REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
321ª LEGISLATURA
(EXTRAORDINARIA)
Sesión 20ª, en jueves 13 de diciembre de 1990.
(Ordinaria, de 10.30 a 14.27 horas)
Presidencia de los señores Viera-Gallo Quesney, don José Antonio; Dupré Silva, don Carlos y Coloma Correa, don Juan Antonio.
Secretario accidental, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.


ÍNDICE GENERAL DE LA SESION

I- SUMARIO DEL DEBATE
II.- ASISTENCIA
III.- TEXTO DEL DEBATE
IV.- SUMARIO DE DOCUMENTOS
V.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
I.- SUMARIO DEL DEBATE
1.-Réplica a alusión personal 2461
2.-Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 2462
3 -Petición de retiro de urgencia para despacho de un proyecto 2463
4-Acuerdos de los Comités Parlamentarios 2463
5-Inclusión en la Tabla de proyecto de discusión inmediata 2464
6.-Preferencia para el despacho de proyectos 2465
7.- Exclusión de la Empresa Nacional de Minería, de la aplicación del artículo 23 del decreto ley N° 249, de 1974. Primer trámite constitucional 2465
8.-Designación de miembros de Comisión Mixta 2469
9.-Constitución de centrales sindicales. Proposición de la Comisión Mixta 2470
10.- Beneficios para personales académicos y no académicos de las instituciones de educación superior. Primer trámite constitucional 2477
11.- Modificación del decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, del Ministerio de Obras Públicas. Primer trámite constitucional 2487
12.-Composición de Comisión Mixta 2498
13 - Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas. Tercer trámite constitucional 2498
INCIDENTES
14.- Solicitud de apertura de poder comprador de minerales en la comuna de Combarbalá. Oficio 2501
15.-Solicitud de financiamiento para la construcción de cuartel de Carabineros en Vicuña, Cuarta Región. Oficio 2502
16.- Trato dado a periodista con motivo de la visita del Presidente de los Estados
Unidos 2502
17.- Supresión de las corporaciones privadas administradoras de los recursos fiscales para la educación y la salud 2503
18.- Homenaje con motivo de aniversario de la declaración universal de los derechos humanos 2504
19.- Actuaciones que afectan a asignatarios de la ex CORA. Oficio 2507
20.- Reconocimiento a Carabineros de Chile por futura creación de Prefectura
Cordillera 2508
21.- Extensión de red telefónica a provincias y comunas. Oficio 2509
22.- Felicitaciones al Embajador de Chile en Austria por designación como Presidente del grupo de los 77. Oficio 2510
23.- Alcance sobre contradicciones partidarias internas 2511
24.- Petición de antecedentes sobre caso "La Cutufa". Oficio 2513
25 - Petición de extensión de línea del Metro. Oficio 2514
26.- Petición de construcción de Hospital en sector poniente de Santiago. Oficio 2514
27 - Alcance sobre publicación de actualidad política 2514


II.- ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores Diputados:
--Alamos Vásquez, Hugo
--Alessandri Balmaceda, Gustavo
--Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro
--Araya, Nicanor de la Cruz
--Aylwin Azocar, Andrés
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Bosselin Correa, Hernán
--Caminondo Sáez, Carlos
--Campos Quiroga, Jaime
--Cantero Ojeda, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Alfaro, Gustavo
--Carrasco Muñoz, Baldemar
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chadwick Piñera, Andrés
--Devaud Ojeda, Mario
--Dupré Silva, Carlos
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Estévez Valencia, Jaime
--Fantuzzi Hernández, Angel
--Faulbaum Mayorga, Dionisio
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, José
--Guzmán Alvarez, Pedro
--Horvath Kiss, Antonio
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Hurtado Ruiz-Tagle, José María
--Jara Wolff, Octavio
--Kuschel Silva, Carlos
--Kuzmicic Calderón, Vladislav
--La torre Carmona, Juan Carlos
--Leay Morán, Cristian
--Longton Guerrero, Arturo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Maluenda Campos, María
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Martínez Sepúlveda, Juan
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Matthei Fomet, Evelyn
--Mekis Martínez, Federico
--Molina Valdivieso, Jorge
--Montes Cisternas, Carlos
--Munizaga Rodríguez, Eugenio
--Muñoz Barra, Roberto
--Muñoz Dalbora, Adriana
--Navarrete Carvacho, Luis
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortega Riquelme, Eugenio
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palestro Rojas, Mario
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pérez Muñoz, Juan Alberto
--Pérez Opazo, Ramón
--Pizarro Soto, Jorge
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ramírez Vergara, Gustavo
--Rebolledo González, Víctor
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Rodríguez Del Río, Alfonso
--Rodríguez Guerrero, Hugo
--Rodríguez Riccomini, Laura
--Rojo Avendaño, Hernán
--Rojos Astorga, Julio
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Schaulsohn Brodsky, Jorge
--Smok Ubeda, Carlos
--Sota Barros, Vicente
--Soto Morales, Akin
--Sotomayor Mardones, Andrés
--Taladriz García, Enrique
--Tohá González, Isidoro
--Urrutia Avila, Raúl
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Vilicic Kamincic, Milenko
--Villouta Concha, Edmundo
--Yunge Bustamante, Guillermo


III.- TEXTO DEL DEBATE.

Se abrió la sesión a las 1030 horas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario accidental) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.


1.- REPLICA A ALUSION PERSONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Por haber sido aludida, y de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento, la Diputada señora María Angélica Cristi ha solicitado cinco minutos para responder.
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora CRISTI.- Gracias, señor Presidente.
De acuerdo con la facultad que me concede el artículo 33 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quiero referirme a acusaciones hechas en mi contra a través de algunos medios de comunicación, el día martes 11 del presente, las cuales se formularon en una manifestación pública frente a la Municipalidad de Peñalolén.
En dichas informaciones se me involucra con la situación que se produjo en la Comuna de Peñalolén, debido a la disminución en la entrega de juguetes de Navidad para los niños del sector, en comparación con años anteriores.
Este hecho, que nadie desea, obedece exclusivamente a la situación financiera que afecta a ese municipio como consecuencia de la alta inversión que ha debido enfrentar al aumentar en forma considerable el aporte de recursos a los sectores de educación y de salud, para lo cual no ha habido aportes suficientes por parte de los respectivos ministerios.
Las acusaciones que se me imputan son: ser vocera del alcalde y pasar a llevar a los dirigentes vecinales, entre varias otras todas ellas totalmente falsas y que sólo demuestran mala fe de parte de quienes quieren desprestigiar mi labor como parlamentaria.
En lo personal, realicé gestiones ante el señor Ministro del Interior y otras autoridades de Gobierno, a fin de obtener mayores recursos como una forma de subsanar el problema, lo que no prosperó.
Por otra parte, invité a todos los dirigentes vecinales para dialogar sobre el tema y solicitarles que reconsideraran su rechazo a entregar los juguetes a través de la juntas de vecinos, como ha sido tradicional. Ellos habían tomado esa decisión en votación democrática, y así lo reafirmaron en esa reunión. Lo anterior no implica ser vocera de ningún alcalde ni tampoco hacer uso político del problema; por el contrario, es una legítima preocupación por los problemas de la comunidad.
Lo que sí constituye un manejo político inaceptable es hacer participar a los niños en una marcha de protesta, especialmente si se considera que ellos tienen una alta probabilidad de estar incluidos entre quienes recibirán juguetes.
Por otra parte, el propio Gobierno recientemente suscribió la Convención de los Derechos del Niño, en la cual claramente se establece que la formación y la educación de los menores debe ser una tarea prioritaria y a lo cual en nada contribuye hacerlos participar en marchas de protesta.
Tampoco es posible aceptar que la señora Diputada por el mismo distrito que represento, doña Laura Rodríguez -siento que no esté presente-, como consta en los diarios Las Ultimas Noticias, La Cuarta, La Nación y Fortín Mapocho, haya avalado apoyado y participado activamente en esta manifestación, siendo, además, la portadora de la denuncia pública que contiene la acusación, que entregó personalmente en la oficina de partes del municipio. Si bien es cierto dicha protesta tuvo una escasa concurrencia de veinte adultos y treinta menores, sienta un mal precedente y una acción que transgrede la dignidad del cargo parlamentario.
Nuestra tarea debe ser buscar, en forma creativa y positiva, los mecanismos para que, en el futuro, las comunas de escasos recursos cuenten con medios para ofrecer una mejor educación, una mejor atención en salud, más recreación y más deporte, para hacer así niños sanos y felices.
Ese es nuestro verdadero desafío; no marchas, ni protestas ni acusaciones sin fundamento que a nada conducen.
Recuerdo a la señora Rodríguez que la Constitución de la República establece, en el inciso quinto de su artículo 57, que "cesará en sus funciones el senador o diputado que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público", y que, por otra parte, fomentar o convocar a actos públicos colectivos, sin autorización, en calles, plazas y demás lugares públicos, y difamar, injuriar o calumniar a autoridades de Gobierno, incluyendo a Senadores y Diputados, constituyen delitos contra el orden público, sancionados por la Ley de Seguridad del Estado.
Espero, sinceramente, que no llegue el día en que sea necesario recurrir a la justicia para poner freno a este tipo de acusaciones difamatorias, que ya conocí durante toda la campaña, las cuales siempre son encubiertas por dirigentes vecinales o líderes políticos.
Espero que ésta sea la última vez que me vea en la necesidad de distraer la atención de esta Cámara para aclarar acusaciones infundadas, avaladas por quien, al igual que yo, representa un distrito que requiere de mucho apoyo y trabajo mancomunado.
Ruego, señor Presidente, hacer llegar esta declaración a la señora Diputada Laura Rodríguez.
He dicho.
Muchas gracias.
Aplausos en la Sala.
El señor MONTES.- ¡Hay que democratizar los municipios!


2.- AUTORIZACION A COMISION PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE CON LA SALA.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología solicita autorización de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala, a fin de continuar el estudio del proyecto relativo al Estatuto Docente.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente ¿me permite?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, como dato ilustrativo que justifica la petición formulada, informo a la Sala que al proyecto de ley sobre Estatuto Docente, que tiene 84 artículos, se han presentado 116 indicaciones, si se considera que los Comités acordaron tratarlo el próximo martes, es fundamental...
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El jueves.
El señor MUÑOZ-BARRA.- ...la autorización de la Sala para este efecto.
Aprovecho esta oportunidad para aclarar un error que aparece en la prensa y que me afecta. Se señala que el Diputado Roberto Muñoz Barra, socialdemócrata, habría votado en contra del proyecto de ley sobre Estatuto Docente, lo que no es efectivo, ya que voté favorablemente esa iniciativa.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Así nos consta.
El señor LATORRE.- Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, no hay ninguna objeción de parte de nuestro Comité para acceder a lo solicitado, pero pediría garantías a la Mesa para que en el momento en que haya votación se dé tiempo a los miembros de la Comisión para que alcancen a estar en la Sala.
El señor PALMA (don Andrés).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en la tabla general para el día de hoy figura un proyecto de ley...
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Antes, terminemos el punto.
Si no hay objeción, se acordará.
El señor PALMA (don Andrés).- No. ¡Hay objeción!
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Puede continuar, señor Diputado.
El señor PALMA (don Andrés).- Ocurre lo siguiente: hay un proyecto de ley que debe ser informado por la Comisión de Educación. Ahí está mi duda. No sé cómo lo hará esa Comisión para estar fuera de la Sala y, al mismo tiempo, informar un proyecto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el momento oportuno se llamará a sus integrantes, a fin de que puedan participar. La Comisión tiene bastante trabajo y es muy urgente que se avance en el Estatuto Docente.
Si les parece a los señores Diputados, así se procederá.
Acordado.


3.- PETICION DE RETIRO DE URGENCIA PARA DESPACHO DE UN PROYECTO.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- La Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, solicita el acuerdo de la Sala con el objeto del oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que retire la urgencia para el despacho del proyecto que otorga beneficios a los adquirentes de predios afectos a la Reforma Agraria y modifica diversos textos legales, atendida la imposibilidad de emitir su informe dentro del plazo.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado


4.- ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- Reunidos los Comités parlamentarios en el día de ayer, bajo la presidencia del señor Viera-Gallo y con la asistencia de los señores Dupré, Primer Vicepresidente; Huepe, por el Comité Demócrata Cristiano; Prokurica y Alessandri, por el Comité de Renovación Nacional; Smok, por el Comité del Partido por la Democracia y Partido Socialista; Chadwick y Guzmán, por el Comité de la Unión Demócrata Independiente, y Peña, por el Comité Radical, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1- Considerar en la presente sesión ordinaria, hasta su total despacho, y en el trámite en que se encuentren, los siguientes proyectos:
El que establece normas sobre Centrales Sindicales.
El que modifica el artículo 113 de la ley 18.768, en lo relativo a los personales académicos y no académicos de las instituciones de educación superior del Estado.
El que modifica el decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, del Ministerio de Obras Públicas.
El que excluye a la Empresa Nacional de Minería de la aplicación del artículo 23 del decreto ley N° 249, de 1963.
2.- Tratar en la sesión ordinaria de la tarde del día de hoy, hasta su total despacho, y en el trámite en que se encuentren, las iniciativas de ley que a continuación se indican:
La que crea el Servicio Nacional de la Mujer.
La que establece normas complementarias de administración financiera y de incidencia presupuestaria.
La que establece normas sobre libertad de expresión.
La que crea a Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo.
Los dos últimos proyectos mencionados se tratarán en la eventualidad de que lleguen los respectivos informes de las Comisiones Mixtas, entendiéndose incluidos tales documentos en la Cuenta pertinente.
3.- Destinar hasta una hora, al término del Orden de Día de la sesión ordinaria del jueves -hoy en la tarde-, para escuchar el informe que el señor Presidente de la Corporación entregará sobre la creación de las oficinas regionales del Congreso Nacional.
4.- Considerar en las sesiones ordinarias del próximo jueves 20 del mes en curso y, si fuere necesario, continuar el viernes 21, hasta su total despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, que establece normas sobre el Estatuto Docente.
5.- Rendir homenaje, en la sesión ordinaria del próximo jueves 20 , en la tarde, inmediatamente después de la Cuenta, en memoria de don Alfredo Lorca Valencia, quien fuera Presidente de la Cámara de Diputados y Senador de la República, y
6.- Que corresponde al pleno de la Corporación calificar, en última instancia, los proyectos o las normas de una iniciativa legal que requieran quorum de Ley Orgánica Constitucional o quorum calificado, según sea el caso.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.


5.- INCLUSION EN LA TABLA DE PROYECTO DE DISCUSION INMEDIATA.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Quiero proponer una alteración en la Tabla, porque ha llegado un mensaje del Ejecutivo, de discusión inmediata, relativo a una materia que no me parece controvertida.
> Es un proyecto de un solo artículo, por el cual se prorroga el plazo para establecer las fórmulas tarifarias a que se refiere el artículo único, transitorio, de la ley N° 18.856, sobre el problema del gas en la Duodécima región. Ese plazo vence en diciembre de este año. Se propone prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 1991.
Si le parece a la Sala, podríamos despacharlo omitiendo el trámite de Comisión, sin necesidad de abrir discusión sobre él. Me parece que responde a una exigencia administrativa de la Duodécima Región.
El señor PROKURICA- Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, creo que no hay problema en hacerlo, pero como hay desconocimiento total del artículo en la Sala, podríamos tratarlo a primera hora de la tarde.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No hay problema.
En todo caso, cada parlamentario tiene ahora el texto del proyecto en su poder.


6.- PREFERENCIA PARA EL DESPACHO DE PROYECTOS.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se ha planteado alterar el Orden del Día, en el sentido de tratar primero el proyecto de ley que excluye a la Empresa Nacional del Minería de la aplicación del artículo 23 del decreto ley Ne 249, de 1974, porque la Comisión de Minería está viajando hoy día.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- No es para referirme a este punto.
Quiero solicitar que se altere el Orden del Día de la sesión de la tarde, para tratar primero el proyecto de ley sobre normas complementarias, de administración financiera y de incidencia presupuestaria, informado por la Comisión de Hacienda, dejando en segundo lugar el que crea el Servicio Nacional de la Mujer.
Me gustaría que en ese sentido pidiera el acuerdo de la Sala, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Si le parece a la Sella se acordarán esos dos cambios: el propuesto por la Mesa y el solicitado por el Diputado Longueira.
Acordado.


