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El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, me interesa en esta ocasión referirme al rol que hoy corresponde al parlamentario. Cuando uno ve que la ciudadanía, la comunidad, se está organizando; cuando uno presencia la forma en que el país ha recibido la acción del Presidente Aylwin; cuando uno conoce los proyectos que existen para reformar el Poder Judicial, uno piensa que estamos caminando bien. Pero este optimismo se transforma en crítica, pesimismo y juicio negativo en relación con el Poder Legislativo. Se nos critica por la dieta parlamentaria y se nos imputa responsabilidad en la lenta tramitación de las leyes. La crítica no es nueva. Sucede que nuestro Parlamento se ha mantenido con la mentalidad, estructuras y concepción jurídica del siglo XIX, destinado a dictar una ley cuyo proyecto viene redactado y pactado consensualmente desde el Ejecutivo y, salvo pequeñas correcciones, sólo corresponde aprobarlo o rechazarlo. Su otro objetivo, el de fiscalizar, lo efectúa en forma genérica, formando comisiones investigadoras que carecen de imperio.
El parlamentario llega a su cargo en virtud de una elección democrática, auténtica expresión de la sociedad civil; pero al llegar al Parlamento carece de experiencia, de conocimientos especializados, de técnica legislativa. Para enfrentar esta realidad tiene dos caminos: o aprende de tanto escuchar otras intervenciones, o bien recurre a asesorías particulares de partidos o de conglomerados comprometidos ideológicamente.
Por otra parte, al Parlamento generalmente se llega en representación y en virtud de la fuerza de un partido político. Los independientes son una excepción. En el desempeño de su cargo, el parlamentario se encontrará con la presión indebida de las directivas partidistas, en circunstancias de que él es el representante del pueblo. Así, las órdenes de partido, negadas públicamente y prohibidas por la Constitución, son las que en definitiva resuelven las formas de votación de un representante auténtico de la soberanía popular.
Para evitar suspicacias, erradas interpretaciones o acusaciones de rebeldía, me permito hacer presente que estos conceptos no son míos, sino del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
Tenemos que definir el rol de los parlamentarios, y modificar la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y los reglamentos internos para adecuarlos a los tiempos presentes y con proyección futura.
El Parlamentario es la expresión real, verdadera y democrática de la sociedad actual. Es el que recoge las inquietudes, las demandas, las pretensiones del pueblo, manifestadas a través de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, comunitarias y funcionales, las que luego canaliza y transforma en proyectos y en normas jurídicas.
Debe influir en términos generales, y nunca particulares, en la estructura del gasto público. Al Parlamento corresponde aprobar y definir los programas; al Ejecutivo, su realización. Debe tener facultades para fiscalizar, investigar y sancionar el incumplimiento de las leyes. Debe ser capaz de representar y resguardar la justicia objetiva en las remuneraciones y en la previsión de los trabajadores.
Al Parlamento corresponde dictar leyes y normas generales aplicables a todo el país, eliminando toda norma reglamentaria. Un Parlamento debe representar las tendencias de la opinión pública manifestadas a través de sus debates libres.
Para adecuar a los tiempos actuales el funcionamiento del Congreso Nacional, y en especial de la Cámara de Diputados, es necesario:
1.Darse una organización interna seria, eficiente y responsable, donde exista una carrera funcionaría; mantener plantas racionales e interrelacionadas, y dictar el Estatuto del Personal; mostrar transparencia absoluta y sobriedad en el gasto y en la inversión; modernizar sus instalaciones y organizar la asesoría parlamentaria. Para ello se cuenta con todos los medios necesarios, desde el Banco de Datos hasta la Biblioteca, los informativos y el personal especializado. Sólo falta su organización y racionalización.
2.Ampliar el período ordinario de sesiones desde el 21 de mayo hasta el 31 de diciembre de cada año, limitando el período extraordinario desde enero hasta el 21 de mayo. Al Parlamento corresponde legislar y no al Ejecutivo.
3.Ampliar el período ordinario de sesiones a tres días en la semana: martes, miércoles y jueves en la tarde, lo que permitirá un trabajo más en profundidad de los proyectos en discusión; y en esos tres días establecer sesiones de comisiones, no sólo para despachar proyectos, sino también para estudiar, analizar y preparar soluciones a los problemas nacionales, regionales y locales que los parlamentarios van planteando de acuerdo con las inquietudes y demandas de sus distritos. Del análisis de dichos proyectos, emergerán leyes debidamente estudiadas, ponderadas y necesarias.
4.Modificar toda norma que limite la intervención del parlamentario en el campo político, social y económico, restringiendo las inhabilidades sólo a aquellas que efectivamente causan incompatibilidades.
5.Establecer que las urgencias las determina el Parlamento, auténtico representante del sentir nacional, el que las calificará de acuerdo con la transcendencia e importancia prioritaria del asunto.
6.Reglamentar y establecer Comisiones Mixtas tanto para los proyectos de ley como para las reformas constitucionales, dictándose un reglamento que permita que efectivamente se solucionen las discrepancias, estableciéndose los mismos quorum exigidos para la aprobación de la ley, y
7.Establecer normas permanentes para la fijación y reajustabilidad de la dieta y las remuneraciones del personal del Congreso Nacional.
Creemos que la dieta parlamentaria, que ha sido objeto de toda clase de críticas, justas o injustas, debe ser materia de una reglamentación permanente y transparente.
Para que la fijación de la dieta sea justa, creo que se debe contar con dos elementos: una remuneración fija igual a los sueldos que perciben el Presidente de la República y el Presidente de la Corte Suprema, y una asignación fija por cada sesión a que asista el parlamentario, en las Comisiones y en las sesiones ordinarias, no considerándose las sesiones especiales o extraordinarias, para evitar manipulaciones non sanctas.
La suma de ambos ingresos debería representar un emolumento digno de las altas y exclusivas funciones que desempeña todo parlamentario.
La dieta así establecida sería reajustada automáticamente, de acuerdo con las mejoras y beneficios que se concedan al personal de la Administración del Estado.
Muchas otras reformas podrían ser propuestas. Sólo he querido en esta tarde llamar la atención sobre la necesidad de abordar este problema que afecta al prestigio de uno de los Poderes del Estado.
El Parlamento, los partidos políticos y los medios de comunicación se han preocupado de los Derechos Humanos, de los graves problemas que afectan a la nación, como la vivienda, la salud, la educación, y se han dictado leyes destinadas a modernizar la estructura del Estado. El Parlamento no puede quedar excluido de estas reformas. Es urgente y necesario que hoy, nosotros, nos aboquemos a estos problemas y no esperemos a que sea la presión de la opinión pública la que nos obligue a reaccionar.
Tenemos que dar al Parlamento su verdadera dimensión, dignidad y un arraigado y sólido prestigio en la conciencia ciudadana.
He dicho.
Aplausos en la Sala.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano
"
