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El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.
El señor RIBERA.-
Señor Presidente, el Diputado señor Mekis se ha referido a ciertos puntos fundamentales de nuestra concepción política que hacen que rechacemos la existencia de una televisión estatal.
En particular, me referiré a ciertos elementos dudosos en cuanto a la constitucionalidad del proyecto, porque atentan derechamente contra el orden público económico consagrado en la Carta Fundamental, de 1980.
En la Constitución no existe neutralidad en materia económica; por el contrario, contiene normas expresas, limitativas para la acción del Estado, cuyo objeto es salvaguardar en mejor forma la iniciativa privada y el principio de subsidiariedad, por el cual no debe realizar actividades que pueden asumir en plenitud los particulares. Esto conduce a que la Carta Fundamental contenga diversos preceptos que tienen por objeto restringir la actividad estatal en materia empresarial y, por otro lado, respaldar realmente la privada.
El artículo 1° de la Constitución consagra el principio de subsidiariedad; pero, en el artículo 19, número 2°, prescribe que "ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias", y en el número 22°, "la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica".
En este aspecto, la Carta Fundamental de 1980 es vanguardista, pues fue dictada en momentos en que la política estatista y el rol del Estado en la economía era para muchos la tabla de salvación del subdesarrollo y la pobreza.
El mundo entero, sin embargo, marcha hoy día hacia la privatización. Para preservar la libertad personal, la eficiencia estatal y el desarrollo social, se considera esencial que el Estado no asuma roles que no le competen.
La iniciativa en discusión está íntimamente ligada con el proyecto, presentado por el Ejecutivo, tendiente a crear la Empresa de Televisión Nacional. Pero surgen, entonces, las interrogantes de fondo: ¿debe el Estado tener televisión propia?, ¿qué justifica una televisión estatal? Debemos formulamos estas preguntas antes de votar a favor o en contra.
¿Para qué necesitamos una televisión estatal? En el pasado se demostró que sirvió, indiscutiblemente, a los gobiernos de tumo. No sólo es una crítica al Gobierno pasado, sino a todos los que usufructuaron con anterioridad de Televisión Nacional.
Por otro lado, Televisión Nacional hace uso de cuantiosos fondos públicos para efectuar idénticamente lo mismo que los otros canales de televisión, sean universitarios o privados. Entonces, ¿por qué gastar dinero del Estado para hacer lo mismo que los particulares, ¿Qué hace la Televisión Nacional distinto de los otros canales? ¿Es acaso más nacional o más cultural que otros canales? ¿Es más pluralista que otros canales?
Varios señores DIPUTADOS.-
Sí.
El señor RIBERA.-
¿Tiene menos tandas económicas que otros canales? Si los particulares ofrecen lo mismo, incluso mejor, el Estado debe prescindir de la actividad económica que hoy día ejerce en Televisión Nacional.
Nos oponemos a Televisión Nacional y, por consiguiente, a este proyecto de ley que tiene por objeto otorgarle 3 mil 500 millones de pesos.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, el Diputado señor Rojo le pide una interrupción.
El señor RIBERA.-
Con posterioridad, señor Presidente, no tengo ningún problema en concedérsela.
Por eso, señor Presidente, con ocasión del proyecto actualmente incoado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, señalamos que somos partidarios de la privatización de Televisión Nacional, del capitalismo popular, de la desconcentración accionaria, de manera que ningún particular tenga más del 15 por ciento de las acciones. Además, proponemos la creación de 5 sociedades anónimas, que constituyan y hagan posible televisiones regionales. Por ello, el Estado debe licitar todos los canales y facilitar que éstos puedan llegar a los sectores más apartados, sin otorgar subsidios directos a Televisión Nacional, sino que licitándolos para que todos los canales postulen a ellos.
El proyecto presentado ahora por el Ejecutivo constituye, sin lugar a dudas, una discusión previa a los proyectos que todavía tenemos que considerar. Se transfieren a Televisión Nacional 3 mil 500 millones de pesos. Para que nos quede claro lo que esto significa, hago presente a los señores Diputados que ello constituye más o menos la cuarta parte del presupuesto total que para el próximo año, se ha destinado al Poder Judicial. Aquí surge una pregunta: ¿es preferible que veamos televisión a través de Televisión Nacional y prescindamos de una mejor administración de justicia, o que privaticemos dicha empresa y no le demos los fondos que hoy pide, pero tengamos mejor administración de justicia? Me parece demasiado, más aún cuando en su programa, la propia Concertación ha planteado que es necesario introducir reformas urgentes al Poder Judicial. Tener un mejor Poder Judicial es, indudablemente, un elemento sustancial para la paz social.
No vemos con buenos ojos la actividad empresarial del Estado en esta materia. Consideramos que es fundamental para la libertad que ella esté sustentada en el derecho de propiedad privada y en la difusión de la propiedad de los canales de televisión.
Por otro lado, es necesario destacar, señor Presidente que el inciso segundo del N° 21, del artículo 19, de la actual Constitución, establece que "el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quorum calificado los autoriza". Agrega: "En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares...". Reiterando: el Estado puede desarrollar actividades empresariales sólo si una ley de quorum calificado así lo autoriza. Por otro lado, por regla general y salvo excepción expresa, la actividad empresarial que desarrolla siempre debe estar sometida a la legislación común. ¿Qué es la legislación común? Es la legislación civil y comercial que incluye las normas generalmente aplicables en materia de administración, de cumplimiento de objeto social, de renegociación de deudas, de su pago e, incluso, de quebrar.
Hoy se nos solicitan 3 mil 500 millones de pesos para Televisión Nacional, con el objeto de pagar deudas...
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, el Diputado señor Cornejo le solicita una interrupción.
El señor RIBERA.-
Termino inmediatamente, señor Presidente. Luego, no tendré ningún problema en darles interrupciones a mis muy estimados colegas Rojo y Cornejo , y a todos los que las deseen.
El Estado plantea hoy traspasar 3 mil 500 millones para cancelar deudas. En estas circunstancias, no se trata de un aumento de capital, para cumplir otras o las mismas funciones sociales que se dice haber dado a Televisión Nacional, sino de salvar a esta empresa de la quiebra.
El señor DEVAUD ¿Quién la quebró?
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor RIBERA.-
En este caso, señor Presidente, no importa quién la haya quebrado, sino que Televisión Nacional está quebrada...
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Cómo que no importa quién la quebró!
El señor RIBERA.-
El Estado no debe hacerse cargo de esas deudas.
La pregunta que surge es: ¿Por qué el Estado no les concede iguales privilegios, igual subsidio económico a los demás canales de televisión que también tienen deudas?
Señor Presidente, el Estado debe someter su actividad empresarial a la legislación común, lo que significa que Televisión Nacional debe renegociar sus deudas con arreglo a ella. Consideramos un grave precedente recurrir al erario para pagar deudas de empresas estatales.
Hoy día se abren las puertas para que, en el futuro, otras empresas, con otras finalidades y por diferentes montos, también golpeen las puertas de este Congreso, con el objeto de percibir grandes sumas de dinero para desarrollar sus actividades, las que incluso hoy día no se justifican, porque los particulares las pueden realizar perfectamente.
¿Qué pasará mañana cuando Ferrocarriles del Estado nos pida cuantiosas sumas de dinero para solventar sus deudas? ¿También diremos sí?
Como vimos, ésta es una materia que atenta contra la Constitución Política.
Desde nuestro punto de vista, se establece una discriminación arbitraria, porque el Estado interviene en una actividad empresarial desarrollada por una de sus empresas -la que debe someterse a la legislación común-, con el fin de impedir que, efectivamente, se paguen las deudas por otras vías y de que, incluso, la empresa vaya a la quiebra.
La frase final del N° 2° del artículo 19 de la Constitución prescribe que "ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". La prohibición constitucional refuerza la piedra angular de la sociedad democrática, de igualdad de todos los individuos ante la ley y ante la autoridad. El mismo Tribunal Constitucional ha señalado que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos, que no beneficien y graven a otros que se hallen en condiciones similares.
Este proyecto de ley, indudablemente, concede privilegios a algunos y no a otros, a pesar de que todos se hallan en iguales circunstancias.
Este principio de la igualdad en materia económica fue tan debatido, tan importante, que, incluso, se plasmó en el artículo 19, N° 22, con el fin de asegurar expresamente que, en materia económica, no se iba a violentarlo.
Por lo tanto, consideramos grave que mediante esta ley, se introduzca un elemento distorsionador en el mercado televisivo, pues se solventa la deuda de una empresa, a la cual no se le concede un aumento de capital.
