitucional, sobre la base de la aceptación, por los Comités y la Sala, del procedimiento que se usó. En este caso, me parece importante -y lo planteo como primera reflexión-, tener presente que se trata de una situación similar a la producida con el referido proyecto, la que se resolvió con el envío, al Ejecutivo, de la observación correspondiente, para que él hiciera suyas las indicaciones de los señores Ministros. Esa situación se regularizó con la firma del señor Presidente. En principio, quería indicar que éste es el juicio o el diagnóstico que el problema le merece a la Mesa. El Diputado señor Ribera continúa haciendo uso de la palabra, ya que sólo ha formulado una consulta a la Mesa. Le han solicitado una interrupción los señores Cornejo, Latorre y Rojo, en circunstancias de que, reglamentariamente, sólo puede concederla a uno de ellos. El señor RIBERA.- Señor Presidente, no quiero determinar a cuál de mis estimados colegas daría la interrupción; pero me parece conveniente que el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia haga uso de la palabra para referirse a la materia en análisis, y, a continuación, me gustaría recuperar el derecho a proseguir con mi discurso. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo, como Presidente de la Comisión técnica. El señor CORNEJO.- Simplemente para aclarar que en la discusión del proyecto en la Comisión, las indicaciones, formalmente, como ha dado cuenta el propio Diputado informante, fueron presentadas, materialmente, por los señores Diputados, de tal manera que mal podría invocarse, ahora, que el señor Ministro, en su oportunidad, carecía de facultades para ello. Antes de que este proyecto se pusiera en Tabla, tuve la precaución de preguntar al señor Secretario de la Comisión que me informara si, en todo caso, de aceptarse lo que planteaba el Diputado señor Ribera, las indicaciones que teóricamente habían sido presentadas por el señor Ministro lo habían sido con anterioridad o con posterioridad al fallo del Tribunal Constitucional. Entiendo que, de aceptarse que el Ministro presentó las indicaciones, lo fueron con anterioridad al fallo. De manera que no veo cómo podría aplicarse lo que señala el Diputado señor Ribera. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Ribera. El señor RIBERA.- En realidad, hay que tener la visión clara del problema jurídico. La sentencia del Tribunal Constitucional no es constitutiva, sino declarativa de derechos. Establece que los Ministros nunca, ni antes ni después, han tenido facultades para formular indicaciones. Por lo tanto, todas las hechas en forma previa por el señor Ministro lo han sido por simples ciudadanos y, en su oportunidad, no debieron ser tramitadas por las Corporaciones Legislativas. Quiero dejar claro este problema, no como una forma de escabullir el fondo del tema a que me referiré, sino para dejar sentado que Renovación Nacional, también en este aspecto, es una fiel servidora y guardiana del estado de derecho, el cual también debe cumplirse dentro de esta Corporación, porque en las normas de derecho público no existen limitaciones ni excepciones al respecto. Habiendo dejado constancia de este problema, que me parece trascendente, y de que creo importante que en el futuro no se presenten situaciones análogas e, incluso, sobre la constitucionalidad de lo que usted ahora, como Mesa, ha decidido, pasaré al fondo del asunto. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tenga la certeza absoluta, señor Diputado, de que, respecto de esta materia, en ese sentido, la Mesa ha tomado no solamente nota de lo que el Tribunal Constitucional ha sentenciado, sino que, además, hemos insistido ante las autoridades de Gobierno, de tal modo que ésta es una situación que será regularizada absolutamente. El señor RIBERA.- Gracias, señor Presidente. Los medios de comunicación siempre han sido objeto de cierto recelo por parte de las autoridades, especialmente en el momento de aparecer. Lo fueron los diarios, los libros, etcétera, que tuvieron una fuerte fiscalización y censura, a través del control de las imprentas. Sin embargo, hoy vemos que los diarios y las radioemisoras tienen amplia libertad. En cuanto al espacio radioeléctrico, existe una administración del uso, desde el punto de vista técnico, pero no en cuanto al material que se emite. La televisión también nació en Chile bajo la tutela del Estado. Por ley se otorgaron concesiones indefinidas a universidades y al mismo. La Constitución de 1980 liberalizó este aspecto, pero mantuvo una regulación especial en el artículo 19, N° 12, al establecer que "habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley de quorum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo.". Finalidad esencial de este Consejo es, por tanto, velar, como la propia Constitución lo dice, por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. La ley N° 18.838 se refirió a esta materia, entendiendo por el concepto "correcto funcionamiento" no solamente elementos relativos al funcionamiento técnico, sino también a ciertos elementos valóricos que exceden dicho marco. Renovación Nacional ha tenido en consideración grandes ideas rectoras en el momento de votar esta reforma legal. Como primer punto, postulamos que el Estado no debe inmiscuirse en las programaciones o tener atribuciones para influir sobre los canales a fin de que irradien tal o cual programación. Consideramos inconveniente que la ley contenga referencias a esta materia en términos de exigir una conducta activa al respecto. Lo que la ley puede y debe establecer son sanciones para quienes vulneran ciertos principios y márgenes preestablecidos. Así, por ejemplo, es preciso que las normas jurídicas respeten... Varios señores DIPUTADOS.- ¡Ahora...! El señor RIBERA.- Sí; ahora y también antes, colegas. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio y no intercambiar opiniones, porque no corresponde dialogar. Diputado señor Ribera, sólo quedan 5 minutos para terminar el Orden del Día. El señor RIBERA.- Perfecto, señor Presidente. Así, consideramos inconveniente que el artículo 1° se refiera a una "constante afirmación" al introducir un sistema de participación activa, en circunstancias de que lo único exigible por ley es no irradiar mensajes contra el sistema que se pretende proteger. Manifestamos nuestra duda en cuanto a establecer por ley un pluralismo político y el procedimiento consignado en el artículo 15, inciso tercero. Como segundo punto neurálgico de nuestra argumentación política, pensamos que el Consejo Nacional de Televisión debe tener una amplia representación y estar constituido por personas de una sólida formación, elegidas por amplia mayoría para ser fruto de un extenso consenso. Por ello, no somos partidarios de una mayoría absoluta en el Senado -que consideramos insuficiente-, para la elección de los consejeros, porque no garantiza una amplia representatividad. En cambio, proponemos dos tercios de los Senadores en ejercicio, quorum esencial para una buena legislación, razón por la cual repondremos la indicación formulada al artículo 2°, letra b. Como tercer punto fundamental, estimamos que las decisiones del Consejo Nacional de Televisión en materias determinantes deben ser adoptadas por mayoría especiales para afianzar un amplio consenso al interior de ese órgano. Consideramos pertinente un quorum de 7 de los 11 miembros para aplicar determinadas sanciones y para otorgar subsidios o aportes en ciertos casos. Lamentamos que, en estas materias, no hayamos sido acompañados, en esta Cámara, por ningún otro partido político. Sin quorum especial, Renovación Nacional no votará favorablemente la conformación de este órgano. El cuarto punto radica en que debe garantizarse un amplio acceso al mercado televisivo, dado que no compete al Estado limitar el acceso o privilegiar a canal alguno. Somos partidarios de que no existan trabas, limitaciones absurdas o criterios burocráticos para establecer el número de canales televisivos que deben existir. Como a la autoridad sólo le cabe velar por las disposiciones técnicas, consideramos atentatorio de la economía social de mercado el que esta ley faculte al Consejo Nacional de Televisión para determinar el número de estaciones televisivas. Creemos que ello es una vuelta al pasado, un regreso a las licencias burocráticas. En materia de asignación de concesiones, consideramos vago y peligroso exigir los criterios previstos en el inciso primero del artículo 15, y sostenemos que su inciso segundo es antihistórico, por lo que insistimos en que exista un amplio acceso y en que siempre se efectúe un concurso público. Como quinto punto hemos tenido presente que todo financiamiento o subsidio estatal para la producción, transmisión o difusión de programas televisivos en zonas geográficas no comerciales o de interés cultural, debe otorgarse previo concurso público en consideración a normas objetivas. Rechazamos un financiamiento permanente para determinados canales, como lo hace el proyecto al establecer una cierta fórmula de financiamiento, quizás indirecta, para Televisión Nacional. La licitación debe estar consagrada, en todo caso. Si bien se contempla un concurso para los programas de alto nivel cultural o de interés nacional, ese criterio se ve muy disminuido en este proyecto; quizás reducido a una mínima importancia en el caso de financiamiento para zonas geográficas no comerciales. Igualmente, somos partidarios de que, en todo evento, ha de exigirse licitación, incluyendo a Televisión Nacional entre las empresas que deben licitar para mantener canales en dichas zonas. Nuestra