REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS 321ª LEGISLATURA (EXTRAORDINARIA) Sesión 47ª, en martes 16 de abril de 1991. (Ordinaria, de 16:00 a 20:01 horas) Presidencia del señor Dupré Silva, don Carlos. Secretario accidental, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE GENERAL DE LA SESION I.- SUMARIO DEL DEBATE II.- ASISTENCIA III.- TEXTO DEL DEBATE IV- SUMARIO DE DOCUMENTOS V.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA I.- SUMARIO DEL DEBATE 1.-Acuerdos de los Comités parlamentarios 2.- Respuestas a alusiones personales. Aplicación de artículo 33 del Reglamento 3- Condiciones de reprogramación para las deudas del crédito fiscal universitario. Primer trámite constitucional 4.- Complementación de los Acuerdos de Comités 5.- Modificación de la ley Ne 16.282 sobre zonas afectadas por sismos o catástrofes. Primer trámite constitucional: 6.- Dificultades en el suministro de energía eléctrica en la Isla de Chiloé. Oficios 7- Derogación de requisito para acceder a créditos de capitalización de Indap. Oficio 8.- Alcance a observaciones formuladas en sesión pasada 9.- Autorización a Comisiones Unidas de Agricultura y de Recursos Naturales para sesionar simultáneamente con la Sala 10.- Problema de Isla Maillén, Décima Región. Oficios II-Reformulación de programa de historia en octavo básico. Oficio 12.- Educación técnico-profesional en el sector rural 13.- Reiteración de petición de antecedentes sobre medidas de seguridad en fábrica de fuegos artificiales de Isla de Maipo, Región Metropolitana. Oficio 14.- Elección de Subsecretario de Educación como presidente del CEP-CIECC. Oficio 15.- Restitución de bienes a Confederación de Empleados Particulares de Chile. Oficio II.- ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores Diputados: --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Meló, Sergio --Alamos Vásquez, Hugo --Alessandri Balmaceda, Gustavo --Álvarez-Salamanca Buchi, Pedro --Araya, Nicanor de la Cruz --Bayo Veloso, Francisco --Bombal Otaegui, Carlos --Bosselin Correa, Hernán --Caminondo Sáez, Carlos --Campos Quiroga, Jaime --Cantero Ojeda, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Alfaro, Gustavo --Carrasco Muñoz, Baldemar --Cerda García, Eduardo --Concha Urbina, Juan --Cornejo González, Aldo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Devaud Ojeda, Mario --Dupré Silva, Carlos --Elgueta Barrientos, Sergio --Elizalde Hevia, Ramón --Escalona Medina, Camilo --Estévez Valencia, Jaime --Fantuzzi Hernández, Ángel --Faulbaum Mayorga, Dionisio --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García Ruminot, José --Guzmán Álvarez, Pedro --Hamuy Berr, Mario --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Jara Catalán, Sergio --Jeame Barrueto, Víctor --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Kuzmicic Calderón, Vladislav --Leay Morán, Cristian --Leblanc Valenzuela, Luis --Letelier Morel, Juan Pablo --Longton Guerrero, Arturo --Maluenda Campos, María --Martínez Ocamica, Gutenberg --Martínez Sepúlveda, Juan --Masferrer Pellizzari, Juan --Matta Aragay, Manuel José --Matthei Fornet, Evelyn --Mekis Martínez, Federico --Melero Abaroa, Patricio --Molina Valdivieso, Jorge --Montes Cisternas, Carlos --Morales Adriasola, Jorge --Munizaga Rodríguez, Eugenio --Muñoz Barra, Roberto --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarrete Carvacho, Luis --Ojeda Uribe, Sergio --Ortega Riquelme, Eugenio --Ortiz Novoa, José Miguel --Peña Meza, José --Pérez Muñoz, Juan Alberto --Pérez Opazo, Ramón --Pizarro Soto, Jorge --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Ramírez Vergara, Gustavo --Rebolledo González, Víctor --Recondo Lavanderos, Carlos --Ribera Neumann, Teodoro --Ringeling Hunger, Federico --Rodríguez Cataldo, Claudio --Rodríguez Del Río, Alfonso --Rodríguez Guerrero, Hugo --Rodríguez Riccomini, Laura --Rojo Avendaño, Hernán --Rojos Astorga, Julio --Schaulsohn Brodsky, Jorge --Seguel Molina, Rodolfo --Smok Ubeda, Carlos --Sota Barros, Vicente --Soto Morales, Akin --Sotomayor Mardones, Andrés --Tohá González, Isidoro --Urrutia Ávila, Raúl --Valcarce Medina, Carlos --Valenzuela Herrera, Felipe --Velasco De la Cerda, Sergio --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo -Con permiso constitucional, estuvieron ausentes los siguientes señores Diputados: Arancibia Calderón, Armando García García, René Manuel Horvath Kiss, Antonio Hurtado Ruiz-Tagle, José María Jara Wolff, Sergio Latorre Carmona, Juan Carlos Muñoz Dalbora, Adriana Orpis Bouchón, Jaime Palma Irarrázaval, Andrés Palma Irarrázaval, Joaquín Pizarro Mackay, Sergio Reyes Alvarado, Víctor Rocha Manrique, Jaime Sabag Castillo, Hosain Salas De la Fuente, Edmundo Taladriz García, Juan Enrique Ulloa Aguillón, Jorge Viera-Gallo Quesney, José Antonio Yunge Bustamante, Guillermo -Asistieron, además, el Ministro del Interior subrogante, señor Enrique Correa Ríos y el Ministro de Educación Pública señor Ricardo Lagos Escobar. III.- TEXTO DEL DEBATE -Se abrió la sesión a las 16 horas. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría. El señor DUPRE (Vicepresidentes- Terminada la Cuenta. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que puedan sesionar, simultáneamente con ella, las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda, que deben despachar algunos proyectos. No hay acuerdo. 1.- ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Reunidos los Comités parlamentarios, y con la asistencia de la totalidad de ellos, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: Despachar, sobre Tabla, en la presente sesión, eximiéndolo del trámite de Comisión, en el segundo lugar del Orden del Día, y limitando los discursos a cinco minutos por señor Diputado que desee hacer uso de la palabra, el proyecto, con urgencia calificada de "suma", que modifica la ley que fija disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes. Conceder cinco minutos por artículo, e igual tiempo para las indicaciones de la Comisión de Hacienda y de las renovadas en la discusión particular del proyecto que establece condiciones de reprogramación para los deudores del crédito fiscal universitario. Los dos puntos anteriores se aprobaron por la unanimidad de los Comités. Si le parece a la Sala, se ratificarán. Acordado. Respecto del proyecto de ley que modifica el D.F.L. N° 33, de 1979, sobre Estatuto del Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, discutido el tema por los Comités y como no hubo consenso, algunos señores Diputados han solicitado de la Mesa que proponga que vuelva a la Comisión de Relaciones Exteriores. Sobre este proyecto ha habido extensas conversaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y miembros de la referida Comisión, y se prevé que se puede llegar a un acuerdo unánime para su despacho. De allí que la Mesa proponga, para un mejor tratamiento de esta materia, recabar un nuevo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, a fin de incluirlo en la Tabla de la sesión del próximo jueves 18. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. En lo que se refiere al proyecto sobre juntas de vecinos, hubo acuerdo unánime, si no alcanza a ser despachado al término del Orden del Día, en dejarlo pendiente para la próxima sesión ordinaria, quedando automáticamente inscritos para la discusión los señores Diputados que no pudieren hacer uso de la palabra en esta oportunidad. Si le parece a la Sala, también se ratificará este acuerdo unánime. Acordado. El señor GALILEA.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor GALILEA.- Señor Presidente, entiendo que en el orden en que vamos a tratar los proyectos el de juntas de vecinos será el último, toda vez que su discusión eventualmente continuaría el jueves. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Así es, señor Diputado. El orden de los proyectos será el siguiente: el que establece las condiciones de reprogramación para el crédito fiscal universitario, el relativo a sismos y catástrofes y el de juntas de vecinos. El señor SCHAULSOHN.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, lo ideal es que la discusión del primer trámite del proyecto de ley sobre juntas de vecinos no se difiera hasta la próxima sesión. Si los Diputados hacemos un esfuerzo de síntesis probablemente podríamos despacharlo hoy. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ojalá se tenga en consideración lo que dice el señor Diputado. 2.- RESPUESTAS A ALUSIONES PERSONALES. APLICACION DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO. El señor DUPRE (Vicepresidente).- El Diputado señor Sergio Elgueta ha solicitado la palabra para referirse a publicaciones de prensa que lo afectan. En conformidad con el Reglamento, tiene la palabra hasta por cinco minutos. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, los juristas señores Guillermo Bruna Contreras y Ricardo Rivadeneira han opinado en el diario "El Mercurio" sobre la presentación hecha al Tribunal Constitucional por varios señores Diputados, entre los cuales me encuentro, calificándola en diferentes términos, además de estimarla improcedente. Conozco a don Ricardo Rivadeneira y sé que es un caballero. Él se pronunció sobre un aspecto jurídico. Pero, sí tengo la obligación moral de representar en esta Cámara que don Ricardo Rivadeneira, integrante del Consejo de Defensa del Estado, cargo de confianza del Presidente de la República, el 16 de enero de 1991 informó favorablemente la cancelación de la personalidad jurídica de la Colonia Dignidad. En consecuencia, me parece muy inexplicable la actuación de este prestigioso colega abogado que en la arena pública disiente de la opinión jurídica que vertió en un informe que sirvió de antecedente para adoptar esa medida. En todo caso, ninguno de los dos juristas respondió a la cuestión central: ¿Puede un grupo de parlamentarios pedir que se declare inconstitucional un decreto particular que cancela la personalidad jurídica de un ente particular y en contra del cual éste tiene presentados tres recursos de protección ante los tribunales ordinarios y uno de inaplicabilidad ante la Corte Suprema? Si se acoge la tesis de los Senadores requirentes, el decreto supremo que disolvió la Colonia Dignidad debería anularse, lo que beneficiará a ésta con el inmenso activo o inventario valorado que todos le reconocen. Si se desecha el requerimiento de los Senadores, el decreto se mantendrá en perjuicio de la referida Colonia. ¿No es esto actuar en favor de alguien? ¿Acaso existe otra persona a quién beneficie o perjudique las resultas de este requerimiento? Es evidente que la conducta de los Senadores pretende alcanzar un resultado favorable para la Colonia Dignidad. De lo contrario, no podría explicarse su actuación "graciosa" o meramente de beneficencia. Los Senadores requirentes han acompañado a su gestión "graciosas" un informe en derecho de los señores Guillermo Bruna Contreras y Raúl Bertelsen Repeto, cuyo especioso contenido alcanza a 80 páginas, lo cual debe haber demandado mucho tiempo, estudio y trabajo. ¿Debe creerse que tal informe es entregado a los Senadores en virtud de la mera libertad de sus autores, -so pretexto de mantener la pureza constitucional presuntamente amagada por el decreto que canceló la personalidad jurídica de Colonia Dignidad? Lo razonable es suponer que todo trabajo debe, en justicia, ser remunerado. Entonces, ¿quién pagó esa remuneración legítima a los estudiosos informantes? ¿Por qué, en el extenso informe jamás se habla de quiénes son los solicitantes del informe, sino que se emplea la frase "de acuerdo a lo solicitado"? ¿Por qué en la página 61 de dicho informe se concluye en que el acto-decreto del Presidente de la República es nulo e inconstitucional, refiriéndose específicamente al decreto 143, con sus 22 considerandos, que afecta a la sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, si se trata, como se afirma, de obrar en el solo interés de la pureza constitucional? Esto, y lo anteriormente expresado, demuestra que un grupo de parlamentarios está actuando en interés de Colonia Dignidad, interviniendo en recursos judiciales entre un particular y el Estado-Fisco, que es justamente lo que la Constitución prohíbe. En el referido informe se sostiene que el Presidente de la República carece de atribuciones constitucionales para cancelar la personalidad jurídica de las corporaciones privadas, pero los acuciosos informantes se olvidan de las propias expresiones de uno de ellos, el señor Bertelsen, quien fue el autor de la indicación de suprimir esta facultad constitucional, porque era mejor... El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- ¡Señor Presidente, aplique el Reglamento! El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ruego al señor Diputado guardar silencio. El señor ELGUETA.- ...en el campo de la ley. Y dice así: "Estima conveniente eliminar de la Constitución algunas normas de menor significación o de detalle...como la concesión de personalidad jurídica a las corporaciones privadas y la facultad de cancelarlas". "Nada se alteraría si estas facultades se encomendaran a otras autoridades", expresa el señor Bertelsen en las actas oficiales de las sesiones 345, página 2096, y N° 356, página 2298, de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- ¡Aplique el Reglamento, señor Presidente! El señor ELGUETA.- Entonces, usando la expresión del señor Bruna, ¿quién está disparateando? He dicho. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- ¿Me permite, señor Presidente, por un asunto reglamentario? El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. Rogaría al señor Diputado referirse a lo que sea realmente una cuestión de Reglamento y no entrar a una discusión en tomo al tema. El señor ALESANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, en la sesión especial de la mañana el señor Bosselin hizo uso de la palabra para responder a estas publicaciones de prensa. Por eso, verdaderamente es un abuso lo que ha hecho el Diputado señor Elgueta, al insistir en el tema en esta oportunidad, tanto más cuanto que él no ha sido aludido personalmente. El Reglamento concede estos cinco minutos al parlamentario que ha sido aludido. En este caso, no ha ocurrido así. En consecuencia, pido a la Mesa que solicite el asentimiento de la Sala para no incluir en el Boletín de Sesiones la intervención del señor Elgueta. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ese acuerdo requeriría el asentimiento del Diputado señor Elgueta. El señor ELIZALDE.- No lo hay señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. Se dejará constancia de lo señalado por el Diputado señor Alessandri. 3.- CONDICIONES DE REPROGRAMACION PARA LAS DEUDAS DEL CREDITO FISCAL UNIVERSITARIO. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece condiciones de reprogramación para los deudores de crédito fiscal universitario. Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación es el señor Villouta, y de la de Hacienda, el señor Devaud. -El proyecto está impreso en el boletín N° 123-04. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se encuentra en la Sala el señor Ministro de Educación, don Ricardo Lagos, y, naturalmente, de acuerdo a la tradición de la Cámara, creo que habría acuerdo para que ingrese a ella el señor Subsecretario de Educación. El señor SOTOMAYOR.- No, señor Presidente. El señor GUZMAN.- ¡No! El señor KUSCHEL.- ¡Se acabó la tradición! El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Educación. El señor LAGOS (Ministro de Educación).- Señor Presidente, con su venia quiero dar una explicación a la Honorable Cámara. En el Senado está en el primer lugar de la tabla el proyecto de ley sobre revalidación de títulos obtenidos en el extranjero. En consecuencia, deberé retirarme para concurrir al Senado. Por eso, se ha solicitado la autorización para que ingrese el señor Subsecretario, de modo que pueda absolver eventuales consultas. Muchas gracias, señor Presidente. El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me permite una moción de orden, señor Presidente? El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, frente a lo dicho por el señor Ministro, como Presidente de la Comisión de Educación y dada la forma en que hemos trabajado en los diferentes proyectos, le pido que solicite a los señores Diputados de las bancadas que se han opuesto que cambien su posición. Si el señor Ministro debe concurrir al Senado, es recomendable que esté presente el señor Subsecretario para responder las consultas que se formulen, lo que contribuirá a que el proyecto se despache en la mejor forma posible, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, reitero que recabe nuevamente el asentimiento de la Sala. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Schaulsohn. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, para ilustración de mi querido amigo y Ministro señor Lagos, por acuerdo de los Comités, los Subsecretarios no pueden hacer uso de la palabra en el Hemiciclo, a menos que haya unanimidad para ello. Por lo demás, hemos adoptado el criterio de que los Subsecretarios no pueden permanecer en la Sala, salvo que estén acompañando al señor Ministro. En todo caso, preferiríamos contar con la presencia del señor Ministro y que el señor Subsecretario concurriera al Senado. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Nuevamente, recabo el asentimiento de la Sala, dada la explicación del señor Ministro, para los efectos de que ingrese el señor Subsecretario. El señor SOTOMAYOR.- ¡No, señor Presidente! El señor NAVARRETE.- ¡No! El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Villouta, Diputado informante. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, con fecha 31 de julio de 1990, Su Excelencia el Presidente de la República propuso a esta Honorable Cámara el proyecto de ley que establece condiciones de reprogramación para los deudores de crédito fiscal universitario, que figura en el boletín N° 123-04. En el mensaje señala que mediante este proyecto "será posible brindar una solución real y efectiva al numeroso grupo de jóvenes que, a través de dichos créditos, -se refiere a los deudores de crédito fiscal universitario-, alcanzaron una oportunidad para acceder a la educación superior y que, a su vez, con el servicio de estas obligaciones harán posible beneficiar a quienes requieran gozar de igual oportunidad para adquirir una formación profesional.". El proyecto fue analizado exhaustivamente en la Comisión de Educación. Se solicitó la opinión de distintas instituciones de educación superior -opinión que algunos dieron a conocer directamente en la Comisión y otras las enviaron por escrito- como, asimismo, la de la Asociación de Deudores de Crédito Fiscal Universitario. Adecrefi. El Ejecutivo recogió muchas de las observaciones formuladas al proyecto, por considerarlas adecuadas, y el 15 de enero presentó en la Comisión de Educación diversas indicaciones, y el 18 de marzo, hizo igual cosa en la Comisión de Hacienda. El 15 de enero, la Comisión de Educación aprobó en particular el proyecto con las diversas indicaciones presentadas, tanto por el Ejecutivo como por los señores Diputados. Posteriormente, con fecha 20 de marzo conoció, a solicitud de la Comisión de Hacienda, las nuevas indicaciones formuladas, aprobándolas unánimemente, y se me designó Diputado informante. La iniciativa favorece a todas las personas que recibieron crédito fiscal para financiar el todo o parte de sus estudios universitarios, en el período que va desde 1981 a 1987. Se trata de alrededor de 130 mil personas, de las cuales, aproximadamente, 85 mil tienen cuotas impagas. En el proyecto se contemplan dos mecanismos. El primero tiene por objeto permitir que los deudores reprogramen el vencimiento de sus cuotas para lo cual se condonan los intereses moratorios, siempre que la repactación se haga dentro de un cierto plazo. Para incentivar el pago de las cuotas programadas, se establece que el monto máximo por pagar en cada anualidad no podrá ser superior al 5 por ciento de los ingresos del deudor. El segundo establece un incentivo para quienes, estando al día en el cumplimiento de sus obligaciones, anticipan el pago, consistente en el descuento de un porcentaje de los pagos efectuados. En el establecimiento de estos dos mecanismos, hay envuelta una cuestión de equidad. El proyecto considera también la situación especial de algunos grupos de deudores y establece para ellos la condonación del total del préstamo. Estos grupos son: a)Personas que, como alumnos de educación superior, hubieren sido eliminados por razones políticas. b)Personas, hijos de víctimas indicadas en el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, que estudiaron en instituciones de educación superior en el período antes mencionado y que percibieron crédito fiscal universitario; y c)Personas a quienes luego del otorgamiento del crédito fiscal, le sobrevino un impedimento que les incapacitó, en forma permanente para trabajar. El artículo 1° establece que los beneficiarios de crédito fiscal, sea que se trate de deudores del Fisco y/o de las instituciones de educación correspondiente, podrán acogerse a una reprogramación. Con este fin, las cuotas adeudadas serán actualizadas al 31 de diciembre último, para determinar el nuevo deudor, con el objeto de que los, deudores suscriban, dentro de los 90 días siguientes a la vigencia de la ley, un nuevo documento, suspendiéndose en ese período los procedimientos de apremio que se hubieren iniciado en su contra. Los nuevos saldos devengarán un interés del 1 por ciento anual y se