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El señor COLOMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, Partido Socialista, Izquierda Cristiana y Partido Humanista, ofrezco la palabra.
El señor MARTINEZ (don Juan).-
Pido la palabra...
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MARTINEZ (don Juan).-
Señor Presidente, hace unos días se conmemoraron 42 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaración que, por el curso de los acontecimientos que ha tenido que vivir la Humanidad, desde entonces se ha convertido en uno de los hechos de mayor significación y trascendencia que posibilita la protección, defensa y promoción de los derechos del hombre.
Esta declaración representa algo nuevo, pues, por primera vez, un sistema de principios fundamentales de la conducta humana fue libremente aceptado por la mayoría de los países. Gracias a ello, podemos tener la certeza histórica de que la Humanidad comparte algunos valores comunes en relación con los derechos humanos.
De entre sus considerandos es conveniente destacar los siguientes:
Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
Que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
En ella alude a la igualdad de derechos de hombes y mujeres, y se refiere, explícitamente, a los derechos económicos y sociales.
Este memorable documento consagra, a través de treinta artículos, no sólo las garantías individuales reconocidas anteriormente en las Constituciones de los diversos países, sino que también numerosas prerrogativas de carácter social, económico y cultural.
Sistematizando su contenido, de acuerdo con el objetivo específico de cada derecho, podemos distinguir cinco grandes grupos.
1.Derechos civiles.
2.Derechos políticos o cívicos.
3.Derechos económicos.
4.Derechos Sociales
5.Derechos Culturales.
En la parte final de la Declaración se establece que "toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, deberes que, incuestionablemente, se desprenden del hecho de tener derechos, de su observancia y promoción".
El reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana y su manifestación en declaraciones de carácter político y jurídico, constituyen un testimonio indesmentible del progreso de la conciencia moral de la Humanidad. Este progreso no ha sido fácil de concretar, produciéndose, a la par de una tendencia general de innegable avance, retrocesos graves que los han cuestionado severamente. Sin embargo, la evolución histórica de los derechos humanos es posible dimensionarla en la ampliación del número y del contenido de ellos, y del campo de su aplicación, tanto en su vigencia efectiva como en su protección judicial.
La expansión de los derechos humanos en el último tiempo, surge básicamente en relación con el desarrollo tecnológico, sus efectos y desafíos y las inquietantes repercusiones ecológicas que él mismo conlleva.
Otros aspectos destacables del progreso de la humanidad, en relación con los derechos humanos es su internacionalización, en cuanto a su reconocimiento y protección, proceso en virtud del cual se superan los estrechos márgenes del derecho positivo interno de cada Estado y, por tanto, pasa a ser una preocupación prioritaria, y un deber de la comunidad internacional y de cada uno de sus integrantes, velar por su vigencia y efectividad.
Igualmente el hecho capital de que ninguna persona o Estado pueda considerarse al margen o exceptuarse de responder por actos o conductas que comprometan una transgresión a estos derechos, cualquiera que sea su condición social, económica o cultural, sexo, raza o concepción ideológica, filosófica o religiosa, es ya una conquista valiosa que apela a la conciencia de todos para su realización.
Los chilenos, en la actualidad, tenemos un grado especial de conciencia y de sensibilidad frente a este tema. Las permanentes, masivas y reiteradas violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el ejercicio del gobierno anterior; la puesta en práctica, a partir del 11 de septiembre de 1973 de una criminal política de exterminio sobre personas que habían estado vinculadas al Gobierno del Presidente Allende, la introducción de la tortura, la represión indiscriminada, con su secuela de víctimas inocentes, cometidas por quienes -las leyes suponían- debían garantizar la seguridad y la vida de las personas; el ejercicio -incluso- del terrorismo internacional, dejaron profundamente herida el alma de la nación e introdujeron en forma dramática y trágica en la conciencia digna de nuestro pueblo, por contraste, el valor inigualable de un gobierno e instituciones que se funden sobre las bases de un estado de derecho, que respete y haga respetar los valores y fundamentos de los derechos humanos.
Basta pensar en los alcances y significados de la Declaración de Derechos Humanos, de 1948, para comprender hasta qué punto se llegó, a qué nivel de crisis moral fue arrastrado el país y sus instituciones, y la magnitud de la tarea de restauración moral a que se ve enfrentada la sociedad chilena y el gobierno democrático.
La difícil tarea por la defensa de los derechos humanos se emprendió cuando en nuestro país se había desatado hasta el paroxismo las ciegas fuerzas del odio, del crimen y de la traición.
Por tanto, es de justicia hacer un acto de reconocimiento a diversas instituciones y personas que jugaron un papel preponderante en la defensa de la dignidad y de la vida de los perseguidos y acosa-dos por la dictadura militar. Simbolizaré este homenaje en la Iglesia Católica chilena y en los organismos de derechos humanos, y, en especial, en la persona del Cardenal Raúl Silva Henríquez , por su heroica conducta moral, y por la de todos quienes se atrevieron a cruzarse en el camino del poder absoluto y su despliegue de corrupción y prepotencia.