idea es, por tanto, clara: concurso público para fomentar la competencia, y subsidios por plazos determinados y otorgados solamente por características técnicas que garanticen un buen servicio. Como sexto punto, estamos de acuerdo en que el plazo para las concesiones debe distinguir entre las ya otorgadas y las por otorgar. Respecto de las primeras, no nos parece apropiado, conveniente ni constitucional poner en duda el alcance de las existentes. Somos fieles partidarios del derecho de propiedad, base y requisito de una plena libertad, por lo que sostenemos que no deben desconocerse los derechos de los actuales concesionarios. Lo que sí debe olvidarse -es un mensaje- es caer en la tentación de regular en forma disímil estaciones de televisión que se encuentran en iguales condiciones. Deseo destacar, asimismo, que la Federación Nacional de Silicatos de Empresas de Trabajadores de Canales de Televisión Chilena, se ha expresado en el sentido de que las concesiones de televisión ya otorgadas se mantengan en su carácter de indefinidas. En cuanto a las concesiones por otorgar, las futuras, debe establecerse un plazo que permita inversiones que garanticen un buen servicio técnico, pero también la posibilidad de acceder al mercado. En este caso, no somos partidarios de la renovación automática, sino de derechos preferentes, a igualar la mejor propuesta técnica, única fórmula de garantizar nuevamente, un buen acceso al mercado. Señor Presidente, nos hubiera gustado discutir este proyecto de ley en otra constelación de relaciones políticas. Sin embargo, Renovación Nacional llegó a un acuerdo y lo respeta en su integridad. En sus negociaciones siempre ha tenido presente la necesidad de garantizar la libertad de información, el derecho a la propiedad, el libre acceso al mercado televisivo y, principalmente, el interés de Chile. Por ello votará favorablemente el proyecto. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Quedan aún por hace uso de la palabra los Diputados señores Sergio Elgueta, Eugenio Ortega y Carlos Kuschel. Si le parece a la Sala, se podría acordar que los discursos de los mencionados parlamentarios se incorporen a la versión oficial de la presente sesión. Un señor DIPUTADO.- No, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. En conformidad con el Reglamento el único Comité que no ha hecho uso de la palabra, es el del Partido Radical. Con posterioridad, procederemos a votar. Recuerdo a la Sala que se requiere de quorum calificado y, por lo tanto, del voto de 59 parlamentarios. Finalmente, solicito el acuerdo de la Sala para que la Comisión Investigadora de los problemas carcelarios del país pueda sesionar simultáneamente con la Cámara una vez despachado el proyecto sobre el Consejo Nacional de Televisión. Un señor DIPUTADO.- No, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, una vez más, Renovación Nacional nos ha dado lecciones de libertad a todos los miembros de esta Honorable Cámara. En verdad, muchos hubiéramos preferido que esas clases de libertad las hubiera dado en el pasado, cuando, obviamente, sus palabras tenían mucho más valor que ahora. Con relación a la materia que nos preocupa, los parlamentarios radicales vamos a aprobar en general este proyecto, por dos razones. En primer término, porque participamos de su contenido, ya analizado por el Diputado informante y por otros colegas que me han antecedido en el uso de la palabra; y, en segundo lugar, porque es el fruto de un acuerdo político entre el Gobierno y la Oposición, el cual por cierto, respetamos. Sin embargo, queremos hacer resaltar cuatro aspectos que nos interesan, por considerarlos de la mayor importancia. No nos referiremos a la importancia de la televisión como medio de comunicación social, o al impacto que provoca en la formación de opiniones, toda vez que ésas son materias conocidas por los Honorables colegas. Queremos destacar que el Consejo Nacional de Televisión, partiendo de la premisa del rol que juega la televisión en la vida social, tiene significativa importancia en la vida de un pueblo, puesto que, como lo previene la Constitución Política, es el organismo que debe, velar por la conducta y correcto funcionamiento de la televisión chilena. Ello, obviamente, ocasiona efectos culturales, educacionales y sociales de gran trascendencia. Por eso, en primer lugar, felicitamos, apoyamos y saludamos la idea de cambiar la integración del citado Consejo, toda vez que el actual no sólo es controvertido en su génesis, sino que, indiscutiblemente, adolece de vicios de parcialidad. En la fórmula que aprobaremos en general, se plantea la integración de un Consejo cuyos componentes serán nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, lo cual es garantía de imparcialidad y, a su vez, nos asegura la expresión de una auténtica representación democrática. En segundo lugar, nos parece interesante, que por este proyecto de ley se recupere un principio que nunca debió abandonarse, cual es que las ondas radio televisivas son bienes nacionales de uso público. De esa manera, se pone término al concepto privatista y patrimonial que rige este orden de consideraciones en los últimos años. Si bien es cierto -y quienes tienen alguna formación jurídica- lo saben que lo indefinido no es sinónimo de perpetuo, toda vez que se trata de cuestiones diferentes, nos alegramos de que se termine con las concesiones indefinidas y que sea la ley la que establezca una limitación en términos precisos, como se plantea en el proyecto en comento. En tercer lugar, consideramos fundamental que el proyecto incorpore, como un principio que informe a la televisión chilena, el concepto del pluralismo en su acceso, lo que a nuestro modo de ver está claramente resguardado en la formulación del artículo 14 propuesto. Por último, los Diputados radicales apoyamos con especial énfasis la indicación del Honorable colega don Eugenio Ortega para agregar el artículo 46 bis, que permite que los canales de televisión regionales destinen, por lo menos una hora diaria, a programas de contenido regional. La medida es particularmente grata y los Diputados radicales la apoyamos, ya que no por extraña coincidencia todos somos precisamente Diputados de regiones, felicitamos al colega Eugenio Ortega por una iniciativa de tanta trascendencia, como asimismo por la razón de orden cultural que dio -como lo mencionó el Diputado informante-, por cuanto todos sabemos que la realidad cultural varía de una región a otra. Es esa identidad cultural regional, o de nuestras comunidades, la que no debemos perder y, por el contrario, debemos preservar. Esta iniciativa apunta, sin duda, en ese sentido. Concluyo reiterando lo dicho al comienzo: los Diputados radicales vamos a aprobar en general este proyecto de ley, sin perjuicio de los aportes que se le harán en su segundo trámite constitucional. Señor Presidente, el Honorable colega Juan Carlos Latorre me ha solicitado una interrupción y, con su venia, estoy en condiciones de otorgársela. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre, por la vía de la interrupción. El señor LATORRE.- Muchas gracias, colega Campos. Señor Presidente, intenté hacer una pregunta al colega Ribera en el momento en que intervenía. Lamentablemente, él no pudo conceder interrupciones a todos quienes se las solicitamos. Por eso, deseo hacer un alcance a su intervención, a fin de que quede claramente establecido en la historia de la ley. El colega Ribera hizo alusión al costo que habrían tenido para el Estado los aportes que se destinaron al Canal Nacional. Recuerdo al colega que existió una Comisión Investigadora de la situación de dicho canal; que ella llegó a conclusiones que están a disposiciones no sólo de los parlamentarios sino que de la opinión pública en general, antecedentes que se encuentran en poder de la Contraloría General. Quiero que exista constancia -porque él no lo señaló- de que, de esa investigación y de los antecedentes proporcionados por Canal Nacional, quedó en evidencia en el momento en que se hizo cargo la nueva administración, un déficit en su patrimonio de aproximadamente 4.700 millones de pesos, que, obviamente, impedía que pudiera seguir operando, a menos que hubiera alguna solución. En consecuencia, el colega Ribera debió haberlo dicho, porque los aportes, tenían como objetivo subsanar una situación que era producto de una pésima administración durante muchos años. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Hago presente que concluyó el tiempo del debate. Recabo nuevamente el asentimiento de la Sala para incorporar en la versión de la sesión los discursos de los señores Diputados. Un señor DIPUTADO.- No hay acuerdo. El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. En votación general el proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Despachado en general el proyecto. Pasa a segundo informe, dejándose constancia de la votación producida. Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de Gobierno. El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).- Señor Presidente, quiero agradecer a la Cámara de Diputados la aprobación en general del proyecto, en nombre del Gobierno, de nuestro Ministerio, y de nuestro Subsecretario, don Edgardo Riveros, quien, en verdad, fue el arquitecto de este acuerdo unánime obtenido esta tarde. He dicho. El señor LONGTON.- Señor Presidente, una moción de Reglamento, por favor. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor LONGTON.