7.- EXCLUSION DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA DE LA APLICACION DEL ARTICULO 23 EL DECRETO LEY N° 249, DE 1974. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En discusión el proyecto que excluye a la Empresa Nacional de Minería de la aplicación del artículo 23 del decreto ley N° 249, de 1974.
El texto del proyecto de ley que la Comisión de Minería y Energía recomienda aprobar figura en el N910 de los Documentos de la Cuenta de la sesión 16°, de 29 de noviembre de 1990. (Boletín N° 108-08
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado Informante, señor Vilches.
El señor VILCHES.- Señores Diputados, la Comisión de Minería y Energía pasa a informar el proyecto de ley, originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que excluye a la Empresa Nacional de Minería de la aplicación del artículo 23, del decreto ley N° 249, de 1974.
Durante el estudio de la iniciativa de ley, la Comisión contó con la presencia y colaboración de los siguientes representantes de la Empresa Nacional de Minería: el señor José Monares, Gerente de Personal; don Gustavo Gatica, Jefe de Relaciones Industriales; la señorita Jeanine Delard, Jefa del Servicio de Bienestar; los señores René Tobar y Carlos Bustos, Contador y Director, respectivamente, del Servicio de Bienestar, y el señor Juan Cofré, Presidente del Sindicato ENAMI- Santiago.
Las ideas fundamentales del proyecto son las siguientes:
Se excluye a la Empresa Nacional de Minería de lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N° 249, de 1974, según el cual las entidades en él mencionadas pueden otorgar, como único aporte a los servicios u oficinas de bienestar, un monto anual fijo y determinado por ley.
El artículo 23 estableció: "Las entidades a que se refiere el presente decreto ley podrán otorgar, como único aporte a los Servicios u Oficinas de Bienestar, un monto anual equivalente al 50 por ciento del sueldo mensual del grado 35 de la Escala Única por cada trabajador afiliado, cualquiera que sea su calidad y grado de nombramiento".
Dicha norma fue modificada posteriormente por el decreto ley N° 3.001 de 1979, disponiéndose que tal aporte alcanzaría a un monto anual equivalente al 100 por ciento del sueldo mensual del grado 31 de la Escala Única.
En virtud del artículo 3° del decreto ley N° 249, la Empresa Nacional de Minería debe fijar las remuneraciones de su personal y los reajustes de las mismas, de acuerdo con las normas propias del sector privado.
No obstante que la ENAMI constituye una empresa autónoma del Estado, con patrimonio y financiamiento propios,
sometida al régimen de negociación colectiva y, por lo tanto, no afecta al sistema de remuneraciones de la Escala Única, la Contraloría General de la República, por dictamen N“ 020115, de 27 de marzo de 1975, determinó que corresponde aplicarle la norma limitativa contenida en el artículo 23, del decreto ley N° 249, de 1974.
No resulta justificado que la Empresa Nacional de Minería continúe sometida a la limitación señalada. Parece mucho más legítimo que la propia empresa, en concordancia con su situación financiera, determine, por acuerdo fundado del directorio, el monto del aporte a su Servicio de Bienestar.
Debo señalar que ese servicio de los trabajadores de ENAMI nació de la fusión del Servicio de Bienestar de la ex Caja de Crédito Minero y Fomento Minero y de la ex Empresa Nacional de Fundiciones. Su objetivo -atender las necesidades médicas, asistenciales y socioeconómica de los trabajadores y de sus cargas familiares- se rige por un reglamento único, que es igualitario en el otorgamiento de beneficios a los afiliados y cuya aplicación se encuentra entregada a la supervisión de la Superintendencia de Seguridad Social.
Por otra parte, cabe destacar que el actual reglamento del Servicio de Bienestar de la Empresa Nacional de Minería, aprobado mediante decreto supremo N° 268, de 30 de noviembre de 1971, modificó el aporte de los trabajadores y elevó el de la empresa, con el fin de incrementar el monto y el número de los beneficios.
Si continuara el actual sistema, se produciría un notable menoscabo de los beneficios que concede este Servicio; y a su vez, disminuiría el aporte de los trabajadores, lo que significaría una vulneración de los derechos adquiridos por ellos.
Los socios operarios aportan el 2 por ciento y el 1 por ciento en el caso de los empleados. La diferencia se debe a que los ingresos de estos últimos son mayores. Mensualmente, cada uno contribuye con la suma de 2.123 pesos, lo que en el año da un total de 25.476 pesos. La empresa aporta, mensualmente, 1.110 pesos por cada socio, lo que llega a un total anual de 13.520 pesos. En otras palabras, los trabajadores aportan dos tercios y la empresa un tercio.
En resumen, el presupuesto anual del Servicio asciende a 113 millones de pesos.
Señor Presidente, este servicio otorga beneficios relacionados con la atención médica, consistente en aportes por consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones, exámenes de laboratorio, honorarios médicos, medicamentos, gafas dióptricas, etcétera. También concede subsidios por matrimonio, nacimiento, fallecimiento, así como préstamos personales vinculados con la atención médica. Todo ello configura un conjunto de beneficios que complementan a los que proporciona la empresa y a las bonificaciones que otorgan el FONASA o las ISAPRES. En síntesis, lo que no cubren estas instituciones es costeado, en gran medida, por el servicio de bienestar.
El problema fundamental que actualmente afronta el servicio de bienestar radica en la insuficiencia de recursos para atender las necesidades de sus afiliados. Se estima que, en este año, experimentará un déficit del orden de los 25 millones de pesos.
Al 31 de agosto de 1990, el servicio de bienestar tenía 2.702 socios, con una fuerza de trabajo de 3 mil 104 personas, lo que equivales a una afiliación del 87 por ciento de los trabajadores. En síntesis, atiende a 10.721 personas, incluidas las cargas familiares del personal de ENAMI.
Durante la discusión general en la Comisión, se reiteraron las consideraciones y los fundamentos contenidos en el mensaje, pues hubo pleno acuerdo en la necesidad de legislar sobre la materia.
Por tales consideraciones, el proyecto en informe fue aprobado, en general, por la unanimidad de los señores Diputados que integran la Comisión.
Respecto de la discusión en particular, la Comisión adoptó, en relación al artículo único, los acuerdos que se señalan a continuación.
Los Diputados señores Cantero, Prokurica y Vilches formularon indicación para agregar al artículo único el siguiente inciso nuevo:
"La Empresa Nacional de Minería realizará al servicio de bienestar un aporte único, anual, que corresponderá a un monto equivalente, de carácter paritario, al que realicen los trabajadores".
Esta indicación fue desechada por 4 votos a favor y 7 votos en contra.
Posteriormente, al ser sometido a votación, el artículo único del proyecto, fue aprobado por 10 votos a favor y 1 abstención.
Señor Presidente, por las razones expuestas, la Comisión recomienda aprobar el artículo único del proyecto de ley, que dice: "Excluyese de la disposición del artículo 23 del decreto ley N° 249, de 1974, a la Empresa Nacional de Minería".
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor GAJARDO.- Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.
El señor GAJARDO.- Señor Presidente, los Diputados democratacristianos votaremos favorablemente este proyecto, que es bastante simple.
En realidad, se trata solamente de resolver un vacío del decreto ley 249, de 1973, que establece la Escala Única de Remuneraciones para el sector público.
En esa reforma se señalan las instituciones del Estado que quedan afectas a sus prescripciones y, al mismo tiempo, se determinan los beneficios a que tendrán derecho esos funcionarios, y las condiciones de los mismos.
En virtud del citado artículo 3°, la Empresa Nacional de Minería debe fijar las remuneraciones de su personal y sus reajustes de acuerdo con las normas propias del sector privado. Por eso, se negocia colectivamente entre la empresa y sus trabajadores. Pareció, en consecuencia, que no le afectaba a la empresa lo dispuesto en el artículo 23 de ese cuerpo legal, que fija limitaciones a los aportes que se pueden hacer al servicio de bienestar, en términos de que no pueden superar anualmente el equivalente al 100 por ciento del sueldo mensual del grado 31 de la Escala Única.
Se produce, entonces, una extraña situación: una empresa que no está afecta a la Escala Única de Remuneraciones se ve afectada por esta disposición, que inhibe celebrar convenios o contratos colectivos al margen de esta situación limitativa.
Por esa misma razón, la empresa entendió que este artículo 23, limitativo, no le era aplicable. Sin embargo, no fue esa la tesis de la Contraloría General de la República, que expresó lo contrario.
En definitiva, este proyecto viene a complementar lo que establece el decreto ley 249, en cuanto a excluir definitivamente a la Empresa Nacional de Minería de las disposiciones allí establecidas, liberándola de la prohibición de efectuar aportes para el fondo de bienestar que, en este momento, por esas condiciones limitativas, están bastante restringidos. En el fondo, se trata de dar a ENAMI la libertad que tiene cualquier empresa productiva para negociar todas las condiciones laborales con sus trabajadores.
Por estos motivos, votaremos favorablemente este proyecta de ley.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Además, en la Comisión se analizó, en detalle, la facultad que se le otorgará al directorio de la Empresa Nacional de Minería para hacer un aporte igualitario al de los trabajadores, en relación al ambiente altamente tóxico en que las personas de ENAMI prestan sus servicios. Por lo tanto, el departamento de bienestar debe otorgar, cada vez, mayores beneficios.
En cierta medida, se van a prestar con mayor prontitud y eficacia los beneficios médicos y se van a cubrir los riesgos que significa trabajar en esta empresa, donde un alto porcentaje de trabajadores, por ingerir elementos de un ambiente tóxico, dañan su salud.
Nada más.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA- Señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional e Independientes también apoyará este proyecto, ya qqe permite mejorar el servicio de bienestar de ENAMI y, por lo tanto, las condiciones de vida de los trabajadores que, como alguien expresó recientemente, laboran en contacto directo con fundiciones y con el trabajo minero en sí, lo cual produce graves daños a la salud. Por esta razón, esta iniciativa es de gran importancia para la gente que labora en ese sector.
Por lo demás, sabedores de que la minería constituye una de las actividades fundamentales del país, es nuestra principal preocupación poder ayudarla.
Gracias, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, en beneficio del tiempo, no voy a repetir todos los argumentos que ya han sido señalados por los Diputados que me han precedido en el uso de la palabra, pero quiero hacer presente en la Sala, al igual que en la Comisión, que la bancada de la UDI votará favorablemente este proyecto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER - Señor Presidente, no nos oponemos a este proyecto, porque consideramos correcto que los trabajadores, a través del servicio de bienestar, puedan contar con recursos adicionales, especialmente para solucionar problemas de salud.
Sin embargo, nos llama poderosamente la atención que esta iniciativa no tenga un carácter más general, porque, en particular, parece una discriminación en favor de los trabajadores de ENAMI al no contemplar el conjunto de empresas excluidas por esas disposiciones legales de 1974, que limitaron los aportes de las empresas al fondo de los trabajadores. Si se hubiera pensado en forma más global, este mismo potencial beneficio podría haber sido bastante más amplio de lo que es en este proyecto de ley, el cual, a nuestro juicio, es restrictivo.
En segundo lugar -es una opinión manifestada por varios Diputados-, sería interesante que empresas como ENAMI, con el objeto de evitar la existencia de tantos problemas de salud de sus trabajadores, realizaran importantes inversiones para disminuir la contaminación o las emisiones contaminantes, con lo cual se impediría que aportes destinados a salud fueran para paliar situaciones casi irreversibles de personas que trabajan en ambientes altamente tóxicos o en labores muy pesadas.
Sin perjuicio de lo anterior, no nos oponemos a este proyecto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.
El señor ROCHA.- Señor Presidente, pienso que la motivación fundamental de este proyecto reside en el hecho de que los trabajadores de ENAMI laboran en ambientes realmente tóxicos.
La bancada radical-socialdemócrata también prestará su apoyo a este proyecto, dejando constancia de que esperamos, cuando se trate la situación de los trabajadores del carbón que laboran en situaciones mucho más difíciles que los de ENA- MI, que también se logre la misma unanimidad que hoy observamos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En votación el proyecto que excluye a la Empresa Nacional de Minería de la aplicación del artículo 23 del decreto ley N° 249.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado en general y en particular el proyecto, con lo cual queda despachado en primer trámite constitucional.


8.- DESIGNACION DE MIEMBROS DE COMISION MIXTA.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Antes de entrar a discutir el siguiente proyecto, corresponde proponer a la Sala la composición de la Comisión Mixta, que deberá analizar la discrepancia que se produjo con el Senado en tomo al aporte para Televisión Nacional.
Se han indicado como miembros de esa Comisión a los Diputados Mario Devaud, quien fue el informante; Andrés Palma, Jaime Estévez, Evelyn Matthei y Pablo Longueira.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.


