REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
321ª LEGISLATURA (EXTRAORDINARIA)
Sesión 57ª, en jueves 16 de mayo de 1991.
(Ordinaria, de 10:30 a 14:38 horas)
Presidencia de los señores Viera-Gallo Quesney, don José Antonio;
Dupré Silva, don Carlos, y Coloma Cortea, don Juan Antonio.
Presidencia accidental de los señores Cerda García, don Eduardo, y Alamos Vásquez, don Hugo.
Secretario accidental, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.


ÍNDICE GENERAL DE LA SESION

I.SUMARIO DEL DEBATE
II.ASISTENCIA
III.TEXTO DEL DEBATE
IV.SUMARIO DE DOCUMENTOS
V.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
I.SUMARIO DEL DEBATE.
1. Minuto de silencio en memoria de ex Diputado Sergio Sepúlveda Garcés.
2. Prórroga de plazo a Comisión para sesionar.
3. Réplicas a alusiones personales.
4. Acusación constitucional.
5. Acuerdo de los Comités parlamentarios.
ORDEN DEL DIA.
6. Modificación de la ley N° 16.282 sobre disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes. Informe de Comisión Mixta.
7. Normas sobre fomento a obras de riego en zonas afectadas por sismos o catástrofes. Tercer trámite constitucional.
8. Otorgamiento de beneficios adquirentes de predios de la reforma agraria y modificación de diversos textos legales. Informe complementario. Primer trámite constitucional.
PROYECTOS DE ACUERDO.
9. Petición de informe, a la Contraloría General, sobre la investigación relativa al giro de cheques, por el Ejército, en favor del señor Augusto Pinochet Hiriart.
10. Subsidio directo para trasplantados.
11. Implicancia de viaje de delegación militar a Sudáfrica.
INCIDENTES.
12. Alcances sobre fallo del Tribunal Constitucional en relación con la ley de juntas de vecinos.
13. Construcción de policlínica en Villarica, Novena Región. Oficio.
14. Alcances sobre fallo del Tribunal Constitucional en relación con la ley de juntas de vecinos.
15. Asignación de mayores recursos a Investigaciones y Carabineros. Oficio.
16. Irregularidades en proceso calificatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
17. Alcances sobre acuerdo de la Corte Suprema.


OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

Se dio cuenta, además, de los siguientes documentos:
Comunicación de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, mediante la cual solicita el acuerdo de la Corporación en orden a que se le prorrogue en 30 días, a contar. de esta fecha, el plazo de que dispone corno Comisión Especial Investigadora acerca del examen y evaluación del sistema tarifario de la Compañía de Teléfonos de Chile, en todo el territorio nacional.
Comunicación de los Diputados señores Gustavo Ramírez y Eugenio Ortega, mediante la cual retiran su patrocinio a la Moción que cambia de denominación a la comuna de Parral (boletín N° 354-06).
Comunicación del Diputado señor Roberto Muñoz Barra mediante la cual informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días.
Oficio del señor Ministro del Trabajo, por el que responde al que se le enviara en nombre de la Diputada señora Marina Prochelle, acerca de programas especiales de educación.
Oficio del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor Pablo Longueira, sobre recursos otorgados a las organizaciones no gubernamentales.
Oficios del señor Ministro de Planificación y Coordinación, mediante los cuales responde:
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Manuel José Matta, respecto de proyectos del FOSIS aprobados para las comunas del Maule. Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Pablo Longueira, sobre ministerios que trabajan con organizaciones no gubernamentales.
Oficio del señor Ministro del Interior, por el que responde a los que se le enviaran en nombre del Diputado señor Francisco Huenchumilla, sobre modificaciones a la división política y administrativa en la Región de la Araucanía.
Oficio del señor Presidente de la Comisión Nacional de Energía, por el que responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor Juan Masferrer, relativo al embalse de Rapel.
Oficio del señor Ministro de Agricultura, por el que responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor René Carda, respecto del convenio Indap-Fosis. 
Oficio del señor Ministro de Agricultura, mediante el cual responde al que se le enviara en nombre de la Corporación relativo a la formulación de una indicación al proyecto que otorga beneficios a los adquirentes de predios afectos a la reforma agraria y modifica diversos cuerpos legales que indica (boletín N° 215-01).
Oficios del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante los cuales responde:
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor José Carda, referido a alcantarillas en calles de Temuco.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Víctor Reyes, sobre obras en Junta Vecinal de la comuna de Fresia.
A los que se le enviara en nombre de los Diputados señores José García y Francisco Huenchumilla, acerca de proyectos en la ciudad de Temuco.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Manuel José Matta, sobre la situación de Villa Pablo Neruda de Parral.
Al que se le enviara en nombre del Diputados señor Jaime Naranjo, relativo a abrir una oficina del SERVIU en San Javier.
Oficio del señor Ministro de Minería, por el que responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor Carlos Vilches, relativo al fondo de estabilización de precios del petróleo.
Oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por el que responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor Federico Mekis, sobre demora de tramitación de pensiones de invalidez.
Oficios del señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, por los que responde:
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Juan Concha, relativo a la situación de agua potable y tratamiento de aguas servidas en Valdivia y La Unión.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Baldo Prokurica, sobre saldo deudor de la cooperativa de pescadores de Caldera.


II. ASISTENCIA.

Asistieron los siguientes señores Diputados:
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Meló, Sergio
--Alamos Vásquez, Hugo
--Alessandri Balmaceda, Gustavo
--Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro
--Arancibia Calderón, Armando
--Araya, Nicanor de la Cruz
--Aylwin Azocar, Andrés
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Bosselin Correa, Hernán
--Campos Quiroga, Jaime
--Cantero Ojeda, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Alfaro, Gustavo
--Carrasco Muñoz, Baldemar
--Cerda García, Eduardo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Concha Urbina, Juan
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Devaud Ojeda, Mario
--Dupré Silva, Carlos
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--Espina Otero, Alberto
--Fantuzzi Hernández, Angel
--Faulbaum Mayorga, Dionisio
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, José
--Hamuy Berr, Mario
--Horvath Kiss, Antonio
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Huepe García, Claudio
--Hurtado Ruiz-Tagle, José María
--Jara Catalán, Sergio
--Jara Wolff, Octavio
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Kuzmicic Calderón, Vladislav
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leblanc Valenzuela, Luis
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Martínez Sepúlveda, Juan
--Matta Aragay, Manuel José
--Matthei Fornet, Evelyn
--Mekis Martínez, Federico
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Valdivieso, Jorge
--Montes Cisternas, Carlos
--Morales Adriasola, Jorge
--Munizaga Rodríguez, Eugenio
--Muñoz Dalbora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Solís, Héctor
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortega Riquelme, Eugenio
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palestro Rojas, Mario
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Peña Meza, José
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Mackay, Sergio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ramírez Vergara, Gustavo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Ringeling Hunger, Federico
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Rodríguez Del Río, Alfonso
--Rodríguez Guerrero, Hugo
--Rodríguez Riccomini, Laura
--Rojo Avendaño, Hernán
--Rojos Astorga, Julio
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Schaulsohn Brodsky, Jorge
--Smok Ubeda, Carlos
--Sota Barros, Vicente
--Soto Morales, Akin
--Sotomayor Mardones, Andrés
--Urrutia Avila, Raúl
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Vilicic Karnincic, Milenko
--Villouta Concha, Edmundo
--Yunge Bustamante, Guillermo
Con permiso constitucional, estuvo ausente el Diputado señor.
Palma Irarrázaval, Andrés
Estuvieron presentes, además, el Ministro de Agricultura, señor Juan Agustín Figueroa, y el Asesor Jurídico del Ministerio de Agricultura, señor Francisco Zúñiga.


III. TEXTO DEL DEBATE.

Se abrió la sesión a las 10.30 horas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario accidental) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor SOTOMAYOR.- Sobre la Cuenta, pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SOTOMAYOR.- De acuerdo con el Reglamento, la Mesa debe dar cuenta en la sesión de hoy de la acusación constitucional presentada en el día de ayer.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Está incluida en la Cuenta.
El señor. SOTOMAYOR No ha sido leída.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- E1 señor Prosecretario procederá a darle lectura. Estaba después de los oficios.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario accidental).- Se ha recibido una acusación constitucional interpuesta en contra del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Germán Correa Díaz, por los señores Diputados don Andrés Sotomayor, don José Antonio Galilea, don Carlos Caminondo, doña María Angélica Cristi, don José García, don Angel Fantuzzi, don Baldo Prokurica, don Eugenio Munizaga, don Carlos Vilches y don José María Hurtado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Terminada la Cuenta.


1. MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADO SERGIO SEPULVEDA GARCES.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ha fallecido don Sergio Sepúlveda Garcés, miembro del ex Partido Liberal, quien, a partir de 1949, fue Diputado durante tres períodos, en dos de los cuales ocupó la Primera Vicepresidencia de la Cámara. En 1961, fue elegido Senador por la Novena Agrupación. Fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y varias veces embajador durante el gobierno de don Jorge Alessandri.
Pido a la Sala guardar un minuto de silencio en su memoria.
Los señores Diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.


2. PRORROGA DE PLAZO A COMISION PARA INFORMAR.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones solicita prórroga por 30 días del plazo de que dispone para informar, como Comisión Especial Investigadora, acerca del examen y evaluación del sistema tarifario de la Compañía de Teléfonos de Chile en todo el territorio nacional.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.


3. REPLICAS A ALUSIONES PERSONALES.

El señor ROJO.- Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.- Señor Presidente, solicito cinco minutos, o menos, para contestar de inmediato una publicación que aparece en "El Mercurio" de hoy, referida a un hecho que es absolutamente falso.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ROJO.- Me acabo de imponer -a través de una fotocopia que me ha proporcionado un señor Diputado- de una inserción de prensa, en la cual se sostiene que yo habría dirigido una carta a los Diputados democratacristianos formulándoles diecisiete preguntas.
Deseo manifestar en esta Honorable Cámara que esa publicación es total y absolutamente falsa. No he enviado esa carta, no he formulado las preguntas, ni he firmado documento alguno.
Como éste es un hecho bastante grave, pido a la Mesa que requiera del diario "El Mercurio" la entrega de los antecedentes y diga a qué carta se refiere porque esto, sencillamente, tiene otros objetivos. No voy a aceptar que se use mi nombre para efectuar una publicación de esta naturaleza.
Sin perjuicio de analizar a fondo el problema y de deducir las acciones que correspondan, deseo dejar en claro a esta Honorable Cámara que esta publicación es total y absolutamente falsa.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En todo caso, la ley da a Su Señoría la posibilidad de usar directamente el derecho de rectificación, enmienda o aclaración.
El señor YUNGE.- Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado Yunge.
El señor YUNGE.- Señor Presidente, en la última sesión de la Cámara de Diputados fui aludido por el Diputado señor Horvath, en relación con algunas declaraciones que hice respecto de los temas limítrofes pendientes con Argentina y, en particular, en cuanto a las opiniones expresadas por mí sobre las actuaciones y declaraciones del señor Diputado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- ¿Usted solicita cinco minutos para poder replicar?
El señor YUNGE.- Así es.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, debería existir alguna normativa para poder hacer uso del derecho a réplica porque, de lo contrario, en cada oportunidad emplearemos media hora, a lo menos, en esta parte de la sesión para estos efectos. Cuando uno es aludido por la prensa o por una cosa pública, corresponde invocar el Reglamento, pero si lo es en la hora de Incidentes, la réplica debería hacerse en ese tiempo de la sesión.
Solicito someter a votación esta sugerencia.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El problema es el siguiente. Si un Diputado es aludido en una forma injuriosa que vaya en contra de su honra y prestigio, en ese caso, puede usar del derecho de réplica por cinco minutos. No asistí al debate en el cual habló el Diputado Horvath; en consecuencia, no estoy en condiciones de saber si lo que él dijo era o no injurioso respecto de lo planteado por el Diputado Yunge.
Tiene la palabra el señor Yunge.
El señor YUNGE.- Señor Presidente, calificaciones como "sin moral", "antidemocrático" y "poco cristiano", en mi opinión, son lo suficientemente graves como para darme el derecho de replicar en esta Sala.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ahora tiene la palabra el Diputado señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, yo hice uso del derecho que otorga el artículo 33 de Reglamento en réplica de asunto planteado por el Diputado señor Yunge, que estimo injusto, publicado en “El Mercurio”. Pero si esto se transforma en réplica de réplica, como dice el Diputado Alessandri, obviamente esta situación no terminará nunca.
Yo nunca he dicho que el Diputado Yunge sea inmoral, y no me opongo a que hable. En cambio, el no consintió que yo usara de la palabra y de ahí nació el problema.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Hubo una contestación de parte del Diputado Horvath, y ahora el Diputado Yunge tiene derecho a la réplica. Después, Su Señoría podrá usar de la dúplica.
El señor YUNGE.- Señor Presidente, mis declaraciones a la prensa, destinadas a formular una crítica dura –lo reconozco-,pero en ningún caso injuriosa o descalificatoria, como lo fueron los términos utilizados por mi colega Horvath durante su intervención en la última sesión de Sala, tenían por objeto remarcar una contradicción que tiene graves consecuencias, desde el punto de vista de las negociaciones y de las posibilidades de alcanzar una solución acorde con nuestros intereses nacionales en los problemas limítrofes pendientes con Argentina. Dicha contradicción apunta al hecho de que se declara: "La posición de Chile es doble. Una es la del equipo técnico de la Dirección de Fronteras y Límites, que la mantienen desde los gobiernos pasados y se apega bien al derecho y a la investigación de los aspectos geográficos; la otra es la del Gobierno, que ha actuado, a nuestro juicio, muy ingenuamente". Cito "El Mercurio" del día 12 de mayo recién pasado.
Llegar al extremo de realizar una distinción entre la política que se reconoce técnica y perdurable en el tiempo, más allá de la contingencia y de los gobiernos, como es la seguida por la Dirección de Fronteras y Límites, y separarla de la política oficial de la Cancillería y del Gobierno de Chile, me parece absolutamente inaceptable. En los momentos en que se realizan negociaciones para llegar una fórmula de solución en los temas limítrofes pendientes con Argentina, estimo, desde ese punto de vista, que con declaraciones como ésta se está haciendo un daño a la posición de Chile y al interés nacional.
A mi juicio, los problemas de fronteras y límites son extraordinariamente delicados y se arrastran por larguísimo tiempo, como es natural con la existencia de una frontera tan extensa con Argentina. Por eso, hay que tratarlos con claridad, capacidad técnica y energía, pero, al mismo tiempo, con responsabilidad, mesura, moderación y con el criterio que debe aplicarse para temas de carácter tan trascendental y delicado.
Respecto de problemas morales, de consecuencias cristianas y democráticas, en ese sentido estoy muy tranquilo porque creo tener una historia y una actuación personal incomparable con la de quienes estuvieron comprometidos con un régimen antidemocrático, que atropelló los valores cristianos. En consecuencia, los asuntos de moral es preferible dejarlos a la historia.
He dicho.


4. ACUSACION CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento Interno de la Corporación, corresponde ahora designar por sorteo a los cincos miembros que integrarán la Comisión encargada de conocer la proposición de acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Germán Correa Díaz.
El señor Secretario procederá a efectuar el sorteo.
El señor SOTOMAYOR.- Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento, quedan fuera del sorteo los Diputados que han entablado la acusación, como asimismo los miembros de la Mesa.
Mi pregunta es: ¿qué ocurre con los Diputados que se encuentran con permiso y con aquellos que están enfermos?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El señor Secretario indicará cuáles son las normas por las que se rige el sorteo.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- Honorable Cámara, en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento interno de la Cámara de Diputados, corresponde excluir del sorteo a los señores Diputados que se indican, por las causales que en cada caso se señalan:
a).Por ser patrocinantes del libelo acusatorio: don Andrés Sotomayor, N° 108; don José Antonio Galilea, N° 36; don Carlos Caminondo, N° 13; señora María Angélica Cristi, N° 24; don José García, N° 38; don Miguel Angel Fantuzzi, N° 33; don Baldo Prokurica, N° 87; don Eugenio Munizaga, N° 67; don Carlos Vilches, N° 117; y don José María Hurtado, N° 44.
b).Por ser miembros de la Mesa Directiva de la Corporación: don José Antonio Viera-Gallo, N°116; don Carlos Dupré, N° 27, y don Juan Antonio Coloma, N° 20.
c).Por encontrarse ausentes, con permiso constitucional: don Andrés Palma, N°78, y don Claudio Huepe, N° 43.
Efectuado el sorteo en la forma prescrita por el Reglamento, resultaron designados para integrar la Comisión Acusadora, los Diputados don Ramón Elizalde, N° 29; don Arturo Longton, N° 54; señora Evelyn Matthei, N° 61; don Jorge Schaulsohn N° 103, y don Hosain Sabag, N° 101.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En consecuencia integrarán la Comisión los Diputados don Ramón Elizalde, don Arturo Longton, la señora Evelyn Matthei, don Jorge Schaulsohn don Hossain Sabag.
Los Diputados señores Espina, Alessandri y Prokurica solicitan que se dé lectura a la acusación constitucional en la Sala. Ese procedimiento no está establecido en el Reglamento, pero si la Sala lo decide, podría acogerse la petición.
El señor ESPINA.- Está en el Reglamento.
Es una petición que se formula, más allá de las discrepancias que puedan existir en torno del contenido de la acusación constitucional.
El señor DEVAUD.- ¡Nunca se ha dado lectura a la acusación!
El señor ESPINA.- La seriedad del tema amerita que se pueda dar lectura a esta acusación constitucional, y así está establecido en el artículo 94, inciso final, del Reglamentó, cuando señala que "A petición de tres Jefes de Comité, se podrá acordar dar lectura a un documento de la Cuenta".
En otras oportunidades, los parlamentarios han pedido que se dé lectura a un documento, y se ha accedido. Lo que estamos solicitando ahora es simplemente que se le dé lectura, y ya habrá ocasión para que cada parlamentario emita su juicio sobre su procedencia o improcedencia.
El señor SOTOMAYOR ¿Por qué no se incluye, por lo menos, en el acta de la sesión?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se inserta en el boletín de sesiones, como algo normal.
En votación la petición de los tres Comités; no corresponde discutirla.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Rechazada la solicitud.
Tiene la palabra el Diputado señor Peña.
El señor PEÑA.- Es sólo para señalarle que como estoy pareado con el Diputado Navarrete, no puedo votar.


5. ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El señor Secretario va a dar la cuenta a los acuerdos de los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- Los Comités parlamentarios, reunidos en el día de hoy bajo la presidencia del señor Viera-Gallo, con la sola excepción del Comité de la Unión Demócrata Independiente, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
"1. Tratar en la Tabla de la presente sesión los proyectos que figuran en los números 1 y 3, en ese orden, y en tercer lugar, el que figura en el número 2.
"2. Citar a sesión el miércoles 22, es decir, la próxima semana, a fin de fijar la Tabla de las sesiones ordinarias de la legislatura correspondiente.
"3. Considerar el jueves 23, en tercer trámite constitucional, el proyecto sobre Estatuto Docente.
"4. Citar a sesión especial el día viernes 24 para considerar el proyecto sobre Ley de Pesca, siempre que se encuentren listos los informes respectivos.
"5. Autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala el día de hoy, a partir de las 11 horas, con el objeto de abocarse al estudio, en particular, del proyecto que modifica el Código Penal y la ley sobre conductas terroristas.
"6. Suspender la sesión ordinaria del martes 28 del mes en curso."
El señor MELERO.- Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MELERO.- Señor Presidente, el acuerdo para citar a sesión especial para el viernes 24, con el objeto de tratar la Ley de Pesca y Acuicultura, establece que la sesión se celebrará siempre y cuando estén listos los informes.
Quiero ilustrar a la Honorable Cámara que en el día de ayer las Comisiones Unidas de Agricultura y Recursos Naturales despacharon el proyecto de Ley de Pesca, pero, de conformidad con el Reglamento, hay algunos artículos que deben ser considerados por la Comisión de Hacienda.
Por consiguiente, si los Honorables Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda hicieran un esfuerzo adicional, en términos de despachar el proyecto antes de esa fecha, podríamos cumplir con ese trámite el viernes 24; de lo contrario, no sería posible. Quiero recordar que el plazo constitucional vence el 31 de mayo o el l° de junio.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Con el término de la legislatura extraordinaria, caducan las urgencias.
Si le parece a la Sala, se ratificarán los acuerdos de los Comités.
Acordado.