- Señor Presidente, solicito que pida nuevamente el asentimiento de la Sala para que sesione la Comisión investigadora de los problemas carcelarios, porque nos hemos constituido y suspendimos la reunión para venir a votar. Hay una persona citada que nos está esperando. Ruego a los Honorables Diputados que den su asentimiento para que podamos trabajar en esta Comisión, que es tan importante. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para tal efecto. Un señor DIPUTADO.- ¡No! El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. PROYECTOS DE ACUERDO. 8. PRORROGA DE PAGO DE PATENTES MUNICIPALES A COMERCIANTES DE FERIAS LIBRES. OFICIO. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Corresponde discutir y votar los proyectos de acuerdo. Se dará lectura al primero de ellos. El señor LOYOLA (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo de las señoras Cristi, doña María Angélica; Rodríguez, doña Laura, y de los señores Espina, Alessandri, Carrasco, Pizarra, don Jorge; Peña, Leay, Molina, Coloma y Elizalde. "1. Durante el último tiempo y como consecuencia de la epidemia de cólera que se iniciara en el vecino país del Perú, tuvo lugar la detección de algunos casos aislados en nuestro país, que presentaron la sintomatología de la enfermedad. "2. Producto de lo anterior, la autoridad hubo de adoptar una serie de medidas tendientes a controlar y evitar una propagación masiva del mal, las que principalmente dicen relación con las precauciones que deben adoptarse respecto de los hábitos alimenticios y, fundamentalmente, con el consumo de verduras, frutas, hortalizas y productos del mar, como pescado y mariscos. "3. Sin perjuicio de que la recomendación difundida se ha centrado en evitar el consumo de los productos referidos en forma cruda, esto ha significado en la práctica una seria alteración en la conducta de la población, que se ha concretado en la abstención de todo tipo de consumo de productos de la tierra y el mar, como prevención generalizada. "4. El proceder descrito, adoptado por porcentajes importantes de la población, ha traído nefastas consecuencias para los esforzados trabajadores de ferias libres, que concentran mayoritariamente su actividad en la venta de estos productos. Las medidas restrictivas y su acatamiento por parte de la población ha producido una merma de un 50 por ciento aproximado en las ventas para este sector, lo que, sin duda, interfiere gravemente en su presupuesto familiar y en las posibilidades de cumplir con sus compromisos tributarios, fiscales y municipales, muy en especial el pago semestral de la patente que, de acuerdo con las disposiciones del decreto ley N° 3.063, sobre rentas municipales, artículo 23 y siguientes, y lo prescrito en el decreto supremo 481, de 1980, del Ministerio del Interior, reglamento de la ley, debe cancelarse semestralmente. "5°. En reunión sostenida con fecha 2 de junio con el Sindicato de Trabajadores Independientes y Comerciantes de Ferias Libres, Fenacom, se solicitó encarecidamente a las autoridades presentes interponer sus oficios a objeto de ampliar en un plazo de 60 días, como mínimo, el pago de sus patentes, a contar del presente semestre, considerando que los plazos legales de vencimiento son el 31 de julio de 1991 y el 31 de enero de 1992, situación que preocupa sobremanera a dichos comerciantes, pues ven que difícilmente podrán cumplir dicho compromiso. "En consideración a lo anterior, es que venimos en solicitar la aprobación del siguiente proyecto de acuerdo: "Solicitar al Presidente de la República estudiar la posibilidad de aplazar por 60 días el plazo legal de vencimiento para el pago de las patentes municipales correspondientes a julio de 1991 y enero de 1992, por parte de los comerciantes de ferias libres, quienes han visto seriamente reducidos sus ingresos como consecuencia de la disminución en las ventas de los productos hortofrutícolas y del mar, derivada de las medidas adoptadas en la prevención del cólera". El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra, por cinco minutos, a algún señor Diputado que sostenga el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el señor Alessandri y, luego, el señor Ortega. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, la lectura del proyecto de acuerdo aclara bastante la situación. Cabe destacar que hace unos meses el Gobierno prorrogó en 90 días el plazo para pagar deudas por casetas sanitarias y por terrenos municipales. Sosteniendo ese mismo argumento y teniendo en vista la epidemia de cólera, habría que señalar que, en este caso, igual franquicia requieren los feriantes porque realmente han sido muy afectados. Los patrocinantes del proyecto de acuerdo hemos conseguido la firma de todos los Comités, porque hay una clara conciencia de la situación que están viviendo estas personas, más allá del problema que significan las patentes y los lugares donde ellas pueden trabajar. Todos los firmantes creemos que una manera de dar una ayuda a estas personas consiste en solicitar al Ejecutivo -también a los parlamentarios presentes, quienes, por lo menos deben escuchar las razones cuando se quiere favorecer a gente de tan escasos recursos- una prórroga de 60 días en el pago de sus patentes, en el entendido de que harán un esfuerzo realmente grande para pagarlas dentro del nuevo plazo. Además, nos hemos comprometido a estudiar la forma de que obtengan patentes y lugares definitivos para trabajar. Los Diputados señores Huenchumilla y Aylwin se han preocupado bastante de la solución de los problemas sociales. Aquí, 700 mil familias serán favorecidas, especialmente, en Puente Alto, señor Estévez. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Ortega, ya que posiblemente a él los Diputados de la Concertación lo escucharán con mayor atención. El señor DUPRE (Vicepresidente).- El Diputado señor Ortega hará uso de la palabra a continuación. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- He terminado, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortega. El señor ORTEGA.- Señor Presidente, daré mi apoyo a este proyecto de acuerdo, porque favorece a gente que ha sido afectada en forma realmente grave por el problema del cólera. He tenido reuniones con los feriantes de Talca, mi región, quienes me han informado haber tenido disminuciones muy altas en sus ingresos familiares, lo que les impide pagar sus compromisos. Con este proyecto de acuerdo se les hará justicia. Por lo tanto, espero el apoyo unánime de esta Sala para señalar al Ejecutivo la necesidad de prorrogar a los feriantes el plazo para el pago de sus patentes. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación el proyecto de acuerdo. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado. Aprobado. 9. SUSTITUCION DE DECRETO SUPREMO N° 1.086, DE 1983. SEGUNDA DISCUSION. El señor DUPRE (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo. El señor LOYOLA (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo de los Diputados señores Schaulsohn, Smok, Campos, Valenzuela y Jara, don Octavio. "Considerando: l. Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 19, número 13, asegura a todas las personas el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso ni autorización previa; "2. Que la misma norma constitucional establece que el ejercicio del derecho de reunión en lugares de uso público se regirá por disposiciones generales de policía; "3. Que el artículo 90 de la Constitución Política señala que la fuerza pública existe para dar eficacia al derecho; "4. Que el derecho de reunión se encuentra gravemente amagado por el decreto supremo 1.086, publicado en el Diario Oficial del 16 de septiembre de 1983, durante el gobierno militar, el que se dictó para reprimir las protestas que comenzaron en aquella época y que, desde el punto de vista jurídico, aparecían amparadas por el derecho constitucional de reunión. Para ello, se utilizó la figura del "aviso previo", homologándolo a la autorización; "5. En razón de lo anterior, el decreto supremo 1.086, dio amplias facultades a los gobernadores e intendentes para, en la práctica, prohibir las reuniones públicas al no existir absolutamente ningún requisito para que dichas autoridades pudieran negar la autorización eufemísticamente denominada "Aviso"; "6. Como complemento necesario de lo anterior, para que el decreto supremo cumpliera el propósito con el que fue dictado, se facultó a las Fuerzas de Orden y Seguridad para proceder a la disolución de las reuniones públicas no autorizadas avisadas; "7. Que es urgente adecuar las disposiciones generales de la policía, mencionadas en el inciso segundo del número 13 del artículo 19 de la Constitución Política, a la Situación de democracia que vive el país, lo que requiere el respeto irrestricto del derecho de reunión; "8. Para ello es indispensable derogar el decreto supremo 1.086, del Ministerio del Interior, de 1983, y reemplazarlo por un nuevo texto, más acorde con las garantías fundamentales consagradas en la Constitución. "9. El nuevo texto propuesto contiene los siguientes elementos: "a) Se funda, entre otros, en el artículo 90 de la Constitución, que consagra el principio de que la fuerza pública existe para garantizar los derechos ciudadanos; en consecuencia, el requisito de aviso a la autoridad tiene el doble propósito de obtener la protección de la fuerza pública para los ciudadanos que ejercen el derecho de reunión, por una parte, y, por la otra, garantizar el respeto a los derechos de aquellos que no participan de la manifestación. "b) Se elimina el requisito de la letra b) del artículo 2° del decreto supremo 1.086, que obliga a los organizadores a explicar el objeto de la reunión y la identidad de los oradores; estos datos son irrelevantes para