En subsidio de lo que he dicho y en el caso de que los señores Diputados, mayoritariamente, consideren que nuestros argumentos en favor de la inconstitucionalidad no ameritan lo señalado, queremos dejar constancia de que bajo el prisma de los argumentos expresados en la Comisión de Hacienda, todo aumento de capital de una empresa estatal, siempre y en toda circunstancia, debe someterse a las normas del artículo 19, N° 21c, por tratarse de una ley de quorum calificado. Esto es así, porque si al Estado se le autoriza para desarrollar actividades empresariales por ley de quorum calificado, dicha actividad se caracteriza por tres elementos fundamentales: el capital de la sociedad...
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
El Diputado señor Palma, don Andrés , le pide una interrupción.
El señor RIBERA.-
Termino inmediatamente.
El capital, señor Presidente, como elemento sustancial de la sociedad; el objeto social, elemento fundamental de la empresa, y la estructura administrativa, que también es un elemento sustancial de la misma. La modificación del capital, del objeto social o de la estructura administrativa interna, asimismo, exigen una ley de quorum calificado.
Por lo tanto, aprobar una ley de quorum simple que transfiere dineros a una empresa estatal y modifica uno de los elementos esenciales de la actividad empresarial del Estado es, indudablemente, incurrir en una inconstitucionalidad, en la misma forma en que atenta contra el objeto de la ley.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Su Señoría ha estado usando el tiempo de su segundo discurso.
El señor RIBERA.-
Gracias, señor Presidente. Algunos colegas me han pedido una interrupción.
El señor ESTEVEZ.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
¿Me concede una interrupción?
El señor ESTEVEZ.-
Con la venia del señor Presidente, le concedo una interrupción al Diputado señor Andrés Palma.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Había pedido una interrupción al Diputado señor Ribera , para rectificar su aseveración de que la Comisión de Hacienda consideró que esta ley requería quorum calificado. El señor Diputado planteó esa tesis en la Comisión de Hacienda, pero ésta nunca tomó un acuerdo en tal sentido. Además, la mayoría no compartió el criterio del Diputado Ribera.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias Diputado Estévez.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Estévez.
El señor ESTEVEZ.-
Con su venia, señor Presidente, le concedo una interrupción al Diputado señor Rojo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, oportunamente solicité una interrupción al Diputado señor Ribera, porque él ha sostenido la inconstitucionalidad de este proyecto de ley basándose en el artículo 19, N° 21°, según el cual el derecho a desarrollar cualquier actividad económica exige una ley de quorum calificado. Pero el señor Diputado, olvidó citar el artículo 19, N° 12°, inciso quinto, que establece la existencia de la televisión nacional: "El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión". En consecuencia, esta norma, que consagra la televisión nacional, prima sobre la otra, que es de carácter general. Como se establecerá por ley, se regirá de acuerdo con las normas generales.
Muchas gracias, señor Estévez , por la interrupción concedida.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Estévez.
El señor ESTEVEZ.-
Señor Presidente, aquí se ha iniciado un debate, que sin duda, va más allá de este proyecto específico, ya que apunta a la conveniencia o no de que, en Chile, exista una televisión nacional de carácter estatal o público. Efectivamente, los argumentos de los parlamentarios que impugnan este proyecto apuntan, precisamente, a oponerse a la existencia de una televisión nacional o pública.
Por lo tanto, el primer punto en consideración es si subsiste o no este medio. Por la condición específica en que hemos heredado la administración del Canal Nacional de Televisión, este proyecto es necesario para que pueda subsistir la televisión nacional de Chile. Por eso, es correcto que el debate se haya planteado en esos términos.
Sin embargo, discrepo de los criterios de los parlamentarios de Derecha. Una parte esencial de la libertad de prensa, es que exista en Chile un medio público de televisión, porque entre los medios escritos y los televisivos hay una diferencia que no puede escapársele a nadie.
En el caso, del diario o del periódico, siempre está la opción de comprarlo o no. La libertad está garantizada por la capacidad que tiene la persona, voluntariamente, de aceptar comprar o no un medio. Además, es posible operar periódicos con bajo costo. No es el caso de la televisión, porque ésta se introduce en las casas de las personas y les ofrece un menú de posibilidades que no debe estar integralmente sometido al control del poder monopólico de ciertos clanes económicos.
El dial de la televisión es limitado; es ilimitado el número de medios escritos que puedan publicarse. Todo aquel que tenga el dinero o el capital suficiente, puede publicar un diario; pero no todo aquel que posea el dinero o el capital suficiente puede tener un medio de televisión de carácter nacional. Ni siquiera hablemos de quienes carecen de los recursos económicos para pagar los cuantiosos capitales que se requieren para operar estos medios, porque se sabe muy bien que el espacio o banda de sintonía es estrictamente limitado. Porque ello es así, la dictadura, en su último período, se apresuró en conceder a ciertos grupos económicos, casi a título gratuito, los últimos espacios que quedaban en el dial televisivo.
Cuando hoy se pretende que no exista una red de televisión nacional, objetivamente se está en una campaña de interés económico particular de ciertos medios, los que han tenido la concesión ilimitada -de conformidad con la actual ley- de este espacio televisivo, con lo cual se restringe la libertad y la posibilidad de los chilenos de tener una opción de televisión distinta.
Otra cosa diferente es ver cómo nos preocupamos, en conjunto, de que un canal de televisión pública o estatal no sea gubernamental. Detrás de esto, sin duda, hay un punto muy relevante. Se trata, exactamente, de tener televisión nacional y no sólo en cuanto a la cobertura geográfica, aspecto que sí fue entendido por el Gobierno anterior, quien completó la obra iniciada en las administradoras de los señores Frei y Allende, ampliando el espectro geográfico nacional de la televisión. Pero en el régimen militar se perdió completamente la perspectiva acerca de que la palabra "nacional" también tiene que ver con la integración de la Nación, con la representación de lo heterogéneo y de lo diverso. Así, durante el régimen pasado, permanentemente se pretendió excluir de la Nación a un conjunto de chilenos, a quienes se nos negaba, incluso, el derecho a vivir en la patria y el derecho a la ciudadanía o a la nacionalidad.
Es importante que seamos capaces, ahora que estamos en el Gobierno, de renunciar a la ventaja pequeña de tener televisión gubernamental. Por eso, ha propuesto el Gobierno al Parlamento un proyecto de ley para transformar la televisión gubernamental en televisión pública, nacional o estatal, que asegure el esfuerzo pluralista que hoy se está haciendo.
Sin duda, puede criticarse la gestión de la actual dirección de Televisión Nacional de Chile. Criticar es parte de la democracia y es muy importante y sano para quienes tienen la responsabilidad de dirigir y ser criticados. Pero cualquier análisis serio y desapasionado debe reconocer que existe, al menos, la voluntad, la intención manifiesta de hacer de la televisión gubernamental un ente nacional, público, al servicio de todos. Podemos discutir si ello se ha logrado. Personalmente, creo que si se compara con otros medios televisivos, se puede apreciar que la proporción que destina Televisión Nacional a la oposición política, es mayor que la que destina Canal 13 u otros medios televisivos.
Aquí se falta a la verdad cuando se citan estudios de instituciones académicas de modo parcial, porque una forma de esconder la verdad consiste, precisamente, en señalar una parte del asunto. Considero fundamental la comparación.
El señor MEKIS.-
¿Me permite una interrupción, colega?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Diputado señor Estévez , el señor Mekis le solicita una interrupción.
El señor ESTEVEZ.-
No, señor Presidente. Estoy haciendo mi exposición. Después, al final de ella.
No es posible señalar que en una parte llueve mucho o poco, sin considerar cuánto llueve en otras con las cuales se compara.
De igual manera, resulta difícil decir que la televisión es más plural, menos plural, porque hay noticias que, obviamente, son generadas por el Gobierno. Si el Presidente de la República emite una declaración o se entrevista con el señor Bush , eso constituye una noticia y, como tal debe ser reportada. Es natural, y sucede en todos los países del mundo que el Gobierno genere una parte importante de las noticias. Por eso, es relevante la comparación horizontal con medios que nadie puede acusar de progobiernistas y mostrar que existe el ánimo de avanzar en ese terreno.
No puede normarse por decreto cuántos minutos le corresponden a cada uno, porque eso mata la competencia y la capacidad de operar. El "rating", es decir, la aceptación del público es lo que mide la eficiencia en la competencia en este mercado especial que tiene la televisión.
En este campo, ha habido un resultado manifiesto.
Durante 17 años, Televisión Nacional de Chile fue un pariente pobre en la opción que tenía la gente de ver la televisión. Además, todos sabemos que las preferencias televisivas por cualquier marca o producto son permanentes y tienden a quedar con cierta estabilidad.