ORDEN DEL DIA


6. MODIFICACION DE LA LEY N° 16.282 SOBRE DISPOSICIONES PERMANENTES PARA CASOS DE SISMOS O CATASTROFES. INFORME DE COMISION MIXTA.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta sobre proyecto que modifica la ley N° 16.282, que fija disposiciones permanentes para casos de sismos y catástrofes.
El informe de la Comisión Mixta está impreso en el boletín N° 336-06 y figura en el N° de los documentos de la Cuenta.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Diputado don Claudio Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Señor Presidente, en primer lugar, es interesante destacar aquí que el debate que se llevó a cabo en la Comisión Mixta, entre Senadores y Diputados, fue bastante enriquecedor y aclarador de muchas materias, respecto de las cuales habíamos manifestado algunas inquietudes y dudas en la Sala.
La posición que defendió la Senadora señora Olga Feliú resultó bastante interesante e instructiva, por cuanto es de conocimiento público el dominio que ella tiene sobre distintas materias legales.
Del debate que surgió se concluyeron algunas cosas bastante importantes y aclaratorias.
En primer lugar, se estableció que una vez vencido el plazo de 12 meses previsto en la ley actual, al Ejecutivo sólo le queda la vía legislativa para reponerlo. Ese fue un tema que aquí se debatió y motivó en definitiva la constitución de esta Comisión Mixta.
En segundo lugar, nos daba la impresión de que la ley vigente consideró más bien emergencias producidas por terremotos, maremotos, temporales y otras catástrofes naturales, y no circunstancias como, por ejemplo, la que provoca la sequía, o también la que podría generar -y a Dios gracias parece que así lo fuera-, una epidemia como la del cólera; en este caso, en Chile.
En tercer lugar, en razón de lo anterior, era absolutamente necesario flexibilizar la normativa y, por sobre todo, buscar una mayor eficacia y oportunidad para contrarrestar las catástrofes que se iban produciendo.
Creo que no es comparable el efecto de un terremoto con el de una sequía, porque mientras el primero tiene efectos inmediatos -hay que contrarrestarlos en forma inmediata-, el segundo fenómeno, en la medida en que se prolonga en el tiempo, agrava sus consecuencias.
Por lo tanto, es absolutamente necesario asumir posiciones y adoptar decisiones que vayan contrarrestando la gravedad que aumenta.
Por otro lado, los temores, muy fundados, de que la norma que se quiere aprobar podría prestarse para una suerte de mal uso de parte de la autoridad de turno, -no se refería específicamente a las autoridades actuales, sino a las futuras- es factible neutralizarlos por algunas vías.
La primera, por la vía de nuestras facultades de fiscalización; vale decir, que si alguna autoridad hiciera mal uso de las atribuciones que hoy le estamos entregando en virtud de esta ley, es evidente que los Diputados, específicamente, tendrían la oportunidad cierta de contrarrestar ese mal uso a través de dichas facultades.
Por otro lado, la ley vigente, en su artículo 19, establece que dentro de los treinta días siguientes al término de los doce meses –y así quedó claramente consignado toda vez que, personalmente, fui hasta majadero en insistir en ello en la Comisión Mixta para que quedara en la historia fidedigna de la ley- el Presidente de la República debe dar cuenta al Congreso Nacional de la labor realizada en virtud de las facultades conferidas.
Por ello, aun modificando la ley para permitirle renovar por 12 meses el período de emergencia, el Presidente de la República, al término de los primeros 12 meses, de todas maneras debe dar cuenta al Congreso Nacional sobre cómo se ha procedido respecto de esta materia.
En suma, considero serias, responsables y atendibles las aprensiones de los parlamentarios que votaron en contra. Sin embargo, estimo que el interés de la población y el buen uso de las facultades quedan resguardados con lo que señalaba anteriormente.
Por último, señor Presidente, me da la impresión de que en la página N°4 del informe, hay un hipérbaton indebido, puesto que dice en forma textual: "Finalmente, la mayoría de la Comisión Mixta fue de parecer que la modificación que introduce al artículo 19 de la ley N° 16.282, el texto aprobado no importa posponer...".
En orden regular quedaría: "Finalmente, la mayoría de la Comisión Mixta fue de parecer que la modificación que el texto aprobado introduce al artículo 19 de la ley N° 16.282, no importa posponer...". La redacción que propongo es más clara y directa.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Jara.
El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, quiero abordar otro tema respecto del proyecto en estudio.
Se ha producido una confusión porque se piensa, en algún sentido, que esta norma tiene cierta relación directa con el artículo 40, número 4°, de la Constitución Política del Estado, según el cual “En caso de calamidad pública, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar la zona afectada o cualquiera otra que lo requiera como consecuencia de la calamidad producida, en estado de catástrofe.”
En verdad, esta norma constitucional tiene que ver con restricciones a derechos que garantiza la propia Carta Fundamental, pero no guarda relación directa con la ley N°16.282, que, en definitiva, otorga facultades al Presidente de la República y a los organismo estatales para solucionar los problemas estatales para solucionar los problemas concretos del estado de catástrofe –en este caso, la sequía- por vía de presupuestos extraordinarios o por la vía de trabajos apresurados, respecto de los presupuestos de distintos servicios.
En consecuencia, ambas normas no tienen el mismo origen.
Un precepto está radicado en el Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, y el otro, como lo dice la propia ley, en su artículo 1°, que expresa: "En el caso de producirse en el país sismos o catástrofes...," el Presidente de la República dictará un decreto supremo fundado, señalando las comunas que hayan sido afectadas."
Los efectos son distintos. Algunos de los efectos jurídicos de la situación constitucional se consignan, por ejemplo, en el artículo 41, número 5° y 6° de la Carta Fundamental, mientras que los efectos de la ley de catástrofe, N° 16.282, están mencionados, por ejemplo, en sus artículos 3° y 8°.
En definitiva, concuerdo totalmente con una jurisprudencia administrativa que emana de la Contraloría General de la República, de 7 de diciembre de 1989, la que, en dictamen número 32.786, llega a la conclusión de que son estatutos jurídicos distintos con, naturalmente, distintas consecuencias.
Por lo tanto, surge la necesidad de una norma que permita, con la flexibilidad que se menciona en el informe de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados, lograr el objetivo deseado, cual es solucionar con agilidad los problemas concretos de la gente, en este caso durante la sequía, que ya va para el cuarto año consecutivo.
De tal manera que toda la bancada democratacristiana está totalmente de acuerdo con la norma propuesta y considera recomendable, en vista del bien común, aprobarla tal como la planteó el Ejecutivo y la sancionó esta Sala en otra oportunidad, y, en consecuencia, tener la posibilidad de trabajar eficientemente en la zona de catástrofe.
Cuando, en la sesión pasada, se discutió el tema, surgió la posibilidad de prorrogar la norma respecto de los 12 meses. Sin embargo, como es un estatuto de excepción, cuyo tenor literal es claro y cuya interpretación debe ser restrictiva -particularmente por lo que plantea la Contraloría y, fundamentalmente, por lo que dice el artículo 19 de la ley N° 16.282, en cuanto a que "los artículos anteriores tendrán aplicación por un plazo de doce meses, contado desde la fecha del sismo o catástrofe y sólo regirán en las comunas..."-, pensamos que es conveniente que esta norma se apruebe tal como en la oportunidad anterior y, por lo demás, tal como se aprobó mayoritariamente en la Comisión Mixta de Senadores y Diputados.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.


7. NORMAS SOBRE FOMENTO A OBRAS DE RIEGO EN ZONAS AFECTADAS POR SISMOS O CATASTROFES. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece normas sobre fomento a obras de riego en zonas afectadas por sismos o catástrofes.
Las modificaciones del Senado están impresas en el boletín N° 278-09.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Como ustedes pueden apreciarlo en el boletín comparado, la iónica modificación que el Senado ha introducido al artículo único del proyecto es el reemplazo de la frase "comunas declaradas afectadas" por "zonas afectadas".
El señor PIZARRO (don Jorge).- Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, la inclusión de esta frase tiene por objeto compatibilizar el artículo iónico con el proyecto de ley que acabamos de aprobar, que fija las disposiciones permanentes para casos de sismos y catástrofes. El Senado habla de "zonas afectadas", justamente para dar un acceso a este beneficio a aquellas áreas que sean colindantes, cercanas, a las "comunas declaradas".
No creo que haya mayor problema en aprobarlo por unanimidad, sin discusión.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Gracias, señor Presidente.
Coincidimos, evidentemente, con la precisión del Diputado Pizarro, don Jorge, dado que la modificación sólo compatibiliza el texto de este proyecto con la ley N° 16.282, cuerpo legal que acabamos de debatir. Pensamos que no tiene más alcance que ése.
Consideramos importante esta norma que se introduce, por cuanto permite que sectores que hoy no tienen acceso a este sistema de bonificación, por no formar parte de las comunas declaradas en zona de catástrofe, ahora, luego de aprobado este proyecto, sí que lo tendrán, como es el caso de zonas regadas con los mismos ríos. Específicamente, es el caso particular de los sectores de "21 de Mayo", "El Asiento", "Barrancas", "Bellavista", Calle Ortiz", de la comuna de San Felipe, que no ha sido declarada "zona de catástrofe". Sí lo ha sido la comuna de Putaendo, que, por la misma circunstancia, dado que el río Putaendo riega ese valle, es la más afectada por tratarse de los últimos regantes del río Putaendo, el cual, por la sequía, no trae ni una gota de agua.
Creemos de tremenda importancia, entonces, que, en definitiva, este proyecto de ley se tramite rápidamente, como lo estamos haciendo. Por lo tanto, nuestra bancada dará su aprobación a esta modificación del Honorable Senado.
Gracias, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Sobre la base de esa explicación, si le parece a la Sala, podríamos aprobar la modificación del Senado por unanimidad.
Aprobada.


8. OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A ADQUIRENTES DE PREDIOS DE LA REFORMA AGRARIA Y MODIFICACION DE DIVERSOS TEXTOS LEGALES. INFORME COMPLEMENTARIO. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde entrar a conocer el informe complementario de los segundos informes de las Comisiones de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que otorga beneficios a los adquirentes de predios afectos a la Reforma Agraria y modifica los cuerpos legales que indica.
Diputado informante es el señor Manuel José Matta.
El proyecto de ley está impreso en el boletín N° 215-01.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se encuentra presente en la Sala el señor Ministro de Agricultura, don Juan Agustín Figueroa, quien ha solicitado que se permita el ingreso de su asesor y abogado del Ministerio, señor don Francisco Zúñiga.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado informante, don Manuel José Matta.
El señor MATTA.- Señor Presidente, someto a consideración de la Honorable Sala el informe complementario del segundo informe de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, recaído en el proyecto de ley que otorga beneficios a los adquirentes o asignatarios originales u otros de predios objetos del proceso de Reforma Agraria, y que modifica el decreto ley N° 3.262, de 1980, las leyes N°s. 15.840, 18.377, 18.658 y 18.768.
Este informe complementario es la expresión de la Comisión de Agricultura, en virtud del acuerdo adoptado en la sesión 50a. de la Honorable Cámara, de fecha 2 del mes en curso.
En el debate del segundo informe, diversos señores Diputados formularon observaciones que hoy se trata de responder en este complemento.
Cabe hacer presente que durante el estudio de este informe complementario se contó con la participación del señor Ministro de Agricultura, don Juan Agustín Figueroa, y del asesor jurídico de dicho Ministerio, señor Francisco Zúñiga.
Básicamente, se señaló que era necesario clarificar, por parte del Ejecutivo, si las disposiciones contenidas en el artículo 1° del proyecto de ley en estudio se aplican a las personas naturales o a las personas jurídicas. ¿A qué título se refiere al mencionar a los "sucesores a título gratuito" y a su extensión o no extensión a otras situaciones relativas al "estado patrimonial del matrimonio", etcétera.
La primera de las dudas planteadas consiste en determinar si el beneficiario es una persona natural o una persona jurídica. Esto dice relación con los segundos adquirentes, pues los primeros son, a toda afirmación en contrario, personas naturales.
Realizada esta precisión preliminar, la duda nace del término "quienes", usado en el inciso segundo del artículo 1°, el cual establece que "Los beneficios señalados en el inciso anterior se extenderán a quienes hayan adquirido..." El término "quienes" es un pronombre relativo. Puede referirse indistintamente a personas naturales como a personas jurídicas. Pero, para los efectos de la correcta interpretación, es necesario leer la disposición completa, que reza de la siguiente forma: "Para los efectos de esta disposición, se entenderá como un solo deudor tanto éste como su cónyuge, salvo que se encontraren divorciados perpetuamente". Por lo tanto, para ser claros, cuando se habla de "éste como su cónyuge", se hace referencia a un atributo de la personalidad, cual es el estado civil. Es una verdad jurídica que sólo las personas naturales y no las jurídicas poseen estado civil.
El señor Ministro observó que es ilógico que una persona jurídica haya adquirido una sola parcela. Puede haber adquirido varias, pero ése es otro caso.
La situación de las cooperativas agrícolas, consideradas en la ley como deudores del Fisco, están estimadas para estos efectos como asignatarios originales.
En segundo lugar, respecto de la deuda de que el adquirente no hubiera comprado el predio sino derechos hereditarios, cabe hacer una distinción: se puede adquirir derechos en el predio o derechos hereditarios, al igual que es posible comprar cuotas en una herencia. Quien compra cuotas es sucesor a título gratuito. Lo que compra a título oneroso son los derechos en la sucesión; pero como se produce un problema de subrogación personal, pasa a ocupar el mismo lugar respecto del bien; o sea, es sucesor a título gratuito.
Con el objeto de hacer más limitativa esta disposición, se entiende que se trata de una sola persona natural, el asignatario, su cónyuge, sus hijos o herederos.
Otra de las dudas planteadas dice relación con lo atinente a la calidad del deudor, cuando se establece en la norma: “Para los efectos de esta disposición, se entenderá como un solo deudor tanto éste como su cónyuge, salvo que se encontraren divorciados a perpetuidad". No quedaba claro para algunos de los señores Diputados por qué lo anterior era equiparable a los cónyuges separados totalmente de bienes o a los casos que contempla el artículo 150 del Código Civil, referente al patrimonio reservado de la mujer casada.
Al respecto, el señor Ministro de Agricultura propugnó mantener la disposición tal como está recogida en el texto, ya que no es el ánimo del Ejecutivo extender el beneficio a quien solamente se encuentre separado de bienes, como tampoco a la situación del patrimonio reservado de la mujer casada, porque éste, en el fondo, no es sino una separación de bienes.
En efecto, se tiene presente que cuando dos personas se encuentran divorciadas a perpetuidad, por sentencia judicial que lo declara y bajo causales muy serias, no hay entre ellas vínculo alguno, salvo el que emana de la indisolubilidad del matrimonio; en cambio, se afirma que la separación convencional de bienes es perfectamente conciliable con una situación matrimonial fluida. En suma, al referirme al divorcio perpetuo hay razones jurídicas diferentes respecto de la separación total de bienes o al caso señalado en el artículo 150, del Código Civil.
Finalmente, señor Presidente, como una manera de disipar las dudas surgidas en la Sala y para hacer el texto legal de más fácil comprensión y lectura, la Honorable Comisión, con la aceptación del señor Ministro, acordó reemplazar el vocablo "quienes", que aparece al comienzo del inciso segundo del artículo 1° del proyecto de ley en estudio, por la frase "las personas naturales". Lo anterior fue aprobado por la unanimidad de los Diputados integrantes de la Comisión.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde entrar a la discusión particular del proyecto.
Se encuentran aprobados reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, los siguientes artículos: 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 12 del segundo informe de la Comisión.
En discusión el artículo 1°, que se refiere a ciertos beneficios a los deudores, que son los asignatarios de predios de la Reforma Agraria y otros.
Ofrezco la palabra.
El señor ALAMOS.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ALAMOS.- Presidente, este proyecto de ley prorroga los beneficios a que pudieron acogerse los primeros adquirentes de predios desde 1984, en virtud de una ley cuyo vencimiento fue en 1985. Favorece a un sector importante de propietarios agrícolas chilenos.
Según lo planteado inicialmente en esa ley, las ventajas de estos beneficios eran sólo para los primeros adquirentes. La Comisión de Agricultura, por mayoría, con sólo dos excepciones, solicitó que se ampliaran a los segundos adquirentes, obteniendo favorable acogida de parte del señor Ministro de Agricultura, que agradecemos.
Esto favorece a un número aproximado de mil parceleros. Indudablemente, significa un importante menor ingreso fiscal. Se habla de 2.900 millones de pesos, lo que constituye una cifra potencial, porque, en definitiva, por tratarse de personas que se encontraban tan endeudadas, la suma a recaudar por la Tesorería iba a ser mucho menor.
En la Comisión se debatió la posibilidad de que también las personas jurídicas pudieran acogerse a este beneficio. Hicimos notar al señor Ministro que, en muchos casos, las personas jurídicas estaban formadas por particulares de modestos recursos que habían constituido una sociedad. Personalmente, conozco el caso de dos profesores que se juntaron y con mucho esfuerzo aportaron sus jubilaciones para formar una sociedad. Es posible que, a lo largo del país, haya infinitos casos como éste en que, con gran esfuerzo, dos o tres personas se asociaron para acceder a una parcela, pasando a ser segundos adquirentes.
Este beneficio habría favorecido a un número importante de personas. Sin embargo, el Ministro manifestó su negativa a esta solicitud por considerar que era injusto conceder este beneficio a sociedades formadas sólo con la intención de comprar parcelas para obtener ingresos lícitos, pero que no tenían los problemas económicos de los profesores y de otros profesionales. En todo caso, ésta es sólo una pequeña ayuda si se tienen en cuenta los graves problemas económicos que afronta la gran mayoría de los agricultores y parceleros del país.
Los Diputados de Renovación Nacional presentamos indicaciones para que este beneficio se hiciera extensivo a todos los parceleros que adquirieron parcelas de la Reforma Agraria, fueran segundos, terceros o cuartos adquirentes, por estimar que todo aquel agricultor que realizó un esfuerzo por producir debió haber recibido los mismos beneficios.
Reconozco que lo obtenido es importante y, en ese sentido, reconocemos el apoyo que tuvimos del señor Ministro de Agricultura.
Más adelante, en la discusión de otros artículos, me referiré al peligro que existe con la posible creación del Fondo Nacional de Tierras, que se menciona en un artículo que debatiremos con posterioridad.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.
El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, colegas Diputados, después de cuatro meses, vuelve a esta Sala el proyecto que beneficia a los adquirentes de predios afectos a la reforma agraria; que modifica decretos y leyes ya señalados en el informe respectivo, y que trata de cristalizar, en forma muy favorable, las aspiraciones de los propietarios y asignatarios de bienes agrícolas que, desde 1973 en adelante, se han visto perjudicados con diversas medidas que les afectaron gravemente en sus ingresos y en sus vidas familiares.
En los recorridos que hicimos en los períodos anteriores a nuestro mandato parlamentario, conversamos con parceleros de los sectores reformados, principalmente de las comunas de Angol, Renaico, Los Sauces, Purén, Collipulli y Traiguén, quienes nos plantearon cientos de situaciones irregulares, en algunos casos aberrantes, que francamente nos dejaban más que abismados. Nos parecía increíble el abandono en que quedaron los asentados y adjudicatarios al quitárseles el vital apoyo que, para sus gestiones productivas, representaba el accionar de los funcionarios de las áreas respectivas del Indap. Fue el desmembramiento de ese organismo lo que permitió, poco a poco, que fueran desapareciendo y liquidándose las Sara, o sea, las sociedades agrícolas de reforma agraria, que eran el sostén incuestionable, junto con las cooperativas que se habían constituido en las principales comunas agrícolas del país, de estos pequeños parceleros. Los tractores, maquinarias diversas, abonos, semillas y los apoyos contables y legales fueron liquidándose o desapareciendo, dejándolos en la mayor de las indefensiones, ya que veían como el temor y la persecución hacía acallar o desaparecer a los dirigentes y personas que podían darles apoyo y consejo.
Este abandono no sólo repercutió en la producción, sino que, por lógica, impidió el oportuno cumplimiento del pago de las cuotas, que iban venciendo inexorablemente. Por ello, se vieron en situaciones difíciles, y tan solos que la mayoría no encontraba otra solución que vender sus parcelas, aunque fuera en pésimas condiciones económicas. Para eso se coludieron, en muchos casos, algunos empleados de los mismos servicios agrícolas o de Tesorerías, quienes le decían a estos parceleros que sólo la venta les permitiría recuperar parte de sus bienes impagos. En otros casos, esos funcionarios se coludían con agricultores que habían sido dueños anteriores de los terrenos, o con personas extrañas a la zona, que llegaron con engaños. Incluso se dieron casos de abogados inescrupulosos que hacían escrituras de arriendo por 99 años, ofrecían a los parceleros dejarles una reserva con la parte ocupada por sus modestas viviendas o el bien común, para que pudieran seguir trabajando de nuevo como inquilinos, etcétera.
Los escasos conocimientos y la falta de mayor instrucción los hizo fáciles víctimas, pues las escrituras no decían lo que, en verdad, era el convenio. Fue así como esos bienes comunes, los huertos o los sitios reservados, eran sólo producto de una credibilidad no exigible legalmente por ningún conducto. Las sumas miserables recibidas por ellos, o las cantidades pendientes que no figuraban en las escrituras y que no se pagaron, se hicieron sal y agua; y el hambre y la desesperanza empezaron a florecer en las tierras y viviendas de estos abandonados y sufridos agricultores.
Cientos o miles de personas podrían llegar hasta nosotros a contamos situaciones patéticas, que sólo resultan creíbles, en algunos casos, por la sencillez y candor de sus explicaciones, que muestran la inocencia campesina. En su gran mayoría, la justicia no ha podido solucionar esos problemas, principalmente por la incapacidad económica de los asentados para pagar un abogado o por negarse a pagar el 50 por ciento de la tierra que se recuperaría, por concepto de honorarios, como se llegó a pedir.
Vemos, así, que el proyecto de ley que hoy tratamos en la práctica no puede solucionar ninguno de esos problemas de escritura, por la gran complejidad de esos actos legales; pero, por lo menos, nos satisface que el articulado general del proyecto subsanará las aflictivas situaciones en que hoy se encuentran muchos de los que con titánico esfuerzo lograron mantener sus tierras, a pesar de todo.
Sean, pues, mis palabras de felicitación para los favorecidos y esperamos que este alivio les permita salir adelante en sus actividades. También felicitamos a los segundos adquirentes que en buena forma han pasado a ser propietarios de las tierras de los asentados, mediante honradas transacciones; y, muy especialmente, a aquellos que habiendo sido excluidos del proceso de asignación por la aplicación de la causal incorporada al artículo 71 de la N° 16.640, por el decreto ley N° 208, de 1973, que afectaba principalmente a dirigentes de los asentados, pudieron llegar hasta hoy con una parcela.
Para quienes obtuvieron esas tierras con malas artes, sólo queda el castigo moral y la esperanza de que la justicia inmanente cumpla su cometido.
Otro punto que es bueno hacer resaltar se refiere al artículo 82, que autoriza a la Dirección de Vialidad, a requerimiento de cualquier propietario de parcelas que tenga interés actual en ello, con la sola exhibición del título de dominio respectivo, a ordenar y hacer cumplir la reapertura o ensanche de los caminos interiores resultantes de las parcelaciones de predios sometidos al proceso de reforma agraria, llevado a cabo en virtud de las leyes números 15.020 y 16.640, que hubieren sido cerrados o modificados y que figuren como tales en los respectivos planes de parcelación.
Me ha tocado conocer esta situación en varias comunas de mi distrito, por lo que sé exactamente que es insostenible para muchos parceleros e indispensable resolver a la mayor brevedad para evitar continuos roces entre vecinos, para vencer el encierro y evitar largos viajes de más a pequeños agricultores.
El proyecto de ley viene también a demostrar la preocupación de nuestro Gobierno, que, bien informado por el Ministerio de Agricultura, dará un gran alivio a prácticamente 15 mil pequeños agricultores, para que puedan sanear sus tierras, vivir tranquilos y gozar del fruto de su trabajo.
Deseamos vivamente que al Indap se le entreguen los medios materiales para que cumplan en las mejores condiciones y con la mayor dinámica y eficiencia sus tareas de apoyo y tecnologías, para que nuestro país no sólo se autoabastezca de los productos agrícolas de la tierra, sino que pueda entregar excedentes para exportación, ya que si ellos ganan, todos ganamos en Chile.
Sólo nos resta esperar que el proyecto pase lo más rápido posible los trámites legales que faltan, ya que sabemos muy bien que es ávidamente esperado por todos los modestos agricultores asentados de Chile, que sufren por el temor de perder la tierra defendida con valor.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, en la discusión del artículo 1° planteamos una serie de dudas, lo que motivó que el proyecto fuera enviado nuevamente a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, con el objeto de esclarecer, para la historia fidedigna de la ley, el verdadero sentido de la disposición.
He escuchado el informe del señor Diputado don Manuel José Matta y también he leído el informe escrito. Desde mi punto de vista, ha sido muy esclarecedor lo que ha señalado el señor Ministro de Agricultura respecto de las dudas que nos surgieron en la discusión del artículo 1°. En consecuencia, con la aclaración formal que se ha hecho, por nuestra parte, no hay ningún inconveniente en que se despache en los términos informados.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado don Sergio Jara.
El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, quiero hacer algunas breves observaciones al artículo en estudio.
En primer término, valoramos el esfuerzo del Ejecutivo para mejorar la proposición inicial, en cuanto a la posibilidad de que un segundo adquirente tenga los mismos beneficios que un parcelero original, porque esto estimula la producción agrícola y la actividad de un sector muchas veces castigado por problemas internos o externos, tales como la sequía o la crisis ocasionada por los dos granos de uva envenados.
En segundo lugar, respecto de las zonas de catástrofes declaradas por el problema de la sequía, en el día de hoy recibimos un oficio respuesta del señor Ministro de Agricultura. En él nos señala que se está estudiando, a nivel de varios ministerios, la posibilidad de postergar el pago de la cuota correspondiente al mes de junio de este año, contraída por propietarios de parcelas CORA -sean asignatarios originales, segundos o terceros adquirentes, o quien corresponda-, hasta el final del período de cada deuda.
Según el punto 3) de la respuesta del señor Ministro, la iniciativa puede ser incorporada mediante indicación al proyecto que otorga beneficios a los adquirentes de predios afectos a la reforma agraria, que estamos discutiendo, o bien, parte del proyecto de ley general referido a las comunas afectadas por la sequía.
En mi opinión, es importante que los ministerios de Agricultura y de Hacienda aceleren los estudios para que en este proyecto de ley se introduzca la opción que mejora de modo notable la posibilidad de muchos productores. Además, el plazo para el pago se está acercando rápidamente y, de hecho, la situación de los agricultores con parcelas CORA en zonas de sequía es delicada.
En consecuencia, en esta materia, más vale prevenir que asumir responsabilidades posteriores, ya que, por lo general, son engorrosas y onerosas.
Por lo tanto, solicito que se aceleren estudios y en el Honorable Senado se formule indicación sobre este punto, para permitir a muchos agricultores afectados por la sequía la posibilidad de postergar dicho pago. Insisto que no se trata de condonarlo, sino de postergarlo hasta el final del período que a cada uno corresponde.
He dicho.
E1 señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, la verdad es que el proyecto de ley que estamos viendo en su tercer informe, a raíz de situaciones contingentes que el país experimenta por la sequía y el cólera, va a traer beneficios adicionales a deudores impagos asignatarios o segundos adquirentes, como lo establece el artículo 1°.
En justicia, aparte del beneficio adicional específico mencionado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, es importante señalar que el proyecto pone en vigencia, por así decirlo, el original de la ley N°18.377, de 27 de diciembre de 1984, promulgada durante el Gobierno anterior con el mismo propósito de solucionar de manera definitiva los problemas de deudores CORA.
Por consiguiente, no se trata de una iniciativa original de los últimos tiempos, pues aborda una materia que viene siendo tratada desde hace mucho, específicamente del año 1984, en que con motivo de un primer proyecto se aprobó una serie de beneficios para los deudores CORA.
Nuestra bancada votará favorablemente este artículo, más aún porque el Ejecutivo acogió el planteamiento que la Cámara aprobó por mayoría, en el sentido de hacer extensivo el beneficio de los asignatarios a los segundos adquirentes, de acuerdo con la fórmula propuesta.
Lo anterior se concilia plenamente con el espíritu del Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, puesto que el mensaje que dio origen al proyecto de la ley dice: “En relación con este tema” –el de los deudores- “debe señalarse que se ha detectado una morosidad importante en el pago de la deuda fiscal respecto de los deudores del primer grupo, y que en el segundo grupo” –refiriéndose a los segundos adquirentes- “existen deudores que, dada su situación socioeconómica, en nada se diferencian de los primeros.".
Lo expresado en el mensaje no se conciliaba con el artículo 1°. Felizmente, el Ejecutivo ha reaccionado y, si bien nos hubiera gustado una redacción más amplia respecto de los segundos adquirentes, en los términos en que quedó acotada no se comete ninguna injusticia y se ajusta a lo señalado por el Ejecutivo y por la Cámara en su oportunidad.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el artículo 1° fue motivo de un gran debate en el seno de la Comisión de Agricultura, en particular el punto referente a la extensión de los beneficios a los segundos adquirentes.
No está en discusión si los asignatarios originales o los segundos adquirentes tienen diferencias socioeconómicas. Compartimos el contenido del mensaje, mencionado recién por el Diputado señor Melero. No hay necesariamente diferencias socioeconómicas entre los segundos adquirentes de una parcela y los asignatarios originales del proceso de la reforma agraria.
Repito que este no es el punto en discusión. Sin embargo, hay una diferencia de origen entre los primeros y los segundos; hay una diferencia histórica y de intenciones desde el momento en que se llevó a cabo la asignación de las parcelas de la reforma agraria. En el contexto de lo vivido en nuestro país durante la segunda mitad de los años 70, cuando se implementó gran parte de la legislación de la reforma agraria y, al mismo tiempo, se cambiaron las reglas del juego a los asignatarios originales, debe reconocerse que hay situaciones distintas entre los primeros y los segundos adquirentes.
Nuestra bancada no era partidaria de extender los beneficios de los asignatarios originales a los segundos adquirentes de una parcela. Ese fue el espíritu del proyecto del Ejecutivo, y lo compartimos plenamente. Por eso a través del Diputado señor Naranjo, pidió que se desglosara la votación del artículo 1° al aprobarse en la Comisión, fuimos minoría.
No nos oponemos a que los segundos adquirentes sean beneficiados; no desconocemos que el pequeño productor está en situación sumamente desmedrada para enfrentar los actuales desafíos de producción y comercialización agrícola en nuestro país. Por el contrario, compartimos plenamente lo incorporado en el programa de Gobierno de la Concertación, acerca de la necesidad de dinamizar la economía campesina tradicional y de dar un fuerte apoyo a los pequeños y medianos productores, con el fin de que tengan viabilidad económica y social.
El punto en discusión es otro: si es igual la situación de un segundo adquirente de un predio con la de los que originalmente fueron beneficiarios del proceso de reforma agraria. Creemos que no; más aún cuando en el proceso de repartición de las tierras hay una larga historia, sobre la cual abundaremos en la discusión en particular de este proyecto. Hubo profundas injusticias, hubo abuso de poder, hubo una legislación impuesta durante el gobierno militar que discriminó contra aproximadamente cinco mil dirigentes sindicales y de partidos que encabezaron el proceso de reforma agraria, y que por obra de ese maldito decreto de ley 208, que los trató como criminales, fueron excluidos del derecho de ser asignatarios originales del proceso de reforma agraria.
Por estas razones queremos dejar muy en claro nuestra opinión como bancada respecto de este artículo.
Es cierto que la mayoría de nuestra Comisión estuvo de acuerdo...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor LETELIER.- Pido a los colegas del frente que respeten el uso de la palabra, en particular a aquéllos que fueron adquirentes posteriores de predios de la reforma agraria.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Vicepresidente) .Ruego a los señores Diputados respetar el uso de la palabra.
El señor LETELIER.- En consecuencia, esperando dejar en claro nuestra opinión respecto de esta materia, pediremos que en la votación de este artículo se desglose su primer inciso del segundo.
Finalmente, deseo sumarme a lo sugerido por el colega Jara, sobre la necesidad de pedir al Ejecutivo que en el trámite del Senado patrocine una indicación para postergar el pago de la cuota Cora del 30 de junio de los deudores de las zonas afectadas por catástrofes y, en particular por la sequía. El tema fue abordado por esta Honorable Cámara y hemos recibido del señor Ministro de Agricultura un oficio del que se dio cuenta al comienzo de la sesión, en que dice que el Gobierno está dispuesto a considerar la solicitud. Como no tenemos facultad constitucional para incluir aquí la indicación pertinente, ni aún por unanimidad, pido que el señor Ministro, que al término del debate, nos dé su apreciación sobre la posibilidad de formularla cuando el proyecto de ley pase al Senado.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Señor Diputado, en relación con esta materia, efectivamente el señor Ministro ya envió su respuesta, que está en poder de la Cámara. Sin perjuicio de ello, tal vez quiera hacer referencia a ella.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, quiero hacerle una pregunta al Diputado Letelier.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Lo que pasa es que a continuación corresponde el uso de la palabra al Diputado señor Acuña.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, desde luego, quiero hacerme cargo de algunas observaciones de los señores Diputados.
