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Tiene la palabra el Diputado señor Tohá .
El señor TOHA.-
Señor Presidente, Honorable Cámara, el grado de desarrollo de una sociedad puede ser medida por su capacidad para atender las necesidades de los ciudadanos que la componen. El abandono de esta responsabilidad adquiere una clara connotación moral y ética si afecta a sectores como el de los minusválidos. Las palabras de Su Santidad, Juan Pablo Segundo , se refieren a ellos cuando dice: "La calidad de una cadena se mide por su eslabón más débil. El grado del desarrollo de un pueblo se mide por la forma en que se trata a sus lisiados, que son sus ciudadanos más débiles." A su vez, los principios de la Declaración Internacional de los Derechos de los Impedidos, que en 1978 proclamara la Asamblea General de las Naciones Unidas, insta a sus Estados miembros a contemplar la necesidad de dictar leyes en favor de los impedidos.
Los minusválidos, en un gran porcentaje, son personas que, teniendo limitaciones, conservan aptitudes que les permiten desarrollar diferentes actividades útiles para la sociedad, aunque el campo de las posibilidades laborales sea más estrecho para ellos. A pesar de que, teóricamente, esto es ampliamente aceptado, es una realidad el que las personas impedidas tienen más dificultades para encontrar trabajo por su condición de tales, aunque esté demostrado que pueden desempeñarse a entera satisfacción, en cuanto a calidad y rendimiento, en muchas ocupaciones. Por lo demás, si así no fuera, caeríamos en la reprobable actitud de apreciar a las personas solamente por su rentabilidad, dentro de un criterio exclusivamente utilitario. Incluso, aceptando este frío criterio, podemos concluir que es menos económico mantener a miles de chilenos como elementos pasivos o pensionados, cuando podrían prestar valiosos servicios, en trabajos de acuerdo a sus condiciones y posibilidades.
Demostrando su decisión de luchar por su causa y ganarse un lugar para contribuir al desarrollo y al engrandecimiento del país, los impedidos han logrado concretar grados de organización para hacer conciencia respecto de sus derechos y de su dignidad humana; para reafirmar que tienen iguales derechos políticos y civiles que las demás personas, y se dé satisfacción a sus necesidades más especiales y particulares en el ordenamiento social y económico; para que se adopten las medidas que les posibiliten mayor autonomía dentro de sus limitaciones y tener derecho a un empleo digno y útil, cuya remuneración les permita una vida más plena para ellos y su familia, con la tranquilidad de tener acceso, además, a la seguridad social.
Reafirman los impedidos su derecho a que no se les dé un trato discriminatorio que pueda ser degradante y atentar contra su dignidad.
Las agrupaciones que han representado a los minusválidos, con escasos aportes, han realizado campañas de nivel nacional, con el objeto de hacer conciencia sobre la justicia de sus planteamientos. Logran algunas contrataciones en las fuentes de trabajo. Han creado pequeños talleres de capacitación y desarrollado otras medidas tendientes a paliar la falta de una política general destinada a la solución global de sus problemas, que se traducen en enormes obstáculos y dificultades para mejorar su nivel de vida, desarrollarse como personas y acceder a los cauces de participación en el proceso de desarrollo económico y social del país.
En los momentos en que nos comprometemos con el desarrollo y con la consolidación de nuestra democracia, se abren amplias oportunidades para forjar una sociedad más justa, humana y solidaria, en la cual no pueda tener cabida la indiferencia ante situaciones que signifiquen, como en el caso de los minusválidos, el trato discriminatorio, forma de explotación o marginación, que atentan contra su dignidad como personas.
Muchas gracias, señor Presidente.
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