Después de varios años de tener, por ejemplo, un 10 por ciento de sintonía, respecto de otros medios con 35 ó 40, no es fácil cambiar esta proporción, porque existen hábitos en las personas. En pocos meses hemos visto cómo la audiencia, que es el público, que es la ciudadanía, que es la forma en que se manifiesta la gente en este campo específico, ha subido sustancialmente en Televisión Nacional, llegando hoy a estar prácticamente en un primer plano, junto con el Canal 13 de Televisión, que era el que ocupaba el primer lugar.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el tiempo de su segundo discurso.
El señor ESTEVEZ.-
Respecto de los problemas de constitucionalidad, discrepo de la interpretación del Diputado Ribera.
Como se ha señalado, comparto la tesis de que la actual Constitución es muy restrictiva y busca impedir que el Estado tenga administración, ya que dispone que debe dictarse una ley de quorum calificado. Pero sin duda alguna, como ya lo señaló el Diputado señor Rojo , la Constitución Política tiene un rango superior al de una ley de quorum calificado, y es ella la que establece la posibilidad de que el Estado tenga un medio de televisión.
Por eso, no es necesario dictar una ley de quorum calificado sobre esta materia.
El señor MEKIS.-
¿Me permite una interrupción?
El señor ESTEVEZ.-
No puedo, señor Mekis , porque no dispongo de tiempo suficiente.
En cuanto a la tesis planteada por el Diputado señor Ribera, acogerla implica, en la práctica, impedir cualquier actividad empresarial del Estado. Sabemos que una empresa es un ente vivo, comercial y dinámico, a la cual sus dueños o propietarios tienen siempre la posibilidad de hacer aportes de capital.
El señor Ricardo Claro , de Megavisión, podrá hacer aportes de capital cada vez que lo estime conveniente para que su canal compita en mejores condiciones. Nadie le impide colocar nuevos millones de dólares con el fin de competir con los otros medios si tiene los recursos económicos para hacerlo.
Si se pretende, sobre la base de una interpretación casuística de la Constitución, impedir que el Estado efectúe aportes de capital, en el fondo se está tratando de que el Estado no ejerza una actividad empresarial.
El problema económico al cual estamos abocados, radica en que Televisión Nacional de Chile tiene un pasivo o endeudamiento heredado, cercano a los 9 mil millones de pesos. Esto significa que sólo por intereses debe pagar tal cantidad, que no hay gestión posible que los pueda cubrir.
Hoy tiene una administración sana, con utilidades operacionales, pero éstas se transforman en pérdidas, porque la magnitud de intereses que es necesario pagar, por la bola de nieve acumulada de deuda anterior, es tan grande que las utilidades que logra generar no pueden cubrirlos; por lo tanto, va de pérdidas en más pérdidas, en un camino de destrucción del medio televisivo. Es muy similar a lo que pasa con Ferrocarriles del Estado de Chile.
Ahora estamos frente al caso de una empresa que puede ser eficiente, que ha demostrado capacidad para competir y cuya dirección ha sido saneada, pero se le quiere castigar administrativamente, impidiéndole que compita. Se discrimina contra el Estado por razones meramente ideológicas, porque a un grupo de señores se le ha ocurrido que el Estado no puede operar en televisión. Así lo han reconocido aquí. Eso es lo que pretenden, incluso contra la norma constitucional que le permite al Estado hacerlo.
Por eso, el punto es importante.
¿Se está pidiendo que se paguen los 9 mil millones de deuda? ¿Se está pidiendo, como se ha dicho acá, dejarlo saneado para que compita en forma injusta con los otros medios?
Falso, señor Presidente. Afirmar esto demuestra poca rigurosidad en el análisis de los temas.
Se está pidiendo solamente cubrir una parte del déficit para que el monto de intereses por pagar no sea tan exorbitado y le permita una gestión sana e ir pagando el resto con las propias utilidades.
Señor Presidente, quiero también decir que el artículo 2° de este proyecto demanda un aporte de capital para Radio Nacional de Chile. Este es un tema diferente, que no ha sido objeto de la misma discusión que, durante meses, hemos tenido en esta Cámara sobre Televisión Nacional de Chile. Por eso es completamente falso decir que se trata de un proyecto poco estudiado. Ninguno en esta Cámara ha sido más estudiado que éste. Hemos creado una Comisión Especial para investigar el tema, una de cuyas conclusiones es el necesario aporte de capital que hoy día se está haciendo.
En el caso de Radio Nacional de Chile, es efectivo -como aquí lo ha recordado el Diputado señor Mekis que hemos demandado de la Comisión de Hacienda que con estos recursos se pague prioritariamente a los legítimos propietarios de las frecuencias que hoy día ocupa. Como todo el mundo sabe, anteriormente era la Radio Corporación y, como todos saben también, su legítimo propietario es el Partido Socialista de Chile.
Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado Mekis y después retomo el uso de la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Mekis.
El señor MEKIS.-
Señor Presidente, he querido interrumpir al Diputado señor Estévez para entregarle un informe que desvirtúa sus argumentaciones, en cuanto a que Televisión Nacional haga siquiera algún esfuerzo de pluralismo. En él se señala que el tiempo que le dan al Gobierno y a la Oposición es de siete a uno, por lo menos.Esto es algo que debe tenerse en cuenta, pues quienes impulsan que aprobemos esta cantidad, que aprobemos el proyecto sobre Televisión Nacional, son los mismos que hoy día administran el canal estatal de televisión.Señor Presidente, agradezco la interrupción que me ha concedido el Diputado señor Estévez.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Advierto a la Sala que no se puede, por la vía de la interrupción, otorgar el uso de la palabra a un Diputado que ha copado el tiempo de su primer y segundo discurso. Señalo esto para evitar que se pueda producir una situación de esta naturaleza.
Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Estévez.
El señor ESTEVEZ.-
Señor Presidente, respecto del informe del Instituto Libertad que me ha entregado el Diputado señor Mekis , parece que no me escuchó el señor Diputado cuando señalé que lo correcto es comparar un medio con otro.
Falta a la verdad el Instituto Libertad al pretender sacar conclusiones analizando sólo a Televisión Nacional de Chile, pues debe comparar con Canal 13 y con otros medios de comunicación. Si el día de mañana se produce un accidente o una noticia trágica, y un medio televisivo le dedica 10 minutos a esa información ¿se puede decir que este medio se dedica a proclamar accidentes? A lo mejor, es una noticia relevante ¿Por qué no comparamos horizontalmente con los otros medios y juzgamos con objetividad el grado de pluralismo que se tiene?
Esto es lo que he manifestado y reitero. En este caso se trata de un informe tendencioso, que sólo analiza una parte. No es un estudio serio como debe ser.
Respecto de Radio Nacional, quiero señalar que en la Comisión de Hacienda presentamos una indicación para que, con este dinero, se indemnice a los legítimos propietarios. Lamentablemente, el presidente de la Comisión consideró inadmisible la indicación. Además, se me ha manifestado que, por motivos reglamentarios, no podemos reiterarla en este momento.
En todo caso, deseo agradecer al Diputado señor Mekis el respaldo que públicamente ha expresado, en cuanto a que se garantice también el derecho de propiedad de quienes fuimos expropiados en 1973, sin ningún derecho y en forma abusiva. En este caso específico, ello se expresa con la Radio Corporación, hoy Radio Nacional, y para muchos otros chilenos, se manifiesta en una cantidad de vejaciones y arbitrariedades enormes, respecto de las cuales espero que pronto se dicte una ley de reparaciones. Espero que cuando se presente la iniciativa legal no se diga que se está discriminando, porque aquí lo único que se hace es restablecer la justicia que tantos años ha sido negada.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señores Diputados, el acuerdo primitivo de los Comités fue votar la totalidad de los proyectos a las 12.45. Dado que el Estatuto Docente no está en la Tabla, espero que los Comités entreguen una sugerencia para ver la distribución del tiempo de la posible discusión y de las votaciones de los proyectos hasta las 13.30.
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, le concedo una interrupción al Diputado Aldo Cornejo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, es sólo para hacer algunas precisiones que me parecen importantes.
Hemos escuchado de los Diputados señores Ribera y Mekis una interpretación de la Constitución que podría hacernos concluir que el proyecto presentado por el Gobierno es contrario a las normas constitucionales.
