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    • rdf:value = " PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE DEUDORES HIPOTECARIOS. (II). El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri . El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, en algunos instantes más, esta Cámara deberá votar un limitado proyecto de ley, cuyo contenido estimo de extrema gravedad, dado que el Presidente de la República ha sentenciado que, con esto, "el Supremo Gobierno cierra en forma definitiva el problema de los deudores". Quiero referirme, en esta ocasión, exclusivamente a los deudores hipotecarios. Como sabemos, los deudores hipotecarios del sistema bancario, incluyendo los ex ANAP y ex Cajas de Previsión, son aproximadamente 228 mil, de los cuales el 65.3 por ciento se encuentra al día, y un 34,7 por ciento está moroso. Por otra parte, los deudores del SERVIU son 324 mil, aproximadamente, y la morosidad, en este caso, alcanza al 72,3 por ciento. En relación con estos últimos, se les ha dado una solución definitiva, de lo que me alegro infinitamente. Pero hay que recordar, sin embargo, que ningún gobierno desde la creación de la CORVI, en la administración del Presidente Ibáñez, pasando por la vigorosa puesta en marcha y regularización en el mandato de don Jorge Alessandri ejecutó o desalojó, en forma judicial, a deudor moroso alguno del actual SERVIU, a pesar de la morosidad del 72.3por ciento al 31 de diciembre de 1989, a que ya aludí. Debo recordar a los parlamentarios de la Concertación sus compromisos electorales. Cuando el actual Presidente era candidato, expuso la gravedad que el problema de los deudores hipotecarios tenía para la familia chilena. En una ocasión, en Laja quiero recordarla hoy día para que comparemos su planteamiento con este insuficiente proyecto de ley, el Presidente se comprometió: primero, a la reliquidación de los créditos hipotecarios contraídos hasta el 31 de diciembre de 1983; y segundo, al pago máximo del 25 por ciento de los ingresos familiares para el dividendo habitacional. En esa oportunidad, se encontraba presente en el estrado don Carlos Aguilar, como Presidente de la FEDACH. Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos analizando beneficiará sólo a 23 mil deudores que tuvieron el triste privilegio de ser demandados, cuyos juicios sean anteriores al 11 de marzo de 1990, y siempre que hubieran adquirido una casa por un valor no superior a 2 mil unidades de fomento y con una deuda original que no excediera las 1.200 UF. Como puede verse, esta solución es limitada y no concuerda con lo que el Presidente nos prometiera públicamente en aquella ocasión. Este proyecto, estimados colegas, sienta un nefasto precedente, porque beneficia únicamente a quienes no han pagado sus deudas, por diversas causas, algunas legítimas y otras no tanto. No considera ninguna clase de ayuda o subsidio a quienes, sacrificada y esforzadamente, están al día en sus compromisos. Estos deberán resignarse a seguir sufriendo. Debo aclarar, además, que de estos 23 mil beneficiados con este proyecto de ley, más de 15 mil corresponden a deudores del Banco del Estado, lo que me hace pensar que la banca privada no está participando, como debiera, en la solución de este problema. Creo que es posible afirmar que, otra vez, el estrato medio de nuestro país es postergado en su legítima aspiración. Esta Cámara tiene el deber, por lo menos, de estudiar seriamente un proyecto de ley que los ayude a salir adelante con una solución digna y justa para sus deudas hipotecarias. Señor Presidente, no percibo ninguna mala intención de parte del Gobierno, pero sí advierto una total falta de creatividad para abordar el problema. Por eso, propongo a esta Honorable Cámara la constitución de una Comisión, formada por un representante del Ministerio de Hacienda, el Superintendente de Bancos, el Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y dos parlamentarios uno de Gobierno y otro de Oposición, para que encaren y resuelvan decididamente este problema. El primer tema que debería abordar esta Comisión sería la escandalosa situación de los deudores de la ex ANAP, que afecta a 60 mil personas. Como todos ustedes saben, la ex ANAI} poco antes de su disolución, licitó lo que quedaba en su cartera en condiciones sumamente ventajosas, que llegan hasta el 75 por ciento de bonificación por la compra de la deuda. En relación con esto, solicito que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Hacienda para que informe respecto de tres puntos. En primer lugar, en aquellos casos de deudas en que prepagaron sus créditos con la ANAP previo al traspaso de sus deudas hipotecarias, cantidad que asciende a 300 mil millones de pesos, nadie se ha preocupado de alzar las hipotecas ni de devolver los documentos. Todas estas personas vagan de institución en institución, sin que nadie pueda solucionar el punto. A su vez, muchos figuran en mora y con deudas vencidas en la Superintendencia. En segundo lugar, que informe de la existencia de 20 empresas constructoras que tienen litigios pendientes con la ex ANAP y no cuentan con registros computacionales, sino sólo contables, cuyos compromisos con la ex institución ascienden a 6 mil millones de pesos. En tercer lugar, la situación de ahorrantes de libre disponibilidad en valores hipotecarios reajustables. Esto compromete a más de 30 mil ahorrantes, y la cantidad asciende a 10 mil millones de pesos, traspasados al Ministerio de Hacienda. Creo que, al menos, se debe dar una explicación a los ahorrantes sobre lo que ha sucedido con sus ahorros. He dicho, señor Presidente. Aplausos en las tribunas. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Quiero advertir, por última vez, a las tribunas, que está prohibido hacer manifestaciones; de lo contrario, tendremos que ordenar el desalojo de las mismas. Se enviarán los oficios correspondientes, tal como lo ha solicitado el señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado don Carlos Montes . El señor MONTES.- Señor Presidente, señores Diputados: Estamos analizando un tema fundamental. El problema de las deudas hipotecarias con el sector financiero constituye un problema nacional de primera importancia. Así lo reconocieron todos los candidatos que postularon a la Presidencia de la República el año pasado. Así se constata en la práctica. Yo represento en esta Cámara a la comuna de La Florida. Miles de familias han sufrido y sufren las consecuencias de un sistema injusto y discriminatorio. Muchas familias han visto rematadas sus propiedades y han sido desalojadas de ellas, por lo que han perdido los ahorros de toda su vida y quedado, además, con sus antecedentes económicos manchados. Otras familias no logran reunir los recursos necesarios para cubrir sus dividendos y viven angustiadas a la espera de las acciones judiciales de los bancos. Y también existen familias que sacrifican todo para mantenerse al día en sus dividendos: educación, salud y hasta parte de su patrimonio, pero ven que los saldos adeudados crecen y crecen. Podría contarles muchos dramas, como el de los carabineros jubilados residentes en la población Areas Verdes II, que pagan un dividendo de más del ciento por ciento de sus pensiones o el de los habitantes de la Villa Tokio, Alameda Uno, Villa ADELMA y de casi todas las villas que se construyeron en la comuna a fines de los años 70 y en la primera mitad de los 80. La mayor impotencia que han vivido los deudores hipotecarios es no haber contado con reales posibilidades de dialogar con las autoridades sobre sus problemas y buscar soluciones efectivas. En el contexto dictatorial, se impusieron medidas arbitrarias e injustas y no se oyó a los afectados. La FEDHACH fue y es una organización que los deudores crearon para enfrentar esta situación. La FEDHACH ha jugado un papel muy importante en la lucha por la defensa del derecho a la vivienda de los sectores medios y merece un amplio reconocimiento. En esta discusión, es necesario tener muy en claro que el problema de los deudores hipotecarios es una de las tantas herencias que deja el régimen autoritario y aquellos sectores que lo sostuvieron. La responsabilidad está en una política de financiamiento de la vivienda para sectores medios, que fue equivocada y tremendamente injusta. Pensaron que la vivienda podía ser un gran negocio y entregaron su regulación plena a la fuerza del mercado. Esta política perjudicó a los adquirentes de viviendas y benefició al sistema financiero, que ha hecho grandes utilidades con una necesidad básica. No viene al caso explicar aquí el sistema de financiamiento de la vivienda diseñado fríamente por los economistas de Chicago. Sólo queremos hacer resaltar algunos aspectos: Primero. Se diseña un sistema de reajustabilidad en unidades de fomento, que no toma en cuenta la evolución de los ingresos de las personas ni tampoco las consecuencias de la crisis que vivió la economía en los años 1982 y 1983. Los dividendos crecieron mucho más rápidamente que los sueldos y salarios. Las posibilidades de pago se hicieron más difíciles y, en muchos casos, inexistentes. Segundo. Se establecen altas comisiones e intereses, en muchos casos, realmente usurarios, sobre el 20 por ciento real. Además, se dispone el pago de intereses sobre intereses, lo que ha provocado grandes aberraciones. Tercero. Se genera la grave deformación de que los saldos adeudados pasan a ser, en muchos casos, superiores al valor comercial de la vivienda. Esto, a pesar de que se pagan los dividendos oportunamente. ¿Qué motivación puede existir para pagar altos dividendos, cuando el saldo adeudado crece a un ritmo tan alto? Cuarto. Durante el Gobierno anterior, y sin ninguna transparencia, se maneja de manera arbitraria e irregular la cartera de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo (ANAP), generándole grandes beneficios al sistema financiero y causándole grandes daños al grueso de los deudores. A todo esto, podemos agregar al drama sufrido por las cooperativas de vivienda, las cuales, en muchos casos, fueron estafadas por empresas constructoras, problema que se suma a los anteriores. En definitiva, el régimen dictatorial deja una herencia muy dolorosa para las familias de los sectores medios. Aquí hay una deuda social y la obligación de encontrar caminos de reparación de las injusticias. El desafío del Gobierno democrático y de este Parlamento es encontrar una solución justa y viable a este problema, solución que debe asumir plenamente los problemas de arrastre, heredados del régimen anterior; pero ella debe proyectar hacia el futuro una política distinta, para que nunca más se vuelvan a producir situaciones como las que han tenido que vivir los sectores medios de nuestro país. Es claro que, como lo dicen reiteradamente los dirigentes de la FEDHACH, cuando hablamos de soluciones no nos referimos a "perdonazos". Nadie pretende no pagar. Se trata de pagar un valor justo por la vivienda. Tampoco se trata de producir desequilibrios irracionales en el sector público. Todos sabemos que ésta es una de las herencias que recibimos y que hay también serios problemas con la salud, la educación, los allegados, la juventud, etcétera. Se requieren soluciones realistas y viables, considerando la amplia deuda social. El Ejecutivo ha presentado un proyecto para enfrentar este gran problema nacional. Con relación a esta iniciativa, que ha sido ampliamente enriquecida por la Comisión de Hacienda, quiero dejar establecidas algunas preocupaciones, respecto de las cuales me interesa conocer la opinión del Ministro señor Foxley . En primer lugar, no queda clara la política global del Ejecutivo para enfrentar el fondo del problema de los deudores hipotecarios en vivienda. Todos podemos aceptar que las soluciones concretas se implementen gradualmente, de acuerdo con las reales posibilidades económicas. Pero interesa conocer la línea de soluciones globales, y no sólo medidas parciales iniciales. Es necesario enfrentar a fondo el problema de financiamiento de viviendas para sectores medios. Es preciso que, para estos efectos, terminemos con la unidad de fomento y que la reemplacemos por otro sistema de reajustabilidad. Los pequeños y medianos deudores en unidades de fomento para viviendas no representan más del 5 por ciento del total de tales deudas. Para vivienda, hay que encontrar pronto otro sistema de reajustabilidad. Si no lo hacemos, el problema actual seguirá repitiéndose una y otra vez. Por otro lado, cobrar intereses sobre intereses no es justo, cuando se trata, especialmente, del derecho básico a la vivienda. Esto debe modificarse. Es necesario, también, enfrentar otros problemas de fondo. Es el caso de los deudores ANAP en el cual se cometieron grandes irregularidades que todos conocemos. Propondremos a esta Cámara la constitución de una Comisión Especial de la Cámara de Diputados para investigar estas irregularidades y abusos cometidos con los deudores de ANAP Dicha Comisión la estamos proponiendo con la Diputada señora Eliana Caraball y con los Diputados señores Jaime Estévez y Armando Arancibia. No basta en relación con los deudores de ANAP con medidas parciales. Es necesario desentrañar el origen mismo del problema. Por otro lado, están las cooperativas de viviendas. También, con la señora Diputada Eliana Caraball y el Diputado señor Estévez, presentaremos un proyecto de acuerdo para que la Cámara solicite al Ministerio de Economía un informe completo y detallado de todas las cooperativas de vivienda estafadas en los últimos 17 años y las líneas de solución que se está implementando. Estos deudores requieren de una solución específica adicional, que no puede esperar. En segundo lugar, queremos referirnos al proyecto en sí. Es cierto que beneficia a poco más de 20 mil deudores morosos con demanda judicial. Esto nos parece muy bien, pero tenemos preocupaciones muy precisas. ¿Qué pasa con el resto de los deudores hipotecarios? ¿Qué pasa con los deudores morosos que no tenían demanda en la fecha señalada? Este fin de semana estuve con doce vecinos de La Florida que durante este mes recibieron notificación de demanda. Ellos quedan fuera de la solución proyectada. No hay argumentos ecuánimes para hacer esta discriminación entre tener o no tener demanda. Hemos presentado una indicación al proyecto en discusión que apunta a buscar la manera de ampliar estos beneficios a todos los que hayan pactado el crédito antes del 31 de diciembre de 1983. Preguntamos también si acaso continuarán los desalojos y los remates mientras no haya solución global de fondo. ¿Qué se hará para que no sigan ocurriendo? Pensamos que mientras no se establezca el conjunto de medidas relativas a los deudores hipotecarios, es indispensable suspender los remates y los desalojos. Con relación a los deudores que están al día, pensamos que ellos no pueden ser castigados. Es preciso valorar los esfuerzos que han hecho para mantenerse al día, y es preciso encontrar la forma de revisar los saldos adeudados y los altos dividendos que pagan. Finalmente, quiero preguntarle al señor Ministro: ¿Por qué el grueso de la banca privada aporta tan poco a estas soluciones? Ellos recibieron importantes beneficios del sistema heredado. Creo que el Banco del Desarrollo ha hecho una interesante propuesta, que evidencia que hay otras soluciones posibles que podrían extenderse a todo el sistema bancario, por supuesto, incluido el Banco del Estado. Se��or Presidente, quiero decir, responsablemente, que mi voto respecto de este proyecto dependerá de las respuestas del señor Ministro en cuanto a los temas de fondo. Espero que ellas representen, tanto en este proyecto como en el conjunto de la política para los deudores hipotecarios, una solución efectiva, aunque sea gradual, a un problema que tan dolorosamente afecta a los sectores medios de este país. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia . El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, nuestro colega, el Diputado Carlos Montes, ha hecho una exposición sobre la magnitud de este problema que, como sabemos, afecta a una gran masa de chilenos. Ahora, hay que decir también, para tratar de acotar la búsqueda de una solución, que no podemos hoy día pedirle a este Gobierno, que lleva muy pocos meses de instalado, que resuelva un problema casi infernal, no sólo en materia de deuda, habitacional, sino que en muchos otros aspectos del endeudamiento, que hemos heredado y que pesa sobre distintos sectores de nuestros compatriotas. Este es un país que está endeudado; en que los bancos están endeudados; en que las familias y las empresas están endeudadas, y en el cual, por cierto, la deuda más dramática es aquélla que afecta a esa gran masa de chilenos que lo único que ha hecho son grandes esfuerzos, inimaginables esfuerzos por conseguir un techo bajo el cual vivir con sus familias. Ahora, señor Presidente, y a fin de no abundar en los argumentos que aquí se han dado, el Gobierno, al presentar este proyecto de ley, ha enfrentado un dilema muy serio. Por una parte, la aspiración y la esperanza de muchos chilenos y chilenas de resolver, por fin, el verdadero drama e incertidumbre de saber cuándo terminará de pagar su deuda, o si sólo tendrá que morirse para que se extinga la obligación, o cuándo se verá privado de su casa-habitación, como tantas veces ha ocurrido. El proyecto, a nuestro entender, no recoge ni plantea una política clara, como aquí se ha dicho, para abordar el problema en su conjunto. Entendemos que hay también un problema de recursos. La solución del problema de los deudores habitacionales del SERVIU, mostró sin embargo, que, a pesar de la complejidad, del gran número de situaciones particulares y de casos distintos, el Gobierno fue capaz de avanzar un conjunto de propuestas imaginativas que han aliviado, al menos, la solución o han dado solución a muchos casos. Desgraciadamente, no es la situación que enfrentamos con este proyecto. Se dice que todo proyecto de esta naturaleza provoca injusticias. En general, es cierto. Pero también hay injusticias e injusticias. Hay algunas que son difíciles de entender. Hoy día ocurre o mañana ocurrirá, que el deudor moroso que ha sido enjuiciado, se verá beneficiado, por otro lado, con un trato que muchos del resto de los deudores quisiera para sus casos, cual es ajustar el valor de la deuda al valor comercial del inmueble. El mismo vecino que ha estado pagando o que ha estado renegociando, se encontrará con que su deuda sigue aumentando, mientras que aquél que está enjuiciado, en cambio, se verá en una situación distinta. Es también poco explicable el hecho de que sólo se beneficie a aquellos deudores que hayan sido notificados de la demanda; porque, incluso, habrá algún moroso que, no pueda acogerse a los beneficios, porque el banco o el abogado a cargo de estos asuntos, no ha tenido suficiente presteza en notificarlo de la demanda. Sin embargo, señor Presidente, como lo ha explicado el Gobierno y tampoco podemos dejar de entenderlo, existe la situación dramática de 20.538 deudores que, sumadas sus familias, ascienden a alrededor de 100 mil chilenos, respecto de los cuales, por lo menos, esta ley trata de evitar que enfrenten la situación extrema de verse expuestos al remate de su propiedad hipotecada. Creo que ése es un aspecto que no podemos dejar de considerar cuando, reitero, el Gobierno tiene que enfrentar, con una masa limitada de recursos, éste y muchos problemas más. No han faltado los sectores que han venido a decirnos por qué, con esta misma suma, por ejemplo, no se resuelven los problemas de otros sectores de deudores. Creemos, sin embargo, que este es un tema que afecta tan dramáticamente a tantas familias que no podemos desconsiderarlas con tanta ligereza. Señor Presidente, no deseamos extendernos sobre este drama que conocemos y que afecta a tantos chilenos, porque sabemos que el Gobierno está preocupado y debe seguir preocupándose, y no puede darse por agotado aquí el tratamiento de esta situación tan dramática. Ha quedado planteada una pregunta muy concreta. No puede ser ésta, ni podría ser, la única iniciativa destinada a dar por terminada la inquietud o la preocupación del Parlamento o del Gobierno por este problema tan vasto. Creemos que hay que explorar otras opciones. Cómo aquí se ha mencionado, el Banco del Desarrollo, por su iniciativa, ha buscado un mecanismo, que tiene deficiencias, pero que permite entender que hay fórmulas o posibilidades de encontrar algunas iniciativas que por lo menos alivien aquellas presiones o situaciones más serias. Creemos, por otra parte, que el Banco del Estado no podría ser menos, cuando, además, es un Banco que representa el mayor porcentaje de aquellos deudores que se encuentran en la situación señalada, sobre todo en el caso de la ANAP que es uñó de los más dramáticos, como también lo es el de los deudores anteriores a 1983. Esperamos conocer y eso es lo que queremos escuchar del señor Ministro, qué otras medidas están planteadas en este sentido. Creemos que necesitamos una política clara mediante la cual se beneficien no sólo aquéllos que están en mora, sino también quienes hacen un esfuerzo por pagar. Desgraciadamente, con la aprobación de esta ley estamos dando la señal contraria: estamos beneficiando a aquéllos que no pagan, entendiendo que no pagan no porque no quieran. Siempre, por cierto, existen aquéllos que no cumplen con sus obligaciones, pero la gran mayoría que no ha pagado es porque está impedida de hacerlo. Por ello, es preciso que el Gobierno desarrolle una política que permita que también sean beneficiados aquéllos que, haciendo ingentes esfuerzos como ha dicho mi colega Montes, se preocupan por mantener al día el servicio de su deuda. Por ejemplo, hay que crear mecanismos para hacer retroactivo el sistema de los subsidios a aquellos deudores habitacionales que no pudieron acogerse a él, porque no existía en su momento o porque no se cumplieron algunos requisitos formales. Habría que explorar otra línea para atender ese problema. Para otros sectores de deudores habitacionales del sistema financiero, también habría que buscar el mecanismo para hacerles extensivos o aplicables los beneficios del Capítulo XVIII que, en su momento, como recordará esta Honorable Cámara, también fue una fórmula empleada para abordar este tema. En fin, no quisiera seguir extendiéndome. Espero la respuesta del señor Ministro. Sabemos de los esfuerzos que han hecho los señores Subsecretario y Superintendente de Bancos para llegar también a una fórmula consensuada con la banca, que permita enfrentar la iniciativa que discutimos en esta oportunidad. Pero, así como no puede pensarse que aquí se agota el problema de los deudores habitacionales, quiero reiterar que tampoco podemos caer en la demagogia de pedir soluciones fáciles, inmediatas, para un problema que reviste una magnitud que absorbería tantos millones de dólares, necesarios, asimismo, para atender problemas de salud, de educación, de remuneraciones, de otros sectores, etcétera. Señor Presidente, quisiera terminar diciendo que, de todas maneras, en el ánimo de nuestra bancada, en el debate que hemos tenido, no deja de pesar la cuestión muy concreta de que, entendiendo que el Gobierno se ha preocupado del tema buscando fórmulas, tampoco podemos negarnos a adoptar alguna iniciativa que permita, por lo menos, evitar que esas 20 mil quinientas familias de deudores beneficiados, aumenten, marginalmente, en la medida en que la Comisión de Hacienda dilate hasta fines de junio la fecha de análisis del proyecto inicial. En fin, que esta masa de deudores, por la circunstancia de que no seamos capaces de adoptar una decisión rápida, también se vea expuesta a perder su casa habitación. Por lo tanto, señor Presidente, también esperamos una respuesta del señor Ministro para emitir nuestro pronunciamiento. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci . El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, Honorable Cámara: La Unión Demócrata Independiente concurrirá a la aprobación del proyecto enviado por el Ejecutivo, en el entendido de que se trata de un primer paso, y de un esfuerzo que debe reconocerse, por parte de aquéllos para solucionar la situación que aqueja a los deudores hipotecarios y, concretamente, en el proyecto en debate, la situación que, genéricamente, podemos denominarla como de los deudores morosos que están notificados judicialmente de demanda. Entendemos que es un primer paso y esperamos, evidentemente, que pueda extenderse a otras situaciones como las que se han expuesto esta tarde, para llegar a una solución más integral de este problema que aqueja a una enorme cantidad de familias chilenas. Este proyecto nos muestra, en su primer análisis, una insuficiencia al no comprender en él a aquellos deudores morosos que, al 30 de junio, aún no han sido notificados de demanda judicial, fecha que, en definitiva, la Comisión ha determinado para este proyecto. Son miles las familias que están morosas pero que no han sido notificadas aún de demanda judicial. Los bancos, durante la campaña pasada, y luego que asumió el nuevo Gobierno, han estado esperando directrices sobre esta materia y, por eso, en muchos casos, no han notificado todavía de demanda a deudores que sí se encuentran morosos porque no han podido cumplir con sus obligaciones. Por ello, es indispensable efectuar en este mismo proyecto, desde ya, la .corrección necesaria para que puedan considerarse, en él, aquellos deudores morosos que aún no hayan sido notificados de una demanda. En segundo lugar, es muy importante considerar, en el futuro, la situación de los deudores cumplidores, es decir, de aquellos que haciendo un enorme esfuerzo para pagar, han dejado, como se ha dicho esta tarde, de satisfacer otras necesidades de sus familias. Estos deudores, pese a que en muchos casos reúnen los requisitos establecidos en este proyecto de ley, igual que los morosos que no han sido notificados de demanda, sin embargo no están comprendidos en él. Resulta indispensable considerar la situación de los deudores morosos no notificados, así como la de los deudores cumplidores que, reuniendo los requisitos establecidos en este proyecto, que después de haber hecho un enorme esfuerzo mes a mes para pagar su deuda y para tener su casa propia, pagando altos intereses, con uefes muchas veces galopantes, incluso, con intereses por concepto de reprogramación y comisiones, han quedado excluidos de los beneficios del proyecto. Los parlamentarios tenemos claro que no siempre el Ejecutivo puede cumplir todas las aspiraciones de los ciudadanos de un país; pero también es necesario plantear la situación de los deudores hipotecarios. Debemos buscarles alternativas de financiamiento, de reprogramación, para bajar sus deudas o para evitar que, en definitiva, caigan en mora, al no seguir pagando sus deudas hipotecarias. Entendemos que hay una primera intención del Gobierno lo cual, desde luego, reconocemos por solucionar la situación de los deudores morosos notificados judicialmente. Pero, desde ya, planteamos la necesidad de incluir en este mismo proyecto de ley a los deudores morosos que no han sido notificados de demanda. Además, hacemos ver al señor Ministro y al Ejecutivo, la necesidad imperiosa de considerar la situación de los deudores cumplidores en el país, para llegar, en definitiva, a una solución integral de este problema. En ese entendido, la Unión Demócrata Independiente concurrirá con su voto favorable para la aprobación de este proyecto de ley. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Gracias, señor Diputado. La señora CARABALL.- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Caraball . La señora CARABALL.- En primer lugar, coincido en que el proyecto es limitado, puesto que, por las razones ya dichas, deja fuera a un gran número de familias con deudas vigentes. Sin embargo, la iniciativa tiene por finalidad evitar que veintidós mil nuevas familias se vean enfrentadas al duro trámite de quedar sin su vivienda por la vía del remate. Creo en la buena fe de la proposición del Diputado señor Alessandri, pero no me parece justo que ella se refiera sólo a los deudores demandados ejecutivamente por el sistema financiero. Nada dice acerca de que las mismas reglas del juego económico, de libre mercado, se aplican tanto a la adquisición de viviendas como a los créditos productivos. La lógica del sistema financiero actual dice que si las entidades financieras captan dinero en determinadas condiciones de reajustabilidad, de intereses y de plazo, éste debe ser colocado en el mercado en las mismas condiciones de reajustabilidad y de plazo con las que se aumenta el interés para hacer rentable la intermediación financiera y para agregar el pago de una comisión, para absorber los costos de la operación. Este sistema opera para cualquier finalidad que se quiera financiar por la vía de un crédito, aunque en el caso del financiamiento de operaciones productivas o rentables, la lógica del sistema podría operar con mayor o con menor dificultad, según sean las condiciones del mercado, el tipo de negocio que se desea emprender, o la mayor o menor habilidad del solicitante del crédito. Sin embargo, cuando se trata de préstamos cuya única finalidad es la adquisición de una vivienda para uso propio, como único bien raíz de esa familia, por lo que, obviamente, no se obtendrá un ingreso o renta por el producto de ese crédito, es necesario reflexionar sobre cómo vamos a operar con este sistema financiero, puesto que necesitamos de esos bienes. En primer lugar, cabe señalar que el costo del bien raíz debe mantener una relación con la capacidad de pago del adquirente. En segundo lugar, el plazo de amortización de la deuda, por tratarse de un bien oneroso, constituye uno de los mecanismos que se usa para adecuar el ingreso al servicio de la deuda. Estamos hablando de plazos de 10, 20 y hasta de 30 años. La inflexibilidad del sistema de financiamiento, sumada a la longitud del plazo, provoca grandes distorsiones, tanto en el ingreso versus el servicio de la deuda, como entre el costo del dinero obtenido como crédito, y el precio del bien raíz adquirido con dicho préstamo. La experiencia nos muestra como resultado final, un altísimo porcentaje de operaciones de crédito bancario para la adquisición de viviendas que sufren al final numerosas repactaciones, e incluso, en un gran número de casos, la ejecución del deudor y el remate de su vivienda. Cabe pensar acerca de muchos aspectos involucrados en este análisis, como es el pago de intereses sobre intereses, que para cada deudor supone una repactación, la diferencia entre el aumento del precio del dinero que debe pagar el deudor y el aumento de sus remuneraciones, y la posible cesantía que podría afrontar entre los diez, veinte o más años en que debe servir la deuda, con la consiguiente acumulación de dividendos, de intereses, de multas y de nuevos intereses, por lo que, aunque el tiempo de cesantía sea relativamente breve, el monto acumulado le hace imposible pagar la deuda; finalmente, la distorsión que se produce entre el precio real de la vivienda y el monto de la deuda. En homenaje al tiempo, no quisiera señalar otros aspectos. Me parece muy importante, eso sí, que dada la magnitud del déficit habitacional y la escasez crónica de recursos para enfrentar tan grave problema, debemos hacer todos los esfuerzos para atraer cada vez más dinero proveniente del sistema financiero privado, para la construcción y la adquisición de viviendas. Para ello, hay que buscar mecanismos que hagan factible esta operación para ambos lados, tanto para el sistema bancario y financiero como para los deudores. Me parece importante, entre otras ideas, hacer un análisis del seguro de desempleo, por ejemplo, para que sea similar al seguro de desgravamen, para que cubra las cuotas o los dividendos mientras dura el desempleo del deudor, mediante la creación de un fondo especial de amortización que opere entre el costo real de la vivienda y el precio del dinero a lo largo del servicio de la deuda, la eliminación del anatocismo cobro de interés sobre interés, que el crédito sea efectivamente hipotecario y no como lo es en la actualidad, que es un crédito en dinero y el bien raíz es uno de los elementos que sirven para caucionar esa deuda, pero que no la cubre en su totalidad, puesto que, como la deuda crece más que el valor de la vivienda, finalmente la persona que es ejecutada, si no se alcanza a pagar el saldo de la deuda con el valor del remate, queda sin la vivienda y con la deuda. Por eso, hay que buscar otro sistema, aparte de la letra hipotecaria, para refinanciar el crédito bancario, de manera de flexibilizar este sistema. Esto no lo veo tan alejado de la realidad, porque actualmente hay una enorme cantidad de subsidios encubiertos que está operando el Estado a través del financiamiento de la diferencia de la tasa de interés sobre la letra de crédito que queda garantizada por el Estado. Ello le ha significado este año al Ministerio de la Vivienda tener que destinar la mayor parte de su presupuesto a refinanciar la diferencia de las tasas de interés de las letras hipotecarias ya colocadas en el mercado. Porque, evidentemente, hay que mantener las reglas del juego para no generar desconfianza sobre el sistema. De ahí, la seriedad con que se ha planteado este proyecto que todos reconocemos limitado, pero que cuenta con el financiamiento adecuado. A mí me parece que soluciona un problema real de veintidós mil familias que están al borde de perder su vivienda, como desgraciadamente le ha ocurrido a muchas otras. Concluyo mis palabras señalando que el Ministerio de la Vivienda designó a una Comisión Especial para estudiar este problema. Esa Comisión ya emitió un informe con 21 propuestas sobre posibles fórmulas para financiar créditos de viviendas para sectores medios, para sectores medios bajos y para sectores bajos, a fin de que puedan acceder a un crédito en que se observen todos estos aspectos que he señalado. De esta manera, el señor Ministro acogió la proposición que la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano de esta Cámara lo hizo presente en su oportunidad. El Ministerio nos ha hecho llegar esa propuesta, la que analizaremos a partir de la próxima semana en la Comisión. Finalmente, considerando lo limitado del proyecto, como lo hemos señalado, porque reconoce sólo a los deudores en mora, formulé una indicación al artículo 4o, para permitir a los deudores al día, como un alivio a su deuda, anticipar el pago de la misma; o sea, que los bancos deben aceptar un prepago. Tengo entendido que una disposición similar existe en la Ley General de Bancos, en su artículo 65. Sin embargo, en dicha ley se dice que "el deudor podrá pedir esto al banco". Nosotros quisimos dejar en claro que los bancos deberán obligadamente acceder al pago anticipado. Es la única manera de que el deudor pueda tener alguna certeza de que si quiere acortar su deuda, prepagándola, podrá hacerlo sin que el banco se niegue a ello. Me parece del más alto interés que esta Cámara se aboque a este tipo de análisis, puesto que necesitamos bastante creatividad frente a un problema que está afectando a numerosísimas familias y las va a seguir afectando en el futuro, porque es imposible desligar lo que es la reajustabilidad que necesitamos de los fondos destinados a construir nuevas viviendas, de lo que son los ingresos reales de la familia y de lo que significan deudas a 10, 15 y más años plazo. Muchas gracias, señor Presidente. El texto cuya inclusión la Sala acordó con posterioridad, es el siguiente: VIVIENDA Y DEUDORES HABITACIONALES. A simple vista, parece lógico ligar indisolublemente un tema al otro. No cabe duda de que están relacionados, pero creo que ha habido demasiada rigidez para analizar el tema. Aun las investigaciones académicas, que por su naturaleza debieran ser más abiertas a sondear nuevos caminos, caen en la mayoría de los casos en el círculo vicioso de suponer que no existen posibilidades de flexibilizar este enfoque, quebrando esta relación o al menos hacerla menos directa. De qué se trata: la lógica del sistema dice que si las entidades financieras captan dinero en determinadas condiciones de reajustabilidad, interés y plazo, éste debe ser colocado en el mercado en las mismas condiciones de reajustabilidad y plazo, aumentando el interés para hacer rentable la intermediación financiera y agregando el pago de una comisión para absorber los costos de la operación. Este sistema opera para cualquier finalidad que se quiera financiar vía crédito. "No corresponde a la brevedad de este artículo el análisis del sistema en sí mismo, pero sí corresponde al menos plantearse ciertas hipótesis y/o interrogantes frente al objetivo o fin para el cual se otorga el crédito. Cuando se trata de financiar operaciones productivas o rentables, la lógica del sistema en comentario podría operar con mayor facilidad o dificultad, según sean las condiciones del mercado, el tipo de negocio que se quiera emprender y la mayor o menor habilidad del solicitante del crédito. Cuando se trata, sin embargo, de préstamos cuya única finalidad es la adquisición de una vivienda para uso propio, como único bien raíz de esa familia, por lo que obviamente no se va a obtener un ingreso o renta por el producto de ese crédito, caben algunas observaciones al respecto: El costo del bien raíz en relación a la capacidad de pago del adquirente. El plazo de amortización de la deuda: por tratarse de un bien caro y por ser el plazo uno de los mecanismos para adecuar el ingreso al servicio de la deuda, el plazo debe ser necesariamente largo: 10, 15, 20 y hasta 30 años. La inflexibilidad del sistema de financiamiento, sumada a la longitud del plazo, provoca grandes distorsiones: tanto entre el ingreso versus el servicio de la deuda, como así también entre el costo del dinero obtenido como crédito y el precio del bien raíz adquirido con dicho préstamo. La experiencia nos muestra que el resultado final de un altísimo porcentaje de operaciones de crédito bancario para la adquisición de viviendas, es haber sufrido numerosas repactaciones a lo largo del servicio del mismo y desgraciadamente, en un número importante de casos, incluso, a la ejecución del deudor por la vía del remate de su vivienda. Cabe reflexionar sobre muchos aspectos involucrados en las breves líneas anteriores, tales como el pago de intereses sobre intereses que supone para el deudor cada repactación, la diferencia entre el aumento del precio del dinero que debe pagar el deudor y el aumento de sus remuneraciones, la posible cesantía que puede afrontar en los 10, 20 o más años en que debe servir la deuda, con la consiguiente acumulación de dividendos, intereses, multas y nuevos intereses, por lo que, aunque el tiempo de cesantía sea relativamente breve, el monto acumulado le hace imposible pagar la deuda, la distorsión que se produce entre el precio real de la vivienda y el monto de la deuda, en fin podríamos seguir, pero en homenaje al espacio que disponemos, intentaremos proponer algunas ideas a modo de conclusión, esperando tener ocasión en otro artículo de desarrollar algunas de ellas: Dada la magnitud del déficit habitacional y la escasez crónica de recursos para enfrentar tan grave problema, se deben hacer todos los esfuerzos para atraer cada vez más dineros provenientes del sistema financiero privado para la construcción y adquisición de viviendas. Para que ello suceda, se debe pensar en mecanismos que hagan factible la operación para ambos lados: tanto para el sistema bancario y financiero como también para los deudores. Entre otras ideas me parece importante analizar las siguientes: Seguros de desempleo, similares al actual seguro de desgravamen, que cubran las cuotas o dividendos mientras dure el desempleo. Creación de un Fondo especial de amortización, que opere como "colchón" entre el costo real de la vivienda y el precio del dinero a lo largo del servicio de la deuda.. Eliminación del anatocismo (cobro de interés sobre interés). Que el crédito sea efectivamente hipotecario para el deudor, es decir, que el bien raíz adquirido e hipotecado en favor del Banco acreedor, responda por el total del crédito otorgado al deudor. Buscar otros sistemas, además de la letra hipotecaria, para refinanciar el crédito bancario, que haga más flexible el sistema. Como éstas, quedan muchas ideas más en el tintero. Sabemos que el Ministerio de la Vivienda formó una Comisión Especial para estudiar el Financiamiento de la Vivienda y que ésta ya entregó su primer informe, el que estudiaremos con atención en la Cámara; sin embargo, parece seguir subsistiendo el enfoque de ligar financiamiento con deudores, lo que en el caso particularísimo de la vivienda, creo que merece mucho mayor análisis. (Fdo.): Eliana Caraball Martínez, Diputada de la República, Vicepresidenta PDC. La autora del artículo es arquitecto, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile y ex presidenta del Colegio de Arquitectos de Chile. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Estévez . El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, es lamentable el hecho de que, por lo recargado de la Tabla de esta sesión, debamos discutir este proyecto después de 4 horas de su inicio y cuando hay un mayor cansancio y una mayor dificultad para analizar, en la extensión que se merece, un tema de tanta seriedad y que afecta a la médula de la sociedad, esto es, a la familia. A diferencia de muchos otros temas económicos que hemos discutido, el de la vivienda adquiere un tono necesariamente mayor, porque está ligado a la constitución básica de la familia y al funcionamiento central de la sociedad. Es necesario tener un debate muy amplio en esta Cámara de Diputados sobre estos temas, en atención a la extrema acumulación de injusticias que han debido soportar quienes, con la ilusión de tener una casa propia, se introdujeron al sistema de financiamiento de sus viviendas en unidades de fomento, que es el que hoy día ha hecho crisis y al cual tenemos que enfrentar y buscar alternativas de solución. Esta crisis afecta a centenares de miles de familias chilenas. En general, los deudores son aproximadamente 500 mil actualmente en Chile. Muchos de ellos han vivido un drama muy grande en los años pasados, ante la incapacidad de pagar los dividendos por la casa propia que deseaban tener. Lamentablemente, el proyecto de ley que hoy se nos presenta, ataca a un aspecto muy parcial de esta realidad. Se trata de un problema, lo entendemos, de extrema urgencia o de suma urgencia, como ha sido calificado este proyecto. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de votarlo en su integridad en el día de hoy. Este proyecto de ley se refiere a la situación de veinte mil quinientos chilenos, de veinte mil quinientas familias que se encuentran hoy día enjuicio y con la amenaza casi cierta de que, si este proyecto no se aprueba, su propiedad será sometida a remate, y seguirán debiendo aun después de haber perdido la casa, como ya le ha ocurrido a tantas miles de familias que no tuvieron la oportunidad de que su remate llegara cuando ya había un Congreso Nacional, cuando ya había un Gobierno democrático, cuando ya había a quien reclamarle. Me alegro profundamente de haber escuchado esta tarde las palabras de mi colega y amigo Gustavo Alessandri , Diputado de Renovación Nacional, y las de los representantes de la UDI, porque ellos me dan la esperanza de entender que podremos tener en esta Cámara acuerdos muy mayoritarios, que no hemos logrado hasta hoy, para poder resolver no sólo aquel aspecto del problema que hoy se nos presenta, esto es, de aquellas personas que están enjuicio, sino que de poder, por fin, darle un tratamiento más amplio y extensivo al nudo, al meollo de la situación de la deuda hipotecaria, que es su expresión en unidades de fomento, que va a quedar, de todas maneras, en gran medida pendiente. Como es de conocimiento de esta Cámara, varios de nosotros hemos presentado un proyecto de ley muy amplio, producto de muchos años de trabajo y de investigación, que cuenta con el respaldo de las federaciones de deudores, cuyas directivas están hoy día presenciando la sesión. Esa iniciativa de ley se encuentra en la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano, esperando la oportunidad de poder ser aprobada. Llegó a la Comisión bastante mutilada, porque la presidencia de la Cámara y la Mesa estimaron que algunas de sus disposiciones no eran admisibles. Desgraciadamente, como parlamentarios, estamos muy limitados por la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso para proponer soluciones a los graves problemas que aquejan a quienes representamos. Con todo, y pese a las limitaciones en sus alcances que ha sufrido este proyecto, está ahí, en la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano, y espero que esta tarde se concrete el compromiso que aquí se ha expresado, por parte del Diputado Alessandri y de otros parlamentarios, para que podamos, en conjunto, superar estas barreras; incluso, tener los cuatro séptimos que serían necesarios para que, en el caso de este proyecto, recurrir a la venta de cartera al Banco Central, si ello fuera preciso, a fin de dar una solución, como la que estamos buscando, sin necesidad de crear nuevos tributos, porque, como hemos señalado, ello no está a nuestro alcance. El problema es sumamente grave, porque estamos frente a la falla global de un sistema, agudizado por los efectos de la crisis que el país vivió en el período 1982-1983. Aquí, el primer cambio que se produjo con el régimen militar, respecto de este tema, fue dejar de considerar la vivienda como una necesidad social y pasar a estimarla como un negocio. Se determinó que se podía hacer negocio con los terrenos destinados a la vivienda, con los materiales destinados a la misma, con su construcción, y con el crédito que la financiaba. Las familias de clase media o popular no pudieron resistir tantos negocios sobre sus espaldas, frente a la satisfacción de una necesidad social. Creo que una economía de mercado debe ser compatibilizada con la necesidad de entender que hay ciertos aspectos fundamentales a los cuales el mercado no es capaz de dar solución. Uno de ellos, evidentemente, es el problema, por ejemplo, del medio ambiente o ecológico. El mercado destruye el medio ambiente, destruye la ecología y el Estado debe intervenir para corregir estas fallas. Otro aspecto dice relación con las necesidades básicas de la población, entendiendo entre ellas, la educación, la salud y la vivienda, tema que hoy estamos tratando. Sin embargo, desgraciadamente, al considerarse la vivienda como un negocio, se entregó su financiamiento a la banca comercial, la cual le dio un trato muy injusto. El problema no se ha producido por la incapacidad de pago de un deudor aislado, o de una persona que se comprometió en una compra que no fue capaz de sostener, sino que estamos frente a una crisis globalizada del mercado de la vivienda, a la falla de un sistema, y por eso es tan masivo el problema de crisis que tenemos que enfrentar. En primer lugar, estamos frente a la crisis de la unidad de fomento. Aquí se ha producido una grave injusticia legal, que espero se pueda solucionar, porque, de lo contrario, todo esto que hoy día estamos viendo, serán paliativos, parches, que no darán una solución de fondo. ¿En qué consiste el problema de la unidad de fomento? Es muy simple: consiste en dilucidar si debe o no la ley chilena proteger de la inflación a un sector de la economía, respecto de otro. En el pasado, en los gobiernos democráticos que antecedieron al régimen militar, la ley protegía de la inflación a los trabajadores, garantizándoles una vez al año un reajuste obligatorio de sueldos y salarios, de acuerdo al aumento del Indice de Precios al Consumidor. Esta protección legal contra la inflación para los trabajadores, fue eliminada por el régimen militar, con el argumentó de que esta indexación obligatoria era un obstáculo para el libre mercado de la economía, y que en una economía de este tipo, si había inflación, debían perder o ganar unos u otros, libremente, según el mercado. En completa contradicción con esta teoría, en completa contradicción con la economía social de mercado, se dispuso, por ley, la obligación de que todos los créditos financieros, incluyendo los de la vivienda, fueran concedidos en unidades de fomento. Eso es una intervención ilegítima, por ley, que ha producido una grave distorsión en el mercado y que es contraria a la propia teoría económica que se decía sostener. Luego, cuando llegó la hora de los intereses del sector financiero y de la banca, no se trepidó en pasar por encima de la argumentación que se había dado para quitar el derecho sindical adquirido de los trabajadores, en relación con el reajuste anual de sus ingresos, y se cambió el sistema de unidades de fomento de reajuste trimestral, para hacerlo obligatorio y de reajuste diario. Es evidente, señor Presidente, que si una persona recibe ingresos en una moneda, que todos los días pierde valor, y tiene que pagarle a los bancos en una moneda, que todos los días sube de valor, se producirá una crisis y una imposibilidad de pagar. Resulta que quien pidió un crédito para una casa, para un predio agrícola, para un camión, para una actividad productiva que cobra en pesos, tiene que pagar en unidades de fomento. Y el Banco que cobra en unidades de fomento, paga en pesos. Entonces, no hay que ser mago, ni economista, para comprender que iban a quebrar aquéllos que pidieron para una casa, para un camión, para un predio agrícola o para un comercio y que se iban a enriquecer aquéllos que cobraban en una moneda, que todos los días subía dé precio y que pagaban en una que todos los días se depreciaba. Hemos visto en este período el enriquecimiento abusivo de un sector de la economía, del sector financiero, a costa de los que producen y de los que trabajan. Este Gobierno ha debido enfrentar el problema, no sólo de los deudores hipotecarios, sino también el de los deudores agrícolas, el de los transportistas y el de otros sectores que hemos recibido en "herencia". . A esta grave injusticia legal, se suma la existencia de una tasa de interés usuraria. No es posible que un crédito a largo plazo, como el de la vivienda, pueda soportar las altísimas tasas de interés que se han cobrado a los deudores habitacionales. Esta situación condujo a una crisis generalizada en el período 1982 y 1983. Entonces, fue cuando más se notó en lo económico lo arbitrario que son las dictaduras, porque sí que hubo ingenio y creatividad para darle solución a las deudas de algunos grupos financieros, que eran muy amplias y numerosas, aunque eran muy pocas las personas beneficiadas. Hubo acuerdos que significaron gastos de casi 5 mil millones de dólares para un puñado de grupos financieros. Una de esas medidas, por ejemplo, fue el denominado dólar preferencial. En este caso, cuando subió el dólar de 39 pesos, que se nos dijo que iba a durar toda la vida, y cambió bruscamente, mucha gente fue dañada. Cuando el dólar ya no se mantuvo a 39 pesos, todo aquél que importaba algo, por ejemplo, trigo para hacer pan, o leche, o algún otro producto, debió pagar más. A ése, no se le ayudó; pero a los sectores financieros que tenían deudas en dólares, se las trasladaron a pesos, con tasas preferenciales, que le costaron al Banco Central de Chile más de mil millones de dólares. Posteriormente, hubo distintos otros sistemas de ayuda. Hubo algunas ofertas de reprogramación, casi ridículas, para los deudores hipotecarios, y frente a ellas, a la banca se le dio el aval completo a toda su deuda externa, que era pedida por grupos privados para beneficio de privados, en circunstancias de que esos dólares se usaron para especular contra el propio peso nacional y que hoy día, depositados en Panamá, en Bahamas o en las Islas Caimán, regresan con nuevas ganancias, vía el Capítulo 19 o el Capítulo 18. Otra grave injusticia que benefició a la banca. Más aún, con ocasión de la reforma tributaria, discutimos el hecho de que los dueños de los bancos no pagan impuestos, ni siquiera por las acciones que ellos tienen. Resulta, sin embargo, que el propio Presidente de la Asociación de Bancos, o los mismos directores del Banco de Chile, los dueños de los bancos, han tenido de parte de la Corporación de Fomento de la Producción, créditos en unidades de fomento, con cero por ciento de interés. Un gran banco, con muchos deudores, es el BHIF, el Banco Hipotecario de Fomento. Fue comprado por sus actuales propietarios, con un crédito de la CORFO, en UF, con 5 por ciento de interés anual. ¡Qué más quisieran los deudores que los dueños de los bancos les dieran el mismo trato que estos últimos obtuvieron del Gobierno pasado! Ahora enfrentamos una situación de acumulación de deudas en el Banco Central, por varios miles de millones de dólares, en la denominada cartera vencida o incobrable, que es otra grave injusticia. ¿Qué es lo que hoy día se nos propone? Es una solución extremadamente parcial, respecto de lo que fue el trato que los grandes grupos financieros