el cumplimiento de los propósitos limitados del aviso y constituyen una transgresión al derecho de reunión. "c) Se deroga la letra c) del artículo 2° de la actual normativa, en donde se consagra la facultad del intendente o gobernador de negar autorización para una reunión en sitio público. En su reemplazo, se señala que dichas autoridades podrán negar el uso de determinadas calles de circulación intensa, en las cuales se perturbe el tránsito público, siempre y cuando éstas se encuentren incluidas en una nómina que deberán elaborar los intendentes o gobernadores, mediante resolución fundada. Se elimina así toda posibilidad de comportamiento arbitrario por parte de la autoridad, ya que ésta no puede extender sus facultades a sitios no incluidos en la lista elaborada con anterioridad al aviso requerido. "d) Se reemplaza la facultad de las Fuerzas de Orden de Seguridad de disolver automáticamente la manifestación que contravenga las disposiciones del nuevo decreto, por una multa de cargo de los organizadores. "e) Carabineros, antes de disolver una manifestación que no cumpla con las normas establecidas en este decreto, deberá verificar si, en los hechos, la manifestación está causando alteraciones del tránsito público. Si ello no es así, sólo se podrá aplicar la multa, pero no procederá la disolución. "Si, por el contrario, Carabineros comprueba que la disolución de la manifestación es necesaria, deberá conminar, sin violencia, a los manifestantes a retirarse, concediendo un plazo razonable para ello. Sólo como último recurso, Carabineros podrá disolver y, en ese caso, deberá utilizar medios razonables". Se adjunta el texto del decreto pertinente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo. El señor SCHAULSOHN.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo es bastante simple. Se trata de expresar -ojalá por medio de un acuerdo de esta Honorable Cámara- al Supremo Gobierno y, especialmente, al señor Ministro del Interior, nuestra voluntad y deseo de que sea derogado y sustituido un decreto supremo del Ministerio del Interior que, en vez de regular el ejercicio del derecho de reunión garantizado por la Constitución, por las razones que en el mismo proyecto de acuerdo se indican, más bien lo contraviene. No me parece pertinente recordar historias pasadas, pero hay que señalar que este decreto se dictó en 1983, precisamente para reglamentar una situación que se había producido con la entrada en vigencia de disposiciones permanentes de la Constitución, que se iban incorporando a nuestro ordenamiento jurídico con el término de los estados de emergencia. Se necesitó, según el gobierno de la época, de un mecanismo para impedir el libre ejercicio del derecho de reunión. En este proyecto se sugieren algunas ideas, que naturalmente el señor Ministro tendrá que considerar, desechar o aprobar o reemplazarlas por otras, para que tengamos una norma de policía que efectivamente cumpla el propósito que está en el espíritu de la Constitución: coadyuvar al ejercicio del derecho de reunión y no restringirlo arbitrariamente. Por último, este tema se discutió en la Comisión de Constitución. Me pareció que había un consenso amplio sobre la necesidad de modificar esta norma. En principio, habíamos pensado hacerlo en el seno de la propia Comisión, pero el cúmulo de trabajo que tiene hace prácticamente imposible que nos lleguemos a ocupar de esta materia y, a juicio de los Diputados que suscribimos este proyecto de acuerdo, es urgente la modificación de este resabio de una legislación que pertenece a otra época. Por eso, sería pertinente que los señores Diputados consideraran votarlo favorablemente, para que el Ministro del Interior actúe en la forma que le parezca más adecuada, pero considerando el parecer de esta Honorable Cámara. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado, de otro Comité, que sostenga el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con la idea matriz del proyecto de acuerdo. La actual reglamentación sobre el derecho de reunión en verdad vulnera el principio constitucional en su esencia. Si se le ponen tantas cortapisas en definitiva, deja de existir. Por esa razón, estoy absolutamente de acuerdo en que ese decreto debe ser modificado. Sin embargo, pediría a los colegas, en particular al Diputado señor Schaulsohn, que este proyecto de acuerdo no contemplara el texto completo de un decreto reglamentario, porque se estaría incursionando en la potestad reglamentaria del Presidente de la República. Por lo tanto, sería partidario de que el acuerdo de la Cámara fuera para sugerir al Ministro del Interior que derogue, revise o modifique el decreto, a fin de adecuarlo a la realidad democrática actual. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Sotomayor. El señor SOTOMAYOR.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las proposiciones que contiene el proyecto de acuerdo. Parece bastante razonable una aprobación. Sin embargo, anuncio mi voto en contra, puesto que éstas son materias que no corresponden a la Cámara de Diputados. La dictación de decretos que regulan el comportamiento público corresponde al Ministro del Interior y la Cámara -especialmente cuando dichos proyectos están patrocinados por miembros del PPD y del Partido Socialista- no debe señalarle al Ministro cuál debe ser su comportamiento. El señor MONTES.- ¿Por qué no? El señor SOTOMAYOR.- Concedo una interrupción al Diputado señor Longton. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longton, por la vía de la interrupción. El señor LONGTON.- Gracias. Señor Presidente, en el mismo contexto de lo planteado por el Diputado señor Sotomayor, nos opondremos al proyecto de acuerdo -no porque estemos en desacuerdo con el principio; los tiempos han cambiado y hoy día necesitamos una legislación adecuada a lo que vivimos- para defender la independencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Aquí hay una clara intromisión en las atribuciones del Ministerio del Interior, que es parte del Poder Ejecutivo. Tal vez, estaría de acuerdo en que la Mesa de la Cámara o la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tuvieran una reunión informal para hacer ver nuestro punto de vista. Pero que aquí se apruebe un proyecto de acuerdo, que de alguna manera aparezca como impositivo al Ministerio del Interior, me parece altamente peligroso. Por lo tanto, nos opondremos, con la salvedad hecha presente. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, el Honorable señor Elgueta ha hecho una sugerencia. El señor DUPRE (Vicepresidente).- ¿Se le podría conceder una interrupción al Diputado señor Schaulsohn? Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor SCHAULSOHN.- Es para plantear un punto reglamentario, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Que sea estrictamente reglamentario. El señor SCHAULSOHN.- Rogaría a la Mesa que verificara las disposiciones del Reglamento -sobre las cuales no estoy ciento por ciento seguro- que se refieren a las modificaciones que se pueden sugerir a los proyectos de acuerdo. Desde ese punto de vista, el señor Elgueta sugirió una modificación, y la única manera de llevar a cabo la norma reglamentaria que contempla modificaciones es que se me conceda la oportunidad de manifestar que estoy dispuesto a aceptar la modificación del señor Elgueta. Este es un punto reglamentario. El señor SOTOMAYOR.- Ese no es problema reglamentario. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Señores Diputados, para absolver la consulta formulada por el señor Schaulsohn, el artículo 114, inciso tercero, señala que: "La discusión de cada proposición y sus modificaciones se harán en el término de diez minutos, del que usarán por mitad, hasta dos Diputados pertenecientes a Comités de distintos partidos que la apoyen y hasta dos, en iguales condiciones, que la impugnen". Es decir, discusión de cada proposición que corresponda al proyecto de acuerdo, y sus modificaciones. De modo que lo planteado por el Diputado señor Schaulsohn corresponde al artículo 114 del Reglamento. Está terminada la discusión del proyecto de acuerdo, pero hay un problema de orden reglamentario. El señor SOTOMAYOR.- Solamente reglamentario. Ya hubo dos Diputados que rechazaron el proyecto. En consecuencia, ahora corresponde votarlo. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Correspondería tratar el punto reglamentario, si acaso algún señor Diputado hace cuestión del Reglamento. Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco, para los efectos del Reglamento. El señor CARRASCO.- Para los efectos de esta materia que plantean los Diputados señores Schaulsohn y Elgueta la única solución es dejar el proyecto para segunda discusión, llegar a un acuerdo en el intertanto, y votarlo la próxima sesión. Esa es la posibilidad, de manera que para armonizar propongo que dejemos el proyecto para segunda discusión. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Al parecer habría acuerdo para que quedara el proyecto para segunda discusión. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. Como situación previa, en votación la petición de segunda discusión. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 18 abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En consecuencia, queda para segunda discusión. INCIDENTES. 10. DAÑOS POR INUNDACIONES EN OBRAS CAMINERAS DE LA PROVINCIA DE ÑUBLE, OCTAVA REGION. OFICIO. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En la hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Partido Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Guzmán. El señor GUZMAN.