En primer lugar, para interpretar correctamente la Constitución, se debe recurrir, entre otros elementos, a lo que realmente fue la voluntad del constituyente. En cuanto a que este ley requeriría de quorum calificado, se comete un error, pues la idea del constituyente, al establecer en el inciso segundo el N° 21, del artículo 19, que "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quorum calificado los autoriza", no cabe ninguna duda de que se está refiriendo a actividades económicas que el Estado, a partir de la vigencia de la Constitución, pudiera eventualmente emprender. Pero no puede afectar a una empresa del Estado que exista desde antes que entrara en vigencia la Constitución Política de 1980, pues no es exigióle la ley de quorum calificado, en los casos en que la actividad empresarial del Estado se ha iniciado con anterioridad a la vigencia de la norma constitucional.
En segundo lugar, se ha dicho que existiría una discriminación arbitraria y que, en consecuencia, resultaría aplicable el número 22, del artículo 19 de la Constitución. Efectivamente, el número 22, en su inciso primero establece "la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. El término "arbitraria" -según se expresa, incluso, en las actas de la Comisión de Estudio de la Constitución- se refiere a una discriminación que no obedezca a ningún criterio de racionalidad. Y la verdad, que a ningún señor Diputado escapará que el aporte que el Estado hace a dos empresas obedece, precisamente, a un criterio de racionalidad, toda vez que se trata de cubrir o de financiar un déficit que esta misma Cámara conoció hace pocos días, cuando se analizó el informe de Televisión Nacional. De manera que ahí no hay "discriminación arbitraria".
En tercer lugar, quiero insistir en el argumento planteado por el Diputado señor Rojo. Efectivamente, el artículo 19, número 12, inciso quinto de la Constitución Política, dispone que "El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión". A nadie podrá caberle ninguna duda de que la expresión "operar y mantener estaciones de televisión" se refiere también a la obligación del Estado de entregar los aportes financieros necesarios para que una empresa de televisión, como Televisión Nacional, pueda, en definitiva, seguir existiendo y operar en el sentido de que se dé estricto cumplimiento a la norma constitucional.
Por último, no se está discutiendo el proyecto de Televisión Nacional, cuya votación en general, en la Comisión de Constitución, se efectuó precisamente, con las abstenciones de los Diputados señores Mekis y Ribera. En consecuencia, como una cuestión de orden, pido que analicemos el proyecto en discusión y no uno que todavía no se trata en la Sala.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, a mi juicio, existe una clara y nítida inconsecuencia en las opiniones y en el comportamiento de algunos señores Diputados que han hecho uso de la palabra hoy día, con sus actitudes y opiniones del pasado.
Es un hecho evidente que lo que ha caracterizado a Televisión Nacional, durante 17 años de dictadura, fue el uso y abuso que se hizo de ese medio de expresión. Durante esa época no hubo planteamiento alguno por parte de los señores parlamentarios, que en ese entonces sí tenían responsabilidades políticas en la "centro derecha" como ellos le llaman, las cuales permanentemente mantuvieron silencio frente a la arbitrariedad con que ese medio desacreditaba a personas, e incluyó muchas veces informaciones, cuyo apego a la verdad estuvo claramente en discusión. No están lejanos los días en que ese Canal, sobre la base de informaciones de la DINA, o de la CNI, se transmitieron informaciones tendientes a desacreditar personas, a tratarlas como delincuentes, sin que jamás tuvieran oportunidad para defenderse. Y ahora, los hoy parlamentarios de la Derecha, que nunca dijeron absolutamente nada, pretenden abordar la discusión de este proyecto de ley, intentando introducir otras materias de proyectos de ley que serán discutidos oportunamente en nuestra Cámara y que permitirán referirse respecto de lo que debe ser la ley que rija al Consejo Nacional de Televisión y de lo que será en el futuro lo que hoy día es la Televisión Estatal.
El problema que nos preocupa es otro. Esta dirección superior que tuvo el Canal Nacional durante muchos años, y que hizo uso y abuso en los términos que expresé, también se caracterizó por el uso y abuso arbitrarios de su administración.
Los mismos parlamentarios de la Derecha que hoy han intervenido estuvieron, como miembros de la Comisión Especial Investigadora de Televisión Nacional, de acuerdo en sancionar, con su voto, aquellos juicios que tienden a responsabilizar gravemente a la administración anterior de este canal nacional, con respecto a su actual situación de falencia y déficit. En el mismo informe que aprobaron hace poco se establece que la deuda, en 1989, ascendía, a 7 mil 785 millones de pesos, más las altas tasas de interés del mercado que han hecho que esta carga financiera se tome casi insoportable para el canal nacional.
Los mismos parlamentarios que han intervenido para eludir el contenido de la discusión que nos preocupa, aprobaron con su voto este informe, el cual entra en detalles respecto de las causas que motivaron el déficit y la situación que preocupa a esta estación televisiva.
Consta en dicho informe -vale la pena repetirlo en esta Sala- que los señores parlamentarios de la Derecha estuvieron de acuerdo en sancionar con su voto favorable lo siguiente: "La falta de transparencia en el manejo de la empresa, las conductas extralegales y las situaciones de privilegio se vieron agravadas por la falta de controles internos y externos".
Aprobaron con su voto aquello que señala: "La falta de control y los poderes absolutos que se otorgaron a los ex directores, contra la opinión de la Contraloría General de la República, que exigía el cumplimiento de mínimas formalidades para la validez de los actos administrativos, permitió realizar contrataciones, utilizar las cuentas internas de gastos por rendir, de gastos de representación, de viáticos, etcétera...".
Con su voto, los mismos señores que hoy día eluden discutir este punto, aprobaron un informe que dice: "La inexistencia de procedimientos internos y de pautas objetivas en la política de ventas, dieron como resultado una verdadera anarquía en la enajenación de espacios publicitarios, muchos de los cuales experimentaron rebajas tarifarias desmedidas".
Con su voto los mismos parlamentarios que hoy eluden discutir este punto, aprobaron un informe que indica: "El patrimonio de la empresa descendió en el 83 por ciento, porque los directores de Televisión Nacional enajenaron los activos operacionales sin sujetarse a los procedimientos ordenados por la Contraloría General de la República...", y este informe sigue agregando elementos que los señores Mekis , Ringeling , Ribera, y el resto de los parlamentarios de la Derecha, vinculados con esta investigación, pudieron constatar en el transcurso de la misma.
¿Qué justifica solucionar esta situación de falencia de una empresa de propiedad del Estado? La obligación de velar por superarla y de ese modo enfrentar, en términos razonables la discusión quejen su momento tendremos respecto de lo que debe ser el futuro de la televisión chilena; al menos, en aquellos casos en que corresponda tramitar algún proyecto de ley.
Las conclusiones de este informe son categóricas y contaron con la aprobación de los mismos parlamentarios de la Derecha que hoy día eluden discutir esta situación. Ahí se señala con claridad. Se habla de funcionarios responsables de delitos cometidos. Efectivamente, hay demandas en los juzgados, los que, en su momento, determinarán la responsabilidad que recaerá sobre alguno de ellos.
El señor MEKIS.-
¿Cuándo se presentaron esas demandas?
El señor LATORRE.-
Están presentadas desde el viernes de la semana pasada.
Además, es necesario recordar a los parlamentarios de la Derecha que en el informe que ellos aprobaron se expresa: "Oficiar al señor Contralor General de la República para que, en virtud de las facultades que le concede la Ley N2 10.336, de 1964, proceda a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios de Televisión Nacional de Chile que, teniendo a su cargo la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes de la empresa, participaron en los hechos señalados en este informe, previa instrucción de los sumarios correspondientes y sin perjuicio de las acciones judiciales que pueden ejercerse, de acuerdo con el artículo 139, de la Ley Orgánica de ese servicio".
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Su Señoría puede continuar en el tiempo de su segundo discurso.
El señor LATORRE.-
Asimismo, en las mismas conclusiones se establece la arbitrariedad en contratos de arrendamientos, de equipos, de instalaciones. En fin, a mí no me parece serio que se pretenda eludir la discusión de este punto que tienen relación directa con el proyecto de ley que nos preocupa, asumiendo una discusión que oportunamente tendremos respecto de si es bueno o no que en Chile exista una televisión estatal o una televisión gubernamental, o, como se quiera, en su momento, especificar su calidad.
Durante el presente año, mientras la Comisión Investigadora realizaba su trabajo, varios parlamentarios de la Derecha participaron en conversaciones para encontrar, con funcionarios de gobierno a cargo de Televisión Nacional, un procedimiento que permitiera evitar que, eventualmente, entrara en quiebra. Más de alguno de los parlamentarios de la Derecha se comprometió en el sentido de que estarían dispuestos a garantizar que esta situación no se produjera. Ellos están conscientes de que este proyecto de ley debe ser aprobado en el transcurso del presente año, por cuanto dice relación con recursos contemplados en la Ley de Presupuestos de este año, pero al asociar esta discusión con la de otros proyectos de ley, no buscan sino impedir que este Canal pueda resolver su situación en el presente año.
