REPÚBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS 319a LEGISLATURA (Extraordinaria) Sesión 21a, en miércoles 16 de mayo de 1990. (Especial, de 16.00 a 19.28 horas) Presidencia de los señores Viera-Gallo Quesney, don José Antonio; Dupré Silva, don Carlos, y Coloma Correa, don Juan Antonio. Secretario, el señor Valdés Zeballos, don Ricardo. Prosecretario, el señor Rogat Engel, don Patricio. ÍNDICE GENERAL DE LA SESION I.- SUMARIO DEL DEBATE II.- ASISTENCIA III.- TEXTO DEL DEBATE IV-SUMARIO DE DOCUMENTOS V-DOCUMENTOS DE LA CUENTA I.- SUMARIO DEL DEBATE. 1.- Presencia de delegación parlamentaria de Venezuela en las tribunas FACIL DESPACHO. 2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el sistema simplificado de reintegro a exportaciones no tradicionales, establecido en la ley N° 18.480 3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.893, sobre Organizaciones Comunitarias 4.- Autorización para que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sesione simultáneamente con la Sala 5.- Reducción del quórum de la Comisión Especial que investiga la pobreza en Chile 6.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.893, sobre Organizaciones Comunitarias 7.- Agradecimiento por apoyo a proyecto de ley que modifica el sistema simplificado de reintegro a exportaciones no tradicionales 8.- Proyecto de ley que introduce enmiendas a la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza. Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación HORA DE INCIDENTES 9.- Asignación de tierras efectuada por el régimen pasado 10.- Autorización a la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización para sesionar en forma simultánea con la Sala 11.- Importancia de la restauración del Estado de Derecho en Chile 12.- Defensa del Intendente de la Quinta Región frente a críticas formuladas en su contra por parlamentarios opositores 13.- Posición del Partido Democratacristiano en el momento político actual. Réplica a observaciones del Diputado señor Federico Mekis Martínez. 14.- Derogación de normas legales que autorizan aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado. Oficio 15.- Réplica a observaciones formuladas en esta sesión por el Diputado señor Eugenio Ortega Riquelme 16.- Preocupación por falta de iniciativas legales sobre materias urgentes para el país, especialmente para las Regiones, durante la Legislatura Extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional 17.- Falsas expectativas de los chilenos, en cuanto a la solución de sus problemas, ante el advenimiento de la democracia 18.- Déficit en el pago de subvenciones a establecimientos educacionales rurales. Oficio 19.- Aclaración sobre el uso del tiempo cedido por los diferentes Comités 20.- Déficit en el pago de subvenciones a establecimientos educacionales rurales 21.- Creación del Servicio Nacional de la mujer (SERNAM) 22.- Gestión en obras públicas del Gobierno anterior 23.- Mensaje de solidaridad y aliento de la Corporación a las autoridades y damnificados de la ciudad de Punta Arenas, con motivo de las inundaciones que sufrió esa ciudad. Envío de oficio 24.- Creación del Instituto Nacional de la Juventud 25.- Necesidades del Hospital de Molina. Oficio 26.- Destinación de recursos adicionales para programas ocupacionales que permitan paliar la cesantía producida por efectos estacionales. Proyecto de acuerdo 27.- Consideraciones sobre la educación superior privada, con ocasión del despacho del proyecto que modifica la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza PROYECTOS DE ACUERDO. 28.- Rebaja del pasaje de locomoción para los estudiantes de la educación superior. Oficio 29.- Reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, como contribución a la paz en el Medio Oriente 30.- Creación de una comisión interministerial de desarrollo rural 31.- Pérdida de invitaciones para el próximo Congreso Pleno 32.- Falta de designación de los Diputados que integrarán la Comisión de Recepción del Presidente de la República en el próximo Congreso Pleno II- ASISTENCIA --Acuña Cisternas, Mario Alberto --Aguiló Meló, Sergio Patricio --Álamos Vásquez, Hugo --Alessandri Balmaceda, Gustavo --Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro P --Arancibia Calderón, Armando --Araya, Nicanor de la Cruz --Aylwin Azocar, Andrés --Bartolucci Johnston, Mario Francisco --Bayo Veloso, Francisco Leandro --Bombal Otaegui, Carlos Ramón --Caminondo Sáez, Carlos --Campos Quiroga, Jaime Alfonso --Cantero Ojeda, Carlos Raúl --Caraball Martínez, Eliana María --Cardemil Alfaro, Gustavo Eleodoro --Carrasco Muñoz, Baldemar --Cerda García, Eduardo Antonio --Coloma Correa, Juan Antonio --Concha Urbina, Juan --Correa De la Cerda, Sergio Andrés --Cristi Marfil, María Angélica --Chadwick Piñera, Andrés Pío --Devaud Ojeda, Mario Enrique --Dupré Silva, Carlos Emilio --Elgueta Barrientos, Sergio Benedicto --Elizalde Hevia, Ramón Julio --Escalona Medina, Camilo Enrique --Espina Otero, Alberto Miguel --Estévez Valencia, Jaime Luis --Fantuzzi Hernández, Miguel Angel --Gajardo Chacón, Rubén --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José Gilberto --Guzmán Alvarez, José Pedro --Hamuy Berr, Mario --Horvath Kiss, Antonio Carlos --Huenchumilla Jaramillo, Francisco S. --Huepe García, Claudio Humberto --Hurtado Ruiz-Tagle, Gerardo José María --Jara Catalán, Sergio Raúl --Jara Wolff, Octavio Selín --Jeame Barrueto, Víctor --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leay Morán, Cristian Antonio --Leblanc Valenzuela, Luis Enrique --Letelier Morel, Juan Pablo --Longton Guerrero, Arturo Luis --Longueira Montes, Juan Pablo --Martínez Ocamica, Gutenberg A. --Martínez Sepúlveda, Juan Leonel --Masferrer Pellizzari, Juan Alfonso --Matta Aragay, Manuel José --Mekis Martínez, Federico Andrés --Melero Abaroa, Patricio --Molina Valdivieso, Jorge Guillermo --Montes Cisternas, Carlos Eduardo --Morales Adriasola, Jorge Carlos --Munizaga Rodríguez, Eugenio F. --Muñoz Barra, Roberto --Muñoz Dalbora, Adriana Blanca --Naranjo Ortiz, Jaime César --Navarrete Carvacho, Luis Osvaldo --Ojeda Uribe, Sergio Rodrigo --Olivares Solís, Héctor Luis --Orpis Bouchón, Jaime Antonio --Ortega Riquelme, Eugenio Luis --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Irarrázaval, Joaquín S. --Peña Meza, José --Pérez Muñoz, Juan Alberto --Pérez Opazo, Ramón Segundo --Pérez Várela, Víctor Claudio --Pizarro Mackay, Bruno Sergio --Pizarro Soto, Jorge Esteban --Prochelle Aguilar, Marina Victoria --Prokurica Prokurica, Baldo Petar --Recondo Lavanderos, Carlos E. --Reyes Alvarado, Víctor Fernando --Ribera Neumann, Teodoro Javier --Ringeling Hunger, Federico José M. --Rocha Manrique, Jaime Fernando --Rodríguez Cataldo, Claudio Julio --Rodríguez Del Río, José Alfonso --Rodríguez Guerrero, Hugo F. --Rodríguez Riccomini, Laura Fiora --Rojos Astorga, Julio Werner --Sabag Castillo, Hosain --Salas De la Fuente, Edmundo S. --Schaulsohn Brodsky, Jorge Jaime --Seguel Molina, Rodolfo Samuel --Smok Ubeda, Carlos Iván --Sota Barros, Vicente Agustín --Sotomayor Mardones, Andrés --Taladriz García, Juan Enrique --Tohá González, Isidoro Francisco --Ulloa Aguillón, Jorge Iván --Urrutia Avila, Raúl Armando --Valcarce Medina, Carlos Raúl --Valenzuela Herrera, Felipe Ignacio --Velasco De la Cerda, Sergio B. --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Vilches Guzmán, Carlos Alfredo --Villouta Concha, Edmundo III.TEXTO DEL DEBATE -Se abrió la sesión a las 16 horas. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Se va a dar lectura a la Cuenta. -El señor Prosecretario informa que el acta de la sesión anterior queda a disposición de los señores Diputados, y da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaria. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Terminada la Cuenta. 1.- PRESENCIA DE DELEGACION PARLAMENTARIA DE VENEZUELA EN TRIBUNAS. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Debo informar a la Sala que se encuentra en este Hemiciclo una delegación del Parlamento de Venezuela, encabezada por don Ramón Guillermo Abeledo, Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Cámara de Diputados de Venezuela, e integrada por los Diputados Virginia Riveros, Luis Núñez y Cristián Cumsille. Para ellos, que se encuentran en las tribunas, solicito el aplauso de la Cámara. -Aplausos en la Sala y en las tribunas. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Sin duda que este tipo de visitas contribuye a estrechar los vínculos de Chile con los demás países de América Latina y, en especial, en este caso, con Venezuela. FACIL DESPACHO. 2.- PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA EL SISTEMA SIMPLIFICADO DE REINTEGRO A EXPORTACIONES NO TRADICIONALES ESTABLECIDO EN LA LEY N° 18.480. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Huepe. El señor HUEPE.