- Señor Presidente, Honorable Cámara, en esta oportunidad me voy a referir a una situación ocurrida con motivo de los recientes temporales en la provincia de Nuble que nos demuestra, una vez más, la necesidad de avanzar en la regionalización. Después de muchos años, en 1989, se logró que se asfaltara el camino entre la ciudad de Chillán y la localidad de Pemuco y hacer, paulatinamente, durante los años siguientes, las obras de artes necesarias para terminar esta vía tan deseada por los agricultores de la zona. Es así como el Ministerio de Obras Públicas llamó a propuesta para construir el puente sobre el río Palpal. Las obras se iniciaron en este otoño. Lógicamente, la empresa que ganó la propuesta debió pedir al Departamento de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas las especificaciones técnicas para hacer el bypass que mantuviese el tránsito expedito por ese camino. Es aquí donde empieza el gran problema. Averiguado quién fue el organismo del Ministerio de Obras Públicas que dio las especificaciones técnicas para hacer este bypass, resulta que a nivel regional no fue nadie; que según informaciones dadas por el Seremi de Obras Públicas, el Ministerio es altamente centralizado y es el Departamento de Puentes, centralizado en Santiago, quien debió dar las especificaciones técnicas. Consultado quién sería el inspector fiscal que supervigilaba esta obra en la Región, ni siquiera se supo, ni por el Gobernador de Ñuble, ni por el Seremi de Obras Públicas. Pero aquí viene lo grave. Se construyó un bypass sobre el lecho del río Palpal el cual va completamente encajonado en ese sector. Se hizo un bypass absolutamente inapropiado para soportar las lluvias del invierno. Vino la primera crecida del río Palpal y, lógicamente, se llevó todo el bypass, que fue hecho con un puente muy pequeño, con un gran acopio de relleno de tierra y sin cepa piloteada. Así, todo el sector Sur-Oriente, dos amplias comunas de la provincia de Ñuble como son Pemuco y Yungay en plena temporada de siembra de trigo, ve interrumpido el tráfico por la llevada de este bypass que se realizó en condiciones técnicas totalmente inapropiadas. Señor Presidente, solicito que, en mi nombre, se dirija oficio al Ministro de Obras Públicas a fin de que informe quién fue el que dio las especificaciones técnicas para ese bypass y quién es el inspector que debió fiscalizar que esto se hiciese con las condiciones técnicas apropiadas para que no quedase interrumpido este camino. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma señalada. 11. SITUACION DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES EN PROVINCIA DE TALCAHUANO, OCTAVA REGION. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa. Le quedan dos minutos. El señor ULLOA.- Señor Presidente, me voy a referir a la situación de emergencia que con ocasión de las graves inundaciones producidas en varias regiones del país, viven muchas de las poblaciones, muchos de nuestros congéneres y muchos de los habitantes de nuestro distrito. En estos minutos deseo resaltar mi profunda extrañeza de que la Oficina Nacional de Emergencia, en este caso, no parece estar al día acerca de las necesidades que los pobladores de muchas de nuestras poblaciones sufren hoy. No es posible que durante dos días -que se escuche claramente-se pierda el tren que va con ayuda, para llegar a un lugar que no es tan lejano, como Talcahuano. Eso significa que hay un problema de falta de organización. Desde este punto de vista, me parece necesario que todos los parlamentarios tengamos presente esto, porque en algún momento, en cualquiera de nuestros distritos, se van a plantear estas situaciones, Dios quiera que no suceda, pero si así fuera, deben estar perfectamente aclaradas. He conversado con el señor Ministro del Interior; le he hecho presente la situación. Objetivamente, se requiere que la Oficina Nacional de Emergencia esté mejor preparada para catástrofes, como la que estamos viviendo. En particular, la zona con más compromiso, en términos de daños, corresponde a Talcahuano, mi distrito, donde hay alrededor de dos o tres mil personas con problemas de inundación. Lamentablemente, no queda tiempo, pero insisto en la preocupación de la Oficina Nacional de Emergencia. He dicho. 12. TERMINACION DE DEFENSAS FLUVIALES DEL RIO MAULE, SEPTIMA REGION. OFICIO. El señor COLOMA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Radical. Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, con mucha satisfacción, ayer escuché una conferencia de prensa ofrecida por el señor Ministro de Obras Públicas, don Carlos Hurtado, quien anunció que, a raíz de la catástrofe con motivo de las últimas inundaciones, dicho Ministerio ha declarado a la Séptima Región como zona en estado de emergencia, en lo que a obras públicas se refiere, y que, al efecto, ha destinado una suma no inferior a los 200 millones de pesos para invertirlos a la brevedad, con el objeto de paliar los daños sufridos por la infraestructura de obras públicas regional en los últimos días. En particular, me he alegrado de esta resolución del señor Ministro de Obras Públicas, por dos razones. En primer lugar, puesto, que la semana pasada los parlamentarios de la Séptima Región de la Concertación se la habíamos solicitado. Ahora, al comunicarlo públicamente, veo que el Gobierno ha accedido a nuestra petición. Y en segundo lugar, puesto que la resolución evidencia la preocupación rápida y acelerada del Gobierno en este orden de consideraciones. Sin embargo, junto con reiterar la expresión de felicitación, quiero que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas, en mi nombre y en el del Comité Radical, para que dentro del programa de obras que debe realizarse con los 200 millones de pesos, de modo especial, en la Séptima Región se incluya la terminación de las defensas fluviales de la ribera del río Maule, a la altura de Constitución. Los trabajos están iniciados, pero no concluidos, y requieren de un financiamiento especial. En parte, podrían hacerse por esta vía, ya que son fundamentales para la seguridad de todos los habitantes de dicha ciudad. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma indicada. 13. ALCANCES A CRÍTICAS FORMULADAS A POLITICA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO. El señor COLOMA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. Tiene la palabra la Diputada señora Eliana Caraball. La señora CARABALL.- Señor Presidente, ante las críticas planteadas por la Oposición, en particular por la UDI, en torno al manejo de la política de vivienda por parte del Gobierno y a la gestión del Ministro Etchegaray en la cartera a su cargo, creo necesario analizar su carácter y, sobre todo, poner las cosas en su lugar respecto de una materia tan sensible para la opinión pública, por ser una necesidad angustiosa para muchas familias chilenas. Dichas acusaciones, que en los últimos días no sólo se han referido al Ministerio de la Vivienda, sino también a otras carteras ministeriales del Gobierno, constituyen una maniobra de la Oposición, que, por la vía del endurecimiento de sus posiciones, busca obtener resultados políticos electorales ante las eventuales elecciones municipales que deberán efectuarse en el país. La opinión pública debe tener claro que los partidos de la Oposición se encuentran, en estos momentos, en una disputa de la base electoral pinochetista, la cual pretende captar haciendo críticas como las señaladas y que no sólo confunden a la ciudadanía, sino que, son, además, en muchos casos, temerarias y apartadas de la verdad. Así, mediante el manejo de cifras, se ha querido demostrar, por parte de la UDI, que la construcción de viviendas ha bajado en un 27 por ciento, cuando la realidad es muy diferente, pues nos señala que, por el contrario, en esta materia se ha experimentado un incremento de casi el 50 por ciento, si se compara el promedio anual de 33 mil viviendas construidas por el sector público durante el régimen anterior y el de 46.336 viviendas construidas por este Gobierno en el período marzo-diciembre de 1990. Por otro lado, se hace hincapié en la discrecionalidad que tendría el Ministro de la Vivienda en las materias que le competen. Ante tal afirmación, es necesario señalar que los personeros de Oposición extrañamente olvidan que dicha discrecionalidad, si es que existe, es la misma usada durante los 17 años del régimen militar, la cual jamás representó un punto de discusión ni de crítica para los que hoy ven tanto inconveniente en su aplicación. Me parece inaceptable, desde todo punto de vista, plantear que "se está disponiendo de la estructura ministerial con fines proselitistas de cara a próximas campañas electorales", pues, además de ser una afirmación injuriosa, revela una absoluta falta de responsabilidad política, que busca, a cualquier costo, incluso por la vía del desprestigio de las instituciones y autoridades de la República, obtener dividendos mezquinos de carácter político-partidista. A vía de ejemplo, la UDI ha señalado que el Ministerio de la Vivienda ha conseguido arrogarse la facultad de destinar el 8 por ciento de las viviendas arbitraria y discrecionalmente, sin decir nada respecto de que dicha disposición está vigente desde 1984, cuando se dictó el decreto supremo N° 62, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; disposición que permitía destinar el 5 por ciento de las viviendas construidas, porcentaje que fue aumentado al 8 por ciento, mediante el decreto supremo N° 38, de 1987 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es decir, la supuesta prerrogativa discrecional del Ministro de la