Por estas razones, valoramos lo realizado por el Gobierno del Presidente Aylwin.
Perfectamente podemos decir que el eje principal de la acción del Gobierno y de la transición es la restauración moral de la patria; restauración que pasa por reponer; en toda su magnitud, el de los derechos humanos; restauración que exige, como condición necesaria, el establecimiento de toda la verdad de lo ocurrido en relación con las gravísimas violaciones a los derechos humanos, conocer a sus autores materiales e intelectuales y que cada cual asuma, frente a las víctimas, a la justicia y a la sociedad, la cuota de responsabilidad que le corresponde; restauración que rechaza tanto la impunidad como la venganza, que exige la liberación de los presos políticos por un imperativo de justicia y de paz.
En este sentido, la decisión del Presidente de la República de indultar a los presos políticos nos parece un acto de coraje y de reparación indispensable que respaldamos decididamente.
Por las mismas razones, hemos apoyado la tramitación de las llamadas "leyes Cumplido" y hemos consignado nuestro pesar porque éstas no encontraron en el Parlamento acogida en su sentido original.
Idéntico fundamento tiene nuestro permanente cuestionamiento a la Ley de Amnistía, de 1978, que ha impedido investigar y encontrar a los responsables de tantos crímenes cometidos antes de esa fecha y desde el inicio de la dictadura militar.
Igual razonamiento es aplicable al rechazo que, en definitiva, sostuvimos respecto de lo que se denominó el "acuerdo marco", puesto que implicaba agregar una suerte de amnistía parcial para aquellos violadores de los derechos humanos después de 1978 y hasta marzo de 1990.
Estas son también las bases de nuestro apoyo al acuerdo político ulterior en relación con las "leyes Cumplido" y con entregar al Jefe de Estado la facultad constitucional del indulto, y al Congreso Nacional la de amnistía, como pasos previos para dar una solución definitiva a la situación de los presos políticos; acuerdo que enmarca las esperanzas de juzgar a los responsables de homicidios en las personas de Orlando Letelier y Ronnie Moffit , acaecidos en los Estados Unidos de Norteamérica, aun cuando dejamos constancia de nuestras más que legítimas dudas respecto de las garantías que puedan ofrecer los tribunales chilenos, y en especial la Corte Suprema, para una efectiva aplicación de justicia.
Para ayudar a la restauración moral de la Patria es que nos opusimos a una partida de la Ley de Presupuestos que, a nuestro entender, apuntaba al financiamiento de los funcionarios de la ex Central Nacional de Informaciones -hoy la Diñe-, estimando indispensable que el Parlamento tuviera un gesto consecuente al repudio que suscita en nuestro pueblo un hecho de tal naturaleza. Por lo mismo, hemos denunciado con fuerza los graves escándalos que encierran el caso de Villa Grimaldi y la existencia de Colonia Dignidad.
Sin duda, un paso importante en pro del objetivo antes mencionado es la creación, por el Gobierno, de la Comisión Verdad y Reconciliación, la cual, con su labor, contribuirá a encontrar la verdad en los numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos y a ubicar a los responsables. Este es un paso decisivo para lograr la reconciliación nacional, requisito de una exitosa transición democrática. Esperamos que la colaboración prometida por los institutos armados a los objetivos de la Comisión se haga efectiva, como una demostración de que también en ellos se alberga un honesto y patriótico deseo de alcanzar para Chile una auténtica reconciliación.
Es más, pensamos y queremos decirlo, sin eufemismo, que un orden social justo y con paz social sólo puede fundarse en la superación completa de la crisis moral que se abatió sobre el país.
De lo ya reseñado, se desprende en forma clara cuánto camino queda por recorrer y la enorme magnitud del esfuerzo que debemos emprender.
En Chile y en el mundo siguen teniendo un carácter declarativo muchos de los derechos individuales o colectivos, sean de orden social, cultural, político o económico. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de revisar toda la normativa constitucional y legal vigente, modificándola en todo lo que sea pertinente, con el objeto de hacerla concordante con los fundamentos de los derechos humanos; de suscribir y ratificar aquellos pactos, acuerdos y tratados internacionales que digan relación con el reforzamiento de su vigencia, y de promover una cultura nacional en que se reconozcan estos principios.
Para nosotros, los de la bancada del Partido Socialista de Chile, del Partido por la Democracia y del Partido Humanista, los derechos humanos han pasado a formar parte de nuestro basamento doctrinario.
La sostenida aspiración del pueblo chileno por construir una sociedad solidaria, con crecientes grados de libertad y justicia social, encuentra precisamente en la declaración Universal de los Derechos Humanos su pilar fundamental.
He dicho, señor Presidente.
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