El señor TALADRIZ.-
¡Modernos!
El señor LATORRE.-
La modernidad no tiene nada que ver con la frescura. Aquí discutimos respecto de un punto que tiene que ver estrictamente con una mala administración del Canal Nacional. A ese punto les pedimos que se refieran; que aborden la responsabilidad en la administración de un bien que es patrimonio nacional, en el que durante el período de la dictadura hubo múltiples traspasos de recursos a fin de garantizar su funcionamiento y sobre los cuales ustedes nunca estuvieron en desacuerdo.
El señor LATORRE.-
Concedo una interrupción al Diputado señor Guillermo Yunge.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, es sólo para puntualizar algunos aspectos del debate.
No es efectivo en la historia de la Televisión Nacional que haya caído en pérdidas financieras desde su creación. Durante años de su existencia se autofinanció; incluso obtuvo utilidades. Sin embargo, en los últimos 5 ejercicios las pérdidas acumuladas fueron permanentes y cuantiosas, y, en definitiva, alcanzaron entre 1985 y 1989, a sumas superiores a los 4 mil 500 millones de pesos, con una disminución del patrimonio cercana al 83 por ciento. El aumento de las deudas de esos años no significó que los directores de Televisión Nacional de Chile terminaran con el aumento de los montos de los contratos, suscritos con proveedores externos; por el contrario, su compromiso subió de 3,8 millones de dólares, en 1987, a 9,4 millones de dólares, en 1989, como también la contratación de personal, que ascendió de 750 a 1.000 funcionarios.
Todos estos datos están contenidos en el informe de la Comisión Investigadora sobre Televisión Nacional.
Además, la privatización, la venta a particulares de la frecuencia 9 con su red nacional, a juicio de las actuales autoridades de Televisión Nacional, no fue realizada en el monto adecuado que desde el punto de vista comercial podría haber alcanzado.
Hay una serie de medidas a las que, evidentemente, se suma el aprovechamiento político del anterior régimen, porque -entre otras cosas- tan solo entre el 11 de marzo y septiembre de 1988, 77 millones de pesos frieron considerados propaganda gratuita para la Subsecretaría General de Gobierno de la época.
En definitiva, la causa del endeudamiento de Televisión Nacional está absolutamente acreditada en la Comisión Investigadora respectiva. Me parece que la opinión pública tiene clara esta situación. Desde el punto de vista legislativo, los parlamentarios debemos actuar, en consecuencia, más allá de compromisos políticos nostálgicos con el pasado.
También quiero puntualizar que la referencia hecha por nuestro colega de Renovación Nacional, sobre los espacios que se le entregan al Gobierno y a la Oposición en Televisión Nacional, es del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, ILET. En él se indica que en Televisión Nacional y en el Canal 13, de la Corporación de la Universidad Católica de Chile, se entrega el mismo espacio al Gobierno y a la Oposición en el período de tiempo objeto de ese estudio. En consecuencia, es una crítica demagógica e inaceptable utilizar parcialmente una fuente para cuestionar la capacidad del pluralismo informativo de Televisión Nacional. También se dice que en año 1989, más del 90 por ciento del espacio de Televisión Nacional se refería a noticias y a informaciones de Gobierno y no más de un 4 por ciento a los partidos de Oposición.
Por último, Televisión Nacional es un servicio público que debe existir y funcionar en términos de garantizar el derecho a la información del pueblo, de la opinión pública, en un medio de comunicación como éste, tan sensible e importante en la actualidad.
Si el día de mañana la tesis de la privatización de Televisión Nacional es acogida como una opción dentro de la discusión global del problema, para que ese procedimiento se efectúe de manera adecuada es evidente que debe enfrentarse la actual crisis financiera. Si seguimos la lógica de nuestros colegas de Renovación Nacional y se decide privatizar Televisión Nacional, sin duda el hoyo financiero que la afecta y, como consecuencia de ello la situación crítica por la que atraviesa, incidirán en el precio o valor que le den los sectores que postulen a su licitación, que será evidentemente menor al que le corresponde y constituirá, de hecho, un perjuicio al patrimonio del Estado.
Supongo que detrás de la posición de los parlamentarios de Renovación Nacional, de oponerse a este proyecto y plantear el tema de la privatización, no existe el criterio que hemos tenido que revisar en este Parlamento, de seguir una política o una acción similar a las del gobierno anterior, de privatizar en términos poco transparentes, que atentan contra los intereses del Estado.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del señor Diputado. Tiene la palabra la señora Evelyn Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto de discusión inmediata, por el cual se pide al Congreso que apruebe un monto de 3 mil 500 millones de pesos para aumentar el capital del Canal Nacional de Televisión.
Los Diputados de Renovación Nacional nos opondremos a dicha iniciativa por dos razones.
En primer lugar, porque claramente falta información y un plan que explique en qué se va a gastar el dinero, qué deudas se van a pagar y en qué plazos, cuál es el estado de las actuales negociaciones de la deuda, cuáles son las necesidades de inversión, en qué estado se encuentra la racionalización de la administración; en fin, muchas otras preguntas.
Yo vengo de la empresa privada y en ella jamás, ¡jamás! se aportarían 11 millones de dólares para una actividad, si el gerente general de ella no presentara un completo plan a futuro sobre la empresa en cuestión. Por eso, nosotros, como parlamentarios, debemos actuar con mucha mayor responsabilidad que en la empresa privada, puesto que el dinero es de los contribuyentes.
En segundo lugar, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se estudia un proyecto de ley que modifica sustancialmente la situación jurídica y administrativa de Canal Nacional. Se dice que se quiere transformar el Canal de Gobierno en un canal estatal. Por lo menos, así lo sostiene el mensaje. Sin embargo, si se leen las disposiciones del proyecto, resulta evidente que no se garantiza en absoluto la no dependencia de Canal Nacional del Gobierno.
El proyecto sugiere la existencia de 6 consejeros, propuestos por el Presidente de la República y ratificados por la simple mayoría del Senado. Propone, además, la existencia de un Presidente del Consejo, nombrado directamente por el Jefe de Estado.
En nuestra opinión, la conformación de ese Consejo no sólo no garantiza la independencia, sino que más bien asegura el carácter gubernamental del Canal Nacional.
Se ha mencionado una y otra vez la mala administración de Televisión Nacional y la existencia de supuestos delitos económicos.
Al respecto, Renovación Nacional siempre ha sostenido que si ha habido delitos, la justicia ordinaria debe juzgar y sancionar. Esa ha sido nuestra permanente actitud. Y no sólo en este caso, porque nadie podría afirmar, responsablemente, que Renovación Nacional ha estado por esconder delitos económicos.
Sin embargo, el punto de fondo de estas acusaciones se relaciona con el mal manejo político y con la existencia de delitos económicos. Los integrantes de Renovación Nacional estamos absolutamente convencidos de que el actual estado financiero es el resultado casi inevitable de la existencia de empresas de comunicación al servicio de los intereses del gobierno de tumo. Para un gobierno es casi imposible no sucumbir a la tentación de usar el Canal con fines electorales. Esto naturalmente trae desprestigio, disminución en el "rating" y desfinanciamiento, lo que es posible constatar también en otros países. Luego, sería un contrasentido aprobar un aporte de capital, mientras no existan garantías de que el Canal Nacional deje de ser gubernamental. De otra manera, sostenemos que volverá a darse este tipo de situaciones en el futuro.
El argumento de la mala administración y de los supuestos delitos pasados no lograrán influir en absoluto en nuestra decisión, en primer lugar, porque oportunamente, durante el gobierno anterior, diversas personas de Renovación Nacional abogamos por la privatización de dicho Canal y por su no uso político; en segundo lugar, porque Renovación Nacional tiene una historia de rectitud innegable en cuanto al uso de recursos fiscales. Lo hemos demostrado en el pasado y lo seguimos haciendo. Por nuestra responsabilidad en esta materia y en muchas otras, fuimos juzgados por la opinión pública en las pasadas elecciones y nos transformó en la segunda fuerza política del país. Por lo tanto, no vengan algunos señores Diputados a juzgamos en este momento.
En tercer lugar, se ha tratado de presionar con la supuesta inminente quiebra. Eso no es efectivo. Se han realizado esfuerzos por parte de la actual administración -que es muy justo destacar- para re-ducir y revertir el déficit operacional. Ciertamente, la situación de Canal Nacional es difícil, pero no existe, repito, no existe en este momento un riesgo inminente que justifique una tramitación tan apresurada de un tema sumamente complejo.