recibieron, discrecionalmente, en el régimen pasado. Estamos conscientes de que la proposición planteada por el Ejecutivo, no da cuenta de la magnitud del problema. Por esto, hemos tenido muy serias dudas respecto a cómo votar en este proyecto. En dos oportunidades, en la Comisión de Hacienda, solicitamos al señor Ministro que retirara el proyecto del debate, para tratar de convenir alguna fórmula más amplia, porque, efectivamente nos parece que, si se beneficia sólo a quienes están en juicio, se produce una grave injusticia con tantas personas que han hecho un esfuerzo para pagar y estar al día. Este es un problema muy serio. Sabemos que los recursos son escasos; por eso hubiéramos preferido que, de haber límites, éstos se pusieran, por ejemplo, a aquellos deudores que están pagando hace más de 7 o 10 años, deudas anteriores a 1983 o a otro año, ó a aquellos deudores que pidieron menos recursos. Es decir, no se puede ayudar a los que tienen cualquier monto de crédito, sino a aquéllos de tramo inferior, de familias más modestas o de menores ingresos. Hemos dudado mucho, señor Presidente, porque si no aprobamos este proyecto, entonces, la banca, que ha aceptado transitoriamente suspender los juicios, rematará las propiedades de veinte mil quinientos deudores que no tienen tiempo de esperar que la Comisión de la Vivienda tenga la mayoría suficiente para aprobar el proyecto de ley que se encuentra en ella que no tienen tiempo de esperar que este Parlamento recupere parte, siquiera, de sus atribuciones y pueda calificar urgencia, también, respecto de los proyectos de los parlamentarios, para que éstos sean tratados. Por último, no tienen tiempo de esperar, porque sus casas serían rematadas. Si aprobamos este proyecto, estamos sancionando un hecho limitado, que tiene un grado de injusticia. Por esto, esta tarde, queremos solicitar al señor Ministro, como lo hemos hecho ya en las distintas conversaciones sostenidas en la Comisión de Hacienda, que este proyecto sea una parte de una solución más general, que involucre a más personas y no sólo a los veinte mil quinientos deudores, a quienes hoy día estamos dando una solución parcial. En primer lugar, nos parece que, adicionalmente a estos deudores en juicio, debiera darse una solución, al menos, a los ex deudores de la ANAP de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. Como saben los señores parlamentarios, estos deudores han sufrido todo tipo de arbitrariedades, muchos de ellos, con deudas originales en escudos, trasladadas a pesos y más tarde, a unidades de fomento, sin pedirles consentimiento de ninguna especie y, posteriormente, vendidas por la ANAP a los bancos, como si fueran un producto o bien cualquiera, en condiciones de gran ventaja para estos últimos y de gran desventaja para los deudores. Hoy día, cuando nosotros reclamamos y planteamos un cambio, se nos dice: "Es que usted no puede meterse en un mutuo, entre un banco y un deudor, porque no es constitucional". Al respecto, pregunto, ¿con qué desfachatez se trató a los deudores de la ANAP| al modificarles las condiciones sin su consentimiento?; y agrego, ¡con qué desfachatez se hizo desaparecer a la ANAP semanas antes de que asumiera este Gobierno, como una manera de dificultar la tarea de investigar el uso arbitrario de dicha institución durante el régimen anterior, cuando no había un Parlamento que fiscalizara! Por eso, hemos pedido, pese a que sabemos que la ANAP casi no existe, que es como una nube, difícil de agarrar, para demostrar las graves irregularidades existentes, que se cree una Comisión capaz de investigar, con el fin de producir, al menos, una sanción moral y ojalá también judicial al extremo abuso y escarnio que ha habido con tantos deudores. Cuando se produjo esa licitación, los bancos compraron con grandes descuentos, a veces hasta del 50 por ciento de su valor o más bajo aún, estas carteras. Por ley, estaban obligados a ofrecerles a los deudores al menos esas mismas condiciones. Y ¿qué hicieron? Un truco, señor Presidente, un resquicio legal, pues les mandaron una carta, diciendo "pague al contado en 15 días." ¿Cómo un modesto trabajador o un empleado iba a pagar 2 ó 3 millones en 15 días? Era imposible. La banca pretende hoy cobrar 6 millones por lo que compró en 3 millones. Me parece un abuso. Acepto perfectamente que si la banca compró una cartera en 3 millones de pesos, tenga una tasa de ganancia normal de 10 ó 15 por ciento y cobre ese valor en moneda real, con intereses positivos. No me parece normal que quiere hoy día cobrar a sus deudores el doble de lo que ella pagó. Ahora, si el banco que quiera hacer este negocio es el Banco del Estado, me parece inmoral, socialmente injusto y políticamente imposible. Demando que, por lo menos, el Banco del Estado, si no tenemos capacidad legal de influir sobre el resto de la banca, no pretenda hacer un negocio del 100 ó 200 por ciento de rentabilidad con los deudores de la ex ANAP y que ofrezca de nuevo (ojalá tengamos capacidad de presionar legalmente de otra manera al resto de la banca) prorrogar las condiciones a los ex deudores de la ANA a fin de que éstos tengan la posibilidad de pagar su vivienda al precio que el banco pagó por ella, naturalmente, en moneda de valor adquisitivo presente, con una tasa de interés positiva y con un margen de ganancia que cubra los gastos administrativos; pero no obtener el doble o el triple de lo que el banco pagó. Señor Presidente, me parece que hay un límite para el abuso bancario y creo que ha llegado el momento de que los bancos, que son una institución noble, necesaria para el funcionamiento de la economía, tengan también un límite en su gestión abusiva. Señor Presidente, como no es posible determinar hoy temas tan vastos como éstos, quiero al menos, contar con el compromiso de que el Banco del Estado ofrecerá a sus decenas de miles de deudores, que forman parte hoy día de la cartera de esa entidad, condiciones favorables de negociación al menos a quienes tienen deudas de hace más de siete años; es decir, deudas hasta el 31 de diciembre de 1983. Que se les ofrezca, al menos, que el valor de la deuda baje al monto de la casa. Constituye un abuso extremo que a una persona le cobren 2 o 3 veces el valor de su casa y, peor aún, que dramáticamente se la rematen y luego lo sigan persiguiendo por otros montos, en circunstancias de que ya le quitaron el bien por el cual tomó la deuda y por el que además, pagó al menos una parte al contado el 25 o 30 por ciento y dividendos durante muchos años. Creo que el Banco del Estado ha tenido un ejemplo en el Banco del Desarrollo, institución privada que, en forma voluntaria, ha dado a conocer en días pasados una oferta a los deudores. No es mi papel destacar en esta sesión lo que el Banco del Desarrollo ha propuesto. Me parece una fórmula de solución razonable, que abre un camino de negociación, que muestra una conducta en el sentido de que, a los deudores que ellos tienen 8 mil de las Cajas de Previsión que todavía quedan en ese banco, 15 mil de la ex ANAP y otros 15 mil deudores propios del mismo banco se les haya ofrecido un sistema para eliminar los intereses penales, ponerse al día, bajo ciertas condiciones, en los saldos adeudados, y renegociar individualmente para bajar la deuda al valor de la casa o bajar el dividendo al 25 por ciento del ingreso. Creo que si el Banco... El señor DUPRE (Vicepresidente).- Señor Diputado, el Diputado señor Alessandri le pide una interrupción. El señor ESTEVEZ.- Con mucho gusto, si me deja terminar el hilo de mi argumento. Creo que si el Banco del Estado ofreciera una fórmula parecida, lo que puede ser decidido en forma administrativa, nos permitiría contar con una solución, no para 20 mil 500 personas, sino para varias decenas de miles. Señor Presidente, iba a concluir con la referencia al artículo 3 del proyecto. Antes de esa explicación, que va a ser muy breve, le concedo una interrupción al Diputado señor Alessandri . El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri .- El señor ALESSANDRI.- Muchas gracias, Diputado Estévez . Quiero aclarar un concepto que se ha tocado dos veces en la Sala, en relación con el Banco del Desarrollo, el que ha tomado un muy buen papel recientemente; pero que ha sido un banco absolutamente cerrado en el pasado para solucionar el problema de los deudores hipotecarios. Lo nombró el Diputado Montes y ahora lo menciona el Diputado Estévez . Alabo la posición que ha tomado... El señor DUPRE (Vicepresidente).- Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa, porque no puede dialogar. El señor ALESSANDRI.- Disculpe, señor Presidente. Acepto la iniciativa del Banco del Desarrollo, la que, incluso, fue avalada en gran parte por el Ministro de la Vivienda, cuando celebraron los 8 ó 9 años en el Hotel Galerías. Pero no pongamos a ese banco en una cúpula o sobre un pedestal, porque, lamentablemente, al igual que el Banco del Estado, ha sido bastante cerrado para solucionar este tipo de situaciones. Gracias, Diputado Estévez . El señor DUPRE (Vicepresidente).- Puede continuar el Diputado señor Estévez . El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, agradezco su observación al Diputado Alessandri, porque no es mi ánimo ser mal interpretado. He querido señalar que, al menos en esta ocasión, un banco ha hecho un planteamiento voluntario. Creo que ese planteamiento también es insuficiente, pues tiene aspectos negativos que podríamos analizar acá: por ejemplo, se le cobran costas a los deudores, que son, a veces, de 100 ó 150 UF, en circunstancias de que la deuda total es de 500 unidades de fomento, lo que produce una grave desproporción. Pero hay una base de trabajo que me gustaría que, al menos, el Banco del Estado pudiera igualar. Señor Presidente, me parece que hay que estimular el pago y que cualquier fórmula debe privilegiar el pago oportuno. Pienso que el mecanismo, por ejemplo, de perdonar un dividendo de la "cola" por cada dos dividendos que se paguen en el presente, es una fórmula real que permite, por un lado, reducir el saldo deudor y, por el otro, estimular a quien está en condiciones de pagar. Creo que el proyecto debe ser complementado de esta manera. También hemos estimado que hay un elemento mínimo, realmente mínimo: que la deuda de la casa no puede exceder lo que ella vale. De todas las injusticias que se han cometido, la que realmente parece un gesto de crueldad es que a una persona que tiene una casa que vale, por ejemplo, 3 millones de pesos, y que después de pagar 10 o 15 años, debe 6 millones, le rematen la casa en 3 millones, o en una cifra menor: destina 1 millón y medio a pagar las costas, abona apenas 1 millón o algo más a la deuda, y le siguen cobrando 4 millones más y pierde su casa. Este grado extremo de injusticia nos lleva a proponer en el proyecto una fórmula que estimule a la banca a reducir el valor de la deuda, al menos, al valor de la casa. Como tenemos limitaciones de admisibilidad en nuestra propuesta, creemos conveniente hacer una indicación en el sentido de que los bancos hagan provisión para una eventual pérdida por aquella parte de la deuda que exceda el valor de la casa. Esto es algo que sí está dentro de nuestro campo legislativo y es claramente admisible, porque tiende a prevenir un riesgo cuya existencia es obvia. Si el banco dice que va a cobrar 6 millones por una casa que vale 3, y no puede ni siquiera rematarla en una cifra superior a esta última, debe hacer provisión por los 3 millones restantes. El sentido de esta iniciativa no es otro que estimular a los bancos para que puedan, de un modo voluntario, reducir el valor de la deuda al menos al valor de la casa, en vez de hacer estas provisiones que, a veces, resultan costosas para su propia operación, y, de ese modo, tener un punto de partida sobre la materia. La bancada del Partido Socialista del Partido por la Democracia, de la Izquierda Cristiana y del Partido Humanista, estaría dispuesta a votar favorablemente en general este proyecto, en el entendido de que es limitado y en la medida en que tengamos hoy día la palabra o la convicción de que el Banco del Estado proceder que está en nuestras manos iniciará un proceso que dé un espacio de solución a tantos miles de deudores. Estamos ciertos de que si el Banco del Estado actúa así, la Comisión competente de la Cámara podría conversar con el Banco del Desarrollo, con la Financiera FUSA, con el Banco Osorno, con el BHIF y con los otros bancos involucrados, a fin de crear un camino voluntario en este terreno. Si este camino voluntario no se produce, tenemos un proyecto de ley presentado en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, y, además, en la Comisión de Hacienda, otros proyectos de ley que eliminan el cobro de intereses sobre intereses, que permiten el pago anticipado de las deudas y otras medidas. También podríamos pensar en reponer aquellas medidas que permitían que los dueños de los bancos pagaran tributos, como lo hacen quienes deben las casas. Si a este proyecto de solución, de los 20 mil quinientos que hoy día aprobamos, se le agrega un compromiso por parte del Banco del Estado, y además, como hemos visto en esta tarde, la posibilidad cierta de que el proyecto que está en la Comisión de Vivienda no duerma el sueño de los justos, sino que se pueda activar y contar con un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, entonces los deudores tendrán buenas noticias y sabrán que lo de esta tarde es sólo el inicio de un camino para reparar tan graves injusticias. Muchas gracias. Aplausos en la Sala. El documento que el Diputado señor Estévez pidió incorporar a su discurso y cuya inclusión acordó la Sala con posterioridad, es el siguiente:  Federación de Deudores Habitacionales de Chile FEDHACH UNA SOLUCION JUSTA A LA DEUDA HABITACIONAL Jaime Estévez [1] Las medidas adoptadas por las autoridades económicas, para enfrentar el problema de la deuda interna, han sido discriminatorias e ineficientes. Discriminatorias, porque el poder del Estado se ha utilizado para defender los intereses de la banca privada y de algunos grandes deudores, en especial los pertenecientes a los grupos económicos y los que tenían pasivos en dólares. A ellos se les concedió lo que ha sido negado a la inmensa mayoría. Ineficientes, porque se han comprometido cuantiosos recursos estatales y no se han dado soluciones efectivas, sino se ha buscado postergar la crisis para los años noventa. En lo que respecta a la mayoría de los deudores, la política oficial se ha limitado a sofocar las manifestaciones de la crisis, ofreciendo plazos más largos, a sabiendas de que pronto se repetirá la situación de imposibilidad de pago. Al mismo tiempo, el costo de las medidas adoptadas es también transferido para el futuro. De este modo, se ha creado una situación propicia para crisis recurrentes, que pueden comprometer el desarrollo del país por largos años. Rectificar esta conducta y dar una solución justa y eficaz al drama de los deudores, requiere aceptar que las dificultades no son transitorias, de liquidez, sino de solvencia. La economía está enferma por sobreendeudamiento y es incapaz de absorberlo mediante los tradicionales mecanismos de mercado. Al mismo tiempo, exige reconocer que la causa originaria de la crisis no es la mala suerte ni cambios ¡imprevisibles en el contexto internacional. Ella tiene su raíz en las tasas usurarias de interés derivadas de la "liberalización financiera" y en la imposición de un sistema de doble moneda, el peso y la UF, en desmedro del sector productivo y en beneficio de la banca. Mientras estos dos factores no sean alterados será imposible dar solución a la crisis de endeudamiento. Un tercer aspecto que debe ser evaluado con un criterio nacional y resuelto democráticamente, es el de los costos y beneficios. Desgraciadamente, para el país, no es posible hacer retroceder el calendario hasta antes de la "liberalización financiera". Ahora no hay más alternativa que repartir las pérdidas. Lo que hay que resolver es a quiénes y en qué magnitud se apoya y sobre quiénes debe recaer el costo. La opción adoptada por el Gobierno es que la pérdida sea asumida íntegramente dentro del país y, principalmente, por el Estado, es decir, por todos los chilenos. Ello es moralmente inaceptable, contrario a los intereses nacionales y económicamente erróneo. Lo lógico es que la pérdida recaiga sobre los beneficiados por el sobreendeudamiento; o sea, la banca nacional y extranjera y los grupos económico-financieros. En todo caso, si resulta inevitable que el Estado absorba parte de las pérdidas, ello debería hacerse con un sentido productivo y social; esto es, en vez de favorecer a quienes especularon con el dólar o con los recursos financieros, debe beneficiarse a quienes recurrieron al crédito para dar techo a sus hijos o para incrementar la capacidad productiva del país. Hasta ahora, sin embargo, en todo este proceso, uno de los sectores más perjudicados, es el de los deudores habitacionales. Ello es un absurdo económico, por cuanto el costo de una solución real para este sector, que beneficiaría a centenares de miles de familias, es pequeño en comparación con lo que a otros se ha dado y, a su vez, ello permitiría una reactivación real del mercado de la vivienda. Además, es injusto, porque sus dificultades no provienen de un abuso del crédito, sino de haber aceptado condiciones que a ellos se les impusieron y no podían modificar, aunadas a políticas económicas profundamente erróneas que son responsabilidad de las autoridades gubernamentales. De las 600 mil familias chilenas que son deudores habitacionales, alrededor del 40% se encuentra en mora y al resto le resulta cada mes más difícil cubrir el dividendo. Proliferan las "oficinas" de cobranza prejudicial, que amedrentan y cobran comisiones de extorsión, sólo por postergar el drama por unos cuantos meses. Las amenazas de remates y embargo de bienes se multiplican en todo el país, elevándose a decenas y decenas de miles los juicios contra deudores habitacionales. Las autoridades económicas insisten en negar la magnitud del problema. No obstante, la fuerza de los hechos los ha obligado a ofrecer nuevas "soluciones", casi una vez al a��o. Estas no han resuelto las dificultades de los deudores hipotecarios y, en muchos casos, paradójicamente, las han agravado. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Por qué antes se podía comprar casas y no existía este drama? ¿Conviene aceptar las reprogramaciones que se ofrecen? ¿Existe alguna solución real? ¿Cómo podemos obtenerla? Estas son preguntas que con angustia se hacen los deudores habitacionales y a las cuales FEDHACH busca dar respuesta, a través de este documento. Las dos primeras secciones se destinan al ¿por qué?: una analiza las causas de orden global, vinculadas a la política de usuras financieras, que se impuso en el país luego de la "liberalización" de 1974; la otra, estudia los aspectos específicos de la política de vivienda y de crédito habitacional, que han hecho imposible para tantas familias servir la deuda hipotecaria. La tercera sección presenta las soluciones que el Gobierno ha ofrecido y financiado para diversos sectores, en especial a la propia banca. La cuarta y última, critica las ofertas del Gobierno para los deudores habitacionales y plantea las bases de una solución justa, posible y efectiva a un drama que no puede continuar. LA USURA FINANCIERA La incapacidad de pagar las deudas no es un problema individual ni es exclusivo de los deudores hipotecarios. Es una enfermedad que ha atacado a toda la economía nacional. El agente transmisor de esta epidemia es la UF, originalmente un instrumento de fomento a la construcción de viviendas, que fue desnaturalizado cuando se la convirtió en una segunda moneda al servicio de la especulación financiera. El virus son las tasas usurarias de interés, cuyo origen se encuentra en la "liberalización financiera", realizada hace diez años, en desmedro del trabajo y de la producción. La triste historia de la UF. La Unidad de Fomento Reajustable, UF, se creó en 1967, como un instrumento de ahorro, limitado a un sector de la economía. Existían, entonces, diversas otras unidades reajustables, que se aplicaban a la mayor parte de la compra de viviendas, en especial a las realizadas por los sectores con bajos ingresos; las cuales se reajustaban sobre la base del índice de sueldos y salarios o con el IPC, según cuál de ellos hubiera subido menos. (1) IMAGEN1 En sus primeros años de vida, la UF no generó ningún problema, dado que el objetivo y el contexto de su creación eran muy diferentes a los de hoy. Por una parte, en esa época, las tasas de interés eran bajas, generalmente inferiores a la inflación, por lo cual la UF buscaba asegurar a los depositantes que el valor de su dinero se mantendría. De esta forma podría aumentar el ahorro y el Estado tendría los recursos suficientes para fomentar la construcción y reducir el déficit habitacional. Por otra parte, los trabajadores tenían asegurado el reajuste anual de sus remuneraciones, al menos equivalente a la inflación, el cual era usualmente superior a ésta, gracias a la negociación colectiva. Ello puede constatarse en la gráfica 1, en la cual se compara el valor anual promedio de la UF con el del índice de remuneraciones de los obreros y empleados, para el período 1967-72. Esta situación se modificó, abruptamente, desde fines de 1973. En primer lugar, las tasas de interés se han elevado muy por encima del ritmo de la inflación. En segundo lugar, se creó un problema nuevo, que antes no se conocía: la cesantía masiva. En los últimos trece años, prácticamente, uno de cada cinco profesionales, empleados y obreros han estado desocupados o han debido inscribirse en el PEM, con salarios que no satisfacen sus necesidades más elementales. En tercer lugar, las remuneraciones de quienes han mantenido un trabajo se reajustaron mucho menos que la inflación y la UF, siendo su valor en 1975 apenas la mitad del que tenían en 1971. Esta relación mejoró un poco entre 1978 y 1981, pero desde este último año se vuelve a repetir un deterioro acentuado de los sueldos y salarios reales, alejándose el valor de la UF hasta hacerse inalcanzable para ellos. Véase la gráfica 2 IMAGEN2 Además de los cambios en el contexto económico (tasas de interés y niveles de empleo y salarios), el régimen militar introdujo dos alteraciones cualitativas en las normas que regían la UF: se hizo obligatoria para las operaciones financieras y se modificó el plazo de su reajustabilidad, haciéndola mensual desde 1975 y diaria desde 1977. Lo primero condujo a que los dividendos habitacionales se traspasaran masivamente a uefes, perdiendo su importancia los otros instrumentos, como las cuotas CORVT y los reajustables en pesos del SINAP; lo segundo agravó el efecto del deterioro de los salarios reales. La alteración de las normas de la UF tuvo consecuencias relevantes para el funcionamiento de toda la economía. En los hechos, el país pasó a tener dos monedas. La oficial el peso, que pierde valor cada día y con la cual se paga a los obreros, a los empleados, a los agricultores, a los comerciantes y a los industriales; la otra la UF, que tiene el privilegio de subir todos los días, es aquélla con la cual los que viven de su salario y los empresarios productivos están obligados a pagar a los que prestan dinero. El reino de la Usura El segundo pilar en el cual se ha sustentado la epidemia del endeudamiento masivo es el cobro de intereses propios de un reino de la usura. Este fue el resultado de una de las primeras y más nefastas decisiones económicas adoptadas por el régimen militar, la de "liberalizar" el mercado de capitales. Con tal objeto, se eliminaron los controles sobre las tasas de interés, dejándolas al libre juego del mercado, se autorizó el pago de intereses en las operaciones de corto plazo, y fueron eliminadas las normas de control cuantitativo del crédito y de selectividad del encaje, que orientaban los recursos hacia la producción en vez del consumo. Inicialmente no se permitió este tipo de operaciones al SINAP ni a los bancos, los cuales seguían en poder del Estado luego de haber sido nacionalizados en el Gobierno de Allende. Ellos estaban limitados en cuanto al interés máximo que podían pagar, el que era menor a la inflación, y sólo podían hacerlo en operaciones a más de 30 días en los bancos y de 90 días en el caso del SINAP De este modo, se erosionó el sistema tradicional (3) y floreció un nuevo tipo de entes, las financieras privadas, que podían operar con recursos depositados apenas por 4 días y fijar libremente la tasa de interés. Estas instituciones no tenían control alguno y ni siquiera estaban obligadas a depositar reservas (encaje) en el Banco Central. Sin embargo, pronto éstas entraron en problemas y se produjo la cesación de pagos de varias de ellas, debiendo el Estado entregar recursos para ayudar a los depositantes. El efecto de la "liberalización financiera" sobre el crédito fue dramático. Por una parte, se favoreció el endeudamiento de corto plazo por sobre el de medio o largo plazo. En 1974 más de la mitad de los activos financieros estaba depositado a 90 días o a plazos superiores, principalmente en cuotas CORVI, instrumentos del SINAP y en el Banco del Estado; cuatro años más tarde esa proporción se había reducido a menos de un tercio. En contraste, en el mismo período, los depósitos a menos de 90 días pasaron del 18% al 45% del total. Por otra parte, la tasa media de interés real (esto es, descontada la inflación) que se cobró a corto plazo fue del orden de 33% anual desde mediados de 1975 hasta fines de 1982. O sea, cada dos años y medio había que pagar en intereses el equivalente a la totalidad del capital. Como se ilustra en el cuadro 1, a medida que sube la tasa, el monto a pagar por intereses crece más que proporcionalmente. Si la tasa es de 4% real anual, en diez años el deudor debe pagar intereses equivalentes a la mitad del capital. En cambio, con la "liberalización financiera", desde inicios de 1976 a fines de 1985, por cada mil UF prestadas a corto plazo, los bancos cobraron 9 mil de intereses. Esto es lo que destruyó a la economía chilena. Nadie que viviera de un sueldo podía soportar ese costo del dinero, ninguna industria o tierra podía generar ganancias suficientes para alimentar la voracidad desmedida del capital financiero. IMAGEN3 ¿De dónde salió el dinero para pagar los intereses? Lo claro es que la liberalización financiera no aumentó el ahorro nacional. Este disminuyó del 16,3 del Producto Nacional Bruto, en los años sesenta, al 