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- rdf:value = " FUNDAMENTOS DE LA CANCELACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LA COLONIA DIGNIDAD.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, el l2 de febrero recién pasado, el Gobierno democrático del Presidente don Patricio Aylwin canceló la personalidad jurídica de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad.
Con esta medida finaliza la existencia legal de una institución que infringió sistemáticamente el ordenamiento jurídico chileno y que ha sido acusada en reiteradas ocasiones, tanto en nuestro país como en el extranjero, de graves violaciones a los derechos humanos.
Se termina así la existencia de un Estado dentro de otro Estado, lo que evidencia la firme decisión del Gobierno de hacer respetar la ley y esclarecer la verdad.
En esta acción, el gobierno ha contado con el amplio respaldo de la ciudadanía, a pesar de la campaña demagógica y propagandística que han tratado de levantar los jerarcas de la Colonia y sus voceros políticos. Esta medida también viene a demostrar la validez y la seriedad de las denuncias que hicimos llegar al Gobierno los miembros de la Concertación que pertenecemos a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, y que fueron rechazadas en aquella ocasión por los integrantes de la UDI y Renovación Nacional.
Señor Presidente, sin uno recorre la historia de Colonia Dignidad, podrá comprobar que, desde sus orígenes en Alemania en la década del 50, la agrupación ha actuado al margen de la ley, para eludir las investigaciones de la justicia alemana sobre aquellos colonos que huyeron a nuestro país en 1961.
Al poco tiempo de instalarse en las cercanías de Parral, las dudosas actuaciones de sus dirigentes comenzaron a dar que hablar.
Numerosas denuncias empezaron a hacerse públicas al conocerse los testimonios de colonos y dirigentes fugados de la Colonia, que decían relación con inmoralidades sexuales, falta de libertad personal y violación de los derechos humanos.
Ya en 1968, esta Cámara tomó cartas en el asunto, formando una Comisión Especial para investigar lo que ocurría en Colonia Dignidad. En aquella ocasión se llegó a las siguientes conclusiones:
Incumplimiento de las leyes chilenas;
Separación de los hijos de sus padres;
Ilegalidad de los títulos de propiedad de los predios de la citada Colonia;
Incumplimiento de su labor de beneficencia;
Abuso de los privilegios tributarios.
Pese a lo completo del informe presentado por la Comisión, formada en 1968, y de las irregularidades comprobadas, no se adoptó en esa oportunidad ninguna medida, ya que se consideraba que la citada Colonia llevaba muy poco tiempo en nuestro país.
Por otra parte, el entonces Senador Patricio Aylwin, haciendo uso de la palabra en la sesión del 28 de febrero de 1968, señaló que "los miembros de Colonia Dignidad" no se integran al medio social, sino, por el contrario, se aíslan en un grupo hermético y exclusivo, sin ninguna comunicación normal con el resto de la región"...; que "este grupo extranjero y hermético, que se niega a integrarse, no sólo cuida policialmente su aislamiento, sino que adopta una actitud provocadora, prepotente* y hasta vejatoria frente a los chilenos que no le parecen complacientes"...; que "todo el que los critica es tildado de "loco" o demandado judicialmente por injurias y calumnias"
Señor Presidente, 20 años después, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca señor Hernán Roberts, investigó nuevamente, por orden de la Corte Suprema, las actuaciones de la citada Colonia. Constató además de las irregularidades ya denunciadas en 1968 las cuales se había señalado a los colonos que debían ser corregidas nuevas infracciones a normas laborales, tributarias y aduaneras, debido a que la citada "sociedad benefactora" había abandonado sus objetivos, transformándose en una organización comercial cuyos beneficios iban a manos de unos pocos.
En esa ocasión, el Ministro recomendó la apertura de dos sumarios penales: uno, por estafa, debido al traspaso de los bienes de la Sociedad a algunos de sus miembros; y, otro, por ejercicio ilegal de la profesión médica. La Corte aprobó el informe y decidió que ambos procesos debían ser instruidos por la jueza de Parral, doña Lidia Villagrán. Ambos procesos duermen en algún armario hasta el día de hoy, debido a los lazos que unían a los jerarcas de la Colonia con el Gobierno militar.
Lo anterior fue reconocido públicamente por Roberto Thieme, dirigente de "Patria y Libertad", Diario "La Epoca", 24 de febrero de 1991), al declarar que, en 1972, tomó contacto personal con los dirigentes de la Colonia para conseguir apoyo logístico el que fue logrado para el golpe de estado de septiembre de 1973.
Durante el régimen militar, los jerarcas de la Colonia colaboraron activamente en la represión ejercida en contra de dirigentes y campesinos de la zona, quienes no apoyaban al régimen militar.
Han sido innumerables los testimonios en Chile y en el extranjero, que dan cuenta de las torturas y detenciones arbitrarias realizadas al interior de la Colonia. Los testimonios también indican que numerosos chilenos, hoy detenidos desaparecidos, fueron vistos en ese lugar. Y aquéllos han sido ratificados por declaraciones de ex agentes de la DINA que cumplieron funciones en dicha Colonia.
Por lo anterior, los jerarcas de Colonia Dignidad sabían que sus días estaban contados y que la democracia reconquistada por los chilenos no seguiría permitiendo la impunidad con que habían actuado hasta entonces.
Una vez que las fuerzas del régimen autoritario fueron derrotadas en las elecciones parlamentarias y Presidenciales de 1989, los jerarcas de la Colonia iniciaron el traspaso sistemático de los bienes y propiedades tanto a particulares como a nuevas sociedades anónimas expresamente creadas para eludir la acción de la justicia.