Vivienda existe desde hace 7 años y fue aumentada al 8 por ciento hace 4 años. Entonces, cabe preguntarse: ¿dónde estaban los personeros que hoy critican esta disposición? ¿Por qué tardaron tanto para criticar algo que, a su juicio, representa una discrecionalidad tan grave? Por otro lado, intencionalmente, no se explica a la opinión pública, y por esta vía se la trata de confundir, cuál es la finalidad de dicha disposición, sino que se tiende un manto de desconfianza hacia la gestión del Gobierno, con miras a obtener provecho político. En el caso concreto de la citada disposición, o sea, del artículo 2° del decreto supremo 62, ella tiene por objeto que los Serviu regionales, previa autorización de la Secretaría Ministerial respectiva, puedan reservar hasta el equivalente del 8 por ciento del número de viviendas de cada conjunto, destinadas a la atención individual de postulantes en cada programa anual para atender casos de emergencia calificados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Como parlamentaria, creo mi deber informar a la opinión pública que -quizás sea lo más grave y gratuito planteado por la Unión Demócrata Independiente- no es efectivo que, según ellos, se estaría eludiendo instancias constitucionales de control en la dictación de decretos supremos o simples decretos. Ello equivale a señalar que el Gobierno del Presidente Aylwin se habría apartado de los marcos constitucionales y legales y que gobernaría al margen de la legalidad establecida. Me parece que el momento histórico que vivimos, cual es de transición a la democracia luego de 17 años de autoritarismo, requiere de responsabilidad en la actuación de los dirigentes políticos y hombres públicos, lo cual quiere decir que debemos esforzarnos al máximo para que el debate de la cuestión pública se haga en un clima de respeto y con altura de miras, sin caer en descalificaciones y acusaciones carentes de verdad, que ponen en peligro el interés común de los chilenos. Por lo tanto, es necesario informar a la opinión pública -más que a los dirigente de la UDI, que estoy segura conocen muy bien el tema- que la dictación de decretos supremos o simples decretos por parte del Presidente de la República y del Poder Ejecutivo en general, tienen base constitucional en los artículos 32, N° 8, y 35 de la Carta Fundamental, que otorgan al Presidente de la República potestad reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas de carácter general y obligatorio en todas aquellas materias que no sean propias del ámbito legal. Asimismo, establece que dichas normas, además de la firma del propio Presidente, deben llevar la del Ministro respectivo. De igual manera, el artículo 60 de la Constitución señala cuáles son las materias de ley, es decir, cuáles son los temas que deben ser reglamentados mediante una ley y, por lo tanto, deja fuera todas las demás materias, que deben y pueden ser abordadas por el Presidente de la República a través de decretos o reglamentos. De esta manera, queda en evidencia que la actuación del Ejecutivo en relación con la dictación de decretos en el ámbito de la vivienda se ha ajustado a las normas contenidas tanto en la Constitución como en las leyes, puesto que hasta hoy no ha existido ninguna opinión en contra emanada ni de la Contraloría, ni del Tribunal Constitucional, ni de los tribunales de justicia. Rechazo, en consecuencia, de la manera más terminante, las opiniones vertidas por el señor Steffani, por considerar que ellas son tendenciosas y no ajustadas a la verdad. Respeto el derecho a opinión de todo ciudadano y en especial el rol que desempeñan los partidos políticos en la democracia. Por lo mismo, no puedo aceptar que se manipule la verdad y se desinforme a la opinión pública en materias que son tan sensibles, por tratarse de necesidades urgentes y tan largamente postergadas, como el caso de la vivienda. En nada contribuye a la solución real de los problemas la creación de discusiones artificiales sobre hechos apartados de la verdad, más aún, cuando se actúa por mezquinos intereses partidistas. El país puede estar seguro de que, tanto el Presidente de la República y sus Ministros como el Parlamento, están actuando con completa sujeción a la Constitución y a las leyes, como corresponde al estado de derecho que nos rige. Dentro de este marco y a pesar de las limitaciones objetivas existentes, el Gobierno avanza muy firme y seriamente en la solución de los problemas más urgentes y sentidos de los chilenos. Se equivocan el señor Steffani y la UDI, si es que la representa, al tratar de menoscabar con críticas malintencionadas la confianza en el Gobierno. Este tipo de informes y opiniones malintencionadas reflejan la desesperación de la Oposición ante el abrumador apoyo que despierta el Gobierno en la ciudadanía a más de un año de su elección. Basta ver lo sucedido con los gobiernos de los países que nos rodean, para comprender el enorme éxito de la transición chilena y de su Gobierno democrático. Equivoca, pues, la Oposición su camino si pretende por esta vía ampliar su base electoral. Los chilenos quieren estabilidad, paz y democracia, y no reyertas políticas que puedan poner en peligro estos objetivos básicos. La Oposición tiene, al igual que los partidos de Gobierno, una gran tarea que cumplir. Se equivocan, pues, quienes, como el señor Steffani o la UDI, tratan de menoscabar la confianza pública con hechos falsos y críticas malintencionadas. La democracia se construye sobre la verdad y con el aporte comprometido de todos los chilenos. He dicho. 14. NECESIDADES DE LA ISLA DE HUAR, DECIMA REGION. OFICIOS. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en esta oportunidad, me referiré a un problema distrital. En el distrito N° 57 que comprende las comunas de Puerto Montt, Maullín, Cochamó y Calbuco, se encuentran varias islas, las cuales destacan por su hermosura, el esfuerzo de sus habitantes, su profunda religiosidad y por su desarrollo económico y social que les permite un nivel de vida superior a la de islas cercanas. Huar, Quetrolauquén, Alfaro, Chucagua, son nombres indígenas que significan poblado de hueros, lugar de chucao -ave agorera-, estuario de quetros, ensenada cortada, faro, etcétera. La isla de Huar, de una superficie de 3.600 hectáreas, con una población de dos mil habitantes, con cinco escuelas de enseñanza básica, una posta de primeros auxilios, un retén de Carabineros, oficina de Registro Civil, Registro Electoral, correo, teléfono público y varias iglesias, pertenece a la comuna de Calbuco. Esta isla se encuentra a una distancia de 11 millas náuticas de Calbuco y a la misma distancia de la ciudad de Puerto Montt. Sin embargo, el transporte de pasajeros y carga sólo existe con Puerto Montt, el que se realiza de lunes a sábado, zarpando de la isla a las 8 horas y regresando a las 16 horas del mismo día. La isla de Huar carece de todo medio de transporte de carga y pasajeros con su actual capital comunal, ya que Calbuco no tiene poder comprador para los productos isleños. Además, le falta la infraestructura hospitalaria, educacional, cultural y económica que posee Puerto Montt. Asimismo, facilita su acceso a la capital regional la circunstancia de existir allí la administración pública, los bancos y demás servicios de índole pública y privada. Por otra parte, la Municipalidad de Calbuco, exigida por el crecimiento de su ciudad, no invierte prácticamente nada en la isla de Huar. Su escaso presupuesto no le permite construir puentes, pasarelas, caminos, alcantarillas, ni reparar lo existente. La isla de Huar, compuesta por pequeños agricultores, tiene, además, un gran futuro turístico que, tarde o temprano, llevará a la mantención de un ferryboat entre ella y el continente en la localidad de San Agustín, Huelmo, mediante una rampa, lo que permitirá cruzar el mar en escaso tiempo, con seguridad, y, luego, viajar en bus a Puerto Montt. Las unidades vecinales N°s 17, de Quetrolauquén; 18, de Alfaro y 19 de Chucagua -los tres lugares más importantes de la isla de Huar, han solicitado su integración a la comuna de Puerto Montt, con la cual están unidas de hecho desde hace largo tiempo, suscribiendo para ello un petitorio con 610 firmas. En diversas reuniones con parlamenta nos, autoridades regionales y comunales han insistido en pertenecer a Puerto Montt y han solicitado que la actual situación de hecho se legitime mediante la respectiva reforma legal. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 99 de la Constitución Política de la República, la modificación de las comunas es materia de ley de quorum calificado, cuya iniciativa corresponde al Presidente de la República. En la especie se trata de alterar dos comunas: la de Puerto Montt, a la que se agregaría la isla de Huar, y la de Calbuco, que la perdería. La modificación propuesta sería de gran beneficio para la comunidad de Huar, como también para las comunas de Puerto Montt y Calbuco, que podrían invertir en mejor forma sus escasos recursos municipales. Por estas razones, solicito se oficie en mi nombre al Presidente de la República, al señor Ministro del Interior y a los Alcaldes de Puerto Montt y Calbuco haciéndoles presente esta petición y adjuntando el documento en que constan las 610 firmas reunidas por las tres juntas de vecinos de la isla de Huar. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se procederá en la forma solicitada por Su Señoría. Los oficios a los alcaldes se envían a través del Ministerio del Interior. 15. INVESTIGACION SOBRE INUNDACIONES EN ZONA DE TALCAHUANO. OFICIO. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ramón Elizalde. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para solicitar se envíe en mi nombre y en la de la Democracia Cristiana un oficio al señor Ministro de la Vivienda, a fin de que se sirva iniciar la investigación respecto de las inundaciones que se produjeron en la zona de Talcahuano, aledañas al río Bío-Bío y también en el río Laja, todo ello dentro de la fiscalización que nos corresponde efectuar. Resulta increíble que se hayan construidos poblaciones por bajo el nivel del crecimiento normal de un río como el Bío-Bío. Me parece que existen responsabilidades que deben ser denunciadas y otorgarse las indemnizaciones necesarias a todos aquellos pobladores que, como consecuencia de la falta de previsión, de los eventuales negocios que existen respecto del lugar donde se construye la vivienda -generalmente en los terrenos más deteriorados, que no tienen ninguna plusvalía- haya provocado situaciones como las que estamos viendo hoy día. Creo que es nuestro deber y responsabilidad hacer que estos hechos se investiguen, se paguen las indemnizaciones y se castigue a quienes resulten culpables de ello. He dicho. El señor ORTIZ.- Me adhiero a esa petición. El señor TALADRIZ.- También me adhiero. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría y de los Diputados que se han adherido a él. 16. RESTITUCION DE REAJUSTE A PENSIONADOS. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, en términos muy breves quiero dejar constancia de una petición que algunos parlamentarios democratacristianos formulamos al señor Ministro de Hacienda, mediante carta que dimos a conocer públicamente la semana pasada. Dicha petición tiende a satisfacer la inquietud de un sector importante de nuestra sociedad, que se ha visto muy afectada durante los últimos años por la pérdida de su valor adquisitivo de sus pensiones, a raíz de medidas que han afectado al sistema previsional. Hubo una presentación formal de los Diputados señores Huepe y Leblanc y del que habla al Ministro señor Alejandro Foxley, en el sentido de que el Gobierno haga un esfuerzo por restituir el reajuste del 10,6 por ciento a todos los jubilados mayores de 72 años; edad que aparece en nuestro país como promedio de vida. A nuestro juicio, esta disposición, sería de toda justicia, pues permitiría que personas mayores, cuyas expectativas de vidas son reducidas, puedan disponer oportunamente de mayores recursos. El fundamento de esta petición resulta evidente, ya que durante los últimos años, previo al término del gobierno del General Pinochet, se dictaron disposiciones que fueron afectando paulatinamente el poder adquisitivo de los pensionados, en especial las que suprimieron el 10,6 por ciento del reajuste a las pensiones. A los jubilados con ingresos superiores a 42 mil pesos en 1986, y 47 mil pesos en 1987, se les aplicaron disposiciones que cercenaron en 6 puntos el reajuste del primer grupo disminuyéndolo del 15 al 9 por ciento. En 1987, nuevamente se les aplicó una disposición que disminuyó lo que les correspondía por concepto de reajuste legal. Quiero reafirmar que esta petición hecha al Gobierno la conversamos con el Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, y que en estos días estamos realizando gestiones para que el Supremo Gobierno haga un esfuerzo que permita a las personas mayores de edad, en particular mayores de 72 años, ver restituido lo antes posible lo que en su oportunidad les fue cercenado en sus ingresos. He dicho. 17. DECLARACION DE ZONA DE CATASTROFE PARA LAS COMUNAS DE LA NOVENA REGION. OFICIO. El señor COLOMA (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Peña. El señor PEÑA.- Agradezco el tiempo que me ha concedido el Comité Demócrata Cristiano. Seré muy breve. Señor Presidente, con motivo de las lluvias torrenciales caídas en la Novena Región, hicimos un recorrido por la zona con mí distinguido colega señor Teodoro Ribera, durante el cual pudimos apreciar el grave daño causado por las lluvias en algunos sectores de mi distrito. Quiero solicitar formalmente, a través de la Cámara de Diputados que se oficie a su Excelencia, el Presidente de la República, con el objeto de que se estudie la posibilidad de declarar zonas de catástrofe, especialmente a las comunas de Carahue y Puerto Saavedra, no sólo en atención a los graves daños causados por las lluvias, sino porque ésas son dos de las comunas más pobres de la Región. Deseo que ese estudio se recabe con cierta prontitud, a fin de que se canalicen los recursos que pueden derivarse como consecuencia de esta declaración, en planes de mejoramiento de barrios, ya sea en las comunas de Puerto Saavedra y de Carahue o en las localidades menores. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma indicada. 18. SUPRESION DE RACIONES ALIMENTICIAS A ESCOLARES POR LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. OFICIO. El señor COLOMA (Vicepresidente).- En el turno correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI.- Señor Presidente, mediante circular del 14 de abril, la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, determinó y comunicó a los establecimientos educacionales y municipales subvencionados, la supresión de las raciones de almuerzo a los escolares beneficiados con el servicio que brinda este organismo, a través del programa regular de alimentación escolar, durante los días hábiles intercalados entre los feriados, comúnmente denominados "sandwich". Esta medida ya se aplicó los días lunes 20 y viernes 31 de mayo con negativas consecuencias para muchas familias de escasos recursos. Será aplicada nuevamente el viernes 12 de julio, víspera de las vacaciones de invierno; el 16 de agosto, posterior al feriado correspondiente a la Asunción de la Virgen; y el viernes 13 de septiembre, víspera de vacaciones de Fiestas Patrias. Esta situación resulta inexplicable. El programa regular de alimentación escolar constituye parte integral del conjunto de acciones gubernamentales, a través de las cuales se canaliza hacia los destinatarios la ayuda social del Estado, la cual recibió un aporte adicional importante por medio de los mayores recursos generados por la reforma tributaria, que Renovación Nacional apoyó, justamente, para ir en ayuda de los sectores más necesitados. En el caso del programa de alimentación escolar se destinaron 10 millones de dólares los que equivalen a 3.400 millones de pesos. La medida aplicada en mayo ha significado a la JUNAEB un ahorro en ese mes de 171 millones de pesos, si se considera que diariamente se entregan aproximadamente 570 mil raciones en todo el país, con un costo aproximado de 150 pesos cada una. Más grave aún resulta el contenido del oficio complementario remitido por los directores regionales de la JUNAEB, el cual dispone que en aquellos establecimientos donde se suspendan las actividades en estos días, en la oportunidad en que se recuperen las clases se aplicará la medida sin alteración de ninguna especie. Esto es, sólo se repartirá la ración de desayuno. Quiero destacar que en este programa se han incluido las 900 escuelas del programa especial del Gobierno, las que justamente son las más pobres de nuestro país. Por lo tanto, esos niños, a los que hoy se trata de beneficiar, han quedado sin sus raciones de almuerzo en los días mencionados. Por estas razones, solicito que se oficie al señor Ministro de Educación, don Ricardo Lagos, para que conteste las siguientes preguntas: cuáles son las causas que motivaron una medida de esta naturaleza; cuáles son los términos de la evaluación que se hizo de las consecuencias de la adopción de tal medida; si se ha considerado la readecuación o renovación de ella; el destino que se ha dado a los mayores ingresos recibidos por concepto de la reforma tributaria, y cómo se explica y se conciba el aumento significativo de los fondos disponibles con medidas como las aplicadas. Por último, me hago un deber solicitar al Ministro de Educación que cancele la medida en referencia y un llamado a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para que efectúe una evaluación más acuciosa y completa, que denote mayor preocupación en cada oportunidad en que se analice la adopción de medidas como la comentada y que tanto perjuicio significa para un sector que requiere cuidado especial como es el de los niños más pobres de nuestro país. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma indicada. 19. EXPRESION DE APOYO A INSTITUCION DEPORTIVA. OFICIO. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz. El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, quiero que se envíe a la brevedad, en nombre de Renovación Nacional, un oficio al Club Colo Colo en el que se exprese el deseo de todos los chilenos de que gane el partido final por la Copa Libertadores de América. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se dirigirá el oficio al Ministro de Defensa para que lo haga llegar al club deportivo. 20. PARALIZACION DE PROYECTO FORESTAL EN PROVINCIA DE VALDIVIA. OFICIOS. El señor TALADRIZ.