programará su pago en 12 años sucesivos, sin perjuicio de que cada anualidad no podrá exceder el 5 por ciento de los ingresos del deudor del año anterior. Con todo, cuando el 5 por ciento de los ingresos del deudor en el año anterior sea menor que el valor de la cuota anual pactada, la diferencia pasará a formar parte de su saldo deudor. De este modo, el saldo no pagado resultante al término de los 12 años, será condonado, siempre que los deudores hayan cumplido todas las obligaciones que señala esta ley. Si el deudor acredita que su ingreso promedio mensual es menor o igual a 2 ingresos mínimos mensuales vigentes al 31 de diciembre del año respectivo, podrá optar, entre pagar una cuota anual igual a 2,5 UTM, unidad tributaria mensual, o bien incrementar su saldo deudor en el valor de la cuota que debía pagar en el año. El pago de las cuotas anuales podrá ser efectuado en dos o más parcialidades, dentro de cada año, no pudiendo ser inferior cada cuota a 0,15 unidad tributaria mensual. Los antecedentes de cada deudor en lo relativo a sus ingresos serán los establecidos por el Servicio de Impuestos Internos y otros que establezca el reglamento. La falta de verdad en los antecedentes será sancionada administrativa y penalmente. Por último, este artículo dispone que las deudas de las personas que se acojan a las disposiciones de la ley no se consideren en sus informes comerciales y bancarios. El artículo 2° dispone que las instituciones de educación superior que administran fondos de crédito universitario que permitan a los deudores de las carteras de crédito fiscal traspasadas acogerse a las disposiciones de la futura ley, recibirán un aporte del Fisco equivalente al 65 por ciento del monto de las condonaciones del crédito y de los intereses penales adeudados por quienes hayan hecho uso de los derechos y cumplido las obligaciones que emanan de esta ley. El proyecto también establece que esas instituciones puedan percibir, como un adelanto de compensación para los respectivos fondos, un aporte anual de cargo fiscal ascendente al 32,5 por ciento del total acumulado de las diferencias entre la anualidad calculada para cada deudor y lo que efectivamente paguen, según el límite del 5 por ciento de sus ingresos. Cuando se completen los 12 años, y si el servicio de la deuda ha respondido a la reprogramación suscrita se enterará el 32,5 por ciento restante de cada año, en el entendido de que el Fisco asume una obligación de pago ascendente al 65 por ciento de tal condonación. Este porcentaje guarda relación con el castigo implícito al momento de traspasarse las cuotas de crédito fiscal para constituir con ellas parte del patrimonio inicial de los respectivos fondos de crédito universitario. El reglamento establecerá, de acuerdo con lo señalado por el artículo 3a, la forma en que deberá determinarse la deuda, el monto de las cuotas y los plazos en que ella deba pagarse, lo que estará a cargo del Servicio de Tesorería, el cual suscribirá convenios con las instituciones de educación superior que corresponda. El artículo 4° faculta al Tesorero General de la República y a los administradores de fondos de crédito fiscal universitario para condonar las deudas de crédito fiscal universitario a que se refiere el artículo 1°, en los casos de alumnos de universidades o institutos profesionales que hubieren sido excluidos de dichas instituciones por razones políticas, de los deudores de estas instituciones que sean hijos de víctimas establecidas en el informe de la Comisión Rettig y de quienes se encuentren, física o intelectualmente impedidos de trabajar. Asimismo, establece que la muerte del deudor causará la extinción de la deuda. En ese caso, se pagará a los acreedores un aporte similar al indicado en el artículo 2°. En cuanto al costo de la condonación referida en el artículo 4°, se ha estimado que el número de estudiantes universitarios hijos de víctimas establecidas en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación que hicieron uso del crédito fiscal en el período 1981-1987, alcanza a un total aproximado de 150 personas. De esta cifra, considerando un promedio de cuatro años de estudios universitarios y que sólo el 80 por ciento hubiera percibido el ciento por ciento de préstamos, con un promedio anual de 12,5 unidad tributaria mensual, se llega a un monto estimado de 78 millones de pesos, del cual el 65 por ciento es, conforme a este proyecto de ley, de cargo fiscal. Es decir, el gasto fiscal, por este concepto, ascendería a 50 millones de pesos en 1991. El artículo 5°, dentro de un principio de justicia y equidad en favor de los deudores que se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones de crédito fiscal, de modo que exista claro incentivo para que puedan prepagar, se otorga un aporte del 65 por ciento a los Fondos de Crédito Universitario de Educación Superior que convengan en el sistema de descuento propuesto a sus deudores, el cual será determinado por los Ministros de Hacienda y de Educación. En los artículos 6° y 7° se establece que el gasto que demanda la presente ley se consultará anualmente en la Ley de Presupuestos, y que Su Excelencia el Presidente de la República dictará el reglamento de la presente ley en el plazo de 60 días contado desde la publicación de ésta. Por último, en el artículo 8° se faculta a instituciones estatales de educación superior para condonar deudas de matrícula de sus alumnos causadas hasta el 31 de diciembre pasado, las cuales tuvieron su origen en el impedimento que afectaba a éstos para acceder a los programas de crédito en razón de sanciones políticas. Es de justicia corregir, por este mecanismo, esa situación. Será facultativo para cada institución, toda vez que, en la mayoría de los casos, se ha constituido en una limitante insalvable para la obtención del respectivo certificado de título. El costo de la disposición contenida en el artículo 8° del proyecto no es de cargo fiscal, por cuanto se trata de deudas imputables a los ingresos de matrícula de las respectivas instituciones. Ahora bien, la Comisión de Educación emitió un informe complementario y rectificatorio del segundo informe. Este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en la sesión 33a., de fecha 24 de enero de 1991, con las indicaciones presentadas en la Sala y admitidas a tramitación, las que, a su vez, formulara el Ejecutivo en el seno de la Comisión de Educación y también las que hiciera él en la de Hacienda, todas las cuales fueron acogidas por unanimidad. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 del Reglamento, el informe complementario se refiere a las siguientes materias: Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni modificaciones. No hay artículos que se encuentren en esta situación. Normas propias de ley orgánica constitucional o de quorum calificado. A este respecto, se mantuvo la posición sostenida por la Comisión en sus dos informes anteriores, en el sentido de que el proyecto no contiene disposiciones de rango constitucional o de quorum calificado. Artículos suprimidos Se mantiene la aseveración de que no los hay. Artículos modificados La Comisión acordó modificar, además de los señalados en el segundo informe, los siguientes artículos: El 1°, para introducirle las enmiendas indicadas en el boletín que se encuentra en poder de los señores parlamentarios -no las voy a leer-, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, salvo una en que se registró una abstención. Artículos nuevos Mediante indicación, el Ejecutivo reemplazó el artículo 8e que había propuesto con anterioridad. Esta indicación también fue aprobada por unanimidad. Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda. Conforme con lo que establece el artículo 221 del Reglamento, a la Comisión de Hacienda le correspondió conocer las modificaciones introducidas a los artículos 1°, 2°, 4° y 5° y al artículo 8° nuevo. Por las razones expuestas, más las que en su oportunidad daré a conocer, la Comisión recomienda aprobar el proyecto de ley cuyo texto obra en poder de los señores parlamentarios. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Mario Devaud, Diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor DEVAUD.- Gracias, señor Presidente. Honorable Cámara, vuestra Comisión de Hacienda, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional pasa a emitir el segundo informe sobre el proyecto de ley que se refiere a las condiciones de reprogramación para los deudores de crédito fiscal universitario, originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. Según lo dispuso la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación en su segundo informe y en el informe complementario y rectificatorio de aquél, se consignaron como de conocimiento de la Comisión de Hacienda los artículos 1°, 2°, 4° y 5° y el nuevo artículo 8° del proyecto. Estas disposiciones han sido modificadas mediante indicaciones presentadas en la Sala y admitidas a tramitación, así como también por las formuladas en su oportunidad por el Ejecutivo en las Comisiones de Educación y de Hacienda. En consecuencia, en el trámite de este segundo informe se adoptó como texto base de la discusión el articulado que aprobó la Comisión de Educación en su informe complementario, confrontándolo con las últimas indicaciones del Ejecutivo, presentadas tanto en la Comisión de Educación como en la de Hacienda. Asistieron a la Comisión, durante el análisis del proyecto, los señores Alfonso Muga, Director de Educación Superior del Ministerio de Educación, y Mario Marcel, asesor del Ministerio de Hacienda. Los efectos económicos en materia de gastos que se producen en virtud del proyecto, dicen relación con el costo directo de las condonaciones y rebajas de deudas, con los subsidios implícitos del sistema y con el impacto de la recuperabilidad de los créditos. Según los antecedentes proporcionados a la Comisión, en lo relativo a condonaciones, el máximo costo fiscal alcanzaría a 9.500 millones de pesos, que se distribuirían en poco más de 12 años. En 1991, habría que destinar alrededor de 1.700 millones de pesos por condonación de intereses penales y por saldos deudores en condiciones especiales, tal como se señala en el proyecto. Las indicaciones propuestas por el Ejecutivo modifican las anteriores estimaciones de costos exclusivamente en el caso de las condonaciones a hijos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sobre la base de antecedentes proporcionados por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se estima que estos casos no superarían las 150 personas. A partir de lo anterior, el costo fiscal de las condonaciones para este efecto, alcanzaría, aproximadamente, a 50 millones de pesos. En cuanto al anticipo a las universidades de un 50 por ciento del aporte fiscal vinculado a las condonaciones de saldos deudores, debe señalarse que tal aporte no se hará efectivo en 1991, pues éste sólo se determinará sobre la base de las diferencias entre el valor de las cuotas reprogramadas con vencimiento al 31 de diciembre del presente año y el 5 por ciento de los ingresos de los deudores, lo que sólo se verificará durante 1992. Asimismo, se precisa que en el caso de los descuentos por pago anticipado, los costos estimados deben contrastarse con el beneficio que para el acreedor -en este caso, las universidades- representa reducir el período de recuperación de los créditos cuando éstos operan sobre la base de una tasa de interés subsidiada. En otras palabras, dado que la aplicación de una tasa de interés subsidiada involucra una transferencia implícita del acreedor al deudor, que se acrecienta mientras más largo sea el plazo de pago, al acortarse tales plazos se reducirán los costos para el acreedor. Los descuentos porcentuales por año, propuestos en el proyecto, son el resultado de un cálculo basado en los costos implícitos del interés del crédito fiscal universitario, que asciende al uno por ciento. Eso significa que los descuentos considerados corresponden aproximadamente, al beneficio obtenido por el acreedor con el servicio anticipado de una deuda programada a 12 años. Ello representa, finalmente, que en términos netos la rebaja por pago anticipado no implica un mayor costo para las universidades y alivia por su diseño las eventuales presiones al Fisco por futuros mayores aportes. La mayor recuperabilidad de los créditos, de los cuales las universidades son acreedoras, podría compensar el costo de un 35 por ciento de tales condonaciones que asumen las propias universidades, conforme se ha señalado por los representantes del Ejecutivo, y así lo ha entendido la Comisión de Hacienda. Por otra parte, la descapitalización de los Fondos de Crédito Universitario que resultaría de una morosidad del crédito fiscal superior a la inicialmente supuesta, obligaría, en ese caso, a aportes fiscales adicionales. En relación con los acuerdos adoptados por la Comisión de Hacienda en esta materia, cabe consignar lo siguiente: En el artículo 1°, letra c), que establece el 5 por ciento de los ingresos del deudor como límite para el pago anual efectivo, se formuló una indicación por el Ejecutivo que tiene dos propósitos: 1) mejorar la redacción, de modo que se entienda que la alternativa de pago antes referida constituye una opción a que tendrá derecho el deudor; y, 2) especificar que la unidad tributaria mensual, que se utiliza como forma de conversión, corresponderá a la del mes en que se perciban los ingresos. En el artículo 1°, letra d), que se refiere al mecanismo aplicable a los deudores con ingresos inferiores al mínimo mensual vigente al 31 de diciembre del año respectivo, el Ejecutivo formula una indicación que modifica los parámetros originales del proyecto. En primer lugar, se eleva a dos ingresos mínimos el requisito para acceder al beneficio. En segundo lugar, y consecuente con lo anterior, que es la correlación, la cuota mínima se eleva a 2,5 unidades tributarias mensuales. En tercer lugar, para acceder a la alternativa de traspasar el valor total al saldo deudor, se exige acreditar que la suma de los ingresos del deudor y su cónyuge sea inferior a tres ingresos mínimos, en lugar de uno, según lo establecía el proyecto primitivo. En el artículo 1°, letra h) -fue introducida en la Comisión de Educación con el objeto de evitar que los antecedentes de morosidad por aquellas deudas sujetas a reprogramación fueran utilizadas como antecedentes comerciales y/o bancarios-, el Ejecutivo formula una indicación para esclarecer que la disposición se refiere, exclusivamente, a las deudas que se encuentren morosas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Sometido a votación el artículo 1° con las indicaciones del Ejecutivo antes mencionadas, se aprobó por la Comisión de Hacienda con las indicaciones indicadas en el texto propuesto por la de Educación en su informe complementario por mayoría de votos. En el artículo 2°, relativo a la participación de las instituciones de educación superior en el esquema de reprogramación, el Ejecutivo formula una indicación sustitutiva con los siguientes propósitos: 1)Remitirse a las instituciones de educación superior como sujetos de la norma; y 2)Permitir anticipar a las universidades la mitad del aporte fiscal vinculado a la condonación de las diferencias entre las cuotas reprogramadas y el 5 por ciento de los ingresos del deudor. Sometida a votación la indicación sustitutiva, fue aprobado por unanimidad el texto propuesto en el informe complementario de la Comisión de Educación. En el artículo 4°, que faculta al Tesorero General de la República y a los Administradores de Crédito Fiscal Universitario para condonar totalmente las deudas en los casos que allí se indican, en la Comisión de Educación se formuló una indicación para incorporar en su inciso primero a los hijos de las víctimas de violación a los derechos humanos, según se establece en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, disposición que la Comisión de Hacienda aprobó por 4 votos a favor y 2 abstenciones, con el texto del inciso primero propuesto en el mismo informe complementario de la Comisión de Educación. Sin embargo, el Ejecutivo formuló una indicación al inciso segundo, por la cual se precisa, respecto de los deudores incapacitados para trabajar, que su impedimento debe corresponder a una causa sobreviniente al momento de hacerse efectiva la obligación del pago de la primera cuota de la deuda; y otra, para especificar que el servicio de salud correspondiente, en el artículo que se comenta, es aquel que corresponde al domicilio del deudor. La primera indicación del Ejecutivo fue rechazada en forma unánime, ya que la redacción propuesta es limitativa en cuanto a la intención de la Comisión de Hacienda sobre el particular. Recogiendo tal espíritu, se redactó otra para intercalar entre los términos "trabajo" y "circunstancia" la frase: "por causa sobreviniente al otorgamiento del crédito fiscal universitario". Puesta en votación esta indicación, junto con la segunda del Ejecutivo, fueron aprobadas por unanimidad, ya que perfeccionan la norma propuesta del texto del segundo informe de la Comisión de Educación. Los dos incisos siguientes del texto fueron aprobados por unanimidad. El artículo 5° establece un sistema de incentivos para el pronto pago de los saldos adeudados. Por indicación del Ejecutivo se modificó el calendario de descuentos, al haberse cumplido, en esa fecha, el plazo correspondiente al primer tramo, a la vez que se corrigió un error de referencia. El artículo con las indicaciones del Ejecutivo, fue aprobado por unanimidad, coincidiendo con el texto del informe de la Comisión de Educación. El artículo 8° nuevo faculta a las instituciones que indica para condonar las deudas por aranceles impagos a los alumnos que por razones políticas fueron impedidos para postular al crédito fiscal universitario. Mediante indicación del Ejecutivo se precisa que se trata de deudas originadas hasta el 31 de diciembre de 1990, que afectan a estudiantes que han sido objeto de sanciones universitarias internas debidamente ejecutoriadas. La Comisión de Hacienda aprobó, por mayoría de votos, el artículo sustitutivo propuesto en la indicación del Ejecutivo, coincidiendo con el texto del informe complementario de la Comisión de Educación. Ya se ha dado a conocer el número de personas que serán beneficiadas con este proyecto de ley. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, la Comisión de Hacienda determinó que durante 1991 el gasto fiscal que demanda la ejecución del proyecto se financiará con cargo a los recursos consultados en el ítem 50.01.03.25.33.004 de la partida Tesoro Público del Presupuesto vigente. Para los años posteriores, deberá consultarse la partida correspondiente en la ley de Presupuestos del sector público. La incidencia de estas normas respecto de la economía del país, principalmente, se deduce del monto involucrado y del plazo concebido en el sistema para la ejecución de este proyecto. Reitero que se trata de un costo de 9 mil 500 millones de pesos, distribuidos en un plazo de 12 años. Finalmente, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de este proyecto de ley. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Respecto del trámite de este proyecto de ley, su discusión y votación deben ser artículo por artículo. Después del debate de cada artículo, cuando corresponda, se votarán las indicaciones que han sido rechazadas por la Comisión, sobre las cuales no habrá debate de acuerdo con lo aprobado por esta Corporación. Luego, se procederá a votar las indicaciones que, eventualmente, hayan sido renovadas con el número correspondiente de Diputados, para, posteriormente, votar el artículo propiamente tal. En discusión el artículo 1° del proyecto, con la indicación renovada, correspondiente a la letra b), que aparece en la página 6 del informe de la Comisión de Educación. Tiene la palabra el Diputado señor Rojo. El señor ROJO.- Señor Presidente, en relación con el artículo 1°, oportunamente presenté una indicación que fue rechazada por la Comisión. Cuando se entra a legislar respecto de esta materia y se inicia un proceso para solucionar el problema de los deudores de créditos universitarios, y no se considera su real situación, se producen una serie de vacíos. Así se puede verificar que este artículo otorga un nuevo plazo a los deudores, sin resolver el problema de fondo, más aun agravándolo, al establecer la conversión del crédito en unidades tributarias, las que por su naturaleza, no tienen relación alguna con la función que cumple la educación. Tal vez hubiera sido mejor que en vez de transformarlas en unidades tributarias, se hubiera buscado una unidad que dijera relación con la educación. Hemos aprobado en esta Cámara a una serie de condonaciones de impuestos, de contribuciones, por ejemplo, en favor del sector agrícola; sin embargo, en este artículo 12 no se condona suma alguna. La Comisión rechazó la indicación que propuse, como da cuenta el informe en la página octava, sosteniendo, que mi iniciativa era inconstitucional y que no correspondía al concepto que debe presidir tales iniciativas. Estimo que se han confundido una serie de materias. En primer lugar, los créditos universitarios no son tributos; son el precio por la prestación de un servicio y no tiene relación alguna con materia tributaria. En segundo lugar, la Comisión ha confundido el concepto de condonación con el de prescripción. La prescripción es la extinción de un derecho, de una obligación, por haber transcurrido un tiempo sin haberse ejercitado. Y le guste o no le guste a la Comisión, todos los créditos anteriores a tres años, están prescritos por mandato de una ley vigente y del Código Civil. En consecuencia, cada uno de los deudores universitarios podrá hacer uso de este derecho. Mal podía entonces la Comisión llegar a la conclusión a que llegó, porque establecer el principio de que ello atenta en contra de la potestad financiera que le corresponde al Presidente de la República, es limitamos nuestras propias facultades. Y mañana entonces, en esta propia Cámara no vamos a poder reformar el Código Penal ni el Código Civil, cuando tengamos que abocamos al conocimiento de prescripciones, de caducidades o de extinción de obligaciones, porque de acuerdo con la forma de pensar, con la forma de resolver de esta Comisión, serían materias relacionadas con condonaciones. Por estas razones, lamento mucho la aprobación, en la forma que se ha hecho, sin ir al fondo de la materia. De todas maneras, creo que habremos dado un paso más al otorgar a estos deudores de créditos universitarios, un plazo, una posibilidad, para pagar sus créditos, pero queda la constancia de que no se ha resuelto el problema de fondo y que nada se dice sobre los créditos futuros, porque ese es un problema que sigue latente, que está viviendo cada uno de nuestros estudiantes universitarios que carecen de los medios para educarse. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, con respecto al artículo le, letra a), que dice "que se establecerá un nuevo saldo deudor para cada uno de los alumnos que tienen deudas contraídas a través del crédito fiscal universitario", hay una situación que no nos parece clara y que se refiere a si ese saldo deudor contempla los gastos y costas procesales por cobranzas que se hubieran generado. En ninguna parte del articulado se hace mención alguna a este punto, lo cual hace suponer que, indudablemente, más de algún problema se suscitará entre las instituciones universitarias y los alumnos que han contraído estos créditos, producto de no tener claridad con respecto a quien va a pagar los gastos y costas derivadas de la cobranza judicial de las deudas, trámite que se suspendería de aprobarse la ley. Por otro lado, la misma letra a) del artículo 1°, señala que debe suscribirse un nuevo documento, pero no precisa la naturaleza jurídica de él; es fundamental precisarlo: si se considerará un pagaré, una letra o simplemente una deuda contemplada a través de un decreto supremo o universitario. Son dos precisiones necesarias que deben efectuarse con respecto al artículo, que probablemente se escaparon o no fueron contempladas en la discusión de la Comisión de Educación, pero que es necesario destacarlo para la historia de la ley, a fin de que se conozca exactamente si estos gastos y costas procesales serán de cargo del alumno o de la universidad, y cuál será la naturaleza jurídica que tendrá el documento. Además, en la misma letra a) se dispone que se suspenderá toda acción que se hubiere iniciado en contra de los deudores. Aquí es necesario detenerse porque la palabra "acción" es bastante amplia según el léxico. Es necesario saber si se refiere a la acción judicial o a la simple y sencilla acción de cobranza a través de una carta o de un cobrador que, en forma personal, concurre donde el ex alumno a cobrar la deuda atrasada que mantiene con la institución o con el Fisco, o si es que involucrará las tres o cuatro formas de cobranza que pueden existir. Además, es necesario destacar nuestra posición, dado que los hombres pasan por muchas vicisitudes durante su vida. Una de ellas puede ser que, en un momento determinado, un individuo no esté en condiciones de pagar esa deuda, pese a haberla reprogramado: puede haber miles de factores que incidan en el no pago de una deuda. Es necesario detenerse en este punto, porque habíamos renovado una indicación que fue rechazada en la Comisión de Educación, referida a la prórroga de la deuda y que la letra b) de este artículo no la permite. Insistimos en que siempre debe otorgarse una chance, de modo que el individuo imposibilitado de pagar en el momento oportuno, pueda prorrogar su deuda por una o dos veces, si así fuere necesario. Luego, en la letra c) se establece que el deudor pagará un 5 por ciento de los ingresos. El cálculo es con respecto al año anterior, y lo consideramos engorroso en el sentido de que año a año, Impuestos Internos o la oficina pública correspondiente, deberá solicitar los antecedentes para corroborar si realmente este 5 por ciento es mayor o menor. Las tres situaciones que he mencionado, de una u otra manera, si no quedan claramente establecidas aquí en la Cámara, por lo menos en el Senado deberían estipularse por indicación del Ejecutivo, porque, de otra manera, puede producirse una serie de situaciones bastante complicadas. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, el artículo 1° está dirigido al fondo del problema que plantea este proyecto; por lo tanto, constituye la base de la solución que el Ejecutivo considera posible para resolver el problema de los deudores de crédito fiscal universitario. Consideramos que es positivo e indispensable aprobarlo, por cuanto es la forma de resolver este problema en las actuales condiciones. Indudablemente, puede haber otras alternativas o fórmulas para solucionarlo. En rigor, sería de justicia que muchos de los estudiantes o profesionales que se acogieron al crédito fiscal se viesen liberados de inmediato de esa pesada deuda. Sería de justicia que un altísimo porcentaje de ellos pudiese ver resuelta su situación de inmediato, eliminando virtualmente tal carga. Sin embargo, la solución que propone el Ejecutivo posibilita, desde el punto de vista constitucional y legal, que el Parlamento resuelva esta situación de acuerdo con la actual Constitución Política y con la ley orgánica constitucional respectiva, por lo que aprobaremos el artículo 1° en la forma propuesta, ya que abordarlo de otra forma, implica no estudiar este proyecto de ley, sino que buscar otra alternativa. En lo particular, queremos subrayar que esperamos que la comisión de alto nivel que el Gobierno ha constituido para estudiar el futuro de las universidades chilenas, también proponga una forma que garantice el ingreso de los jóvenes de menores recursos a las universidades del país. Indudablemente, la única forma que, en la actualidad, tiene un joven de escasos recursos para ingresar a la universidad, es acogerse al crédito fiscal. Esto dice relación con un problema de fondo del sistema universitario actual. Nosotros esperamos que el estudio que realizará esa comisión -que deberá ser pluralista, para que recoja la diversidad de opiniones y pareceres que existen en el país sobre este particular-, entregue las recomendaciones que garanticen que los jóvenes de los sectores más marginados de nuestra sociedad tengan acceso a la universidad a través de un mecanismo distinto del vigente. En el intertanto, nos parece indispensable resolver la situación de aquellos jóvenes que ya se acogieron al crédito fiscal en las actuales condiciones, y como el artículo 1° es la base del proyecto posterior, lo aprobaremos en los términos en que está planteado. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado Roberto Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, no cabe duda alguna de que el artículo 1° del proyecto de ley que estamos debatiendo, contiene la idea central de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Es oportuno que legislemos ahora sobre esta materia, ya que es una iniciativa que lleva bastantes meses en el Congreso Nacional, y se ha convertido en una especie de horizonte inalcanzable para 120 mil deudores de crédito fiscal universitario, que tienen una deuda individual aproximada de 600 mil pesos. Evaluaciones recientes señalan que el promedio de rentas de estos profesionales deudores no supera los 50 mil pesos mensuales. Estas cifras ameritan plantear en forma muy clara y descamada la situación de estos 120 mil deudores -quienes también se encuentran divididos en diferentes estratos sociales- que el proyecto trató de recoger para solucionarla, evidentemente hasta donde era posible, porque dentro de dicha cantidad, hay 40 mil deudores que han alcanzado sus títulos y que están divididos en carreras rentables -que no son más de 10 mil- y no rentables. También existen 10 mil deudores que son egresados y que aún no han obtenido sus títulos. Igualmente, hay cerca de 50 mil que no terminaron sus carreras, pero que, de todas maneras, deben pagar sus créditos universitarios. Si a estos agregamos -porque ésta es una situación que tendremos que analizar en otra oportunidad- que existe una gran cantidad de estudiantes no incluida en el universo actual de deudores que estamos considerando en este proyecto de ley, veremos que la masa humana que enfrenta esta situación es bastante grande. Si, además, añadimos exonerados, cesantes u otros, creo que ello amerita que este proyecto sea aprobado en esta oportunidad, para los efectos pertinentes. Los personeros de las propias universidades, en sus intervenciones en la Comisión de Educación, nunca se mostraron renuentes a que legisláramos sobre esta materia, porque ellos ven la posibilidad, precisamente a través de este proyecto de ley, de recuperar 45 mil millones de pesos, suma que, en este instante, no pueden obtener -ello será posible por esta vía-, porque la capacidad económica de los deudores no lo permite. Por lo tanto, señor Presidente anuncio que la bancada radical socialdemócrata votara favorablemente el artículo 1° de este proyecto de ley. He dicho. El señor BOMBAL.- Pido la palabra. El señor BOMBAL.- Señor Presidente, este proyecto responde más bien a un planteamiento político-electoral formulado antes de la elección presidencial; de manera que hay que mirarlo en sus dimensiones política y técnica. En el ámbito político no satisface plenamente lo planteado, porque se generaron algunas discrepancias; pero, en fin, busca hacerlo óptimamente. Lo grave es la señal que se está dando y sobre la cual quiero llamar la atención de esta Honorable Cámara. Ocurre que el sistema del crédito fiscal universitario apunta al financiamiento de las universidades. La aprobación de este proyecto en alguna forma repercutirá negativamente sobre el sistema de financiamiento de la educación superior en general. Esto es lo que podría resultar inquietante. De hecho, con el solo anuncio, en la expectativa electoral política, de este proyecto, todo lo que se recaudaba por concepto de crédito fiscal universitario decayó en forma muy considerable, porque todo el mundo advirtió que venía un "perdonazo". La pregunta que cabe hacerse es: ¿qué ocurrirá con el sistema de financiamiento de las universidades? Más todavía cuando el Gobierno está planteando, en la Comisión de Educación Superior -creo que así se llama-, una revisión de los mecanismos de los aportes directos e indirectos, polémica que se ha dado entre el Consejo de Rectores y las universidades privadas, tema que no es de esta sesión, pero que, de alguna manera, está ligado a él No obstante que la necesidad planteada por el Ejecutivo nos va a llevar a aprobar una buena parte del articulado que contiene el proyecto, quiero apuntar -reitero- al fondo de lo que aquí estamos votando. Estamos poniendo en juego -y esperamos que se resuelva en el futuro acertadamente- todo el sistema de financiamiento de la educación superior, sobre todo si consideramos que el Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación, ha señalado claramente que seguirá operando con el sistema de crédito fiscal. La pregunta es cómo lo va a revalorar o revitalizar después que, mediante esta disposición de la ley en proyecto le ha infligido un duro golpe al sistema de financiamiento de la educación superior y, particularmente, al crédito fiscal. Quiero hacer esta salvedad, pues considero muy importante que tal situación quede consignada en la historia de ley. Si bien no va a incidir hoy día en la discusión planteada por los informes de las Comisiones, es realmente relevante. También esto va a incidir, de manera muy importante, en la fórmula de financiamiento de las universidades privadas. Al respecto, habría que tener clara conciencia de que al aprobar esta ley también estamos afectando en alguna forma los equilibrios de financiamiento de las universidades privadas, más aún con lo que, públicamente, el Ministerio de Educación ha dicho en ese sentido. Quiero llamar la atención con relación a este punto, porque no sólo estamos hablando de un "perdonazo", sino que se está dando una señal que puede tener extraordinaria gravedad para todo el sistema del financiamiento de la educación superior. Después voy a intervenir en otro punto específico del proyecto de ley. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Devaud. El señor DEVAUD.- Señor Presidente, quiero comentar la exposición del Diputado señor Rojo, pues ella me parece muy interesante, respecto de las normas de prescripción ordinaria, en función de la posible declaración, como tales, de los créditos, mediante la indicación que él formuló en la Comisión de Educación. Sin embargo, hay un punto que no ha sido tocado en ninguno de los informes: el referente a las normas por las cuales se ejercita la acción del Estado para la percepción del crédito fiscal universitario, que no es un tributo propiamente tal y que también se puede asimilar a la situación de las deudas de las parcelas Cora, cuyas normas legales, para su percepción, en definitiva, están dadas por el Código Tributario. Estoy de acuerdo con él en que debe revisarse este concepto, precisamente por no corresponder a tributos. Sin embargo, las normas que hoy se aplican son precisamente éstas, y se pretende dar un alivio por la vía de este proyecto de ley, que ha sido presentado a consideración de la Cámara. Esa misma razón, probablemente, explica el hecho de que no se precise la naturaleza jurídica del documento que deben suscribir los deudores de crédito fiscal universitario, toda vez que las nóminas de deudores son, precisamente, el título ejecutivo para su cobranza y percepción. Estoy de acuerdo en que deben explicitarse las dos situaciones planteadas: tanto el tema de la prescripción de los créditos, como el de la naturaleza jurídica del documento que posibilita la cobranza. El Diputado señor Muñoz Barra me pide una interrupción, y con su venia se la concedo. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Simplemente para informarle al colega que el proyecto previene que el deudor firmara un pagaré cuando repacte y reprograme su deuda. El señor DEVAUD.- He dicho, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, el Diputado señor Bombal tiene toda la razón cuando expresa que detrás de este proyecto de ley, y más allá de las consideraciones técnicas que lo justifican, existen motivaciones de orden político general que indujeron al Gobierno a presentarlo, y que deberían inducir a esta Honorable Cámara a aprobarlo, por cuanto bien sabemos que en los años pasados el sistema de crédito fiscal universitario no funcionó. Existe un alto porcentaje de alumnos egresados o no de las universidades, que terminaron o no sus carreras, incluidos en las nóminas de deudores de dicho crédito, las cuales, en estos momentos, deben altas sumas de dinero, muchas veces, montos imposibles de pagar dado su actual nivel de ingresos. El programa de Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, como una de las materias a solucionar si triunfaba, contempla la situación de los deudores del crédito fiscal universitario. Al presentar el proyecto de ley, simplemente se está cumpliendo con lo que en su oportunidad se dijo a la ciudadanía. Hay -reitero- una motivación política y un cumplimiento de la palabra empeñada, y por ello, los Diputados radicales le vamos a dar nuestra aprobación. Lo único que no puede hacer el Gobierno ni el Parlamento es mantener la situación existente. Es necesario solucionar este tipo de problemas. Dentro de los medios de que dispone el Estado, la alternativa contenida en el artículo le es posible y factible y permitirá avanzar -vuelvo a reiterar- en el proceso de solución de este tipo de situaciones. Ya se ha dicho por Diputados de la Comisión de Hacienda que el proyecto significará al Estado un desembolso de 9 mil 500 millones de pesos, cifra que puede satisfacer. Obviamente, a muchos nos habría gustado que la condonación hubiese sido mayor. Sin embargo, los recursos fiscales no permiten, por ahora, una extensión más amplia de los beneficios. Reitero que, más allá de las consideraciones técnicas, políticas y sociales que fundamentan el proyecto, el cumplimiento de la palabra empeñada debe llevarnos, en definitiva, a su aprobación, lo que, reitero, haremos los Diputados radicales. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Concedo una interrupción al señor Bombal. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Estimado Diputado, quiero recordar que la Mesa es la que concede la palabra. Tiene la palabra el Diputado señor Bombal, por la vía de la interrupción. El señor BOMBAL.- Gracias, señor Presidente. Sólo deseo señalar al Honorable señor Campos que, dentro de los mecanismos de financiamiento de la educación superior contemplados a futuro, el Gobierno no ha descartado el crédito fiscal, al que le asigna un papel preponderante y relevante. Es decir, si es tan desastroso, según lo señalado por el señor Diputado, el Gobierno debió ser consecuente y sustituir el sistema de crédito fiscal. Felizmente, la autoridad gubernamental lo ha valorado como un sistema válido para el financiamiento de la educación superior. Nada más. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Ruego que me disculpe, señor Presidente, por no haber concedido la interrupción a través de la Mesa. No se puede discutir que de los ocho artículos del proyecto de ley de reprogramación del crédito fiscal universitario, lo medular, la esencia y el objetivo del mensaje del Ejecutivo está en su artículo 1°. La iniciativa en discusión está destinada a favorecer a todas las personas que recibieron crédito fiscal para financiar la totalidad o parte del costo de sus estudios universitarios. Se trata de jóvenes que estudiaban en nuestras universidades entre los años 1981 y 1987, que egresaron o que debieron abandonar sus carreras en dicho período. Es decir, más o menos, 120 mil estudiantes universitarios se beneficiarán con las disposiciones del proyecto de ley que examinamos. En efecto, el proyecto contempla un doble mecanismo para atender, por una parte, la situación de los deudores morosos, aproximadamente unos 80 mil; y por la otra, la de quienes se han preocupado o han realizado el esfuerzo de estar al día en sus pagos, alrededor de 40 mil jóvenes universitarios. Para el primer grupo, de deudores morosos, contempla una forma de reprogramación que les permita pagar en función de sus ingresos efectivos, con el tope máximo del 5 por ciento de dichos ingresos. Aquí destaco un hecho: hay muchos jóvenes, principalmente los que siguieron la noble profesión del magisterio, para los cuales es imposible cumplir su compromiso debido a las rentas percibidas al entrar en la vida del trabajo. Se piensa que la principal causa del no pago está en que las sumas adeudadas resultan asfixiantes para personas que no terminaron sus estudios o que ejercen profesiones poco remunerativas en lo material; también hay quienes no han pagado por razones políticas, por estimar que este sistema se impuso sin atenuantes a quienes estudiaban en la universidad por esos años. Pero, sinceramente, creo que éstos son los menos, aunque no por ello debemos dejar de reconocer que su argumento tiene validez. Para el segundo grupo, se establece un mecanismo de incentivo que favorece y estimula, al mismo tiempo, que pague rápidamente una fracción del monto de la deuda. Este sector es muy importante, esforzado y responsable. Debe ser beneficiado como una cuestión de equidad dentro de la legislación que se estudia. Es importante mencionar ciertas situaciones. Algunos Honorables colegas han planteado su preocupación por el desfinanciamiento de las universidades chilenas. Es un tema que nos preocupa a todos. Pero, con el rendimiento de la reforma tributaria del año 1990, en los meses que se puso en ejecución, se aportaron 6 mil millones de pesos para su financiamiento, con lo cual el Gobierno encabezado por el Presidente Patricio Aylwin demostró, en los hechos, la intención de dar un aporte significativo al desarrollo de las universidades chilenas. Y no me cabe la menor duda de que muy pronto estaremos analizando, discutiendo y tratando de plantear las mejores ideas para lo que será la ley de educación superior, que deberá regir no sólo las normas administrativas, académicas y profesionales, sino también el financiamiento. Por otra parte, debo recordar que el proyecto de ley se inserta, tal como lo dijeron algunos parlamentarios, en proposiciones hechas durante la campaña presidencial. Junto con procurar una solución a los deudores de crédito fiscal el Gobierno también propone, medidas que permitan dar estabilidad al financiamiento universitario, como el pago de las matrículas en valores del costo de los servicios respectivos, sistema propio de una sociedad moderna. La experiencia acumulada ha evidenciado que ingresan a la universidad personas que no pueden pagar y, por ello, reciben un crédito, el cual, aun teniendo éxito en sus estudios y trabajando en su profesión, no están en condiciones de pagar en el futuro. Para atender estas situaciones, el Gobierno del Presidente Aylwin ha establecido un sistema de becas. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor Diputado. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, solicito a un colega inscrito que me dé unos minutos de su tiempo. El señor DUPRE (Vicepresidente).- A continuación, está inscrito el Diputado señor Smok, quien le concede un minuto de su tiempo. El señor ORTIZ.- Se trata, en consecuencia, de alumnos provenientes de hogares con escasos medios, que siguen carreras o programas cuyo interés para la sociedad es mayor que el privado, lo cual se traduce en que el ejercicio de la profesión será poco remunerativo. Durante 1991, está programado el equivalente a cinco mil becas de matrícula completa, para los alumnos que ingresan por primera vez a las instituciones de educación superior con aportes del Estado. Este programa se irá incrementando cada año en cinco mil más, hasta alcanzar en 1994 un total equivalente a veinte mil becas, que representa alrededor del 40 por ciento del total atendido por el actual sistema de préstamos. En razón de estas situaciones, solicito a la Honorable Cámara que aprobemos el artículo 1° del proyecto de ley de reprogramación de crédito fiscal universitario. Desde ya en nombre de la bancada Demócrata Cristiana, anuncio que aprobaremos el proyecto en su totalidad. Muchas gracias, en forma especial al señor Presidente y al colega Diputado señor Carlos Smok. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Smok. El señor SMOK.- Señor Presidente, tenemos la mayor valoración del proyecto de ley. Es cierto, tiene motivaciones políticas y asumimos esto como una cosa positiva. Para eso estamos en la Cámara. Representa el cumplimiento del compromiso programático de la Concertación, y no tengo ninguna duda de que para las bancadas de la Oposición tampoco es un tema indiferente, toda vez que hay un centenar de miles de jóvenes afectados por el problema, que algunos han llamado el drama del crédito fiscal universitario. Este problema, en mi opinión, tiene dos caras, que deben ser asumidas en el debate. Una, se está enfrentando adecuadamente la situación de los deudores de crédito fiscal universitario, tanto al suspender los procedimientos de apremio como al condonar los intereses morosos y establecer condiciones razonables para el pago. Es necesario que haya un mecanismo por el cual podamos recaudar el crédito fiscal universitario moroso. En este punto, el bajo interés de uno por ciento anual de la deuda, que no comprometa en ningún caso más del 5 por ciento de los ingresos y por un máximo de doce años, que la diferencia en los bajos ingresos sea postergable y en los muy bajos que no llegue a más de 1,6 unidades tributarias mensuales por año, representan una posibilidad cierta de que el crédito puede ser pagado. ¿Por qué? No sólo porque establece una condición de cumplimiento de un contrato "libremente" aceptado por aquellos que asumieron, en un momento dado, esta deuda para estudiar, tema moral y profundamente debatible, pero existente, sino también por las necesidades que hoy los estudiantes universitarios requieren para continuar estudios. No es un misterio que las nuevas condiciones sociales y políticas del país han hecho que un grupo importante de jóvenes de bajos ingresos, que se habían sentido marginados de la posibilidad de acceder a la universidad en años precedentes, ahora estén haciendo ese esfuerzo y estén ingresando, lo cual representa una alta demanda por crédito fiscal universitario este año y los próximos. Es evidente que la incertidumbre en el tratamiento de este proyecto de ley ha incidido en una muy baja recaudación de retomo de deuda de crédito fiscal en el último tiempo, por lo cual es necesario que, a la brevedad, aprobemos una ley que deje claridad al respecto. Frente al acceso a la universidad hay un reordenamiento social que nos parece del todo deseable. El Gobierno está dando señales claras al respecto, no sólo al disponer los aportes del Tesoro Público para hacer posible esta ley, que tiene un costo y por intención recaudar un fondo que debiera ser autogenerado, pero al cual, además, se le está agregando dinero fresco, como por las inmensas necesidades que hoy día tienen los estudiantes universitarios, que todos conocemos en el drama de las distintas universidades que, en este momento, tienen dificultades para entregar todo el crédito fiscal que les es pedido. Las dos razones, tanto la justicia con aquellos que adeudan, como las necesidades de los que hoy lo requieren para continuar estudios, nos parece que hacen aconsejable la aprobación del proyecto. Finalmente, no deseo que quede establecido como criterio para evaluar las carreras universitarias un concepto que se ha emitido en esta Sala: de que existen carreras universitarias rentables y otras no rentables. Me parece que ese concepto produce una distorsión de lo que significa una carrera universitaria. Al respecto, quiero aseverar que existen carreras universitarias que tienen altos ingresos y otras, bajísimos. En ese sentido, estamos por la corrección, pero no quisiera que las carreras universitarias se definieran como rentables o no rentables en un marco lógico para abordar esta problemática. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. El señor RAMIREZ.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor RAMIREZ.- Señor Presidente, en verdad este proyecto es realmente interesante, pero me parece que, si bien solucionará el problema de los deudores del crédito fiscal, hacia el futuro seguiremos teniendo las mismas dificultades. Por eso, he pensado siempre que debería crearse un fondo nacional de educación superior para financiar los estudios de los jóvenes inteligentes de este país. Al igual que los fondos de previsión y de la salud, debería aplicarse también un porcentaje de descuento a la gente que trabaja, con el fin de formar este fondo y financiar la educación de los jóvenes que llegan a las universidades. Esto podría solucionar perfectamente bien el problema que se crea hoy, porque sería regulado por el Estado y posibilitaría que la gente con capacidad para estudiar pueda hacerlo sin la tragedia de que posteriormente no puede pagar estas cuentas. Me parece interesante plantearlo ahora, porque en poco tiempo más presentaré a esta Honorable Cámara un proyecto de ley en tal sentido. He dicho. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la indicación renovada al artículo 1°, que consiste en sustituir las expresiones "no prorrogable" por "prorrogable". -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 39 votos. No hubo abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Rechazada la indicación. Si le parece a la Cámara, con la misma votación se daría por aprobado el artículo 1°. Varios señores DIPUTADOS.- No, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En votación el artículo 1°. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En discusión el artículo 2°, con las indicaciones. Ofrezco la palabra. El señor VALCARCE.- Pido por palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente) .Tiene la palabra, Su Señoría. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, en el artículo 2° hay un punto que es fundamental aclarar, al igual que en el artículo 1°. Se dice que el Fisco, de acuerdo a lo establecido en esta ley, efectuará un aporte equivalente al 65 por ciento de las condonaciones de dicho crédito. Pero no queda clara, la forma en que este porcentaje se entregará a las instituciones; es decir, si se va a pagar cuando venzan las doce cuotas anuales y se conozca el saldo deudor que tendrá el alumno a esa fecha, si se va a pagar en doce anualidades, o si cada anualidad se va a pagar en forma mensual. No queda clara la forma en que el Estado contribuirá con ese 65 por ciento hacia las entidades de educación superior, como tampoco la fecha exacta en que se pagará. En beneficio al espíritu de la ley, creo que esto debe aclararse. Ojalá el Gobierno lo haga en el Senado, a través de una indicación, a fin de que esta ley salga perfeccionada y no en la forma apresurada en que va a salir al terminarse el tiempo para su discusión. He dicho. El señor ORTIZ.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, aquí es donde se presentan situaciones motivadas por algunas intervenciones. Se solicitó respetuosamente que, dado que no estaba el señor Ministro de Educación, estuviera presente en la Sala el señor Subsecretario. Él podría haber dado una información oficial del Gobierno acerca de la justa inquietud del Diputado señor Valcarce sobre la fecha en que el Fisco haría el aporte a las universidades. Considero que aparece claro que el aporte está contemplado en el Presupuesto de la Nación. Por lo tanto, no es causa de una nueva indicación del Ejecutivo y solicito aprobarlo tal como salió de la Comisión de Educación. He dicho. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la indicación que consiste en suprimir la frase: "y de los intereses penales adeudados", la que fue rechazada por unanimidad en la Comisión. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa. 48 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Rechazada la indicación. En votación el artículo 2°. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Aprobado el artículo 2° En discusión el artículo 3° Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la indicación renovada al artículo 3°, que consiste en sustituir en el inciso tercero el guarismo "5%" por "3%". -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 40 votos. No hubo abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Rechazada la indicación. En votación el artículo 3°. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado. Aprobado. En discusión el artículo 4°, con dos indicaciones de la Comisión de Hacienda, las que no han sido renovadas. Por lo tanto, no pueden ser discutidas en particular. Ofrezco la palabra. El señor ROJO.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor ROJO.- Señor Presidente el inciso segundo del artículo 4Q, me merece una serie de dudas. Dice lo siguiente: "Asimismo, el Tesorero General de la República y los Administradores de los repectivos Fondos de Crédito Universitario estarán facultados para condonar las deudas de Crédito Fiscal Universitario a quienes se encuentren física o intelectualmente incapacitados en forma permanente para trabajar...". Luego, se indica quiénes son. La norma general señala que quien debe pagar es el padre del estudiante. También se puede presentar la situación del estudiante que, ya recibido, la sobrevino una incapacidad intelectual para trabajar. Tampoco entiendo que el estudiante que está intelectualmente incapacitado para trabajar, no lo esté para estudiar. No se indica quién es el sujeto de este beneficio. En consecuencia, esto se prestará para discusión. Es la observación que quería plantear. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Quiero hacer presente que en la página 6 del informe de la Comisión de Hacienda en los párrafos segundo y tercero, se detallan las indicaciones formuladas al artículo 4°. Tiene la palabra el Diputado señor Smok. El señor SMOK.- Señor Presidente, es evidente que no iniciaremos un debate sobre las incapacidades intelectuales para ejercer funciones. Pero hay evidencias de ello. Recuerdo perfectamente a una muchacha de mi distrito que desarrolló una esquizofrenia al momento de egresar de su carrera; es deudora de crédito fiscal y, sin embargo, está incapacitada, física e intelectualmente, para ejercer su profesión y, por lo tanto, redituar la deuda que tiene por concepto de crédito fiscal. A este tipo de situaciones se refiere el proyecto de ley y me parecen del todo atendibles. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Devaud. El señor DEVAUD.- Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda se intentó mejorar la redacción de este artículo, en el entendido de que se refiere a deudores de crédito fiscal universitario. El artículo 4° señala que se facultará al Tesorero General de la República y a los administradores de los respectivos fondos de crédito universitario para condonar las deudas a quienes se encuentren física o intelectualmente incapacitados en forma permanente para trabajar, -dice la disposición- por causa sobreviniente al momento de hacer efectiva la obligación del pago de la primera cuota de la deuda. Esto es, de todas manera, demasiado restrictivo y limitativo y, tal vez, incomprensible para los efectos que se persiguen. Por lo tanto, se presentó una indicación en la Comisión de Hacienda, en el sentido de que la causa sobreviniente para conceder la condonación del crédito fiscal, fuese aquella que ocurriera con posterioridad al otorgamiento del crédito fiscal universitario, sea que se trate de estudiantes o de profesionales que estaban en la obligación de pagar. Ese es el sentido final de la indicación y con ella está absolutamente salvada la duda que planteó el Diputado señor Rojo. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. El señor VALCARCE.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, es importante destacar aquí con claridad lo siguiente. Estamos plenamente de acuerdo en que existe un grupo de alumnos que por posible incapacidad física o intelectual no pueda trabajar y, por lo tanto, no obtenga los ingresos correspondientes para pagar su crédito fiscal. Es evidente que se debe legislar sobre esto, porque si bien uno de los colegas que me antecedió en la palabra mencionó uno de estos casos, no es menos cierto que muchos de los señores Diputados deben tener ejemplos similares en sus respectivos distritos. Sin embargo, aquí se mezclan tres situaciones distintas. Me haré cargo de una de ellas, porque encuentro que es necesario aclararla. El artículo 4° se refiere a aquellos alumnos que fueron excluidos de Universidades e Institutos Profesionales por razones políticas y a los estudiantes de dichas instituciones que sean hijos de víctimas establecidas en el informe emitido por la Comisión Verdad y Reconciliación. Al respecto, es conveniente contemplar en el proyecto todas las soluciones que sean convergentes con la situación de estos jóvenes o de estos familiares. Pero, ¿Qué sucede? Por este sistema de agregar en cada una de los proyectos que lleguen al Congreso y que tengan relación con la condonación de deudas, ya sean hipotecarias, por subsidios, por deuda de agua potable, etcétera, se va a estar legislando, específicamente, para estos familiares a los que se refiere el mensaje contenido en el boletín número 293-321, enviado por Su Excelencia el Presidente de la República a esta Honorable Cámara. Por lo tanto, Renovación Nacional votará en contra de este artículo, precisando que dicha materia debe venir contenida en el mensaje referido toda vez que deben compilarse en un solo texto legal todos los beneficios que se van a otorgar y no en forma separada en cada proyecto que llegue a este Congreso. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete. El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, deseo enfatizar lo que ha dicho el Diputado señor Valcarce. En el artículo en debate se contemplan tres situaciones absolutamente diferentes. En primer lugar, está la condonación para aquellos alumnos de universidades o de institutos profesionales que hubiesen sido excluidos de sus respectivas carreras por razones políticas. En segundo término, se considera a los hijos de víctimas de violaciones a los derechos humanos consignadas en el Informe Rettig y, por último, a estudiantes que se encuentran física o intelectualmente incapacitados. Estos debieran haber sido tres artículos separados, porque si bien es razonable la condonación de deudas de quienes se encuentren física o intelectualmente incapacitados para trabajar -porque nadie puede oponerse a eso, y, por último, hay un mínimo sentido de lógica: cómo va a pagar una persona incapacitada- es diferente el caso, como lo expuso el Diputado Valcarce, de aquéllos que son hijos de víctimas contenidas en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación. Esa es materia del proyecto de ley, que habla de las reparaciones de las víctimas a los derechos humanos. No puede duplicarse la norma en dos textos legales. En relación con los estudiantes excluidos por razones políticas es donde tenemos, fundamentalmente, discrepancias con respecto al proyecto de ley ¿Qué se entiende por "razones políticas"? ¿Quién va a establecer esas razones? ¿Dónde están consignados los alumnos que fueron excluidos por razones políticas? Mientras no se defina quién va a hacer ese listado, los requisitos que se van a exigir y quién resuelve la condonación, la disposición se pueda prestar para cualquier clase de interpretaciones. Como se mezclan situaciones lógicas y humanas, como condonar la deuda a un incapacitado, con la de personas excluidas de la universidad por razones políticas, se producen confusiones, por lo cual nosotros y, personalmente, voy a votar en contra de este artículo, mientras el Gobierno no presente una indicación en donde ellas se separen. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, quiero recordar un hecho. En el mensaje del Ejecutivo, que ingresó a la oficina de partes de la Cámara el 9 de agosto del año pasado, se contiene el proyecto sobre reprogramación para deudores del crédito fiscal universitario. La situación que se presentó en relación con los hijos de víctimas establecidas en el informe emitido por la Comisión Verdad y Reconciliación, salió a la luz pública a fines de febrero y, naturalmente, cuando se despachó el mensaje comentado, no se tenía prevista. Ahora si nosotros en esta Cámara, no creemos justo que a no más de 150 alumnos, hijos de los que están en este informe y que tienen un costo, tal como ha dicho el Diputado informante, no superior a 50 millones de pesos, se les condone el total de sus deudas, ¿qué es justo entonces, colegas parlamentarios? Aún más, creemos importante que en este proyecto de ley se haya presentado la primera ocasión que significa compensar en mala forma, en forma material, situaciones de padres desaparecidos. Debido a ello, la bancada demócrata- cristiana apoyará totalmente el artículo 4° de este proyecto de ley. El señor RIBERA.- ¿Me permite? El señor DEVAUD.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Devaud. El Diputado señor Ribera le solicita una interrupción. El señor DEVAUD.- Tal vez promediando mi intervención se la daré, señor Presidente. En verdad, las aprensiones del Diputado señor Navarrete son legítimas y me parece bien que las haga presente aquí. Sin embargo, y atendiendo las explicaciones dadas por el Diputado señor Ortiz, quiero señalar que en la misma disposición se establece cuáles son las entidades que fijan la nómina de las personas beneficiadas. En la parte final del inciso primero del artículo 4e, se dice que el "Ministerio de Educación elaborará en conjunto con las instituciones respectivas -se refiere a las universidades- nómina de todos los casos que resulten de la aplicación de este artículo". Y lo limita y lo restringe, obviamente, a aquellos casos de estudiantes que han sido separados de las universidades por razones políticas y a aquellos hijos de víctimas señaladas en la Comisión Verdad y Reconciliación. Fuente al problema planteado, quiero recordar que también existe otra modalidad reglamentaria de votar el artículo, cual es la división por incisos. Señor Presidente, con su venia, quiero conceder la interrupción solicitada por el Diputado señor Ribera. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ribera. El señor RIBERA.- Señor Presidente, dos parlamentarios de Renovación Nacional han hecho observaciones a este artículo, basados no solamente en ciertas aprensiones de fondo, sino también en algunas de forma. Se han referido, principalmente, al hecho de incluir en leyes individuales ciertas excepciones o cierto tratamiento especial a las personas que estarían incluidas en el Informe Verdad y Reconciliación. Y han planteado la conveniencia, dado que el Presidente de la República enviará en su oportunidad un proyecto que regulará esto íntegra, orgánica y coherentemente de que sea precisamente una ley la que establezca la regulación de la totalidad de estos casos particulares y no leyes aisladas, porque indudablemente esto dificultará el que, en definitiva, incluso estas personas logren obtener la información necesaria para saber si se encuentran excluidas o incluidas en ciertas disposiciones legales. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, es indudable que la idea del Ejecutivo de enviar solamente una gran ley que incluya todas las excepciones y contra excepciones de disposiciones legales vigentes, es mejor que incluir excepciones particulares para determinadas personas en cada uno de los proyectos que se envíen a futuro. Ahora, dado que el Presidente de la República ha manifestado su opinión favorable a enviar en corto plazo una ley al respecto, considero que quizás podríamos avanzar en el proyecto, esperando esa ley que regule esto, como he señalado, en forma sistemática, en forma coherente, en forma orgánica. Reitero que es conveniente tener en vista este argumento de la técnica legislativa al momento de votar el artículo. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, francamente no entiendo a los colegas de Renovación Nacional por las prevenciones que formulan respecto de este artículo 4e. Su texto es bien claro. Señala tres hipótesis o casos de estudiantes favorecidos por condonaciones de crédito fiscal: en primer término, los excluidos por razones políticas; luego, los hijos de las víctimas establecidas por la Comisión Verdad y Reconciliación y, por último, los incapacitados física e intelectualmente. Y en técnica legislativa es perfectamente válido, y es un procedimiento usualmente seguido, el que un mismo artículo consagre tres hipótesis diferentes que se refieran a una misma materia. Si seguimos el criterio planteado por los colegas de Renovación Nacional, en el sentido de impedir que en un mismo artículo podamos señalar más de una hipótesis, más de una causal, francamente, no sé cómo podríamos legislar en este Parlamento. Por otra parte, si mal no recuerdo, el colega Navarrete señaló que no quedaba claro quién es la autoridad que otorgará esta condonación. Pero, sí lo señala expresamente el artículo 4° al comienzo: "El Tesorero General de la República y los Administradores de los Fondos de Crédito Universitario,...". Y lo mismo, se vuelve a reiterar en el inciso segundo del artículo 4° de manera que la autoridad o el funcionario o la persona o el organismo encargados de otorgar las condonaciones están expresamente contemplados en la ley. De suerte que la objeción que se formula en ese sentido, obviamente, también carece de validez. Ahora, el que en una ley, cuyo objeto es reprogramar las deudas del crédito fiscal universitario se establezcan tres situaciones distintas de alumnos que se verán favorecidos por ella, me parece un hecho lógico que, obviamente, está dentro de las ideas matrices y fundamentales del proyecto. Es preferible que la referencia a los hijos de las víctimas establecidas por la Comisión Verdad y Reconciliación se haga precisamente en esta ley y no en otra futura que no sabemos si este Congreso aprobará o no. Incluso, ignoramos cuándo la conocerá. Pero, el problema es otro. Sería bueno que, de una vez por todas, los colegas de Renovación Nacional se pronuncien sobre él, puesto que, como dicen en mi tierra, "están orillando el tema" y dando argumentaciones de forma, a mi modo de ver, sobre la base de sofismas; pero que insinúen algo que sea importante que la ciudadanía sepa. ¿Quieren que los estudiantes universitarios, que fueron excluidos por razones políticas, gocen o no de este beneficio? ¿Quieren que los hijos de las víctimas, a que hace referencia la Comisión Verdad y Reconciliación, tengan o no este beneficio? Ese es el problema de fondo, señor Presidente, y sobre él como parlamentarios, nos corresponde pronunciamos. Por tales razones, los Diputados radicales votaremos favorablemente. Lo contrario es tratar de eludir el tema con argumentaciones -a mi modo de ver- especiosas que solamente confunden a esta Honorable Cámara y a la ciudadanía. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, cada vez que se trate de hacer justicia a quienes sufrieron en el Gobierno pasado, nos encontramos con los planteamientos o dudas de algunos señores parlamentarios que esgrimen el argumento de "razones políticas", como si esos términos significaran una pantalla para actuar en la ilegalidad, en circunstancias de que hoy queremos, precisamente, reparar y hacer justicia en algo que se hizo en el Gobierno pasado. Las mismas aprensiones de "razones políticas" las hemos escuchado y leído, incluso, en escandalosos titulares; en el análisis de los muertos de la Comisión Rettig se dan argumentos incluso, de que "por algo murieron". Es así como una parlamentaria, compañera nuestra en este Congreso, se ha querellado contra una alta autoridad del régimen, pasado, quien manifestó que el asesinato de su hijo "debió haber sido por alguna causal". De manera que cada vez que en este Parlamento busquemos fórmulas para reparar el dolor, la injusticia y la persecución, nos encontraremos con estas aprensiones. Nos parece mezquino el argumento señalado, cuando ya se ha investigado que son 150 los alumnos que se encuentran en estas condiciones, antecedente que ha sido entregado por los propios rectores de las universidades donde ocurrieron estas atrocidades al intelecto, simplemente, por haber sostenido un pensamiento, un ideal Un presupuesto mínimo para lo que significó, en cuanto a castración del desarrollo, del porvenir al que cada uno de estos chilenos tenía derecho absoluto. Por lo demás, resulta aberrante que se quiera confundir y "orillar", como decía mi colega Campos, cuando en el inciso segundo del citado artículo se señala que será el Ministerio de Educación, con los señores rectores, los que determinarán la fundamentación en cada casó que corresponda. Por eso, señor Presidente, como Diputado socialdemócrata, también anuncio mi voto en apoyo del referido artículo, en la forma como está redactado. Muchas gracias. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ribera. El señor RIBERA.- Señor Presidente, hemos sido aludidos por algunos señores parlamentarios en términos de que habíamos sacado algunas argumentaciones con el fin de ganar tiempo o escabullir el tema. Creemos que ese no se atiene completamente a nuestra opinión, a nuestra voluntad como bancada, sino, por el contrario, que el tema es serio, tiene que ser discutido; pero no con argumentos emocionales, sino racionales. Esta Cámara no está para ganar votos; está para legislar; para regular situaciones cometidas en el pasado y que esperamos que nunca más se cometan en el futuro. Ahora bien, señor Presidente, está muy claro que corresponde a la facultad del Presidente de la República, es una materia privativa de él enviar el proyecto de ley cuyo objeto sea reparar aquellas situaciones de injusticia cometidos en el pasado. Por tanto, no puede atribuirse a la Oposición el hecho que quiera escabullir el debate si el Presidente de la República, hasta el momento, no ha enviado el proyecto de ley. Hemos argumentado -y lo seguimos haciendo- que consideramos de mejor técnica jurídica que en una sola ley, en forma orgánica y coherente, se regulen todas las situaciones jurídicas que el Gobierno estima necesario establecer en beneficio de determinadas personas; pero no consideramos conveniente que en leyes individuales se establezcan, caso a caso, normas de excepción en beneficio de determinadas personas. Señor Presidente, quiero decirles muy claramente a los colegas que se han referido a este tema, que somos partidarios de indemnizar a todas las víctimas de la violencia política y no sólo a algunas de ellas, sin considerar el período cronológico en que esas personas hayan sufrido las violaciones a sus derechos humanos. Esa es nuestra postura que anteriormente manifestamos con claridad y reiteramos en esta Sala. Y esperamos que el Presidente de la República, en quien recae la responsabilidad de enviar al Congreso Nacional la ley respectiva, lo haga con premura y con altura de miras. Señor Presidente, con su venia, el Diputado señor Alessandri Balmaceda me ha solicitado una interrupción. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, solamente para recordar que, en relación, con este proyecto sobre reparación a los familiares, fue, precisamente, el Presidente de esta Corporación quien le solicitó al Presidente de la República, mayor plazo para estudiarlo, y él lo analizó con familiares e, incluso, con la participación de otros parlamentarios de la Concertación. Con ello, queda claramente demostrado que en ningún caso queremos objetar al Diputado Campos o a las personas que lo antecedieron en el uso de la palabra, en cuanto a la necesidad de estudiar este proyecto; por el contrario, tuvimos una posición pública bastante clara en relación a él. Incluso, comprometimos los votos de Renovación Nacional para tratar de sacarlo lo antes posible, para que se tramitara con suma urgencia. Pero, en este momento, ése no es el tema en discusión. Se está, perfeccionando un proyecto; pacientemente, esperamos que ingrese para discutirlo con la misma suma urgencia con que pretendimos hacerlo en el pasado. Pero, me sumo, señor Presidente, a las palabras expresadas por el Diputado Ribera agregando ¿Qué pasaría, por ejemplo, el día de mañana con los hijos de deudores hipotecarios, o con los hijos de deudores de cuentas de agua? Creo que éste es un tema bastante delicado. Hay que centralizarlo, Diputado Estévez. Gracias. El señor DUPRE (Vicepresidente).- El Diputado señor Estévez solicita una interrupción al Diputado señor Ribera, quien está con el uso de la palabra. El señor RIBERA.- Por supuesto, señor Presidente, los Diputados de la bancada de la Derecha siempre hemos sido muy caballerosos en esta materia; siempre; sin excepción. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Esté- vez. El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, deseo solicitar que no se coloque en el mismo plano a los hijos de los ejecutados o de los desaparecidos con los hijos de deudores de algún tipo de cuentas, porque se pierde el sentido de un hecho que tiene una trascendencia moral que, indudablemente, golpea la conciencia de todos los chilenos. Muchas gracias por su interrupción, colega. El señor DUPRE (Vicepresidente).- El señor Ribera recupera el derecho a la palabra. Queda un minuto. El señor RIBERA.- Señor Presidente, el Diputado señor Alessandri nuevamente me ha pedido una interrupción. Con su venia, se la concedo. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, el Diputado señor Estévez me mal entendió o me expliqué mal. Son situaciones absolutamente distintas. En ningún momento quisimos comparar. Por el contrario, el tema apunta en el sentido de estudiar la situación de hijos de desaparecidos que hoy día asuman cuentas o deudas hipotecarias. A ellos también habría que ayudar de alguna manera. O sea, que se mire esto como un todo; no solamente la parte educacional, etcétera. Esa era la intención; en ningún momento mezclar. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, es atendible el argumento de la técnica jurídica que esgrime el Diputado señor Ribera, siempre y cuando este proyecto no estuviera en trámite desde el 9 de agosto. La representación de Renovación Nacional ha tenido largos meses para contribuir a mejorar este proyecto desde el punto de vista de la técnica jurídica. De modo que es una argumentación extraordinariamente frágil la de nuestros colegas, que más bien hace pensar que quieren asumir la idea -que, por cierto no compartimos- que su Presidente expresó en una frase desafortunada, cual es que "el execrable y categóricamente condenable asesinato del Senador Jaime Guzmán ha sepultado el Informe Rettig". En realidad, la situación del país no lo permite. Y, al respecto, le quiero señalar al Diputado Navarrete que podemos hacer una larga lista, e, incluso, una convocatoria a una larguísima nómina de estudiantes que fueron expulsados, los que podrían concurrir a esta Sala con su propio decreto de expulsión. Es decir, es perfectamente ubicable y definible el tipo de beneficiarios que se establece en esta ley. Los tres tipos de casos citados aquí corresponden a una acción de violencia indiscriminada que vivió el país en un determinado período de su historia. Y, en consecuencia, no es que aquí haya un problema de falta de técnica jurídica; sino que es el carácter de la represión del régimen anterior quien ha determinado que existan distintos tipos de víctimas, o de familiares de víctimas, que fueron perjudicados en sus derechos más esenciales. De modo que, desde el punto de vista de fondo, ratificamos la justicia de este artículo. Con su venia, señor Presidente, deseo dar una nueva interrupción al Diputado Estévez. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Estévez. El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacer un llamado al colega Ribera y al colega Alessandri, a pensar nuevamente sobre este punto, por cuanto lo que está en juego es algo bastante trascendente que ha afectado a chilenos de un modo muy profundo. En esta Cámara de Diputados, señor Presidente, todos los sectores hemos estado en la posición -lo que se explica por su sensibilidad ante el dolor producido por la violación a los derechos humanos- de que sean considerados los aspectos de reparación de todas las víctimas de este proceso que ninguno de nosotros quiere que se repita. Evidentemente, considero discutible, el argumento de que esto podría incluirse en la otra ley. Si estamos de acuerdo en que debe considerarse en un proyecto de ley, en éste o en otro, pronunciémonos sobre el fondo. Tal vez, este criterio no es compartido en el Senado de la República, eventualmente; pero en esta Cámara, quizás por su misma mayor disposición al dialógo sobre estos temas, hemos tenido, hasta ahora, la capacidad de asumir en común este enfoque. Si cuando se habla de las "otras víctimas", se refieren a miembros de las Fuerzas Armadas que murieron o a quienes fueron afectados por acciones de violencia provocadas por personas de Izquierda, estimo que ellos o sus familiares, en general han tenido una reparación. Ha existido agilidad y eficacia de distintas corporaciones o instituciones para otorgarla. Eso me parece muy bien. Lo que en realidad falta es una reparación para quienes fueron víctimas de actuaciones de agentes del Estado. Respecto de los estudiantes -como lo ha señalado el Diputado señor Escalona y aunque le parezca increíble al Diputado señor Navarrete-, hubo personas, particularmente en el ex Pedagógico, a las que directamente por razones políticas, se les impidió acceder al crédito fiscal. Así lo establece el decreto o la normativa administrativa que se dictó. Por lo tanto, no es una entelequia ni una frase dicha al pasar, ni tampoco se pretende irritar a nadie, sino que busca solucionar un problema muy concreto que existe y está puesto de esta manera. Por esta razón, por su intermedio, solicito a los colegas de Renovación Nacional que -pese a que tengamos y mantengamos una diferencia sobre la oportunidad o la mejor forma en que esto podría especificarse-, concordemos con el fondo del asunto, obviemos el aspecto menor, que, aunque relevante, sin duda, no tiene la misma trascendencia, como una forma de que esto tenga el respaldo de toda la Cámara. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra los señores Bombal y Villouta. Pero, de conformidad con los acuerdos adoptados por la Corporación, ha llegado la hora de término del debate de este proyecto y del Orden del Día, por tanto, y de iniciar la votación. Si le parece a la Sala, se les concederá el uso de la palabra. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Bombal. El señor BOMBAL.- Gracias, señor Presidente. El debate se ha ido desviando hacia una materia que no constituye lo medular del proyecto de ley, respecto de la cual, sin duda, en lo futuro llegaremos a muchos acuerdos para reparar aquello que puede haber causado daño a uno u otro sector de la sociedad. Específicamente en este artículo nos asalta la duda, y por esa razón nos abstendremos, no obstante nuestro interés en contribuir en todo lo que sea necesario para reparar el dolor o daño sufrido por algunas personas. No nos queda tan clara esta disposición en cuanto a que el Tesorero General de la República y los administradores de fondos de créditos universitarios -según se trate de unos u otros créditos-, estarán facultados para condonar. No se precisa, ni se acota bien. Como no necesariamente debemos agotar el estudio del proyecto en esta Cámara, quisiera que lo revisara el Senado y procediera a pulir esta atribución, ya que es muy delicado que, de pronto, el Tesorero General de la República, se vea abocado a adoptar una decisión que invada el campo propio y autónomo de una universidad. Por desgracia, no afinamos suficientemente este artículo para fijar, en forma clara las facultades que se conceden, las que, incluso, en algunas oportunidades se entrecruzan con resoluciones o nóminas que entrega el Ministro de Educación. Para buscar una mayor precisión en este artículo y señalar nuestra inquietud por el punto en la historia de esta ley, nos abstendremos en- este artículo. En todo caso, reitero, nuestro ánimo es contribuir a que el inciso primero sea enmendado; pero como ésta no es la última ni la única instancia en que ello puede efectuarse, pensamos que el Senado podrá precisarlo. He dicho El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, los puntos que estamos discutiendo en este momento fueron ampliamente debatidos cuando se formuló la indicación en la Comisión de Educación. Imagino que sucedió lo mismo cuando se presentó en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, creo que no podemos esperar el envío del proyecto de reparación a las víctimas para solucionar este problema. Sabemos positivamente, por informaciones de prensa, que los familiares de los desaparecidos y de las víctimas no aceptaron el anteproyecto que se les entregó y que se iba a despachar al Congreso. Ello significa que puede pasar un buen tiempo para eso: uno o dos meses; después viene la discusión, que también es larga, lo que es fácilmente demostrable, porque estamos ante un proyecto que lleva prácticamente siete meses de tramitación. Pero hay un hecho cierto: existen personas que deben estos créditos, y, en este momento, muchas de ellas son objeto de apremio por el no pago de esta deuda vencida. Por lo tanto, necesitan que este proyecto los incluya para resolver la situación que los preocupa; sobre todo porque sus bienes pueden ser embargados, además de sufrir otras consecuencias que aparecen cuando "llega la negra", como se dice cuando existen dificultades. Es conveniente que esto sea aprobado tal como viene, y en el proyecto que se propondrá se consideren otras situaciones que son totalmente diferentes a éstas, que implican procedimientos de apremio, de protesto de documentos, etcétera. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Cerrado el debate. En votación la indicación consignada en la letra e) de la página 7 del informe de la Comisión de Educación, que propone sustituir, en el inciso primero, la frase "Ministerio de Educación" por "Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.", que fue rechazado por unanimidad en la Comisión. Si le parece a la Sala, se rechazará por unanimidad. Rechazada. En votación la indicación consignada en la letra f), que consiste en introducir las siguientes modificaciones al inciso primero: 1°- Suprimir la frase "para lo cual se requerirá de la conformidad previa del Ministerio de Educación.", la que fue rechazada por unanimidad, con 5 votos en contra y una abstención; y 2°.- Intercalar, a continuación de las palabras "razones políticas" la frase: siempre y cuando no sean reincorporados al 31 de marzo de 1992.". Esta última fue rechazada por mayoría de votos. - Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Rechazada la indicación. En votación la indicación de la Comisión de Hacienda, consistente en suprimir, en el inciso segundo del artículo 4° después de la frase “... Intelectualmente incapacitados en forma permanente para trabajar”, la siguiente: "...por causa sobreviniente al momento de hacerse efectiva la obligación del pago de la primera cuota de la deuda". El señor SCHAULSOHN.- La indicación es del Ejecutivo y fue respaldada por la Comisión de Hacienda. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Efectivamente. Así se señala en el informe. El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Por qué no lee el inciso con la indicación propuesta, para ver cómo queda. El señor DUPRE (Vicepresidente).- No podría, porque hay otra indicación. Quiero despejar las indicaciones una tras otra. El texto del artículo dependerá de las indicaciones que se aprueben. Después se dará cuenta, señor Diputado, de que hay razones para ello. En votación la indicación señalada. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobada. A continuación -y con esto respondo al Diputado señor Muñoz Barra-, se propone intercalar, en reemplazo de la frase suprimida, entre "...en forma permanente para trabajar,", y "...circunstancia que deberá ser debidamente acreditada por el servicio de salud correspondiente a su domicilio", lo siguiente: "...por causa sobreviniente al otorgamiento del crédito fiscal universitario,". El señor BOMBAL.- Señor Presidente, una moción de orden. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor BOMBAL. - Parece que hay un error. Estamos votando prácticamente sobre lo mismo. Las dos indicaciones que se han votado resultan contradictorias. El señor DUPRE (Vicepresidente).- No es lo mismo, señor Diputado, suprimimos la frase "por causa sobreviniente al momento de hacerse efectiva la obligación del pago de la primera cuota de la deuda.", y lo que se propone reemplazar es la frase "por causa sobreviniente al otorgamiento del crédito fiscal universitario". El señor MUÑOZ BARRA.- Los mismos parlamentarios que votaron la indicación anterior. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Está cerrado el debate, señor Diputado. En votación la indicación de la Comisión de Hacienda. - Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 18 abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Aprobada la indicación. Hay una indicación de los Diputados señores Rojo, Bosselin y Concha - se requiere la unanimidad para aprobarla- cuyo objeto es agregar, en el inciso segundo del artículo 4° la siguiente frase: "Igual beneficio se podrá conceder a la persona que efectivamente esté concurriendo a pagar la deuda". ¿Habría unanimidad en la Sala para aprobar esta indicación? No la hay. Rechazada.- E1 señor MUÑOZ BARRA.- Quiero plantear un asunto reglamentario. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor MUÑOZ BARRA.