9.- CONSTITUCION DE CENTRALES SINDICALES. PROPOSICION DE LA COMISION MIXTA.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde entrar a discutir el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley sobre Centrales Sindicales.
El informe de la Comisión Mixta figura en el N° 01 de los Documentos de la Cuenta de la sesión 19°., de 11 de diciembre de 1990. (Boletín N° 50-13).
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Hago presente a la Sala que, de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, no procede formular indicaciones en este caso, por lo cual debe votarse en su conjunto el informe; es decir se rechaza o se aprueba en su totalidad, pero no se puede subdividir la votación.
En segundo lugar, sólo se pueden pronunciar tres discursos de diez minutos cada uno, aparte de que el Ministro, ciertamente, pueda hacer uso de la palabra.
En tercer lugar, de nuevo tenemos un problema de interpretación constitucional. Algunos señores Diputados piensan que para aprobar un informe de Comisión Mixta, cuando hay artículos que requieran quorum de ley orgánica constitucional, bastaría la simple mayoría, por cuanto la Cámara ya habría dado su voto favorable con el quorum requerido por la Constitución. En cambio, en el Senado se produjo una discrepancia al interior de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde tres Senadores estuvieron por requerir, para aprobar el informe de la Comisión Mixta, al igual que para cualquier trámite de la ley el quorum que la Constitución establece. El Senador Máximo Pacheco tuvo un criterio contrario. La Sala del Senado aprobó, por mayoría el informe de la Comisión de Constitución. El constitucionalista don Alejandro Silva Bascuñan tiene una opinión contraria.
Podemos meditar sobre esta materia para ver cómo lo haremos cuando llegue el momento de votar, porque no hay un informe de nuestra Comisión ni tampoco una decisión de la Sala. Mientras tanto, podemos empezar con el debate de fondo del informe.
También me ha pedido el señor Ministro que solicite la autorización de la Cámara para que ingrese a la Sala el Subsecretario del Trabajo, don Eduardo Loyola.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
A continuación, va a hacer uso de la palabra el Diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin duda, esta Cámara puede sentir legítimo orgullo respecto del proyecto aprobado por la Comisión Mixta y sometido hoy a consideración de los Honorables Diputados.
Tal como lo manifestó el Diputado señor Seguel en el trámite constitucional anterior, en el seno de la Comisión de Trabajo de esta Cámara entre las distintas bancadas con relación a este proyecto, se alcanzó acuerdo en alrededor de un 80 por ciento.
Posteriormente, el proyecto sufrió modificaciones radicales en el Senado. Afortunadamente, la Comisión Mixta retomó y perfeccionó el proyecto aprobado por la Cámara en el primer trámite constitucional.
Básicamente, las modificaciones apuntan a perfeccionar y asegurar la libertad y pluralidad sindical, como también la soberanía de las organizaciones base en las decisiones más importantes de una central sindical.
La libertad sindical y la soberanía de las organizaciones bases se asegura con la proposición del inciso primero del artículo 2o. Al respecto, en el mensaje enviado por el Ejecutivo sólo se permitía a las federaciones, confederaciones y sindicatos de más de mil trabajadores constituir o afiliarse a una central.
Tal como lo sostuvimos a través de toda la tramitación del proyecto, creemos que no existen razones valederas para impedir que el resto de los sindicatos -independiente del número de afiliados- tengan la posibilidad de afiliarse en forma directa a una central, sin estar obligados a pertenecer a una federación o confederación. De hecho, en la actualidad, de aproximadamente 7 mil sindicatos, sólo mil están en federaciones y 1500 en confederaciones.
De esta forma, estamos contribuyendo a que efectivamente rija la libertad sindical, por cuanto la afiliación o desafiliación a una organización de grado superior, en cualquiera de sus niveles, dependerá de las bases.
Adicionalmente, en este inciso se precisa la forma de integración de las asociaciones gremiales, toda vez que en la historia de esta ley queda expresamente establecido que, para integrar una central sindical, estas organizaciones deben estar formadas por trabajadores.
Tal como venía en el texto del proyecto, y al no hacer diferencias en cuanto a su integración, perfectamente podrían haber ingresado a una central las asociaciones gremiales compuestas por empresarios, los cuales, como es obvio, tienen intereses muy distintos del de los trabajadores.
Respecto del inciso segundo de este artículo, mantenemos las aprensiones sobre el tratamiento que se les da a los jubilados. En efecto, la participación de los pensionados queda relegada única y exclusivamente a la cabida que les den los estatutos de la central.
Sostenemos que, al crearse una organización, todas las entidades que la integran deben tener un tratamiento igualitario. En este caso, no es así.
Adicionalmente, consideramos que los intereses de los pensionados muchas veces son contrapuestos a los de los trabajadores activos. Por esa razón, somos partidarios de que se envíe un proyecto de ley a la Cámara, que permita a los pensionados formar sus propias centrales, tal como se han comprometido las autoridades del Trabajo, en este caso.
En el artículo 3° se perfecciona la democracia interna que debe regir en las organizaciones, al menos en las decisiones más importantes.
Se incorpora el sistema proporcional en función del universo de socios para que, en realidad, las decisiones cuenten con la representatividad necesaria.
Mediante el perfeccionamiento del artículo 4°, al establecer el quorum del 5 por ciento para su constitución, se está asegurando la pluralidad de las centrales sindicales.
Se ha afirmado que este quorum impediría contar con organizaciones representativas. Al proponer este porcentaje, sostuvimos que la ley siempre debe favorecer la pluralidad para que se cumpla tal objetivo, es indispensable fijar quorum relativamente bajos o razonables que permitan la existencia de distintas alternativas sindicales. La representatividad dice relación con el número de afiliados con que cuenta cada central. Creemos que, con esta proporción, se está asegurando una representatividad real de estas organizaciones y también algo muy importante en una democracia: el derecho de las minorías a tener una expresión y poder organizarse.
Los artículos 5° y 6° se perfeccionaron en el sentido de establecer claramente que en las actas de constitución, afiliación o retiro requerirán del acuerdo de las asambleas de las organizaciones bases, y en el caso de la organización sindical será siempre la asamblea y el sindicato base.
El artículo 8° perfecciona la normativa, en el sentido de obligar, por la vía de fuero sindical, a quienes postulen como director de una central, a tener representatividad en algunas de las organizaciones de grado inferior.
El artículo 9°, en la proposición de la Comisión Mixta, sólo amplía la enumeración ejemplar sobre las finalidades de las centrales.
Pero más allá de la enumeración, quiero destacar algunas de ellas, porque orientan la acción de estas organizaciones.
El primero de ellos se refiere a la facultad que expresamente se establece para las centrales en orden a cooperar a la función fiscalizadora que compete a la Dirección del Trabajo, a la Superintendencia de AFP o al Instituto de Normalización Previsional. Se deja expresamente la posibilidad de denunciar las infracciones a las leyes del trabajo y de seguridad social.
Somos partidarios de la iniciativa privada como motor del desarrollo, pero ella debe tener el contrapeso necesario que se da a través de una adecuada fiscalización para que no se vulneren los derechos de los trabajadores y se legitime la legislación laboral.
En segundo término, creo interesante destacar que para evitar la politización y la sola reivindicación, se incorporan elementos que fomentan la actividad gremial de estas organizaciones. Me refiero especialmente a la fórmula que permite a las centrales constituir y participar en entidades de carácter previsional.
Finalmente, en lo que se refiere a los artículos transitorios, para ser consecuentes con nuestro planteamiento, desde un comienzo hemos sostenido y promovido la soberanía de las organizaciones bases, como pilar del movimiento sindical moderno, tecnificado, gremial y no meramente cupular. Para tal efecto, hemos procurado que la afiliación y constitución de las organizaciones de grado superior siempre dependa de las asambleas bases, idea que recoge el proyecto en su articulado permanente.
Sin embargo, no encontramos justificación alguna para que, por la vía de un artículo transitorio, se vulnere esta idea matriz. La razón que se ha señalado para ello es que la disposición constituye un reconocimiento al movimiento sindical por los años de lucha en pro de la recuperación de la democracia.
Respecto a este punto, quiero hacer dos alcances. En plena época democrática, el reconocimiento legal de la CUT tardó casi 20 años. En segundo lugar, el mejor reconocimiento de la democracia al movimiento sindical es haber legislado a través de un proyecto de ley, por primera vez en la historia de manera global y plural, para establecer organizaciones autónomas que agrupen a todos los trabajadores del país, independiente del sector o actividad que desarrollen.
En relación al artículo 2°, durante la tramitación del proyecto de ley dijimos que éramos partidarios del quorum del 5 por ciento para la constitución de centrales. Consecuentes con ese planteamiento, preferiríamos mantener el 5 por ciento, pero se propone rebajar el quorum al 3 por ciento.
No obstante las observaciones realizadas en esta oportunidad, creemos que se ha avanzado mucho en las ideas respecto al movimiento sindical y, por eso, la Unión Demócrata Independiente dará sus votos favorables al informe emitido por la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Según el artículo 121 del Reglamento, sólo pueden hacer uso de la palabra tres señores diputados y el señor Ministro cuando lo estime.
Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.
El señor GAJARDO.- Señor Presidente, los Diputados democratacristianos vamos a votar favorablemente el proyecto que propone la Comisión Mixta. Debemos dejar constancia de que nuestros parlamentarios, tanto Diputados como Senadores, concurrimos a aprobar todo el articulado.
El artículo 1° fue aprobado unánimemente en la Comisión. Reconoce el derecho a la constitución de centrales sindicales sin autorización previa.
El artículo 2° establece las organizaciones que integran una central sindical. Se acordó que fueran confederaciones, federaciones o sindicatos, asociaciones de funcionarios de la administración civil del Estado y de las municipalidades, y asociaciones gremiales constituidas por personas naturales. Este primer inciso fue aprobado con una abstención.
El inciso segundo que se incorporó fue aprobado por mayoría de votos. Permite que ingresen en calidad de afiliados a las centrales sindicales las organizaciones de pensionados que gocen de personalidad jurídica.
El artículo 3° fue aprobado por unanimidad en la Comisión. Establece las normas que deben contener los estatutos de la organización.
El artículo 4° fue aprobado con una abstención. Establece el quorum necesario para constituir una central sindical. Se fijó en un 5 por ciento del total de los afiliados de las organizaciones que tienen derecho a constituir una central sindical.
El artículo 5° fue aprobado por unanimidad. Establece la forma de constitución de las centrales sindicales.
En este punto, a pesar de que el texto lo señala con bastante claridad, a mi juicio, vale la pena hacer hincapié, para la historia de la ley, que el espíritu de la Comisión fue que las organizaciones de primer grado que se integrarán a una central sindical deberán contar con el acuerdo mayoritario de sus asambleas respectivas. Vale decir, una confederación que se incorpora a una central sindical no sólo requiere el acuerdo de la asamblea de la confederación como tal, sino de los sindicatos que la constituyen.
El artículo 6° fue aprobado por unanimidad. Se refiere a la afiliación o desafiliación a una central sindical, radicando, al mismo tiempo la decisión sobre estas materias en las asambleas de las organizaciones de primer grado que la integran.
El artículo 7a establece el mecanismo formal de registro de los estatutos de las centrales sindicales en la Dirección del Trabajo y, al mismo tiempo, el plazo que tiene la Dirección para formular observaciones, tanto al acto de constitución como a los estatutos.
Más adelante, fija un procedimiento de reclamos de las observaciones de la Dirección del Trabajo ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde la central sindical tenga su domicilio.
Sobre este artículo y los artículos 12 y 13, que se refieren a la competencia de los tribunales de justicia, se solicitó 'el informe correspondiente a la Corte Suprema. Su redacción es, precisamente, la sugerida por la Corte Suprema.
El artículo 8° señala las normas sobre el fuero para los directores de las centrales sindicales. Fue aprobado por unanimidad.
Igualmente, fue unánime el acuerdo para aprobar el artículo 9°, que se refiere a las finalidades de las centrales sindicales.
El artículo 10 faculta a las centrales para constituir libremente organizaciones internacionales de trabajadores o afiliarse a ellas. También contó con acuerdo unánime:
El artículo 11 establece que el financiamiento de las centrales sindicales proviene de sus propios asociados. Fue aprobado por unanimidad.
El artículo 12 señala las causas de disolución de las centrales sindicales. Agrega que podrá ser solicitada la disolución por cualquiera de las organizaciones afiliadas. Cuando la razón sea que el número de integrantes ha bajado de la cifra mínima establecida para la constitución de la central, vale decir, del cinco por ciento, esa declaración debe ser solicitada por la Dirección del Trabajo. La norma fue aprobada unánimemente.
También fue aprobado en la misma forma el artículo 13, sobre las reclamaciones a que dé origen la aplicación de esta ley, estableciéndose la competencia de un Ministro de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde la central sindical tenga su domicilio.
En el artículo 14, aprobado también por unanimidad, se hacen aplicables, en forma supletoria, las normas contenidas en el Libro III, del Código del Trabajo.
Los artículos transitorios son tres.
El 1° establece un mecanismo más expedito para la constitución de las centrales sindicales, que está de acuerdo con el enunciado del artículo 1° permanente, pues reconoce a las centrales sindicales el derecho de existir. Si se reconoce el derecho, es porque se entiende que participar en este tipo de organizaciones forma parte del derecho natural. Si es así, no corresponde al legislador establecer las normas para que se cree una central. El derecho no emana directamente del legislador, sino que es propio de la naturaleza de estas organizaciones. En consecuencia, el Estado sólo reconoce su existencia.
De acuerdo con este pensamiento, en el artículo 1° transitorio se establece un mecanismo más expedito para que las organizaciones de trabajadores que han funcionado de hecho en estos años puedan obtener su reconocimiento legal como centrales sindicales.
En el artículo 2° transitorio se establece un mecanismo en cuanto al quorum. La norma permanente señala que una organización sindical debe ser representativa de, al menos, el 5 por ciento de los trabajadores organizados sindicalmente. Esta disposición permite que las centrales que se constituyan hasta el 30 de junio de 1992 lo hagan con un quorum de 3 por ciento, debiendo completar a dicha fecha el quorum del 5 por ciento.
Finalmente, el artículo 3° transitorio faculta al Presidente de la República para que incorpore todas las normativas vinculadas a esta ley en el Libro III del Código del Trabajo.
Si bien es cierto que el proyecto no satisface completamente las aspiraciones de los parlamentarios de esta bancada, creemos-que es un paso positivo que favorecerá el desarrollo del movimiento sindical, por lo que, tal como lo señalé al empezar mi intervención, lo votaremos favorablemente.
Señor Presidente, el señor Fantuzzi me ha pedido una interrupción. Se la concedo gustosamente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fantuzzi.
Debo advertirle que queda muy poco tiempo.
El señor FANTUZZI.- Señor Presidente, seré muy breve, como de costumbre.
Renovación Nacional votará a favor del proyecto, fundamentalmente por la similitud que existe entre lo planteado por mi Partido en su primer trámite en la Cámara y el enviado por la Comisión Mixta, sobre todo en lo relacionado con el quorum propuesto del 5 por ciento para formar las centrales, así como por el hecho de que un artículo transitorio da mayores facilidades para organizarse, al permitir un quorum de sólo el 3 por ciento durante un plazo prudente; que vence el 30 de junio de 1992.
Espero sinceramente que los trabajadores tengan el mayor éxito en las importantes tareas de organizarse y hago votos para que no se repitan las experiencias del pasado, donde la politización de estas organizaciones les impidió representar eficientemente sus verdaderos intereses.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor CARDEMIL.- Había solicitado una interrupción al señor Ojeda.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El problema es que ya se venció el plazo de 10 minutos.
Tiene la palabra el Diputado señor Araya, quien le podrá conceder una interrupción después.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, Honorables Diputados: nuestra bancada votará favorablemente este proyecto, no obstante -y lo dejamos plenamente establecido- que la proposición de la Comisión Mixta lo deja absolutamente minimizado, al punto que no corresponde sino a mínima parte de las aspiraciones de los trabajadores.
Durante estos últimos 16 años, el Gobierno prohibió en la infraestructura sindical las organizaciones superiores, como son las centrales sindicales, y sólo reconoció a los sindicales bases, las federaciones y las confederaciones. En este sentido, el proyecto es un paso positivo. Por eso, lo votaremos a favor.
Pero debemos expresar nuestro malestar y desacuerdo por el gradual y progresivo proceso de deterioro que fue sufriendo el proyecto original del Ejecutivo durante su tramitación por la acción, por cierto, de la Derecha parlamentaria. De esto -como ha ocurrido en tantos otros casos- debemos hacer responsables a los Senadores designados -aunque faltaríamos a la verdad, si no reconociéramos que también hay responsables parlamentarios elegidos-, cuya votación es determinante, ya que, lamentablemente, se suma a la de los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional.
El movimiento sindical chileno necesita organizaciones fuertes. Por eso, en cuanto al quorum para formar centrales sindicales nuestra bancada votó por el 15 por ciento, en lugar del 5 por ciento y del 3 por ciento, como se establecía en el proyecto devuelto por el Senado.
Nosotros proponíamos que los sindicatos no pudieran afiliarse directamente a una central sindical, porque permitirlo significaba hacer pedazos la estructura que se ha dado en Chile el movimiento sindical. Como partidarios de la libertad sindical, no podemos aceptar disposiciones que la coarten. Nuestra proposición original consistía en que los sindicatos que se quisieran afiliar directamente a una central sindical, necesitarían un mínimo de mil asociados. Porque queremos un movimiento sindical fortalecido, un movimiento sindical que sea actor principal en nuestro sociedad, un movimiento sindical en que los trabajadores sean parte importante de esta sociedad, un movimiento sindical que fortalezca la democracia que esos mismos trabajadores se dieron el día 14 de diciembre, en una jomada en que les cupo una gran participación.
Reitero que nos preocupa poderosamente que el proyecto haya sido minimizado. Por eso, dejamos establecido en la historia de la ley que si bien lo aceptamos tal como quedó, estamos en desacuerdo con los cambios que sufrió.
Concedo una interrupción de un minuto a mi colega don Mario Palestro.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, sólo quiero ratificar las afirmaciones del compañero Araya respecto del papel que juegan en estos instantes los Senadores designados "a dedo" por el señor Pinochet, quienes se han convertido en un verdadero "dique de contención" de las leyes. Se han "amontonado" en el Congreso muchos proyectos que el Gobierno pretendía promulgar para apresurar el paso de la estructuración de esta democracia.
Ayer, señor Presidente, nuevamente han hecho su aparición los votos de estos señores, que fueron elegidos sólo por una sola persona, por un dictador. Por ejemplo, han rechazado el proyecto aprobado por esta Cámara que entregaba fondos a Televisión Nacional y a la Radio Nacional.
Una vez más, estos señores, que son una vergüenza para el sistema parlamentario chileno, han frustrado las buenas intenciones de quienes hemos querido más que nada tapar el forado que dejaron los que dirigieron a Televisión Nacional durante la dictadura.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.- Ahora, el canal nacional, cuando ha pasado a manos de un gobierno democrático ha demostrado pluralidad, amplitud y objetividad; ya que, tal como decíamos en días pasados, entrega más informaciones de la Oposición que de los propios sectores de Gobierno.
Señor Presidente, este problema alguna vez tendrá que sensibilizar a la opinión pública.
No es posible que esas siete personas sigan desvirtuando o frustrando las mejores intenciones del Parlamento, del propio Gobierno democrático de don Patricio Aylwin.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Araya.
El señor ARA YA.- Señor Presidente, como decía, queremos organizaciones sindicales fortalecidas. No queremos que en el futuro el movimiento sindical chileno se vea expuesto a una atomización como la sufrida durante el régimen pasado.
Este proyecto lo votaremos favorablemente -lamento mucho que no haya sido despachado como queríamos, repito- para que, de una vez por todas, las centrales sindicales sean reconocidas en Chile y para que se les entregue el financiamiento necesario y que se les negó en el pasado.
Ojalá cuando tratemos los futuros proyectos sobre materias laborales, los sectores que hoy aparecen interesados en que el movimiento sindical chileno sea débil y atomizado, reflexionen y demuestren ante esta Cámara, ante el país y ante los propios trabajadores, que realmente están por la defensa de intereses nacionales.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Hago presente que, por mandato de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, este proyecto debe remitirse al Tribunal Constitucional, por contener artículos de ley orgánica constitucional.
Sobre esto último es importante mencionar dos cosas: en primer lugar, que la Comisión Mixta, al revisar los artículos 7a, 12 y 13, sólo ha formulado precisiones y no verdaderas modificaciones a lo aprobado por la Cámara y por el Senado. El único cambio consiste en determinar que la Corte de Apelaciones ante la cual podrá recurrir central sindical en caso de que le sea rechazada su solicitud será aquélla con jurisdicción sobre el departamento de su domicilio. Lo aprobado por la Cámara decía que "podrá recurrir a la Corte de Apelaciones del respectivo domicilio". Es sólo un cambio de redacción.
En consecuencia, la Comisión Mixta no ha modificado estos artículos, sino que, simplemente, ha realizado una precisión* de redacción. De todas maneras, en la eventualidad de que se entendiera que esto constituye modificación, existen dos tesis respecto del quorum para votar este informe. Una, sostiene que bastaría la simple mayoría de los Diputados presentes, para lo cual se basa en la redacción del precepto constitucional respectivo; y otra, que dice que "en todos los trámites de formación de la ley, cuando sea de quorum calificado y orgánica constitucional, se requiere que concurran los quorum respectivos", porque se trataría de una norma especial.
La Mesa, sin entrar a pronunciarse sobre esa materia, que es controvertida y que el Senado ya dilucidó, pero no así la Cámara, y sobre la cual el Tribunal Constitucional tampoco se ha pronunciado, someterá a votación el informe en ese doble entendido: en primer lugar, que no ha habido modificaciones a los artículos; sino que simples precisiones de redacción; y, en segundo lugar, dejando constancia del quorum que concurre a la aprobación del informe.
El señor DEVAUD.- Señor Presidente, si usted tiene dudas respecto de ese punto, ¿por qué no consulta a la Sala?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No he consultado a la Sala porque, hasta hace pocos minutos, todos los Diputados presentes querían votar favorablemente el proyecto según se desprendía de lo que expresaban todas las bancadas; pero no concurría el quorum necesario de 69 Diputados.
Ahora, existe ese quorum.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobado el informe. En consecuencia, si se admite la tesis de que para este proyecto de ley se requiere quorum de ley orgánica constitucional, esta vez, con esta unanimidad, concurrió el quorum requerido.
Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo.
El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, Honorable Cámara, agradezco el apoyo unánime dado a este proyecto de ley, que, sin duda, corrige una omisión y una deficiencia de nuestra actual legislación laboral, al otorgar a las centrales sindicales la posibilidad de obtener personería jurídica como un paso más en el proceso de modernización de nuestras instituciones sociales y políticas.
Muchas gracias.
Aplausos en la Sala.