En primer lugar, respecto del alcance hecho por el Diputado señor Letelier, es efectivo que en el proyecto primitivo enviado por el Ejecutivo se contemplaban beneficios sólo para el primer adquirente, en su totalidad; y para los siguientes, beneficios sustanciales restringidos. El Diputado señor Melero ha creído ver una contradicción entre el texto del mensaje y la norma propuesta, toda vez que en aquél se hablaba de que había segundos adquirentes en situación económico-social enteramente similar a la de los asignatarios originarios. La verdad es que esta contradicción no existe, porque lo que el proyecto inicial señalaba era que a algunos, que técnicamente eran segundos adquirentes, se les asimilaba a la calidad de asignatarios originarios. Así, por ejemplo, quien adquiría en virtud de la disolución de una sociedad de reforma agraria era técnicamente segundo adquirente, pero se le asimilaba a la calidad de asignatario originario. Lo mismo ocurría con quien adquiría en virtud de la disolución de una cooperativa y también -aquí venía el tratamiento especial respecto del decreto ley N° 208- con quien había sido discriminado y era técnicamente segundo adquirente. 
De manera que a nuestro juicio esta contradicción no existe.
Respecto de la observación del Honorable Diputado señor Letelier, el criterio especialmente restrictivo que propusimos fue controvertido mayoritariamente por la Honorable Comisión. En virtud de este punto de vista aceptamos ampliar el beneficio a únicamente segundos adquirentes que fuesen personas naturales que hubiesen adquirido sólo uno de los predios, y asimilando a sus cónyuges y a sus hijos menores a la misma calidad de adquirentes, salvo el caso de divorcio perpetuo.
Es cierto que esto significó una ampliación del criterio, pero nos pareció que restringir a personas naturales, como también al adquirente de un solo predio, de manera que no se viera una adquisición masiva de predios, podía ser aceptable.
Quiero también recoger la última observación del Honorable Diputado señor Letelier, en cuanto a la prórroga de la cuota por vencer. Efectivamente, recibimos la inquietud de esta Honorable Cámara, consúltennos al Ministerio de Hacienda y éste, a su vez, consultó a la Tesorería, y fuera de dos o tres observaciones menores, hay acuerdo del Ministerio de Hacienda y de la Tesorería, de manera que en el Senado vamos a formular la indicación correspondiente en el sentido que se nos insinúa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Acuña.
El señor Pizarro le solicita una interrupción.
El señor ACUÑA.- Encantado.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por la vía de la interrupción, el Diputado señor Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, sólo para hacer una consulta al Diputado señor Letelier, a propósito de la última parte de su intervención.
No sé si escuché mal, y si no fue así me gustaría saber si tiene los antecedentes del caso, pero lo oí hacer el cargo de que hay algunos Diputados que habrían adquirido parcelas en estas condiciones. Si los tiene que los entregue a la Honorable Cámara, porque, además, respecto del proyecto, se nos podría producir el problema de que algunos Diputados no podrían votar.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- La Mesa lo anunciará en el momento oportuno, antes de la votación.
Ya se han hecho llegar a la Mesa algunas comunicaciones de señores Diputados, en el sentido de que no participarán en la discusión y si en la votación.
Tiene la palabra el Diputado señor Acuña.
El señor ACUÑA.- Señor Presidente, el estudio de este proyecto de ley nos ha permitido, sin duda, revisar lo que en su momento fue el proceso de reforma agraria, iniciativa que muchos parlamentarios, principalmente de Gobierno, estamos dispuestos a seguir promoviendo de modo de regular y de reparar las injusticias que se cometieron durante él, a alguna de los cuales se refirió el Honorable colega Juan Pablo Letelier. Como la Sala sabe, hace algunas semanas presentamos un proyecto de acuerdo para posibilitar la designación de una comisión que se aboque en primer lugar a revisar, región por región, las injusticias cometidas con dirigentes sindicales y con algunos asignatarios de parcelas Cora; y, en segundo lugar, a estudiar la creación de un fondo nacional de tierras que nos permita asignarlas a todas las personas injustamente despojadas, de modo que tengan la posibilidad de desarrollar su actividad agrícola.
Por eso, este tema que hoy nos preocupa nos permite ser consecuentes, principalmente, con el gran sector de campesinos y de pequeños agricultores que durante muchos años han estado al margen del proceso productivo agrícola de nuestro país.
Apoyamos decididamente este proyecto de ley y pensamos que con la indicación confirmada por el señor Ministro, que podrá hacerse en el Senado de la República, podremos mejorarlo substancialmente.
Desde ya, el señor Presidente de la República ha recibido un oficio enviado en nombre del Diputado Hugo Rodríguez y en el mío en que se le pide precisamente su apoyo para solucionar estos problemas que aquejan a dirigentes campesinos y a parceleros de la reforma agraria, que fueron despojados de sus tierras.
He dicho.
El señor CORREA.- Señor Presidente, ¿estamos en la discusión general o en la discusión particular del proyecto?
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Estamos en la discusión particular; es usual que en esta etapa los señores Diputados se refieren en general al proyecto. Para ser exactos, estamos en la discusión del artículo 1°.
Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez.
El señor RAMIREZ.- Señor Presidente, el proyecto tiende a solucionar el problema de varios de miles de pequeños propietarios asignatarios de la reforma agraria y de segundos adquirentes, pero en el artículo 1°se plantea que estos parceleros tendrán un plazo de 180 días, a contar de la publicación de esta ley, para pagar los saldos morosos. Durante los días, en que se discutió esta materia tuve distintas reuniones con federaciones de pequeños agricultores y en ellas verifiqué que en las condiciones actuales les es casi imposible pagar sus deudas en un plazo de 180 días. Si esta ley fuera publicada en julio de este año, tendrían que pagar en diciembre, época en que en las zonas agrícolas se hacen los mayores gastos, lo que les impediría pagar. Por esa razón quiero, plantearle al señor Ministro que los saldos morosos no se paguen dentro de ese plazo sino que -como se ha hecho en otros- casos al final del período de la deuda, como nuevas cuotas. De esta forma, sanearíamos el problema de miles de pequeños agricultores que actualmente sufren la tragedia del endeudamiento.
Ahora estoy totalmente de acuerdo en que se haya agregado en el proyecto de ley la posibilidad de beneficiar a los segundos adquirentes. Me referí a esta materia hace algún tiempo, en su discusión general, y no quiero abundar sobre ella.
En conversaciones con el señor Ministro de Agricultura, junto con otros señores Diputados, el entendió que nuestro planteamiento era correcto y accedió a que los segundos adquirentes que tuvieran una parcela quedaran incorporados en el proyecto. Se lo agradezco, desde luego, en nombre de varios cientos de pequeños propietarios que hoy son favorecidos.
Respecto de las zonas de catástrofes, creo que, en general, la agricultura debe ser considerada en zona de catástrofe, de manera que sería bueno que la prórroga de la cuota Cora no fuera exclusivamente para parceleros de algunas zonas del país, sino para todos, a fin de permitirles empezar a recuperarse.
También creo que es conveniente corregir el problema de las personas afectas al decreto N°208. Tengo en mi poder una carta de ex asentados de la comuna de Sagrada Familia de la provincia de Curicó –antes de Talca- que dice: “Con todo respeto nos dirigimos a usted para informarle que somos 18 personas, que el Gobierno anterior nos quitó las parcelas que nos había asignado la reforma agraria, ex Cora, aplicándonos el decreto ley N° 208".
"La mayoría de los afectados son asentados del proyecto Juan XXIII, de la comuna de Sagrada Familia, que sin causa justificada y en forma arbitraria, fueron eliminados sin saber el motivo de tan drástica medida".
"Estimamos que la causal fue que se nos declaró no partidarios del gobierno anterior".
Efectivamente, en la aplicación del decreto ley 208 se cometieron muchas injusticias. Con la aprobación de este proyecto, se corrige esa situación y haríamos un acto de justicia y reparación absolutamente necesario, que aunque no beneficia a todos los afectados; al menos alcanza a quienes verdaderamente fueron perjudicados sin haber intervenido en ningún hecho ilegal.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, desde el comienzo de la tramitación de este proyecto, los Diputados de Renovación Nacional venimos señalando lo insuficiente del beneficio que se pretende entregar a los poseedores de parcelas Cora.
La iniciativa apunta en el sentido correcto, más aún cuando el beneficio que concede se extiende a los segundos adquirentes. Sin embargo, está lejos de ser la solución.
A nuestro juicio, es insuficiente por tres razones:
En primer lugar, porque se comete una grave injusticia con quienes han hecho grandes sacrificios para cumplir con el pago de las cuotas, antecedentes que el Ejecutivo no considera debidamente en este proyecto.
En segundo término, porque los beneficios entregados a los demás adquirentes de parcelas Cora son absolutamente exiguos. Entendemos que el Estado hace un esfuerzo importante desde el punto de vista económico; pero como lo indicamos en la discusión general, prácticamente estas tierras no significaron gasto para el Fisco, por lo que resultaría totalmente justo conceder el beneficio completo a los demás asignatarios.
En tercer lugar, porque no ataca la raíz del problema. Un análisis profundo de la realidad que vive la inmensa mayoría de los agricultores convertidos en propietarios a raíz del proceso de reforma agraria, permite comprobar que difícilmente llegarán a pagar algún día. Estamos frente a una crisis de rentabilidad en la agricultura, la que tiene mucho mayor impacto en las actividades de los pequeños agricultores.
Este es el asunto de fondo y, si no se aborda, en poco tiempo más deberemos abocamos al estudio de un proyecto similar.
Señor Presidente, todo esto comprueba, una vez más, lo nefasto que fue para la agricultura nacional el proceso de reforma agraria. Hoy nos alegramos de que exista una nueva concepción respecto del derecho de propiedad.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Comunico a la Sala que los Diputados señores Rojo, Hurtado, Alessandri y Soto informaron a la Mesa que no participarán en la discusión ni en la votación de este proyecto por considerar que se encuentran inhabilitados para actuar en esta materia.
El señor MONTES ¿Ninguno más?
El señor LETELIER.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.- En primer lugar, quiero señalar que solicité que se desglosara este artículo para su votación.
En segundo término, deseo formular una consulta reglamentaria. Si algún Diputado se encuentra inhabilitado para votar, por verse él o sus familiares involucrados -en cualquier proyecto, éste u otro-, ¿es necesario explicitarlo, como se ha hecho hasta ahora?
El señor DUPRE (Vicepresidente).- No, reglamentariamente. Pero, en definitiva, como tienen que inhabilitarse, una forma de hacerlo es explicitando el hecho, para que quede constancia de que no participan en la votación. De no hacerlo, podría prestarse para una interpretación equívoca.
El señor LETELIER.- Mi duda reglamentaria es la siguiente: si alguien se inhabilita -entiendo que es no participando en la votación- no significa que pueda abstenerse. Es una situación distinta.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- A nuestro juicio el abstenerse significa participar en la votación.
Ahora, si un señor Diputado no lo indica por escrito a la Mesa, en mi opinión, debe señalarlo explícitamente en la Sala puesto que, de otra manera, no quedará constancia de que se inhabilitó.
El señor LETELIER.- ¿Qué ocurre si no se inhabilita?
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Puede ser objeto de una petición de inhabilidad, precisamente por haber participado.
El señor VILLOUTA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, recuerdo que cuando se trató este proyecto en primer trámite reglamentario, hubo varios Diputados que hicieron presente su inhabilidad. Sería cuestión de revisar la nómina y repetirla.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Eso no lo puede hacer la Mesa, señor Diputado. Tiene que comunicarlo cada uno de los señores Diputados que se siente inhabilitado.
Diputado señor Letelier, quiero que aclare si el desglose del artículo 1° que usted solicita es para votar separadamente el inciso primero y luego el resto.
El señor LETELIER.- Correcto.
El señor RINGELING.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DUPRE (Vicepresidente). ¿Sobre el artículo 1°?
El señor RINGELING.- Quiero plantear una cuestión de Reglamento.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RINGELING.- Creo que basta que un señor Diputado que se sienta inhabilitado no participe en la votación, ni a favor, ni en contra, ni absteniéndose, para que cumpla con la disposición legal.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Esa es otra interpretación.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, disculpe que volvamos sobre esto.
Al parecer, en este punto, hay un vacío reglamentario. Entiendo que la Mesa nos tiene que dar explicación clara de cuál es la práctica en esta materia.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- La Mesa ha señalado un criterio. El señor Ringeling ha planteado otro: cree que no participando basta para que un Diputado se inhabilite. El punto es que no se ve cuál es la claridad -hablo como Mesa- que pudiera hacerse con ello. Si no es personalizada o individualizada la votación, no queda la constancia de que un señor Diputado se inhabilitó antes de la votación.
El señor SMOK.- ¿Qué dice el Reglamento?
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El Reglamento establece el criterio de que el Diputado debe inhabilitarse; no puede participar. La manera de hacerlo es señalar expresamente que se inhabilita para ese efecto.
El señor MUNIZAGA.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, por las razones que Su Señoría señala, quiero dejar constancia de que no participaré en la votación.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se deja constancia de que el Diputado señor Munizaga no participará en la votación.
Tiene la palabra el señor Alvarez-Salamanca.
El señor ALVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que cuando se trató este proyecto en el primer trámite reglamentario los Diputados que nos consideramos inhabilitados lo hicimos presente.
El señor DÜPRE (Vicepresidente).- Se dejará constancia de lo que señala el Diputado señor Alvarez-Salamanca.
En votación el inciso primero del artículo 1°.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobación.
Aprobado.
En votación el inciso segundo del artículo 1°, con el reemplazo del vocablo "quienes" por la frase “las personas naturales que".
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, O voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Aprobado el inciso segundo del artículo 1°, con la indicación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el inciso tercero de este artículo.
Aprobado.
El artículo 2° está aprobado reglamentariamente.
En discusión .el artículo 3°.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate:
En votación.
Si le parece a la Cámara, se dará por aprobado.
Aprobado.
Los artículos 4°, 5°, 6° y 7° están aprobados reglamentariamente.
En discusión el artículo 8°
El señor MELERO.- Está aprobado, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Sí, está aprobado.
Sin embargo, hay que votar una indicación. El señor Secretario la leerá.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- De los Diputados señores Hurtado, Rodríguez, don Claudio; Alvarez-Salamanca y Munizaga, para agregar a dicho artículo el siguiente inciso segundo:
"De igual manera, cualquier propietario de parcela que se sienta afectado en sus derechos, podrá oponerse a la medida señalada precedentemente, en cuyo caso se constituirá una comisión arbitral en la comuna donde esté ubicado el punto en litigio, siendo integrada por : el Secretario Regional Ministerial de Agricultura de la Región correspondiente o por quien él designe; el Director de Obras de la Municipalidad respectiva; el Director o Jefe de Vialidad de la provincia correspondiente, y el Juez de Policía Local o quien haga las veces en la comuna respectiva. Dicha Comisión tendrá carácter resolutivo y su veredicto será inapelable.".
El señor ALVAREZ-SALAMANCA.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Señor Diputado, como la indicación no fue renovada, no hay debate sobre ella.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 34 votos. No hubo abstenciones.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Rechazada la indicación.
En discusión el artículo 9°
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo 10.
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación signada con la letra B).
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- Indicación del Diputado señor Bosselin, para agregar al artículo 10 el siguiente inciso final: "El Fisco deberá vender, dentro del plazo de un año, a precio de mercado, los bienes que se hubiere adjudicado conforme a la letra a) de este artículo".
El señor DUPRE (Vicepresidente).- En votación la indicación.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión reglamentaria previa.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, a mi juicio la indicación sería inconstitucional, en virtud de lo señalado en la Carta Fundamental, en el inciso tercero del artículo 62, en relación con el N° 10, del artículo 60, que se refiere a las leyes que fijen normas sobre enajenación de bienes del Estado, materias que corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- En la Comisión no la declararon inconstitucional, pero la Mesa la considera inadmisible.
El señor BAYO.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor BAYO.- Señor Presidente, en relación con lo planteado por el Diputado señor Huenchumilla, debo señalar que los que se están vendiendo no son bienes del Estado.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Pero impone una obligación al Estado que, a juicio de la Mesa, es absolutamente improcedente.
El señor LETELIER.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sólo para clarificar el punto. El artículo legisla sobre la forma de rematar bienes de particulares que tienen deudas con el Estado.
Se establece un mecanismo cuyo objetivo puede no ser compartido, pero el espíritu consiste en que el Estado no se quede con parcelas rematadas, por deudas. Se fija un sistema mediante el cual en el segundo llamado a remate se pueden pagar precios inferiores al de mercado, si en el primero no hay interesados. Por lo tanto, más que una discusión de constitucionalidad hay un problema de estar en contra del espíritu del artículo.
En consecuencia, no comparto la declaración de inadmisibilidad de la Mesa, pues se debe entender bien cuál es la intención del proyecto.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- De acuerdo con el Reglamento, una vez planteada la inadmisibilidad por parte de la Mesa, no corresponde la discusión. Si hay un reclamo por parte de algún señor Diputado, la decisión de la Mesa, se somete a votación de la Sala.
¿Algún señor Diputado insiste en la admisibilidad de la indicación?
Entonces, se declara inadmisible. Por lo tanto, corresponde votar el artículo 10.
El señor CORREA.- Señor Presidente, ahora sí puede haber discusión sobre el tema.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay más discusión señor Diputado, porque está terminado el problema de la admisibilidad.
El artículo 10 no fue objeto de modificaciones, de modo que no corresponde debatirlo.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, en este caso se acaba de declarar inadmisible una indicación que no fue declarada así en la Comisión. Por lo tanto, corresponde abrir debate sobre el artículo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- La indicación no fue renovada, de manera que este artículo no puede someterse a discusión.
El señor BAYO.- Señor Presidente, en ese caso la indicación no debió votarse.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- De acuerdo con el artículo 129 del Reglamento, la indicación debe someterse a votación. El problema se produjo debido a su admisibilidad.
En votación el artículo 10°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantada, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 40 votos; por la negativa; 19 votos. No hubo abstenciones.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Aprobado el artículo 10°.
Corresponde pronunciarse sobre el artículo 11 nuevo.
El señor MELERO.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- ¿Me excusa, señor Diputado? Quiero plantear antes una situación previa.
A juicio de la Mesa, el artículo 11 nuevo es inadmisible, por dos razones. En primer lugar, porque el proyecto se refiere a deudores morosos y este artículo trata de una reasignación o reparación de lo asignado en virtud del decreto ley N° 208, de 1973. O sea, no tiene relación directa con el objeto del proyecto.
En segundo lugar, de acuerdo con el N° 10 del artículo 60 de la Constitución Política, son materias de ley: “Las que fijen las normas de enajenación de bienes del Estado o de las Municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión.”. El artículo 62 señala las leyes que pueden tener origen en la Cámara de Diputados, por mensaje que dirija el Presidente de la República, y que a éste corresponde la iniciativa exclusiva para:
“3° Contratar empréstitos o celebrar otra clase de operaciones que pueden comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas o de municipalidades, y de condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos.”
A juicio de la Mesa, en virtud de ambas consideraciones, el artículo 11 es inconstitucional.
El señor LETELIER.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Melero; luego, el Diputado señor Letelier.
El señor MELERO.- Como Presidente de la Comisión, declaré inadmisible este artículo, pero la Comisión votó su admisibilidad.
Quiero respaldar la posición de la Mesa con nuevos fundamentos. Se ha dicho que esta indicación no tiene que ver con las ideas matrices del proyecto.
El artículo 266 del Reglamento señala expresamente: "Sólo serán admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices del proyecto". En el mensaje no hay mención alguna a la idea que contiene el artículo 11; o sea, no está dentro de sus objetivos. En efecto, plantea que la iniciativa tiene por objeto permitir a los asignatarios directos y segundos adquirentes de una parcela, acogerse al crédito del 70 por ciento de los montos de la cuota adeudada; condonar los intereses penales; facultad a la Dirección de Vialidad para ordenar la apertura o ensanche de los caminos; facultar al Servicio Agrícola y Ganadero para requerir y pagar con sus recursos la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces; modificar el procedimiento de remate de predios ex Cora por no pago de deudas y autorizar a la Conaf para cobrar tarifas por sus actuaciones e inspecciones.
La única mención que hace la ley en tal sentido, consiste en extender, mediante el artículo 7°, el beneficio del 70 por ciento del crédito fiscal a quienes habiendo sido asignados, es decir, ex asentados, hubieran quedado excluidos del beneficio por el decreto ley N°208.
Por consiguiente, más allá, de lo justo o injusto que esto sea, o de la idea de fondo que los señores parlamentarios que participaron este artículo quieran plantear, considero que el criterio de la Mesa es adecuado.
Por otra parte, a los preceptos constitucionales ya señalados, quiero agregar el número 22 del artículo 19, de la Constitución, que dice: “Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica,...”.Aquí  se pretende asignar un beneficio para que estos predios, que el Estado se adjudica para sí, puedan ser reasignados con el propósito de reparar los efectos producidos en la asignación de tierras en virtud del decreto ley N° 208.
Si bien es cierto esto se está proponiendo en virtud de una ley, no es menos cierto que hay una discriminación, pues no sabemos quiénes son y por qué motivos fueron discriminados o excluidos en virtud del decreto ley N° 208. ¿Qué sucede con aquellas personas que no puedan acogerse a este beneficio? ¿Qué pasa con muchos asignatarios que sufrieron distintas situaciones en el proceso de reforma agraria?. Por consiguiente, creo que se discrimina en beneficio de unos y en perjuicio de otros.
Por lo anterior, respaldo la declaración de inadmisibilidad hecha por la Mesa, en razón de los antecedentes adicionales que he planteado.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor Letelier.- Señor Presidente, quiero declarar en contra de la declaración de inadmisibilidad hecha por la Mesa respecto de este artículo, sin entrar al problema de fondo, al contenido de la propuesta.
Se ha dicho, que las ideas contenidas en este artículo nuevo se apartan de las ideas matrices del Mensaje presidencial. Este fue un tema largamente debatido en nuestra Comisión. En presencia del señor Ministro de Agricultura quedó absolutamente claro que este artículo nuevo que proponemos, no se aparta en lo más mínimo de las ideas matrices contenidas en la iniciativa legal.
El punto fue aclarado por el Ejecutivo, uno de los patrocinantes del proyecto. Por lo tanto, creo que éste no es un argumento válido, y que deberíamos proceder a leer el Mensaje en particular, para no seguir exponiendo ideas y escuchar al señor Ministro sobre el particular.
El planteamiento del colega Melero respecto del artículo 266 del Reglamento, según el cual no se aceptan indicaciones que no digan relación directa, con la materia, forma parte de la misma argumentación. Estoy convencido de que este proyecto de ley tiende a rectificar situaciones producidas por el proceso de reforma agraria y a extender beneficios. En el mensaje están claramente identificadas las personas afectadas por el decreto ley N° 208, por tanto, la indicación está dentro de las ideas matrices del proyecto.