- No quiero abusar de su generosidad, tan reconocida, pero me gustaría que se diera lectura al artículo con las dos indicaciones que fueron aprobadas. El señor DUPRE (Vicepresidente).- El señor Secretario le dará lectura. Previamente quisiera informar a la Sala, en atención a que todavía nos queda una materia por resolver, que en este artículo se solicita votar en forma separada la frase: "que hubieren sido excluidos de dichas instituciones por razones políticas". No hay acuerdo para tal efecto. Me informa el señor Secretario que, reglamentariamente, los señores Diputados tienen derecho a pedir votación separada. Por lo tanto, se procederá de esa forma. La Mesa propone votar el artículo 4°, sin la frase. Posteriormente, se someterá a votación la frase correspondiente. El señor RINGELING.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor DUPRE (Vicepresidente).- Siempre que se trate de materia reglamentaria, porque no corresponde la discusión. Tiene la palabra, Su Señoría. El señor RINGELING.- Sí; estrictamente sobre materia de Reglamento. Para clarificar el asunto, debo informar que el objeto de pedir la votación en forma separada es porque aquí hay dos conceptos distintos: uno, la condonación de deudas derivadas del crédito fiscal a aquellas personas que hayan sido excluidas por problemas políticos, y dos, la condonación de las deudas de los que sean hijos de víctimas establecidas en la Comisión Verdad y Reconciliación. Queremos hacer esta separación, por cuanto ha quedado claro en la Sala que Renovación Nacional, en el caso de las personas excluidas por problemas políticos, ha dicho que está de acuerdo, siempre que se acote; pero nosotros nos abstendríamos. En el caso de los hijos de víctimas, establecidos en el informe de la Comisión Rettig, nos oponemos a la inclusión, no por no querer reparar el daño causado... El señor DUPRE (Vicepresidente).- No entremos en debate, señor Diputado. El señor RINGELING.- ...sino, simplemente, porque estimamos que deben estar en un solo cuerpo legal. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En votación el artículo sin la frase, que se votará posteriormente, "que hubieren sido excluidos de dichas instituciones por razones políticas y de los estudiantes de estas instituciones", cuyo desglose ha sido solicitado. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio porque, de otra manera, no vamos a poder votar. La Mesa va a explicar en qué consiste la situación, se ha solicitado el desglose de una frase por consiguiente, vamos a votar el artículo 42, sin la frase "que hubieren sido excluidos de dichas instituciones por razones políticas y de los estudiantes de estas instituciones", la cual se votará después. El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, ¿Me permite? Es un asunto de Reglamento. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor SCHAULSOHN.- Le ruego que tenga la amabilidad de pedir al señor Secretario que lea el artículo 144 del Reglamento, del cual se desprende que la solicitud de división de la votación es improcedente en este instante, por cuanto se debe pedir antes del cierre del debate. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se solicitó antes del cierre del debate. El señor SCHAULSOHN.- Es decir, la Mesa la dio a conocer después, pero se pidió antes. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Exactamente. Ello, porque en este artículo hemos venido resolviendo indicación por indicación. El señor SCHAULSOHN.- Está bien. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En votación el artículo, sin la frase señalada. El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor MARTINEZ (don Juan).- Me gustaría saber qué se va a votar a continuación. ¿Exclusivamente la frase? El señor DUPRE (Vicepresidente).- Sí, la frase. El señor MARTINEZ (don Juan).- No el artículo con la frase, sino solamente ésta. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Vamos a proceder a votar el artículo sin la frase, puesto que ha sido solicitada su exclusión. Lo otro que podríamos hacer, si le parece más claro a la Sala, es votar primero la exclusión de la frase, y luego el artículo completo. El señor RINGELING.- Por eso pedí la palabra para exponer cuál es la idea de votación separada. Como los Diputados de Renovación Nacional tienen una posición distinta, creo preferible que se vote el artículo con exclusión de la frase sobre los hijos de las víctimas establecidas en el informe emitido por la Comisión Verdad y Reconciliación -en eso tenemos una posición- y que después se vote la otra parte, sobre la cual tenemos un criterio distinto. El señor DUPRE (Vicepresidente).- La Mesa está proponiendo que primero se vote la frase a que se ha dado lectura, para determinar si se acepta o se rechaza, y luego que votemos el artículo completo. El señor MUÑOZ BARRA.- Deseo hacer presente un asunto de Reglamento, señor Presidente. La proposición que está haciendo la Mesa es la más clara y coherente, en el sentido de votar, primero, el artículo sin la frase a que se refieren los colegas y, posteriormente, el artículo con ella. Ese es el camino más claro. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En votación, entonces, la frase que se ha pedido excluir. - Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Rechazada la exclusión de la frase. En votación el artículo 4° con la frase. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Aprobado el artículo 4° El señor Secretario dará lectura al artículo 4a con las indicaciones al inciso segundo. El señor LOYOLA (Secretario accidental).- El inciso segundo del artículo 4° queda redactado en los siguientes términos: "Asimismo, el Tesorero General de la República y los Administradores de los respectivos Fondos de Crédito Universitario estarán facultados para condonar las deudas de crédito fiscal universitario a quienes se encuentren física o intelectualmente incapacitados en forma permanente para trabajar por causa sobreviniente al otorgamiento del crédito fiscal universitario, circunstancia que deberá ser debidamente acreditada por el Servicio de Salud correspondiente a su domicilio.". El señor DUPRE (Vicepresidente).- En votación el artículo 5°. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, O voto. Hubo 3 abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Aprobado el artículo 5°. El señor MUÑOZ BARRA - Señor Presidente, ¿el resto de los artículos tiene indicaciones? El señor DUPRE (Vicepresidente).- No, señor Diputado. El señor MUÑOZ BARRA.- No sería posible, entonces, votar los artículos en conjunto, ya que no hay debate ni indicaciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Hay que votar artículo por artículo. Ese ha sido el acuerdo, salvo que ahora hubiera unanimidad para votarlos en conjunto. Varios señores Diputados.- No. El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo. En votación el artículo 6°. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobado. En votación el artículo 7°. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobado. En votación el artículo 8°. - Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Aprobado el artículo 8°. Despachado en general y en particular el proyecto. Terminada la discusión del proyecto. Hago presente a la Sala, para dejar constancia de ello en acta, que los señores Diputados José Peña Meza y Dionisio Faulbaum se abstuvieron de opinar y de votar en este proyecto, porque son deudores del crédito fiscal universitario. 4.- COMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE COMITES. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Como el Orden del Día venció a las 18.18 horas, se ha solicitado el asentimiento de los Jefes de Comités para llevar a cabo los acuerdos que se habían adoptado en la sesión de Comités de las 15 horas. En consecuencia, se propone lo siguiente: primero, para cumplir con la Ley Orgánica Constitucional, discutir durante veinte minutos, en general, el proyecto de ley sobre catástrofe y sismos y, luego, votarlo en particular, sin más discusión. Segundo, discutir en el primer lugar de la Tabla de la próxima sesión ordinaria el proyecto relativo a las juntas de vecinos. Hay acuerdo de todos los Jefes de Comités. Si le parece a la Sala, así se procederá. Acordado., 5.- MODIFICACION DE LA LEY N9 16.282 SOBRE ZONAS AFECTADAS POR SISMOS O CATASTROFES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En discusión en general y particular el proyecto de ley que modifica la ley 16.282, que fija disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes. - El proyecto de ley, impreso en el boletín N° 336-06, aparece inserto en el Boletín de Sesiones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jara. El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, en la Quinta Región, en la provincia de San Felipe, está la comuna de Putaendo; sin embargo, no todo el valle de Putaendo está incorporado en la zona de catástrofe, que el Gobierno ha declarado a propósito de la sequía. Y es así como en definitiva, la cuenca sur del valle de Putaendo está fuera de los beneficios que la ley de catástrofes está dando al resto del campesinado, de los agricultores de la zona, de la calle Ortiz hacia el sur, porque esa gente pertenece a la comuna de San Felipe desde el punto de vista de la competencia administrativa. El tema tiene relevancia, porque en este momento los agricultores del valle más afectado por la sequía no pueden postular a los concursos de riego especiales, precisamente destinados para estos efectos, en zonas de catástrofes. En segundo lugar, el crédito que otorga Indap para auxiliar a los agricultores por la sequía, con tasas preferenciales, tampoco lo pueden utilizar. De hecho, por ejemplo, el día sábado, la Comisión de Sequía, encabezada por el Gobernador local, otorgó más de un centenar de créditos con tasas preferenciales y estas personas no pudieron postular. En tercer lugar, la aplicación integral del artículo 8° de la ley NQ 16.282, respecto a la suspensión de los remates en los juicios ejecutivos para aquellas personas que tienen deudas en los tribunales y que están en situación de catástrofe por sequía, tampoco opera para ellos. En cuarto lugar, conforme al decreto del Ministerio del Interior, que se está tramitando en la Contraloría General de la República, respecto a condonación de intereses, reajustes y multas de impuestos, tampoco pueden acceder a la prórroga de impuestos en cuanto a fijar nuevas fechas para sus pagos hasta por 360 días. Tampoco pueden ser beneficiados con la autorización de retasaciones de las propiedades raíces para los efectos que ellas tengan un valor relevante respecto al agua y no solamente a la tierra y, en ese sentido, bajarla en esa zona proporcionalmente. Finalmente, tenemos conocimiento de que próximamente el Ejecutivo enviará un proyecto de ley o, por lo menos, una indicación respecto a las parcelas Cora, que tanto sus adquirentes originarios como sus segundos o terceros adquirentes tendrán la posibilidad de prorrogar el pago correspondiente a junio de 1991 hasta el final del período que a cada uno de ellos les corresponde. Esas garantías no pueden ser utilizadas por estas personas. En consecuencia, una ley de carácter general, que modifique la normativa de la ley N° 16.282 e incluya no solamente comunas como la base para discernir respecto a la catástrofe, sino también zonas de otras comunas que, en términos generales no tengan necesidades de declararse completamente en sequía, es una cuestión que interesa al valle de Putaendo. Por lo tanto, esta indicación del Ejecutivo nos parece más que conveniente, porque sabemos que en otros lugares del país también están en la misma situación. Por esta razón, junto con anunciar nuestros votos favorables solicitamos a todos los Honorables Diputados, que, sin más trámite, aprueben este proyecto de ley, ya que las características de la situación de sequía requiere un pronto pronunciamiento de los poderes públicos. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga. El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, en la sesión en que se analizó el problema de la sequía que afecta al norte y centro del territorio nacional, distintos parlamentarios solicitaron considerar parte de algunas comunas como zonas de catástrofe, especialmente, en el secano costero de la Sexta Región y en algunas comunas del norte que no han sido declaradas zonas de catástrofes. Estimamos que esta disposición legal, que hoy se discute en esta Cámara, viene a llenar un vacío que había dejado la ley N° 16.282; por consiguiente, la iniciativa es altamente positiva. Por otra parte, facultar al Presidente de la República para prorrogar por un período de doce meses más las normas sobre catástrofe, en aquellas comunas que por la gravedad de los hechos así lo requieran, significa una forma bastante dinámica y ágil para solucionar los problemas de los que viven en zonas afectadas del país. En consecuencia, los Diputados de Renovación Nacional votaremos favorablemente el proyecto. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Campos. El señor CAMPOS.- En forma breve quiero decir que este proyecto no se refiere a comuna o zona específica, sino que es una norma de carácter general. En el fondo plantea algo muy lógico: la declaración de zona de catástrofe de áreas territoriales del país y no, exclusivamente, de comunas, como ocurre en la actualidad con la ley Ne 16.282. Ello por una razón obvia, porque la determinación del territorio de las comunas obedece a criterios geográficos políticos y, naturalmente, la ocurrencia de catástrofe no respeta los límites políticos de una zona o área determinada. Por esta razón, para que esta ley sea más efectiva, es necesario cambiar el criterio. Esta materia ya había sido advertida por la Honorable Cámara, y, si mi memoria no me engaña, ya hubo hasta un proyecto de acuerdo que fue aprobado unánimemente en la Sala. De manera que al enviar el Ejecutivo este proyecto de ley, no está más que haciéndose eco de lo que, en su oportunidad, los parlamentarios habíamos señalado sobre este punto. Por tales razones, y siendo una norma de carácter general -reitero- y absolutamente lógica, los Diputados radicales y el socialdemócrata, votaremos favorablemente. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier. El señor LETELIER.- Muy breve, señor Presidente. Consideramos que el proyecto es muy oportuno. Corresponde a normas generales y no debe ser interpretado para abordar un problema puntual como es la sequía, que, sin duda, si hubiera existido esta ley aprobada en estos términos, previos a estos tres últimos años, las políticas que hoy se están implementan- do, quizás, habrían sido más expeditas en ciertas materias; particularmente, porque hay comunas en las que si bien la totalidad no está afectada por la crisis, sí hay localidades que se ven sumamente afectadas. Pero, más allá del problema de la sequía, ha habido otras situaciones, como es el caso de los terremotos, en las cuales por no contar aún a la fecha con este tipo de disposiciones, hay sectores de comunas golpeadas por el terremoto del 85 que no han logrado, o no lograron más bien, en esa época, ningún tipo de apoyo sistemático, como el caso de dos comunas: de Machalí y Rengo, algunos de cuyos sectores fueron totalmente destruidos en esa oportunidad. Consideramos muy pertinentes estas modificaciones. Por lo tanto, daremos nuestro apoyo favorable al proyecto. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez. El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- Señor Presidenta, queremos manifestar nuestra posición favorable a este proyecto de ley, porque es muy importante para nosotros esta modificación que flexibiliza y posibilita el que algunos sectores que están siendo afectados por la sequía, tengan acceso a los beneficios que produce esta modificación. Es el caso en particular del distrito que represento, donde fue dejado al margen un sector bastante populoso de pequeños agricultores de las localidades de Calle Ortiz, Barrancas, Bellavista, 21 de Mayo, El Asiento, sectores que se han visto duramente golpeados por la sequía y que, por formar parte de la comuna de San Felipe y ésta no haber sido declarada zona de catástrofe, habían quedado marginados de los beneficios que se entregan como consecuencia de la aplicación de esta ley. De allí, entonces, que esta situación la recibimos con especial beneplácito, y no solamente nosotros expresamos esta satisfacción, sino también los habitantes de los sectores ya nombrados, quienes tendrán la posibilidad cierta de acceder a estos beneficios. Por otro lado, sería bueno consignar que no bastan precisamente -y así se lo hacía notar a los señores Ministros de Agricultura y de Obras Públicas en la Comisión Especial donde tratamos el problema de la sequía- estas buenas intenciones, sino que también es necesario que las personas que deben aplicar toda la normativa vigente, para solucionar los pro- blemlas que afectan a nuestros compatriotas, lo hagan sobre la base de tres factores: oportunidad, eficacia y eficiencia. Aprovecho, por lo tanto, junto con dar nuestro apoyo a estas modificaciones, de reiterar una vez más que se dé cabal cumplimiento a esos tres factores para que, en definitiva, la legislación que hoy día está vigente, más el cuerpo legal que modificamos, no se transformen en letra muerta, sino que, por el contrario, sean muy efectivos. Alguien sostenía, certeramente a mi juicio, que la sequía no se combate con palabras; por lo tanto, espero que pasemos de las palabras a los hechos. Gracias, señor Presidente. El señor ROJO.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor ROJO.- Señor Presidente, estamos discutiendo aquí una materia que nos crea determinadas dudas. El N° 4 expresa: "Agrégase en el inciso primero del artículo 19; a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), el siguiente párrafo: "Por decreto supremo fundado, el Presidente de la República podrá extender este plazo hasta por igual período". Como se está refiriendo al plazo de la declaración que contiene la ley que le dio vigencia, esto es, que se declare en estado de zona de catástrofe o zona especial, y es por un plazo determinado, habría que sustituir, en tal situación la expresión "decreto supremo fundado" por "decreto con fuerza de ley", de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Señor Diputado, a mí me parece también que se trata aquí de una facultad delegada en el Presidente de la República, de modo que, efectivamente, correspondería la expresión "decreto con fuerza de ley". Si hay una indicación en ese sentido, después la podemos ver en particular. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si les parece a los señores Diputados, podríamos votar el artículo único con su encabezamiento, más los números 1, 2, 3 y 5, y dejamos para una segunda votación la del número 4. El señor SCHAULSOHN.- ¿Me permite, señor Presidente? No entiendo el procedimiento que se está proponiendo respecto de la segunda votación. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se trata de recoger la observación del Diputado señor Rojo, don Hernán, de sustituir la expresión "decreto supremo fundado" por "decreto con fuerza de ley". Para recoger eso, salvo que hubiese unanimidad de inmediato, debiéramos votar las otras materias que no han sido objeto de indicaciones, despacharlas y, luego, votar el número 4, porque podría generarse una situación distinta. El señor SCHAULSOHN.- Perdón, ¿usted dice ahora mismo, dentro del plazo? El señor DUPRE (Vicepresidente).- Por supuesto; está acordado despachar el proyecto en esta sesión. En votación el artículo único, con su encabezamiento y los números 1, 2, 3 y 5. Si le parece a la Sala, se dará por aprobados. Aprobados. En votación el número 4, con la indicación del Diputado don Hernán Rojo, para sustituir la expresión "decreto supremo fundado" por "decreto con fuerza de ley". Si le parece a la Sala, se dará por aprobado. Aprobado. Aprobado en general el proyecto. Como no ha sido objeto de otra indicación, queda aprobado también en particular. Despachado el proyecto.  INCIDENTES 6.- DIFICULTADES EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ISLA DE CHILOE. OFICIOS. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En la hora de Incidentes, el primer tumo corresponde al Comité de Renovación Nacional. El señor PEREZ (don Juan Alberto).- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor PEREZ (don Juan Alberto).