10.- BENEFICIOS PARA PERSONALES ACADEMICOS Y NO ACADEMICOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley que modifica el artículo 113 de la ley N° 18.768, en lo relativo a los personales académicos y no académicos de las instituciones de educación superior del Estado.
Diputado Informante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación es el señor Carlos Smok.
El texto del proyecto de ley, impreso en el Boletín N* 55-04 figura en el N! 6 de los Documentos de la Cuenta de la sesión 16°., de 29 de noviembre de 1990.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Smok, Diputado Informante.
El señor SMOK.- Señor Presidente, este proyecto, que consta de un artículo único, de iniciativa del Diputado señor Sergio Ojeda y otros parlamentarios e incluido por el Ejecutivo en la legislatura extraordinaria, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación, en septiembre de este año.
La ley 18.768, publicada el 28 de diciembre de 1988, es una ley miscelánea. Su artículo 13 dispuso que aquellos personales académicos y no académicos de instituciones de educación superior del Estado que cesaren voluntariamente en sus funciones durante 1989, y sólo por ese año, tendrían la posibilidad de recibir una indemnización de hasta seis meses, por el hecho de haber renunciado voluntariamente.
Su inciso segundo estableció que este beneficio era para aquellos funcionarios que no se acogieran a jubilación.
Su inciso tercero señaló que quienes se acogieran a este beneficio, durante los próximos cinco años, no podrán ser contratados nuevamente en esa casa de estudios.
El objetivo central del proyecto, entonces, consiste en suprimir la limitación que impide, durante cinco años, a esos personales volver a contratarse en el centro de estudios superiores en el cual hubieren renunciado voluntariamente.
Del debate de la Comisión se concluyó en que una situación tan inusual como pagar una indemnización por una renuncia voluntaria, durante el lapso de un año, con la condición de no recontratarse durante cinco años, planteaba un problema que, en opinión de la Comisión, daba motivos suficientes para aprobar unánimemente esta moción.
Uno de ellos radica en que los mecanismos de renuncia voluntaria no hayan sido siempre espontáneos y libres en cuanto a la decisión de la persona implicada, sino un sistema de racionalización de la situación universitaria o, eventualmente, de alguna forma de persecución o de otras que hacen dudar de que sea voluntaria, razón por la cual se le entregaba una indemnización a la persona.
Considerando que ha habido formas de renuncias no voluntarias encubiertas por este mecanismo, la Comisión recomienda a esta Cámara suprimir el inciso tercero, mediante el cual se establece la prohibición de recontratarse en la misma universidad durante los siguientes cinco años, con el fin de dejar mayor amplitud en la libertad de trabajo de quienes postulen y que la universidad tenga interés en recontratar.
Por eso, se propone a la Sala derogar el inciso tercero del artículo 113 de la ley miscelánea N° 18.768, de 1988.
En cuanto puedo informar.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, Honorables Diputados:
El artículo 113 de la ley N° 18.768, de 29 de diciembre de 1988, dispone que los personales académicos y no académicos de la educación superior del Estado, incluyendo las Universidades de Chile y de Santiago, que cesen voluntariamente en sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1989, tendrán derecho a recibir una indemnización de hasta seis meses de la última remuneración, lo que no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.
En seguida, y tal como lo ha señalado el Diputado Informante, agrega que las personas que perciban el beneficio no podrán ser nombradas ni contratadas en la institución de educación superior en la cual lo obtuvieron, durante los cinco años siguientes a la fecha del cese que origina la indemnización, con la única excepción de los nombramientos o contratos con hasta un cuarto de jomada de la que tenían ,al momento de cesar en sus funciones.
Señor Presidente, esta disposición legal, dictada en momentos críticos de la educación superior chilena, es injusta y negativa en muchos aspectos y debe ser derogada y sustituida por el inciso tercero que se propone.
La mencionada norma legal pudo ser positiva, en cierto sentido, para situaciones mínimas, pero en la mayoría de los casos ha resultado perjudicial y abiertamente atentatoria a los derechos de los afectados, tanto respecto la indemnización limitada de seis meses, como de la prohibición de reingreso y recontratación dentro de los cinco años siguientes a la cesación de funciones.
Señor Presidente, todos conocemos las exoneraciones habidas durante los años de dictación de esta ley y que afectó, en este caso, las plantas del personal académico y no académico de los institutos profesionales y de las universidades estatales, por razones de racionalización del personal y por motivos ajenos a este proceso, lindantes en lo político.
Las exoneraciones fueron arbitrarias y las renuncias no siempre libres y espontáneas. Para encubrir estas arbitrariedades se estableció la renuncia voluntaria, con lo cual, prácticamente, se obligaba a los exonerados a acogerse a esta ley, sufriendo, en consecuencia, los efectos que ella taxativamente considera. Ante la inminencia del despido y frente a la alternativa de no recibir nada, los afectados optaron por renunciar y obtener a cambio la indemnización consagrada en la ley. No obstante haberla recibido, el renunciado salió gravemente perjudicado, ya que no siempre en los casos vistos, ella representó los reales años de servicio, debido a que estaba limitada a seis meses de la última remuneración; es decir, a seis años de trabajo. Quienes tenían más de seis años servidos, por ejemplo diez o veinte, como ocurrió en muchos casos, igualmente percibieron seis meses de sueldo, originándoseles un grave e irrecuperable perjuicio pecuniario.
Más aún, esto significó desconocer su trabajo, el largo servicio prestado al Estado y un agravio a su dignidad como trabajador y académico. Acentúa la gravedad del problema la prohibición de ser contratado durante los cinco años siguientes a la fecha del cese de funciones, por la misma institución superior que haya pagado las indemnizaciones. Injusto castigo para quienes, en virtud de esta ley, quedan entonces inhabilitados de trabajar, por las restricciones impuestas.
Como se comprenderá, la vigencia del inciso tercero del artículo 113 de la ley N° 18.768 es abiertamente arbitraria e injusta; implica un funesto precedente en la legislación que debe regular la educación superior, institucionaliza un tipo de sanción disciplinaria inédita en nuestra legislación y contrasta con el espíritu de justicia que hoy día se procura introducir a la educación. Es, además, abiertamente discriminatoria, pues sólo se aplica a este sector de la administración del Estado. No hay en otras áreas una limitación de esta naturaleza. Constituye un atentado contra el derecho al trabajo, la libre admisión en todas las funciones y empleos públicos y a la igualdad de todos los ciudadanos chilenos en el tratamiento de la ley. Es abiertamente inconstitucional, ya que infringe los N°s. 16 y 17 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.
Por los motivos expresados, pedimos la modificación de la ley. Además, la derogación del inciso no implica gasto para el Estado, pues las indemnizaciones correspondieron al pago de años servidos y no por los seis años limitativos. La derogación favorecerá a un gran número de académicos y no académicos, que podrán hacer uso de este derecho.
Por las consideraciones anteriores la bancada democratacristiana votará favorablemente esta moción, que deroga el inciso tercero del artículo 113 de la ley 18.768, y lo reemplaza por el señalado en el proyecto en análisis.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor MASFERRER.- Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MASFERRER.- Gracias, señor Presidente.
Honorable Cámara: Como miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación he tenido la oportunidad de otorgar, en nombre de la Unión Demócrata Independiente, la unanimidad o mayoría en diversos proyectos de ley que nos ha correspondido conocer. En todos ellos, creemos haber contribuido a perfeccionar o a enmendar la gran obra modernizadora que ha vivido nuestro país en la última década, especialmente en materias educacionales. Este es el ánimo que nos inspira, como leal oposición democrática.
Sin embargo, consideramos que ni siquiera el mejor espíritu conciliador permite aceptar un proyecto claramente arbitrario como éste, que vulnera principios básicos del derecho, atenta contra el patrimonio del Estado y, principalmente, contra la fe pública, entendida ésta como la seguridad en el tráfico jurídico, especialmente en lo relativo a la confianza que las personas e instituciones requieren en sus relaciones privadas y públicas, máxime cuando el Estado, a través de normas jurídicas, ha dado un sello de garantía y estabilidad.
Asimismo, es preocupante el hecho de que ninguno de los considerandos en que se fundamenta el proyecto se-encuentra debidamente acreditado, lo cual nos puede convertir en legisladores por presunciones o sospechas, estableciendo un peligroso precedente legislativo.
Señor Presidente, a continuación paso a fundamentar sumariamente mis apreciaciones sobre el particular.
1°.- El proyecto señala que se pretende subsanar exoneraciones encubiertas realizadas por el gobierno «interior.
A la Comisión no llegó ningún antecedente en tal sentido. Por el contrario, se estableció que en muchos casos obedeció a necesarias reestructuraciones o racionalizaciones de universidades. Incluso, en ocasiones, sirvió como válvula de escape para docentes que no reunían requisitos para jubilar, o bien que deseaban cambiar de empleo.
Señor Presidente, en el proyecto no consta siquiera el número de personas que se encuentra en esta situación, ni mucho menos cuántos de ellos son académicos y cuántos no lo son.
¿Podría alguien, con estos antecedentes, argumentar en forma seria y responsable que se trató de "exoneraciones encubiertas" realizadas en 1988? Creemos que no, señor Presidente.
2°.- Todas las renuncia^ beneficiadas por la ley que se pretende modificar fueron voluntarias. Sin duda, motivadas por la indemnización que se estableció, pues raramente la ley indemniza renuncias voluntarias.
Si los parlamentarios que presentaron la moción pretenden establecer que alguna de ellas, si bien voluntarias, fueron forzadas, deben demostrarlo cabalmente. Más aún, señalar en qué caso esto ocu-rrió, con el objeto de solucionar casos puntuales de injusticia y no modificar la ley para atender excepciones.
3°.- El espíritu del legislador fue claramente establecer una indemnización como medio de reducir personal. Por lo tanto, si se le permite retomar a sus cargos antes de cumplir la condición que la propia ley señala -el transcurso de cinco años-, se habría practicado por parte del Estado un pago de lo no debido, atentando contra el patrimonio fiscal, la equidad y, especialmente, contra otras personas que pueden estar en situaciones análogas.
Estimados colegas legisladores, recuerden el viejo adagio que dice que "Los pactos deben cumplirse", como única forma de preservar la buena fe y la seguridad en el tráfico jurídico de los particulares.
Señor Presidente, las razones que acabo de exponer son sólo las que, en mi concepto, revisten mayor gravedad, por cuanto considero que el proyecto presenta también otras deficiencias de fondo que, a juicio mío y de mis colegas de bancada, lo hacen absolutamente inconveniente.
Por tanto, señor Presidente, la bancada de la Unión Demócrata Independiente viene en manifestar su rechazo al proyecto que modifica la ley N° 18.768, en lo relativo a los personales académicos y no académicos de las instituciones de educación superior del Estado.
Subsidiariamente, y en caso de que este proyecto se apruebe, nuestra bancada va a presentar una indicación para que las personas que se reintegren antes de los cinco años que establece la ley, de-vuelvan al fisco la proporción de la indemnización que recibieron por el tiempo que aún falte para el cumplimiento del plazo señalado.
Quiero dejar en claro, señor Presidente, respecto del informe de la Comisión de Educación, del cual se dio cuenta, que lamentablemente, por haber estado presente en otra Comisión, no pude concurrir a la primera como miembro titular, de haberlo hecho, habría votado en contra de este proyecto, que por las razones expuestas, los señores Diputados podrán darse cuenta de que, en justicia, no puede prosperar.
Gracias, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ruego al señor Diputado que haga llegar a la Mesa la indicación.
Tiene la palabra el Diputado señor Smok.
El señor SMOK.- Señor Presidente, estamos frente a dos situaciones que, en mi opinión, deben ser comentadas.
Una, debatida por esta Cámara, se refiere a la procedencia de modificar en la Sala los criterios que sustentan los acuerdos unánimes de una Comisión. Me parece razonable esa posición, pero debo dejar constancia de que este informe cuenta con el acuerdo unánime de las bancadas que participaron en la Comisión de Educación, incluyendo por cierto a la de la UDI.
Es evidente que esto apunta a la soberanía de la Sala, pero no puedo dejar de hacer el comentario, porque anteriormente ha sido objetado y debatido el hecho de que no se respeten los acuerdos de las Comisiones.
En segundo término, este es un proyecto que no ha surgido del aire. Corresponde a un período en que la autonomía universitaria era prácticamente inexistente y lo estamos planteando en el minuto en que las universidades la han recuperado a través de la elección democrática de sus autoridades.
El tema de fondo consiste en determinar si las universidades deben tener restricciones, entre unas y otras para contratar aquellos académicos que necesiten. Las universidades del Estado, hoy día, afrontan dificultades para obtener personal calificado en cuanto a docentes del nivel correspondiente por la competencia de las universidades privadas y por las bajas rentas que el servicio público de las universidades ofrece a sus profesores.
Por tanto, limitar más las atribuciones de las universidades para, libremente, en uso de su autonomía, decidir si contratan o no a determinado profesional, nos parece que atenta contra elementos centrales, cuales son el ejercicio de su autonomía y la búsqueda de calidad académica entre los docentes que contrata.
No me parece dudoso que exista un "mar de fondo" si se ofrece una indemnización por renuncia voluntaria. Una situación tan atípica no sólo puede representar -y en nuestra opinión representa- la intención de encubrir renuncias no voluntarias.
El elemento central, señor Presidente, en una situación de plena autonomía universitaria, como la vigente en el país, radica en que sean las universidades las que decidan a quiénes contratan y a quiénes no, dentro del mercado de profesores en condiciones de ejercer la docencia superior sin que se utilice la cortapisa de una legislación dudosa, de que una ley miscelánea -como la de diciembre de 1988- para evitar que algunos profesores, necesarios para el desarrollo de las actividades universitarias e interesados en trabajar en esos establecimientos del Estado, puedan ser contratados.
En consecuencia, con respeto a tales principios, nuestra bancada aprobará este proyecto.
Gracias, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, quiero responder los argumentos del señor Diputado de la UDI, quien se ha opuesto a este proyecto de ley.
Las razones para defenderlo son absolutamente claras.
En primer lugar, distintas cartas y declaraciones internacionales que contienen la institucionalidad acerca de los derechos humanos señalan que ninguna persona puede ser discriminada en su trabajo, y establecen también la igualdad de oportunidades para todas ellas.
Al consignar la disposición que .ahora se deroga, una especie de sanción o pena, mediante la cual se suspende al profesor contratado durante 5 años, para acceder al trabajo en la misma universidad o establecimiento del Estado, no hay duda de que violan los artículos 5° y 8° de la Constitución Política. El artículo 5° fue modificado mediante la reciente reforma constitucional, que consagró el pleno respeto de los tratados internacionales, en materia de derechos esenciales.
En segundo lugar, la Carta Fundamental dice en el número 16 de su artículo 19, que "se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o Emites de edad para determinados casos". En consecuencia, se produce una grave discriminación respecto de aquellos profesores que terminaron sus funciones en las universidades del Estado y percibieron una indemnización. La indemnización es una retribución, una reparación, que se verifica cuando un funcionario pierde su empleo, de modo que estos funcionarios no tienen absolutamente nada que devolver, en el caso de ser contratados nuevamente por la misma institución.
Si esta situación la aceptamos en el sector privado -como ocurre actualmente- no se ve la razón de no aceptarse en el sector público.
Por esta consideración, estimo absolutamente irracional, fuera de toda norma jurídica, pretender que las personas que vuelvan a trabajar en una universidad del Estado, habiendo recibido esa indemnización, queden obligadas a restituir el dinero que recibieron.
Aquí no se trata de un pago de lo no debido: En derecho, ésa es una situación absolutamente diferente. El pago de lo no debido existe cuando no hay ninguna fuente legal ni contractual que la obligue. Es un pago que se realiza por error. En este caso, no nos encontramos ante una situación de esa especie, de manera que presentar una indicación como lo anunciado por el diputado de la UDI, en relación con este personal universitario que fue exonerado por esta vía y que obtuvo esta indemnización de fuente legal, sería una aberración jurídica.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, quisiera referirme, fundamentalmente, a las expresiones vertidas por algunos señores Diputados en la mañana de hoy, y a lo señalado, fundamentalmente también, en el informe de la Comisión de Educación, puesto que las cosas hay que dejarlas en su justo término.
La ley 18.768, de 1988, se dictó para favorecer a muchos académicos y no académicos, funcionarios de las universidades estatales, que deseaban renunciar voluntariamente a la institución a que pertenecían. Hay que tener presente que en el momento de dictarse esta ley nos encontrábamos a pocos meses del plebiscito del 5 de octubre y, por lo tanto, de ninguna manera se quería encubrir de esta forma exoneraciones de académicos o de no académicos en esas universidades.
Por otra parte, hay que dejar claramente establecido que, según los antecedentes que poseemos, a muchas personas, que querían renunciar a las universidades, pero que se encontraron con el problema de que no tendrían indemnización por años de servicios, solicitaron a la ex Junta de Gobierno que, en una ley miscelánea, consignara un artículo que les favoreciera en ese sentido; y además, que existía la indesmentible necesidad que las universidades racionalizaran su personal de planta.
El señor SMOK.- Estaban relacionadas.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, Renovación Nacional como lo señaló también en el seno de la Comisión no está de acuerdo con la incorporación de los considerandos, cuya aprobación se ha solicitado, por cuanto algunos no se ajustan efectivamente a la verdad.
Los Diputados de Renovación Nacional dimos nuestra aprobación en la Comisión de Educación, pero hoy nos abstendremos, porque estimamos que el inciso final del artículo 113 impide la libertad de trabajo de estas personas. Muchas de ellas renunciaron motivadas por la necesidad de racionalizar las universidades; pero, a lo mejor, su capacidad profesional o intelectual les permite ser contratadas nuevamente en ellas, porque las condiciones pueden haber variado hoy día; o ser contratadas en otra universidad, pero también consideramos justo que esas personas, que reingresan o que son contrata-das, devuelvan parte de la indemnización que percibieron, pues, de lo contrario, estarían enriqueciéndose sin causa debido a que, en su momento, les corresponderá recibirla.
Por lo tanto, los Diputados de Renovación Nacional e independientes, nos vamos a abstener en este proyecto de ley.
El señor PALESTRO.- Eso ya es algo; es un avance.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salas.
El señor SALAS.- Señor Presidente, realmente no quisiera entender lo que la Oposición está planteando esta mañana.
¿Quién puede negar, si es que queremos llevar este país a una verdadera reconciliación y hacer justicia, que en estos años hubo persecución en la Administración Pública? Tengo hechos concretos, si los quieren, anteriores a 1988.
En 1981, según se dijo, para disminuir el gasto, se quiso cerrar las minas del carbón, cosa que no ocurrió, y se les ofreció a los trabajadores mineros, quienes no entendieron que se trataba de una trampa, que si renunciaban a su trabajo les daban dos meses por año de indemnización. Hoy, en Coronel y Lota hay gente cesante que aceptó esos dos meses y que después no encontró trabajo en ninguna parte. En las-municipalidades, concretamente, de la provincia donde yo vivo, también hubo mucha gente que renunció voluntariamente porque fueron perseguidos por los alcaldes nominados, y eso nadie lo puede negar.
Entonces, hoy, cuando se pretende hacer justicia y aquí está lo que no entiendo, porque nadie podría decir: "Hagamos una ley para regalar seis meses de sueldo a los que se quieran ir voluntariamente", en circunstancias de que hubo mucha gente que terminó enferma, en el médico, a raíz de la persecución de que fue objeto -eso nadie lo puede negar-, hay Diputados que pese a haber votado favorablemente en la Comisión, hoy en la Sala cambian de criterio. Me parece que es otra cosa lo que ocurre aquí.
En mi opinión, no se quiere reconocer que la gente que renunció no lo hizo en forma tan voluntaria, sino prácticamente fue obligada a hacerlo como consecuencia de la persecución de que fue objeto. Eso nadie lo puede negar.
Para la Oposición, aceptar este proyecto de ley significa reconocer que eso fue así... Esa es la única explicación posible de que la Oposición vote en contra.
El señor MASFERRER.- Muy malo el argumento.
El señor SALAS.- Así fue. Conozco casos concretos de trabajadores que renunciaron porque estaban enfermos.
En estos 16 años hubo personas que debido a sus problemas económicos y encontrándose sin trabajo, terminaron ahorcadas. Lean los diarios de la época y no podrán decir que no fue así. Esta es una verdad y no puede ocultarse.
Estoy de acuerdo con que en Chile se debe buscar la paz y la reconciliación; pero debe hacerse con la verdad en la mano. No tratar de sacar dividendos. A veces, cuando el Gobierno envía proyectos, la Oposición, como los encuentra insuficientes, dice que quieren mucho más. Ahora, cuando se estudia un proyecto que pretende hacer justicia y revertir un hecho que no debiera haber ocurrido nunca, se oponen.
Realmente, esto no lo entiendo, señor Presidente.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente y Honorables colegas, es importante que en esta Cámara planteemos los argumentos del porqué algunos parlamentarios copatrocinamos determinadas iniciativas.
En el caso que nos preocupa, que es la sustitución del inciso tercero del artículo 113, de la ley N° 18.768, que entró en vigencia el 29 de diciembre de 1988, consideramos que, como consecuencia de la política universitaria imperante en ese momento, en la racionalización de los recursos humanos, económicos y académicos, se cometieron injusticias.
Es cierto que un grupo de académicos del personal que quedó afecto a esta ley se acogió a ella para poder jubilar.
Es una verdad que no podemos desconocer. Pero fueron los menos. La generalidad, y en ese aspecto hay informaciones parciales de las universidades chilenas, fueron académicos con 15 y 20 años de docencia. Lo hicieron porque consideraron que se coartaba la forma en que impartían sus enseñanzas en las aulas universitarias.
Por eso, el grupo de Diputados que copatrocinamos la iniciativa, originada en una idea del Diputado señor Sergio Ojeda, estimamos que ella es de justicia, y no porque a estos académicos se les haya pagado 6 meses de desahucio, se les va a negar la posibilidad, durante 5 años, de asumir algunas cátedras mediante participación en concursos.
Es de justicia que se les dé esa posibilidad a estos académicos, para que su talento, su intelectualidad, su capacidad y los master o doctorados que han obtenido, los utilicen en mejorar la enseñanza universitaria.
No es justo que sean o intenten ser profesores de universidades de otros países del mundo. Al respecto, conozco situaciones claras y específicas.
Hace algunos días me correspondió conversar con un grupo de 12 ex académicos de la Universidad de Concepción que podrían acogerse a esta ley. De esos 12, 8 imparten clases en universidades argentinas y 4 se dedican a oficios que no corresponden al quehacer universitario.
Por ello, consideramos que no es justo que les restemos esta posibilidad a esos chilenos. Los parlamentarios planteamos como premisa fundamental la igualdad que debe existir entre lo seres humanos, por lo tanto, en esta materia no debemos olvidar al personal no académico. En especial, me refiero, señores Diputados de provincias, a los ex funcionarios de universidades regionales. Todos sabemos que mucho personal no académico se amparó en esta ley, exclusivamente pensando que, con 6 meses de sueldo, podían solucionar situaciones económicas personales o de sus familias.
Por lo expuesto, pido a la Cámara que reparemos esta injusticia; demos la posibilidad a talentos para que impartan enseñanza en la universidad, en el caso de los académico y respecto del personal no académico para que vuelvan al lugar donde prácticamente cumplieron funciones la mayor parte de su vida, previa participación en los concursos respectivos.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Gracias, señor Diputado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación general el proyecto.
Durante la votación:
El señor LONGUEIRA.- Debe ofrecer la palabra dos veces.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- La ofrecí dos veces, Diputado señor Longueira.
El señor MASFERRER.- Señor Presidente, moción de orden.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Estamos en votación.
El señor LETELIER.- El señor Longueira pidió la palabra.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 31 votos; por la negativa 6 votos. Hubo 11 abstenciones.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Aprobado en general el proyecto.
Las indicaciones propuestas al proyecto de ley son las siguientes:
Artículo único.
a) Del señor Palma, don Andrés, para sustituirlo por el siguiente:
"Artículo único - Lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 113 de la ley N° 18.768, no será aplicable a quienes hayan cesado en sus funciones antes del 11 de marzo de 1990.".
b) De los señores Longueira, Masferrer y Recondo para agregarle, reemplazando el punto final por uno seguido, el siguiente párrafo:
"Sin embargo, las personas que se reintegren en la forma antes señalada deberán devolver aquella parte proporcional de la indemnización que recibieron en conformidad al artículo 113 de la ley Nfi 18.768, en relación al tiempo que faltare por cumplir para el plazo de cinco años, señalado por la misma ley.".
El señor LETELIER.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- ¿En relación con qué, señor Diputado?
El señor LETELIER.- Para un asunto de procedimiento.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.-Señor Presidente, en términos estrictos, previa a la votación recién realizada, usted ofreció la palabra en dos ocasiones, aunque considero que de una manera un poco veloz, y dejamos sin el uso de la palabra a un colega que quería hacer una acotación.
Creo que deberíamos buscar un mecanismo para que el Diputado Longueira pudiera expresar las opiniones de su bancada sobre esta materia.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El único mecanismo existente es el Reglamento señor Diputado.
Lamento la situación ocurrida, y sobre todo, respecto del Diputado Longueira, pero me parece que fue por un problema de distracción. Ofrecí la palabra dos veces y cerramos el debate. En todo caso, no procede iniciar una discusión sobre este tema.
Ahora, si hay unanimidad de la Sala, aun cuando se haya producido la votación, podríamos darle la palabra al señor Longueira para que precise su posición.
El señor SMOK.- No tenemos inconveniente.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- ¿Hay acuerdo?
El señor OJEDA.- Hay acuerdo.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay acuerdo, señor Diputado.
El señor LONGUEIRA.- No haré uso de la palabra, aunque haya acuerdo.
Lo importante es que no se ponga término a la discusión ofreciendo la palabra dos veces, con la velocidad que usted lo hizo, porque, evidentemente, uno no sabe si hay más personas que van a intervenir. Como este proyecto va en segundo trámite reglamentario a la Comisión, cuando vuelva a la Sala para su discusión particular, expondré mis observaciones. De modo que no haré uso de la palabra, aunque haya unanimidad. En todo caso, no me parece el procedimiento correcto ofrecer dos veces la palabra con la velocidad que usted lo hizo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- No es que no le parezca el criterio; no le parece la velocidad.
El señor LONGUEIRA.- Es que hay un problema de criterio de por medio, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Muy bien, señor Diputado.
Disminuiremos la velocidad para ofrecer la palabra.