Por ello, nos opondremos a este proyecto de ley.
Por último, quiero destacar que Renovación Nacional, fiel a sus principios, respeta el derecho de propiedad; por eso compartimos la inquietud del Diputado señor Estévez por la indemnización que debe entregarse a los antiguos propietarios de Radio Nacional. En el futuro, deseamos que ese asunto se trate en este Congreso.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez.
El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente, es indispensable que en este tipo de materias guardemos la mayor moderación; por lo mismo, usaré un tono moderado para hacer afirmaciones, en todo caso, claras y taxativas.
Hay que tener mucha personalidad y mala memoria, por decir lo menos, para hacer las aseveraciones que se han hecho en este debate, por gran parte de los parlamentarios de la Derecha. En este país la Derecha no nace ahora. Renovación Nacional no fue fundada el 11 de marzo de de 1989 o en 1990. Renovación Nacional llamó, formalmente, a través de sus directivas a votar que sí en el plebiscito, para mantener a Pinochet en el cargo y determinar como candidato presidencial, por gestión directa de sus principales dirigentes, a un Ministro de Hacienda del pasado régimen. La Derecha política no nace ahora en este país. Tiene una ligazón ineludible con el pasado. Loable es que nos situemos todos, en lo que significa una perspectiva democrática hacia el futuro, pero por eso no podemos olvidar lo que pasó en Chile y lo que estamos discutiendo tiene directa relación con el pasado. Esa es la primera afirmación.
La segunda: aquí, lo que hay, es una cuestión política de última hora. El problema no es falta de antecedentes. Sería largo recordarles a muchos parlamentarios de la Derecha las distintas reuniones de análisis respecto del problema presupuestario de Televisión Nacional y los diferentes planes y medidas que la administración está gestando ahora para solucionarlo. No es ese el problema. Es un asunto político. Una comisión política, en el ejercicio de sus atribuciones, dentro de un partido determinado, se reunió, analizó y votó, que políticamente iba a rechazar este proyecto, que iba a estar por una televisión privada y que estaba por eliminar la televisión pública. Eso no lo señaló ninguno de los parlamentarios que hoy han hecho discursos en esta Sala, sino que lo anunció la directiva de Renovación Nacional, sin mencionar la falta de antecedentes, sino que, indicando una decisión política y no parlamentaria, ni menos legislativa.
La tercera aseveración, se refiere a la historia de este proyecto del Gobierno. Todos ya se han referido mucho al escándalo de Televisión Nacional. A partir de él, se presentó un proyecto de ley, con el fin de cambiar la estructura jurídica, el ordenamiento y los funcionamientos de. Televisión Nacional, en términos de televisión pública. En esa iniciativa se contemplaba el acápite correspondiente para los efectos de suplementar el presupuesto o capitalizar a Televisión Nacional. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con la presencia de destacados parlamentarios de la Derecha que hoy día han hecho las objeciones que estoy contestando, se convino en que, para legislar con la mayor seriedad y responsabilidad sobre el tema de televisión, requeríamos tratar en conjunto el problema del Canal 7 con el Consejo Nacional de Televisión, con el de la Radio Nacional y con el de legislar en relación a la televisión en general y no tan solo en particular. Producto de esa decisión respetable, conversada, surge el problema del que todos estábamos conscientes: la urgencia de salvar el pasivo de aquellas personas que sirvieron al mismo gobierno que la Derecha decidió respaldar en el plebiscito del "Sí", que teníamos que suplementar el déficit presupuestario patrimonial de la empresa. No nace esta indicación del cielo. No cae hoy porque a última hora al Gobierno se le planteó el problema. Surge porque el pasivo lo generaron amigos de otros, no de nosotros, a través de una administración irresponsable y porque, con seriedad, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, estimamos y convinimos que lo razonable era reunir los tres proyectos, tratar toda la temática en general y eso originaba la dificultad inmediata, que obligaba al Gobierno a presentar el proyecto que estamos discutiendo. Es malo que, en un debate como éste, ello se le olvide a parlamentarios serios.
Insisto en que la calificación es una cuestión política. ¿Cuál es la cuestión política? No tengo ningún problema en discutir el tema. Lo que no me parece justo, aceptable ni serio es que, a través de procedimientos antidemocráticos, se pretenda obligar al Gobierno a privatizar el Canal 7.
Y voy a sustentar lo que digo. ¿Qué privatización pretende la Derecha de esta Cámara? ¿Quiere aplicar las mismas reglas de la Administración anterior, cuando ellos llamaron a votar "Sí", esto es, quebrar primero una empresa y después licitarla barata? ¿Desea generar la caída del Canal y, sobre esa base, destruir la televisión pública? ¿Cuál es el procedimiento de privatización a que nos quieren invitar? ¿Por qué no presenta el proyecto de ley correspondiente, lo defiende en forma, y no se aprovecha de una situación de esta especie? ¿No sería lo responsable (si alguien, en verdad, quiere sostener un debate sobre esto, y no a última hora, y aunque sea así), que proponga una iniciativa en serio, que potencialice la empresa que quiere privatizar, que la deje con sus activos y pasivos equilibrados, para llamar a una licitación transparente -por Dios que tiene importancia el término; se lo repito a los colegas de la Derecha: una licitación transparente- y en ese contexto privatizar, de acuerdo con la perspectiva de sus planteamientos? ¿Le parece adecuado a la Cámara que el procedimiento de última hora sea rechazar un suplemento presupuestario, descapitalizar una empresa, señalar que no es una buena empresa, llevarla a la quiebra, o al borde de ella, y obligar, antidemocráticamente, a privatizar? ¿Por qué digo "antidemocráticamente"? Porque, en Chile se acabaron las privatizaciones a oscuras. Y si alguien decide privatizar, tendrá que hacerlo de cara al país, dando las razones y decidiéndolo responsablemente. No es democrático votar en esta Cámara, o donde sea, en contra del suplemento presupuestario, para obligar a privatizar. ¡Esas son las formas autoritarias del pasado, las ligazones con el régimen anterior, y no los procedimientos serios que en esta Corporación debemos tener!
En su oportunidad, podremos discutir respecto del problema de la televisión pública. Hoy día los colegas nos dicen que son contrarios a ella. Pretenden ignorar los 17 años de beneficio de la televisión gubernamental. Olvidémonos de quiénes aparecían o no salían en los noticieros; olvidémonos de cuántos de los aquí presentes eran noticia en ese Canal; olvidémonos de que hoy, por pluralismo, sigue siendo estatal; olvidémonos de todo aquello.
Hablemos de televisión pública, pero hagámoslo en serio. ¿Qué significa la afirmación de la Derecha en esta Sala? Al rechazar el concepto de televisión pública, rechaza un Canal estatal. ¿También rechaza los canales universitarios, que son parte de un sistema de televisión pública? ¿O es solamente una "fijación" en contra de un Canal del Estado?
Hablemos de la televisión pública; en su momento, discutamos con elementos comparados. Absoluta y totalmente equivocado está el colega Mekis cuando menciona que la tendencia mundial es contraria a ella. Distinto es permitir el ingreso de la televisión al sector privado que sostener que se está eliminando su presencia en el sector público. A algunos colegas podríamos hacerles llegar la documentación para que, en los hechos, vean, estudien y analicen qué pasa en Italia, en Gran Bretaña, en Francia, en España, en Europa en general. No digo en todas partes, porque no quiero ser pretencioso en mi afirmación. Pero está equivocado el colega Mekis , quien me ha pedido una interrupción, la que le concederé al final de mi intervención.
En todo caso, estamos hablando de dos cosas distintas: un procedimiento, que, a mi juicio, no es aceptable: intentar la quiebra de una empresa y, por esa vía, obligar a su privatización; otra cosa es hablar del problema de fondo: que existen leyes, lugares y momentos para discutirlo.
Ya se ha hablado de la falta de libertad de acceso a un mercado, como el de las ondas televisivas. Discutámoslo en su oportunidad. También podríamos debatir el problema del pluralismo.
El señor TALADRIZ.-
¡Aleluya!
El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-
Ojalá que el " ¡Aleluya !" de mi colega corresponda a los principios humanistas, cristianos y democráticos, que deben darse en los debates de esta Sala. Hablemos de pluralismo, del ejemplo dado por la administración de la televisión en este tiempo. Pero insisto, señor Presidente, ésa no es la cuestión que tenemos que discutir en este momento.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Está haciendo uso de su segundo tiempo, señor Diputado.
El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-
Termino, señor Presidente.
