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- rdf:value = " El señor ELGUETA .-
Señor Presidente, uno de los problemas que se plantea el hombre contemporáneo es el real e íntegro sometimiento a las normas jurídicas. La víctima de la injusticia siempre se rebela contra ella por un natural sentido de defensa, y reclama sus legítimos derechos. El conflicto se produce cuando los órganos del Estado, o éste, asumen la tentación de violar los derechos humanos.
El Gobierno actual, producto del ejercicio de la soberanía popular, adviene democráticamente el 11 de marzo de 1990. Al reinsertarse en la comunidad internacional, decide someterse a normas claras de jurisdicción americana sobre derechos humanos, por la simple razón de que no teme violarlos jamás.
Este es el primer gesto de valor del actual Gobierno.
El tratado internacional que estamos analizando es una norma que tiene rango constitucional, de acuerdo con el artículo 5 de nuestra Constitución Política.
A mi juicio, el Diputado Andrés Chadwick se equivoca al analizar esta disposición, porque el mismo artículo fluye que la soberanía reside esencialmente en la Nación. La soberanía no es un principio legal, sino que es un principio de rango constitucional. Indudablemente, ese principio de la soberanía, que tiene rango constitucional, no puede ser limitado sino por otro principio de igual valor, de igual rango y de igual nivel. Por eso, se comete un error jurídico de interpretación al disminuir el valor de los tratados internacionales, sobre todo los que se refieren a los derechos humanos.
En la actualidad, la decisión del Presidente de la República de incorporar a nuestro país al régimen convencional sobre derechos humanos es concordante con el inciso segundo del artículo 5o del texto fundamental, que dispone, por una parte, que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y, por otra, obliga a los órganos del Estado a respetar y a promover tales derechos garantizados por la Constitución Política del Estado, así como por los tratados internacionales vigentes, ratificados por Chile.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica", fue suscrita por Chile en 1969. No obstante ello, ahora se convierte en ley aprobada por nuestro país.
La promoción y la defensa de los derechos humanos es una preocupación primordial del Gobierno que encabeza don Patricio Aylwin , ya que ello no es sino una consecuencia del programa aprobado el 14 de diciembre de 1989 y de la firme decisión de someterse a las normas que garantizan la preocupación esencial por los valores del hombre.
- Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Ruego a los señores Diputados mantener silencio. Hay parlamentarios que no están escuchando adecuadamente. Ruego, en consecuencia, respetar al parlamentario que está haciendo uso de la palabra.
El señor ELGUETA .-
Gracias, señor Presidente.
Su Santidad Juan Pablo Segundo nos dijo en su visita a Chile, que el ser humano es único e irrepetible. No hubo otro igual antes en la historia, ni lo habrá después. Es el templo de Dios, y quien lo destruye, lo lesiona o no lo respeta, simplemente, está alzándose en contra del Ser Superior, dueño de nuestro destino y nuestra vida.
Un texto que es, en la historia, la consecuencia de la Carta Magna, el Bill de Derecho, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, las constituciones políticas americanas, la Declaración Universal sobre Derechos del Hombre, tiene un articulado completo que nos propone un verdadero catálogo de reglas sobre el respeto del hombre, a su vida, a su libertad, a su integridad física y a sus más caros derechos.
Chile no había ratificado este documento, vigente internacionalmente, desde 1978. Nuestra larga tradición democrática justifica plenamente esta ley, porque lo incorpora definitivamente a las naciones respetuosas de los derechos humanos. Por ello, cuando han pasado más de 20 años de la suscripción del documento, parece increíble que pasaran dos Gobiernos democráticos y no lo hubieran ratificado, lo que creó un vacío dramático durante el Gobierno militar. Si tales preceptos hubieran estado vigentes, nos habríamos evitado muchos dolores y tragedias.
Saludamos, con firmeza y esperanza, la ratificación de este pacto, que siempre será el marco ético y jurídico, con garantía internacional, para que los hombres de nuestro continente, y Chile, puedan vivir en paz y tranquilidad, sin temor a los desbordes crueles de toda violencia.
La Democracia Cristiana brinda todo su apoyo a este proyecto de acuerdo.
Muchas gracias.
"
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