11.- MODIFICACION DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N" 591, DE 1982, DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL

El señor DUPRE (Vicepresidentes- Corresponde tratar el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, del Ministerio de Obras Públicas, en su primer trámite constitucional.
Diputado Informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, es el señor Octavio Jara.
El texto del proyecto de ley que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recomienda aprobar figura en el N! 2 de los Documentos de la Cuenta de la sesión 18°., de 6 de diciembre de 1990. (Boletín N° 198-09).
El señor JARA (don Octavio).- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor JARA (don Octavio).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones informo el proyecto de ley, originado en un mensaje del Presidente de la República, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, que constituye el ordenamiento jurídico del sistema de concesiones para la ejecución, reparación y mantención de las obras públicas fiscales.
Un ejemplar del informe de la Comisión se encuentra en poder de los Honorables colegas, lo que me permite realizar una breve síntesis de las ideas y materias generales de que trata el proyecto.
En la discusión de esta iniciativa participaron, junto con los miembros de la Comisión, el Ministro de Obras Públicas, señor Carlos Hurtado; el Fiscal del mismo Ministerio, señor Carlos Valenzuela, y el asesor de dicha repartición, señor Carlos Magni.
La idea que inspira el proyecto es incentivar la participación del sector privado en la iniciativa, ejecución, reparación y mantención de obras públicas fiscales por la vía de la concesión.
La idea se fundamenta, por una parte, en la imperiosa necesidad que tiene el país de contar con una adecuada infraestructura de obras públicas, que permita, posibilite e impulse el desarrollo económico y social. Por otra parte, ante la evidencia de que no será posible satisfacer los actuales requerimientos en esta área exclusivamente con los recursos del Estado, se estima necesario comprometer la participación de inversionistas privados, nacionales o extranjeros, en la construcción y explotación de obras públicas fiscales.
La iniciativa es plenamente coherente con el actual esquema económico del país. Es un desafío al sector privado para que asuma, consecuentemente, el reiterado planteamiento de que es el motor del desarrollo económico. Constituye una oportunidad para que este sector se comprometa, verdaderamente, con los intereses permanentes y generales del país.
En suma, de lo que se trata es armonizar adecuadamente los legítimos intereses del sector privado de obtener utilidades razonables, con el interés del Estado, representante del bien común, para que se ejecuten obras públicas que hagan viable el desarrollo del país y mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo.
La actual normativa que rige el sistema de concesiones, establecida por la ley N° 18.060, como otra forma de ejecutar las obras públicas, ha resultado totalmente ineficaz, al punto de que, como lo señalara el Fiscal de Ministerio, no se ha construido todavía ninguna obra pública por el sistema de concesiones.
El proyecto de ley que se propone pretende, precisamente, flexibilizar el sistema de concesiones, con el objeto de interesar a los inversionistas privados, nacionales o extranjeros, a través del mecanismo de otorgarles la concesión para que exploten la obra que construyen, por un determinado tiempo, que les signifique recuperar la inversión y obtener utilidades, cautelando, por cierto, al mismo tiempo, el interés general del país y de los usuarios.
Cabe agregar que, según lo expresado a la Comisión por las autoridades del Ministerio, en la elaboración del proyecto se tuvieron en especial consideración estudios realizados por la Cámara Chilena de la Construcción, el interés demostrado por los particulares de comprometer su participación y la experiencia exitosa de otros países donde se ha aplicado el sistema que se propone.
En el contexto relacionado, el proyecto fue complementado por la Comisión, al considerar la posibilidad de que el propio sector privado pueda promover o postular ante el Ministerio proyectos de ejecución de obras públicas, mediante el sistema de concesiones.
En verdad, esta alternativa no estaba considerada en el proyecto original; pero, por su coherencia con las ideas matrices ya enunciadas, se estimó conveniente incorporarla.
Por último, es importante destacar que el proyecto de ley propuesto considera también como forma más ágil y equitativa para dirimir los eventuales conflictos que pudieran producirse entre el Fisco y el concesionario, otorgar participación a este último para constituir la comisión de conciliación, y el derecho a recurrir ante un tribunal de alzada.
Dadas las consideraciones anteriores, en la Comisión hubo pleno acuerdo en la necesidad de legislar, por lo cual se aprobó en general el proyecto y por la unanimidad de sus miembros.
En su discusión particular, se aprobaron unánimemente y sin modificaciones los números 3,4 y 7 de su artículo único. Además, se aprobó por mayoría la redacción propuesta por el Ejecutivo para el número 8 del mismo artículo.
Por otra parte, fueron aprobadas por unanimidad las indicaciones presentadas a los números 1, 2 y 5 del proyecto, y por mayoría, la introducida al número 6.
También se rechazaron por mayoría las indicaciones formuladas a los números 6 y 8 del proyecto original.
Todo lo expuesto se detalla, por cierto, en el informe de la Comisión, que obra en poder de los Honorables colegas.
El proyecto aprobado por la Comisión consta de un artículo único, que contempla un total de 8 modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, que, como hemos dicho, regula las concesiones para la ejecución, reparación y mantenimiento de obras públicas fiscales.
El N° 1 agrega un inciso segundo al artículo 2° de dicho cuerpo legal, con el fin de motivar al particular, sea persona natural o jurídica, a presentar proyectos de ejecución de obras públicas fiscales mediante el sistema de concesión, y establece un plazo fatal de un año para que el Ministerio responda a la iniciativa. Además, se contempla un premio al autor, en la oferta de la licitación.
El N° 2 reemplaza el artículo 14 del decreto con fuerza de ley señalado, que restringía las garantías entregadas por el concesionario sólo a las reales, lo que ahora posibilita que estas cauciones puedan ser también de carácter personal, de terminándose su naturaleza y cuantía en las bases de la licitación.
El N° 3 sustituye el inciso primero del artículo 15 de dicho decreto con fuerza de ley, el que actualmente hace de dominio del Fisco todos los bienes y derechos que adquiera el concesionario y que queden afectos a la concesión desde el momento en que se perfeccione el acto o contrato de cambio propuesto, dispone el ingreso de los referidos bienes al dominio del Fisco cuando termine la concesión, y establece la prohibición de enajenar o gravar separadamente tales bienes, salvo que cuente con la autorización expresa del señor Ministro de Obras Públicas.
El N° 4 se refiere al artículo 21, inciso primero. Consiste en eliminar el plazo de un año que debía esperar el concesionario para transferir la concesión o constituirla en garantía de obligaciones derivadas de la misma o de su explotación, y propone que el concesionario pueda transferir ó entregar en garantía la concesión con la autorización del señor Ministro, desde el mismo momento en que se perfeccione el acto.
El N° 5 permite que, determinándolo en las bases de la licitación, el Fisco responda del pago de los perjuicios que irrogue el caso fortuito o la fuerza mayor.
El N° 6 reemplaza la letra b) del número 2 del artículo 23 del cuerpo legal, referida a la continuidad de la prestación del servicio por parte del concesionario. Actualmente, ocurrida la interrupción por caso fortuito o fuerza mayor, éste debe adoptar las medidas que la Dirección respectiva del Ministerio le imponga y sin derecho a indemnización alguna. Este precepto se modifica para posibilitar el acuerdo entre el Ministerio y el concesionario, tanto en las medidas por adoptar, como en su costo; el nombramiento de peritos, y la coparticipación en el pago del precio, según se determine en las bases' de la licitación.
El N“ 7 hace exigible el pronunciamiento previo y favorable de la Comisión Conciliadora, a que se refiere el artículo 36, para usar de la facultad otorgada a la Dirección correspondiente para imponer multas, suspender o solicitar la declaración de extinción de la concesión.
Finalmente, el N° 8 sustituye el artículo 36 del decreto con fuerza de ley tantas veces mencionado, otorgando participación al concesionario para integrar la Comisión Conciliadora, la que se propone sea constituida por profesionales universitarios. Sólo en el evento de no existir acuerdo para el nombramiento de un profesional universitario, se dispone que será designado por el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Se establece que la Comisión deberá resolver en el plazo fatal de 30 días; y si no hubiere conciliación, el Ministerio dictará la resolución de extinción de la concesión, la que no producirá efectos mientras esté pendiente el plazo para interponer el recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, establecido en el mismo artículo, en que se tramitará de acuerdo con las normas especiales de la misma disposición.
Como esta última reviste carácter orgánico constitucional, y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 74, de la Constitución Política del Estado y artículo 16, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, el Presidente de la Comisión ha remitido oficio a la Corte Suprema, acompañando el articulado del proyecto, con el fin de que este Tribunal se pronuncie sobre este precepto.
Por esta misma razón, señor Presidente, corresponde que esta norma sea aprobada con los quorum constitucionales pertinentes. .
Por todo lo anterior, vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recomienda a los Honorables colegas aprobar en general el presente proyecto.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Antes de ofrecer la palabra y en relación con lo indicado por el Diputado Informante señor Octavio Jara, en cuanto a que el inciso sexto del N° 8 del artículo único del proyecto debe ser aprobado con quorum de ley orgánica constitucional, debo expresar que se requerirán 69 concurrentes a la votación.
Al respecto, quiero proponer que la dividamos, votándose, primeramente, todo el proyecto, salvo el inciso sexto del N°8 del artículo único y los cuatro considerandos que dicen relación con el problema para intervenir la concesión, porque tienen atinencia con el reclamo ante la Corte de Apelaciones.
Esto es lo primero.
La segunda materia que someto a la consideración de la Sala, antes del debate, se refiere a dos indicaciones entregadas a la Mesa, las que, según me dicen, contarían con el acuerdo unánime de los Comités para que pudieran ser tratados en esta ocasión, de modo tal, que podamos votar el proyecto sin necesidad de que regrese a Comisión para un segundo informe, y votáramos también ahora las indicaciones formuladas.
La primera indicación dice lo siguiente:
"Modificase el artículo único del proyecto de ley que, a su vez, modifica el decreto con fuerza de ley N° 591, de la siguiente manera: sustitúyense en el N° 6, relativo al N° 2 del artículo 23, en su letra b), del proyecto de ley, las palabras "El Ministro de Obras Públicas designará a un perito" por "Las partes podrán recurrir a un perito ajustándose a lo que indiquen las bases de licitación".
Esta indicación está suscrita por los señores: Taladriz, José María Hurtado,
Joaquín Palma, Akin Soto, Horvath, Hosain Sabag y Rocha.
Hay otra indicación que dice: "Sustituyese en el N° 1) del artículo único, inciso tercero, la palabra "solicite" por "apruebe", suscrita por los mismos señores Diputados, sumándose el Diputado señor Orpis.
Lo que deseo someter a consideración de ustedes es el procedimiento, no el fondo del problema, porque aquí tenemos las siguientes posibilidades. O tratamos y votamos el proyecto en los términos normales, o, consideramos, en esta ocasión, el proyecto en conjunto con las indicaciones para su despacho. Y se ha señalado que habría acuerdo de los señores Diputados para tratar ahora la iniciativa con las indicaciones incluidas.
¿Habría acuerdo para proceder en esa forma?
Aprobado.
Ofrezco la palabra.
El señor SABAG.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, Honorable Cámara:
Los Diputados democratacristianos vamos a votar favorablemente el proyecto en discusión, que emana de un mensaje del Ejecutivo cuyo objeto es modificar el decreto con fuerza de ley N° 591, del año 1982, del Ministerio de Obras Públicas, que regula el sistema de concesión para la ejecución, reparación y mantenimiento de las obras públicas fiscales.
Este proyecto, ampliamente analizado en la Comisión, fue estudiado en forma previa por el Ministerio, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, y se elaboró sobre la base de la experiencia obtenida por este sistema, establecido en países extranjeros donde ha sido aplicado con gran éxito.
Estas modificaciones pretenden flexibilizar el sistema y las normas de garantía que caucionarán estas concesiones, a la vez que, a los inversionistas privados, nacionales o extranjeras, se les permite explotar las obras que construyan, para resarcirse de las inversiones y obtener las respectivas y legítimas utilidades, todo lo anterior resguardando naturalmente, el interés fiscal y estableciendo procedimientos ágiles y equitativos para los eventuales desacuerdos entre las partes contratantes.
Cabe destacar que cualquier persona, natural o jurídica, puede postular proyectos de ejecución de obras públicas ante el Ministerio, mediante el sistema de concesión, calificación que, obviamente, resolverá el Ministerio, según sea el interés general de la nación.
Lo importante es que se concede la iniciativa a particulares o privados para participar en estos proyectos, premiándolos en sus postulaciones posteriores, según lo establecerá el reglamento.
El Diputado Informante ha descrito, en forma detallada, las diversas modificaciones del artículo único, el que todos los integrantes de la Comisión aprobamos por unanimidad.
No obstante, a última hora, hemos presentado dos indicaciones, de común acuerdo con todos los sectores -incluso con el señor Ministro de Obras Públicas aquí presente-, las que rogamos aprobar en esta misma sesión, para no retardar el despacho de esta iniciativa, pues consideramos que la puesta en marcha de este sistema de concesiones puede ser ampliamente favorable para los intereses de la nación.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Alfonso Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ (don Alfonso). - Señor Presidente, Honorables Diputados:
Renovación Nacional comparte la proposición del Ejecutivo, en cuanto perfecciona el sistema de concesiones en la construcción y explotación de obras públicas, estableciendo procedimientos más expeditos entre el Fisco y los concesionarios. Además, el sector privado, que es la palanca del desarrollo en el crecimiento de un país, ha demostrado gran interés en participar, siempre que se les permita explotar las obras que construyen, recuperar su inversión y lograr utilidades.
Por lo tanto, la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto de ley, de acuerdo con lo recién planteado por la Mesa.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, Honorables Diputados, intervendré en esta ocasión en nombre de los parlamentarios de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente e independientes.
El mecanismo de concesiones para la realización de obras públicas, tales como caminos, puentes, túneles, aeropuertos, obras portuarias y obras sanitarias, existe en varios países del mundo. Es el caso de Italia, España, México y los Estados Unidos. En este último, es un sistema generalizado y se aplica, incluso, en las vías urbanas.
Es innegable que el motor y espíritu creativo independiente del Estado, ha mostrado realizaciones positivas en estos países, conciliando los intereses de la comunidad con los individuales y un justo poder regulador del Estado.
En Chile existen algunas instalaciones que se explotan en concesión; es el caso de las obras sanitarias de EMOS y Lo Castillo, y algunos sitios de los puertos de Valparaíso y San Antonio.
La ley vigente, respecto de las concesiones, no produjo ninguna obra pública por ser muy rígida, poco atractiva y, además, de muy alto riesgo para los particulares, por tener, prácticamente, que hacerse cargo de los casos fortuitos, de fuerza mayor y también por comprometer muchas garantías y quedar, en alto grado, entregados a la discrecionalidad del Estado en esta materia.
El proyecto de ley en análisis, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, del Ministerio de Obras Públicas, tiene como objetivo principal flexibilizar estas normas y hacer el sistema más atractivo. En el país existen varias obras públicas susceptibles de ser realizadas mediante esta modalidad, que permite incorporar también los beneficios sociales, a través de la concurrencia del Estado.
En la discusión del proyecto, propusimos tres indicaciones de fondo. Dos de ellas son más bien de tipo constitucional.
La primera es para evitar que se vulnere el derecho a la defensa jurídica, que la Constitución asegura en el número 3° del artículo 19. Es el caso de la letra b), número 2, artículo 23, que se modifica por este proyecto de ley, y que se refiere a que cuando no haya acuerdo para fijar el precio de las obras necesarias para salvar casos fortuitos o de fuerza mayor, sólo unilateralmente el Ministro de Obras Públicas podrá recurrir a un tercero o perito para proceder a la evaluación correspondiente.
El resguardo de los intereses del Fisco, la prontitud y eficacia, además de la definición del tercero, pueden determinarse en las bases de la licitación. De esta manera nuestra indicación, en su oportunidad, señaló que las partes pudiesen recurrir a un tercero para resolver o acordar la situación de precio de estas obras, según , lo señalen las reglas del juego.
Este proyecto de ley presenta otro problema similar en su modificación del artículo 36, penúltimo inciso, número 4, en que faculta al Ministerio de Obras Públicas para intervenir una concesión, si en el caso de controversia el concesionario hubiese reclamado a los tribunales y no existiese sentencia judicial ejecutoriada, habiendo transcurrido un año. En relación con esto, se podía dar el caso de que ante el retardo de la justicia, una de las partes, el Fisco en este caso, podía hacerse justicia por sí mismo. Esto vulneraría, además, el artículo 73 de la Constitución.
Por eso, hemos indicado que este caso se contemple en las bases de licitación, calificado por una comisión conciliadora entre las partes, para que los servicios de las obras no sean suspendidos, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes por parte del particular.
Con respecto a la primera de las indicaciones que he señalado, logramos un acuerdo de la Comisión y del señor Ministro para aprobarlas en forma unánime, para evitar que el proyecto vuelva a Comisión.
Otra indicación, de fondo, permite a la iniciativa privada postular ante el Ministerio proyectos de ejecución, mediante el sistema de concesiones, dando la posibilidad de que en estos proyectos postulen todos los posibles interesados y se pondere adecuadamente al gestor de la idea y del proyecto. Esta indicación también se aprobó por unanimidad y con el apoyo del señor Ministro de Obras Públicas.
Otra de las indicaciones corrige un problema menor dentro de este concepto.
Señor Presidente, superando lo señalado no quedan asuntos pendientes, y resguardando debidamente los intereses fiscales, a través de las reglas del juego, como son las bases de licitación, este proyecto de ley será, sin duda, un aporte para la realización de obras públicas en el país.
Por esa razón, le daremos nuestra aprobación.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.- Señor Presidente, este proyecto demuestra que el Ministerio de Obras Públicas está dirigido con sentido moderno y no podemos menos que felicitamos por ello.
Voy a formular solamente una pregunta al -señor Ministro, en relación con las concesiones a inversionistas extranjeros de que habla el proyecto.
Me gustaría saber, puesto que las modalidades que se contemplan en este proyecto han sido puestas en práctica en otros países, si existe alguna clase de salvaguardia para los inversionistas y profesionales nacionales.
Antes que el señor Ministro responda esta consulta, quisiera formular una sugerencia a la Comisión de Obras Públicas. No veo consultadas las opiniones del Instituto ni del Colegio de Ingenieros de Chile en la discusión de este proyecto, aun cuando he escuchado que la Cámara Chilena de la Construcción ha trabajado este proyecto conjuntamente con los especialistas del Ministerio. Sería conveniente que en el futuro, para el tratamiento de estos proyectos en nuestra Cámara, se invitara a los representantes de esas entidades, sobre todo cuando están en juego el trabajo y la libre iniciativa de profesionales y de industrias chilenas.
Le rogaría, señor Presidente, que con su venia, el señor Ministro pudiera contestar la consulta que he formulado.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor SOTA.- Señor Presidente, tienen preferencia los señores Ministros en el uso de la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- No la ha solicitado, señor Diputado.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, sin perjuicio del voto favorable que la bancada democratacristiana ha entregado a este proyecto, quisiera ahondar un poco respecto de la inquietud que está en la consulta que el Esputado señor Sota le formula al señor Ministro.
Durante los últimos años, las bases de licitación de muchos proyectos llamados por el sector público, han establecido condiciones que, por distintas razones, han dejado fuera de la posibilidad de participar a empresas de ingeniería o de construcción chilenas. En alguna medida dichas empresas, que tienen experiencia y han logrado un desarrollo que prestigia a nuestra ingeniería y la capacidad de abordar este tipo de obras, quedan marginadas porque requieren cumplir no sólo exigencias técnicas, sino que muchas veces también condiciones de orden financiero.
Es indudable que, a través de este proyecto, se introducen flexibilidades positivas al sistema, que nosotros valoramos, pero teniendo siempre presente lo que ya señalaba un señor Diputado, de que el beneficio social sigue estando cautelado por el rol que juega el Estado a través, en este caso, del Ministerio de Obras Públicas.
Respecto de las bases de licitación, haciendo fe en la aprobación de este proyecto, serán siempre elaboradas con la debida idoneidad, estableciendo criterios que, efectivamente, permitan apoyar el desarrollo de la ingeniería nacional, su capacidad constructiva y, algo que también nos parece muy relevante en este sentido, garantizando que las empresas nacionales puedan acceder a dichas obras, ofreciendo sus equipos, su maquinaria y aquello que, en alguna medida, es parte del desarrollo de la industria nacional.
Este ha sido una discusión muy importante en varias instituciones y particularmente en las que hacía alusión el Diputado señor Sota: el Colegio de Ingenieros de Chile y el Instituto de Ingenieros, que tiene una función fundamentalmente de orden académico.
A nosotros nos parece que en la historia de la ley y en la aprobación de este proyecto, debe quedar explícita, al menos de parte nuestra, la preocupación y la voluntad, en el sentido de que, en la elaboración de las bases de licitación, cuya responsabilidad queda en manos de profesionales que tienen una función pública, se garantice el que, efectivamente, ofrezcan igualdad de condiciones a las empresas chilenas que, muchas veces, tienen dificultades en cumplir con las exigencias que en ellas se plantean.
Este es un tema muy sensible a los profesionales chilenos, que pueden demostrar que, prácticamente, en todas las áreas de su quehacer han alcanzado ya, a nivel nacional, una experiencia que permite ofrecerles y garantizarles la posibilidad de participar.
De hecho, uno de los puntos centrales que se ha planteado reside principalmente en la dificultad que se tiene, cuando las personas que participan en la elaboración de las bases de licitación, no conocen efectivamente lo que la ingeniería chilena ha sido capaz de desarrollar, con su propia capacidad, a lo largo de su historia. Muchas veces no alcanzan a advertir que estos profesionales nacionales tienen la experiencia y que se les debería garantizar también la posibilidad de participar en estas licitaciones, pudiendo quedar, eventualmente, como una limitación -que va a ser difícil de resolver, pero que es relevante en este tipo de decisiones- lo que dice relación con la capacidad económica de estas empresas, para poder cumplir con lo que significa el financiamiento de este tipo de obras.
Es importante dejar explícita esta preocupación en nuestro voto favorable, ante la eventual posibilidad de que este proyecto de ley no sea tratado en Comisiones.
Junto con hacer este planteamiento, me sumo a la consulta que, en este sentido y respecto de este tema, en general, ha planteado el Diputado señor Sota.
He dicho._
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, quiero hacer presente a la Honorable Cámara la importancia y trascendencia que tiene este proyecto de ley en el incremento de la disponibilidad de recursos, que permitan la materialización de proyectos de infraestructura en todo el territorio nacional.
Como muy bien lo hacía presente el Honorable Diputado señor Sota, este esquema de financiamiento de obras públicas ha ido adquiriendo creciente importancia en todo el mundo. En Chile, a pesar de existir una reglamentación que data de 1982, no ha sido posible materializar proyectos de infraestructura y de obras públicas por concesión, porque esa legislación tiene elementos demasiado restrictivos que no hacen atractiva la participación del sector privado en este tipo de inversiones.
El proyecto presentado a la Honorable Cámara de Diputados, aprobado por unanimidad en su Comisión de Obras Públicas, es el resultado de un prolongado proceso de discusión y análisis en que participó personal técnico del Ministerio, especialistas y miembros no oficiales del Colegio de Ingenieros y del Instituto de Ingenieros. O sea, refleja un acuerdo amplio de lo que hay que hacer sobre la materia.
Con respecto a la cautela, en relación con la participación de empresas y profesionales chilenos en el desarrollo de los proyectos, quiero hacer dos observaciones.
En primer lugar, la legislación general es válida para todos los proyectos de construcción que se desarrollan en el país naturalmente, también es válida en este caso. O sea, cualquier proyecto de inversión desarrollado por una empresa inversionista extranjera en el campo de la minería, por ejemplo, tiene que seguir las normas de la legislación general. Evidentemente, esa legislación general también se aplica en los proyectos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas.
Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas tiene una orgánica propia que cautela la transparencia de todos los proyectos de inversión y de todas las licitaciones. El Reglamento de contratos de obras públicas cautela, esencialmente, su transparencia.
Ha sido política de esta Administración enfatizar, precisamente, la importancia de la transparencia y, en los casos en que sea posible, posibilitar a las empresas de ingeniería nacional que lideren los consorcios para las licitaciones de proyectos especiales. Por ejemplo, en la que se llamó para el Aeropuerto de Pudahuel la iniciativa de los consorcios quedó radicada en empresas chilenas. Esto mejora sustancialmente la capacidad de éstas para negociar con empresas extranjeras.
Sin embargo, como lo hizo ver el Diputado señor Latorre, en las reglamentaciones que rigen los contratos del Ministerio de Obras Públicas, hay exigencias adicionales para los proyectos que se financian con créditos multilaterales, especialmente del Banco Mundial, del Eximbank de Japón, del Banco Interamericano de Desarrollo. La "international competitive biding", competencia internacional para proyectos, hace obligatorio que las licitaciones de proyectos financiados por estos créditos se publiquen en la prensa internacional, de modo que puedan participar empresas extranjeras. En todo caso, en la historia del Ministerio de Obras Públicas, como institución, no sólo en esta Administración, sino en general, ha habido preocupación especial por cautelar el respeto a la ingeniería chilena y a las empresas nacionales, sin perjuicio de perseverar en el futuro al respecto.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Guzmán.
El señor GUZMAN.- Señor Presidente, el proyecto que nos preocupa tiende a mejorar la infraestructura en obras públicas con la participación de la empresa privada. La flexibilización contenida en la modificación del decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, permitirá participar a la iniciativa privada, con capitales nacionales y extranjeros, en la tarea del Ministerio de Obras Públicas de mantener y ejecutar obras públicas en el territorio nacional.
Nuestra bancada votará favorablemente el proyecto y algunas indicaciones.
Con mucha satisfacción hemos visto que existe consenso en todos los partidos políticos para flexibilizar la participación de la empresa privada y privilegiar -estoy muy de acuerdo con lo planteado por el señor Ministro- la inversión nacional en el mejoramiento de la infraestructura del país a través del Ministerio de Obras Públicas.
Tengo muy claro que la transparencia de las licitaciones será como ha dicho el señor Ministro.
Mediante la modificación al decreto con fuerza de ley N° 591, que hoy día votaremos favorablemente, entregaremos una nueva fuente de recursos al Ministerio de Obras Públicas, a través de la iniciativa privada, para el mejoramiento de las redes viales y la ejecución de obras.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.
El señor ROCHA.- Señor Presidente, deseo anunciar la votación favorable de los Diputados radicales.
El proyecto, como se ha dicho en forma reiterada, está destinado a estimular la construcción y la explotación de obras públicas, mediante un sistema ágil y atractivo que permite la participación del sector privado.
Las provincias exigen que el sistema tenga efectiva aplicación, frente al recargo del presupuesto nacional, para que la empresa privada participe en la construcción de obras públicas y obtenga el lucro justo y legítimo.
Por tal razón, los Diputados radicales apoyaremos el proyecto de ley. Esperamos que la unanimidad que se dio en la Comisión de Obras Públicas durante su discusión se refleje hoy en la Sala.
Es todo, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro..
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, las palabras que voy a decir son a título personal, ya que la bancada del Partido Socialista no discutió a fondo la importancia del proyecto de ley en discusión.
No se trata de desconfianza hacia el Gobierno, al señor Ministro de Obras Públicas o a algún funcionario en particular del Gobierno democrático. Sencillamente, mis palabras son de reserva por la ancha puerta que se abre al capital extranjero para la construcción de obras públicas en el país.
El señor Ministro, en cierta manera, ya contestó las dudas con respecto al decreto dictado en la dictadura, que tenía una economía abierta. Pero estimo que a este proyecto no se le ha dado la importancia que tiene. Significa abrir una puerta, como dije, no sólo a capitales para construir obras públicas, sino para invertir en lo que se quiera.
¿Qué pasa con la construcción, por ejemplo, de futuros puertos, de redes viales, de carreteras internacionales, de carreteras estratégicas? ¿Se contempla el resguardo de la soberanía del país?
Este proyecto, en el fondo, modifica el decreto con fuerza de ley que dictara el señor Pinochet; pero ahora podemos conversarlo, discutirlo, y disentir, porque es demasiado importante y va a gravitar en el futuro. ¿Por qué no decirlos? Pone en peligro hasta la soberanía del país
Más que todo, por principio digo estas palabras, porque durante toda mi vida, hasta las últimas consecuencias, he defendido los sagrados intereses del país, el patrimonio de todos los chilenos.
Por esta puerta puede entrar cualquiera y explotar, por ejemplo, lo que constituye el sueldo de Chile, como se llamara y sigue llamándose el cobre.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.- Con este tipo de disposiciones también puede venir el capital extranjero a explotar el cobre o las otras riquezas del subsuelo de nuestra Patria.
Por lo menos, trato de salvar mi responsabilidad. No hemos conversado a fondo el problema en la bancada y, por lo mismo, tengo profundas reservas con respecto al alcance del proyecto. No se trata de poner en duda el patriotismo o la honestidad del señor Ministro, ni mucho menos del Presidente de la República o del Gobierno. Sencillamente, creo que pone en peligro la soberanía del país en el futuro, porque esta cosas no se ven de inmediato. En el futuro los tiburones internacionales del capital mostrarán sus dientes y, por lo tanto, es perfectamente posible que ahora muchos señores Diputados, a lo mejor la mayoría, se sientan tentados a votar favorablemente la iniciativa.
Por eso, para no aparecer discrepando con mis compañeros de bancada que están en la posición de votar favorablemente este proyecto, yo me voy a abstener.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, discrepamos totalmente de quien plantea este proyecto como un atentado a la soberanía nacional. Eso no requiere de respuesta, pero sí de un comentario.
Desde la bancada de Renovación Nacional vemos con mucho agrado esta iniciativa, que estimula al sector privado en la materialización de obras de interés público, especialmente, de aquellas que benefician al sector social, generalmente más desposeído.
Dentro de este ámbito cabría una materia que preocupa mucho a nuestro colega el Diputado señor Alessandri, relacionada con las líneas 3 y 5 del Metro en la Región Metropolitana. A nuestro juicio, éste es uno de los proyectos más trascendentes que se ha tratado en esta Sala, como aquí lo ha dicho el Ministro y lo ha reiterado el Diputado señor Palestro, en cuanto a la participación de los sectores privado y público. Por eso entregar al sector privado la iniciativa en la generación de proyectos, incluso premiándola, es un hecho digno de destacar.
De ahí que felicitamos al señor Ministro, junto con anunciar que votaremos favorablemente y que hacemos votos para que iniciativas como ésta se repitan con frecuencia en el futuro.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto, menos el N° 8, del inciso sexto del artículo único, relativo al quorum calificado porque es de ley orgánica.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En votación el número 8) inciso sexto, del artículo único, que requiere quorum de ley orgánica.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 ver- tos. Hubo 1 abstención.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Aprobado el número 8), inciso sexto, del artículo único, con el quorum necesario de ley orgánica.
Corresponde votar la primera indicación, para modificar el artículo único del proyecto de ley, que dice:
"Sustituyese en el número 6 relativo al N° 2 del artículo 23, en su letra b) del proyecto de ley, las palabras "el Ministro de Obras Públicas designará un perito", por "las partes podrán recurrir a un perito, ajustándose a lo que indiquen las bases de licitación".
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
La segunda indicación sustituye en el número 1 del artículo único, inciso tercero, la palabra "solicite" por "apruebe".
En votación.
Si le parece a la Sala se aprobará.
Aprobado.
Despachado el proyecto en general y en particular, con las indicaciones.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).- Agradezco a la Honorable Cámara la aprobación de este proyecto de ley que, en mi opinión, va a tener honda repercusión en la materialización de obras públicas por el sistema de concesiones.