Un segundo punto es si tenemos facultad constitucional para proponer esta indicación o si esta materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Según mi impresión, lo que aquí se ha propuesto no afecta, como lo ha señalado la Mesa, precios ni beneficios, en términos financieros. Al contrario se establece por la ley un mecanismo a través del cual el Estado puede utilizar ciertos bienes en favor de un grupo de personas claramente identificadas.
Este punto no está en el ámbito de la exclusiva iniciativa del Presidente de la República, como sí lo estaba en el artículo anterior la indicación propuesta por el Diputado señor Bosselin, encaminada a fijar precios. Ese caso no se da aquí. En definitiva proponemos que se defina por Reglamento la modalidad mediante la cual el Ejecutivo podrá deshacer de estos bienes en favor de un grupo claramente identificado.
Por lo expuesto, la segunda argumentación de la Mesa, a mi juicio, no es válida. Puede haber otros argumentos para señalar que al Ejecutivo no le gusta que se le restrinja el derecho de uso de sus bienes; pero esa es otra discusión y no es un problema de constitucionalidad de esta materia.
Por último, pienso que el Diputado señor Melero nos ha dado la razón, por cuanto en el número 22 del artículo 19 de la Constitución Política se establece que en virtud de una ley se pueden definir ciertos beneficios. Por tanto, lo que estamos haciendo es guiarnos por la Carta fundamental para favorecer a un grupo claramente identificado, sin plantear discriminaciones particulares en ese ámbito.
Este también fue un tema largamente debatido en la Comisión, y reitero que la argumentación dada por el Diputado señor Melero sobre esta materia no es suficiente. Aquí se propone establecer un mecanismo, a través del cual aquellos predios que tengan aptitud agrícola y no hayan sido rematados, en función de lo dispuesto en el engorroso procedimiento establecido en el artículo 10° del proyecto, cuyo espíritu es no dejar parcelas en poder del Fisco, puedan ser posteriormente vendidas a un grupo de personas claramente identificadas, respecto de quienes no se establecen discriminaciones de ningún tipo.
Por las razones expuestas solicito que se someta a votación la solicitud de inadmisibilidad de la indicación antes señalada, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Melero.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO.- En la fundamentación de inadmisibilidad, efectivamente hice mención al número 22 del artículo 19 de la Constitución Política, que plantea “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de la ley -aquí está la aclaración a lo dicho por el Diputado señor Letelier- y siempre que no signifique tal discriminación..." O sea, ni en virtud de la propia ley se puede establecer una discriminación y es ésa la fundamentación por la cual respaldo la inadmisibilidad de la Mesa.
Señor Presidente, deseo llamar la atención a los Honorables Diputados, en orden a que más allá de la importancia política que la proposición tenga, es muy importante que esta Cámara no siente precedentes, en el sentido de dar curso a proyectos que, por muy sentidos y necesarios que sean, no estén en el ámbito de nuestras facultades o no se ajusten a la normativa Constitucional. Si bien las materias que ellos plantean pueden ser motivo de análisis o de una iniciativa legal, no me parece serio que este Poder del Estado, por una razón política, deje de considerar los preceptos constitucionales a que estamos haciendo mención para declarar la inadmisibilidad de esta indicación.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Después de los argumentos que he dado para sostener que no comparto la admisibilidad, simplemente deseo señalar que, en un comienzo, se planteó otra indicación, la cual sí tuvo vicios de inconstitucionalidad. Para resolver la situación de discriminación que se había producido con los dirigentes sindicales o las personas perjudicadas por el decreto ley N° 208, originalmente propusimos crear un Fondo Nacional de Tierras -que fue considerado inadmisible-, producto de un estudio muy serio. Como no hemos renunciado a ese objetivo de reparar el proceso de la contra reforma agraria, adecuamos la indicación dentro de los marcos legalmente aceptables, y la argumentación del Diputado Melero sólo reafirma mi convicción de que es constitucional el artículo, independientemente de que tengamos diferencias de opinión sobre su contenido.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El señor Ministro ha solicitado la palabra.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, reiteraré lo que manifesté, en su oportunidad, en el seno de la Comisión. El Ejecutivo estima que, desde el punto de vista reglamentario, la indicación es admisible porque está de acuerdo con los lineamientos generales del proyecto en la medida en que éste contempla beneficios respecto de quienes fueron discriminados en virtud del decreto ley N° 208.
Sin embargo, el Ejecutivo está en contra de la indicación en cuanto importa cercenamiento de facultades de Su Excelencia el Presidente de la República, quien, respecto de bienes fiscales, no tiene limitaciones en relación con su asignación, y se los podrá otorgar al INE, a la Cruz Roja o a cualquier otra institución, de ser necesario. En la medida que esta disposición me adscriba estos bienes con la única finalidad de ser entregados a quienes fueron discriminados en virtud del decreto ley 208, está cercenando facultades del Poder Ejecutivo y, en tal inteligencia, estamos en contra del fondo de la indicación.
Gracias, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Quiero clarificar que la Mesa no se pronuncia sobre el fondo ni la situación que implica la norma propuesta en el articulado.
En segundo lugar, el artículo 11 es moción parlamentaria; no es una indicación patrocinada por el Ejecutivo.
Están inscritos los señores Huenchumilla, Rocha, Sota, Melero, Acuña, Longueira y Alamos. Si le parece a la Sala, a continuación de que hagan uso de su derecho, se cerraría el debate para poner en votación la admisibilidad de la indicación.
Tiene la palabra el señor Huenchumilla.
E1 señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, deseo compartir los elementos de fondo que como argumentos ha dado el Diputado señor Letelier, y me parece de toda justicia el establecimiento de la norma que contiene el artículo 11. Sin embargo, considero que existe una razón de texto, en el sentido de que esta indicación a mi juicio, sólo sería procedente si contara con el patrocinio del Ejecutivo; pero no por las razones que se han dado acá. En absoluto sería por la razón que señaló el Diputado Melero, ni tampoco por las que ha dado la Mesase ha referido al número 3° del artículo 62, sino porque, a mi juicio, existe una razón de texto expresa...
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Perdón, se trata del inciso tercero del artículo 62.
El señor HUENCHUMILLA.- Sí, pero usted leyó el número 3° de la mencionada disposición.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El inciso tercero de ese artículo.
Tal vez, usted se refiere a que la Mesa conjuga el artículo 60, número 10°, con lo que Su Señoría está planteando: el inciso tercero del artículo 62.
El señor HUENCHUMILLA.- Es posible, señor Presidente.
Pero creo que la razón de texto, que la Mesa no leyó, es el inciso tercero del artículo 62, que dice que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de una serie de materias que enumera, y al final expresa “y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 60”. Y ahí usted, naturalmente, se refirió al número 10° del artículo 60. Porque debo entender que en este mecanismo procesal, cuando el Fisco adquiere estas parcelas o se las adjudica, como dice la norma, estos bienes pasan a ser patrimonio del Fisco y, en consecuencia, la pregunta es cómo dichos bienes salen del patrimonio del Fisco y son adjudicados a "X", "Y" o "Z".
El señor Ministro dice que el Presidente de la República tiene facultades para reasignar estos bienes sin limitación alguna. En consecuencia, si así es, no tendría sentido aprobar la indicación parlamentaria de este artículo, porque ya el Fisco tendría esta facultad. Si no la tuviera, evidentemente estaríamos chocando con el texto expreso de la Constitución, que dice que la iniciativa sobre normas de enajenación de bienes del Estado le corresponde exclusivamente al Presidente de la República.
Por esa razón, señor Presidente, estimo que, siendo valederos los argumentos de fondo que se dan en orden a la justicia del contenido de la indicación, estamos frente a una cuestión constitucional, por un texto expreso de nuestra Carta Fundamental.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Comparto su criterio, señor Diputado.
Tiene la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.- Señor Presidente, he pedido la palabra a raíz de la intervención del Honorable colega señor Melero. Aprecio enormemente en él la versación con que trata todos los temas relacionados con la agricultura. Por lo demás, es su especialidad.
Pero entre los argumentos que ha dado el profesor de Derecho y Ministro de Agricultura, don Juan Agustín Figue roa, en favor de la admisibilidad de la indicación, y los argumentos que da el ingeniero agrónomo Diputado señor Melero, indudablemente me quedo con los del primero, aunque sólo sea por una razón de autoridad.
Lamento que en esta ocasión los argumentos del Diputado Melero se vean respaldados por la autoridad tan reconocida en materias de orden jurídico de nuestro colega señor Huenchumilla; pero, por esta vez, también estaré en contra de mi querido amigo.
Lo que sí echo mucho de menos en la intervención del Diputado Melero, es un mayor énfasis en la justificación ética y política de esta indicación, porque, si bien en la última parte de su intervención hizo una referencia a que el fondo de la indicación puede ser legítimo, me hace falta en su intervención, porque conozco su inquietud de orden social, así como la de muchos de su bancada, una propuesta en el sentido de sumarse a la inquietud de los Diputados de estas bancas para que sea corregida esta situación de injusticia extraordinaria que ha perjudicado, como se ha dicho aquí, a más de 5 mil personas afectas al proceso de reforma agraria.
No hay duda de que el señor Ministro conoce nuestras inquietudes al respecto. En mis viajes por el país, he constatado -por lo menos en las provincias que represento-, en cada una de las concentraciones campesinas, que ésa es una sentida aspiración de justicia. Es posible en un próximo proyecto de ley, por el cual, según entiendo, se propondrá al Parlamento la creación de un Fondo Nacional de Tierras, venga una disposición que pueda hacer justicia a estos campesinos que participaron en un proceso histórico.
Termino manifestando que no faltará la ocasión -porque todavía no la ha habido en esta Cámara, y lo digo a propósito de algunas alusiones que repetidamente hacen los Diputados de las bancadas de enfrente al proceso de reforma agraria- para efectuar algún día, ojalá en sesión especial, un proceso desapasionado, pero justo de lo que fue la reforma agraria, que posibilitó Diputado señor Galilea, me refiero a los señalado por usted; y también me dirijo al Diputado señor Melero la parcelación de los predios y, en consecuencia, la discusión de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MELERO En primer lugar, quiero refutar parte de la argumentación del señor Ministro, en cuanto a que el nuevo artículo 11 del proyecto no se aparta de las ideas matrices del texto del Ejecutivo.
Desde luego, señala que es idea matriz beneficiar a los asignatarios y adquirentes de predios en el proceso de reforma agraria; por consiguiente, al repararse una situación de injusticia, en virtud del decreto ley N° 208, que permite esta asignación a quienes se vieron excluidos, no se apartaría del proyecto de ley.
Considero que debe distinguirse lo que establece el artículo 7° del proyecto -mi bancada lo votó favorablemente-, que justamente da este beneficio a quienes fueron marginados, en virtud del decreto ley N° 208, de la posibilidad de percibir el crédito fiscal del 70 por ciento y la condonación de las multas e intereses. Eso me parece bien.
Muy distinto es que el Estado pretenda dar este beneficio de la asignación de tierras -no hablo de la condonación de las multas e intereses ni del 70 por ciento del crédito-, en conformidad con el artículo 11 y con el proceso de remate dispuesto en el artículo 10°. Por eso estimo que se aparta de las ideas matrices y fundamentales del proyecto de ley, al no haber tampoco mención alguna de esa materia en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
Lo que el señor Ministro plantea está debidamente establecido en el artículo 7°. El artículo 11 se refiere a una materia distinta, que no son los beneficios económicos que se pretenden dar, sino la asignación de las tierras propiamente tales.
Agradezco los términos con que el Diputado señor Vicente Sota se ha referido a mi persona en su intervención, los que yo, desde luego, comparto respecto de la forma como él trata los proyectos de ley. Tengo una enorme sensibilidad con relación a situaciones de injusticia que se pueden haber dado. La bancada de la UDI ha contribuido, en muchas oportunidades, a corregir errores y a solucionar situaciones que pudieran haber sido injustas respecto de muchos chilenos, como consta en la historia legislativa de este primer año.
Si lo que hoy día se está planteando en este Congreso es el tema de las justicias o injusticias, quizás, como primer paso para un debate futuro, es bueno precisar que el decreto ley N° 208, dice: "No podrán postular a la destinación de tierras expropiadas por la Corporación de la Reforma Agraria los que hubieren ocupado con violencia el predio objeto de la destinación".
Tal vez éste no es el momento de revivir la situación que el país vivía en esos años, previos al 11 de septiembre de 1973. Pero también es justo señalar -y quizás el Diputado señor Sota concordará conmigo- que se produjeron situaciones de exceso. Hubo muchas oportunidades en que se pasó por encima de la ley. Las cifras de la época demuestran que se cometieron más de 1.100 tomas ilegales perpetradas en tal sentido.
Entonces, si de lo que se trata es hacer un análisis de las justicias e injusticias, es bueno que pongamos todos los elementos sobre la balanza; pero no que, en atención a cómo debe operar este Congreso Nacional, cual es acogerse al marco jurídico que la Constitución y la Ley Orgánica nos establece, tratemos de solucionar estas situaciones en virtud de un artículo que, en su fondo y en su forma, estimo inadmisible.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Mario Acuña.
El señor ACUÑA.- Señor Presidente, lo sostenido en intervenciones anteriores, en términos de que los Diputados de la Democracia Cristiana, integrantes de la Comisión de Agricultura, en su oportunidad acudimos con nuestro voto favorable a este artículo nuevo, es porque los argumentos de fondo los consideramos totalmente valederos. También el texto de la indicación es suficientemente claro. Por lo tanto, estamos en condiciones de ratificar que insistimos en esta idea y que no concordamos con el planteamiento de la Mesa.
Quiero terminar diciéndole al Honorable señor Melero, que el mensaje del Ejecutivo se refiere precisamente a los problemas que se suscitaron a raíz del decreto ley N° 208. De tal manera que el mecanismo que nos otorga el proyecto de ley nos permitirá solucionar la injusticias que se cometieron en su oportunidad, y que nosotros, los democratacristianos, estamos dispuestos a subsanarlas de una vez por todas, porque creemos que la gente que participa de la vida del campo -campesinos y pequeños agricultores- merecen ser respetados en su condición de personas dignas de ayudar en el desarrollo agrícola de este país.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente) .Tiene la palabra el Diputado señor Hugo Alamos.
El señor ALAMOS.- Señor Presidente, no teniendo ninguna duda respecto de la inconstitucionalidad del artículo, quiero ir un poco más allá y muy brevemente hacer un recuerdo. En mi calidad de Director Zonal de Cora en el año 1978, me correspondió participar en Ñuble. En verdad, lo que se trató de hacer y se hizo fue darle tierra a los campesinos asentados, a quienes se les había ofrecido la posibilidad de tener tierras por el proceso de la Reforma Agraria, puesto que, naturalmente, no se había cumplido con ello.
Ahora, ¿cuál es el hecho práctico que podría acontecer, en caso de que esto se llevará a efecto?
Por el decreto ley N° 208 es posible que se hayan cometido injusticias en el sentido de dejar fuera del proceso a per soneros que no participaron tan violentamente como la mayoría de quienes fueron afectados por esto. Pero también hubo muchos campesinos, cientos de ellos, que quedaron fuera del proceso de asignación de parcelas, porque sencillamente no había tierra para todos ellos. Por esa razón, pienso que el Gobierno se va a meter en un tremendo problema con esta iniciativa.
De modo que, en mi opinión, desde el punto de vista práctico, es imposible llevar esto a efecto, a menos que se ponga en vigencia -confío en que no prospere la idea- el anunciado Fondo Nacional de Tierras, con el cual se nos está amenazando, lo que implicaría otro nuevo proceso de reforma agraria. Solamente así podría haber tierras para todas aquellas personas que en esa oportunidad no recibieron parcelas.
Concedo una interrupción al Diputado señor Letelier.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, insisto en la constitucionalidad de la indicación. A la vez, aprovecho la oportunidad para que podamos hacer una reflexión, como Corporación, y dejar en claro ciertas cosas.
Esta indicación no resuelve un problema de justicia social heredada por esta generación de parlamentarios, no como Congreso, sino como personas. Como señaló muy bien el Diputado señor Alamos, hubo situaciones de injusticia. Deseo clarificar que no existe la intención de hacer una segunda reforma agraria, para no dejar esa idea en el aire. Lo que se quiere es consolidar la tenencia de la tierra en nuestro país, para apoyar su despliegue productivo con gran eficiencia. Sentimos que, de ser aprobado, este artículo contribuirá a generar estabilidad, en particular entre la Cuarta y Décima Regiones, donde hay más inquietud. Todos sabemos que grandes grupos de ex asignatarios de Cora se están reuniendo en diversos puntos del país. Ya hemos tratado en esta Cámara el problema de los abogados que extorsionan a los campesinos vendiéndoles ilusiones.
Queremos buscar un camino institucional que permita encauzar este drama que heredamos como Poder del Estado que está recuperando sus funciones. No me convencen los argumentos acerca de la inconstitucionalidad y la inadmisibilidad de este nuevo artículo. Por lo tanto, solicitaré de la Mesa que someta nuevamente el punto a discusión.
Independiente del resultado de la votación y de este proyecto de ley, propongo, para una consideración posterior, que realicemos una sesión especial de esta Corporación -idea que debieran patrocinar no tan solo algunos Diputados de la Concertación, sino también de la Oposición- para debatir la materia con altura de miras, como ocurrió en la Comisión de Agricultura, donde hubo una discusión apasionada, pero con mucho respeto.
He dicho.
Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Alamos.
El señor ALAMOS.- Reitero lo que manifesté hace unos momentos acerca de lo justa que fue la entrega de parcelas y la imposibilidad de dar tierras a todos los campesinos que habían sido engañados por el proceso de Reforma Agraria.
Es todo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, trataré de aportar más a la discusión sobre la inadmisibilidad de esta moción parlamentaria, tratando de abstraemos del fondo de ella.
Tal como se señaló anteriormente, creo que requiere de una discusión bastante más profunda que ésta para conocer las causas por las cuales a ciertas personas se les aplicó el decreto ley N° 208 y las razones éticas o de justicia que pudieran existir. A mi juicio, debemos tener presente un solo punto: el Ejecutivo no ha avalado esta moción y no deseo sacar conclusiones éticas ni morales de por qué no lo ha hecho.
Si la Corporación, en forma unánime, hace algunos minutos, ha rechazado una indicación del colega Bosselin, la que apunta exactamente en el mismo sentido, es decir, condiciona al Ejecutivo para enajenar en una cierta fecha y de acuerdo con el criterio de precios del mercado, algunos bienes que obtendría, producto de este proyecto de ley, y unánimemente esta Corporación ha estimado que es inadmisible, con arreglo al criterio de la Mesa. Por eso, me parece muy poco serio admitir ahora una indicación que, en su esencia, también condiciona al Ejecutivo a formas de enajenar estos bienes.
De las palabras del Ministro, concluyo que la indicación es absolutamente inadmisible, porque ha manifestado que, en el fondo, el Ejecutivo no está de acuerdo porque la indicación establece requisitos sobre cómo enajenar dichos bienes y por ligarlos a una ley, y al no estarlo, precisamente pasaríamos a vulnerar una atribución, lo que no nos corresponde.
Dado que votamos la letra b) del artículo 10° como inadmisible, iónicamente cabe declarar que esta indicación es exactamente igual. Me parece muy poco serio politizar en alguna forma las razones para postular si una indicación o moción parlamentaria es admisible o no.
Insisto en que si ya votamos y sentamos un precedente en esta misma sesión, según el cual no podemos restringir la forma en que el Ejecutivo enajene los bienes fiscales, ahora debemos adoptar una posición consecuente frente a este precepto que obliga al Ejecutivo a enajenar de acuerdo con una ley fundada en el mismo criterio anterior.
Repito, entonces, que habiendo escuchado al Ministro y teniendo presente que el Ejecutivo no ha respaldado esta indicación, no cabe otra decisión que declararla inadmisible.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El Diputado señor Cerda le solicita una interrupción, señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Se la concedo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cerda, por la vía de la interrupción.
El señor CERDA.- Señor Presidente, dentro de lo aquí planteado, me parece que esa indicación es inadmisible, y así lo votaré.
Pero quiero agregar un breve comentario, también de carácter político.
Creo que este artículo no causa otro efecto que sembrar ilusiones, que no fructificarán, porque la forma de rematar los bienes fiscales que se indican, radica en que el primer remate consiste en el avalúo fiscal más el 50 por ciento. Sabemos que en el sector agrícola ese avalúo es exclusivamente por el casco; por lo tanto, es muy inferior al valor de la propiedad. Y en caso de que no haya postores, queda un segundo remate, que se hace exclusivamente por los dos tercios, lo que equivale exactamente al avalúo fiscal; y no hay en Chile ningún predio, salvo que su remate no se publicite, que no sea rematado en el avalúo fiscal.
Por estas razones, si se piensa crear un fondo de tierras para corregir las injusticias cometidas, hay que hacerlo a través de un proyecto que establezca una forma de ahorro para que los campesinos postulen verdaderamente con un crédito a la compra de propiedades, porque de esta manera -por cuya inadmisibilidad voy a votar-, sólo se siembran vanas ilusiones.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- En votación la tesis de la Mesa, en orden a declarar la inadmisibilidad del artículo 11.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ratificada la inadmisibilidad.
El 12 está aprobado reglamentariamente.
Despachado el proyecto de ley.
El señor SOTA.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- ¿Es sobre una situación reglamentaria, señor Diputado?
El señor SOTA.- Casi de Reglamento.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El problema es que "casi" siempre es "casi" el Reglamento, porque no corresponde.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SOTA.- Señor Presidente, en mi intervención, aludí a lo escuchado acerca de un proyecto de ley, en preparación, sobre la creación del Fondo Nacional de Tierras.
La indicación, rechazada y declarada inadmisible en la Comisión de Agricultura, pedía al Ministro del ramo que, dentro de un plazo de 90 días, se dictara un reglamento sobre la administración de ese Fondo.
Le ruego, señor Ministro, aunque sé que sus ocupaciones son excesivas, que el proyecto de ley que prepara sobre la materia no demore más allá de 90 días en llegar al Parlamento.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Diputado señor Sota, eso no es "casi", sino que está absolutamente fuera de Reglamento.
El señor SOTA.- No siempre tenemos la ocasión de contar con la presencia de los ministros.
Le rogaría al señor Ministro acoger esta proposición, que si no es antirreglamentaria es....
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Señores Diputados, una cosa muy importante es observar siempre el Reglamento y tratar de atenemos a él, porque de otra manera el desarrollo de los debates se toma complicado.
Tiene la palabra el Ministro señor Figueroa, quien se referirá, tal vez, al despacho de este proyecto de ley que hemos aprobado.
El señor SOTA.- Es antirreglamentario que la Mesa le fije al Ministro los términos de su intervención.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- No, señor Diputado. He dicho claramente "tal vez", porque "supongo" lo que manifestará.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, sólo deseo expresar mis agradecimientos a la Honorable Cámara por la presteza dada al despacho de este proyecto de ley.
Efectivamente, para nosotros tenía gran importancia la posibilidad de beneficiar a los asignatarios originales de la Reforma Agraria frente a la situación de mora en que muchos de ellos se encontraban. Esto se inscribe dentro de la preocupación general del Gobierno por una política de protección y estímulo al campesinado, a la agricultura campesina.
Deseo hacerme cargo de la indicación del Diputado señor Sota. Efectivamente, tenemos muy presente que la creación del fondo nacional de tierras constituye una declaración programática solemnemente acordada.
Se trata de una situación con muchas dificultades de carácter técnico, de operación y de recursos. Pero empeñaremos nuestros esfuerzos para que, efectivamente, dentro del plazo que se nos insinúa, traigamos algunas ideas muy concretas sobre el particular.
Muchas gracias, señor Presidente.
Aplausos en la Sala.


