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- rdf:value = " El señor MOLINA .-
Señor Presidente, en primer lugar, informo que, cumpliendo el mandato que unánimemente me entregó la Honorable Cámara en el sentido de sostener las "leyes Cumplido" ante el Senado, participé en las reuniones de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en la Sala, en toda la discusión de las leyes que protegen en mejor forma los derechos de las personas y la ley sobre conductas terroristas.
Creo haber cumplido responsablemente ese encargo, aunque las "leyes Cumplido" que vuelven del Senado, después de un intenso debate, no son las mismas que nosotros enviamos. El Senado rechazó numerosos artículos del proyecto, modificó otros y eliminó disposiciones transitorias que esta Corporación aprobara, en unos casos por unanimidad y, en otros, por mayoría.
Si hacemos un balance objetivo, debemos concluir que se ha perdido una gran parte de los avances legislativos que aprobáramos para proteger mejor los derechos de las personas, asegurando las garantías del debido proceso y una penalidad proporcional a los delitos, fuertemente agravada durante el régimen autoritario.
Las ideas matrices que inspiraron los proyectos buscaban, además, adecuar nuestra legislación a los tratados internacionales vigentes, garantizando las reglas que permiten a las personas un justo y racional procesamiento en toda circunstancia.
Esta adecuación hacía indispensable restringir el ámbito de acción de la justicia militar sobre los civiles, -competencia que en los años pasados fue llevada a márgenes intolerables para un estado de derecho- y deslindar, con la máxima precisión, los delitos contra la seguridad del Estado de aquéllos tipificados por la ley de Control de Armas y de Conductas terroristas, puesto que la confusión creada deliberadamente en la legislación dictada por el régimen militar, hacía posible una mezcla de delitos y de acumulación de penalidades que tendían a desproteger hasta tal punto los derechos de los inculpados que éstos, por lo general, terminaban atrapados en procesos interminables o en sentencias aberrantes.
Desafortunadamente, el Senado rechazó las proposiciones más fundamentales del proyecto, tendientes a restablecer, en su plenitud, reglas de competencia que garantizan un debido proceso.
Respecto del Código de Justicia Militar, el Senado se pronuncia por la competencia impropia de la justicia castrense para juzgar a los civiles. La exagerada y abusiva tuición que éstos ejercen sobre la sociedad civil permanece, en gran parte, prácticamente incólume. El Senado no aceptó las reformas propuestas por esta Cámara, luego de un arduo debate, para adecuar el ámbito de la justicia militar a la nueva realidad democrática que vive el país.
El mismo retroceso se produce respecto de la Ley de Seguridad Interior del Estado cuando los delitos son cometidos por civiles, conjuntamente con militares.
En la Ley de Control de Armas, salvo excepciones, el Senado sigue el mismo criterio.
La mayoría de esta Cámara introdujo modificaciones a la penalidad de los delitos configurados en las leyes especiales sobre Seguridad Interior, Ley de Control de Armas y sobre Conductas Terroristas, tratando de restablecer criterios de proporcionalidad que se habían quebrantado gravemente en el pasado.
El Senado las mantiene en su mayoría, a pesar de ciertos absurdos que se producen en muchos casos, además de las descoordinaciones entre tales leyes, en cuanto a la penalidad.
El intento de reformar la composición de las Cortes Marciales también naufragó en las votaciones del Senado.
En este aspecto, señor Presidente, las "leyes Cumplido" han sido derrotadas. Los Senadores designados inclinaron la balanza en favor del sistema de competencias militares, el que, a mi juicio, es contradictorio con una sociedad democrática. Pero, en otros aspectos, también de gran trascendencia, el Senado ha coincidido con el criterio de la Cámara, sosteniendo las ideas matrices del proyecto e, incluso, perfeccionándolas. Así ocurre con el concepto de guerra y las agravantes consiguientes, restringiéndolas sólo a la guerra externa.
Se aprobó la eliminación de los desprestigiados fiscales ad hoc de la justicia militar y se aceptaron los perfeccionamientos procesales en favor de los enjuiciados por la justicia militar. Asimismo, el Senado aceptó en su totalidad, e incluso mejoró, algunas modificaciones introducidas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, en favor de las personas detenidas, garantizando, además, el derecho a la libertad provisional.
Este es un balance positivo y un adelanto, que saludamos como un paso importante, para desmontar instituciones autoritarias, a fin de reemplazarlas por otras democráticas.
Las disposiciones incluidas en el articulado transitorio, que tenían por objeto resolver la situación de los denominados presos políticos, y que, tras largos y meditados debates esta Honorable Corporación aprobó por mayoría, fueron literalmente "barridas" en el Senado. En este punto, vemos una grave discrepancia entre quienes, por mayoría, tratamos de solucionar este angustiante problema, que no es indiferente al proceso de reconciliación nacional en que estamos empeñados. Sin embargo, los partidos políticos de la Concertación y Renovación Nacional han salido al paso de esta "impasse", y, en un patriótico gesto que los enaltece, han logrado un acuerdo político que pondrá fin al encarcelamiento, a los largos procesos y a los abusos cometidos por una justicia militar que actuó como juez y parte, para mantenerlos bajo su control.
No es del caso entrar en detalles respecto de este acuerdo, pero vincula a nuestra bancada, y seremos leales a nuestro compromiso, llevándolo a la práctica legislativa, con el mayor esmero.
Habríamos deseado mantener nuestros criterios en la Sala de la Honorable Cámara y perseverar en aquellas reformas que nos parecen indispensables para desarticular un sistema gravemente represivo para las libertades ciudadanas; pero no podremos hacerlo, porque la libertad de los presos políticos nos parece un imperativo ético, más urgente que nuestro propósito de continuar este debate legislativo. Sin embargo, no abandonaremos nuestra voluntad de restablecer las instituciones jurídicas democráticas que garantizan la dignidad de las personas y sus derechos humanos. Seguiremos proponiendo reformas inspiradas en esos valores, los que, en forma incompleta, se han logrado imponer en las "leyes Cumplido".
No nos desanima el hecho de no haber logrado en plenitud todos nuestros objetivos. Es el precio de la democracia, pero tenemos la voluntad de seguir buscando acuerdos graduales, para conseguir la realización del Derecho y el logro de la justicia en nuestro país.
Saludamos a los Diputados que se comprometieron a fondo por mejorar y profundizar los derechos de las personas, y particularmente a los de Renovación Nacional, quienes, en una actitud patriótica, concordaron con nosotros para que, en una fórmula política que nos parece adecuada y eficiente, logremos la libertad de las personas que hoy están encarceladas.
He dicho.
"
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