12.- COMPOSICION DE COMISION MIXTA.

El señor DUPRE (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para integrar la Comisión Mixta que estudiará el proyecto de ley sobre suscripción de firmas por los Ministros de Estado, por el Diputado Informante señor Rojo y por el señores Elgueta, Urrutia, Rebolledo y Víctor Pérez.
Si le parece a la Sala, así se aprobará.
Aprobado.
13.- MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor DUPRE (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para discutir y votar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y que establece diversas normas relativas a dicho Ministerio.
Se me ha informado que habría acuerdo unánime de los Comités.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Las modificaciones del Senado figuran en el N5 10 de los Documentos de la Cuenta. (Boletín N9161-09).
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado Hosain Sabag.
El señor SABAG.- Los Diputados democratacristianos aprobaremos todas las modificaciones introducidas por el Honorable Senado a este proyecto de ley. En su mayoría no son sustanciales y no hay grandes cambios en el proyecto, por lo tanto, con el ánimo de agilizar la pronta publicación de esta ley, la aprobaremos y la votaremos en esta oportunidad.
La única modificación mayor está en la supresión del artículo 8°, pero ello no tiene gran significado, por cuanto el contenido de la norma se encuentra en la Ley de Presupuestos de la Nación, o sea, no existe un perjuicio en la elaboración de esta ley.
La importancia de tratarlo y despacharlo en esta oportunidad es para dotar al Ministerio de Obras Públicas de las atribuciones y de las facultades correspondientes, con el fin de regularizar mu-chas situaciones anormales que están ocurriendo.
Dadas las restricciones y limitaciones con que las leyes han inhabilitado al Ministerio de Obras Públicas, hoy día vemos casos absurdos. Por ejemplo, y como lo hemos señalado en otras oportunidades, el Ministerio está demandado por los funcionarios que laboran en los peajes porque no se les pagan las horas extraordinarias, y han presentado una demanda por más de 300 millones de pesos.
En mi opinión, con esta ley no sólo se regularizarán estas anormalidades, sino que, además, se optimizarán diversas otras medidas, tendientes a resguardar la red vial del país, al contar con un mayor personal para abrir nuevas plazas de peajes a lo largo de todo el país.
Existen muchas otras distorsiones, como jefes de inspectorías que están en calidad de obreros, ganando una cantidad miserable, y que tienen a su cargo no tan solo maquinarias y bienes, sino que mucho personal, y con rentas de 26 a 30 mil pesos. Tienen la calidad de obreros y desempeñan funciones de funcionarios o de empleados.
Por eso, esta ley miscelánea es altamente necesaria y conveniente, por las nuevas inversiones que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas. Como todos sabemos, llegan este año a más de 500 millones de dólares. Por lo tanto, aprobaremos gustosos todas las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, las modificaciones del Senado respetan en su totalidad las indicaciones que, en su oportunidad, en la Comisión y en el seno de esta Cámara, hicimos a esta ley miscelánea del Ministerio de Obras Públicas, destinadas particularmente, a garantizar la transparencia y objetividad de los procedimientos, encasillamientos y mejoramiento del personal del Ministerio de Obras Públicas y la equidad para los profesionales, funcionarios y trabajadores.
Todavía quedan muchos aspectos pendientes para mejorar el Ministerio de Obras Públicas y, en particular, a sus trabajadores, pero, en esta ocasión, en nombre de Renovación Nacional, d¿ la Unión Demócrata Independiente y de los independientes, aprobaremos este proyecto de ley como viene, con las indicaciones introducidas por el Senado.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar el proyecto artículo por artículo.
El señor SOTA.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Lamentablemente, señor Diputado, está cerrado el debate.
¿Habría acuerdo de la Sala...?
No hay acuerdo.
El señor SOTA.- Quería hacer una consulta al señor Ministro.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Lamentablemente, señor Diputado, no hay acuerdo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- En votación las modificaciones del Senado al artículo 1° del texto aprobado por la Cámara.
Si le parece a la Sala, se darían por aprobadas.
Aprobadas.
En votación las modificaciones del Senado al artículo 4° del proyecto.
Si le parece a la Sala, se darían por aprobadas.
Aprobadas.
En votación la modificación introducida al artículo 5° del proyecto.
Si le parece a Sala, se daría por aprobada.
Aprobada.
En votación las modificaciones introducidas por el Senado al artículo 6°.
Si le parece a la Sala, se darían por aprobadas.
Aprobadas.
Corresponde votar la supresión el artículo 8°.
El señor SOTA.- Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.- Señor Presidente, sólo quiero pedir al señor Ministro que nos explique qué sucede con la supresión de este artículo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro don Carlos Hurtado.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, estas dotaciones máximas ya están incorporadas en la Ley de Presupuestos. En consecuencia, como no es necesario dejarlas en este proyecto de ley, el Senado eliminó el artículo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- En votación la supresión del artículo 8°.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En votación las modificaciones introducidas al artículo 9°.
Si le parece a la Sala, se aprobarán.
Aprobadas.
En votación el artículo 10, que {jasa a ser 9°.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 11.
El señor ESTEVEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, solicito que el señor Secretario dé lectura al artículo 11, con la enmienda propuesta, porque encuentro confusa su redacción.
Estaba previsto por ley que este artículo entrara en vigencia con anterioridad. De hecho, existe una confusión entre el Presupuesto de 1990 y el de 1991. Por eso, antes de aprobarlo, pido que se nos diga cómo va a quedar y cuál es el efecto que tendrá en el presupuesto. En la página 8 del texto comparado dice: "En lo que respecta al año "91", y después, aparentemente se vuelve a colocar "91".
El señor DUPRE (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura al nuevo artículo 10°.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).- "Artículo 10°.- El gasto que signifique la aplicación de esta ley por el presente año, se financiará con reasignaciones de los recursos presupuestarios fijados a los servicios u órganos del Ministerio de Obras Públicas, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y en lo que respecta al año 1991, los fondos correspondientes están previstos en la ley N° 19.012, Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991".
El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, la redacción del texto es bastante deficiente. Para no retardar su despacho, lo votaremos favorablemente, en el entendido de que la ley será promulgada y publicada en el "Diario Oficial" antes de que termine este año. Si fuera publicada en 20 días más, el artículo podría tener consecuencias adversas, por la confusión de su redacción.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el nuevo artículo 10°, con las modificaciones del Senado.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Despachado el proyecto.


INCIDENTES


14.- SOLICITUD DE APERTURA DE PODER COMPRADOR DE MINERALES EN LA COMUNA DE COMBARBALA. OFICIO.

