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El señor DUPRE (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Partido Por la Democracia.
La señora RODRIGUEZ (doña Laura).-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora RODRIGUEZ (doña Laura).-
Gracias.
Señor Presidente me alegra que, en esta Sala, el colega Hernán Bosselin haya manifestado su intención de presentar un proyecto de ley en relación con el tema del divorcio. Sin duda constituye un avance el hecho de que él haya escuchado la voz de la gente interesada en que se legisle sobre esta materia.
Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar cuáles son mis razones para que se legisle sobre este tema.
Parto aclarando que la separación de la Iglesia del Estado, en nuestro país data de alrededor de 65 años. Por lo tanto, no me parece que el punto de vista más adecuado para legislar sea el Derecho Canónico.
A mi modo de ver, es necesario reglamentar una situación de hecho, ignorada por la Ley de Matrimonio Civil, que data de 1884. En nuestros país, el quiebre de un matrimonio deja a las personas, aparte del dolor que ello significa, sin solución legal. La ley de matrimonio civil contempla el divorcio en forma perpetua y temporal. Sin embargo, éste no disuelve el vínculo de matrimonio. Así, la condición de divorcio no es un estado civil y solamente permite a los cónyuges vivir separados.
La única opción que concede la ley para disolver el vínculo del matrimonio, es la nulidad, resquicio que se utiliza desde 1924. Las causas que se invocan son dos: incompetencia del oficial civil -la más utilizada- y la muerte presunta.
Las cifras recopiladas en el Instituto Nacional de Estadísticas, en su Anuario de Justicia, son demostrativas. En 1986, ingresaron, en las cortes y en juzgados del país 352 causas de divorcio y 7.517 causas de nulidad de matrimonio; y se solicitaron 12 mil tramitaciones de nulidades.
Sabemos que las nulidades se celebran por acuerdo de los cónyuges. Sin embargo, lograr este acuerdo significa, en muchos casos, el chantaje de alguna de las partes respecto de los temas que la nulidad no reglamenta, como el destino de los bienes, la tuición de los hijos, el régimen de visita y la pensión de alimentos.
La nulidad, además de un costo emocional, tiene un costo en dinero, lo cual hace que, solamente, ciertos sectores de la sociedad puedan acceder a este resquicio, puesto que no la tramitan las corporaciones de asistencia judicial.
Por ser la nulidad la única alternativa de disolución del matrimonio, se multiplican, en la práctica, las situaciones de convivencia. Según el Censo de 1982, el total de anulados, separados y convivientes representa un 12,4 por ciento del total de habitantes mayores de 15 años, quienes al no ser reconocidos por la ley y no estar reglamentados, dejan en la desprotección a los hijos nacidos de esta convivencia, los cuales pasan a ser ilegítimos. En 1988, un 33,5 por cierto de los nacidos fueron ilegítimos. Es decir, 94,446 niños, según el INE.
Considero que toda política verdaderamente civilizada debe partir de dos premisas fundamentales. De la acción de renovación permanente de las instituciones jurídicas y políticas, de forma de responder a los requerimientos y desafíos de los nuevos tiempos, y de la transparencia, la diafanidad en el procedimiento político y legislativo. Estas dos condiciones no se cumplen en nuestra actual legislación de matrimonio civil, y menos aún en los resquicios utilizados.
La farsa de la nulidad, en que todos los involucrados saben que mienten, fomenta el desprestigio de la justicia y la desconfianza en ella. El hecho de que nuestra actual legislación obligue a la mentira, pone en duda el valor de tales leyes, al no reconocer la realidad. Por otra parte, la fuerte discriminación económica del costo y los trámites, pone el valor del dinero por sobre el de la justicia.
La aceptación de la disolubilidad del vínculo del matrimonio es una tendencia mundial. Chile es uno de los pocos países del mundo y el único en Latinoamérica que no tiene una legislación en tal sentido.
Hace un mes que el proyecto de ley de divorcio vincular ingresó a la respectiva Comisión de la Cámara de Diputados de Paraguay, que era el otro país que no la había aprobado.
Las estadísticas revelan que alrededor del 77 por ciento de la población estaría a favor de una ley de divorcio. Esto muestra la dimensión del problema y el desfase que existe entre la necesidad de la gente y la legislación vigente. Quienes por motivos religiosos se opongan a esta ley asumen posturas sumamente respetables, como lo son las distintas creencias religiosas y el ateísmo, pero una ley de divorcio vincular no obliga a nadie a utilizarla; por lo tanto, cada creyente podrá actuar en conciencia, de acuerdo con los derechos que le otorgue la ley.
Hay otros que se podrían oponer a este proyecto por temor a que se debilite la institución de la familia. La familia, señores parlamentarios, es mucho más que una institución. Es todo un mundo de relaciones humanas que, como tal, siempre busca ir superando las distintas resistencias del vivir cotidiano. La familia está constituida por personas, por seres humanos, que siempre aspirarán a superar el dolor y el sufrimiento personal y de quienes tienen más cerca. Esa aspiración es la mejor protección para la familia.
Afirmar que una ley de divorcio debilita a la familia es no querer reconocer que existen miles de familias debilitadas por múltiples factores. Familias sumidas en la violencia, el abandono, la incomunicación, la incomprensión, el desamor. Una ley de divorcio busca dar solución, justamente, a aquellas familias irreparablemente quebrantadas.
Cuando se habla de una ley de divorcio, tramposamente, se hace creer que la gente tiene la obligación de divorciarse, cuando en realidad lo que se busca es legislar ampliando la posibilidad de opción. La opción es la expresión social de la libertad y la libertad creciente es la condición necesaria para ir humanizando la sociedad.
Una ley de divorcio vincular habla de la fe en el ser humano, en sus afectos, en sus relaciones y en sus mejores sentimientos para construir un proyecto en libertad.
He dicho.
El Diputado señor Bosselin me pidió una interrupción, pero en verdad, yo estaba comprometida con un parlamentario de mi bancada para darle el tiempo que quedaba.
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