- Señor Presidente, en la sesión 14a., del 10 de julio del año recién pasado, hice referencia a la vulnerabilidad del actual complejo sistema de suministro eléctrico de la Isla de Chiloé, que inicia su recorrido con el cruce del Canal de Chacao, mediante un mecanismo de cables submarinos. Tal referencia se debe a lo ocurrido en noviembre y diciembre de 1985. Di a conoce el alto costo de reposición y mantención que implica, el cual pagamos todos los habitantes de la provincia mediante nuestros consumos residenciales, comerciales e industriales. Agregué antecedentes sobre los recursos hidráulicos preevaluados por Endesa-Corfo y di a conocer varios análisis estadísticos que permiten sostener que el actual sistema podría colapsar a corto plazo. Pero, fundamentalmente, hice referencia al riesgoso sistema de toda la isla, al ser abastecida por este verdadero cordón umbilical que son los cables submarinos del Canal de Chacao, única alternativa para alimentar los 7.500 kilovatios que se consumen en toda la provincia. El 30 de marzo recién pasado y a sólo seis años de la reposición total del sistema de cables, cambio de diseño, trazado y mayor mantención por parte de Endesa, uno de los cuatro cables energizados falló sin aviso previo, dejando sin suministro durante nueve horas a toda la Isla de Chiloé. La empresa distribuidora tuvo que hacer operar, entonces, sus grupos de emergencia y, con sus equipos humanos, reenergizar los tres cables restantes, hasta reponer el 100 por ciento del servicio eléctrico, con todas las agravantes y dificultades que esto provoca. Tal situación afectó, desde la dueña de casa hasta el industrial pesquero, a quien la energía resulta vital para el procesamiento de sus productos perecibles, tanto en su fase de manipulación, como en la mantención de cámaras frigoríficas. Chiloé, entre 1990 y 1991, sólo en el área del salmón del Pacífico y del Atlántico, exportó productos por valores superiores a los 60 millones de dólares. Los habitantes de la provincia creemos que esta falla ha sido la fase terminal de las dificultades que sufre la isla con el suministro. Los cortes de energía inesperados son usuales y frecuentes. Por ejemplo, en enero se produjeron nueve cortes no programados; en febrero, siete; en marzo, trece, constituyendo, a nuestro juicio, un "récord" quizás nacional. Ante tan frecuente incertidumbre en el suministro, casi todas las empresas han tenido que efectuar cuantiosas inversiones en grupos electrógenos que, en algunos casos, constituyen un porcentaje alto de su patrimonio, inversión ésta de baja rentabilidad. ¿A quién, entonces, señor Presidente, compete la responsabilidad legal de entregar la energía eléctrica? ¿Es un servicio que se vende con estos imponderables? ¿Podrá, responsablemente, decirse que se espera un mayor y progresivo crecimiento industrial en este territorio de Chile, que presenta dificultades notables y básicas en uno de sus más importantes servicios? ¿Seguiremos los habitantes isleños en el eterno dilema de si habrá proyectos privados o públicos futuros para generar nuestra propia energía? ¿Qué han dicho las actuales autoridades públicas respecto de las alternativas conocidas? Al parecer, poco o nada. En consecuencia, pido, señor Presidente, que se oficie a la Comisión Nacional de Energía, para que informe sobre su visión de los problemas planteados y a la Gerencia General de Endesa, para que informe sobre las alternativas de soluciones técnicas propuestas respecto del cable submarino. ¿Cuánta energía se transporta por allí? ¿Dónde se le proporciona la energía a SAESA y el valor del kilovatio en el nudo de entrega? Su responsabilidad de entregar la energía aun con el cable inactivo; si posee equipo de emergencia en la zona y de qué se compone; del período de reposición de los citados cables y valor aproximado de su reposición total; al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y al Ministro de Economía específicamente, acerca de cuándo se implementarán las normas complementarias del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, que aún no tiene reglamento; y si se pretende actualizar el reglamento de explotación de los servicios eléctricos que data del año 1935. Es cuanto solicito, señor Presidente. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se oficiará a las reparticiones y personas que el Diputado señor Pérez ha solicitado, en conformidad con su discurso, a través de los Ministerios correspondientes. —o—o— El señor DUPRE (Vicepresidente).- Antes de ofrecer la palabra al Diputado señor García, don José, quisiéramos saber qué número de señores Diputados están presentes, porque hay una materia importante que rever. El señor PROKURICA.- ¿Qué materia, señor Presidente?. El señor DUPRE (Vicepresidente).- La vamos a explicar -mientras se cuenta el número de Diputados presentes- a continuación. Los Diputados señores Bosselin y Rojo señalan la situación que se podría producir a raíz del reemplazo de la expresión "decreto supremo fundado" por "decreto con fuerza de ley", en el número 4 del proyecto de ley recién despachado, toda vez que el artículo 61 de la Constitución Política dispone que, para los efectos de la dictación de un decreto con fuerza de ley, el plazo de vigencia de esta facultad delegada no es superior a un año. La sustitución dejaría circunscrito el ejercicio de la facultad a sólo un año. Y como este proyecto de ley es producto de un proyecto de acuerdo aprobado unánimemente por esta Corporación y asumido por el Poder Ejecutivo, lo lógico sería revisar, por la unanimidad de la Sala, la posibilidad de volver al texto original, es decir, que quede "por decreto supremo fundado". La ley vigente establece, además, que es por decreto de esa naturaleza. Como ya hay número, ¿habría acuerdo unánime para dejar el número 4 del proyecto de ley tal como venía en el original? Varios señores DIPUTADOS.- ¡Sí! El señor DUPRE (Vicepresidente).- Acordado. 7.- DEROGACION DE REQUISITO PARA ACCEDER A CREDITOS DE CAPITALIZACION DE INDAP. OFICIO. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Con cargo al tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, estimados colegas, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, ha establecido una nueva línea de créditos para pequeños campesinos, bajo el nombre de "créditos de capitalización". Evidentemente, esta noticia ha sido muy bien recibida por miles de familias campesinas mapuches que habitan la Novena Región de la Araucanía. Sin embargo, se ha establecido como requisito para acceder al beneficio que el postulante sea ni que haya sido deudor moroso del Indap, que es difícil de cumplir dada la situación social y de ingresos de las familias campesinas mapuches de la Novena Región. En consecuencia, esta exigencia los está dejando al margen del crédito de capitalización. Por eso, deseo pedir que, en mi nombre y en el del Comité de Renovación Nacional, se envíe oficio al señor Ministro de Agricultura, con el fin de que se termine con la exigencia de que sean o hayan sido morosos del Indap para postular a los créditos de capitalización. Es todo. Muchas gracias. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se enviará el oficio, conforme lo solicitado por el señor Diputado. 8.- ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULADAS EN SESION PASADA. El señor DUPRE (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Bayo. El señor BAYO.- Gracias, señor Presidente. En el día de hoy, me ocuparé de un problema tocado en la Sala por un parlamentario que, desgraciadamente, no está presente. Pero debo hacerlo para que el tema no pierda vigencia. En la sesión del jueves pasado, al solicitar autorización, la Comisión de Salud para sesionar simultáneamente con la Cámara, con el fin de analizar un eventual viaje a Arica relacionado con la actual epidemia de cólera que azota al país hermano del Perú, el Honorable Diputado señor Schaulsohn, que normalmente actúa con racionalidad y sapiencia que han obtenido nuestro reconocimiento, se refirió "a Comisiones itinerantes de dudosa utilidad". Hizo comparaciones entre el hábito actual y la tradición de la Honorable Cámara del pasado, para terminar oponiéndose al posible viaje de la Comisión a la ciudad de Arica, "porque para eso están los oficios, que son bastante más baratos que el traslado", etcétera. Por desgracia el Honorable Diputado se refería a una Comisión que sólo presenta una salida, concretamente a La Araucanía, para comprobar la situación de salud de una de las regiones más deprimidas del país. Mal podría atribuírsele el carácter de itinerante. Por otro lado, no es valedero el antecedente de la tradición del Parlamento en lo referente a su presencia en regiones, porque significaría volver al pasado, a una época en que los Pontífices romanos no abandonaban nunca, o lo hacían muy raramente, la capital del mundo católico, en la que el mando central era una norma que hoy nadie acepta. Por último, más injusto ha sido nuestro estimado colega para asegurar que los oficios pueden reemplazar la presencia de la Comisión en la zona en cuestión. Aquí ha quedado de manifiesto la escasa información que se tiene sobre el manejo del área de la salud y del papel fiscalizador que le compete a la Cámara en esta materia. Los problemas legales, bancarios y de otra índole pueden ser solucionados por la vía de los oficios o del fax. La formación universitaria, muy fácil para algunas carreras que proliferan por su desarrollo entre cuatro paredes, así lo demuestra. Pero no es así en salud. Los problemas que teníamos hasta ayer en nuestras fronteras y que hoy tenemos en el corazón de la Región Metropolitana, hacen necesaria la presencia de todos los actores que, de una u otra manera, pueden influir en detener y poner término a un flagelo con el que tendremos que acostumbramos a vivir por varios años. Hago estas precisiones porque la intervención del Honorable colega fue seguida de varias publicaciones sobre el tema, en forma que, según mi opinión, atenta contra la dignidad del Parlamento y cuya salvaguarda debería ser tarea compartida por todos nosotros. Si realmente deseamos trabajar en equipo, expresemos las legítimas discrepancias donde corresponde y no con la publicidad que, beneficiando a algunos, desprestigia a la Corporación. He dicho. 9.- AUTORIZACION A COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y DE RECURSOS NATURALES PARA SESIONAR SIMULTÁNEA, MENTE CON LA SALA. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de los señores Diputados para autorizar a las Comisiones Unidas de Agricultura y de Recursos Naturales para sesionar simultáneamente con la Sala, porque a las 19.30 horas deben constituirse con el fin de ver el mecanismo de tratamiento de la ley de pesca. Acordado. 10.- PROBLEMA DE ISLA MAILLEN, DECIMA REGION. OFICIOS. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Quedan 4 minutos al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Gracias, señor Presidente. En esta oportunidad, quiero referirme al problema de la Isla Maillén, ubicada al sur de Puerto Montt, cuyo camino de circunvalación fue reparado, por primera vez en la historia, con un camión y un cargador frontal, para alegría de algunas autoridades. Lamentablemente, se rompieron cinco alcantarillas; una, detrás de la Alcaldía de Mar, en el camino que va a Surgidero y Puqueldón, y las otras cuatro en el camino que va desde El Estero a Pitreles, Cascajal y La Herradura. Deseo que se envíen oficios al señor Alcalde de Puerto Montt, a través del señor Ministro del Interior, y al señor Ministro de Obras Públicas, para que sean repuestas las alcantarillas, porque en la temporada invernal, que ya se inició, se llena de agua su parte superior y se cortan los caminos; y para que se cambie el material de mar que se utilizó en el trabajo por de pozo lastre. Gracias. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se inviarán los oficios conforme lo solicitado por el señor Diputado. 11.- REFORMULACION DE PROGRAMA DE HISTORIA EN 8° BASICO. OFICIO. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Teodoro Ribera. El señor RIBERA.- Señor Presidente, en la educación a nivel escolar, a los alumnos del 82 básico, que tienen una edad promedio de 13 años, se les está exigiendo el libro de ciencias sociales denominado "Historia y Geografía Hoy", de la Editorial Santillana del Pacífico S.A., del año 1990, lo cual, atendidas las modificaciones efectuadas con respecto a ediciones anteriores, constituye un claro intento que nosotros denominamos "dirigismo cultural". La reformulación del contenido del programa de historia, es particularmente perniciosa desde el punto de vista de la formación valórica, ya que el alumnado no tiene aún madurez ni el criterio suficiente para discernir sobre los temas que recibe. En consecuencia, la materia asimilada se constituye en la base que formará su conducta en los años posteriores. Si bien el texto en cuestión tiene muchos puntos discordantes con los anteriores, quiero referirme particularmente a dos, que creo revisten mayor gravedad. En la Unidad N° 11, denominada "Chile contemporáneo", en la página 79 dice textual: "Luego de una campaña presidencial muy tensa, el abanderado de la UP, Salvador Allende, obtenía el 36,2 por ciento de los votos, lo que le bastó para asumir la presidencia.". El libro parte de una falsa premisa, ya que desconoce o no quiere reconocer, el Pacto de Garantías Constitucionales que celebró el señor Salvador Allende y los partidos de la Unidad Popular con la Democracia Cristiana, para que esa entidad política le diera el apoyo indispensable para su elección, como también que el Congreso Nacional tenía la facultad de elegir entre las dos primeras mayorías. En la misma Unidad N° 11, página 80, el texto justifica la violencia de los sectores de Izquierda, al señalar: "La vida política se polarizó. Cada sector creyó ser el dueño de la verdad y nadie estuvo dispuesto a ceder. Entonces, surgió la violencia política. Sectores juveniles y radicalizados de izquierda, influidos por la Revolución Cubana, la usaron para presionar al sistema político -y quiero destacar- en favor de las legítimas reivindicaciones que los grupos más postergados necesitaban con urgencia.". La clase media, en cambio, según el texto, "que era la gran beneficiada con el modelo imperante, se atemorizó con las presiones populares, y también se mostró dispuesta a utilizar la violencia para defender sus beneficios.". Respecto de la crisis de la democracia, en la página 81, se indica: "En el plano económico, el programa de expropiaciones llevado adelante provocó la reacción de los grupos más tradicionales, todo lo cual significó un incremento extraordinario de la inflación y la aparición del mercado negro, debido a la escasez de los productos esenciales.". "El sistema democrático ya no tuvo en 1973 la capacidad de resolver los conflictos que se vivían al interior de la sociedad, sobre todo si se considera que para muchos la democracia, tal como hasta entonces se había practicado en Chile, no tenía ya gran significado.". "Para los sectores de Izquierda se trataba sólo de una democracia formal, que no era tal en la práctica, puesto que si bien existían derechos políticos para la gran mayoría de la población, en materias económicas y sociales subsistían grandes y graves desigualdades. "Para la clase media, las reivindicaciones de los sectores populares, materializados en el programa de la unidad popular, significaban una amenaza frente a la cual estuvieron dispuestos a sacrificar la democracia si con ello frenaban las aspiraciones populares.". El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de su Comité, señor Diputado. El señor RIBERA.- Señor Presidente, una vieja práctica parlamentaria dice que, cuando falta tiempo, por razones de buena educación, los colegas están dispuestos a incluir algo que no contenga ninguna frase fuera de contexto o antiparlamentaria. Por ello, solicito que se incluya el resto de mi discurso en la versión. El señor DUPRE (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para incluir en la versión el resto del discurso, como lo solicita el señor Ribera? Acordado. El señor RIBERA.- "La Derecha, desde el momento mismo en que Allende llegó al poder, estuvo dispuesta a renunciar a la democracia con tal de mantener sus privilegios tradicionales, amenazados por el reformismo popular. Fue así como el 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile un régimen militar que se caracterizó por algunos logros y modernizaciones macroeconómicas, la sistemática violación de los derechos humanos y la prolongada interrupción del régimen constitucional, al que sólo se volvió en marzo de 1990”. Como se puede apreciar, el texto presenta a los alumnos una parte de la historia que, aún forma parte de nuestras vidas, en forma totalmente sesgada, ya que justifica la violencia de la Izquierda, al señalan que la usaron en pro de beneficios de los sectores más postergados del país, acusando en cambio a la clase media y la Derecha, de haber utilizado la violencia en su beneficio, para proteger sus privilegios tradicionales. Indudablemente, con esta visión, en un futuro cercano nuevamente tendremos jóvenes idealistas de Izquierda que usarán otra vez la violencia. He dejado este punto para el final, porque reviste tanto o más gravedad que el anterior. En su afán de influir en la juventud en contra de todo lo militar, al tratar la Guerra del Pacífico, materia obligatoria en 8fi básico, le dedica sólo página y media al conflicto bélico, evitando con esto que los alumnos conozcan a nuestros héroes, soldados y marinos, de los cuales todos los chilenos nos sentimos orgullosos. La edición anterior le dedicaba 7 páginas a la Guerra del Pacífico, excluida las causas y sus consecuencias, y enseñaba a nuestros niños acerca de Prat y Condell, su valentía y arrojo; de la reacción de los jóvenes, quienes corrieron a los cuarteles a enrolarse; de la formación del regimiento Séptimo de Línea. Los actuales estudiantes no sabrán esto, ni tampoco de la Campaña de Tarapacá y de don Eleuterio Ramírez, de don Manuel Baquedano, en las campañas de Tacna y Lima; de la Toma del Morro de Arica, Chorrillos, Miraflores, como tampoco de la inmolación de los 77 jóvenes chilenos en la Batalla de la Concepción. Un país sin historia, o que desconoce su pasado glorioso, carece de los elementos que aflaten sus ciudadanos en su proyección hacia un futuro mejor. En razón de la gravedad de lo expuesto, solicito se oficie al señor Ministro de Educación, a fin de que informe a esta Corporación si el texto en cuestión cuenta con la aprobación de su Ministerio. He dicho. 12.- EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL EN EL SECTOR RURAL. El señor DUPRE (Vicepresidente).- El tumo siguiente, corresponde al Comité del Partido por la Democracia, Partido Socialista y Partido Humanista. Tiene la palabra el Diputado señor Isidoro Tohá. El señor TOHA.- Señor Presidente, en esta oportunidad, me interesa referirme a un problema que, a mi juicio, es central en el tema del desarrollo campesino y de la empresa agrícola y forestal. Soy representante de una zona en la cual la actividad económica principal gira en tomo a la agricultura, que en otras regiones ha alcanzado un aceptable grado de desarrollo con la incorporación de avanzada tecnología y la adopción de nuevos cultivos, con el consiguiente aumento de la productividad y con la asimilación de mano de obra más o menos tecnificada. En la provincia de Ñuble, la agricultura no ha logrado este grado de progreso y sigue manteniendo un lento desarrollo, limitado a tipos y formas de cultivos tradicionales, teniendo el triste privilegio de contar con comunas, de sólo veinte, en condiciones de pobreza. Por este motivo, es necesario preocuparnos de todos aquellos factores que pudieran contribuir a mejorar esta situación, que en lo social se traduce en gravísimos índices de pobreza y falta de expectativas, que en especial afectan a un sector que debemos privilegiar, como es nuestra juventud, sobre todo campesina, que sufre una doble marginalidad: de la pobreza rural y de su aislamiento y lejanía de centros educacionales, técnicos y profesionales que permitan capacitarla profesionalmente, para mejorar así su calidad de vida y contribuir al desarrollo campesino y regional. En el último tiempo, ha existido un gran desarrollo de las exportaciones agrícolas y forestales. Sin embargo, las evaluaciones realizadas muestran que la irradiación de estos sectores económicos es mínima para el entorno regional en que se desarrollan. En efecto, son grandes grupos económicos, cuyas rentabilidades se invierten principalmente en la Región Metropolitana. Se emplea a trabajadores temporeros de baja calificación para labores específicas y, en general, las exportaciones incluyen poca elaboración. En consecuencia, el valor agregado se emplea en otros países. El sector rural requiere, con urgencia, de una mayor participación en el desarrollo económico. Para esto, es necesario tener mano de obra calificada. Este es, precisamente, el punto al cual quiero referirme: la educación técnico-profesional en el sector rural. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Educación, del año 1989, el total de la matrícula de niños y de adultos en la enseñanza técnico-profesional, era de 216 mil 630 alumnos. De este total, sólo 6 mil 214 correspondían a educación agrícola. Es decir, sólo un 2,8 por ciento de la educación técnico-profesional se ocupaba en la educación en el ámbito de la agricultura. Esta cifra resulta sorprendente y alarmante, más aún cuando se compara con la de algunos oficios específicos. Por ejemplo, para estudio de secretariado había un 13,7 por ciento de matrículas; para contabilidad, un 16,6 por ciento. Es decir, estamos preparando jóvenes para labores de servicios, a veces poco productivos y para un mercado laboral saturado. ¿Por qué hay tan bajo número de matrículas para estudio agrícola? ¿Es que Chile no necesita que su agricultura cuente con técnicos calificados? ¿Acaso los jóvenes del campo no son capaces o no les interesa quedarse en su zona ejerciendo labores más complejas y más dignamente remuneradas? A partir de las cifras y preguntas formuladas, me surgen algunas reflexiones que deseo compartir con esta asamblea. Me preocupa la falta de adecuación del sistema educativo chileno, a los requerimientos reales de nuestro país. Tenemos una enorme cantidad de cesantes ilustrados. Muchos jóvenes con cuarto año de enseñanza media aprobada, llenos de expectativas, constatan con impotencia que sus conocimientos científico-humanistas, no les dan instrumentos para aportar al desarrollo de su país ni les brindan las posibilidades de constituir un hogar en condiciones de vida digna. Existe un sistema educacional rígido, en el cual prima la educación científico-humanista por sobre la técnico-profesional. La rigidez de este sistema impide la existencia de vasos comunicantes entre uno y otro sub-sistema educativo. Los jóvenes y sus padres sueñan con la universidad. La educación técnica es un recurso que no siempre permite proyectarse profesionalmente en el campo laboral. Veo con dolor cómo muchos jóvenes campesinos deben emigrar a las grandes urbes, agravando el centralismo, porque no tienen expectativas ni posibilidades de salir del círculo vicioso de la pobreza y retraso en que han vivido sus padres. Esto, inducido además, -seguramente en forma inconsciente- por una educación que no le da los instrumentos para desenvolverse en su medio, sino más bien para acceder a la ciudad, donde supuestamente encontrarán mejor suerte y mayores posibilidades. De esta forma, tenemos una gran cantidad de jóvenes frustrados que, como sabemos, muchos de ellos desembocan en el alcoholismo, el delito o la droga. Es necesario, que pensemos y desarrollemos un sistema educativo que articule el desarrollo económico, la regionalización y las potencialidades humanas. No es posible que derrochemos un solo recurso humano o material. En estos tiempos, en los que hemos comprobado que el diálogo y los acuerdos son fundamentales para que el país avance en su desarrollo, es perfectamente posible pensar, en conjunto con los diferentes sectores interesados, empresarios agrícolas, campesinos, profesores y jóvenes, un conjunto de políticas educacionales que permitan satisfacer los intereses particulares junto en el interés regional y nacional. He dicho. 13.- REITERACION DE PETICION DE ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN FABRICA DE FUEGOS ARTIFICIALES DE ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA, OFICIO. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, por segunda vez en corto tiempo debo referirme a un asunto realmente doloroso que ocurrió en la localidad de Isla de Maipo, capital de la comuna del mismo nombre, que represento en esta Cámara. En el mes de enero pasado, informé a esta Corporación que una fábrica de fuegos artificiales de esa localidad se incendió, explotó e hirió gravemente a seis personas. Hoy día debo dar cuenta que, desgraciadamente, cinco de esas personas han fallecido. En aquella ocasión, pedí que se dirigiera oficio al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que nos informara en relación con la encuesta que pedí hacer en esa fábrica, sobre la situación de seguridad imperante en ella. Hasta el momento, no he recibido respuesta a ese oficio. En consecuencia, me veo en la obligación de solicitar nuevamente que le envié un oficio al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que conteste el primero y responda respecto de las exigencias que ha hecho a la fábrica de fuegos artificiales "El Cometa", de la localidad de Isla de Maipo, con el fin de dar a sus trabajadores la necesaria seguridad para continuar en actividad. Debo repetir en esta Honorable Cámara que los vecinos del sector en donde está situada la industria han solicitado a las autoridades edilicias que cierre esta fábrica. Se trata de una petición extrema que no quisiera apoyar sin tener antes en mi poder una respuesta al oficio que estoy invocando. Señor Presidente, solicito que se envíe al Ministerio del Trabajo y Previsión Social el oficio que he señalado. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría. 14.- SITUACION AGROPECUARIA DE LA UNDECIMA REGION. OFICIOS. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Restan cuatro minutos al Comité del Partido por la Democracia. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El tumo siguiente corresponde al Comité del Partido de la Unión Demócrata Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Corresponde el tumo al Comité del Partido Radical. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el turno del Comité del Partido democratacristiano, tiene la palabra el Diputado señor Baldemar Carrasco. El señor CARRASCO.- Señor Presidente, me voy a referir a tres temas que inciden en el proceso de desarrollo agropecuario de nuestra Undécima Región de Aisén: la situación de la forestación, el parque de maquinaria agrícola y el problema de la bonificación a la fertilización de praderas. En relación con el primer tema, la situación de la forestación en la Región de Aisén ha constituido un problema sin solución, ya que sólo se ha plantado el uno por ciento de las necesidades reales en terrenos aptos para ello. Es decir, de más de un millón trescientas mil hectáreas, sólo se han forestado trece mil, a pesar de la existencia del decreto ley NQ 701. Actualmente no existen viveros, ni de Conaf ni de particulares, que puedan abastecer de plantas a los interesados en forestar. Para entregar una solución factible al problema de la forestación, es fundamental, por lo menos, tomar las siguientes medidas: Mejorar los incentivos legales para plantar en Aisén sobre la base de: 1)Privilegiar el porcentaje de bonificación para todas las especies, hasta alcanzar el ciento por ciento del costo de plantación. 2)Bonificar sobre la base de costos reales. 3)Crear y financiar líneas de créditos de enlace convenientes para los forestadores. En estos momentos, no alcanzan a los interesados en forestar, por lo que resulta imposible financiar la operación. 4)Crear y aplicar conocimientos sobre técnica de uso alternativo de los suelos ganadero, con el objeto de disminuir la presión ganadera sobre suelos forestales que debieran descansar de este proceso, ya sea mediante la diversificación de la producción o el mejoramiento técnico de ellas. Señor Presidente, una de las serias deficiencias de la actividad agropecuaria de la Undécima Región, radica en el escasísimo parque de maquinaria agrícola, ya sea de tracción animal o a tractor. Ello reduce fuertemente el área de siembra y cosecha. Muchos agricultores de la región limitan sus siembras y cosechas por no disponer en forma oportuna y adecuada de la maquinaria necesaria, lo que incide especialmente en sus alternativas de producción y manejo del ganado en las épocas más difíciles del año, en las que se producen importantes pérdidas, al no contar con el forraje suficiente para los animales; es decir, éstos mueren en la primavera por falta de pasto. En la región no existe un catastro de maquinaria agrícola. Las cifras correspondiente al Quinto Censo Agrícola de 19751976, fueron las siguientes: sembradoras- abonadoras, 19; rastras de discos, 98; arados tirados por tractor, 87; cosechadoras tiradas por tractor y fijas, 64; tractores de diferentes potencias, 98. De esa fecha a la actual, el parque ha variado muy poco. La mayoría de la maquinaria agrícola existente en la región pertenece a productores que prestan esporádicamente servicios a terceros, generalmente a vecinos muy cercanos, y sólo cuando han terminado sus propias faenas. Quienes prestan servicios comercialmente, lo hacen en condiciones desfavorables para el agricultor, pues cobran porcentajes sobre lo cosechado, maquilas que van del 20 al 30 por ciento de la producción, o precios que hacen difícil su uso, ya que la hora-tractor va desde 6 a 12 mil pesos. En la región hay una gran necesidad de equipos de preparación de suelos, de sembradoras-cosechadoras de granos y de equipos pasteros completos. Aisén tiene un potencial enorme de desarrollo pastoril. Los resultados obtenidos por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Inia, en la aplicación de fertilizantes y semillas forrajeras, son sumamente positivos y los rendimientos muy importantes. Para la Undécima Región se ha estimado que la carga promedio es de 0,15 unidades animal bovino por hectárea al año. Los resultados obtenidos infieren que esa carga podría incrementarse en una unidad animal bovino por hectárea al año, sobre la base de una explotación racional, orientada al mejoramiento de la pradera. Si se considera que la actual producción promedio estimada de carne en la región es de 40 kilos de peso vivo-hectárea al año, y que en ensayos del Inia se han detectado 102 kilos de peso vivo al año, se concluye que en 2 millones de hectáreas de praderas hay un amplio campo de expansión de la ganadería. Los agricultores tienen gran interés por aplicar en sus predios los resultados de los ensayos del Inia. De hecho, el consumo de fertilizantes y semillas forrajeras ha aumentado mucho en los últimos años, pero su costo ha impedido que se masifique. Por eso, señor Presidente, estimamos pertinente que se otorgue una bonificación de la fertilización de las praderas en la Undécima Región de Aisén. Considerando la respuesta que se ha obtenido con la fertilización de praderas naturales y mejoradas, con aumentos de hasta 30 veces la producción actual, es recomendable ampliar o adaptar el decreto ley Ne 701, que se aplica actualmente a la forestación, hacia la bonificación de la fertilización de praderas que permita promover la producción de praderas naturales, fomentando la aparición del trébol blanco y otras leguminosas naturalizadas. La fertilización deberá realizarse en fósforo y azufre, la que, actuando sobre estas praderas mixtas, permitirá una sustancial incorporación de nitrógeno al sistema suelo-planta, posibilitando la obtención de altas producciones de forraje. Así, el incremento de la cantidad y calidad de forraje por el uso de fertilizantes, más la intensificación del sistema de pastoreo en el apotreramiento, constituyen la base para sacar definitivamente a Aisén del casi crónico subdesarrollo en materias agropecuarias en que actualmente está sumida. La fertilización de praderas por una sola vez no logra los objetivos planteados, por lo que se debe pensar en un programa de, a lo menos, ocho años de fertilización continuada, con dosis decreciente en el tiempo. El programa de fertilización debe iniciarse con dosis relativamente altas, durante, a lo menos, cuatro años, para disminuirlas en una segunda etapa de otros cuatro años. Esta segunda etapa debe permitir mantener el nivel de fósforo en el suelo y reemplazar las pérdidas de azufre. Señor Presidente, solicito que se inserte en el Boletín de Sesiones un cuadro de los gastos que demandaría este trabajo. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se insertará lo solicitado por el señor Carrasco. El cuadro que se acordó insertar es el siguiente: Aprobado. IMAGEN FONDO PRESUPUESTO 1991 Para una primera temporada se considera a una fertilización total de al menos 15.000 a 18.000 ha, o sea un aumento de al menos 5 veces la superficie actualmente bajo fertilización en la XI Región, en las dos últimas temporadas. Para el período presupuestario 1991 se debiera solicitar un fondo para la bonificación de un 75% del costo total de fertilización, por la estimación del número total de hectáreas que se fertilizarían en un primer año. Esto corresponde a un monto de $ 329.400.000. El señor CARRASCO.- Para terminar, señor Presidente, solicito que se envíen estos antecedentes al señor Ministro de Agricultura, al señor Director Nacional de Conaf, al señor Vicepresidente de Indap, al señor Ministro de Planificación Nacional y al señor Intendente de la Undécima Región de Aisén, dándoles a conocer la necesidad de que dicha Región cuente con un banco más adecuado de maquinaria agrícola y se proceda a bonificar la fertilización de las praderas en la Región señalada. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios que ha solicitado el Diputado señor Carrasco. También se enviarán en nombre de los Diputados señores Ortega, Ojeda, Ortiz, Villouta, Cardemil, Seguel y Gajardo. 14.- ELECCION DE SUBSECRETARIO DE EDUCACION COMO PRESIDENTE DEL CEP-CIECC. OFICIO. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, quiero destacar ésta tarde, ante esta Honorable Cámara, el honor que significa para nuestro país que el señor Raúl Allard Neumann, Subsecretario de Educación, haya sido elegido Presidente de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Organización de Estados Americanos. Este hecho, significativo en el acontecer político y cultural de América Latina, viene a demostrar cuán importante ha sido la inserción de nuestro país en concierto internacional y la recuperación del respeto que nuestros intelectuales y hombres de gobierno tuvieron siempre en los organismos internacionales. Es útil recordar que el 1Q de abril de 1967 se reunieron en Punta del Este los Presidentes de todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanas, con el objeto de lanzar una iniciativa tendiente a fortalecer el desarrollo de los pueblos en materia de educación, ciencia y cultura. Uno de los impulsores de esta iniciativa fue el ex Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva. En esta reunión se acordó crear dos grupos de trabajo. Una comisión ad-hoc de Educación, presidida por el entonces Subsecretario de Educación de Chile, don Patricio Rojas, y una comisión ad-hoc de Ciencia presidida por el Premio Nobel de Medicina don Bernardo Houssay, de Argentina. En la quinta reunión del Consejo Interamericano Cultural celebrado en la ciudad de Maracay, en febrero de 1968, se aprobó el lanzamiento de los Programas Regionales de Educación, de Ciencia y de Tecnología que en la práctica significaron otorgar un gran impulso a la cooperación de los países en esta materia, con un presupuesto anual de 25 millones de dólares. A partir del año 1979 se crearon algunos foros e instancias de participación político-técnica, entre ellos la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, organismo técnico del más alto nivel que tiene por misión diseñar los programas, estudiar los proyectos de carácter nacional y multinacional que presentan los Estados miembros y decidir acerca de muchas otras materias. Los integrantes del CEP-CIECC son elegidos por el período de un año, a proposición de cada Estado miembro. Sin embargo, los cargos de Presidente y Vicepresidente son libremente elegidos. Se recordará que el primer Presidente de este organismo fue el señor Patricio Rojas, actual Ministro de Defensa de Chile. Digno de destacarse es el hecho de que la elección de don Raúl Allard se hizo por la unanimidad de los miembros del CEP- CIECC. Decíamos anteriormente que ello significa un reconocimiento a nuestro país y también al prestigio personal, intelectual, académico y político de este gran chileno. Raúl Allard está ligado estrechamente a la Región de Valparaíso y Viña del Mar, pues en ella hizo sus estudios de Pedagogía y Derecho, obteniendo el título de Abogado, realizando posteriormente un master en derecho internacional comparado y un curso de post grado en asuntos públicos e internacionales en universidades de Estados Unidos. Es autor de numerosas publicaciones y artículos sobre temas educacionales y de v cooperación internacional, con amplia divulgación en el extranjero. Ha participado en numerosas conferencias y seminarios internacionales y, además, ha dictado conferencias o cursos en la Universidad de Harvard, Instituto del Desarrollo Económico del Banco Mundial, en la Asociación de Universidades de República Dominicana, en el Seminario Latinoamericano de Perfeccionamiento y Capacitación de Docentes de Perú, en la mayoría de las Universidades Chilenas, en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington, y en un sinnúmero más de eventos. Desempeñó los cargos de Profesor y Secretario General de la Universidad de Valparaíso, alcanzando el nombramiento de Rector en el año 1968. Ha desempeñado, además, importantes cargos internacionales, especialmente a nivel de la Organización de Estados Americanos. Pero un hombre tan destacado en su valor intelectual, no podría estar ajeno al destino político de su país. Muy joven, ingresó como militante del Partido Demócrata Cristiano, siendo elegido regidor de la Municipalidad de Viña del Mar a la temprana edad de 29 años. Ocupó los cargos de Presidente de la Comisión Nacional Universitaria, Coordinador del Programa de Educación del Partido Demócrata Cristiano y Coordinador Adjunto del Programa de la Concertación Democrática. En 1972, fue elegido el mejor hombre público del año en Valparaíso y Aconcagua, distinción acordada por el Colegio Regional de Periodistas. En esta alta tribuna, he querido ocupar la atención de vuestras Señorías, para hacer justicia a la figura de un chileno que representa al profesorado de nuestro país. En su persona, se ha dado el reconocimiento internacional para todo el magisterio chileno. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se enviarán las felicitaciones solicitadas por el señor Diputado, en su nombre. El señor ORTEGA.- Respaldo lo dicho por el Diputado señor Ortíz. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se enviará, además, en nombre de los Diputados señores Ortega, Seguel, Ojeda, Cardemil, Gajardo, Ramírez, que así lo han hecho presente, y en el mío propio. 15.- RESTITUCION DE BIENES A CONFEDERACION DE EMPLEADOS PARTICULARES DE CHILE. OFICIO. El señor CARDEMIL.- ¿Cuánto tiempo queda, señor Presidente? El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tres minutos, señor Diputado. El señor CARDEMIL.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, la Confederación Nacional de Empleados Particulares de Chile, Cepch, jubilados y montepiadas, celebró los días 29 y 30 de marzo pasado, su segundo congreso nacional. Entre los más importantes acuerdos tomados en esa oportunidad está el que dice relación con los bienes para las obras sociales del gremio, los cuales constituyen propiedad privada de los imponentes de esta ex caja de previsión. En el curso de 1968, los empleados particulares del país lograron, a través de la acción y del esfuerzo de su directiva y de la comprensión del gobierno del Presidente Frei, la dictación de la ley N2 16.735, cuyo artículo 101 creó un patrimonio de obras sociales con los excedentes del Fondo de Asignación Familiar que administraba esta caja de previsión. Es decir, los recursos que pertenecían a estos trabajadores, tanto activos como pasivos, y a cuyo beneficio estaban destinados - partiendo de la base de que este patrimonio fue producto del esfuerzo de estos trabajadores, que priorizaron la función de obras sociales sobre sus necesidades cotidianas- y en virtud de esta norma y de otras posteriores, serían la fuente de financiamiento de construcciones para objetos permanentes de bienestar social de los empleados, especialmente hogares para ancianos, hospital geriátrico, policlínicos, etcétera. Se dispuso, además, mediante legislación complementaria, que este patrimonio fuera entregado en dominio a una corporación de derecho privado que debía formarse para los efectos de cumplir con la finalidad del patrimonio, la que se creó con el nombre de Confederación de Empleadas Particulares de Chile. Durante el gobierno pasado, en 1981, se declaró disuelta esta corporación, cancelándose su personalidad jurídica con el pretexto de alguna causal legal inexistente. A partir de esta decisión gubernativa, los bienes adquiridos con los fondos referidos quedaron bajo la administración de la ex Caja de Previsión de los Empleados Particulares, hoy Instituto de Normalización Previsional, al cual fueron transferidos en virtud del artículo 9a de la ley Nc 18.689, publicada en el Diario Oficial de 20 de enero de 1988, para ser vendidos en licitación pública o en subasta, y la distribución de los fondos resultantes de ello, entre los pensionados por vejez o sobre vivencia de la ex Caja de Previsión de los Empleados Particulares, venta que podía hacerse en el plazo de cinco años, contados desde esta fecha. Por ejemplo, a marzo de 1980, el camping de Arica, tenía un valor de más de 56 millones de pesos; la sede social de la Cepch, de Chillán, más de 21 millones de pesos; la sede social de Osomo, más de 53 millones de pesos; el estadio La Perla, de San Bernardo, un valor de más de 134 millones de pesos; el camping de Reñaca, en Viña del Mar, un valor superior a 55 millones de pesos, y el edificio Los Trabajadores, de Santiago, más de 89 millones de pesos. Señor Presidente, solicito que se envíe oficio al señor Ministro del Trabajo para que se suspendan las tasaciones de todos los bienses de propiedad de los pensionados y montepiadas empleados particulares, hasta que Su Excelencia el Presidente de la República les conceda la audiencia que en su oportunidad le solicitaron; y, además, dé respuesta a la comunicación que le remitieran sobre esta materia proponiéndole un proyecto de ley que les restituya definitivamente sus bienes. Estimo, señor Presidente, que así como ha ingresado a esta Cámara un proyecto de ley que restituirá los bienes a los partidos políticos, bien podría insertarse como indicación la restitución de los bienes a la ex Confederación de Empleados Particulares. He dicho, señor Presidente. El señor SEGUEL.- Me adhiero. El señor ORTIZ.- Me adhiero también. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en nombre de los señores Diputados Cardemil, Ojeda, Ramírez, Ortiz Gajardo y Seguel. El señor KUSCHEL.- Y en nombre de los Diputados presentes de la bancada de Renovación Nacional. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Se enviará el oficio también en nombre de los señores Sotomayor, Morales y Kuschel. El señor ORTIZ.- Y en nombre de la bancada democratacristiana, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Así se hará, señor Diputado. Por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta. - Se levantó la sesión a las 20.01 horas. JORGE VERDUGO NARANJO Jefe de la Redacción de Sesiones.