El señor DUPRE (Vicepresidente).- En la hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, Honorable Cámara,...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MUNIZAGA.- Si se produce un poco de silencio podría hacer uso de la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ruego a los señores parlamentarios tomar asiento y guardar silencio, pues, la sesión no ha terminado. Está ejerciendo el derecho de usar la palabra, por la bancada de Renovación Nacional, el Diputado señor Munizaga.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor MUNIZAGA.- Gracias, señor Presidente.
En esta oportunidad, quiero referirme a problemas que atañen a dos ciudades de mi región.
En primer lugar, abordaré los que afectan a la ciudad de Combarbalá, la que aun cuando no corresponde al distrito que represento, es una de las ciudades más postergadas de nuestro país y, a la vez, la más apartada de la Cuarta Región.
La comuna de Combarbalá tiene 12.800 habitantes y no cuenta con caminos pavimentados para acceder a ella. En efecto, desde la Carretera Panamericana hay que recorrer más de 80 kilómetros por caminos de tierra para llegar a esa ciudad.
Esta postergación histórica que ha sufrido dicha comuna, se ve agravada hoy con los enormes efectos que está produciendo la sequía en esa zona.
En el aspecto agrícola, hemos podido comprobar, a raíz de reuniones con los agricultores, que en este momento están votando los frutos de los viñedos, las uvas de los parrones, para que las parras no se sequen, porque no tienen agua para regarlas. Los esteros y el pequeño río que abastecen la zona están secos. En consecuencia, la agricultura está sufriendo en forma increíble.
Pero no sólo sufre la agricultura en Combarbalá, sino también los vecinos que se dedican a la crianza de animales, quienes han visto cómo, al pasar el tiempo, va muriendo su ganado por falta de alimento y del vital líquido que les permite subsistir: el agua.
En esta fecha, la situación no sólo afecta a agricultores y crianceros, sino también a los pobladores, quienes ven mermada el agua para la bebida.
Al respecto, tengo a la vista una carta que el señor alcalde de Combarbalá envía al gobernador provincial, en la que hace presente que apenas tiene un camión aljibe para atender las necesidades de agua para la bebida de esos trece mil habitantes. También se hace presente la necesidad imperiosa de contar con mangueras para entregarles agua para la bebida, elementos menores que ni el municipio ni el gobierno regional han podido proporcionar.
Esta comuna, así azotada por el flagelo de la sequía, es eminentemente minera. Sin embargo, no hay un poder comprador que pueda incentivar el desarrollo de la minería.
Por ello, en esta oportunidad, quiero señalar las necesidades de la comuna de Combarbalá, a fin de que el Supremo Gobierno acelere la ayuda para estos vecinos. Si bien se trata de una ciudad que, como ellos dicen, “ha sido mirada con el rabillo del ojo", es decir, mal mirada por Chile porque poco la han ayudado, no podemos olvidar que ese pedazo de territorio es chileno y que es responsabilidad del Gobierno ir en su auxilio.
Por lo anterior, solicito la más pronta ayuda para la comuna de Combarbalá. Al mismo tiempo, pido oficiar, en mi nombre al señor Vicepresidente de ENAM1, con el objeto de que se estudie y se ponga en práctica, con urgencia, la apertura de un poder comprador de minerales, de cobre y de mixtos.
Cabe hacer presente que hace pocos días el Supremo Gobierno abrió una oficina de ENAMI en la zona, lo que significa la intención de atender a esa gente. Pero no basta dicha oficina, sino que es indispensable establecer, con prontitud, un poder comprador de minerales por parte de ENAMI. En esa forma, se atendería a los mineros y se entregaría a la población una nueva fuente de trabajo, la que perfectamente podría ocupar a más de 500 personas.


15.- SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTEL DE CARABINEROS EN VICUÑA, CUARTA REGION. OFICIO.

El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, el otro problema que deseo plantear dice relación con la ciudad de Vicuña, en la provincia de Elqui, la que corresponde a mi distrito.
Durante muchos años Carabineros de Chile ha debido servir en esa ciudad sin contar con un cuartel para su comisaría, que reúna las condiciones mínimas de habitabilidad y de seguridad para el personal.
La comunidad se ha organizado y hace bastante tiempo donó un terreno de especiales características para la construcción de una comisaría. Lamentablemente, ha pasado el tiempo y el edificio no se ha podido construir. Por ello, los vecinos y amigos de Carabineros se han unido en Vicuña para iniciar la construcción de la comisaría, aun cuando no existan recursos fiscales.
Solicito que se oficie, en mi nombre, a Su Excelencia el Presidente de la República para que instruya a quien corresponda, a fin de que en el presupuesto de 1992 se consideren los recursos que permitan la construcción de esa comisaría en la ciudad de Vicuña, y así Carabineros de Chile pueda atender debidamente a la población elquina.
He dicho.


16.- TRATO DADO A PERIODISTAS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS.

El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en el turno correspondiente al Comité de Renovación Nacional.
El señor KUSCHEL.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente) .Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, hace pocas semanas aprobamos en esta Cámara un proyecto de ley de prensa e información que se denominó "Ley de Libertad de Prensa". En esa oportunidad, como casi siempre en esta Sala, se escucharon muchos discursos y declaraciones, tanto de los convencidos de las libertades políticas, económicas y sociales, como de los que han aceptado estos valores recientemente, empujados por los fracasos del socialismo, particularmente el marxista.
En mi calidad de ciudadano y de Diputado de región, alejado del "jet set" capitalino, pero interesado -igual que la mayoría de los chilenos- en ser veraz y oportunamente informado por nuestra prensa, quiero expresar, en esta oportunidad, mi más enérgico repudio por las postergaciones, desplazamientos y marginaciones a que fueron sometidos nuestros periodistas, en casi todas las ocasiones, con motivo de la visita del Presidente de los Estados Unidos, señor George Bush.
Cada vez que se alejó, se discriminó, se postergó, se desplazó a los periodistas y medios chilenos, se menoscabó la libertad de prensa, se menoscabó el desempeño profesional de los periodistas y se menoscabó y despreció el derecho de todos los chilenos, a través de ellos, de estar informados.
Deseo aprovechar la ocasión y esta tribuna para recordar al Gobierno que, en esta materia, al igual que en tantas otras, no debe alejar las palabras y las declaraciones de los hechos. Deseamos que nunca más se menosprecie el auténtico derecho que tenemos los chilenos de estar informados, a través de nuestra prensa, sobre los temas que nos interesan.
Gracias, señor Presidente.


17.- SUPRESION DE LAS CORPORACIONES PRIVADAS ADMINISTRADORAS DE LOS RECURSOS FISCALES PARA LA EDUCACION Y LA SALUD.

El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Alberto Pérez.
El señor PEREZ (don Juan Alberto).- Señor Presidente, Honorable Cámara, el Estatuto Docente, en actual discusión parlamentaria, contempla, en su artículo 2° transitorio, la supresión de las corporaciones privadas administradoras de recursos fiscales para la educación y la salud, municipalizados y traspasados, mediante el decreto con fuerza de ley N° 13063, de 1980.
Por otro lado, en la Décima Región, y más específicamente en las provincias de Chiloé y de Palena, junto con las Undécima, Duodécima y Primera regiones del país, aún se encuentra vigente el decreto ley Ne 889, de 1975, que estableció una serie de beneficios, entre los cuales figura la bonificación por mano de obra que, por la modificaciones introducidas a través del artículo 2° del decreto ley N° 3.625, de 1981, y del artículo 24, de la ley N° 18.991, regirá hasta 1992
Esta situación, hasta donde tengo conocimiento, ha sido el motivo central de la decisión de gran cantidad de municipalidades de las regiones involucradas por el decreto ley N° 889 -cuya cifra real desconozco, pero que el Ministerio respectivo, por supuesto, debe tenerla- dado que se trata de regiones extremas.
En el distrito que represento, la administración de los recursos fiscales para la educación y la salud, vía las corporaciones privadas para la educación, significó, en términos económicos, de acuerdo con los antecedentes entregados por' la gobernación provincial, agregar a los actuales recursos normales, mediante subvención, un total anual, para 1990, de 112.966.257 pesos, lo que representa un aporte valioso que ha permitido solucionar las múltiples y ya conocidas dificultades derivadas del sistema educacional.
Por otro lado, a pesar de este apoyo económico, las corporaciones -por lo menos en el territorio que represento- aún mantienen un déficit anual de 215.297 pesos para el presente año, que ha aumentado respecto de 1989 por diversas causas, entre las que se destacan, en primer término, los aumentos legales de sueldos debido a la baja matrícula, la baja asistencia media promedio y la sobrecarga en que el actual Gobierno ha incurrido en sus programas, loables muchos de ellos, pero sin recursos adicionales, como son la contratación de exonerados y otros que significan un mayor gasto.
Señor Presidente, desconozco las razones por las cuales el Ministerio de Educación y el Ejecutivo, en el estudio del proyecto de ley de Estatuto Docente, contemplaron en el artículo 2° transitorio la su-presión de las corporaciones municipales. Si así sucediera y se aprobara esa ley en el Parlamento, dichas corporaciones, creadas en las citadas regiones, perderán estos ingresos. ¿De qué forma se compensarán? ¿Se obligará a los municipios a despedir a los profesores o a producir la falencia absoluta y el actual quiebre económico de las municipalidades? Si evaluación la suma del actual déficit con el beneficio obtenido por el decreto ley N° 889, se concluye que se producirá un déficit notable, que las municipalidades del territorio que represento serán incapaces de soportar.
Los Ministerios de Educación y de Hacienda, oficialmente, nada han dicho al respecto; por el contrario, ante diversas consultas, han eludido el fondo del problema.
Por lo tanto, señor Presidente, en consideración a la urgente respuesta que requieren las interrogantes planteadas por las zonas y regiones afectadas por la aprobación del artículo 2° transitorio, del proyecto de ley sobre Estatuto Docente, actualmente en discusión en el Parlamento, pido que se oficie a los Ministerios de Educación y de Hacienda en el sentido expuesto.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité de Renovación Nacional.


18.- HOMENAJE CON MOTIVO DE ANIVERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.,

El señor COLOMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, Partido Socialista, Izquierda Cristiana y Partido Humanista, ofrezco la palabra.
El señor MARTINEZ (don Juan).- Pido la palabra. .
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MARTINEZ (don Juan).- Señor Presidente, hace unos días se conmemoraron 42 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Nacio-nes Unidas, declaración que, por el curso de los acontecimientos que ha tenido que vivir la Humanidad, desde entonces se ha convertido en uno de los hechos de mayor significación y trascendencia que posibilita la protección, defensa y promoción de los derechos del hombre.
Esta declaración representa algo nuevo, pues, por primera vez, un sistema de principios fundamentales de la conducta humana fue libremente aceptado por la mayoría de los países. Gracias a ello, podemos tener la certeza histórica de que la Humanidad comparte algunos valores comunes en relación con los derechos humanos.
De entre sus considerandos es conveniente destacar los siguientes:
Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
Que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
En ella alude a la igualdad de derechos de hombes y mujeres, y se refiere, explícitamente, a los derechos económicos y sociales.
Este memorable documento consagra, a través de treinta artículos, no sólo las garantías individuales reconocidas anteriormente en las Constituciones de los diversos países, sino que también numerosas prerrogativas de carácter social, económico y cultural.
Sistematizando su contenido, de acuerdo con el objetivo específico de cada derecho, podemos distinguir cinco grandes grupos.
1.Derechos civiles.
2.Derechos políticos o cívicos.
3.Derechos económicos.
4.Derechos Sociales
5.Derechos Culturales.
En la parte final de la Declaración se establece que "toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, deberes que, incuestionablemente, se desprenden del hecho de tener derechos, de su observancia y promoción".
El reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana y su manifestación en declaraciones de carácter político y jurídico, constituyen un testimonio indesmentible del progreso de la conciencia moral de la Humanidad. Este progreso no ha sido fácil de concretar, produciéndose, a la par de una tendencia general de innegable avance, retrocesos graves que los han cuestionado severamente. Sin embargo, la evolución histórica de los derechos humanos es posible dimensionarla en la ampliación del número y del contenido de ellos, y del campo de su aplicación, tanto en su vigencia efectiva como en su protección judicial.
La expansión de los derechos humanos en el último tiempo, surge básicamente en relación con el desarrollo tecnológico, sus efectos y desafíos y las inquietantes repercusiones ecológicas que él mismo conlleva.
Otros aspectos destacables del progreso de la humanidad, en relación con los derechos humanos es su internacionalización, en cuanto a su reconocimiento y protección, proceso en virtud del cual se superan los estrechos márgenes del derecho positivo interno de cada Estado y, por tanto, pasa a ser una preocupación prioritaria, y un deber de la comunidad internacional y de cada uno de sus integrantes, velar por su vigencia y efectividad.
Igualmente el hecho capital de que ninguna persona o Estado pueda considerarse al margen o exceptuarse de responder por actos o conductas que comprometan una transgresión a estos derechos, cualquiera que sea su condición social, económica o cultural, sexo, raza o concepción ideológica, filosófica o religiosa, es ya una conquista valiosa que apela a la conciencia de todos para su realización.
Los chilenos, en la actualidad, tenemos un grado especial de conciencia y de sensibilidad frente a este tema. Las permanentes, masivas y reiteradas violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el ejercicio del gobierno anterior; la puesta en práctica, a partir del 11 de septiembre de 1973 de una criminal política de exterminio sobre personas que habían estado vinculadas al Gobierno del Presidente Allende, la introducción de la tortura, la represión indiscriminada, con su secuela de víctimas inocentes, cometidas por quienes -las leyes suponían- debían garantizar la seguridad y la vida de las personas; el ejercicio -incluso- del terrorismo internacional, dejaron profundamente herida el alma de la nación e introdujeron en forma dramática y trágica en la conciencia digna de nuestro pueblo, por contraste, el valor inigualable de un gobierno e instituciones que se funden sobre las bases de un estado de derecho, que respete y haga respetar los valores y fundamentos de los derechos humanos.
Basta pensar en los alcances y significados de la Declaración de Derechos Humanos, de 1948, para comprender hasta qué punto se llegó, a qué nivel de crisis moral fue arrastrado el país y sus instituciones, y la magnitud de la tarea de restauración moral a que se ve enfrentada la sociedad chilena y el gobierno democrático.
La difícil tarea por la defensa de los derechos humanos se emprendió cuando en nuestro país se había desatado hasta el paroxismo las ciegas fuerzas del odio, del crimen y de la traición.
Por tanto, es de justicia hacer un acto de reconocimiento a diversas instituciones y personas que jugaron un papel preponderante en la defensa de la dignidad y de la vida de los perseguidos y acosa-dos por la dictadura militar. Simbolizaré este homenaje en la Iglesia Católica chilena y en los organismos de derechos humanos, y, en especial, en la persona del Cardenal Raúl Silva Henríquez, por su heroica conducta moral, y por la de todos quienes se atrevieron a cruzarse en el camino del poder absoluto y su despliegue de corrupción y prepotencia.
Por estas razones, valoramos lo realizado por el Gobierno del Presidente Aylwin.
Perfectamente podemos decir que el eje principal de la acción del Gobierno y de la transición es la restauración moral de la patria; restauración que pasa por reponer; en toda su magnitud, el de los derechos humanos; restauración que exige, como condición necesaria, el establecimiento de toda la verdad de lo ocurrido en relación con las gravísimas violaciones a los derechos humanos, conocer a sus autores materiales e intelectuales y que cada cual asuma, frente a las víctimas, a la justicia y a la sociedad, la cuota de responsabilidad que le corresponde; restauración que rechaza tanto la impunidad como la venganza, que exige la liberación de los presos políticos por un imperativo de justicia y de paz.
En este sentido, la decisión del Presidente de la República de indultar a los presos políticos nos parece un acto de coraje y de reparación indispensable que respaldamos decididamente.
Por las mismas razones, hemos apoyado la tramitación de las llamadas "leyes Cumplido" y hemos consignado nuestro pesar porque éstas no encontraron en el Parlamento acogida en su sentido original.
Idéntico fundamento tiene nuestro permanente cuestionamiento a la Ley de Amnistía, de 1978, que ha impedido investigar y encontrar a los responsables de tantos crímenes cometidos antes de esa fecha y desde el inicio de la dictadura militar.
Igual razonamiento es aplicable al rechazo que, en definitiva, sostuvimos respecto de lo que se denominó el "acuerdo marco", puesto que implicaba agregar una suerte de amnistía parcial para aquellos violadores de los derechos humanos después de 1978 y hasta marzo de 1990.
Estas son también las bases de nuestro apoyo al acuerdo político ulterior en relación con las "leyes Cumplido" y con entregar al Jefe de Estado la facultad constitucional del indulto, y al Congreso Nacional la de amnistía, como pasos previos para dar una solución definitiva a la situación de los presos políticos; acuerdo que enmarca las esperanzas de juzgar a los responsables de homicidios en las personas de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, acaecidos en los Estados Unidos de Norteamérica, aun cuando dejamos constancia de nuestras más que legítimas dudas respecto de las garantías que puedan ofrecer los tribunales chilenos, y en especial la Corte Suprema, para una efectiva aplicación de justicia.
Para ayudar a la restauración moral de la Patria es que nos opusimos a una partida de la Ley de Presupuestos que, a nuestro entender, apuntaba al financiamiento de los funcionarios de la ex Central Nacional de Informaciones -hoy la Diñe-, estimando indispensable que el Parlamento tuviera un gesto consecuente al repudio que suscita en nuestro pueblo un hecho de tal naturaleza. Por lo mismo, hemos denunciado con fuerza los graves escándalos que encierran el caso de Villa Grimaldi y la existencia de Colonia Dignidad.
Sin duda, un paso importante en pro del objetivo antes mencionado es la creación, por el Gobierno, de la Comisión Verdad y Reconciliación, la cual, con su labor, contribuirá a encontrar la verdad en los numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos y a ubicar a los responsables. Este es un paso decisivo para lograr la reconciliación nacional, requisito de una exitosa transición democrática. Esperamos que la colaboración prometida por los institutos armados a los objetivos de la Comisión se haga efectiva, como una demostración de que también en ellos se alberga un honesto y patriótico deseo de alcanzar para Chile una auténtica reconciliación.
Es más, pensamos y queremos decirlo, sin eufemismo, que un orden social justo y con paz social sólo puede fundarse en la superación completa de la crisis moral que se abatió sobre el país.
De lo ya reseñado, se desprende en forma clara cuánto camino queda por recorrer y la enorme magnitud del esfuerzo que debemos emprender.
En Chile y en el mundo siguen teniendo un carácter declarativo muchos de los derechos individuales o colectivos, sean de orden social, cultural, político o económico. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de revisar toda la normativa constitucional y legal vigente, modificándola en todo lo que sea pertinente, con el objeto de hacerla concordante con los fundamentos de los derechos humanos; de suscribir y ratificar aquellos pactos, acuerdos y tratados internacionales que digan relación con el reforzamiento de su vigencia, y de promover una cultura nacional en que se reconozcan estos principios.
Para nosotros, los de la bancada del Partido Socialista de Chile, del Partido por la Democracia y del Partido Humanista, los derechos humanos han pasado a formar parte de nuestro basamento doctrinario.
La sostenida aspiración del pueblo chileno por construir una sociedad solidaria, con crecientes grados de libertad y justicia social, encuentra precisamente en la declaración Universal de los Derechos Humanos su pilar fundamental.
He dicho, señor Presidente.


19.- ACTUACIONES QUE AFECTAN A ASIGNATARIOS DE LA EX CORA. OFICIO.