10,5% en el período 1975-81, y prácticamente desapareció en los años posteriores. Parte significativa de los recursos provino de capital externo, atraído por la ganancia especulativa que les garantizaba las elevadas tasas de interés locales, unidas al sistema de tipo de cambio fijo. Ello redundó en el acelerado crecimiento de la deuda externa. El auge del consumo importado fue enorme, pero no bastó para gastar todo ese capital. La diferencia se mantuvo como reservas en divisas de los bancos, las cuales explicaban el 35% de los activos del sistema financiero en 1981. Una segunda fuente de recursos fue la "privatización" de ahorros, que antes controlaba el Gobierno. Ello derivó en una brusca contracción de la inversión pública, del 10% al 4% del PIB entre 1974 y fines de esa década, y en el desaparecimiento de los créditos otorgados por las Cajas de Previsión, la CORA, INDAP, SERCOTEC, CORFO, etc..., que favorecían directamente a la producción o a los sectores de menores ingresos. En tercer lugar, el reino de la usura se apoyó en el de la fantasía: la especulación financiera incrementó artificialmente el precio de la tierra, de las casas, de las propiedades industriales, etc.... Por ejemplo, el valor en UF de las acciones subió 10 veces entre 1974 y 1980. Sobre la base de activos con precios inflados se podía girar más crédito y, a la vez, los deudores no se preocupaban de los intereses, dado que cada día creían ser más ricos. ¿Quién se benefició con los altos intereses? Esta pregunta tiene especial relevancia, cuando ha llegado el momento de pagar las pérdidas de la ilusión financiera. Las autoridades argumentan que no se puede solucionar el problema de los deudores hipotecarios, porque ello perjudicaría a los que ahorran. La verdad es otra. Los depositantes no prestaron directamente a los deudores. Al medio estaban los bancos, quienes se quedaron con lo sustancial de los intereses cobrados, transfiriendo apenas el 18% de éstos a los depositantes. La distribución de los beneficios de los altos intereses se aprecia en el cuadro 2. En el período de auge de la "liberalización financiera", el sexenio 197681, por cada 1.000 UF prestadas a corto plazo, los bancos cobraron 4.178 UF de intereses y pagaron a los depositantes sólo 764 UF Parte de la diferencia se explica por el encaje (la obligación de depositar un porcentaje de los recursos en el Banco Central) y parte por pago de intereses a la banca internacional, que como dijimos proporcionó una fracción de los recursos prestables. El resto es el margen que obtuvo la institución financiera: en seis años, dos veces y media el capital prestado. IMAGEN4 El ejemplo se extiende sólo hasta 1981 porque, posteriormente, con el incremento desproporcionado de las deudas, el cobro de los intereses se ha hecho cada vez más ficticio. El banco los anota en la cuenta del deudor y lo contabiliza como ganancia, pero en la práctica han dejado de ser pagados. En efecto, la falta de control a la ambición especulativa condujo a la ruina de la producción y con ella a la de los propios prestamistas, imposibilitados de cobrar en forma efectiva los enormes intereses que cada día iban acumulando en las cuentas de sus deudores. Un país de deudores La "liberalización financiera" río condujo a lo que se prometió: mayor ahorro nacional y mejor calidad de la inversión. Por el contrario, estimuló la especulación de corto plazo y el consumo importado, distorsionando todo el funcionamiento de la economía. La tasa de inversión decayó de un nivel histórico vecino a 20% del PIB a cerca del 13% en 196778. En cuanto al destino del crédito nacional, la parte orientada a la agricultura y a la industria se redujo de dos tercios en 1974 a menos de un tercio en 1980; en contraste, se incrementó la importancia del comercio y del propio sector financiero, que subieron su participación del 8% al 34% del total. Chile pasó de ser un país de productores a uno de deudores. Hasta 1974 el valor de lo que se producía era mucho mayor, diez veces más grande, que todas las deudas que existían en el país. Cuatro años más tarde las "colocaciones del sistema financiero" esto es, las deudas equivalían a un cuarto del Producto Interno Bruto y continuaron su rápido crecimiento hasta casi igualarlo en 1982. Véase la gráfica 3. IMAGEN 5 La crisis fue, entonces, inevitable. Los primeros síntomas de que el sistema de especulación financiera se aproximaba a un punto de ruptura aparecieron a mediados de 1981, cuando quebró la CRAY Poco después, el Banco Español, el de Talca y otras seis instituciones financieras no pudieron cumplir sus compromisos. El Gobierno las intervino y otorgó su garantía a los depósitos. Empezó entonces, lo que luego sería un mal hábito. Las autoridades se negaron a aceptar la magnitud de la crisis. Por un lado, confundieron a la opinión pública, insistiendo en que no había un problema general, sino sólo mala administración, la cual podía solucionarse modificando la ley de bancos y dándoles más poder al organismo de control, la Superintendencia. Por el otro, el Banco Central destinó enormes sumas de dinero para apoyar a estas instituciones, privilegiándolas respecto a los deudores productivos. Solución que sólo postergó el problema y cuyo costo lo pagaron todos los chilenos. De hecho, el año siguiente fue necesario intervenir otras cuatro instituciones y en enero de 1983 quebraron los mayores grupos financieros del país, el de Vial y el de Cruzat. Tres entidades fueron liquidadas, perdiendo un tercio de su dinero los depositantes, cinco bancos fueron intervenidos y otros dos quedaron bajo "supervisión directa". En conjunto, ellas representaban los dos tercios del sistema financiero, excluyendo el Banco del Estado. Miles de personas perdieron parte de sus ahorros y el Fisco destinó, en doce meses, 190 mil millones de pesos, el 15% de todo lo que el país producía, a préstamos de urgencia, sobregiros y otros aportes, para impedir el colapso total del sistema, manteniéndolo en una situación de semicrisis hasta el presente. Terminó así el boom de la ilusión financiera. ¿Quién pagaría por todo el daño hecho al país? ¿Qué pasaría con los deudores y con los bancos? Ello será analizado en la tercera sección, luego de que revisemos lo que sucedió con los préstamos habitacionales durante el período de la "liberalización financiera". LA VIVIENDA, DE NECESIDAD A NEGOCIO Antes del régimen militar, Chile disponía de una vasta y moderna legislación habitacional, sobre la base de una experiencia acumulada durante siete décadas, desde 1906 cuando se dictó la primera ley de vivienda. Ella expresaba una conciencia nacional de que el techo es una necesidad básica del ser humano, análoga a las de salud y educación, cuya satisfacción no puede lograrse adecuadamente si se les considera exclusivamente como negocio. Diversas leyes y disposiciones tendían a impedir la especulación con la tierra y favorecer un desarrollo urbano razonable. Otras, tenían por objeto estimular la construcción, en forma de cubrir el déficit habitacional del país y asegurar que se hiciera con la calidad necesaria, impidiendo los abusos y estafas. Además, se crearon reparticiones públicas especializadas en la construcción de viviendas para los sectores de ingresos medios y bajos. El subsidio al crédito habitacional era parte integral de la política de vivienda. Dado que la mayor parte de la población no podía comprarlas al contado o a plazos breves, se requería algún tipo de financiamiento barato y de largo plazo. Al principio, éste no era reajustable, lo que se tradujo en un subsidio exagerado cuando la inflación se hizo más alta y persistente. Ello es tan dañino como el extremo opuesto, las tasas usurarias de interés; ambos redundan en el mismo resultado: menor construcción de viviendas y un alto costo para el Estado, en un caso directo y en el otro, porque, simplemente, la gente deja de pagar. La experiencia indicó que era conveniente introducir alguna forma de reajustabilidad, pero con intereses reales bajos y vinculada a la evolución de los sueldos y salarios. Antes de la "liberalización financiera", existían tres tipos principales de crédito habitacional, orientados a sectores diferentes de la población: el otorgado por CORVI y CORHABIT, para las familias de ingresos más bajos; el de las cajas de previsión, para sus afiliados; y el de las asociaciones de ahorro y préstamo para los sectores medios y de altos ingresos. IMAGEN 6 Las condiciones en que se otorgaban estos créditos se presentan en el cuadro 3, con datos promedios del año 1969. Para facilitar la comparación, los valores monetarios se han convertido a uefes. Los créditos se reajustaban anualmente (no todos los días) según el índice de sueldos o el de precios, el que menos subiera. En el caso de los trabajadores y otros sectores de menor ingreso, se agregaba una tasa de interés del 2% anual. En las Asociaciones de Ahorro y Préstamo la tasa de interés real era del 7% al 10%. Menos viviendas y más caras La experiencia acumulada durante la democracia fue desechada por el régimen militar. Al igual que en otros campos, se optó por reducir a un mínimo el papel del Estado y "privatizar" tanto la construcción como el crédito habitacional. El resultado fue menos viviendas, más caras y un sistema de financiamiento muy gravoso, imposible de ser cumplido por la gran mayoría de las familias. Una de las pocas excepciones a esta política son los programas de erradicación de campamentos y poblaciones marginales, destinados a "liberar" terrenos en las comunas de mayores ingresos, para facilitar la construcción privada. El Estado iniciaba alrededor de 20 mil viviendas anuales en la década de los sesenta, nivel que se duplicó en los primeros años de los setenta. A partir de 1974, su participación disminuye, construyendo sólo 11 mil habitaciones al año en 1974-77 y menos de 2 mil en el período más reciente. Como se aprecia en la gráfica 4, ello no fue compensado por un incremento equivalente de la construcción privada (4). En el período 1974-78 ésta mantuvo su nivel anterior, de modo que la contracción del sector público se expresó en una disminución neta de la oferta de nuevas viviendas. Con posterioridad se han incrementado las solicitudes de construcción, por parte del sector privado, pero no se ha recuperado el nivel de actividad de 1971-73. Además, las cifras no son estrictamente comparables, porque al suprimir o "liberalizar" gran parte de las normas y regulaciones sobre el uso de los terrenos y la actividad de construcción, se ha producido un deterioro en la calidad y tamaño de las viviendas. No existe un índice confiable de los precios reales de las casas y departamentos, pero todos los indicadores coinciden en que éstos se elevaron, notablemente, después de 1974. Además de haber menos casas, entre 1973 y 1977, el costo promedio en UF de los terrenos aumentó 3 veces y el de la construcción 41%, pese a que el subíndice de sueldos y salarios decreció. En los años siguientes, tuvo lugar un boom especulativo en ambos costos, siendo en 1981 el de la construcción el doble que diez años antes, medido en moneda del mismo valor. IMAGEN7 El negocio del crédito habitacional En lo que respecta al crédito habitacional, como se señaló, con la "liberalización financiera" se abandonó la política del subsidio y se forzó a los intereses a recurrir al sistema financiero privado, donde debieran aceptar préstamos en UF, con reajustabilidad diaria y sometidos a las tasas de interés y condiciones que predominaron en el mercado de capitales. Es muy importante para los deudores hipotecarios analizar en detalle los aspectos financieros de su deuda. Esta es la única forma de conocer con exactitud su verdadera situación y de poder evaluar si les convienen las distintas ofertas de reprogramación que el Gobierno y los bancos han empezado a hacerles, desde que se hizo evidente la imposibilidad real de pagar los dividendos. De hecho, al pedir información sobre las posibilidades de reprogramación, muchas familias se han encontrado con la desagradable sorpresa de que deben tantas o más uefes que las que pidieron al comprar su casa, pese a haber pagado regularmente el dividendo durante años. Desgraciadamente, ello no es un error, sino una realidad derivada de las condiciones en que fueron celebrados los contratos hipotecarios. Estas mismas condiciones hacen inconveniente como se verá en la última sección aceptar las ofertas del Gobierno que rebajan transitoriamente el dividendo pero incrementan el monto adeudado y, en muchos casos, producen la paradoja de que al pagar cada mes, no disminuye, sino aumenta el total de lo que se debe. A continuación, revisaremos tres de los más importantes aspectos técnicos de los créditos hipotecarios: el efecto de las tasas de interés y plazos sobre el dividendo y el monto total a pagar; la mecánica de las tablas de desarrollo y sus repercusiones sobre el saldo adeudado; y el problema de las letras hipotecarias. Incidencia de intereses y plazos La "privatización" de la venta de viviendas y de los préstamos hipotecarios que le son conexos, se hizo sobre la base de una gran propaganda, que destacó el monto del dividendo y el plazo de la deuda; sin embargo, generalmente, se omitió cuál iba ser el monto final de la deuda, es decir, a cuánto ascendía el total de intereses y de comisiones que habría que pagar, considerando el efecto de los plazos y de la venta de las letras hipotecarias. Al respecto, cabe señalar que la oferta de plazos más largos no siempre es conveniente para el deudor, puesto que su efecto es reducir levemente el dividendo y aumentar mucho el total de intereses y comisiones a pagar. En efecto, como se aprecia en el cuadro 4, para una deuda en UF más 8%, si se aumenta el plazo de 15 a 20 años, el dividendo se reduce 13% (por ejemplo, de 5 a 4,4 uefes) mientras el total de intereses a pagar sube 40% (por ejemplo, de 500 a 700 UF). Esta relación es todavía más negativa cuando el crédito está sometido a una tasa de interés mayor. IMAGEN8 El efecto de la tasa de interés y de las comisiones es mucho mayor que el del plazo. Por ejemplo, en un crédito a 20 años, si la tasa es de 4% anual se paga 1.45 veces el capital; si es del 8% se paga el doble del capital; y si es de 16%, el total pagado es 3.3 veces el monto originalmente pactado (si se piden 500 UF hay que pagar 1.625). Por esto, lo más conveniente para el deudor es la reducción de intereses y comisiones; aunque ello, para ser plenamente efectivo, debe implicar un recálculo de la deuda desde su origen. En caso contrario, se está operando sobre montos inflados y el beneficio será bastante inferior al que debiera. Cuando empezó la denominada "liberalización financiera", la mayoría de los préstamos hipotecarios se otorgaron en UF más 10% a 14% de interés anual, a lo que había que agregar la comisión bancaria. En total, los recargos fluctuaron entre el 14% y el 18%. Posteriormente, las tasas han bajado y se ha permitido renegociar las originales, pero salvo en el caso del SERVIU no se ha recalculado el préstamo desde un inicio, de forma que se ha heredado un monto de deuda abultado por las tasas originales. En la actualidad, la mayor parte de los deudores en UF está sometido a tasas de interés más comisión que oscilan entre 11% y 14% anual. La tabla de desarrollo IMAGEN9 El efecto analizó en el punto anterior, tiene relación directa con otro aspecto técnico que es necesario comprender: la mecánica de las tablas de desarrollo que están asociadas al crédito hipotecario. Estas se basan en el pago mensual de dividendos en UF iguales o casi iguales, cuya composición interna se va modificando. Al principio, el grueso de lo que se paga se destina a cubrir intereses y es muy poco lo que se abona al capital adeudado. Como se verá, esto tiene gran importancia en los mecanismos de renegociación y reprogramación de deudas. La gráfica 5 muestra este fenómeno, para una deuda a 20 años plazo a 8% de interés más 4% de comisión. Se ha supuesto que el capital solicitado fue de 1.000 UF, y utilizando una tabla de desarrollo de dividendos iguales, que resulta ser de 10,5 UF al mes. El ejemplo es igualmente válido para otros montos. En los primeros años, prácticamente sólo se pagan intereses y comisiones. A mediados del año 12 la amortización llega a ser el 40% del dividendo. Esto es lo que explica que la "rebaja" de dividendos ofrecida por el Gobierno, que en realidad es una postergación de parte de él, haya derivado en que cada mes que el deudor paga su deuda crezca en vez de disminuir. Si esta "oferta" se acepta antes de la mitad de la deuda, el 40% que se posterga es una mezcla del capital e intereses, de modo que el deudor paga intereses sobre los intereses, con lo que su situación respecto al monto adeudado es peor a la del que no renegoció y dejó de pagar. Para comprender mejor este fenómeno, en el cuadro 5 se muestra la estructura de cuatro dividendos del préstamo a 20 años (240 meses), utilizado en el ejemplo de la gráfica 5. A modo de información se compara el monto del dividendo mensual a UF más 12% con el que resultaría si no hubiera comisión, la cual como se aprecia afecta a las cuotas mensuales y al pago total, pero no a la composición entre intereses, propiamente tales, y amortización. Cuando se ha pagado un tercio de las cuotas, la deuda ha disminuido poco más de un sexto; del dividendo de 10,5 UF, casi las tres cuartas partes va a intereses y comisiones. Transcurrido más de la mitad del plazo se logra amortizar un tercio de la deuda original. Recién en el dividendo 173, cuando han pasado casi 15 de los 20 años pactados, los intereses y comisiones son menos de la mitad del dividendo: se ha cancelado el 72% de las cuotas y el capital adeudado se ha reducido 55%. IMAGEN10 La comisión bancaria tiene un efecto sobre el dividendo mucho más importante de lo que se cree. La tabla de desarrollo indica que ésta es, en realidad, un monto fijo. En el caso del ejemplo, ella es de 2.2 o 2.3 uefes, según la cuota. Si ella no existiera, el dividendo mensual se podría reducir en un quinto o considerar la diferencia como amortización anticipada, mejorando radicalmente la situación del deudor. Las letras hipotecarias Los préstamos hipotecarios están vinculados a la emisión de letras, las que son rematadas por el banco para obtener los recursos con los cuales paga al constructor de la vivienda. Una primera consecuencia de esto es que, en muchos casos, el costo del crédito termina siendo bastante superior a lo originalmente estipulado. En realidad, al cerrar el trato por la compra de una casa, el deudor se ve obligado a aceptar un compromiso cuyo monto efectivo no conoce. Este depende de las condiciones de transacción de las letras hipotecarias: si éstas se venden al 100% del valor par, no hay problema; pero, en el caso bastante común en 1980-81de que se rematen a un valor inferior, se origina una deuda adicional equivalente a la diferencia. Por ejemplo, si se piden 1.000 UF y las letras se vendieron al 90%, deberá pagarse un segundo dividendo mensual que cubra las 100 UF restantes, al cual se le aplican las condiciones generales, analizadas anteriormente. Si la venta de letras se hace al 60% del valor par, ello implica, prácticamente, duplicar la deuda. El beneficio es para el comprador de las letras hipotecarias: un descuento del 10% en el precio de venta implica una mayor ganancia equivalente a la que se obtendría si la tasa de inter��s fuera casi 20% mayor a la pactada. Una segunda consecuencia, menos conocida, de la vinculación entre letras y préstamos hipotecarios tiene que ver con la conformación de las tablas de desarrollo. Estas se construyen según las condiciones de pago de las letras, que son diferentes a las de los dividendos: la letra tiene cupones trimestrales de interés vencido, mientras los dividendos se pagan mensualmente y en forma anticipada. En concreto, lo anterior significa que, si paga oportunamente, el deudor hipotecario está cancelando una tasa de interés efectiva superior a la pactada. La diferencia no es muy alta, alrededor de 0,7% del’ monto total a pagar, pero en el conjunto de las operaciones de un banco, ello tiene una incidencia relevante. Tanto es así, que éstos han tenido el cuidado de que los contratos establezcan que las tasas de interés "se cobrarán de acuerdo a los dividendos mensuales determinados por la tabla de desarrollo", frase que les asegura una comisión extra a la estipulada, que no es reconocida en forma explícita.. Lo lógico sería que los deudores estuvieran sometidos a las mismas condiciones que las letras del mutuo. Por lo tanto, no debe ser considerado en mora quien pague con atraso, pero antes del vencimiento del cupón de la letra trimestral. Los intereses y otros gastos que por este concepto se cobran no tienen fundamento, como lo demuestra por lo demás el hecho de que las estadísticas bancarias consideran morosos sólo los créditos con más de tres meses de atraso. En el caso de que el dividendo se pague oportunamente, debería descontarse una parte de los intereses o abonarse esa diferencia como amortización anticipada. APOYO ESTATAL PARA ALGUNOS Desde el desencadenamiento de la crisis financiera, el Gobierno ha dispuesto diversas medidas de apoyo en favor de la banca y de una parte de los deudores. Ellas van desde el aval otorgado a la deuda externa contraída por los grupos financieros, hasta la venta de activos a precios inferiores a su valor real, pasando por subsidios directos y otorgamiento de créditos en condiciones ventajosas. Estas medidas han tenido un costo muy elevado para el Estado y, en su gran mayoría, no fueron otorgadas por ley sino mediante decisiones administrativas, cuya exacta dimensión es difícil de precisar, dada la insuficiencia y poca transparencia de la información oficial. Sin embargo, diferentes estudios de centros académicos coinciden en estimar que la pérdida para el Fisco es de aproximadamente 4.000 millones de dólares; esto es, casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto del país, una suma que habría permitido garantizar empleo durante una década a todos los desocupados y a los inscritos en el PEM y el POJH, con un salario del doble al actual mínimo legal. Sólo una fracción de este costo ha sido pagada por el actual Gobierno. El resto fue transferido, mediante diferentes mecanismos, para los años noventa, constituyéndose en una restricción significativa a las opciones de política económica que pueda adoptar un futuro Gobierno democrático. ¿Cómo se usó este dinero? ¿Fue eficiente para solucionar el problema de la deuda interna? ¿Con qué criterios se distribuyó? ¿Quiénes fueron los beneficiados? Antes de dar respuesta a estas interrogantes es necesario aclarar que no todos los deudores son comparables entre sí. De los 1.150.000 deudores del sistema financiero, 703 concentran casi la mitad del monto total adeudado; en contraste, la inmensa mayoría de ellos 965.000tiene apenas el 2% de las obligaciones con los bancos e instituciones financieras. Véase el cuadro 6. IMAGEN11 Parte de este fenómeno es atribuible a lo que el Gobierno llama "cartera relacionada", otro de tantos eufemismos lingüísticos con los que se ha querido dar un manto técnico o neutral al verdadero saqueo de la economía nacional practicado en la época de la "liberalización financiera". La cartera relacionada consiste en que los grupos financieros utilizaron a las instituciones que controlaban para autoasignarse, en promedio, uno de cada cinco pesos prestados, en condiciones favorables y, prácticamente, sin garantías; proporción que se eleva a un peso de cada dos en el caso del Banco de Santiago, que era propiedad del grupo Cruzat Larraín . Con estos recursos, los grupos expandieron su poder económico, controlando cada vez nuevas empresas, a partir de un patrimonio propio reducido, que no les permitió responder cuando hubo dificultades. Todo ello ocurrió a vista y paciencia de las autoridades, que no cumplieron las obligaciones que les impone la ley, escudados en la dogmática afirmación de que el Estado es ineficiente mientras el libre mercado asegura la mejor distribución posible de los recursos. Naturalmente, a la hora de pagar la cuenta este dogma fue olvidado. Los sectores beneficiados Resulta, entonces, inapropiado confundir en un solo paquete a los que ayer controlaban a los grupos financieros, con la enorme mayoría de deudores independientes de los grupos. Es injusto utilizar recursos del Estado para aliviar a los primeros. Por el contrario, los deudores habitacionales y los del sector productivo no vinculados a los grupos financieros necesitan una ayuda efectiva que compense los daños que les fueron provocados por políticas macroeconómicas equivocadas y por las condiciones usurarias e imposibles de cumplir a que se vieron sometidos, precisamente por parte de quienes controlaban el sistema financiero. Pero, como se demuestra a continuación, hasta ahora el apoyo brindado por las autoridades económicas ha beneficiado a los grandes deudores y a la banca, descuidando la situación del resto. Las deudas en dólares Una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno para ayudar a un grupo de deudores fue crear un tipo de cambio especial, denominado "dólar preferencial". Cuando en 1982 no se pudo sostener más la paridad de 39 pesos por dólar y el Gobierno se vio forzado a devaluar, se alteraron todos los precios vinculados al comercio exterior, resultaron favorecidos quienes exportaban y perjudicados los que tenían deudas en dólares y los que compraban productos importados, en esa época, una fracción importante del consumo general. Las autoridades se negaron a otorgar subsidios a productos de consumo masivo por ejemplo, la parafina, la bencina para transporte colectivo, parte de la leche y la harina, etc.... pero ofrecieron a las empresas endeudadas en dólares un tipo de cambio más bajo que aquél usado por el resto de la economía. Ello no era un préstamo ni una postergación de la deuda, sino un regalo, un subsidio. En el primer año de operación, el costo para el Fisco del dólar preferencial fue equivalente al 5% del PIB. Ello forzó a reformar el sistema: el subsidio se pagaría al contado para los compromisos inferiores a 20 mil dólares y a los otros el Banco Central les daría "pagarés del dólar preferencial" (PDP), que postergaban egreso fiscal para fines de la presente década e inicios de la próxima. Los PDP están expresados en UF y, además, el Banco Central paga a sus tenedores, esto es, a los beneficiarios del subsidio o a quienes se los hayan comprado, un interés del 7% anual. Hasta el