PROYECTOS DE ACUERDO.


9. PETICION DE INFORME, A LA CONTRALORIA GENERAL, SOBRE LA INVESTIGACION RELATIVA AL GIRO DE CHEQUES, POR EL EJERCITO, EN FAVOR DEL SEÑOR AUGUSTO PINOCHET HIRIART.

El señor CERDA (Presidente accidental).- Corresponde a continuación votar los proyectos de acuerdos que se han presentado.
El señor Secretario dará lectura al primero de ellos.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo de los señores Schaulsohn, Estévez, Bayo, Valenzuela, Velasco, Naranjo, Seguel y Ortega.
"1°.- Con fecha 24 de enero de 1991, la Comisión Especial Investigadora del Giro de Sumas de Dineros por el Ejército aprobó por la unanimidad de sus miembros al informe relativo a la materia objeto de su investigación.
“2°.- En dicho informe, aprobado por la unanimidad de la Sala, se acordó "remitir al señor Contralor General de la República el informe de la referida Comisión Investigadora y sus antecedentes, con las siguientes consideraciones, para que los analice y ejerza sus atribuciones legales, informando a esta H. Cámara de su decisión.
"3°.- Mediante oficio N° 253 de 25 de enero del mismo año, suscrito por el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados y por el señor Secretario de u Corporación, fueron remitidos al señor Contralor General de la República el informe y sus antecedentes, con las consideraciones "que en el capítulo VII se señalan, con el objeto de que se sirva tomar conocimiento de ellos, los analice y ejerza tus atribuciones legales.
"4°- Del informe de la Comisión se desprende, a juicio de ésta, la existencia de diversas situaciones que ameritan un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República; y que, dada la expectación pública creada por la investigación, resulta importante finiquitar la tramitación del asunto e iniciar las acciones administrativas y legales que pudieran corresponder.
“5°.- Han transcurrido tres meses y adió desde que el informe y los antecedentes obran en poder de la Contraloría General de la República.
"Por tanto,
La Honorable Cámara acuerda lo siguiente:
"Oficiar al señor Contralor General de la República, a fin de que, a la brevedad posible, informe a esta Corporación sobre el estado actual de la investigación y análisis de los antecedentes relativos al giro de cheques por parte del Ejército de Chile al hijo del Comandante en Jefe del Ejército, don Augusto Pinochet Hiriart.”.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.- Señor Presidente, el análisis que obligó a formar una Comisión Especial para abordar este tema, hace urgente que este proceso, que motivó la unanimidad de esta Sala, tenga buen fin. Por eso, parece extremadamente conveniente una clarificación por parte de la Contraloría General, ya que han pasado más de 100 días, sin que ella evacúe un informe definitivo en cuanto a clarificar algunas situaciones que aparecían irregulares según los antecedentes que entregó la Comisión Especial de los Cheques.
Por eso, pedimos a la Sala que apoye este proyecto de acuerdo para que seamos fieles a lo que aprobamos hace más de cien días.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Velasco.
El señor VELASCO.- Señor Presidente, existe gran preocupación en el país respecto de la materia abordada en el proyecto de acuerdo, por la indignación pública que causó el conocimiento de estos hechos y, también por las expectativas cifradas en los resultados de la investigación de la Comisión Especial. Por lo tanto estimo necesario aclarar esta grave situación en que se ha visto afectado directa o indirectamente el honor del Ejército de Chile.
Me parece sumamente extraño que transcurridos más de 110 días desde que la Cámara de Diputados entregó los antecedentes a la Contraloría General de la República este organismo aún no haya emitido un informe. Todos sabemos que no se trata de una simple denuncia que perjudica al patrimonio nacional por un monto de 3 millones de dólares, es decir, más de mil millones de pesos, sino que existe la agravante de que el Ejército giró los cheques a nombre del señor Augusto Pinochet Hiriart, hijo del Comandante en Jefe del Ejército.
Por consiguiente, ruego a los Honorables colegas apoyar este proyecto de acuerdo. La bancada democratacristiana así lo hará, a fin de que esta Cámara proceda, si así lo ameritan los antecedentes, a exigir que la Contraloría General de la República ejerza las atribuciones legales de que está investida.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, creo que este proyecto de acuerdo da a entender como que la Contraloría General de la República no ha cumplido con las atribuciones que le son propias. Obviamente, así será interpretado.
La Comisión que la Cámara nombró -en la que participé-, tuvo bastante más que 110 días para realizar la investigación. Por lo tanto, decir que la Contraloría no ha cumplido con las funciones que le son propias acerca del tema que esta Corporación le encomendó, no es conveniente, porque la opinión pública puede formarse un juicio erróneo del objetivo que se pretende por aquellos que la han sustentado.
En consecuencia, no me parece adecuado que demos esta señal, ya  que evidentemente la Contraloría puede estar efectuando una correcta investigación sobre la base de los antecedentes que la Cámara le entregó, y de acuerdo tiempo que esa Contraloría requiera. Por lo tanto, exigir, tal como dice el texto, “que agilice la tramitación de su informe", no me parece procedente.
Por esta razón, la bancada de la UDI  no concurrirá al acuerdo de enviar ese oficio porque, en conformidad con el informe que le entregamos, la Contraloría deberá emitir un juicio frente a las irregularidades que se le han planteado. No me parece conveniente que hoy día demos una señal a la opinión pública de que ese organismo no está cumpliendo con el rol que le es propio, cual es llevar adelante, en el tiempo que estime necesario la investigación de los antecedentes que se le entregaron.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.


10. SUBSIDIO DIRECTO PARA TRASPLANTADOS RENALES.

El señor COLOMA (Vicepresidente).- E1 señor Secretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo de los señores Masferrer, Velasco, Pérez, don Víctor; Valcarce, Horvath y Melero.
"Considerando:
"l°. Que en Chile existen, según estadísticas, 1.200 trasplantados renales.
"2°. Que todos los pacientes que han sufrido un trasplante renal deben consumir de por vida una droga para evitar el rechazo del trasplante.
"3°. Que a las personas que se les ha trasplantado un riñón de un donante cadáver, les es recomendado para la sobrevivencia del riñón, una droga específica que se denomina Ciclospirina, que tiene en el comercio un alto costo ($92.000), por lo cual se hace inaccesible para la mayoría de los pacientes.
“4°. Que las personas trasplantadas de riñón, tanto de donante cadáver como de donante vivo, por prescripción médica debieran consumir la droga ciclospirina, que tiene un mejor pronóstico en cuanto a la posibilidad de vida del riñón, y quienes no tienen acceso a esta droga, deben consumir un medicamento alternativo que contiene corticoides, los que producen efectos colaterales como son, entre otros, la deformación del rostro, siendo menor la posibilidad de sobrevivencia del riñón.
“5°. El problema que produce la situación antes planteada tiende a agudizarse dado que, actualmente y según las estimaciones estadísticas, por cada millón de habitantes, sesenta y cinco personas son enfermos crónicos de insuficiencia renal; de esto se desprende que al año existen 900 potenciales enfermos renales. A lo anterior hay que agregar que hoy día existen en el país 400 enfermos en espera de donante.
"6°. Que todas personas que se encuentran en la situación de haber sido beneficiados con un trasplante renal, gozan de una esperanza de vida. Lamentablemente, existe un número de casos considerables en que la esperanza se convierte en un conflicto inesperado, dado que los pacientes deben compatibilizar su salud con el sacrificio económico de su familia. Esto se fundamenta en que los pacientes que están afiliados a sistemas privados de salud, deben costearse por sus propios medios los medicamentos requeridos.
"7°. Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 19, número 9, garantiza a todas las personas el derecho a la protección de salud.
"8°. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, venimos en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de acuerdo:
“Ofíciese al Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, para solicitarle que, en uso de sus facultades, tenga a bien considerar las siguientes medidas:
“1. Dando cumplimiento el Estado a un rol subsidiario, que se estudie la aplicación de un subsidio directo a las personas que han sufrido trasplantes renales, dependiendo el monto del subsidio de la situación socioeconómica de cada individuo.
“2. Creación de un Banco de Drogas para las personas sin recursos.
“3. Para tal efecto, se procederá a su estratificación social a través de los departamentos sociales de cada municipio”.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
El señor MELERO.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MELERO.- Señor Presidente, Honorable Cámara, este proyecto de acuerdo, que estamos patrocinando junto a numerosos Diputados, tuvo su origen en una entrevista que yo y el Diputado señor Masferrer sostuvimos con un grupo de personas trasplantadas que acudieron a este Poder del Estado, con el objeto de manifestamos lo difícil que era la situación económica que los afectaba por tener que adquirir a tan alto costo esta droga.
Esta materia dice relación con un proyecto en trámite en la Honorable Cámara, que patrocinamos junto con otros Diputados para reglamentar todo el sistema de donación de órganos y de trasplantes en el país, sobre el cual hoy día, como se sabe, se carece de legislación.
Además de ver cómo solucionar el problema de la donación de órganos para trasplantes, también es importante preocuparse, por los efectos posteriores, de que el trasplante tiende a la finalidad a que apunta este proyecto de acuerdo, más aún cuando dentro de las bases programáticas y de las políticas del Ministerio de Salud, está justamente ocuparse de este tema, a través de la creación de un banco de drogas para este tipo de enfermedades y otras, como es el caso de distintos cánceres que afectan a la población.
Por consiguiente, lo que se está proponiendo, tal como lo dice el proyecto, es buscar, por parte del Ejecutivo, que se estudie la posibilidad de un subsidio, y que se avance rápidamente en la creación de este banco de drogas que sería un primer paso respecto de los trasplantados de riñón, pero que también tendría algunos efectos tremendamente positivos para otros enfermos a quienes ha sido necesario trasplantarles algún órgano.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
La señora MATTHEI.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, un grupo de parlamentarios de la Cámara de Diputados recientemente, hemos presentado un proyecto que modifica las normas para la donación de órganos.
En ese proyecto, hemos considerado el enorme costo que tiene para los trasplantados, seguir con su tratamiento. Asimismo, existen personas que no han podido recibir riñones, los cuales deben afrontar un enorme costo por los efectos de la diálisis. Estas son materias que ha estudiado este grupo de parlamentarios.
Además, quiero apoyar el subsidio propuesto en este momento por el Diputado señor Melero. Nosotros hemos sugerido otorgar facilidades para que personas del sector privado puedan donar dinero con este propósito, porque hay grupos de particulares interesados en esta materia. Por lo tanto, pienso que no debiera incurrir en gastos solamente el Fisco.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado que rechace el proyecto de acuerdo.
El señor SMOK.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SMOK.- Señor Presidente, la iniciativa tiene, por cierto, un fin plausible.
Quiero comenzar haciendo algunas pequeñas precisiones que en ningún caso desmerecen el proyecto, pero que pueden permitir una mayor claridad al respecto.
La droga en cuestión se llama ciclosporina. En ningún caso es una alternativa a los corticoides de la manera que está planteado en el punto cuarto, sino que su manejo es por una vía alternativa distinta. La ciclosporina es una droga de uso frecuente en trasplantes de riñón, con donante cadáver y, en algunos casos, con donante vivo, y absolutamente necesaria en trasplantes de corazón e hígado. El costo promedio mensual del tratamiento fluctúa, de acuerdo con el peso de la persona, entre 120 y 150 mil pesos. Su uso debe ser, probablemente, por lo menos de un año o más, y en algunos casos por larguísimos años -no sabemos cuántos, porque la droga está en el mercado desde hace sólo cuatro-, porque todos los esquemas de tratamientos suponen, por lo menos, más de cinco años en tratamientos bien tolerados.
¿Por qué el planteamiento del proyecto no debe hacerse en esta forma?. Primero, porque aquí se ha hecho mención y se ha publicitado largamente una iniciativa, transcurrido ya un año, de presentar modificaciones a una ley de trasplantes -existe, pero es mala, y fue promulgada en forma inconsulta durante el Gobierno pasado-, la cual, por cierto, requiere ser modificada. Sobre esta materia habrá un valioso intercambio de puntos de vista.
Es evidente que el trasplantado mejora su condición de vida frente al dializado. Por lo tanto, su reinserción y grado de rehabilitación son superiores. ¿Qué otorga el Estado hoy día?. Un subsidio preferencial para la diálisis, Fonasa paga normalmente un 90 por ciento del costo de la diálisis; por lo tanto, existe un arancel específico y preferente para este tipo de tratamientos.
Un criterio adecuado -toda vez que como recurso de salud la diálisis es equivalente al trasplante, siendo de mejor recuperación y calidad de vida el último- sería que Fonasa modificara los tipos de subsidios que hoy presta y que en su tarifado aparecen en forma equivalente. Además, existe el grave problema de que no están considerados ni los exámenes complementarios, a los cuales se deben someter estos pacientes, ni el costo de la operación, que en ocasiones tiene costos adicionales. Por consiguiente, el problema es más global.
Por último, en un pronunciamiento de este tipo, echo de menos una referencia a la discriminación que las Isapres hacen, específica y taxativamente, con estos pacientes, la cual debe ser asumida si se quiere abordar el contexto en su plenitud.
En consecuencia, a pesar de compartir el fondo de la iniciativa, aquí hay ciareis imperfecciones. No existe un análisis suficiente de otras formas y mecanismos que deben contemplarse, por lo cual, parte fundamental del problema debe considerarse en una ley de trasplantes, y otras, ser objeto de modificación y de materias de iniciativa de ley. No creo que a través de un subsidio directo, planteado en esta forma, pueda abordarse el tema. Por lo tanto, son aspectos de forma los que me hacen rechazar este proyecto de acuerdo.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
El señor LETELIER.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Su Señoría no puede hacer uso de la palabra, porque pertenece al mismo Comité.
Tiene la palabra el Diputado don Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, la intervención del colega Smok, aparte de ser versada por su especialidad, nos entrega luces respecto de cómo completar o mejorar sustancialmente el proyecto de acuerdo.
A mi juicio, podría ser positivo para el planteamiento de la Honorable Cámara que los colegas retiraran el proyecto de acuerdo y lo presentaran nuevamente, pero mejorado con muchas de las sugerencias planteadas por el colega Smok. Eso nos permitiría contar con un buen proyecto de acuerdo que recogiera incluso algunos de los planteamientos hechos por la Diputada señora Matthei, a fin de aprobarlo por unanimidad. En las circunstancias actuales, estaríamos obligados a rechazarlo. No creo que ese sea el ánimo.
De manera que solicitaría a los colegas retirar el proyecto y presentarlo mejorado, en una próxima oportunidad con los aportes que aquí se han hecho.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, un problema reglamentario.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, usted dio una justificación para no darme la palabra y entiendo que no es reglamentaria. En el Reglamento se dice que tienen derecho al uso de la palabra dos personas a favor y dos personas en contra, por determinado período de tiempo. En ninguna parte dice que deben ser dos de una bancada o de bancadas distintas. Pido que no fije precedentes.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Si usted tiene la amabilidad de leer el artículo 114, inciso cuarto, verá que señala: "La discusión de cada proposición y sus modificaciones se hará en el término de diez minutos, del que usarán por mitad, hasta dos Diputados pertenecientes a Comités de distintos Partidos...". Es la parte del Reglamento que he cumplido.
En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.


11. IMPLICANCIAS DE VIAJE DE DELEGACION MILITAR A SUDAFRICA.

El señor COLOMA (Vicepresidente).- E1 señor Secretario dará lectura al tercer proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- De la señora Muñoz, doña Adriana, y de los señores Letelier, Dupré, Sota, Soto, Smok y Montes.
"Considerando:
"1.- Que en días recientes la opinión pública nacional e internacional se ha informado de un viaje del Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet Ugarte al exterior, en comisión de servicio, con el objeto de visitar instalaciones y fábricas militares que tienen contratos vigentes con esa institución;
"2.- Que en el marco de su gira a varios países está contemplada una visita a Sudáfrica con los objetos antes señalados;
"3.- Que existen sendas resoluciones de Naciones Unidas, tanto de la Asamblea General (44-244, de 1990), como del Consejo de Seguridad (41877, 42177, 55884), que son suscritas por nuestro país y que prohíben cualquier relación comercial en el rubro armamentos con Sudáfrica; además, contienen recomendaciones de sanciones contra los Estados que violen dicho embargo y proponen mecanismos que permitan fiscalizar el pleno cumplimiento de éste, todo mientras se mantenga el sistema de "apartheid" en ese país.
"4.- Que la resolución 45176, letra C, adoptada el año pasado, manifiesta su seria preocupación por el alto número de violaciones al embargo mandatario de armas, en particular por aquellos países que veladamente continúan el comercio de material bélico con Sudáfrica y que, además, permiten a este país participar en exhibiciones internacionales de armas.
"Esta resolución deplora fuertemente la acción de estos países y los llama a terminar de inmediato tales actos hostiles y a cumplir sus obligaciones de la resolución 421 (1977) del Consejo de Seguridad;
"5.- Que es del todo inconveniente para los intereses nacionales que una delegación militar, cualquiera sea su rango, viaje a Sudáfrica con el objeto de desarrollar relaciones comerciales de materiales bélicos, y que este viaje es del todo contradictorio con el despliegue exitoso de la política del Gobierno para reinsertar al Chile democrático en la comunidad internacional, entre cuyos recientes logros está la participación de unidades de la Fuerza Aérea en los cuerpos de paz de las Naciones Unidas en el Golfo Pérsico.
"6.- Que una visita de la naturaleza anteriormente descrita, expone a nuestro país a una condena de las Naciones Unidas en su próxima Asamblea General, lo cual atenta evidentemente contra los intereses nacionales.
"Por todo ello, los Diputados firmantes vienen en someter a la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo:
"1.- Oficíese al Ministro de Relaciones Exteriores con el objeto de que éste informe a esta Corporación, cuáles son las acciones que tomó la Cancillería para prevenir sobre las posibles implicancias de este viaje en lo concerniente a los compromisos internacionales de Chile con las Naciones Unidas; y
"2.- Oficíese al Presidente de la República para que en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas aprobadas por Chile, tome las medidas que corresponda en relación a la comercialización de material bélico entre Chile y Sudáfrica.".
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que quiera apoyar el proyecto de acuerdo.
El señor LETELIER.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo -y quiero ser muy franco al plantearlo- no dice relación con la persona que hoy es Comandante en Jefe del Ejército. Este punto no está en discusión.
Los colegas de Oposición, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, entienden que Chile ha votado a favor de una serie de resoluciones en el marco de Naciones Unidas, que son obligatorias para nosotros. Entre esas resoluciones está el embargo mandatario de armas para con Sudáfrica, mientras mantenga el sistema de "apartheid".
Más allá de toda otra consideración, de la historia reciente del país, de las razones que puedan haber "justificado" -algo que para mí es injustificable-, durante el período anterior el establecimiento de relaciones para compra y comercialización de material bélico, entre Sudáfrica y nuestro país; más allá de estas consideraciones, reitero, hoy, cuando existe un marco democrático, con un Congreso Nacional que debe asegurar que la palabra de Chile sea respetada en sus acciones y compromisos internacionales, el proyectó de acuerdo es para evitar que nuestro país sea condenado por no respetar su palabra en acuerdos de rango internacional, como son los del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la última Asamblea General. Está en discusión este punto.
Es cierto que ayer salió un comunicado, publicitado y difundido ampliamente hoy, sobre la posibilidad de que la delegación del país en el exterior, encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército -reitero, mi preocupación sobre este punto no dice relación con la persona que ocupa el cargo, sino con la delegación formal de una institución del Estado- no haga la visita en esta fecha; pero no quiere decir que esté descartada.
Sin perjuicio de la que visita no se haga en esta ocasión, tendremos que ver si se realiza en el futuro. De todas maneras, ninguna de las peticiones contenidas en el proyecto de acuerdo pierde vigencia por la realización o no del viaje. Las dos peticiones son muy claras. Una, consultar qué hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores para prevenir las implicancias de una posible visita a Sudáfrica de la delegación de una de las instituciones del Estado de Chile, en relación con los acuerdos internacionales; y la otra, plantear un problema de fondo para corregir ciertas irregularidades respecto de acuerdos internacionales que suscribió nuestro país, en tanto en el pasado reciente Chile estableció relaciones comerciales en el ámbito militar con Sudáfrica.
El proyecto de acuerdo es muy nítido y, reitero, no tiene nada que ver con la persona del General Pinochet, sobre quien cada uno tiene su opinión; sino con el problema de fondo de respetar acuerdos de rango internacional.
Termino señalando que es muy contradictoria la posibilidad de que podamos ser condenados en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, por la mantención de relaciones comerciales del ámbito militar con Sudáfrica.
Considero de extrema importancia y algo que nos debe enorgullecer, como país, el hecho de que la Fuerza Aérea de Chile, a través de un destacamento, esté participando en el Cuerpo de Paz de Naciones Unidas en la zona del Golfo Pérsico, pues demuestra la alta eficiencia y preparación técnica.
La mantención de relaciones militares con Sudáfrica, sin duda, perjudica la reinserción internacional de Chile, de la cual también participan las Fuerzas Armadas y, muy en particular, la Fuerza Aérea.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
El señor MEKIS.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MEKIS.- Señor Presidente, el primer considerando del proyecto de acuerdo se refiere al viaje del ex Presidente de la República y actual Comandante en Jefe del Ejército, don Augusto Pinochet.
La opinión pública sabe que el viaje a Sudáfrica, referido en el proyecto de acuerdo, se encuentra postergado; en la práctica, suspendido y no se efectuará.
A estas alturas, sin ni siquiera entrar al fondo, consideramos el proyecto de acuerdo inconexo con la realidad, razón por la cual lo rechazaremos.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se ha producido un problema reglamentario. Ofrecí la palabra a quien estuviera a favor del proyecto, pues todavía quedan 45 segundos.
Había pedido la palabra el señor Ortega; pero ahora no la quiere.
Ofrezco la palabra.
El señor BARTOLUCCI.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, seré muy breve.
El viaje que menciona el proyecto de acuerdo es oficial, autorizado por Su Excelencia el Presidente de la República, por la Cancillería; en él participa el Comandante en Jefe del Ejército. Si está el Presidente de la República, el Canciller y el Comandante en Jefe del Ejército de por medio, se entiende que está claro el objetivo.
De manera que confío en el Ejecutivo y en el Comandante en Jefe del Ejército, pues han acordado el viaje y saben perfectamente las materias que en él se tratarán.
En segundo lugar, como se ha dicho, el viaje a Sudáfrica está suspendido y, por tanto, el proyecto de acuerdo no tiene sentido. No habrá viaje. En consecuencia, es extemporáneo e innecesario un proyecto de acuerdo de esta naturaleza y, como no se trata de una cuestión personal respecto al General Pinochet, pido al Diputado señor Letelier que lo retire en demostración de esto.
Gracias.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor YUNGE.- Señor Presidente, un punto del Reglamento.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.- Señor Presidente, quiero hacer presente que, con fecha 14 de mayo, un grupo de parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores, enviamos un oficio al Ejecutivo, requiriendo información sobre ese punto.
Gracias, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Diputado Yunge, en Incidentes Ud., podría abundar sobre ese tema.