El señor LETELIER.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
Queda un minuto.
El señor LETELIER.- Señor Presidente y estimados colegas, en la Comisión de Agricultura, estamos tratando un proyecto de ley que permite otorgar beneficios a los adquirentes o asignatarios de propiedades entregadas por la Corporación de la Reforma Agraria.
En las conversaciones con algunos invitados hemos descubierto la existencia de una organización con claras actuaciones ilícitas, integrada por abogados que andan de la Cuarta a la Novena Región, alentando expectativas de quienes perdieron legal o ilegalmente sus propiedades en los años pasados. Hay un grupo de abogados ' de Santiago que cobran cuotas a los campesinos, ex asignatarios de la Cora.
Es importante que la Cámara, en particular sus integrantes, que representan zonas rurales, conozcamos el fenómeno.
Los abogados Manríquez y Herrera están estafando a los campesinos de las regiones antes mencionadas. Debemos tomar conciencia de que este hecho no sólo raya en la violación de la ética profesional, sino que está generando, potencialmente, un conflicto social de gran envergadura, relacionado con un objetivo compartido por todos: regularizar la tenencia de la tierra en nuestro país y, a la vez, cerrar las heridas producidas tanto por la contrarreforma agraria, en nuestra perspectiva, como por la reforma agraria, para los colegas de la oposición, lo que hace necesario que la Corporación tome cartas en este asunto.
Por eso, solicito que se oficie en mi nombre y, si es posible, en nombre de la Cámara al señor Ministro de Agricultura para que pueda entregar un informe con los antecedentes que tiene sobre estas actuaciones de abogados que están engañando a campesinos, ex asignatarios de la Cora, a lo largo del país.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, a título personal, por cuanto no hay quorum para remitirlo en nombre de la Sala.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, también en mi nombre y en el del Comité Radical.
El señor PALMA (don Andrés).- Y en nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor ALESSANDRI BALMACE- DA.- En nombre del Comité de Renovación Nacional, con copia al Colegio de Abogados, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará en nombre de todos los comités.
El señor LETELIER.- Que se oficie también al Colegio de Abogados de Chile.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Perfecto.


20.- RECONOCIMIENTO A CARABINEROS DE CHILE POR FUTURA CREACION DE PREFECTURA CORDILLERA.

El señor COLOMA (Vicepresidente). - El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- En agradecimiento por haberme cedido su tiempo, he ocupado un lugar en el sector que le corresponde a la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
Señor Presidente, deseo testimoniar el reconocimiento público de los habitantes de la comuna de La Florida, futura provincia Cordillera, al señor General Director de Carabineros, expresada en los siguientes términos:
"Estimado General Director, la enorme mayoría de los habitantes de la comuna de La Florida, por intermedio de su Diputado, quieren expresar a usted y a la Institución que dirige, sus más sinceros agradecimientos por haber acogido nuestra petición, en orden a * crear la Prefectura Cordillera, que dará un adecuado servicio policial a nuestra zona.
"Si hay algo que tenemos completamente claro, es que Santiago ha llegado a ser una ciudad sitiada por los delincuentes. Los delitos, tanto contra las personas como contra la propiedad, se han incrementado hasta alcanzar niveles preocupantes.
"Con el progreso y el desarrollo económico, el Gran Santiago tiene ahora otros polos de actividad. Por eso, nos felicitamos de que Carabineros haya acordado implementar esta nueva unidad policial en nuestra comuna, la que será dotada de personal y material, tanto para reprimir como para disuadir al delincuente.
"Al sentimiento de gratitud que todo el país debe a Carabineros de Chile, hoy queremos sumar, en forma muy especial, el de esta comuna: sus habitantes, autoridades, instituciones y parlamentarios desean representar, en su persona, sus más sinceros agradecimientos, haciendo votos porque la nueva Prefectura entre en funcionamiento a la brevedad posible, para así poder otorgar a nuestros vecinos la máxima protección.
"Finalmente, deseamos reiterarles que los floridanos somos cooperadores con Carabineros, porque entendemos que su labor es de paz y orden y trae tranquilidad a la población, al parque en que se recrean los niños, al comercio y a los lugares del sano esparcimiento.
"Las acciones hostiles a Carabineros han provenido de sectores perfectamente individualizados, a quienes lo único que les importa es destruir las bases mismas de la convivencia social. Ellos saben que Carabineros es, precisamente, el principal garante para que esta convivencia no sea alterada.
A toda la Institución y, en especial a usted, muchas gracias".
He dicho.


21.- EXTENSION DE RED TELEFONICA A PROVINCIA Y COMUNAS. OFICIO.

El señor COLOMA (Vicepresidente).- E1 turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor CAMPOS.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente y Honorable colegas, uno de los problemas más graves que afecta a las provincias y a las comunas aisladas del país es lo relacionado con las comunicaciones de los habitantes que viven en ellas.
Las dificultades de acceso que existen por el mal estado los caminos y, además, por la falta de servicios de transportes eficientes, se ha visto agravada en los últimos años por el hecho de que paulatinamente se han ido cerrando las oficinas de correos, las postas, el telégrafo; incluso durante el gobierno pasado se levantaron varias líneas de ferrocarriles que cubrían diversos ramales.
Sin embargo, en los últimos años esta situación se ha ido tomando mucho más crítica, a raíz del hecho de que la Compañía de Teléfonos de Chile ha sido priva tizada. De manera que el Estado, al no tener injerencia y control de ella, no ha podido aplicar toda una política de ampliación de la red telefónica pública rural en los distintos sectores aislados del país.
Luego, señor Presidente, ocurre un fenómeno muy curioso
Estamos en un mundo que vive una verdadera revolución tecnológica en materia de comunicaciones. Este es un mundo absolutamente intercomunicado, en el que hacemos uso del satélite, del fax, etcétera. Pero esos avances tecnológicos verdaderamente no han llegado a los distintos sectores del país, situación que, sin duda, hay que remediar.
Por ejemplo, en mi distrito, las ocho comunas rurales de la provincia de Talca, algunas de ellas sólo cuentan con teléfono en la cabecera; pero no hay teléfonos públicos rurales en lugares poblados importantes que están dentro de las comunas.
Así sucede en las comunas de Pelarco, de San Clemente, de Río Claro, etcétera.
Por ello, urge que el Gobierno promueva un programa de instalación de teléfonos públicos rurales, con el fin de que la red telefónica no sólo cubra las cabeceras de las comunas, sino también se extienda a importantes puntos poblados de ellas.
Por tales razones, señor Presidente, pido que se oficie, en mi nombre y en el del Comité Radical, al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que se revisen los contratos de concesión suscritos con la Compañía de Teléfonos de Chile, para tratar de incluir o de asegurar un programa de extensión telefónica rural en las diversas comunas del país; o bien, que el Gobierno estudie la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Compañía de Teléfonos en ese sentido; particularmente en relación con las comunas rurales de la provincia de Talca.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado en la forma indicada.


22.- FELICITACIONES AL EMBAJADOR DE CHILE EN AUSTRIA POR DESIGNACION COMO PRESIDENTE DEL GRUPO DE LOS 77. OFICIO.

El señor COLOMA (Vicepresidente).- E1 turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
El señor VELASCO.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor VELASCO.- Señor Presidente y Honorable Cámara, con profunda alegría hemos recibido la noticia de que don Hernán Gutiérrez Leyton, nuestro prestigiado Embajador en Austria, fue designado presidente del Grupo de los 77, entidad que, en el marco de las Naciones Unidas, agrupa a más de un centenar de países en desarrollo de Asia, África y América, con el fin de coordinar sus posiciones comunes frente a los problemas económicos y sociales que se debaten en los diversos foros mundiales.
No podemos dejar de expresar la satisfacción que ello involucra, en primer lugar, por la reafirmación, una vez más, de lo que majaderamente hemos señalado: la dictadura dejó a nuestro país en un aislamiento absoluto, que su soberbia nunca le permitió reconocer, situación que el gobierno democrático ha revertido, reinsertando a nuestra nación dentro del ámbito internacional, de lo cual la designación de nuestro Embajador en tal afta responsabilidad constituye un notable testimonio.
El enorme prestigio alcanzado desde un comienzo por el Gobierno de la Concertación por la seriedad de su planteamientos, por la equidad de sus juicios y por la preparación de su gente está fructificando en el ámbito internacional con designaciones como la que motiva esta intervención.
El segundo motivo de satisfacción lo constituye el reconocimiento a los merecimientos y a la labor desarrollada por el señor Embajador don Hernán Gutiérrez Leyton, quien se ha distinguido en el mundo de la diplomacia como un funcionario destacado en la carrera, al ser destinado en varios países, no obstante lo cual el gobierno militar lo exoneró del servicio.
Privado de su empleo, pero cargado de un inmenso prestigio trabajó como consultor jurídico del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros organismos internacionales. La llegada del Gobierno del Presidente Aylwin permitió hacer justicia al reincorporarlo en el cargo del cual nunca debió ser separado.
Como justo reconocimiento a los merecimientos de un hombre que prestigia nuestro servicio exterior, solicito a la Honorable Cámara que se oficie al señor Embajador, transmitiéndole las felicitaciones de la Corporación por su designación en tan elevadas funciones y la certeza que la asiste acerca del mérito de su gestión.
Suscriben este oficio los Diputados señores Jaime Campos, Baldemar Carrasco y Carlos Dupré.
El señor PALMA (don Andrés).- Pido que el oficio se dirija en el nombre de todos los presentes.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en nombre de las personas que aparecen suscribiéndolo y de las que voluntariamente deseen adherir.
El señor BOSSELIN.- Y de toda la bancada democratacristiana.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, particularmente a nombre del Comité Radical.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Ese "particularmente" habrá que fijarlo en su momento.


23.- ALCANCE SOBRE CONTRADICCIONES PARTIDARIAS INTERNAS.

El señor PALMA (don Andrés).- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, aunque a algunos señores parlamentarios de la Derecha no les gusta, esta es una Cámara eminentemente política, y, en esta Cámara de Diputados, tenemos que preocupamos de todos los avalares de la política nacional y debemos reflexionar sobre lo que en ese terrenos está ocurriendo, con visión de futuro, de presente y con gran preocupación por las tendencias que allí se manifiesten.
Es un hecho que esto tiene gran repercusión en la prensa, pero no siempre la tiene, como debiera, en esta Corporación.
Por ejemplo, esta semana, la revista "Qué Pasa" se refiere a las elecciones internas de la Democracia Cristiana y, en un artículo firmado por don Pedro Ramírez, termina señalando: "el paralelo entre las posiciones del sector duro del PS que quiere romper la Concertación por la Izquierda, y la de los colorines interesados en reventar la cuerda, por la Derecha, se debe sobre todo a que son dolores de cabeza equivalentes para Aylwin. Aunque se ha comportado como un magistrado, manteniéndose por sobre las disputas internas, el Presidente será uno de los grandes derrotados, en caso de victoria de las tesis del grupo de Adolfo Zaldívar e Iru- reta".
Sin lugar a dudas, el juicio de esta revista será desmentido el próximo día sábado, con motivo de las elecciones internas de la Democracia Cristiana, por el solo hecho de que, cualquiera que sea el resultado de esa elección, la posición del Presidente de la República se va a ver robustecida por la participación y el voto de los militantes democratacristianos.
Pero, lo ocurrido esta semana en el Senado de la República, que representa una abierta contradicción en el comportamiento de militantes de un mismo partido, respecto de aquéllos que desempeñan cargos en la Cámara de Diputados, es un hecho político importante.
El Senado de la República, con el voto de los Senadores de Renovación Nacional, ha rechazado el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, con el voto de los Diputados de Renovación Nacional, para abolir la pena de muerte, en una serie de textos legales.
La contradicción entre los Senadores y los Diputados de Renovación Nacional, ya es una evidencia y un hecho político preocupante para el país.
Todo indica que los Senadores están respondiendo, no a la tesis del Presidente de Renovación Nacional, sino a la del que fuera Ministro Secretario General de Gobierno de la dictadura, señor Cuadra, cuyo peso al interior de ese partido es cada día creciente y los Diputados de Renovación Nacional parecen responder, efectivamente, al mandato de las bases de su partido que eligieron al señor Allamand como Presidente de Renovación Nacional.
La opción de Renovación Nacional, señor Presidente, es más allá de la pena de muerte. Es la opción de buscar un encuentro nacional para construir un futuro en democracia, con participación de todos los chilenos, liberando al país de las amarras que le dejó la dictadura, o la opción de sostener esas amarras contra la voluntad popular, tesis, que, por su pasado, sin lugar a dudas, tiene que representar el señor Cuadra.
La discusión, señor Presidente, de los hechos...
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Pido una interrupción, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- El señor Alessandri Balmaceda le solicita una interrupción, señor Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- No, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- No le otorga la interrupción, señor Alessandri.
El señor PALMA (don Andrés).- La discusión de los hechos políticos como el que hemos visto reflejado en relación con la pena de muerte es algo que esta Cámara de Diputados no puede dejar de insistir, de participar, de reconocer.
Es necesario, señor Presidente, que Renovación Nacional se defina de una vez por todas.
En muchas ocasiones hemos escuchado en este hemiciclo que los parlamentarios de Renovación Nacional señalan ser un partido de futuro, que esos parlamentarios expresan una posición de independencia respecto del pasado y una voluntad de cambiar las cosas para que en Chile haya reconciliación. Los Senadores de Renovación Nacional y la actitud del señor Cuadra no guardan concordancia con lo que ha dicho aquí la mayoría de los Diputados de Renovación Nacional.
Un señor DIPUTADO.- No cuadra.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, creo que esta materia tiene que discutirse no sólo en los medios de comunicación o en los pasillos, sino también en futuras horas de Incidentes de esta Cámara de Diputados, cuando, en uso de su tiempo, espero que Renovación Nacional clarifique estas contradicciones no resueltas, que constituyen un grave peligro para la consolidación de la democracia, en la cual todos estamos empeñados, inclusive un número significativo de parlamentarios de ese partido.
He dicho, señor Presidente.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Respondo inmediatamente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Solicito una interrupción al Diputado Bosselin.
El señor BOSSELIN.- Le concedo dos minutos, pero con cargo a su tiempo. Que sean sólo dos minutos.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri, por interrupción concedida por el Diputado señor Bosselin.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.- Señor Presidente, no puede ser con cargo a mi tiempo, porque ya fue ocupado.
Solamente en un minuto quiero recordar al Diputado Andrés Palma, respecto de la abolición de la pena de muerte que hubo una Comisión Mixta en la cual la Democracia Cristiana votó a favor de la propuesta de la Comisión, y sí hubo parlamentarios de Renovación Nacional consecuentes con sus principios que votaron en contra del informe de la Comisión, y, por parte de la Concertación, sólo se abstuvo el Diputado Letelier.
Entonces, cuando se acusa o se trata de dar interpretaciones de división entre Senadores y Diputados, justamente ello habla muy bien del partido. Nosotros no obedecemos órdenes directas y si hemos tenido alguna contradicción con los Senadores es, precisamente, en beneficio del país, lo que comprueba claramente que es - un partido pluralista, que no se rige por órdenes autoritarias y que no obliga a levantarse a los personajes que están en la Sala para votar a su favor cuando no quieren hacerlo. Es, realmente, un partido de futuro y, justamente, los Diputados de Renovación Nacional somos los que estamos más empeñados en cooperar a la transición a la democracia.
Tampoco dudamos de la fuerza del Presidente Aylwin en relación con una simple elección de un partido de la Concertación. Y, en ese sentido, creo que la persona más correcta para contestar todas las dudas del Diputado Palma es precisamente el Diputado Hernán Bosselin, que usará de la palabra. Porque respecto de los problemas que tengan con Adolfo Zaldívar, no nos corresponde inmiscuirnos ya que son divergencias internas que no deberían revelar en esta Corporación, que camina hacia la reunificación nacional.
Gracias, señor Presidente.
Gracias, Diputado Bosselin.


24.- PETICION DE ANTECEDENTES SOBRE CASO "LA CUTUFA". OFICIO.

El señor COLOMA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Bosselin.
El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, en primer lugar quiero referirme a un tema que ha preocupado enormemente a la opinión pública, cual es el denominado "affaire La Cutufa".
Este asunto está siendo ventilado en los medios de comunicación e investigado por los Tribunales de Justicia, sin perjuicio de que el propio Ejército de Chile ha dispuesto una investigación administrativa.
No cabe la menor duda de que uno de los valore» que esta Cámara política debe cautelar es al corrección en los actos administrativos y el intachable desempeño de los distintos organismos que conforman el aparato del Estado, y con mayor razón de las propias Fuerzas Armadas.
Por esas razones, en mi nombre y en el de los Diputados señores Jorge Pizarro, Hernán Rojo, Hosain Sabag, Sergio Ojeda, Sergio Elgueta, Víctor Reyes y Andrés Palma, solicitamos que se oficie al señor Ministro de Defensa Nacional y al señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado para que remitan, en forma reservada, a esta Cámara toda la información y antecedentes de que dispongan dichas reparticiones y el Ejército de Chile, sobre el denominado caso "La Cutufa", que actualmente conmueve a nuestro país, para determinar en su caso y oportunidad, qué conducto daremos a esos antecedentes, ya sea una Comisión Investigadora, o, eventualmente, una acusación de carácter constitucional.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


25.- PETICION DE EXTENSION DE LINEA DEL METRO. OFICIO.

El señor BOSSELIN.- En segundo lugar, pido que, en mi nombre, se envíe un oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que informe detalladamente a esta Cámara de Diputados sobre la factibilidad de extender el servicio del Metro hacia el Aeropuerto Arturo Merino Bení- tez, partiendo desde la Avenida Neptuno esquina San Pablo hacia las calles José Joaquín Pérez, Mapocho, La Estrella, y de allí en forma diagonal, hasta el aeropuerto internacional.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.


26.- PETICION DE CONSTRUCCION DE HOSPITAL EN EL SECTOR PONIENTE DE SANTIAGO. OFICIO.

El señor BOSSELIN.- En tercer lugar, solicito que se oficie al señor Ministro de Salud para que nos infórme si es factible construir un hospital en el sector poniente de Santiago, dentro del próximo año, porque su población es superior a un millón y medio de habitantes y, en la actualidad, no cuenta con la atención hospitalaria suficiente y adecuada.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.


27.- ALCANCE SOBRE PUBLICACION DE ACTUALIDAD POLITICA.

El señor BOSSELIN.- Finalmente, quiero referirme a un punto que abordó el colega Andrés Palma, respecto de una publicación hecha por una revista -creo que se denomina "Qué Pasa"-, en relación con las elecciones internas de la Democracia Cristiana.
El Partido Demócrata Cristiano es una colectividad democrática y humanista que tiene en alta estima la pluralidad interna. Y no cabe la menor duda de que el resultado de la próxima elección interna va a demostrar que el partido, en su totalidad, en forma coherente y solidaria, está con el Gobierno de Patricio Aylwin, y que la propia Concertación para la democracia saldrá aún más fortalecida.
Nadie puede hacer revuelo con nuestras discrepancias internas, por cuanto nosotros tenemos un compromiso muy sólido, firme e inquebrantable con el Gobierno del Presidente Aylwin, y estamos comprometidos con su éxito.
En consecuencia, discrepamos de los comentarios formulados en la revista "Qué Pasa", porque están totalmente alejados del fondo de la controversia que se va a dirimir en nuestra colectividad por la vía electoral.
He dicho, señor Presidente.
El señor PALMA (don Andrés).- ¿Cuánto tiempo nos queda?
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Un minuto.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Sólo para agregar a la intervención del Diputado señor Bosselin que nuestros Senadores y nuestros Diputados votan de la misma manera.
He dicho, señor Presidente.
El señor ALESSANDRI BALMACE- DA.- Votan por la misma orden.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.


Se levantó a las 14.27.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.