presente, el costo involucrado para las arcas fiscales por el dólar preferencial puede estimarse en 1.000 millones de dólares. Un segundo mecanismo que favoreció a los deudores en moneda extranjera han sido los créditos especiales para "desdolarizar" las deudas, otorgadas en UF más 5%. Ellos fueron creados en junio de 1984, para los compromisos hasta 27.000 UF; sin embargo, este tope se amplió a 162.000 UF (5), en septiembre, cuando la noche anterior a una maxidevaluación de la moneda nacional, de 93 a 115 pesos por dólar, algunos bancos "desdolarizaron" deudas por montos superiores a los autorizados. Ante el reclamo de la SOFOFA, el Banco Central señaló que había sido una "equivocada interpretación" de sus circulares, que "determinó una situación perjudicial para aquellos deudores que no fueron oportunamente informados". En vez de castigar a los responsables, o de anular las transacciones, se decidió ampliar el tope y permitir los cambios de deudas en dólares a uefes por otros 15 días, utilizando el tipo de cambio anterior a la devaluación, esto es, con un subsidio del 23,7%. Un estudio de la consultora Géminis evaluó en 115 mil millones de pesos la pérdida que esta devaluación significó para el Banco Central. Un tercer instrumento fueron las operaciones llamadas "swaps", o canje de monedas. Al "desdolarizar" se prepagaron las deudas en divisas con pesos proporcionados por el Banco Central, el cual, a su vez, tendría que haber entregado los dólares, los cuales no existían. La solución fue permitir a los bancos vender estas y otras divisas provenientes del mercado paralelo al Banco Central, el cual se comprometía a devolvérselas en plazos breves (entre 5 y 180 días) a un tipo de cambio garantizado (el original más la variación del IPC), pagando además un 7% de interés anual al momento de cerrar el trato. El negocio se repitió una y otra vez, e implicó pérdidas para el Fisco cada vez que hubo devaluaciones superiores al IPC, las que pueden estimarse del orden de los 300 millones de dólares. Ello condujo a modificar las normas en julio de 1985. Se decretó que los dólares captados como recuperación de préstamos internos en moneda extranjera, que constituían el 80% de las operaciones realizadas, debían ser depositados en el Banco Central a los mismos plazos que Chile obtuviera en la renegociación .de la deuda externa. La banca recibió en compensación créditos en UE Las tasas de interés, tanto del depósito como del crédito, debían ser compatibles con las obtenidas en las renegociaciones. Así, se puso término a los excesos del sistema de "swaps", pero a cambio se transfirió a un grupo privilegiado los beneficios obtenidos por el país en las sucesivas renegociaciones de su deuda externa. Otro subsidio, que demuestra la creatividad de las autoridades cuando quieren ayudar a alguien, fueron los "Certificados de Depósito", diseñados para proteger de las devaluaciones a la cartera vencida en moneda extranjera que los bancos habían transferido al Banco Central. Estos, expresados en dólares y que los bancos podían comprar hasta por el mismo monto de la cartera vencida, se inventaron en mayo de 1985, pero se utilizaron sólo desde la noche del viernes 28 de junio, en la víspera de otra maxidevaluación. Según narró "El Mercurio" (4/VII/85) varias entidades intentaron utilizarlo antes, dado los rumores de devaluación, pero no se les permitió porque faltaba la reglamentación respectiva. En cambio, esa noche pudieron hacerlo tres entidades: el Banco de Chile, el de Santiago y el Sudamericano, cubriéndose así del costo de la devaluación. Otras reprogramaciones especiales A medida que la crisis de pagos se fue extendiendo, el Banco Central fue elaborando diversos "Acuerdos" que otorgaban por vía administrativa condiciones especiales a ciertos grupos de deudores. El Acuerdo 1507, aprobado en abril de 1983, ofreció a los deudores del sector productivo, en pesos o dólares, reprogramar el 30% de su saldo, a 10 años plazo, en UF más 7% anual. El resto de la deuda quedaba sometido a las condiciones del mercado, que entonces eran de UF más 15%, lo cual combinado con la fracción subsidiada daba una tasa promedio del 12,6%anual, demasiado alta para ser pagada. Por esta razón, se acogieron a él menos de la mitad de los deudores que potencialmente podían hacerlo. En todo caso, los montos así reprogramados fueron casi un quinto del total de créditos del sistema. El verdadero negocio lo hicieron los bancos, dado que el Acuerdo estableció un extraño mecanismo de trueque de dinero con el Banco Central, que les dejó un amplio margen de ganancia. Como se dijo, a los deudores se les ofreció reprogramar a UF más 7%, pero el dinero lo facilitó el Banco Central, sólo que al 5% de interés. ¿De dónde lo obtuvo éste?: se lo pidió a los mismos bancos, pero a UF más 12%. Estos, a su vez, lo obtuvieron de los depositantes, a quienes pagaban en esa época un interés real del 4% anual. En síntesis, los bancos por el sólo "trabajo" de convertir deudas incobrables en nuevos compromisos, limpiando así sus balances, obtuvieron un margen del 10%; en cada operación: 8 puntos de diferencia entre el costo de captación y lo que les pagaba el Banco Central y 2 puntos más al otorgar los nuevos créditos. El costo lo pagaron los depositantes y, principalmente, el Fisco, que tomaba recursos al 12% y se los prestaba a los mismos bancos al 5%. Un sistema similar se utilizó en el Acuerdo 1506, con el cual se favoreció a las empresas constructoras que no habían podido vender las viviendas. Se otorgó a los compradores créditos por el 75% del valor de las viviendas, en UF más 8%, mientras los bancos vendieron las letras a su valor par al Banco Central, a UF más 12%. Otro Acuerdo que tuvo un costo alto para el Fisco fue el 1578, adoptado en mayo de 1984. Este ofreció reprogramar las deudas en UF de sectores productivos, no relacionados, a tasas del 5% anual los dos primeros años, 6%. los tres siguientes y luego el 7%; ello para montos hasta 27.000 UF mientras que los mayores tendrían tasas negociadas directamente pollas partes. Se otorgaron dos años de gracia y plazos totales de 15 años para las deudas menores y hasta 10 años a las mayores. Como en los casos anteriores, el Banco Central proporcionó los recursos al sistema financiero con tasas de interés inferiores en 2 puntos a las ofrecidas a los deudores, dinero que le pidió a los propios bancos y por los cuales pagó bastante más, el 10% real anual. Los tres "Acuerdos" antes citados significaron una pérdida para el Fisco que puede estimarse en 1.000 millones de dólares, de los cuales sólo una parte benefició a deudores, el resto quedó como utilidades de la banca vía el diferencial de intereses. Aparte de estos y otros "Acuerdos" del Banco Central, han existido negociaciones directas entre la banca y los principales grupos financieros para arreglar sus cuentas impagas. Por su magnitud, destaca entre ellos el caso del Grupo Cruzat. Al 31 de diciembre de 1982, este conglomerado debía al Banco de Santiago y a la Colocadora Nacional de Valores 78.000 millones de pesos, entonces equivalentes a 1.060 millones de dólares. Luego de dos años de negociaciones, en septiembre de 1984 se firmó un convenio que reprogramó las deudas a 10 años plazo, pagándose según las utilidades que ellas generaran o, si no era suficiente, con la venta de algunas de ellas. A cambio de esto, se estableció el "abandono de bienes"; esto es, Cruzat y su gente seguían siendo dueños de las empresas pero sólo podrían administrar algunas: las viñas Santa Carolina y Ochagavía y las sociedades mineras Pudahuel y La Cascada, entre otras. El resto pasaría a una comisión designada por los acreedores, pero con participación de Cruzat. El trato fue tan poco equitativo para los intereses del Estado y tan discriminatorio respecto a otros deudores, que el anterior presidente de la comisión negociadora, Pedro Ibáñez , renunció antes de que se diera a conocer. Similar fue el convenio entre el Grupo Soza y el Banco de Chile, firmado en noviembre de 1985. La esencia del trato consistió en mantener operando y bajo el control de Soza a la principal empresa del conglomerado, INELA, procediéndose a la liquidación de las sociedades menores. Las deudas de los activos que quedaron en manos del grupo fueron renegociadas a 10 años plazo, renovables a otros 10, a UF más 5% de interés anual y sin un calendario de pagos; o sea, éstos serán realizados cuando haya utilidades para ello. Además, el Banco de Chile se comprometió a proporcionar a INELA nuevos créditos hasta por 200 millones de pesos, para facilitar su operación. Contrasta con todo lo anterior la "solución" planteada a los deudores hipotecarios y de consumo. A ellos sólo se les ofreció postergar parte de los dividendos o de los pagos comprometidos para el final del plazo pactado. Esto, como se verá en el próximo capítulo, apenas significó un alivio temporal y, a diferencia de los otros casos analizados, no contempló ningún subsidio. El auxilio a los bancos En los últimos cuatro años, las autoridades han utilizado todo el poder del Estado para salvar a la banca de la quiebra. Se ha recurrido a los más diversos medios, se han inventado fórmulas cada vez más ingeniosas, se han modificado las leyes y disposiciones vigentes y, lo más importante, se han puesto al servicio de la banca todos los recursos necesarios, sin que se les limite como los destinados a otros sectores en los acuerdos con el FMI o cuando se recorta el presupuesto fiscal. En la primera sección describimos los préstamos de urgencia, sobregiros, y otros aportes, otorgados en los primeros doce meses de la crisis de pagos, que sumaron cerca de 190 mil millones de pesos, el 15% de todo lo que el país producía en ese entonces. En las páginas precedentes vimos que el programa de apoyo a ciertos deudores ha ido también en beneficio de la banca, en un doble sentido: le ha permitido cobrar dineros que de otro modo no eran recuperables y los mecanismos establecidos han incluido, usualmente, algún tipo de ganancia o subsidio para los intermediarios financieros. Sin embargo, ello es sólo parte del esfuerzo gubernamental para ayudar a las instituciones financieras. A continuación analizaremos otros tres tipos de acciones: el cambio de las normas y leyes, el aval a la deuda externa y el traspaso al Banco Central de la cartera incobrable. Maquillaje contable La primera respuesta del Gobierno a la crisis del sistema financiero fue modificar la legislación y las normas que rigen a los bancos, para guardar las apariencias y evitar su quiebra formal. Ello incluyó, por ejemplo, la modificación de los plazos para constituir provisiones. Estas son reservas que los bancos están obligados a disponer para hacer frente a posibles pérdidas en las colocaciones o en las inversiones realizadas. Si el riesgo aumenta, lo natural es que las normas se hagan más estrictas. Así procedió el Gobierno de Estados Unidos con su propia banca, luego de la crisis en los pagos de la deuda externa de América Latina. En Chile fue al revés: en el caso de la cartera riesgosa se amplió el plazo para hacer provisiones de 36 a 60 meses y en el de la vencida no garantizada de 1 año a 3 años. El déficit de provisiones mínimas exigidas alcanzó a 35 mil millones de pesos en noviembre de 1985; luego se ha reducido, al inventarse otro tipo de mecanismos. Medidas similares fueron el permiso para ampliar de 1 a 3 meses el plazo para completar los créditos impagos en el registro de carteras vencidas, la postergación hasta en dos años de la declaración de pérdidas por la enajenación de bienes recibidos en pago como garantía de créditos vencidos, y la autorización para computar como fondos propios las provisiones por cartera riesgosa, hasta el 25% del capital y reservas. Otro curioso mecanismo de maquillaje financiero fue la decisión de que las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores fueran computadas como activos, para ser castigadas en los 5 años siguientes con cargo a los excedentes de los ejercicios. Estas pérdidas sumaban 76 mil millones a mediados de 1986, equivalentes a más de la mitad del capital pagado de todo el sistema financiero. El aval a la deuda externa Cuando se criticó que la "liberalización financiera" estaba conduciendo a un excesivo endeudamiento externo, el régimen militar aseguró, en múltiples oportunidades, que ello no representaba ningún riesgo para el país, puesto que se trataba de transacciones entre privados sin la garantía del Estado. Sin embargo, en 1983, luego de la crisis de los grupos financieros, el Gobierno adoptó la decisión de avalar como propia la deuda que estos sectores habían adquirido. Ello, aunado al hecho de que, desde entonces, los préstamos nuevos han sido asumidos casi todos por el Estado, modificó cualitativamente el perfil de los compromisos externos. En 1981 sólo un tercio de ellos eran públicos o con garantía estatal; en 1986, estaban en esa condición las tres cuartas partes de los 20.000 millones de dólares de la deuda externa. De este modo, además de comprometer a la Nación en cuanto tal con los abusos realizados por un reducido sector, se ha creado una situación en la cual es prácticamente imposible dar solución a la crisis del sistema financiero. En efecto, cuando los deudores no pueden pagar y la pérdida supera a su capital propio, como es el caso del sistema financiero, una parte de ella debe ser transferida al siguiente eslabón de la cadena, a los acreedores. ¿Quiénes son éstos? Principalmente, tres: los depositantes, la banca internacional y el Banco Central. Los primeros no tienen responsabilidad en lo ocurrido, dado que estaban imposibilitados de controlar o regular lo que hacen los bancos. Por esta razón, es justo que exista un seguro de depósitos que los cubra de este riesgo. Por el contrario, la banca internacional tiene una clara responsabilidad, por cuanto prestó en exceso y estimuló el sobreendeudamiento interno que de ello se derivó; además, ella se benefició directamente de la especulación financiera que condujo a la crisis. Conscientes del riesgo inherente a este tipo de actividades, dichas instituciones se cubrieron cobrando un margen extra por sobre la tasa de interés internacional. Paradojalmente, el aval del Estado eximió a la banca internacional de asumir costo alguno, sin siquiera exigir que al menos se descuenten las comisiones y recargos cobrados por concepto de "riesgo país". De esta forma, toda solución quedó restringida a que el Estado sea el único que pierda. Aunque la última reforma a la ley de bancos eliminó el seguro de los depósitos, con el propósito de que en el futuro ésta sea compartida por los depositantes. Postergación de las pérdidas El principal mecanismo utilizado para "sanear" al sector financiero ha sido lo que eufemísticamente se denominó "venta de cartera vencida". En realidad, no se trata de una venta, sino del traspaso al Banco Central de los créditos incobrables; en esta forma, las pérdidas se postergan para la próxima década y deberán ser asumidas por el futuro Gobierno. El primero de estos programas se implementó en 1982 y consistió en un intercambio de créditos incobrables por letras emitidas por el Banco Central, con vencimiento diez años después. No hubo una transferencia inmediata de recursos, sino sólo modificación de las apariencias: en la contabilidad de los bancos la cartera incobrable fue reemplazada por letras del Banco Central. Ello no fue suficiente, por lo que, en mayo de 1984, se modificó el mecanismo en un doble sentido: por una parte, se puso un límite a las transacciones, 2.5 veces el nivel del capital y reservas de cada institución; por la otra, se pagó en efectivo el equivalente a 1.5 veces dicho nivel, manteniéndose la modalidad de las letras de cambio para la diferencia. Los recursos en efectivo debieron destinarse, prioritariamente, a pagar los préstamos de urgencia que antes se habían hecho y lo sobrante se invirtió en pagarés del Banco Central, que devengan un interés real de 7% anual, superior en dos puntos al que deben pagarle los bancos por la cartera vencida (es decir, el Fisco se queda con las deudas incobrables y además paga intereses netos por parte de ellas). Inicialmente, el Acuerdo 1555 limitó la venta de cartera vencida a las 20 instituciones no intervenidas. Las transacciones alcanzaron a 82 mil millones de pesos, de los cuales 53 mil millones fueron pagados al contado por el Banco Central. Según un estudio de un funcionario de la Superintendencia de Bancos, ello les generó altos beneficios: los créditos no recuperables se redujeron de 1.5 a 0.5 veces el capital y reservas; la cartera incobrable disminuyó de 13% a 5,3% del total de colocaciones; y mejoraron sustancialmente los resultados operacionales, lo que se explica en un 80% por el efecto contable del programa. Posteriormente, en 1985, pudieron acogerse a este mecanismo el Banco de Chile y el de Santiago. El primero de ellos transfirió 127 mil millones de pesos, pagando préstamos de urgencia por 43 mil millones y recibiendo al contado más de 52 mil millones. El segundo vendió 95 mil millones, de los cuales el 40% fue al contado. Con el paso del tiempo, el monto de la cartera vendida ha crecido, en vez de disminuir según se había programado. En diciembre de 1985 era ya equivalente a 2.600 millones de dólares y a 3.000 millones en junio de 1986. Este incremento es un derivado del "capitalismo popular" y otras formas de capitalización bancaria, dado que cada peso así conseguido muchas veces con créditos CORFO permite que el Fisco entregue dos pesos y medio por concepto de nuevas ventas de cartera. LA PROPUESTA DE LA FEDHACH El análisis técnico, efectuado en las páginas anteriores, demuestra que la incapacidad de pago de los deudores habitacionales no es un fenómeno coyuntural y pasajero, sino de tipo estructural. En su origen hay diversos factores, de los cuales cualquier solución debe modificar al menos dos: la aplicación a las deudas de una moneda diferente a aquélla con la cual los deudores obtienen sus ingresos y la imposición de tasas de interés desmesuradamente altas, incompatibles con un crédito para vivienda. Sobre la base de estos criterios, la FEDHACH ha propuesto una solución efectiva y posible a la deuda hipotecaria, porque ataca la raíz del problema y no sólo a sus síntomas, como ha hecho hasta ahora el Gobierno. Ella puede resumirse en cuatro aspectos principales: i)Término de la UF, la UR, el IVP y todos los otros mecanismos similares de reajustabilidad. Las deudas deben ser traducidas a pesos y reajustadas en forma similar a los ingresos de los deudores, tanto en monto como en fecha. ii)Recálculo de los saldos adeudados, eliminando el efecto de las tasas usurarias de interés: al monto original debe aplicarse una tasa de interés y comisión que no supere el 5% en total y descontarse lo pagado en exceso sobre los dividendos así recalculados. iii)El nuevo saldo deudor no podrá exceder a la tasación actual de aquella fracción de la vivienda por la cual se solicitó el crédito. iv)En el caso de los cesantes, subempleados o jubilados con pensiones de subsistencia, deben otorgarse años de gracia, hasta que adquieran capacidad de pago. Para analizarla, veremos las razones que ha tenido FEDHACH para rechazar las "soluciones" que el Gobierno ha ofrecido hasta ahora; luego expondremos la mecánica de operación de la propuesta y, por último, discutiremos su factibilidad. ¿Por qué se rechazan las fórmulas oficiales? Lo que hasta el momento se ha ofrecido a los deudores hipotecarios es insuficiente y, en muchos casos, perjudicial, porque deja a quien lo acepta en peor condición que la de quien lo rechaza. La primera solución oficial ofrecida para la deuda hipotecaria habitacional fue el Acuerdo 1517, adoptado por el Banco Central en junio de 1983. Este, presentado como "rebaja" de los dividendos, en realidad se limitó a postergar parte de ellos: el primer año 40% del dividendo, el segundo 30%, el tercero 20% y el cuarto 10%. Lo postergado se acumula a partir del mes siguiente al término del mutuo hipotecario original, en UF. más 8% anual. En mayo de 1984, un nuevo Acuerdo, el 1578, rebajó la tasa de interés para los montos postergados y prorrogó por un año la postergación del 40% del dividendo original, beneficio que se reduciría progresivamente en los años siguientes. A diferencia de lo otorgado a otros deudores y a la banca, en este caso no hay subsidio efectivo alguno. Se trata de una ventaja transitoria un dividendo menor, durante un tiempo a costa de un perjuicio permanente: incrementa el monto de intereses a pagar y el número de años que hay que servir los dividendos. La propaganda oficial ha destacado la reducción del dividendo y ocultado el aumento del monto a pagar. De hecho, la casilla del saldo adeudado en la boleta mensual de pago no indica cuál es la situación efectiva en que queda el deudor, sino del monto "sin reprogramación"; de lo contrario, muchos hubieran podido comprobar la paradoja de que cada vez que pagan un dividendo, el saldo adeudado crece en vez de reducirse. ¿Cómo es posible tal absurdo? Para ilustrarlo, analizaremos un caso real, el de una familia que compró una casa en la comuna de La Florida en Santiago, en febrero de 1982, a 15 años plazo, con 10% de interés más 2% de comisión. El préstamo fue de 1.060 UF. y cuatro años más tarde el capital adeudado era mayor al del primer día, de 1.066,75 UF, pese a que se habían pagado oportunamente todos los dividendos. Por cierto, la boleta de pago señalaba que "sin reprogramación" el saldo era de 897,27 UF. En ese momento, el deudor se declaró en mora. La evolución del saldo adeudado, de este ejemplo, se presenta en la gráfica 6. Al pagar cada dividendo, éste disminuyó hasta 1.012 UF. en junio de 1983; por el contrario, luego de la reprogramación el saldo creció cada mes, en vez de continuar disminuyendo según la trayectoria prevista (línea punteada). Como se analiza en el cuadro 7, en la primera fase un quinto de lo pagado amortizó la deuda. Desde entonces y hasta marzo de 1986, correspondía pagar 422,56 UF; gracias a la reprogramación, sólo se canceló el 62% de esa cantidad; pero no hubo amortización alguna, sino un incremento de la deuda en 55 uefes. Este efecto perverso se produjo porque, en el momento de la reprogramación, el dividendo mensual incluía 3 de amortización y al postergar 4,9 UF no hubo posibilidad de amortizar y además se capitalizó la parte no pagada de los intereses y comisiones, sobre la cual hay que pagar nuevos intereses. La situación fue más favorable para deudores con mayor antigüedad, en cuyo caso la amortización constituye una fracción mayor del dividendo. IMAGEN12 El fracaso de esta "solución" y la capacidad de organización demostrada por los deudores habitacionales, condujo al Gobierno a prometer, a mediados de 1985, que se pondría fin a la UF. Esto no se cumplió, sino que se aprobó una ley que "autorizaba" otros mecanismos de reajustabilidad, si los bancos así lo deseaban. El Ministro de la Vivienda declaró que ello beneficiaría a 70.000 deudores y el Almirante Merino, más optimista, habló de 200.000 favorecidos. IMAGEN13 Naturalmente, los bancos no hicieron nada, por lo que el Gobierno debió ofrecer una nueva fórmula en marzo de 1986. Esta consistió en cambiar la UF por el IVP y "prepagar" la deuda antigua con una nueva. FEDHACH la rechazó, primero porque aceptarla implicaba reconocer legitimidad a una deuda cuyo monto actual es injusto e impagable, puesto que ha sido inflada desmesuradamente por obra de las tasas usurarias de interés, y segundo porque su operatoria concreta era perjudicial para la gran mayoría de los deudores hipotecarios. En efecto, el IVP es la misma UF con un nuevo nombre: ambos se reajustan diariamente, de acuerdo al IPC; la única diferencia es que la primera lo hace según el alza del mes anterior y el segundo, considerando el promedio de los últimos seis meses. Una puede subir más que la otra en el corto plazo, pero a la larga su evolución tiene que ser igual. En todo caso, hasta ahora, el remedio ha resultado peor que la enfermedad: como se aprecia en la gráfica 7, desde su nacimiento y hasta enero de 1987, el IVP creció más que la UF. IMAGEN14 El segundo aspecto, el prepago de la deuda antigua pidiendo un nuevo crédito, no soluciona el problema de los deudores hipotecarios e incluso perjudica a la mayoría de ellos, si bien mejora levemente al sector que tenía pactado intereses superiores al 15% anual. Estrictamente hablando, de nuevo el Gobierno no propuso una solución, sino autorizó que los bancos la ofrecieran. Estos no van a perder plata por propia iniciativa, así que inventaron un sistema que dejaba a los deudores más o menos igual rectificando los casos más extremos y que permitía a los bancos ganar dinero extra a costa de los tenedores de las letras hipotecarias, como lo demuestra el conflicto creado con las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, cuando, pese al rechazo de los deudores a la solución, los bancos trataron de prepagar por su cuenta dichas letras. En lo que respecta a los deudores, en primer lugar la rebaja de los intereses y de la comisión, resultó ser menor a lo señalado. Se había prometido que, por ambos conceptos, el recargo sería de 8%, lo cual unido a un mayor plazo, podría reducir los dividendos en un quinto o un cuarto. En la práctica, la tasa neta se ubicó en torno al 9,5%. En segundo lugar, la repactación tenía un alto costo. A los certificados, tasaciones, gastos de notaría, escrituras, inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y otros, debía agregarse el pago de los intereses y comisiones de los tres dividendos siguientes y la pérdida por la venta de las nuevas letras hipotecarias. Todo ello, en promedio, significaba elevar hasta en un 10% el monto total adeudado. De este modo, el prepago implicó una mejora relativa sólo para quienes tenían intereses y comisiones muy elevados, del orden del 15% o superiores. A esta altura, una solución efectiva no puede residir en pequeñas rebajas de los dividendos, a costa de seguir incrementando el total adeudado. El verdadero problema reside en la operatoria de la UF y en el desproporcionado e impagable nivel del capital adeudado. Así fue comprendido por los deudores hipotecarios. Apenas un 5% de éstos aceptó la fórmula oficial, mientras una mayoría se inclinó por expresar su descontento dejando de pagar. Si bien no hay información oficial al respecto, puede afirmarse que uno de cada tres deudores habitacionales se encuentra en mora. Este porcentaje es mayor en el SERVIU, donde había 168 mil morosos