Señor Presidente, la justicia tarda pero llega. 30 años después de sórdidos manejos y acontecimientos realizados en su interior, el Presidente don Patricio Aylwin, haciendo uso de la facultad que le confieren las normas legales pertinentes, procede a cancelar la personalidad jurídica de esta mal llamada "Sociedad Benefactora"
El principal fundamentó del decreto que cancela la personalidad jurídica es que Colonia Dignidad desvirtuó su condición de sociedad benefactora, debido a que los recursos que obtiene de sus explotaciones agrícolas, forestales, industriales y comerciales, todas actividades lucrativas, no se destinan al cumplimiento de fines benéficos. De los excedentes obtenidos, sólo un 9,18 por ciento se destinaban a la beneficencia.
Sus administradores han reducido el patrimonio de la sociedad al traspasarlo a particulares.
A lo anterior habría que sumar las acusaciones acerca del incumplimiento de la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria, del Código del Trabajo y de la Ley de Reclutamiento.
En el decreto también se mencionan las violaciones de los derechos humanos, las que deben ser investigadas por la justicia.
Sin embargo, un nuevo antecedente viene a ratificar la corrección de la medida tomada por el Gobierno democrático. El informe de la Comisión Rettig, entregado a la opinión pública el día 4 de marzo de 1991, señala en tomo a Colonia Dignidad: "Está comprobado que hubo diversas relaciones entre la DINA y Colonia Dignidad. Consta que una vez constituida la DINA como "Comisión DINA," a partir de noviembre de 1973, agentes de esa organización utilizaron predios como el fundo "El Lavadero", de Colonia Dignidad", y las hijuelas del antiguo fundo "San Miguel", al interior de Parral, para fines de la DINA sea para la instrucción de agentes o con otros fines institucionales. Consta también que una casa ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto, ex calle Unión N° 262, de Parral, y de la que se sabe que fue utilizada como recinto de la DINA, específicamente para una Brigada de Inteligencia Regional, fue adquirida por la Sociedad Benefactora "Dignidad" por escritura pública del 24 de mayo de 1974. Más adelante el informe expresa: "Un cierto número de personas detenidas por la DINA, efectivamente, fueron conducidas a Colonia Dignidad, mantenidas cautivas allí por algún tiempo y algunas sometidas a torturas, con la participación en estos hechos no sólo de agentes de la DINA, sino también de personas que vivían en ese predio. "En relación con casos de "detenidos desaparecidos", afirma el informe Rettig: "Sin perjuicio de que algunos casos la Comisión efectivamente los considere detenidos desaparecidos", y de existir indicios de que pudieron ser llevados a Colonia Dignidad luego de ser aprehendidos, sólo del detenido Álvaro Vallejos Villagrán puede afirmar, en conciencia, que desapareció definitivamente luego de su traslado a Colonia Dignidad".
Pienso que después de leer en el Informe Rettig la participación criminal de Colonia Dignidad en casos de violaciones de los derechos humanos, están de más las palabras.
Sólo espero que aquellos parlamentarios que tan ardorosamente la defendieron, reconozcan su error y apoyen públicamente la medida tomada por el Presidente Aylwin.
Por eso, no deja de llamar la aténción que, en el día de ayer, Senadores de la UDI y Renovación Nacional, en conjunto con Senadores designados, hayan presentado al Tribunal Constitucional una solicitud de revocación del decreto de cancelación de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad.
Resulta insólita la interpretación de los Senadores de Derecha, quienes no pueden ignorar el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, saben que si bien en su artículo 19, la Constitución garantiza el derecho a la libre asociación, exige que tal derecho se constituya en función de la ley.
Precisamente, la normativa concede al Ejecutivo la facultad de otorgar personalidad jurídica a corporaciones o fundaciones, de fiscalizar sus actuaciones y de disolverlas cuando sean contrarias a las leyes, disposiciones que fueron dictadas bajo el régimen militar.
Por eso, resulta sorprendente que aquellos que callaron y fueron cómplices de la cancelación de la personalidad jurídica de más de noventa corporaciones o fundaciones durante el régimen militar, hoy saquen la voz. Uno no puede dejar de preguntarse: ¿Qué hay verdaderamente detrás de esta operación? ¿Qué defienden?
El propio accionar de los representantes de Colonia "Dignidad" desde la dictación del decreto de cancelación de la personalidad jurídica, ha dado la razón a quienes luchamos por ponerle fin.
Su actuación prepotente y, en forma especial, el inventario que entregaron a las autoridades, muestran una vez más la calidad moral de sus dirigentes, que intentan burlar la justicia y cometer fraude en contra del Estado.
El Gobierno del Presidente Aylwin debe aplicar todo el rigor de la ley en contra de los responsables y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que los habitantes de la Colonia puedan entregar libremente su opinión, lejos de la coerción de los dirigentes.
Finalmente, quiero declarar mi satisfacción por la medida tomada por el Presidente Aylwin. Ello demuestra que la lucha que dimos durante tanto tiempo, a veces en forma aislada, recibiendo amenazas, insultos y acusaciones gratuitas incluso de parte de algunos miembros de esta Cámara no fue en vano, pues se impusieron la verdad y la justicia. En este último punto, expreso un reconocimiento especial a Monseñor Carlos Camus, obispo de Linares, quien tuvo que soportar todo tipo de insultos y amenazas, por haber denunciado los excesos que se cometían en Colonia Dignidad.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Terminó el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia.
"