INCIDENTES.


12. ALCANCES SOBRE FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACION CON LA LEY DE JUNTAS DE VECINOS.

El señor COLOMA (Vicepresidente).- En la hora de Incidentes, dentro del turno correspondiente al Partido Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
El señor ROJO.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.- Señor Presidente, los medios de comunicación nos informan que el Tribunal Constitucional en el día de hoy, ha dictado un fallo que acoge el requerimiento formulado por 31 señores Diputados de Oposición y que declara inconstitucional la norma de la nueva Ley de Juntas de Vecinos que dispone la existencia de una junta de vecinos y de una unión comunal por Unidad Vecinal. Los recurrentes sostuvieron que el proyecto vulnera la garantía constitucional del artículo 19, número 15, de la Constitución Política de la República, que estatuye que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.
El Gobierno contestó este requerimiento alegando que la actual normativa, que permite constituir más de una junta de vecinos, en lugar de fortalecer la libertad de asociación lleva, precisamente, a su destrucción, puesto que fomenta un paralelismo ilimitado, estéril y disociador. Agrega que la norma constitucional de 1980 entiende a la asociación como un derecho y no como un deber. El derecho a asociación es, en realidad, la libertad de asociación. Sostuvo que la naturaleza jurídica de la Junta de Vecinos está decididamente orientada hacia el ámbito público, por lo que es dable aseverar que no le son aplicables las normas sobre el derecho a asociación que rigen respecto de las organizaciones de carácter privado.
La sentencia reconoce que las juntas de vecinos corresponden a la categoría de organizaciones comunitarias de carácter territorial, que forman parte de los grupos intermedios que el Estado reconoce y ampara, y, acto continuo, citando el derecho de asociarse sin permiso previo y que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, continúa con un análisis sobre la base de considerar a estas instituciones como de carácter privado.
Siendo erróneas las consideraciones estipuladas en la sentencia, lógicamente que la conclusión no se ajusta a derecho.
Del fallo comentado se puede deducir que los sentenciadores tienen una concepción distorsionada de lo que debe ser una junta de vecinos y una unión comunal. Las juntas de vecinos son las organizaciones participativas por excelencia, en que se conjugan los intereses públicos y privados; son una instancia de formación de los derechos de las personas.
Hoy, cuando recordamos los cien años de la Encíclica Rerum Novarum, que dio forma definitiva a la doctrina social de la Iglesia, no podemos olvidar que la persona humana se desarrolla, participa, actúa y se manifiesta a través de las comunidades intermedia, y una de las más importantes es la junta de vecinos. Son los vecinos de un territorio determinado que se unen para analizar, diagnosticar y buscar solución a los problemas que les afectan.
En esta Cámara hemos sostenido que la junta de vecinos es la base, es el cimiento de la organización del Estado. Junta de vecinos, unión comunal y municipio representan la trilogía de la expresión de la comunidad. La participación en estas comunidades no sólo es un derecho; es un deber de todo ciudadano. Por ello, estimamos que el considerando número 13 de la sentencia no se ajusta a derecho. Allí se dice: “Tampoco resulta armónico con la Carta Fundamental intentar otorgar a estas organizaciones comunitarias un cierto carácter público, ya que, por su esencia misma, constituyen una expresión de las bases mismas de la comunidad social, correspondiendo la iniciativa de su existencia exclusivamente a la voluntad y decisión personal de sus asociados, quienes tienen la facultad, constitucionalmente garantizada, de asociarse para ello sólo si así lo desean, y no por mandato o exigencia de la autoridad o de la ley”. Este considerando niega los fundamentos de lo que debe ser la organización de una sociedad.
Pero no sólo eso, señor Presidente, esta sentencia también viola el artículo 1° de la Constitución, citado por los requirentes.
El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. ¿Y cómo se les dará garantías si un fallo les niega el derecho de ser uno de los pilares de toda nuestra organización?
El análisis del fallo referido nos lleva a ratificar una conclusión: es imposible reconstruir la democracia sobre la base de una Constitución que no responde a las inquietudes de la gran mayoría de los chilenos. El pueblo dio su opinión, manifestó su voluntad, se pronunció mayoritariamente por la reforma de todo el sistema municipal, por elecciones libres para elegir a los alcaldes, por la reforma a la Ley de Juntas de Vecinos y, sin embargo, las normas de la Constitución vigente impiden llevar a efecto dichos cambios. Estamos entrampados no sólo en esta materia, sino en toda clase de reformas, y. así lo acaba de demostrar la reciente tramitación de la Ley de Pesca y el fallo del Tribunal Constitucional. No discuto su competencia; está constituido por hombres de derecho que cumplen con su misión: aplicar la normativa vigente, y ellos han interpretado soberanamente una disposición vigente. La interpretación puede ser buena o mala, pero se encuentra dentro del ámbito de su competencia. El fondo del problema se encuentra en la vigencia de la Constitución Política del Estado. Se han efectuado numerosas reformas, pero aún son insuficientes. De acuerdo con sus propias normas no podemos reformarla libremente, porque la dictaron estableciendo tal cúmulo de dictaron de quorum que hacen ilusorio el derecho a dicha reforma.
Aquí se nos presenta un problema fundamental: la soberanía reside, radica en el pueblo. La ley, y, en consecuencia, la Constitución -como lo dijera don Andrés Bello- es la manifestación de la voluntad soberana, y se hace necesario recurrir directamente al depositario de la soberanía. No existe, señor Presidente, otra solución que ir a la constitución de una asamblea nacional constituyente, que el pueblo designe libremente a sus integrantes, que ellos se aboquen a la redacción de una nueva Carta Fundamental y que el pueblo, en un plebiscito, se pronuncie soberanamente sobre esta materia. Nada sacaremos con abocamos a las reformas del Poder Judicial, del Poder Municipal, del Tribunal Constitucional, las garantías de las personas, a modernizar el Estado, si todo debe ser trasado a espaldas del pueblo. Este fallo nos sirve de notificación: no existe otro camino. Creíamos, honradamente, que podíamos actuar a través del consenso en la búsqueda de soluciones, pero cuando las sentencias son reiterativas y nos aplican normas de una Constitución que no corresponde al sentir de la voluntad soberana, tenemos que manifestarlo claramente.
Creo que es necesario ahora, y no más tarde, ir a una asamblea nacional constituyente; sometemos a la voluntad soberana del pueblo.
He dicho.
Aplausos en la Sala.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Antes de ceder la palabra al Diputado Elgueta, solicito el asentimiento de la Sala para que continúe presidiendo la sesión el Diputado señor Hugo Alamos.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.- ¿Cuántos minutos quedan?
El señor COLOMA (Vicepresidente).- A la bancada, en general, le quedan once minutos.
El señor Alamos pasa a presidir la sesión en calidad de Presidente accidental.
El señor ELGUETA.- Gracias, señor Presidente, me referiré a la misma materia que trató el Diputado Hernán Rojo, y coincido con él en que esta Constitución Política y toda la legalidad que se estableció a partir de ella, durante el régimen anterior, está constituida por una serie de verdaderas minas que impiden un normal desenvolvimiento de la vida democrática en este país. Basta pensar en la conformación del Tribunal Constitucional. Integrado por siete personas, cuatro de ellas fueron nombradas por el régimen militar, entre las que hay quienes sirvieron a la dictadura desde puestos destacados. Entonces, es lógico concluir que un tribunal de esta especie no da ninguna garantía de imparcialidad.
El destacado Ministro de Armamentos del Tercer Reich, Albert Speer, escribió en sus memorias que era propio de los gobiernos dictatoriales -en uno de los cuales participó- crear miles de islas sociales , para tratar de atomizar la sociedad y, de esta manera, borrar todo germen de poder que pudiera poner en jaque al poder total. Romper el tramado social es el sueño de todos los dictadores. ¿Fue ésta la idea de los constituyentes de 1980? ¿Será ésta la idea de las mayorías nacionales, expresada en el plebiscito de 1988 o en la justa electoral de 1989?
Estas reflexiones surgen al leer el fallo del Tribunal Constitucional, por el cual se pretende establecer la atomización de las organizaciones sociales, de los colegios profesionales y de aquellas entidades que impliquen una pequeña cuota de poder, de participación social. Sin embargo, cuando se trata del poder e interés patrimonial económico, existe, entonces, un verdadero conseso entre estos constitucionalistas, en el sentido, de que es posible participar mediante una sola organización. Tal es el caso del Código de Aguas, en que se permite la existencia de una sola asociación de canalistas; o de la ley sobre ventas de edificios, o del proyecto sobre ferias, vegas y mercados –presentado como moción de algunos Diputados de Derecha y que aprobó esta Cámara- que establece una sola organización para que los asociados puedan ejercer sus derechos. Para los intereses económicos, una sola organización, para los intereses populares y sociales, todas las que se desee. ¿Cuál es el verdadero criterio al respecto, cuando durante nueve años, desde la vigencia de la Constitución Política de 1980, se usó a discreción la ley N°16.880 sobre Juntas de Vecinos, en que la organización era una sola? ¿Cómo conciliar este fallo con el sistema que se utilizó en el país para implantar los comités de desarrollo comunal, Codecos, y la designación de los alcaldes, puesto que fueron elegidos de acuerdo con la ley N° 16.880, que permitía la existencia de una sola junta de vecinos, y ahora ese sistema, es declarado inconstitucional? ¿Cómo pueden ser constitucionales los alcaldes designados y los Codecos? ¿Cómo conciliar el motivo 13° de este fallo, que niega a las organizaciones comunitarias un carácter público, cuando el artículo 62 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con el artículo 109 de la Constitución Política, dispone que "son organizaciones comunitarias de carácter territorial, para los efectos de esta ley, las juntas de vecinos, centros de madres, organizaciones de regantes y asociaciones de propietarios, por cuyo intermedio se organizan los vecinos con el objeto de promover el desarrollo de la comuna y los intereses de sus integrantes en el territorio respectivo y de colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades, siempre que se encuentren constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro.”?. En consecuencia, es la propia institucionalidad, la propia legalidad del régimen autoritario anterior, la que le dio el carácter público que ahora este fallo está negando. Y, como he dicho anteriormente, ¿cómo conciliar también que se establezca en el fallo, en el considerado décimo, que el derecho a asociación resulta afectado en su esencia, porque el proyecto de ley propone la existencia de una sola junta de vecinos por unidad vecinal y de una unión comunal por comuna, en circunstancias de que para obtener la personalidad jurídica, como se señala en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Municipalidades, así pueden participar? En esa disposición se establece este requisito fundamental, que cae dentro del dominio de la ley y no de la Constitución Política. Les da ese carácter y, en consecuencia, no atenta contra la esencia del derecho de asociación, ya que a las juntas de vecinos se puede ingresar o retirarse de ellas en forma absolutamente voluntaria.
Señor Presidente, creo que este fallo es "ajurídico", amoral, "aconstitucional" e, incluso, contradice resoluciones anteriores del propio Tribunal Constitucional, como la pronunciada con ocasión del control de la Ley sobre Partidos Políticos y de la propia Ley Orgánica de Municipalidades, en la que se estableció perfectamente que caía dentro del dominio legal cualquiera asociación que se constituyera en persona jurídica, no así el derecho puro de asociación, el cual era de dominio constitucional.
El requerimiento incoado por 16 Senadores ante el Tribunal Constitucional sobre la Colonia Dignidad y el conjunto de fallos dictados por ese Tribunal, como por ejemplo, respecto de la Ley de Pesca y de la ley aprobada por el Congreso referida a las autorizaciones para que el Presidente de la República delegue en sus Ministros la firma de la indicaciones correspondientes, indican una larga práctica por la cual la minoría del Congreso está legislando por la vía de dicho Tribunal.
Esta situación es gravísima. Desde ya, notificamos al país que los colegios profesionales, mientras no se modifique la Constitución o el criterio del Tribunal Constitucional, tienen perdidas las esperanzas de constituirse en una sola organización; es decir, habrá paralelismos.
Esa es la notificación y el emplazamiento al país y también a las juntas de vecinos.
Si se hiciera un plebiscito en las organizaciones comunitarias, no llegaríamos a este extraño razonamiento del Tribunal Constitucional, sino a la voluntad que se expresó en el plebiscito y el 14 de diciembre de 1989.
He dicho.


13. CONSTRUCCION DE POLICLINICA EN VILLARRICA, NOVENA REGION. OFICIO.

El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Queda un minuto del tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado señor Mario Acuña.
El señor ACUÑA.- Señor Presidente y Honorables colegas, quiero referirme a un proyecto que está siendo analizado por las autoridades de salud, de la Novena Región, relacionado con la construcción de una policlínica para la ciudad de Villarrica, que mejorará considerablemente la atención de las poblaciones urbana y rural de la zona. Esta posibilidad surgió de una reunión que sostuvo la comunidad organizada con Su Excelencia el Presidente de la República, durante su primera gira a las regiones, como una petición de la Junta de Vecinos de la Población Diego Portales.
Hoy, toda la comunidad de Villarrica, las juntas de vecinos, los talleres de mujeres, los clubes deportivos, la Cruz Roja, etcétera, están participando activamente en el estudio de dicho proyecto.
Dos han sido las fórmulas que se barajaron en su oportunidad para concretar esta idea. Una, con la Fundación del Desarrollo del Vicariato Apostólico de la Araucanía y, la otra, con el Departamento de Salud de la Municipalidad.
Este proyecto está siendo estudiado y elaborado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Sin embargo, nos hemos encontrado con problemas de localización de sitios especiales que permitan la construcción de esta policlínica.
Por lo tanto, solicito se oficie, en mi nombre, a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Salud, para que nos informe en qué etapa se encuentra dicho estudio y sobre la posterior puesta en marcha del proyecto.
He dicho.
El señor VILLOUTA.- En mi nombre, señor Presidente.
El señor GARCIA (don José).- También en el mío.
El señor JARA (don Sergio).- En mi nombre.
El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados en nombre de Su Señoría y, también, en nombre de los Diputados señores Jara, Villouta y García.


14. ALCANCES SOBRE FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACION CON LEY DE JUNTAS DE VECINOS.

El señor ALAMOS (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, hemos escuchado con bastante inquietud las expresiones vertidas por los Honorables Esputados señores Rojo y Elgueta, en relación con la sentencia pronunciada anteayer por el Tribunal Constitucional; organismo establecido en la Constitución Política de 1980, a la que los gobernantes de este país y quienes estamos en esta Sala juramos respetar el 11 de marzo de 1990.
Los Diputados de Renovación Nacional hemos tenido que recurrir al Tribunal Constitucional porque el Gobierno y los parlamentarios de la Concertación no han querido entender lo que sucedió en este país y lo que está ocurriendo en el mundo entero, en que impera, fundamentalmente, la libertad individual de las personas por sobre los viejos esquemas estatistas socializantes que nuevamente han querido implantar. Así queda claramente demostrado con la intervención del Diputado señor Elgueta.
Los chilenos queremos vivir en libertad. La sentencia del Tribunal Constitucional significa la posibilidad de que los chilenos vivamos en libertad y que no sea el Estado, a través de la ley, el que nos obligue a participar en alguna organización determinada. Es el triunfo de la libertad. Los que dicen respetarla y lucharon hace un tiempo por esta libertad no dejan pasar ninguna oportunidad para conculcarla.
Eso pretendía el proyecto de ley sobre juntas de vecinos enviada por el Gobierno: conculcar la libertad de las personas que quieren participar o que quieran ser representadas, al establecer una sola junta de vecinos por unidad vecinal.
El señor VILLOUTA.- Así era hace 30 años.
El señor URRUTIA.- Quisiera plantear a la opinión pública a través de esta Cámara si realmente quiere libertad o, como muy bien lo señala usted, señor Diputado, volver a los esquemas estatizantes de hace 30 años.
Hace 30 años en Chile existía un esquema estatizante y socialista, en donde los chilenos no teníamos posibilidad de elegir,...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor URRUTIA.-...y era el Estado, justamente, a través de la ley o de las organizaciones, el que controlaba las personas.
Les ha dolido a la Democracia Cristiana y a la Izquierda que seamos defensores de la libertad, y que los chilenos podamos tener una Constitución Política que la defienda.
El señor ORTEGA.- ¿Me permite?
El señor URRUTIA.- No, señor Diputado.
Defenderemos la Constitución Política en esta Cámara, en el Parlamento, en los organismos establecidos en ella, porque, sobre los intereses partidistas y personales, está la libertad individual de los chilenos. No dejaremos que ese derecho sea atropellado.
He dicho.
Aplausos en la Sala.
El señor ORTEGA.- Hace 30 años, don Jorge Alessandri era Presidente de Chile.
El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor URRUTIA.- Les duele a los Diputados democratacristianos que se defienda la libertad.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
Suenan los timbres silenciadores.
El señor BOSSELIN.- ¡Los fallos de ese tribunal...!
El señor URRUTIA.- Los tribunales son buenos cuando los fallos son favorables a ustedes.
El señor BOSSELIN.- No, señor Diputado.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Señores Diputados, si no guardan silencio, tendré que suspender la sesión.