- Señor Presidente, esta es ya la tercera vez que debo señalar ante esta Honorable Cámara la indefinición total del Gobierno frente a un tema tan importante para mi zona y el país, como es el del Proyecto Forestal Corral, más conocido como el Proyecto Terranova, el que se ha retrasado en forma increíble. Primero, el Ministerio de Agricultura lo paralizó en forma poco coherente, por decir lo menos. Después se dijo que una comisión del más alto nivel internacional recomendaría el curso a seguir en los temas y políticas forestales de Chile, así como sus proyecciones, etcétera. Aquí se despreció a nuestras universidades y a nuestros profesionales y técnicos. Hoy, el retraso experimentado para la puesta en marcha del Proyecto Terranova, filial de CAP, ha determinado que el socio japonés -Consorcio Marubeni- anuncie su intención de retirarse si persiste esta demora e indefinición. La medida gubernamental de revisar las políticas sobre conservación de recursos forestales nativos, si bien se entiende en beneficio de la preservación de un patrimonio nacional, debe ser compatible con las expectativas del desarrollo de una provincia y con el necesario progreso económico y social de su gente. En este caso, la indecisión del Gobierno o su indefinición, ha provocado la paralización de un proyecto que, en total, contemplaba una inversión de 500 millones de dólares. Por este proyecto, de 62.000 hectáreas, entre los fundos Venecia y Chauihuin, en la zona de Corral, ya se han invertido 11 millones de dólares, suma que llegará, posteriormente, a 40 millones de dólares en su fase inicial, con aserradero, planta de astillas y planta de paneles, y, finalmente, a 500 millones, con una planta de celulosa. La empresa presentó, primero, un plan por 17.000 hectáreas, de las 62.000 hectáreas de bosques viejos y degradados, el cual no fue aceptado. Posteriormente, Conaf autorizó sólo 2.500 hectáreas, lo que es una burla para los inversionistas, ya que no hace viable el proyecto, y constituye una desesperanza para la gente de Corral. Considero que ésa no puede ser la conclusión a que ha arribado la comisión internacional de más alto nivel que estudió estos temas. Después, el Gobierno formó una comisión interministerial, presidida por el Ministro de Economía, cuya labor sería la evaluación de los grandes proyectos del área forestal. De nuevo se han solicitado más estudios y antecedentes para este proyecto, en especial sobre el impacto ecológico y ambiental, adicionales a los que la empresa ya había presentado. En un cabildo público efectuado en Corral, en el invierno pasado, y al que asistieron el señor Ministro de Agricultura, el señor Intendente de la Décima Región y el Gobernador de Valdivia, se manifestó que esto estaría listo a fines de 1990, después que esta comisión interministerial evacuara su informe. Hoy nos podemos dar cuenta de que esas expresiones fueron los típicos actos a que nos tiene acostumbrados este Gobierno, ya que en ellos sólo se realizan un teatro y una poesía para caerle bien a la gente, pero en los que no se realizan acciones de solución y de definición, que, en verdad, la gente necesita. El monto de la inversión proyectada es muy importante, no solamente para la zona, sino también para el país y, por supuesto, para los dueños del capital. Esto, y la tardanza de la puesta en marcha de este proyecto, han provocado la intención del consorcio Marubeni de retirarse del mismo. No creemos que sea fácil reemplazar a estos capitales y, aún más, estimamos muy difícil que lleguen otros al tema de los bosques nativos, de los que tenemos para que esta Cámara sepa, mucha cantidad, pero muy escasa calidad. Mientras el Gobierno está muy indeciso y –creo-, muy confuso en este tema, la ciudadanía de la provincia de Valdivia ve con creciente preocupación y desencanto cómo transcurre el tiempo sin que se vislumbren soluciones para éste y para otros problemas que enfrenta para su despegue en lo económico y en lo social. El probable retiro del inversionista japonés del proyecto forestal de Corral, es una pésima noticia. Ya estamos cansados, en Valdivia, de no tener noticias positivas. El Gobierno nos ha paralizado el camino a Huahum, nos dejó sin tren, nos quiere dejar sin avión y se niega a que se divida esta región, inmanejable, y la falta de voluntad o de conocimiento hace que se inmaterialicen éste y otros proyectos hoy suspendidos. En el caso de Corral, la situación es desesperante para toda la gente que ahí vive y que no puede seguir postergada. Señor Presidente, ruego que se oficie íntegramente mi intervención a los señores Ministros de Economía, de Hacienda, de Agricultura y al Secretario General de Gobierno, que constituyen la comisión interministerial. He dicho. Aplausos en la Sala. 21. ALCANCES SOBRE EVENTUAL APERTURA DE EXTRACCION DEL RECURSO LOCO EN LA DECIMA REGION. El señor COLOMA (Vicepresidente) .Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero referirme a un problema que ha surgido en mi región, relacionado con la extracción del loco. La veda del loco rige desde la temporada de 1988, y el 11 de enero oficiamos a las autoridades correspondientes para que se estudiara la posibilidad de abrir esta veda hasta por un total de 12.000 toneladas. La respuesta recibida en marzo fue negativa, porque se expresó que no había un "stock" suficiente como para abrir el recurso en ninguna cantidad. No se permite la extracción. Sin embargo, durante todo este tiempo, el recurso se ha estado extrayendo, lo cual aparece reflejado en las importaciones extrajeras, pero no así en las exportaciones nacionales. Una situación grave se ha planteado ahora debido a que, la semana antepasada, el Senador señor Páez y el intendente regional llamaron, a través de la prensa, a abrir la extracción del recurso loco. Así incentivaron la llegada de camiones, embarcaciones, recursos, equipos, personas, dinero, con miras a su explotación. Tengo conocimiento de que hay ya personas y empresas que están apozando el recurso, y otras que, simplemente, lo están explotando ahora con más intensidad, amparados en este llamado público de las principales autoridades de la región, las cuales dan, así, un "aval político" a una actitud que, en este momento, los organismos técnicos del Gobierno no han considerado apropiada. Quiero dejar consignada nuestra preocupación por esta forma de proceder, que motiva a muchos inversionistas, que no tienen toda la información, a efectuar enormes inversiones en la creencia de que el recurso se va a abrir, en circunstancias de que los organismos técnicos así no lo han recomendado y de que las autoridades han dado una señal equivocada, a menos que se pretenda, por fin, abrir el recurso, medida que hemos solicitado oportunamente. Quiero dejar constancia de esto, porque temo que, en esta oportunidad los organismos fiscalizadores de la normativa vigente no van a ser suficientes. Gracias, señor Presidente. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, he concedido una interrupción al Diputado señor Elgueta, siempre que sea breve. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor ELGUETA Señor Presidente, efectivamente, tal como lo ha dicho el Diputado señor Kuschel, el Intendente de la Región y el Senador Páez, formularon declaraciones públicas, con el objeto de terminar con la veda del loco; pero se omite precisar que nosotros estamos hablando de una apertura regulada, es decir, en ciertas situaciones y condicionada también a la pronta dictación de la Ley de Pesca, que señala los procedimientos reglamentarios, las infracciones, los tribunales y las instancias, mediante las cuales se podría eventualmente levantar esta prohibición. Es todo, señor Presidente. 22. PETICION DE INFORMACIONES SOBRE INVERSION REAL EN SECTOR SALUD. OFICIO. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, brevemente deseo hacer mención a un problema del sector salud. En la Ley de Presupuestos del sector público para 1991, se destinó, para ese sector, una cantidad superior a los 260 mil millones de pesos; de ellos se consultó, en el subtítulo 31, la suma, prácticamente, de 21 mil millones de pesos para inversión real. Considerando el importante aumento que en este subtítulo se entregó al Ministerio de Salud en comparación con años anteriores -aumento que porcentualmente significa alrededor del 700 por ciento-, y transcurridos cinco meses del presente año presupuestario, solicito, señor Presidente, que, en mi nombre, se oficie al señor Ministro de Salud, recabando información sobre el grado de avance de los proyectos y estudios realizados para el uso de esos recursos, con individualización de su nombre y del monto involucrado. Esta solicitud incluye, asimismo, la clasificación de tales antecedentes en términos de estudios y proyectos adjudicados, llamados a propuestas, y los proyectos en los cuales no se ha llamado a ella. He dicho, señor Presidente. 23. REPARACION DE LA BOCATOMA DEL CANAL MAULE NORTE-ALTO, DESTRUIDA POR RECIENTES TEMPORALES. OFICIO. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alvarez-Salamanca. El señor ALVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, con ocasión de los temporales de la semana pasada, en la zona de Talca, el río Maule destruyó completamente la bocatoma del canal Maule Norte-Alto, el cual riega, aproximadamente, 65 mil hectáreas, en las que están involucrados sobre 2.500 agricultores, de los cuales unos 2.300 a 2.350 corresponden a pequeños propietarios. Por el presupuesto del mencionado canal y por su importancia, dado que riega más de la mitad de la provincia, se requieren recursos de emergencia. Por lo tanto, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas y al Presidente de la República para que consideren la reparación de la bocatoma en los primeros tres kilómetros del Canal Maule Norte-Alto, dentro de las obras destruidas por los temporales de la semana recién pasada. He dicho. El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. El señor COLOMA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Partido por la Democracia, Partido Socialista Humanista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. Se levantó la sesión a las 19:56 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.