Lo que estamos buscando aquí es sanear la situación del Canal estatal. Paralelamente, el Gobierno ha presentado, de manera responsable, un proyecto para discutir el carácter de dicho Canal, su forma de administración y el mejor modo de asegurar el pluralismo. Aquí estamos hablando de si hay seriedad y preocupación por salvar un bien que es de todos los chilenos; o de si se busca aumentar el detrimento patrimonial que otros, que no son amigos nuestros, generaron en ese medio televisivo.
Señor Presidente, espero que, en corto tiempo, podamos discutir y hablar de pluralismo en esta Sala. Estoy de acuerdo en que lo más importante, en materia de televisión, es garantizar ese pluralismo, para que nunca más pase lo que ha ocurrido en el país. Pero, para garantizar el pluralismo en toda la televisión, y no solo en un Canal, será obligación del Parlamento asegurar a todos los chilenos no tan sólo la libertad de información, sino también, que todas las corrientes polí-ticas tengan acceso a los noticiarios y a los foros políticos, en proporción a su representatividad, a fin de que todas las ideas puedan darse a conocer en la televisión. ¡Allí veremos hasta dónde se podrá traducir, en la práctica, el pluralismo que hoy defienden los colegas de la Derecha; el pluralismo que, muchos de ellos, no defendieron durante 16 ó 17 años!
Mi alegato final, señor Presidente, es pedir responsabilidad y seriedad. El procedimiento no es rechazar este suplemento, lo cual, sabemos, acarrearía serios problemas a este Canal de televisión, con el objeto de intentar privatizar antidemocráticamente un bien que pertenece a todo el país. Si se privatiza algo en el futuro, lo haremos con métodos distintos a los empleados en el pasado. Mi llamado está dirigido a pedir a los colegas que abandonen la práctica autoritaria y se incorporen al proceso democrático, también en la tramitación legislativa de esta Cámara de Diputados.
He dicho.
Aplausos en la Sala.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Llegó la hora de término del tratamiento de este proyecto.
La señora MATTHEI.-
Perdón, señor Presidente.
Me habían dicho que se me concedería una interrupción.
El señor DUPRE (Vicepresidentes).-
Lamentablemente, señora Diputada, sólo de acuerdo con el artículo 130 del Reglamento...
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, el Diputado Gutenberg Martínez le había concedido una interrupción. Consúltele.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Llegó la hora de término del tratamiento de este proyecto.
Por lo tanto, haré aplicación del Reglamento. Conforme al artículo 130, corresponde hacer uso de la palabra a los Comités que no han intervenido.
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Le concedo una interrupción a la señora Matthei.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Matthei , por la vía de la interrupción.
La señora MATTHEI.-
Agradezco al Diputado Longueira la interrupción que me concede.
En primer lugar, quiero señalar que pocas veces me ha tocado escuchar en este Congreso un discurso tan arrogante como el que se acaba de pronunciar.
Señor Presidente, realmente me parece injustificable que el Diputado Gutenberg Martínez pretenda arrogarse limpieza moral en el pasado, y acuse a la Derecha de sectarista y de falta de transparencia.
Quiero recordarle solamente una frase que pronunció el Presidente de su partido, en el sentido de que no se cambiaba ni una coma del programa, ni siquiera por un millón de votos. Si eso no es arrogancia y sectarismo, ¿entonces, qué es?
En segundo lugar, deseo avalar mi anterior argumento, en cuanto a que un canal de televisión, al servicio del Gobierno de tumo, lleva casi irremediablemente a pérdidas económicas.
En este momento, recibimos antecedentes de la Oficina de Informaciones de la Cámara que señalan que la pérdida operacional de Canal Nacional, durante 1973, fue de 210 mil millones de escudos, lo cual, a un tipo de cambio de 25, significó una pérdida operacional de 8 millones de dólares. Es una información que no puedo avalar, pero que hemos recibido en este instante de parte de la Oficina de Informaciones de la Cámara.
Hemos estado discutiendo el proyecto que modifica el actual Canal Nacional.
El Diputado señor Mekis ha presentado numerosas indicaciones, pero ninguna de ellas se refiere al aspecto económico de dicho Canal. De aprobarse el proyecto, no le quepa duda, señor Presidente, que se hará con los fondos correspondientes. Pero nosotros sostenemos que el chantaje no viene de la Derecha. Afirmamos, eso sí, que es una irresponsabilidad dar esta cantidad de recursos a un Canal, a una empresa, mientras no se conozca su futuro.
He dicho.
Aplausos en la Sala.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, lo que se ha hablado menos en esta sesión es, precisamente, del proyecto de ley que debemos votar en algunos minutos más y que rechazaremos.
No nos parece lógico, cuando ha ingresado a la Cámara un proyecto que define la televisión nacional y el Consejo de Televisión, se separe de la iniciativa el aumento de capital al Canal 7, el que, por cierto, estamos dispuestos a estudiar seriamente y a apoyar con nuestros votos si la estimamos conveniente. Pero toda la discusión anterior nos da la razón, porque hoy día estamos sometidos a votar un aporte de 3.500 millones de pesos.
Participé en la Comisión Investigadora de Televisión Nacional, pero no pude terminar mi labor en ella porque debí ausentarme del país. También estuve en la Comisión de Hacienda, cuando se trató este proyecto. En ninguna de estas etapas he visto un informe serio sobre el flujo, necesidades, compromisos, deudas y nivel de exigencia de Televisión Nacional.
Anteriormente, se solicitaban 4.500 millones de pesos para ese Canal. Ahora son 3.500 millones. En forma automática, se ha pedido mil millones de pesos menos. No hay ninguna explicación del porqué ahora se requieren 3 millones de dólares. Por lo tanto, vamos a tener que aprobar 3.500 millones sin tener ni una sola información que explique en qué se gastarán estos fondos, qué deuda se permitirá negociar, qué significará esta suma para Televisión Nacional, porque en esta sesión sólo se ha hablado de cifras de endeudamiento, sin pronunciarse ningún antecedente ni elementos de comparación.
El Diputado Estévez llegó a señalar que la deuda de Televisión Nacional asciende a 9 mil millones de pesos. Nadie ha sostenido que la deuda sea de ese monto. Los propios ejecutivos afirmaron ayer, en la Comisión de Hacienda, que era de 17 millones de dólares. Por lo tanto, aquí se señala la cifra, la deuda y la situación que se quiere.
El señor ESTEVEZ.-
¿Me permite una interrupción?
El señor LONGUEIRA.-
No. Después.
El señor ESTEVEZ.-
Esos datos figuran en el cuadro repartido por la Comisión de Hacienda.
El señor LONGUEIRA.-
Tengo anotada la cifra de la Comisión. Se habló de que el pasivo total de Televisión Nacional es de 17 millones de dólares. Por lo tanto, no sé de dónde sale la información de los 9 mil millones de pesos.
Lo que quiero señalar aquí es que el Gobierno de la Concertación ha tenido el privilegio de recibir empresas del Estado, como Televisión Nacional, Ferrocarriles y me gustaría que siguieran mencionando el resto, porque no sé cuáles son- con un problema de caja; pero el gobierno militar recibió todas las empresas estatales absolutamente quebradas; Ahora, la crítica situación del Canal estatal se ha transformado aquí en un escándalo nacional.
Quiero señalar a los señores Diputados que, en unos minutos más, deberán aprobar 48 millones de dólares para la ENAP, debido a que el Gobierno decidió usarla durante los meses de la crisis del combustible, como si existiera el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. Ahí no se habla de escándalo ni de malos manejos de las empresas estatales. ¡No hay ningún calificativo! Por eso, deseo conocer los argumentos que darán para entregar a esa empresa, a través de los impuestos que nos están cobrando a todos los chilenos, desde hace algunos meses, 48 millones de dólares, o sea, ¡tres televisiones nacionales completitas en ochos meses de gobierno! Pero no se dice nada de eso.
El señor SOTA.-
¡No tanto!
El señor LONGUEIRA.-
Después viene el proyecto.
Entonces, aquí se arma un escándalo por la administración.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor LONGUEIRA.-
Es evidente que todos podemos criticar, como lo hemos hecho nosotros con la administración. ¡Pero no convirtamos en escándalo las cosas que no lo son!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio y respetar el derecho a usar de la palabra del orador. De otra manera, la Mesa se verá obligada a aplicar el Reglamento a los señores Diputados que interrumpan.
El señor LONGUEIRA.-
Me habría gustado que en esta sesión estuviésemos discutiendo en qué se gastarán los 3 mil 500 millones. ¿Por qué se pide esa cantidad? ¿Qué se hará con ella?