15. ASIGNACION DE MAYORES RECURSOS A INVESTIGACIONES Y CARABINEROS. OFICIO.

El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, me referiré a un tema diferente, pero que preocupa mucho en la Cuarta Región.
En el último tiempo, al igual que en el resto del país, esta región ha experimentado un notorio aumento de la delincuencia, lo que ha traído consigo intranquilidad e inseguridad en la población. La proliferación de robos y asaltos se debe, por una parte, al gran crecimiento demográfico; y, por la otra, al escaso personal de las unidades policiales de Carabineros e Investigaciones, especialmente de las provincias de Elqui y Limarí, y a la inexistencia del Servicio de Investigaciones en la de Choapa.
En esta oportunidad, deseo referirme específicamente al caso del Servicio de Investigaciones. Al respecto, debo señalar que la Comisaría Judicial de La Serena cubre un área territorial de 33 mil 593 kilómetros cuadrados y con 13 funcionarios debe atender a una población de 182 mil habitantes. La Comisaría Judicial de Coquimbo debe atender a 101 mil habitantes, con 14 funcionarios. Por su parte, la Comisaría Judicial de Ovalle atiende a una población de 196 mil 378 habitantes, con 8 funcionarios.
Cabe señalar que esta última comisaría debe cubrir a toda la provincia de Limarí y, además, a todas las comunas de la provincia de Choapa, cuya capital, Illapel, tiene una población de 40 mil habitantes y se encuentra a 230 kilómetros de distancia de aquella.
Por otra parte, la dotación de funcionarios de la Policía de Investigaciones de las ciudades anteriormente citadas, ha experimentado, a través de los años, una constante disminución de personal. En 1987, La Serena contaba con 25 policías; Coquimbo con 17 y Ovalle con 9, cantidades muy superiores a la actual, pero aún insuficientes.
Durante 1990, La Serena tuvo una dotación de 23 funcionarios; Coquimbo de 16, y Ovalle de 9. En la actualidad, Investigaciones de La Serena tiene una planta de 13 funcionarios; Coquimbo de 14, y Ovalle de 8.
Señor Presidente, es imposible que una dotación policial de 35 funcionarios de Investigaciones, en las ciudades señaladas, cubra un área territorial de 58 mil 904 kilómetros cuadrados y atienda a una población de 480 mil 467 habitantes; es decir, un policía por cada 13 mil 728 personas.
Atendido lo anterior, pido que se oficie en mi nombre a Su Excelencia el Presidente de la República, solicitando que se dé prioridad a la asignación de mayores recursos para las instituciones de Carabineros e Investigaciones, a nivel nacional, y que se considere, con urgencia especial la ampliación de las dotaciones de la Policía de Investigaciones de La Serena, Coquimbo y Ovalle, como asimismo, la instalación de una comisaría judicial para la provincia de Choapa, con sede en la ciudad de Illapel, y la creación de una brigada contra el narcotráfico en La Serena, independiente de la dotación de la comisaría de esa ciudad.
He dicho.
El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.


16. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO CALIFICATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Alvarez-Salamanca.
El señor ALVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, el Diputado don Luis Navarrete, quien se encuentra operado desde algún tiempo, me solicitó leer un documento en su nombre.
Su texto es el siguiente: Señor Presidente, me referiré a irregularidades en el proceso de calificación correspondiente al año 1990 del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En efecto, son numerosas las informaciones de diversas fuentes, hasta el momento no aclaradas satisfactoriamente por las autoridades de ese Ministerio, sobre las gravísimas irregularidades cometidas durante el proceso de calificación correspondiente al año 1990, para estructurar el escalafón de méritos del Servicio Exterior del año 1991.
De acuerdo con las normas legales vigentes, Estatuto Administrativo y Estatuto del Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, este proceso tiene como finalidad básica evaluar con criterio objetivo y técnico el desempeño del funcionario durante el período correspondiente, sin que tenga carácter sancionatorio ni menos discriminatorio, ni se extienda a lapsos anteriores al que corresponde calificar.
Ante la cantidad y reiteración de las denuncias, solicité que esta Honorable Cámara oficiara al Ministerio de Relaciones Exteriores para que remitiera los escalafones correspondientes a los cuatro últimos años.
Pues bien, un examen de los mismos permite comprobar, a simple vista, hasta qué punto las denuncias eran efectivas. Desde luego, la mayor parte de los funcionarios militantes o simpatizantes de los partidos de la Concertación gobernante, en todos los grados suben, como promedio, en porcentajes cercanos al ciento por ciento, el mismo en que baja la mayoría de quienes no invisten estas calidades, ya sea que pertenezcan a partidos de Oposición o independientes. Es así como pueden comprobarse verdaderas corridas de varias decenas de lugares hacia arriba o hacia abajo, según la orientación de la persona, todo ello sin fundamentación de mérito alguno.
Al respecto, una estadística que tengo a la mano, avalada por los mismos escalafones, permite llegar a los siguientes porcentajes globales:
Total de puestos que ganan en el escalafón: militantes y simpatizantes de la Concertación, 403; no simpatizantes, 186. Total de puestos que pierden en el escalafón: militantes y simpatizantes de la Concertación, 98; no simpatizantes, 511.
A modo de ejemplo, citaré algunos casos concretos: ministros consejeros, grado 4 de la Escala Única de Remuneraciones: Silvia Balbontín Bandera, DC, escalafón del año 90, lugar 38; escalafón del 91, lugar uno. Gana 37 puestos, o lo que es lo mismo, desplaza a 37 funcionarios.
Juan Martabit Scaff, democratacristiano, escalafón del año 90, lugar 36; escalafón del año 91, lugar 6. Gana 30 puestos.
Jorge Iglesias Cortés, democratacristiano, escalafón del año 90, lugar 49; escalafón del año 91, lugar 20. Gana 29 puestos.
Luis Goycolea Grez, democratacristiano, escalafón del año 90, lugar 33; escalafón del año 91, lugar 10. Gana 23 puestos.
Consejeros, grado cinco, de la Escala Única de Remuneraciones: Femando Pardo Huerta, democratacristiano, escalafón del año 90, lugar, 25; escalafón del año 91, lugar 6., Gana 19 puestos.
José Tomás Letelier Vial, democratacristiano, escalafón del año 90, lugar 43; escalafón del año 91, lugar 8. Gana 35 puestos.
Raimundo González Aninat -apellido que volveré a repetir-, democratacristiano, escalafón del año 90, lugar 39; escalafón del 91, lugar 10. Gana 29 puestos.
Carlos Appelgreen Balbontín, sobrino de la señora Balbontín, escalafón del año 90,lugar 68; escalafón del 91, lugar 23. Gana 45 puestos.
Primeros secretarios, grado 6 de la Escala Única de Remuneraciones: Joaquín Montes Larraín, democratacristiano, escalafón del año 90, lugar 13; escalafón del 91,lugar 3. Gana 10 puestos.
Francisco Vial Aninat -apellido repetido-, democratacristiano, escalafón del 90, lugar 29; escalafón del 91, lugar 2. Gana 27 puestos.
Emilio Ruiz-Tagle Orrego, escalafón del año 90, lugar 35; escalafón del 91, lugar 6. Gana 29 puestos.
Ahora me referiré a algunos ejemplos de cómo bajaron de lugar los funcionarios no simpatizantes de la Concertación gobernante:
Ministros consejeros: Carlos Ferreira Cannobio, abogado independiente, escalafón del año 90, lugar 24; escalafón del año 91, lugar 53. Pierde 29 puestos.
Victorino Gallegos Borie, ex Coronel de Ejército, militante de Renovación Nacional, escalafón del año 90, lugar 12; escalafón del 91, lugar 51. Pierde 39 puestos.
Arturo Gigoux Castellón, abogado independiente, escalafón del 90, lugar 39; escalafón del 91, lugar 52. Pierde 13 puestos.
Consejeros: Leonardo Prieto Vial, ex oficial de la Armada, escalafón del 90, lugar 2; escalafón del 91, lugar 54. Pierde 52 puestos.
Patricio Despouy Biskupovic, escalafón del 90, lugar 11; escalafón 91, lugar 50. Pierde 39 puestos.
Ricardo Manríquez Pearson, escalafón del año 90, lugar 23; escalafón del año 91, lugar 69. Pierde 46 puestos.
César Ravazzano Abusleme, independiente, escalafón del año 90, lugar 3; escalafón del 91, lugar 49. Pierde 46 puestos.
Primeros secretarios: Rodolfo Berlinger Landa, ex oficial de la Armada, escalafón del 90, lugar 22; escalafón del 91, lugar 72. Pierde 50 puestos.
Héctor Cifuentes Godoy, escalafón del año 90, lugar 19; escalafón del 91, lugar 70. Pierde 51 puestos.
Sergio Valdés Pascual, independiente, escalafón del 90, lugar 2; escalafón del 91, lugar 45. Pierde 43 puestos.
Insisto en que se trata sólo de ejemplos, pero lo suficientemente elocuentes para demostrar el criterio con que se procedió. Ahora bien, el señor Ministro, tratando de explicar lo inexplicable, ha dicho que el problema radica en el reglamento de calificaciones, que adolece de numerosos defectos. Pero sucede que nunca antes se habían presentado diferencias en la magnitud realmente escandalosa con que aparecen ahora.
A este respecto, también es ilustrativo demostrar que en los mismos casos citados anteriormente, aplicado con criterios normales, reflejaba una realidad muy diferente.
Tomemos, por ejemplo, el caso de doña Silvia Balbontín Banderas, que aparece subiendo 37 lugares en la última junta de calificación. En 1988 ocupó el lugar 46, en 1989, el 43; el 1990, el 38; o sea, más o menos, tres lugares por año. En cambio, don Juan Martabit Scaff, en 1988, ocupó el lugar 45, luego el 41, y posteriormente, el 46.
El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Ha llegado a su término el tiempo del Comité de Renovación Nacional.
El señor LONGUEIRA.- Le cedemos parte de nuestro tiempo.
El señor ALAMOS (Presidente accidental).- El turno siguiente le corresponde al Partido por la Democracia.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente le corresponde a la Unión Demócrata Independiente.
El señor LONGUEIRA.- Cedemos los minutos que necesita la bancada de Renovación Nacional.
El señor ALVAREZ-SALAMANCA.- Agradezco al Diputado señor Longueira, el tiempo que me concede.
El informe del Diputado Navarrete, relativo al problema que existe en el Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que lo expuesto es sumamente serio e implica, en primer término, que se ha utilizado a la Junta Calificadora con fines totalmente distintos para los cuales fue creada por la ley. Se ha utilizado el procedimiento calificatorio para perjudicar a unos en beneficio de otros. No se ha efectuado una evaluación honesta en aras de un buen servicio, como era lo legal y ético, sino que se ha satisfecho intereses diferentes, que califico de políticos.
Utilizar disposiciones legales y reglamentarias con fines diferentes a los establecidos por ley, constituye una gravísima infracción administrativa, según la ha tipificado la Contraloría General de la República, denominada "desviación del poder". Existe a este respecto jurisprudencia de dicho organismo contralor en el caso del Colegio de Constructores Civiles.
Particularmente criticable es el tratamiento que se dio a los funcionarios que ingresaron al servicio durante la administración pasada. Bajo el pretexto, nunca acreditado, de que dicho ingreso habría sido irregular, se les ubicó, casi sin excepción, en los lugares más bajos del escalafón respectivo, como es el caso de los primeros secretarios señores Cifuentes, Cordero, Berlinger, Urrejola, Galdames, Plaza y Muñoz, quienes ocupan los lugares 70 al 77.
Por otra parte, la absoluta falta de garantías que ofreció la Junta Calificadora, queda de manifiesto ante el hecho de estar integrada, en un porcentaje abrumador, por funcionarios políticos D.C., que ocuparon sus cargos directivos con posterioridad al 11 de marzo de 1990. En efecto, de los 14 integrantes, solamente 3 eran funcionarios de carrera, sin connotación política, directores de política especial, bilateral y multilateral. Los restantes, incluido el Subsecretario que la presidió, y los directores generales de política exterior, consular y administrativa, y los directores de protocolo, jurídico, de planificación, de difusión cultural, de la academia diplomática y el director del personal, fueron nombrados después del 11 de marzo, y en su mayoría eran ajenos, hasta entonces, al Ministerio de Relaciones Exteriores.
A lo anterior, de por sí extremadamente serio, se suman casos de abierta persecución política. Es así como por disposición superior se creó, a mediados del año pasado, una sección denominada "Memoria Anual y Cartas de Servicio", con la función de confeccionar, publicar y distribuir dichos documentos. Esta sección fue integrada por 5 funcionarios de grados 4 y 5 de la escala única de remuneraciones, ministros consejeros Victorino Gallegos, Carlos Ferreira y Arturo Gigoux, y los señores Mario Calderón y Alejandro Chacón, quienes fueran Asesor de Derechos Humanos y Director del Personal, respectivamente, en la administración anterior. Por lo tanto, se les persigue por haber desempeñado determinadas funciones que les fueron asignadas y no por la forma en que lo hicieron. Esta función la desempeñó una sola persona, del escalafón administrativo. Se pierden así 4 sueldos, y se relega a la vulgarmente llamada "huesera" a 5 funcionarios del servicio exterior, amontonados en dos oficinas, por la ignominia de haber ingresado al servicio en el Gobierno anterior.
Los partidos que integran la Concertación criticaron acremente al Gobierno pasado por lo que denominaron como actitudes persecutorias al personal que no le era afecto. ¿Cómo calificaríamos ahora las actitudes que he descrito?
A estas actitudes se suman las tentativas ya avanzadas, en orden a modificar la legislación pertinente, a fin de disponer de más facultades, como ocurre con el proyecto de ley que modifica sustancialmente diversos cuerpos legales relativos a la Administración del Estado, especialmente la ley Ne 18.575, Orgánica Constitucional sobre bases de la Administración del Estado, y el Estatuto Administrativo que, de aprobarse, daría facultades a las autoridades de la Cancillería para continuar e, incluso, acrecentar la persecución política a que me he referido.
Todo lo expuesto se ve agravado por un clima de denuncias y rumores recogidos por diversos medios de prensa sobre situaciones que comprometerían seriamente a los eventuales responsables. Así hemos visto con estupor la denuncia formulada por el semanario "El País", del 4 del presente mes, relativa al alhajamiento de varias misiones en el exterior, lo que habría sido encomendado a la mueblería "Klamer y Velasco Ltda.", de propiedad de un pariente muy cercano al actual Director de Protocolo de la Cancillería. No es lo habitual ni ético este empleo de recursos fiscales, y parece aplicable en este caso el dicho de que "la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo".
También suscita serias dudas, por decir lo menos, la forma cómo se han provisto con contratos a suma alzada gran cantidad de cargos con remuneraciones equivalentes a las de ministro consejero y consejero. Son los casos de los señores Eduardo Araya, subdirector de protocolo; José Miguel Insulza, asesor de la Dirección Económica; Juan Pablo Lira, del gabinete del Subsecretario; Ricardo Sotomayor, asesor del Departamento Técnico; Roberto Garretón, asesor de Derechos Humanos; Luis Portales, de la misma asesoría; Irene Broffman, asesora de prensa del Director de Asuntos Culturales y Difusión en el exterior; María Angélica Silva, de la Dirección Jurídica, actualmente en Pro-Chile como asesora legal; Guillermo Bown, Director de Asuntos Culturales y Difusión en el exterior; Iván Figueroa, Secretario del Ministro; Carlos Jorquera, asesor de prensa del Ministro, y, como en un caso aparte, la señora Dominique Elliot, secretaria del Ministro, quien recibe una doble remuneración como funcionaría de la Oficina Regional de UNESCO y como secretaria del Ministro.
El año anterior todos los nombrados estuvieron con contrato de suma alzada. Pregunto: ¿Cómo se están pagando estos cargos desde enero de 1991?
En aras de la transparencia administrativa, creo que ello debería ser explicado.
Por todo lo expuesto, a los chilenos, a los parlamentarios y, en particular, al que habla nos asiste el legítimo derecho a preguntar ¿qué está pasando en el Ministerio de Relaciones Exteriores?
Por lo anterior, solicito se dirija oficio a mi nombre al señor Ministro de Relaciones Exteriores para que informe a esta Cámara sobre los siguientes aspectos:
1. Funcionamiento de la Junta de Calificación del personal del Servicio Exterior, para establecer la legalidad de su constitución y si usó de sus atribuciones con fines políticos para beneficiar a unos y perjudicar a otros;
2. Destinación de funcionarios de alto grado para el desempeño de funciones menores que nos les corresponde y con notorio derroche de recursos humanos y de remuneración, (caso de la memoria anual y cartas de servicio);
3. Adquisiciones efectuadas en mueblerías Klamer y Velasco Ltda., valor y forma de adjudicación, y, en especial, identificación y destino de los muebles, y
4. Origen de los fondos que se emplean para cancelar remuneraciones a funcionarios asesores que no pertenecen a la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la justificación de este gasto en personal, con indicación de nómina de asesores, renta y funciones.
He dicho, a nombre del Diputado señor Luis Navarrete.
El señor GALILEA.- Solicito que el oficio sea enviado también a nombre de Renovación Nacional.
El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada.


17.- ALCANCES SOBRE ACUERDO DE LA CORTE SUPREMA.

El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Existe autorización para que el Diputado señor Bosselin haga uso de la palabra en el tiempo del Comité Radical.
El señor LONGUEIRA.- ¿No tendría que estar presente en la Sala algún miembro de ese Comité para otorgar dicha autorización?
El señor ALAMOS (Presidente accidental).- El señor Campos, jefe de ese Comité, antes de retirarse se acercó a la Mesa y concedió dicha autorización.
Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.
El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, quiero referirme al acuerdo de la Corte Suprema del 13 de mayo, en el cual se pretende responder al informe de la Comisión Verdad y Reconciliación. En circunstancias de que todo el país esperaba un gesto, una actitud moral del Tribunal Supremo de Justicia, nos encontramos con que éste ha asumido una posición realmente de combate político.
Sin hacer un análisis jurídico de fondo de las observaciones que se le formulan al comportamiento de dicha Corte Suprema desde el año 1973 en adelante, ha preferido recurrir a la descalificación, es decir, ha entrado directamente en la arena política, y eso significa una infracción flagrante a su deber constitucional. Los señores Ministros de la Corte Suprema pretenden escudarse en el tenor literal de la ley. Ellos dicen que se limitaron a aplicar el sentido gramatical de la norma, olvidando los preceptos de interpretación del Código Civil, contenidos en los artículos 19 al 24, donde el legislador Señala categóricamente que, junto al elemento gramatical, está el lógico, el sistemático y el histórico.
Habría bastado que ellos interpretaran correctamente la ley, para que innumerables violaciones a los derechos humanos no se hubieran cometido. Ello va a constituir para la historia de Chile un baldón permanente. Por esto, se hace más necesaria la reforma del Poder Judicial.
En Chile hay un amplio consenso en que es indispensable modificar la estructura del Poder Judicial y, en especial, la generación de los cargos de los Ministros de la Corte Suprema. Chile entero reclama una renovación de aquellos Ministros que, en tiempo oportuno, no supieron cumplir con sus obligaciones. Ellos deberán cargar, en consecuencia, con la responsabilidad moral de numerosas violaciones a los derechos humanos. Quienes luchamos, en aquella época, por la causa de la libertad y de la democracia, tenemos la convicción moral, como la tiene la mayoría del país, de que la Corte Suprema pudo hacer mucho más de lo que hizo. Y si lo hubiera hecho, muchos dolores se hubieran evitado.
He dicho.


El señor ALAMOS (Presidente accidental).- Habiéndose cumplido con el objetivo de la presente sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14:38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.