a mediados de 1986, el 61% del total. En la ANAP este número era de 16.500, y superior a 20.000 en el sistema financiero. Todo indica que ésta es una realidad en aumento. En el sistema financiero, para el cual hay mayor información, el 16% de los deudores habitacionales tenían 3 o más dividendos atrasados en marzo de 1983, proporción que, en noviembre de 1986, varios meses después de ofrecerse la última "solución" oficial, subió a 22% (en realidad, la tasa de morosidad en el sistema financiero es mayor, del orden del 30%, por cuanto deben excluirse las colocaciones pactadas en los meses más recientes). ¿Cómo opera la propuesta de FEDHACH? El aspecto más complejo de la propuesta de FEDHACH es el recálculo del saldo deudor, para eliminar el efecto acumulado por las altas tasas de interés. Ello supone, en cada caso, aplicar al monto inicial una nueva tabla de desarrollo, con un recargo por interés y comisión de 5% anual, determinándose así los dividendos que correspondería haber pagado y la amortización base obtenida desde el inicio del crédito hasta el último pago mensual. Del saldo deudor así determinado se descuenta, como amortización anticipada, la diferencia entre los dividendos efectivamente pagados por el deudor y los calculados con la nueva tabla de desarrollo.. En el cuadro 8 se analiza el impacto de la solución FEDHACH para un crédito pactado a 15 años en julio de 1981 y para otro iniciado un año más tarde; en ambos casos la comparación se hace con tasas de interés y comisiones de UF más 9% y más 12%. El ejemplo se calculó para un monto inicial de 100 uefes, de modo de facilitar a cada deudor el estudio de su situación particular; para ello basta con multiplicar los resultados por 7 si pidió 700 uefes o por 9.5 si solicitó 950. Pueden existir pequeñas diferencias, dado que no todas las tablas de desarrollo son idénticas. En el ejemplo, el dividendo antes de la reprogramación es de 0,78 uefes por cada 100 solicitadas, en el caso de la solución FEDHACH, y de 1,04 uefes y de 1,2 uefes si las tasas fueron del 9% y del 12%, respectivamente. Se aprecia que en el crédito pactado en julio de 1981, en cinco años (hasta junio de 1986) en la solución FEDHACH, por cada 100 UF solicitadas se habrían pagado, dividendos por 35,6 uefes, de las cuales 14,5se destinan a amortización. Si la tasa fue de 9% se pagaron 47,7 uefes, por lo que se agrega a la amortización el exceso de 12,1 uefes, determinando una reducción del saldo deudor a 73,4 uefes; ello, respecto a la situación del deudor en junio de 1986 cuando según el banco su saldo era de 89,3 uefes, significa un subsidio o bonificación de 15,9 uefes. Naturalmente, el monto subsidiado es mayor si la tasa pactada originalmente fue de 12%. En el caso del crédito iniciado en julio de 1982 hay mayor variación en los saldos a bonificar, como consecuencia del efecto perverso que sobre los créditos más nuevos tuvo la reprogramación de 1983. Por esta misma razón, la bonificación sería superior en el caso de créditos a 20 años: 28 uefes por cada 100 para deudas al 12% pactadas en 1981 y 23 uefes para las contratadas en 1982. El paso siguiente, consiste en comparar el nuevo saldo deudor con la tasación presente de la fracción de la vivienda financiada con la hipoteca, optándose por el menor de ellos. Finalmente, al monto así calculado debe aplicarse la tabla de desarrollo del 5%, de forma de calcular los dividendos futuros. Estos serían nominados en pesos y reajustados anualmente, de acuerdo a la variación experimentada por los ingresos de los deudores. IMAGEN15 Factibilidad de la propuesta: Esta es una solución posible, tanto desde el punto de vista legal como del económico. En cuanto a lo primero, existen precedentes que la avalan. El decreto ley 3.480 de septiembre de 1980 permitió que los deudores hipotecarios de las antiguas Asociaciones de Ahorro y Préstamo, repactaran sus deudas pidiendo el recálculo de ellas desde el comienzo, estableciendo nuevos saldos y nuevos dividendos con base a una tasa de interés del 8%. Ahora se propone algo similar, pero sobre la base de una tasa del 5%, vecina al promedio de lo acordado en las colocaciones de los últimos meses de 1986. En lo que se refiere al costo económico, su cuantificación precisa requiere una información detallada de la estructura presente de la cartera habitacional, en términos de antigüedad, montos iniciales y tasas de interés vigentes. En todo caso, este costo puede subdividirse en dos efectos principales: uno inmediato, de carácter contable, y otro futuro, de menor rentabilidad en los flujos de pagos. El primero de estos efectos deriva del recálculo de los saldos deudores. En el caso del sistema financiero, puede estimarse que reduciría los activos de las instituciones acreedoras en 120 a 150 millones de dólares; monto que es similar al total de préstamos que hoy se encuentran con dividendos en cartera vencida. El representa una pérdida contable importante, pero muy inferior al de otras medidas adoptadas para ayuda a ciertas categorías de deudores o a la banca. Ello es la mitad de las pérdidas que tuvo el Banco Central por operaciones de "swaps", uno de los diversos mecanismos de apoyo a los deudores en dólares; equivale a poco más de un décimo del costo de otro de estos instrumentos, al subsidio del dólar preferencial. La comparación más exacta es con la cartera incobrable, vendida al Banco Central por los bancos: si se usara el mismo criterio para los deudores habitacionales, el monto total vendido se incrementaría sólo 3,5%. El segundo efecto económico de la propuesta de FEDHACH dice relación con los flujos futuros. Ella implica una disminución significativa de la rentabilidad esperada por los actuales tenedores de las letras hipotecarias. Sin embargo, esta "pérdida" es más aparente que real, puesto que dicha rentabilidad sólo sería efectiva si los deudores pueden pagar los montos comprometidos. Lo más probable es lo contrario. Esto es, si no hay una solución eficaz tenderá inexorablemente a incrementarse el número y monto de los préstamos impagos. En ese caso, los acreedores no tendrían un beneficio menor al que esperan, sino una pérdida de magnitud considerable. De hecho, lo que conviene a todas las partes deudores habitaciones, instituciones financieras, Gobierno y tenedores de letras hipotecarias es que se ponga fin a una situación de crisis y de incapacidad de pago. Si así se hace, los deudores habitacionales habrán visto afirmado su derecho a defender la vivienda de su familia, las instituciones financieras y los tenedores de las letras tendrán ganancias moderadas pero efectivas y el Gobierno podrá reducir a un mínimo razonable la magnitud del subsidio necesario. (1)Por ejemplo, la cuota CORVI y los reajustables en pesos del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, SINAR Este último, era una de las pocas instituciones junto al Banco Central y el del Estado que emitía instrumentos de ahorro reajustables; lo cual le permitió , hasta 1974, captar recursos suficientes para financiar toda la compra de viviendas e incluso tener excedentes. (2)El nuevo índice de remuneraciones es distinto al de antes de 1973. Ahora se incluye a los gerentes y altos administrativos junto a las otras categorías de trabajadores. Esto es importante, porque desde que se calcula (diciembre de 1982) las remuneraciones de los gerentes han crecido 5% más que la UF, mientras que las de los profesionales han disminuido 6% su poder real de compra y las de los trabajadores en servicios personales se han deteriorado 12%. (3)Además, las autoridades adoptaron medidas que desprestigiaron al SINAP (ampliación del plazo mínimo para obtener reajustes, congelamiento de depósitos, etc.) y redundaron en que su participación en la captación de recursos disminuyera de 28% en 1973 a sólo 7% cuatro años después. Más tarde, cuando los bancos fueron privatizados, se les autorizó también a ellos y al SINAP para pactar libremente las tasas de interés. (4)En el caso del sector privado, las estadísticas se refieren a las autorizaciones otorgadas, siendo probable que en los períodos recesivos, como el de 1974-77 y el de 1982-85, el número de viviendas efectivamente construidas haya sido menor. (5)En moneda de junio de 1986, la del Cuadro 6, equivalente a 83 millones y 500 millones de pesos, respectivamente. El señor PALMA (don Andrés). Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PALMA (don Andrés) .- Señor Presidente, el Gobierno ha estimado necesario presentar el proyecto en análisis en el entendido de que el problema que enfrentan las 20 y tantas mil familias que están a punto de ver rematadas sus casas, es grave. El Presidente de la República se dirigió al país hace algún tiempo, para referirse a este tema y a otros de personas que afrontan deudas, y a los problemas relativos a la deuda que el país tiene como muchos de sus habitantes. Dentro de ello, el Presidente de la República ha anunciado una solución para los deudores del SERVIU, la que no es ajena al tema que estamos discutiendo hoy día. El Gobierno está empeñado en buscar soluciones reales al problema de las deudas de viviendas, así como en resolver los graves problemas de distribución del ingreso y de injusticia social que se han heredado del Gobierno pasado. El problema de las deudas habitacionales no ha surgido en los últimos 5 meses. El tema que se discute en este proyecto de ley, de principio a fin, fue generado durante el régimen anterior. Fue entonces cuando se aplicó la unidad de fomento a los créditos habitacionales, a los dividendos, unidad creada antes del Gobierno pasado; pero que sólo en él empezó a aplicarse al sistema de financiamiento de la vivienda. Fue en el Gobierno pasado donde el país vivió, por irresponsabilidad de la política económica, dos graves crisis que llevaron a miles de chilenos a la cesantía y, por lo tanto, a la incapacidad de pagar sus dividendos habitacionales, cayendo en falencia y en una situación difícil que ha llevado a muchos cientos, tal vez miles, a perder la vivienda y, a otros miles, a estar hoy día a punto de caer en esa situación. Es cierto que este proyecto sólo beneficia a algo más del 9 por ciento de' los 220 mil deudores habitacionales del sistema financiero. Sin embargo, insisto, el problema es grande. Significa para el Estado, directa e indirectamente, aportar la suma de 54 millones de dólares para resolver el problema de sólo el 9 por ciento de los deudores. El Fisco deberá poner 37 millones, y, el Banco del Estado, 17 millones. Esta entidad ha sido utilizada, y eso hay que reconocerlo aquí. Es cierto que se critica al Banco del Estado, porque hoy día no tiene la agilidad para dar una solución, y esperamos que el señor Ministro anuncie hoy día una mayor participación del Banco del Estado en la solución del problema de los otros 130 mil deudores que tiene el Banco del Estado y que no están incluidos en este proyecto. El Banco del Estado hay que decirlo claramente ha sido utilizado como un "buzón", en el cual se han dejado caer, en los últimos años, todas las situaciones conflictivas: ha debido asumir la deuda que irresponsablemente contrajo la banca privada; ha tenido que hacerse cargo de la deuda que no quiso ser asumida por la banca privada porque era "mal negocio", en el caso de la ex ANAP Al mismo tiempo, el Banco del Estado tuvo que entregar, y esto se suele olvidar, el 50 por ciento de su capital al Banco Central, el año pasado, con el objeto de salvarlo del desastre económico a que lo llevó la política económica aplicada por el Gobierno pasado, cuyas consecuencias no sólo ha tenido que pagar el Banco del Estado, sino que seguimos pagando todos. Su última contribución ha sido la decisión, indispensable tal vez, adoptada por el Ministro de Hacienda la semana pasada, de transferir al Banco Central 220 millones de dólares para ayudar a fortalecer su situación patrimonial, con el objeto de posibilitar al Banco Central para que también contribuya a poner término al ajuste económico que ha debido vivir el país este año, como consecuencia de las políticas expansivas del Gobierno pasado, a las cuales ya era posible y necesario ir poniendo término. Estamos hablando, señor Presidente, de la situación de los deudores habitacionales, creada por el Gobierno pasado. En ese sentido, resulta paradojal que algunos señores Diputados hablen en esta Corporación de la escandalosa situación de los cambios de contratos de la ex ANAP cuando en su momento nada se dijo, pese a que los dirigentes de los partidos que ellos representan y los candidatos presidenciales que ellos apoyaron el 14 de diciembre pasado, son los responsables de esos cambios de contratos; o que se acuse a la actual Administración de soluciones poco creativas para abordar el problema de la vivienda cuando, en realidad, su magnitud hace imposible no sólo buscar grandes creatividades, sino distribuir el esfuerzo hacia un número mayor de chilenos a quienes afecta ese problema en este momento. Se dice que no hay que poner a la banca en un pedestal, cuando lo que ha ocurrido durante los últimos 16 años, anteriores a este Gobierno, ha sido que la banca ha estado en un pedestal, y que nunca ha perdido ni ha asumido las pérdidas por la irresponsabilidad de su gestión, sino que las han debido asumir sus deudores. Entonces, señor Presidente, las afirmaciones escandalosas que hemos escuchado en el día de hoy no se compadecen realmente con el espíritu de ayuda a la solución del problema de los chilenos que hoy día tienen deudas que no han podido pagar. Cuando algunos parlamentarios hemos concurrido a enfrentar, a afrontar, a participar de la situación de algunos deudores, cuyas viviendas son rematadas y ellos lanzados a la calle, hemos visto que el drama del que pierde la vivienda es muy profundo. Durante muchos años nada se ha hecho para resolver esta situación. Por eso, se puede calificar hoy día este proyecto de injusto. Probablemente podríamos coincidir todos en que es un proyecto injusto, porque, efectivamente, ayuda a algunas personas que dejaron de pagar o que no pudieron pagar; pero no beneficia a quienes sí lo han estado haciendo. Lo que busca este proyecto del Presidente Aylwin es dar solución al problema de miles de familias chilenas que, muchas veces bajo engaño, han suscrito contratos que ahora las están dejando en la calle, sin vivienda, y sin poder pagar la deuda que siguen teniendo. Esas personas requieren una solución de solidaridad, de generosidad, aunque, es cierto, desde el punto de vista distributivo, la medida es injusta. No sólo es injusto el proyecto que estamos tratando. Esta solución se fundamenta en una injusticia y, al mismo tiempo, en un principio de solidaridad y de generosidad para con esas familias. También han sido injustas las condiciones en las cuales estas familias han debido contraer o repactar, en muchos casos, las condiciones de su deuda hipotecaria así como muchos otros deudores que no se benefician con este proyecto. Aquí se ha mencionado varias veces la situación de la ex ANAP y el Diputado señor Estévez habló de arbitrariedad en la renegociación de esos contratos. Creo que el Diputado señor Estévez ha sido generoso en el término que ha utilizado. La verdad es que allí hubo engaño, porque se indujo a los deudores a creer que, firmando los contratos que modificaban la obligación de pagar en pesos, para hacerlo en UF, ellos iban a poder cumplir mejor sus compromisos. Por esa razón, los deudores ex ANAP concurrieron a los bancos que habían licitado estas carteras y firmaron los cambios de contratos, porque los cambios de contratos no se pueden hacer sólo por ley, como hoy día se nos ha recordado tantas veces, al igual que se hizo durante la discusión en la Comisión. Cuando concurrieron a los bancos los deudores ex ANAR se les hizo firmar los nuevos contratos sobre la base de que los nuevos dividendos eran menores y de que sus posibilidades de pago iban a ser mayores, en circunstancias de que se sabía que no era así. Eso no se llama arbitrariedad. Eso se llama engaño, tal como se engañó, durante el Gobierno pasado, a los deudores que reprogramaron sus deudas, asegurándoles que efectivamente ellos iban a pagar dividendos, pero que no se les condonaban ni intereses ni deuda. Por lo tanto, en la medida en que su dividendo era menor, mes a mes crecía su deuda. Hoy día nos encontramos con personas que reprogramaron su deuda, porque tenían el estímulo del Gobierno pasado de no pagar todo el dividendo, sino una parte menor, ante una situación de apremio global de la economía. Pero ellas, a pesar de haber cumplido fielmente y durante todo el período de su deuda, con el pago de los dividendos, al cabo de años deben mucho más que al momento de esa reprogramación. Y esa situación sí que es realmente injusta y hay que abordarla, igual como lo que se ha señalado aquí del pago en UF, en relación con el tema de las deudas hipotecarias. En la Comisión de Hacienda hemos tenido la oportunidad de debatir largamente estas materias y, como lo han manifestado varios señores Diputados, estamos estudiando algunos proyectos planteados para resolver algunos de estos problemas. Pero, al mismo tiempo, hemos recibido seguridad de parte del Gobierno democrático, de que aquellas materias sobre las cuales hemos estado hablando hoy día, que requieren iniciativa del Ejecutivo para poder ser discutidas aquí, dado el cercenamiento de las facultades del Parlamento, serán consideradas a la brevedad por el Gobierno para enviar a esta Corporación los proyectos de ley con el objeto de buscar una solución real al problema de los deudores hipotecarios, que hemos heredado del Gobierno pasado. Termino señalando que, como dije en un comienzo, es cierto que este proyecto no beneficia a la gran mayoría de los deudores, sino sólo al 9 por ciento de ellos; pero también es cierto que todos los deudores habitacionales, así como aquellos chilenos que han vivido la situación de apremio que significa perder la vivienda, ser lanzados a la calle de la noche a la mañana, estarán dispuestos a apoyar esta solución de generosidad propuesta por el Gobierno del Presidente Aylwin. Gracias, señor Presidente. El señor SOTA.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla . El señor SOTA.- Es muy breve. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Si el Diputado señor Huenchumilla le concede una interrupción, no habría inconveniente. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, me han solicitado interrupciones los Diputados señores Estévez y Sota , las que concedo con todo gusto. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota . El señor SOTA.- Señor Presidente, este debate ha sido tan extraordinariamente importante que yo me pregunto: ¿Es posible que sea reproducido públicamente en la prensa? ¿Qué hay de la edición de los debates de la Cámara en la prensa nacional? Si no hay contratos ya establecidos y Su Señoría creo que puede informarme al respecto, ¿es posible que algunas sesiones como ésta, por ejemplo, sean editadas en los diarios? El señor DUPRE (Vicepresidente).- Aunque no es parte del debate, señor Diputado, quiero informarle que la Comisión de Régimen Interno efectivamente acordó que, a contar del 1 de septiembre, se deben publicar las sesiones de la Cámara. De modo que esta sesión será publicada en el momento oportuno. El señor SOTA.- ¿Y en qué diario? El señor DUPRE (Vicepresidente).- Perdón, a contar del 1 de septiembre se publicarán las sesiones. El señor SOTA.- ¿Esta? ¿En qué diario, señor Presidente? Si hubiera acuerdo unánime de la Cámara, esta sesión se podría editar en alguna prensa nacional. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Respecto de su sugerencia, señor Diputado, la Mesa se compromete a considerarla en la sesión de la Comisión de Régimen Interno del próximo martes. El señor SOTA.- Por supuesto, incluyendo los discursos que todavía faltan por pronunciarse y, desde luego, el del señor Ministro. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por la vía de la interrupción, el señor Estévez . El señor ESTEVEZ.- Mi pequeña interrupción sin conocer lo que iba a decir el Diputado señor Sota , era para solicitar que se incluyera un estudio en el cual se basa parte de lo que he señalado, denominado "Una solución justa a la deuda habitacional", a continuación de mi intervención, en las actas oficiales de la sesión. Entonces, le ruego pedir la venia de la Sala para incluir este texto adicionalmente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se incluirá el documento mencionado por el señor Estévez . El señor ALESSANDRI.- No, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente). No se requiere la unanimidad. El señor ALESSANDRI.- ¿De qué se trata, señor Presidente? El señor DUPRE (Vicepresidente).- El señor Estévez ha señalado que su intervención tiene relación con un texto sobre las deudas habitacionales, que él preparó anteriormente y que dio a la publicidad. Solicita que dicho texto, que se refiere a las deudas habitacionales, sea incorporado como parte de su intervención en el debate de este proyecto. Este es un hecho usual, legítimo, de los señores Diputados, respecto de sus intervenciones. ¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a esta petición? Acordado. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Caraball . La señora CARABALL.- Es sólo para solicitar, tal como lo hizo el Diputado señor Estévez , que a continuación de mi intervención se incluya un artículo mío, relativo al financiamiento de viviendas y a deudores habitacionales. Se refiere estrictamente a lo que señalé en esta Sala. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, también se acordará la inclusión de ese documento. Acordado. Señor Huenchumilla , el Diputado señor Orpis le solicita una interrupción. El señor HUENCHUMILLA.- Con todo gusto se la concedo. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ORPIS.- Muy breve, señor Presidente. No tengo ningún problema en que se incorporen esos textos, siempre que se deje constancia de que no fueron leídos en la Sala, ni conocidos por nosotros. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, respecto del interesante debate que hemos tenido esta tarde sobre el problema de los deudores habitacionales, quisiera aportar también algunos elementos de juicio a esta situación pero básicamente, desde el punto de vista jurídico, para los efectos de tener una visión general acerca de cuál es exactamente la generación del problema que hoy día estamos estudiando y discutiendo. A propósito de lo que se ha señalado esta tarde, y no tan sólo en esta discusión, sino que en la de otros problemas anteriores a éste, en innumerables sesiones, respecto de la vigencia de una economía social de mercado, creo que sería bueno que pudiésemos examinar cómo ha operado esta situación en cuanto al mercado del dinero respecto del financiamiento de las viviendas. Desde el punto de vista económico, el mercado funciona sobre la base de la ley de la oferta y la demanda. Pero eso tiene una sustentación jurídica: el denominado principio de la autonomía de la voluntad, en virtud del cual se supone en teoría que las partes están en igualdad de condiciones para fijar las cláusulas y los efectos del contrato. Entonces, a la luz de este principio, en la legislación aplicable en Chile al mercado del dinero me refiero al decreto ley 455 y a la ley N° 18.010, en la forma, en el texto, se guardó este principio de la autonomía de la voluntad, que rige tanto los contratos civiles como los comerciales, Sin embargo, en los hechos, en la práctica, en el nacimiento o en la creación de los problemas de los deudores habitacionales, sostengo esta tarde, señor Presidente, que en el mercado del dinero en Chile no ha existido la transparencia que muchos señores Diputados de la Derecha han sostenido aquí durante estos meses, en el sentido de que la gran herencia que recibimos del régimen pasado, en materia económica, es el sistema de libre mercado, de economía social de mercado, en que existe el libre juego de la oferta y de la demanda. Apreciamos que, en teoría, la ley es así; pero, en la práctica, dicho mercado no ha funcionado para nada. Para sustentar lo señalado, deseo referirme, por ejemplo, al problema de la unidad de fomento y despejar algunos mitos que hay sobre ella. Me referiré, separadamente, al problema de la unidad de fomento y después, al de los intereses. La verdad es que el decreto ley 455 nunca obligó a los bancos a pactar una reajustabilidad, porque, respecto de las operaciones de mediano o de largo plazo, el referido decreto ley disponía: "Se entiende convenida reajustabilidad, salvo pacto en contrario". O sea, en teoría, la persona que deseaba adquirir una vivienda podía pactar con el banco un préstamo sin reajuste, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto ley 455. Sin embargo, sabemos que, en los hechos, el sistema jamás operó así. Incluso, quiero ser más enfático. En la ley 18.010, no hay ninguna disposición que obligue a los bancos a pactar en unidades de fomento, porque siempre que exista un pacto, éste debe ser expreso. O sea, de acuerdo con la normativa legal, es perfectamente posible que ayer, anteayer y hoy día, un deudor habitacional pueda pactar con un banco un préstamo hipotecario para la vivienda sin reajuste. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, en ese libre juego de la oferta y de la demanda, en el que pido dinero y en el que entra a jugar el principio de la autonomía de la voluntad, se supone que yo, deudor, o jefe de familia, que requiero una vivienda, estoy en igualdad de condiciones jurídicas para contratar con el banco las condiciones del préstamo. Eso, en teoría, la ley me lo permite. Pero, en la práctica, sabemos que ha habido, por parte de todos los bancos, un monopolio en el crédito del dinero, por el cual en ningún préstamo creo yo otorgado en los últimos 16 o 17 años, se ha respetado el principio de la autonomía de la voluntad, ni la transparencia de mercado necesaria para decir que estamos frente a una economía social de mercado en que prima la ley de la oferta y de la demanda, por lo menos en el crédito del dinero. Pero, esta ley 18.010, aparte de establecer, en teoría, ese aspecto, contiene también algunas otras disposiciones que tienden a favorecer precisamente al prestador del dinero. La ley no prohíbe pactar un reajuste; pero, ¿qué dispone? Que si se pacta un sistema distinto al de la UF, la sanción es que de todas maneras debe repactarse en UF. En consecuencia, el deudor, que está solo frente al único sistema de prestador de dinero que existe en Chile, no tiene otra alternativa que acogerse al sistema que he señalado. Esa es la "fase de normalidad", señor Presidente. En estas operaciones de crédito de dinero, los estudiosos del sistema distinguen la "fase de normalidad". Es decir, hay un tratamiento cuando el deudor está al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Cuando el deudor cae en mora, es decir, cuando deja de cumplir, los autores denominan a esta situación la "fase de anormalidad". Y en ella, cuando el deudor cae en mora, aunque nada se haya dicho, la ley 18.010 establece que de todas maneras rige igualmente la unidad de fomento. Entonces, ¿en qué consiste, básicamente, el problema de la unidad de fomento? Para que en el futuro podamos aprobar una ley, estudiada con detenimiento, con profundidad, en que realmente apuntemos al centro nervioso del sistema, creo, señor Presidente, que el problema esencial no radica básicamente en la unidad de fomento, en la medida en que las remuneraciones de los prestatarios de dinero se reajusten en la misma proporción que el Indice de Precios al Consumidor, como antiguamente, cuando existía la ex ANAP en que los dividendos se reajustaban cada vez que subían los sueldos y salarios. Creo que el problema más complejo en este tipo de operaciones, más que en la unidad de fomento, está en dos elementos de juicio: en los intereses, y, básicamente, en los intereses penales, y, además, en otra institución jurídica que poseen los bancos, cual es la denominada "comisión", y a la cual me referiré seguidamente. Respecto de los intereses, quiero decir también que las partes son "libres" entre comillas de pactar un interés convencional. De tal manera que nada obliga, en teoría, a ninguna de ellas, al banco y al cristiano que va a pedir dinero para su vivienda, a pactar un sistema de reajustabilidad con intereses superiores. Es cierto que nuevamente la ley 18.010 se encarga de señalar que la gratuidad no se presume, con lo cual, si no se pagan los intereses estipulados, de todas maneras se entiende que se han pactado, a lo menos, los intereses corrientes. Y respecto de este período en que el deudor está al día en el pago de sus obligaciones, el decreto ley 455 prohibió pactar intereses sobre intereses en esta "fase de normalidad". ¿Qué sucedió, señor Presidente? Lo que en alguna medida decían los Diputados Jaime Estévez y Andrés Palma: que después de la dictación del decreto ley 455, en aquellos contratos celebrados con anterioridad, a fin de ajustarlos, en 1980, a la nueva normativa que se había dictado y que permitía pactar intereses sobre intereses lo que impedía el decreto ley 455, se efectuó aquella maniobra engañosa de cambiar las reglas del juego, prometiéndole al deudor que los dividendos bajarían. Entonces, me pregunto, señor Presidente, ¿dónde está la autonomía de la voluntad? ¿Dónde está Ja igualdad jurídica que debe haber entre el que presta dinero y el que va a solicitarlo? ¿Dónde está la transparencia del libre mercado o de la economía social de mercado, por lo menos, respecto del mercado del dinero en nuestro país? En la "fase de anormalidad", o sea, cuando el deudor cae en mora, entran a operar los llamados "intereses penales", pero, capitalizados, naturalmente. O sea, el interés sobre el interés. Tampoco la ley lo impone obligatoriamente. El artículo 9o de la ley 18.010 dispone: "a menos que se establezca expresamente lo contrario". Es decir, las partes, en teoría, podrían pactar que no hubiera intereses sobre intereses. Sin embargo, todos sabemos que tampoco ahí funciona la autonomía de la voluntad, la igualdad de las partes, la transparencia del mercado y la ley de la oferta y de la demanda. Pero, ¿qué es lo más grave en esta fase de anormalidad? Porque pregunto: ¿qué son los intereses penales, en definitiva? Son el pago de los perjuicios que supuestamente afectan al que prestó dinero por el incumplimiento del deudor. En un contrato común y corriente, si yo vendo una silla, por ejemplo, y no me pagan su precio, sufro un perjuicio que tengo que demandar al tribunal para que me lo regule. Pero, resulta que, en esta normativa, como no hay pacto expreso que delimite esta situación, los intereses penales son, simplemente, los perjuicios que supuestamente el banco sufre por el incumplimiento del deudor. Pero, ¿qué sucede? Sucede que, aparte de la reajustabilidad que recibe por la unidad de fomento, y de los intereses que genera la renta del capital porque los intereses civiles, en definitiva, son el fruto, la renta que produce el capital prestado, la ganancia que obtiene el banco por prestar la plata, sin embargo, los intereses penales, jurídicamente, no son ganancia. Viene a constituir una valuación convencional de los perjuicios que las partes nuevamente en uso de esta libertad teórica "pactan" en ese contrato que el deudor firma, en que no lee ninguna de sus cláusulas, donde existe como decía el Diputado Andrés Palma toda esa maniobra engañosa que, en definitiva, lo lleva a firmar una cosa en la cual creo jamás ha existido una voluntad libre, de acuerdo con las normas económicas y jurídicas, para decir que estemos en presencia de un contrato libremente celebrado. Porque, me pregunto: ¿hubiera celebrado un deudor un contrato de compraventa con mutuo para comprar su casa, si al momento en que firma el contrato hubiera previsto que, a los 4 o 5 años, después de pagar una o dos veces el valor de la casa, estuviera debiendo dos o tres veces el mismo valor de esa casa? Evidentemente, ese deudor no hubiese firmado ese contrato. En el momento en que firmó el mutuo de dinero y la compraventa correspondiente, la "famosa" teoría de la libertad económica de la oferta y de la demanda y de la autonomía de la voluntad, era teoría pura, ajena por absoluto a la realidad. Sin embargo, es necesario referirse a la "famosa" comisión que cobran los bancos, y que se repite en el' proyecto que estamos conociendo. Quiero preguntar: ¿qué es la comisión? He buscado en distintas normativas legales algún indicio sobre esta materia. ¿Dónde encontramos la comisión? La encontramos en el Código del Trabajo, respecto de un tipo de remuneración para los trabajadores. Después, la encontramos en el mandato comercial, en el Código de Comercio. No la encontré en la Ley de Bancos, expresamente como un concepto establecido, como un elemento de las operaciones de crédito en dinero. Tampoco está en la ley N° 18.010. ¿Qué sucede? Ese planteamiento se lo hice a la Asociación General de Bancos cuando fue a la Comisión. En esa oportunidad, yo no había leído los comentarios que nos dejó el señor Adolfo Rojas , que dice: "Un banco recibe dinero de sus depositantes y lo presta. Por este servicio cobra una comisión, representada por el concepto tradicional, que es la diferencia entre tasa de colocación y de captación". Hasta ahí el concepto podría aparecer inocuo, respecto de una operación de crédito realizada por una persona que pide dinero al banco para comprar su casa-habitación. Sin embargo, en el Derecho Mercantil, aparecía un título especial respecto de la comisión en las operaciones bancarias. Este párrafo, que estaba contenido en las normativas respecto de las letras de cambio, fue derogado por una ley, dictada por el Gobierno anterior, que estableció una normativa especial para las letras de cambio. Sin embargo, en esa ley nada se dijo respecto de la comisión de las operaciones bancarias. La comisión está íntimamente ligada a los actos jurídicos o a los contratos u operaciones comerciales, que signifiquen intermediación entre las partes; por ejemplo, los corretajes de propiedades o los corretajes de automóviles, en que el corredor pone al que compra y al que vende en comunicación. Por ese trabajo, cobra una comisión. Sin embargo, cuando la persona que pide dinero prestado va al banco, no hay intermediación ninguna, sino que, simplemente, hay una comunicación directa entre el que pide dinero y el que presta dinero; sin embargo, el banco cobra por esa operación una comisión. El informe de la Asociación de Bancos dice: "Por la operación, el banco cobra una comisión anual que, actualmente, es del orden del 2,5 a 3 por ciento anual". En la discusión que hubo en la Comisión de Hacienda, se me dijo que los intereses penales se debían a que el banco tenía gastos de operación que cubrir. Sin embargo, la propia Asociación de Bancos dice aquí que la comisión sirve al banco para cubrir sus gastos administrativos; para cubrir las pérdidas en aquellos casos en que el banco no recupera todo el préstamo, y para ofrecer una rentabilidad a quienes invierten en acciones de la empresa bancaria. Si la comisión sirve para cubrir los gastos administrativos y las pérdidas, ¿para qué sirven los intereses penales? ¿Por qué se cobran intereses penales? Si la comisión sirve para ofrecer una rentabilidad a quienes invierten en acciones de la empresa bancaria, ¿cuál es el sentido de cobrar intereses por las operaciones? Señor Presidente, la unidad de fomento, sin haber reajuste de las remuneraciones, aumenta las deudas cada día y come la posibilidad de pago. Los intereses penales, la capitalización de los mismos, so pretexto de perjuicios y la existencia de la comisión en los términos planteados aquí en este documento por la propia Asociación de Bancos, encarecen indebidamente el mercado del dinero y lo hacen poco transparente. Por eso, cuando estudiemos en profundidad una reforma del sistema del mercado del dinero, debemos tener presente que en estos años no ha funcionado jamás el mercado. Ha funcionado en teoría la autonomía de la voluntad; pero, en los hechos, hemos estado en presencia de contratos de adhesión en que el chileno que está comprando su casa tuvo que ir al banco y tomar el contrato o dejarlo. Tomar el contrato le significó hoy estar endeudado en millones de pesos. Eso lo sufren millones de chilenos. Dejar el contrato le significaba quedar sin la posibilidad de una vivienda. Los chilenos, durante estos años, en relación con esto, han estado como en aquel dicho de "estar con el cuchillo en el corazón: si me lo dejas, me matas, y si me lo sacas, me muero". Por eso, señor Presidente, es conveniente aportar estos elementos de juicio para señalar, frente al señor Ministro y frente al señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, que es necesario revisar el mercado del dinero en Chile y analizar cuidadosamente sus efectos. Hay que darle un tratamiento especial a la vivienda, porque no es lo mismo prestar dinero para actividades productivas, que dan una rentabilidad, que para una vivienda, lo cual tiene otras connotaciones, incluso, de orden moral. En el futuro, tenemos que exigirle a nuestro Gobierno que discutamos este tema en profundidad, con seriedad y con todos los elementos de juicio, para que haya mayor intervención del Estado en el mercado del dinero, para los efectos de darle una vivienda a todos los chilenos. Muchas gracias. Aplausos en la Sala y en las tribunas. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Reitero a las personas que se encuentran en las tribunas que les está prohibido hacer manifestaciones. Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez . El señor RAMIREZ.- Señor Presidente, le concedo una interrupción al colega señor Horvath . El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Horvath . El señor HORVATH.- Señor Presidente, entre los distintos argumentos dados durante el debate respecto de este importante problema de los deudores, quiero hacer llegar, por su intermedio, al señor Ministro de Hacienda, la petición de que, junto a las necesarias y justas medidas de rebaja de deudas, condonaciones y renegociaciones, se busquen fórmulas también justas, que premien o compensen, en la misma medida, a las numerosas familias chilenas que pagan sus deudas, puesto que, en caso contrario, se fomenta en el país el que nadie pague sus deudas. Eso es alimentar ilusiones, por decirlo en una forma suave. En resumen, debemos hacer que las deudas estén relacionadas con el valor de las viviendas, con el valor alternativo del dinero y con las posibilidades de pago de los prestatarios, y que se compense a los que sacrificadamente han pagado en forma oportuna. Muchas gracias. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez. El señor RAMIREZ.- Señor Presidente, hemos escuchado esta tarde a nuestros Honorables colegas en un debate interesante sobre el problema que estamos tratando. Después de escuchar la clase de Derecho de don Francisco Huenchumilla, uno tiene mucho que pensar hoy día. Aquí se ha dicho que éste es un proyecto injusto, porque soluciona el problema de la gente que está endeudada y que, necesariamente, no se preocupa de los problemas de la gente que está al día en sus pagos. Difiero de este punto de vista, porque ésta es una gran familia. Si yo tengo varios hijos, 8 o 10 hijos en este caso, son millones de hijos y uno enferma, llamo al médico para socorrer a ese niño enfermo y no para que examine también a los que están sanos. Eso no es injusto. Estoy tratando al que tiene necesidad. El problema del endeudamiento es una enfermedad de este país. Es el país entero el que está enfermo. Aquí hay millones de chilenos que están endeudados. Es nuestra obligación buscar una solución a este tipo de problemas. Tengo que preocuparme, primero, de los que están endeudados, y no de los que no tienen deudas, porque el problema está en aquellas personas endeudadas. Si no fuera así, no estaríamos discutiendo este proyecto. Si todo el mundo estuviera al día en sus pagos, el Gobierno no estaría preocupado de solucionar problemas como éste. Este no es un proyecto injusto. Es una iniciativa que corresponde a la realidad del país. Se enmarca, además, en las políticas del Gobierno anunciadas por el propio Presidente de la República, quien ha manifestado su interés en darles solución a los diferentes sectores del endeudamiento interno. No se trata sólo de este problema. Hemos visto cómo el Gobierno ha solucionado, de abajo para arriba, el problema de la luz, del agua, de los deudores del SERVIU; posteriormente, las situaciones tributarias, los deudores del crédito universitario, y ahora, necesariamente, estamos preocupados de este problema de los deudores habitacionales de la ex ANAP y de los bancos. Nos queda, todavía, por solucionar el problema de los deudores de las casetas sanitarias y de otros servicios, de quienes nadie se ha preocupado. Son 100 mil familias, de las cuales el 55 por ciento está moroso. Son los más pobres de Chile. Esa solución debemos buscarla también rápidamente. Aquí estamos tratando el problema de los deudores de la ex ANAP y de los bancos comerciales. En total, comprende a 228 mil familias en Chile. En este momento, estamos tratando el problema que afecta a estas 23 mil 500 familias, que "están en la unidad de tratamiento intensivo", ya que, precisamente, son las que están sometidas a juicio y expuestas a perder su vivienda por una demanda actual. Para que puedan beneficiarse con las disposiciones de esta iniciativa, tienen que estar sometidas a juicio al 30 de marzo pasado, según lo planteado por el Gobierno, plazo que la Comisión de Hacienda ha prorrogado hasta el 30 de junio de 1990. Corregir este problema le significa al Gobierno un gasto de 37 millones de dólares, y, a los bancos, de 55 millones de dólares. Pero, aquí hay que hacer un distingo: de esos 55 millones de dólares, no más de 15 millones están en la banca privada, porque 40 millones de dólares los aporta el Banco del Estado. Sabemos porque así se nos ha informado que si se extiende este beneficio a 66 mil deudores con deuda anterior al año 1984, el costo sube a 82 millones para la caja fiscal, y a otros 76 millones para los bancos particulares. En el entretanto, está este grave problema que se ha generado en la ex ANAP y en las cajas de previsión. Existían contratos entre los asignatarios de viviendas y los organismos previsionales o la Asociación de Ahorro y Préstamo. Pero, ¿qué ocurrió, señor Presidente, con estas 200 mil familias? El Gobierno anterior, sin el consentimiento de las partes, acordó, por su cuenta y riesgo, licitar las deudas habitacionales de las Cajas de Previsión y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo a la banca comercial, a precios que fluctuaron como ya lo hemos escuchado aquí entre el 30 y el 50 por ciento de su valor. Y, en esta forma, a los deudores se les cambió el acreedor, encontrándonos ahora con 200 mil familias que deben cantidades enormes de dinero, a pesar de estar al día en sus dividendos, y que estos dividendos exceden su capacidad de pago. Estoy de acuerdo, señor Presidente, en que estas 200 mil familias necesitan también una solución adecuada para el pago de su vivienda. ¿Razones? Las que han argumentado mis Honorables colegas, señores Francisco Huenchumilla, Estévez y todos los que aquí me han precedido en el uso de la palabra, de tal manera que concordamos en esto. Pero, ¿cuál es el problema? Hoy día, el Gobierno no tiene medios económicos para resolver este problema. Creo que no se trata de que no le interese solucionarlo, sino de dónde obtener los recursos, porque, desgraciadamente, el Gobierno no cuenta con 160 millones de dólares para dar una solución integral a este problema de los deudores. Por eso, es necesario buscar soluciones las que aquí también se han planteado, y abocarse a ellas. Porque lo primero que hay que hacer aquí para terminar definitivamente con el endeudamiento, es modificar la ley N° 18.010 y en eso está la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Es absolutamente necesario, señor Presidente, terminar con la reajustabilidad diaria de la unidad de fomento, porque el hecho de que ésta se reajuste día a día y de que los sueldos de la gente no subañ nunca, necesariamente genera la dificultad, como ya lo han señalado mis Honorables colegas. Pero también hay otro problema que solucionar, que se refiere a lo que ocurre con la gente que va a renegociar sus deudas. ¿Qué ocurre con los honorarios aquí hay muchos Honorables colegas que son abogados que perciben los abogados por la cobranza? Porque, en verdad, es mucho más difícil pagar una cuenta a los abogados cuando uno va a renegociar, que pagar la propia deuda, porque, en el hecho, muchas veces, uno se encuentra con que una persona debe en un banco 500 unidades de fomento, pero sus abogados le cobran 300 o 150 unidades de fomento. Y ocurre, señor Presidente, que no se puede pagar la cuenta, mientras no se le pague al señor abogado, o sea, éste es el dueño del crédito. Y eso acontece, no sólo en los bancos. Sucede en la Corporación de Fomento y en todas partes donde uno debe dinero. De tal manera que, también debería haber una regulación real de los honorarios de los señores abogados. Aquí, los Honorables colegas no pueden estar de acuerdo conmigo, porque casi todos son abogados,... Aplausos en la Sala. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RAMIREZ. ... pero éste es un hecho claro. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RAMIREZ.- Desgraciadamente es así, pero tengo que plantearlo. Estoy hablando de las personas que deben a las instituciones y sé, naturalmente, que en esta Honorable Cámara hay un porcentaje muy alto de abogados y sé que hoy día no se pueden dedicar a cobrar cuentas, pero, a lo mejor, muchos, antes también lo hacían. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RAMIREZ.- Señor Presidente, creo que esto requiere repito la modificación de la ley N° 18.010, el término de la reajustabilidad diaria de la unidad de fomento, y la disminución de los honorarios de los abogados. También es necesario buscar soluciones reales al endeudamiento de la gente. Asimismo, quiero plantear una posibilidad para solucionar el problema de estas 200 mil personas, que hoy día deben a los bancos, el cual no se corrige con la nueva normativa, porque el Gobierno ha dicho que, de ahora para adelante, nadie podrá pagar más allá del 25 por ciento de sus ingresos, como dividendo de su vivienda. Eso soluciona el problema de aquí hacia adelante, pero no la situación de 200 mil deudores, que estamos tratando hoy día. Por eso, creo que es totalmente viable el planteamiento que formularé, cual es que estos 200 mil deudores puedan hacer uso de los fondos previsionales depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones para pagar, total o parcialmente, sus saldos adeudados. Creo que ésta no es una solución que vaya a terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones, porque sabemos que sus fondos alcanzan hoy día a 5.400 millones de dólares, y que sólo 5 de ellas las más grandes manejan el 82 por ciento de estos fondos, es decir, 4.400 millones de dólares: PROVIDA, Santa María, HABITAT, SUMMA y Unión. Cabe precisar que el Gobierno anterior cambió el sistema previsional, que antes era de reparto, por uno de capitalización individual. De tal manera que cuando uso hoy día estos fondos, no estoy ocupando dinero de terceras personas, ni afectando absolutamente a nadie. Por lo tanto, creo que es lícito autorizar a las Administradoras de Fondos de Pensiones para que los deudores habitacionales, que son los interesados, puedan ocupar estos fondos cuando voluntariamente lo soliciten, para pagar estas viviendas, porque son de ellos. Aquí no se están ocupando fondos de terceros. Naturalmente, que se me ha objetado, señor Presidente, que, con este sistema, la gente va a afectar su jubilación. Por eso estoy sosteniendo que ésta es una solución absolutamente optativa. Desde luego, la gente podría quedarse sin jubilación el día de mañana; pero hoy día, puede quedarse sin vivienda; y, a la postre, la gente tendrá que elegir entre tener una vivienda hoy día o esperar 40 años más para jubilar. Estimo que éste es un problema que perfectamente lo puede resolver cada persona en su momento. Por eso creo, con mucha seriedad, que ésta es una buena posibilidad para terminar con el problema de las 200 mil personas que hoy son deudores habitacionales. El Gobierno no tiene dinero para solucionar el problema; la banca no quiere aportar lo que debiera. Entonces, es necesario que estas personas ocupen sus propios fondos, su propia plata; no le están pidiendo un solo centavo a nadie: están ocupando sus propios fondos previsionales. En ese sentido, puedo optar por buscar una solución que me convenga. En esta forma espero dar una solución y una salida real a este grave problema. Señor Presidente, compartimos todo lo que se ha sostenido aquí en la tarde. También quiero anunciar, en nombre de los Diputados del Partido Democratacristiano, que apoyaremos el proyecto del Gobierno y lo haremos, porque soluciona un problema puntual, importante. Ahora, si no aprobamos este proyecto, nos encontraremos en poco tiempo más, con que los bancos van a ejecutar a 20 o 25 mil deudores, lo que hará que miles de personas se instalen aquí a gritar en contra del Congreso Nacional por no haber solucionado este problema, el cual no ha sido creado por nosotros, ya que, como lo sabe todo el mundo, se produjo durante el Gobierno anterior, pero es obligación nuestra solucionarlo ahora. Por eso, los Diputados del Partido Democratacristiano apoyaremos este proyecto. Creemos que es una buena iniciativa para solucionar esta parte del problema y esperamos que se les dé una salida a los otros 200 mil deudores, que aún no solucionan su problema. Muchas gracias, señor Presidente. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, la Diputada Evelyn Matthei me ha solicitado una interrupción, que se la concedo con cargo a mi tiempo. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Matthei. La señora MATTHEI.- Señor Presidente, por su intermedio quiero agradecerle al Honorable colega la interrupción que me ha concedido. Renovación Nacional aprobó recientemente una reforma tributaria, porque tenemos un profundo conocimiento de los muchos problemas sociales aún pendientes. Todos sabemos que hay dificultades con las pensiones, en el sector salud y en educación; tenemos conocimiento de que faltan viviendas, que existen allegados y que hay muchos endeudados. Sin embargo, repudio la liviandad con que se ha culpado de los problemas sociales pendientes, sobre todo, del problema de los endeudados, al Gobierno anterior. Cualquier persona honesta debe reconocer cuán distinto es el país que entregó el Gobierno militar, de aquél que recibió. Más aún, me pregunto qué hubiese sido de este país si los sectores de la Concertación hubiesen estado a cargo de la economía de Chile en el pasado. No olvidemos que la mayoría de los economistas de esos sectores aplaudieron, en su momento, las medidas adoptadas por Alfonsín, Sarney y Alan García, países que hoy tratan de imitarnos en materias económicas. Estoy convencida de que el pragmatismo y la ponderación mostradas por el actual equipo económico, los cuales celebro, se deben en gran parte a los éxitos logrados por nuestra economía en los últimos años. Pero decía que Renovación Nacional aprobó una reforma tributaria. En parte, fue con el objeto de preocuparnos de los deudores hipotecarios. Conocemos el drama de las personas que han sufrido el remate de sus casas; de otros que están morosos, muchos de ellos con juicios pendientes, y, también, de aquellos que, con enormes esfuerzos, pagan mensualmente sus compromisos. Este proyecto de ley no nos gusta, puesto que sólo beneficia a los que están notificados de remate. No beneficia a los morosos ni, mucho menos aún, a los que han cumplido. Creo que pueden y deben hacerse más esfuerzos por ayudar a los deudores. Esto lo digo con responsabilidad, porque en la próxima semana veremos un proyecto de ley, en esta Cámara, que modifica diversos cuerpos legales, relativos a la Administración del Estado, cuyo costo asciende, señor Presidente, a 3.300 millones de pesos. Esa suma debiera destinarse a resolver los problemas de las personas y no a la Administración del Estado. La reforma tributaria no se aprobó con ese fin. A pesar de que este proyecto, a nuestro juicio, es incompleto, lo apoyaremos, puesto que no queremos ver más personas expulsadas de su hogares, por no haber podido pagar sus dividendos. Colaboraremos, en el futuro, en buscar soluciones para aquéllos a quienes esta ley no beneficia y de cuyos problemas Renovación Nacional está consciente. Nos opondremos a las medidas que, a nuestro juicio, resten dineros fiscales de la solución de los problemas que son realmente importantes, que son aquéllos que afectan directamente a las personas. Finalmente, señor Presidente, quiero recordar que la forma más sana de ayudar a los deudores es preocupándonos de los ingresos de las personas, y también de las empresas, como, asimismo, de la inflación. Si ésta aumenta y las remuneraciones no lo hacen, tendremos, en el futuro, muchas más personas con problemas de deudas, y estaremos, en esta Honorable Cámara, permanentemente discutiendo leyes como la que debatimos hoy. Por esto, tanto Renovación Nacional como la Unión Demócrata Independiente, insisten reiteradamente en el desarrollo económico, dado que todas estas medidas que discutimos hoy, loables y costosas, finalmente no son más que un parche, si el país no crece. Muchas gracias. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, después de una larga sesión y a esta altura del debate, son muy pocos los nuevos argumentos que se pueden esgrimir para defender el proyecto de ley que nos ocupa esta noche. Sin embargo, y por el tenor de las diversas intervenciones que se han sucedido, creo que, en el seno de esta Cámara, hay consenso en tres o cuatro ideas fundamentales. En primer lugar, todos estamos muy conscientes de que el problema de los deudores habitacionales en Chile es una de las situaciones más críticas y más graves que aquejan a nuestro país, por cuanto, como ya se ha dicho, por el número de personas y de familias que están involucradas, por el monto y por las cifras que están en riesgo, no solamente estamos jugando con valores económicos, sino también con los sentimientos, con las angustias y con las desesperanzas de muchos de nuestros conciudadanos. Por eso, el programa de Gobierno de la Concertación señaló, en su oportunidad, que una de sus preocupaciones fundamentales sería solucionar esta situación bastante crítica. Sin embargo, resulta evidente que la crisis del sistema habitacional chileno o, dicho de otro modo, la situación en que se encuentran los deudores habitacionales en Chile, es producto del sistema injusto y mal planteado que se desarrolló en los últimos 15 años. En materia de vivienda se aplicaron criterios economicistas que se apartaron de los principios de justicia redistributiva, tan tradicionales en nuestra Patria, y que permitieron, en el pasado, que la clase media y sectores sociales más bajos pudiesen acceder a la casa propia, aspiración de toda persona y de toda familia. Señor Presidente, hace veinte o treinta años, un profesor, un empleado público, un empleado particular, podía aspirar a una vivienda decente, por cuanto los sistemas creados por el Estado, existentes en nuestra sociedad, le permitían el logro de ese objetivo. Hoy, con el sistema impuesto, hemos llegado a una situación crítica en la que muchas familias que soñaron con la casa propia están expuestas a que sus esperanzas se vean traducidas en un remate judicial, con todo lo que ello implica. El proyecto que nos preocupa en esta oportunidad obviamente, no constituye una solución total del problema de los deudores habitacionales. Sabemos se han dado cifras en esta noche, que hay 200 o 300 mil familias involucradas y que la iniciativa sólo soluciona la situación de 22 mil quinientas familias. Sin embargo, este es un paso pequeño, limitado, que beneficiará a uno de los sectores más apremiados, como es el de los ejecutados. Por otra parte, el proyecto del Ejecutivo hay que vincularlo con otras medidas tomadas por el Gobierno, que favorecen o tienden a solucionar el problema habitacional, como es el caso de los beneficiados del SERVIU, que son más de 300 mil, y otros proyectos que el Gobierno está estudiando y que confiamos esta Cámara próximamente conocerá. Señor Presidente, creemos que el Gobierno irá proponiendo, en el transcurso de los próximos meses, otras medidas que apunten a la solución global del problema de los deudores hipotecarios. Sabemos que éste es un proceso progresivo; que los recursos que requiere la solución global son cuantiosos, y que, a la inversa, las disponibilidades con que cuenta el Estado, son limitadas. Sabemos también que el Gobierno no puede gastar más de lo que tiene, y tenemos la certeza de que no entrará en una aventura inflacionaria que, naturalmente, a la larga, nos acarreará perniciosas consecuencias. Señor Presidente, confiamos en la sensatez y en la prudencia que ha evidenciado el señor Ministro de Hacienda al manejar este tema. Creemos que está demostrando la voluntad política del Gobierno del señor Patricio Aylwin de solucionar la grave crisis heredada, de la cual, como decía en un comienzo, no somos responsables, pues no la creamos. Sin embargo, tenemos la voluntad política y el compromiso histórico de superarla. Por último, señor Presidente, no puedo terminar estas palabras sin referirme a la actitud demagógica con que algunos sectores de la Derecha enfrentan o analizan este problema. Ellos, en el fondo, son responsables de esta crisis en materia habitacional. Ellos fueron los que crearon y aplaudieron, en su época, el sistema que nos llevó a esta crisis. Sin embargo, hoy exigen soluciones totales y reclaman que no se ha solucionado integralmente. Tal actitud me recuerda el comportamiento del incendiario, quien, después de provocar el incendio, reclama por la tardanza o por la falta de elementos de los bomberos. Políticamente, hay que decirlo, pues nosotros no lo aceptaremos. Por eso, los Diputados radicales votaremos favorablemente el proyecto presentado por el Gobierno. He dicho. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Un Comité ha solicitado la clausura del debate. Si le parece a la Sala, se aprobará la clausura del debate. Aprobada. El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).- Pido la palabra. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.  El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, al escuchar el debate he observado que se revivieron los dilemas que enfrentamos quienes tuvimos que proponer este proyecto de ley al Parlamento. Tal vez, una de las situaciones más complejas en un caso como este, radica en saber que se está frente a un problema extremadamente grave y en tener la convicción de enfrentar un caso muy claro de injusticia., Se escucha con mucho respeto a las personas que, con una persistencia ejemplar, como son los dirigentes de la FEDHACH que están en la Sala, durante meses y meses nos han, por así decirlo, "forzado" en el buen sentido de la palabra a encarar un problema que a la gente común del país le importa muchísimo. Lo complejo de la situación, al analizar la materia, radica en que uno sabe que la totalidad del problema dentro del horizonte de los recursos limitados de que el Gobierno dispone no tiene una solución que pueda incorporar el principio elemental, que cualquier Gobierno quisiera aplicar, de que "la ley pareja no es dura" y que, cuando se adopte una solución se dé respuesta a todos los que están involucrados en este problema. También es cierto lo señalado en la Sala, en cuanto a que la intensidad con que se ha debatido el problema durante muchos meses seguramente se seguirá discutiendo y, la intensidad con que se ha debatido en esta Cámara, tiene que ver también con el hecho de que durante muchos años, como alguien dijo aquí, no había a quién reclamarle. No había una Sala como ésta, donde la gente pudiera congregarse y decir las cosas que se han expresado en este Hemiciclo. El dilema que se nos planteaba se le produce a cualquier persona que esté en un Gobierno democrático, después de un largo período donde las cosas no se discutían y donde no había a quién reclamar consistía en saber cómo asumir esos problemas acumulados y cuánto es posible asumir de cada uno de ellos, sin que en la solución esté involucrada la destrucción de otros elementos del precario equilibrio que el país tiene cuando inicia un proceso. El asunto reside en funcionar dándoles un espacio a todos, buscando una solución lo más armónica posible para todos y con un respeto muy profundo para cada uno de los sectores. ¿Cómo y cuánto asumir de esas situaciones pasadas? Hoy día, tal vez por coincidencia, me correspondió iniciar la jornada en una conferencia de prensa, junto con el señor Ministro de Transportes y otros Secretarios de Estado del Gobierno, para explicar por qué no podíamos resolver, integralmente, con la velocidad que el país y los pulmones de los santiaguinos y de los habitantes de las principales ciudades del país requieren, el problema de la locomoción colectiva, de la contaminación ambiental, del deterioro y la congestión vehicular, del ruido en las poblaciones urbanas, del tiempo inútil que se gasta en llegar al lugar de trabajo, del deterioro diario de la calidad de vida de cada chileno pobre, clase media o rico. ¿Por qué? Porque hay alguna situación pasada que se refiere a un sistema que funcionaba mal como tal; un sistema en el cual, en materia de transporte colectivo, en forma mecanicista, simplista, se dijo: "El mercado, funcionando libremente, en libre competencia entre quienes deseen participar en esta actividad, va a dar respuesta al problema de cómo los chilenos van y vuelven de su trabajo". Hemos constatado y observado después de un largo período, en el cual no había un lugar como éste para manifestar nuestro pensamiento lo absurdo de que una ciudad como Santiago tenga 12 mil buses para su población. Esto iba aumentando, aumentando, aumentando, y no había un lugar, ni a quién reclamarle. Entonces, hoy día teníamos que explicar por qué es muy fácil que el mercado libre se convierta en la ley de la selva por un problema como el de la locomoción colectiva. Si hay una situación típica que requiera la regulación del Estado para cautelar el interés común y la calidad de vida de los ciudadanos, es el derecho de una persona a meter o no buses en calles estrechas, con motores antiguos y combustibles contaminados. Falla del mercado. Por un ideologismo del pasado se dijo: "Esto lo arregla el libre mercado", y se deterioró la vida de todos los chilenos. Entonces, desde el Gobierno uno quisiera decir: "Esto lo resolvemos no retirando 1.500 o 2.000 buses en uno o dos años, sino 6.000 buses", y arreglamos el problema. ¿Cómo y cuánto se puede asumir un problema heredado, acumulado durante un período largo de tiempo? ¿Cuánto se le puede exigir a un Gobierno para resolver esos problemas? Creo que el asunto que tenemos hoy entre manos tiene algunas características similares al ejemplo recién dado. De nuevo hubo acá un sistema que no funcionó adecuadamente; un sistema financiero que se desreguló en forma ingenua, pues el Estado no cumplió su papel de indicar lo que era posible en materia de endeudamiento para cada uno de los chilenos o de los agentes económicos. El país hizo muy mal las cosas cuando trató de determinar el uso que daría a los recursos financieros disponibles. Se vivió en una especie de espejismo colectivo que produjo lo que todos sabemos. Aquí se ha hablado largamente del problema de los deudores hipotecarios; pero no se ha contado la historia igualmente dramática de los cientos o miles de profesionales que fracasaron por este espejismo de recursos financieros que los bancos ofrecían en condiciones que parecían extremadamente ventajosas. ¿Y las decenas, centenas y miles de empresas que desaparecieron por este mismo fenómeno? Los problemas que hoy día heredamos y que afectan a los agricultores, a los transportistas; la situación de la CORFO, que tiene un déficit enorme, porque, a su vez, había empresas que después se privatizaron, cuyas deudas las debió asumir este Estado antes incapaz de regular cuando tenía que hacerlo, para impedir este problema; o el problema de Ferrocarriles, una empresa que funciona a lo largo de todo el país, y que durante 17 años, literalmente, se la dejó agonizar. ¿Cómo y cuánto de todo esto podemos hacer hoy día? ¿Cómo y cuánto de todo esto puede resolver un Gobierno en cinco o seis meses de gestión? Creo que ésta es la pregunta de fondo y que hay que hacérsela con mucha seriedad y responsabilidad. Criando abordamos el problema de los deudores hipotecarios, sabíamos que no íbamos a tener una solución coherente, global y definitiva para este sector, por la simple razón de que la acumulación era de tal envergadura y magnitud, que tomar la opción de resolver este problema integralmente significaba dejar de lado otros problemas que, a nuestro juicio, eran por lo menos tan graves, urgentes y dramáticos como el de los deudores habitacionales. Por lo tanto, era necesario discriminar cuando se discrimina y se opta, siempre conlleva algún grado de arbitrariedad en lo que se hace, para determinar grados de urgencia de las situaciones. Es decir, se trataba de optar entre varias soluciones, y sabíamos que cada una de ellas iba a ser insatisfactoria. Se optó, a lo mejor erróneamente, por un criterio bastante simple y hasta primario, en el sentido de que nada peor le puede suceder a una familia que un funcionario llegue a decirles: "Esta casa, donde usted vive, ya no es más suya. Y usted se va de aquí con su familia". A mi juicio, en un país donde la gente vive una inestabilidad crónica, como ha ocurrido en Chile durante buena parte de su historia, sumada a la inseguridad personal y familiar que se tiene con una economía a la vez inestable, la vivienda se convierte en un elemento demasiado fundamental, no sólo como lugar de arraigo, sino como elemento de seguridad, yo diría casi sicológica. Entonces, optamos por una solución insatisfactoria, imperfecta y limitada, con el fin de lograr, por lo menos, que a aquellas familias a las cuales las van a echar, para luego rematarles sus casas, no se las quiten y, en segundo lugar, arreglar el problema judicial involucrado, para que esas familias puedan normalizar su situación. Mucho se ha dicho hoy día en esta Sala acerca de la injusticia implícita que significa lo que no se hace o lo que se deja de hacer respecto de otras personas. Acepto plenamente el argumento. ¿Por qué premiar a la persona morosa hasta tal grado que hubo que demandarla, frente al que, a veces, sacrificó muchas cosas en el presupuesto familiar para mantenerse al día en los pagos de sus dividendos? Les confieso que éste es un dilema moral que yo no soy capaz de resolver, por lo cual, lo único que siento es una sensación de humildad frente al problema. Hemos hecho una opción. Reconozco que a lo mejor estamos equivocados; pero, por lo menos, quería explicarles el criterio que se siguió, que es de urgencia, premura y precariedad, en cuanto a aquellas familias a las cuales se les va a quitar una vivienda. Se hizo en esta Sala una observación muy justificada, en el sentido de que aquí se echaba de menos una política o un enfoque global. Lo dijo al comienzo del debate el Diputado señor Montes. Eso es cierto y no es cierto, porque el 4 de junio de este año el Presidente de la República hizo un planteamiento, intentando asumir, en el grado en que responsablemente nos parecía posible, el grave y acumulado problema de la deuda en Chile. El Presidente anunció una solución, y perdónenme que la recuerde aquí: 320 mil deudores del SERVTU, 120 mil deudores de impuestos fiscales, 430 mil deudores de contribuciones de bienes raíces, 80 mil de créditos fiscales; 60 mil deudores residenciales de agua con empresas estatales o municipales; casi 70 mil deudores de cuentas de luz gente a la cual se les corta el suministro de energía eléctrica en sus casas, y 22 mil deudores de créditos para la vivienda del sector bancario, ex ANAP y cajas de previsión. Algunos podrán decirme que esto todavía es poco, parcial e insuficiente. Y podrán agregar: "Queremos más, necesitamos más, exigimos más". Me parece legítimo plantearlo. Pero ustedes tienen que aceptar que por lo menos es igualmente legítimo, razonable y responsable lo que expresamos quienes estamos en otra función, en otra tarea, y debemos cautelar que el conjunto de la economía del país marche adecuadamente: no se puede hacer todo; sólo es posible avanzar gradualmente. Lo único que tenemos a favor de nuestra credibilidad es que esto no lo estamos manifestando ahora, como una manera de desligarnos de una situación difícil. Lo dijimos en la campaña; siempre lo señalamos, en todas partes: "No vamos a resolver globalmente todos los problemas, sino, modestamente, lo más que podamos, a nuestro mejor saber y entender, con un cierto criterio de equidad y con buena fe". En esta solución, hemos considerado los casos más urgentes, aquéllos donde hay juicios y remates. No voy a entrar en lo que el Diputado informante ya nos explicó respecto del contenido del proyecto, pero, junto con destacar los límites de la solución, quisiera poner de relieve algunos de sus méritos, como el que se haya introducido el concepto del esfuerzo compartido. No hay nada más fácil que achacar y lanzar a la cabeza de alguien el problema de los demás para que lo arregle. Es bueno recordar lo dicho por un señor Diputado, en beneficio de los dirigentes de la FEDHACH, porque ellos también pudieron haber recurrido a la demagogia fácil y plantear: "Queremos que se resuelva todo y que se perdone todo". Y no lo han hecho. También es importante destacar esta actitud. A pesar de todas las imperfecciones del sistema bancario y de los errores que cometieron en su oportunidad las personas que dirigen esas entidades, estimo legítimo y honesto subrayar aquí que esos representantes han estado dispuestos, en negociaciones con el señor Superintendente de Bancos, a buscar una solución cuyo costo es compartido. Y esto no es gratis para ellos, ni para el Gobierno ni tampoco, para los deudores. Aquí hay un enfoque de estos problemas acumulados que es muy importante desarrollar. De otra manera, el país y el Congreso se irán convirtiendo gradualmente en un conjunto de voces, cada vez más estridentes, que se harán eco de insatisfacciones y de demandas, exigiendo a otros que las resuelvan, en circunstancias de que todos sabemos que, en el fondo, estos problemas debemos compartirlos entre todos, tratar de avanzar un poco, resolver algo, y cada uno asumir su costo y su responsabilidad. Y los costos no son triviales, menores. Tal vez sea muy injusto que esos 22 mil deudores se lleven 37 millones de dólares en esta solución, por parte del Gobierno, y 55 millones de dólares por parte de los bancos. Claro que es injusto, pero, mirado desde otro punto de vista, lo que se hace es simplemente dramatizar la envergadura, magnitud e intensidad del problema acumulado en el país. En este plano, como en muchos otros de la vida cotidiana, nosotros podríamos decir: "Hagamos el ejercicio de extender esta solución a todos los deudores, antes del año 1984. Costo para el Fisco: 82 millones de dólares; costo adicional para los bancos: 76 millones de dólares. Costo total: 50 mil millones de pesos, equivalente a la suma del esfuerzo máximo que este país pudo hacer durante un año, después de una reforma 'tributaria, que todos ustedes apoyaron, o casi todos, en educación, en salud, en vivienda y en arreglar la desesperada condición de vida de los trabajadores del vapuleado sector público, en lo que se refiere a la gente que trabaja en los hospitales, en las postas y consultorios de salud, y a otra gente que se encuentra en condiciones menoscabadas como servidores públicos. Esos son los límites de lo que estamos haciendo. Plantear esto no es más que reconocer las cosas como son, lo cual para nada disminuye la gravedad ni la importancia del problema. En el mismo ánimo de decir las cosas con toda franqueza, pienso que los parlamentarios han entregado un aporte importante a quienes hemos estado tratando de mejorar lo propuesto, al puntualizar, correctamente, a mi juicio, que los deudores que quedaron fuera de la solución se hallan muy concentrados en algunas instituciones bancarias, las cuales pueden efectuar una contribución mayor a la que han realizado hasta ahora para resolver este problema. Al señalar con el dedo esta situación, han involucrado, al mismo tiempo, a aquel sector de deudores aquí mencionado: ex ANAP y cajas de previsión, sector que es muy importante en la clase media chilena. Considero que esa contribución ha sido muy significativa. Además, aquí se han indicado los pasos que ha dado el Banco del Desarrollo, con todas las limitaciones que tiene. También se ha señalado, en forma correcta, que el Banco del Estado seguramente puede hacer más, porque hasta ahora la verdad sea dicha no ha hecho demasiado. Nosotros hemos conversado con sus ejecutivos máximos. Hoy día, en la mañana, el Superintendente se reunió con ellos, y al respecto, responsablemente puedo afirmar en la Cámara de Diputados que existe la mejor disposición por parte de ese banco para estudiar la situación de los deudores no incluidos en el proyecto y que tienen deudas contraídas con anterioridad a diciembre de 1983, en especial en los casos de la ex ANAP El Banco del Estado está considerando renegociar la deuda vigente, teniendo como variables las cosas que se han dicho acá: el valor comercial de la propiedad, la tasa de interés vigente al momento de la renegociación; la extensión del plazo de pago, según la capacidad del deudor, las posibles rebajas ligadas a prepagos que pudieran pactarse con el deudor y, desde luego, los mismos límites establecidos en el proyecto en discusión en la Cámara, en cuanto al monto de la deuda o al valor de la vivienda. Asimismo, puedo manifestar que el Gobierno se esforzará para que no sólo estos dos bancos, sino que el conjunto de las instituciones financieras involucradas en este problema, otorguen un trato especial a la situación de los deudores, y busquen activamente una solución que vaya más allá de lo que hasta ahora ese sistema financiero ha ofrecido. Debo recordar, además, que el Gobierno ha adoptado algunas medidas tendientes a que en el futuro no se repita esta situación. El Banco Central ha publicado una disposición que obliga a los bancos a hacer préstamos por montos en que el dividendo resultante de su servicio no supere el 25 por ciento del ingreso de las personas. También se ha dado una señal de flexibilidad al acoger una indicación formulada por muchos señores Diputados, en el sentido de que se extienda el plazo tope de las demandas judiciales respectivas, lo cual permitirá incorporar a más gente a la solución que se está proponiendo a través de este proyecto. Termino diciendo que, tal vez, no hay ejemplos más claros donde sean evidentes los límites de lo que se puede hacer para resolver un problema tan grave como éste. Y, mirando constructivamente hacia adelante se planteó aquí por algún parlamentario, hay que pensar en diseñar un sistema de financiamiento de la vivienda que, de una vez por todas, funcione estable, adecuada y permanentemente. Porque este problema presenta muchos ángulos y creo que este país tiene la obligación de ampliar el acceso a la vivienda y de fortalecer la confiabilidad del sistema de su financiamiento, y ello, principalmente, lo digo como reflexión final, porque, querámoslo o no, en definitiva, este es un país relativamente pobre algunos dirían que bastante pobre, pero con una ventana abierta al resto del mundo, muy abierta; un país en que el mundo moderno ha irrumpido con enorme fuerza e intensidad, a través de la retina de la gente, proyectado por ese televisor que está encendido horas y horas en las viviendas más modestas de Chile. Entonces, eso le crea a la gente una tensión interior muy fuerte, al confrontar la pobreza en que vive y la modernidad que sueña. Yo me atrevo a postular que en un país que vive ese tipo de problemas, la temática de la vivienda tiene que ocupar no ahora, no en este momento que nos obliga a que las energías se concentren a ver cómo resolvemos el problema de la deuda de la vivienda, un lugar central, entre todas las preocupaciones del país; porque la vivienda, en definitiva, en un país con esta tensión interior, apela a la necesidad más profunda de la estabilidad, de la seguridad de las personas y de las familias. Y eso es lo que explica lo desesperado de las actitudes, cuando esto no se resuelve: la gente que se toma los terrenos; y eso explica la persistencia y la paciencia, la intensidad y la pasión, que cada uno de ustedes ha puesto en la tarea de tratar de responder mejor, más a fondo, con una mayor exigencia, a lo que cada chileno está esperando que hagamos que es al límite de nuestras fuerzas: ayudar a que se construyan más casas, a que se mejoren las existentes, a que los que tienen una deuda muy grande acumulada, puedan sentir que esa deuda es pagable en el tiempo. Pido, señor Presidente, después de este debate, y considerando la urgencia del problema, que la Sala apruebe, en general y en particular, el proyecto, ojalá esta misma noche. Muchas gracias. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Gracias, señor Ministro. Señores Diputados, como está clausurado el debate, antes de proceder a la votación en general del proyecto, solicito de la Sala dos autorizaciones que son necesarias, pero referentes a otras materias. La primera dice relación con la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, en el sentido de que pueda suspender sus sesiones ordinarias de mañana jueves 23 y del martes 28 de agosto, reemplazándolas por la del día miércoles 29, del mismo mes. La segunda, es la autorización que se solicita... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LATORRE.- Señor Presidente... El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay debate, señor Diputado. Aquí o se acepta o se rechaza la idea. El señor LATORRE.- Perdón, señor Presidente,... El señor DUPRE (Vicepresidente).- No hay debate, señor Diputado, sobre esta materia. Se está solicitando que la Comisión de Régimen Interno... El señor LATORRE.- Perdón, señor Presidente, deseo hacerle una consulta. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Conforme, señor Diputado. El señor LATORRE.- ¿Tendría la Mesa algún argumento o alguna razón que ofrecer a la Sala para la petición que está haciendo? El señor DUPRE (Vicepresidente).- Por la naturaleza y entidad de las materias en tabla de la Comisión de Régimen Interno, se propone dejar sin efecto la sesión de mañana y postergar para el miércoles 29 la del próximo martes. Es todo lo que se plantea. El señor LATORRE.- Lo primero lo entiendo señor Presidente, pero lo segundo no. Tiene que haber alguna razón, porque lo habitual es que la reunión se efectúe el día martes. Si Ud. la posterga para el miércoles, eso inevitablemente complica mucho a sus integrantes, que forman parte de otras Comisiones. El señor DUPRE (Vicepresidente).- Señor Diputado; no hay debate. Como se requiere la unanimidad, tengo entendido que usted no da el acuerdo. Entonces, no hay acuerdo sobre ese particular. No hay acuerdo. "
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