No es lógico, y no me parece consecuente, que se haya separado al proyecto. Quiero advertirles, además, que no hay ninguna explicación para que Televisión Nacional necesite estos fondos justamente en diciembre, ya que si se quiere considerarlos en el presupuesto de esta año, evidentemente hay otros mecanismos para hacer provisión de esos recursos y entregarlos una vez que se apruebe la ley de Televisión Nacional. Además, ése era el compromiso: que la ley de Televisión Nacional iba a contemplar, en uno de los artículos transitorios, este aumento de capital. Nosotros estábamos dispuestos a aprobarlo, una vez que conociéramos los informes técnicos que avalen en qué se gastarán estos fondos, para qué se requieren. Ahora, la Cámara debe votar estos 3 mil 500 millones. Me gustaría saber por qué no son 4 mil 500 ó 2 mil 500 millones y en qué se gastarán.
No me parece lógico -razón por la cual nuestra bancada rechazará el proyecto- que se esté pidiendo un monto determinado para Televisión Nacional, en circunstancias de que no existe ningún informe ni antecedente que realmente lo justifique. En la Comisión de Hacienda, un asesor y un ejecutivo de Televisión Nacional llegaron a decir que ni siquiera está evaluado en su patrimonio el valor de la frecuencia del Canal 7, aunque se ha vendido la del Canal 9 en más de 10 millones de dólares.
Los cuadros y gráficos que se han venido mostrando -parecen de Kindergarten- no son antecedentes serios que justifiquen la cifra que aquí se está pidiendo. Y lo quiero señalar porque, si efectivamente hubiese antecedentes e información que avalen la petición, la bancada de la UDI estaría dispuesta a aprobar el proyecto, por cuanto reconocemos que el Fisco puede concurrir con un monto a aumentar el capital de una empresa.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Terminó el tiempo, señor Diputado.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, por la forma en que se ha tratado y separado...
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Terminó el tiempo, señor Diputado.
El señor LONGUEIRA.-
¿De mi primer discursos o del segundo?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
De acuerdo con el artículo 130, del Reglamento, solamente dispone de 10 minutos.
Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.
El señor DEVAUD.-
Señor Presidente, Honorable Cámara en el informe presentado por la Comisión de Hacienda, hoy en la mañana, ha quedado suficientemente claro que la deuda de 17 millones de dólares de Televisión Nacional de Chile se contrajo en la administración anterior.
El Gobierno democrático pretende aportar el capital suficiente a las empresas Televisión Nacional y Radio Nacional, para hacer frente a los compromisos inmediatos; en otras palabras, para tapar los hoyos que deja el régimen pasado.
Ya lo señalé en mi informe: el Gobierno democrático no pretende incumplir las obligaciones que dejó el gobierno pasado, aun cuando ninguna responsabilidad le cabe en lo que se ha llamado, con sutileza y mucha generosidad, "mala administración".
Los Diputados de la Derecha han argumentado hoy día sobre la base de la propiedad privada y han fundado su oposición en la existencia de una televisión nacional como empresa del Estado. También han manifestado su aprensión respecto de destino de los aportes de capital que se proponen en el proyecto de ley.
Nos parece increíble saber, entre otras cosas, por el informe emitido por el señor gerente general de Televisión Nacional, que la actual administración haya tenido que vender películas -de aquellas que contribuyen a su enorme pasivo- a un canal de la competencia, Canal 9 Megavisión, para reducir, en parte, este pasivo exagerado que se generó por una administración sectaria, excluyente, maniquea y parcial, como la existente durante el gobierno anterior.
Nos hubiese gustado ver esta actitud de desprenderse de activos en el sistema financiero, en los años 82-83, en la más pura y consecuente adscripción a la economía de mercado, en lugar de aceptar, sin hidalguía, la sustentación económica por parte del Estado de Chile, es decir, de todos los chilenos, en una actitud más propia de una economía centralizada que la que se sujeta a las leyes del mercado.
Ello prueba, una vez más, un concepto que sigue primando, cual es el individualismo en las ganancias y la socialización en las pérdidas, bajo el atrabiliario concepto del Estado subsidiario.
Hoy se han sustentado cuestiones de fondo, señor Presidente, la Derecha plantea la persistencia de un Estado "gendarme", desprendido de funciones económicas; de un Estado minimizado, reducido, impuesto a la fuerza. Nosotros, por el contrario, creemos que el Estado no puede renunciar a sus funciones esenciales. Es más, pensamos que debe mantener una política plural de comunicaciones, y ello está garantizado en la actual Constitución que nos rige.
En cuanto a la argumentación de que el aumento de capital propuesto en el proyecto de ley requiere de quorum calificado, la Comisión de Hacienda, como se informó al inicio de este debate, no consideró aceptable tal criterio.
Señor Presidente, quiero solidarizar con el Partido Socialista, en orden a su justa solicitud de reparación por la confiscación de Radio Corporación, hoy día Radio Nacional de Chile. Deseo hacer presente que muchos partidos que integraron la coalición de gobierno que apoyó al Presidente doctor Salvador Allende, entre ellos el Partido Radical, sufrieron, en 1973, la confiscación de sus medios de comunicación y de sus sedes partidarias. Aspiramos, igualmente, a las respectivas reparaciones o restituciones.
No voy a opinar sobre el informe de ILET, pues tengo la convicción de que en él la presencia del Partido Radical debe aparecer muy disminuida. Sin embargo, aquí estamos contribuyendo a la transición, en libertad, en democracia y en el Parlamento.
Antes de terminar, concedo una interrupción al Diputado señor Molina.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Molina.
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, después de escuchar la intervención del Diputado señor Longueira , no puedo sino extrañarme por las afirmaciones que ha formulado, en cuanto a que Televisión
Nacional no habría explicado las razones por las cuales solicita este aporte.
En los anexos del informe que conoció la Cámara, aportados también en la Comisión Investigadora de Televisión Nacional, entre las páginas 87 y 104, se incluyen los antecedentes entregados por ese Canal a la Dirección de Presupuestos, en los que se determina, con detalles, cuál es la formulación del activo lógico y del pasivo circulante, incluyendo partidas no consideradas dentro del pasivo lógico; cuál es el cálculo del pasivo solicitado como aporte y también, en detalle, una a una, las cuentas de las que ha debido hacerse cargo Televisión Nacional de Chile, y que obedecen a verdaderos despilfarres que se cometieron en las anteriores direcciones del Canal. Cada una de la cifras está pormenorizada. Se indica lo que hay que pagar por obligaciones a bancos, a corto plazo; préstamos de capital de trabajo a ENTEL CHILE, derechos de aduanas diferidos, etcétera. Toda la publicidad por exhibir se encuentra incluida en los análisis.
En definitiva, lo que se está haciendo al solicitar este aporte es restablecer un principio de equidad con una empresa que, prácticamente, fue desmantelada y sufrió gravísimas pérdidas por mala administración.
Sólo repito expresiones y juicios que se contienen en el informe aprobado por la unanimidad de los parlamentarios. Se está tratando de restablecer esa armonía en virtud de la cual podamos permitir que Canal Nacional compita en condiciones de equidad con los otros canales privados.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
El señor RIBERA.-
A mí me gustaría que la Sala votara, primero, si este proyecto es de quorum calificado o de ley común. Por lo menos, impugno la resolución adoptada por la Comisión de Ha-cienda, en términos de que este proyecto es de quorum común. Considero que es de quorum calificado.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
La Mesa considera conveniente que la Sala se pronuncie sobre ese aspecto.
En votación el criterio de la Comisión de Hacienda, en el sentido de que este proyecto es de quorum común.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
La Sala ha determinado que este proyecto requiere quorum simple.
El señor ESTEVEZ.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Estévez.
El señor ESTEVEZ.-
Señor Presidente, quiero dejar constancia de que, en nuestra opinión no correspondía hacer una votación de este tipo, ni menos aún que, en términos de bloques políticos, se interprete la Constitución de un modo completamente extravagante.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
En votación el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 34 votos. No hubo abstenciones.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Aprobado en general y en particular el proyecto.
Sé suspende la sesión por 5 minutos, porque a las 13.30 de acuerdo con lo planteado por los Comités y acordado por la Sala, debe votarse el resto de los proyectos.
Se suspendió la sesión a las 13.16 horas y se reanudó a las 13.32.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Si le parece a la Sala, se entenderá prorrogada la sesión por todo el tiempo que dure la lectura de los acuerdos de los Comités y, naturalmente la votación de los proyectos que se acordó tratar.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, ¿me permite?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, deseo que se deje constancia de los Diputados que no pudimos hacer uso de la palabra, a pesar de estar inscritos, en algunos casos por falta de cooperación de algunos Honorables colegas, que pretextaron el cumplimiento de disposiciones reglamentarias.
He dicho.
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