- Señor Presidente, deseo referirme al proyecto, que se acaba de dar cuenta, que introduce modificaciones al sistema simplificado de reintegro a exportaciones no tradicionales, establecido en la ley N° 18.480. A pesar de que el proyecto viene calificado con suma urgencia, quiero hacer notar a los señores Diputados que es la respuesta a un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad en esta Cámara hace, aproximadamente, dos semanas atrás. Fue una proposición del Diputado Miguel Angel Fantuzzi que, una vez discutida por los Comités, su aprobación requiere de extrema rapidez, por cuanto, como el nombre del proyecto lo señala, plantea el reintegro que algunos exportadores deben recibir, lo que en la actualidad dificulta las operaciones de diversos industriales de nuestro país. El problema se creó debido a una modificación de normas arancelarias. O sea, es absolutamente obvio el proyecto. Ya hay acuerdo unánime de la Cámara para esta petición. El Ejecutivo ha respondido a una solicitud nuestra, de modo que quiere solicitar de los estimados colegas la posibilidad de aprobar este proyecto sobre Tabla o, en su defecto, tratarlo en la Tabla de Fácil Despacho, si es que alguno de los señores Diputados desea intervenir al respecto. Pero, si pudiéramos aprobarlo sobre Tabla, ello respondería a una necesidad expresada por todos nosotros y creo que solucionaría un problema que afecta, sobre todo, a pequeños y medianos industriales de diversas regiones de nuestro país. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, nosotros queremos manifestar la plena coincidencia con lo señalado por el jefe de bancada del Partido Democratacristiano, en el sentido de darle la mayor agilidad a la tramitación de este proyecto, cuya iniciativa, como él señaló, obedece a un proyecto de acuerdo aprobado en su oportunidad por esta Cámara. Debido a la urgencia del tema y al análisis que de él se ha hecho por las personas interesadas, sin perjuicio de las observaciones o aclaraciones que se quieran formular, coincidimos con lo expuesto por el señor Claudio Huepe. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, nosotros también estamos de pleno acuerdo con lo señalado por el diputado señor Huepe, y, por lo tanto, damos nuestra aprobación para que en el día de hoy se discuta y vote el proyecto. Por cuanto concurrimos con la unanimidad respecto de la idea de fondo y la materia es conocida, porque la discutimos en la oportunidad, no tenemos inconveniente alguno de que se trate en el día de hoy. El señor VIERA-GALLO. (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, nosotros nos súmanos al mismo criterio de despachar el proyecto sobre Tabla. Creemos que responde a una necesidad apremiante de una actividad muy relevante para nuestro país, y queremos resaltar la rapidez y la eficacia con que el Ministerio de Economía respondió al acuerdo de esta Honorable Cámara, enviando esta iniciativa que atiende el requerimiento de importantes sectores exportadores chilenos. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En consideración a lo expresado por los distintos Comités, si a la Sala le parece, se aprobaría por unanimidad el proyecto. Aprobado. 3.- PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 18.893, SOBRE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde, a continuación, tratar, en la Tabla de Fácil Despacho, dos proyectos de ley: En primer lugar, el que amplía a 24 meses el plazo establecido por la ley N° 18.893, sobre organizaciones comunitarias, que dice relación con el plazo que éstas disponen para adecuar sus estatutos; y, en segundo lugar, el que introduce enmiendas a la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, que llega en su segundo informe y al cual se referirá después el Diputado señor José Miguel Ortiz. -El proyecto, cuyo informe figura en el boletín N° 40-06(S), es el siguiente: "Artículo único.- Sustitúyese, en el artículo 2 transitorio de la ley N° 18.893, la expresión "seis meses" por la frase "veinticuatro meses"." El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En primer lugar, entonces, en discusión en general y en particular el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.893, sobre organizaciones comunitarias. El proyecto en discusión viene del Senado. Ofrezco la palabra. El señor ELIZALDE.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Diputado. El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, Honorables colegas, el Presidente de la República ha enviado a tramitación legislativa, con carácter de suma urgencia, un proyecto de ley aprobado por el Senado cuyo objeto es ampliar el plazo que establece la ley N° 18.893, en su artículo 2 transitorio, sobre organizaciones comunitarias, de seis a veinticuatro meses. Dicho plazo, que tiene por finalidad permitir a las juntas de vecinos, nacidas bajo el amparo de la ley N° 16.880, adecuar sus estatutos a la normativa que actualmente rige a estas organizaciones, vencería el 30 de junio próximo. Es bien sabido que en importantes sectores de la población (recogiendo los intereses de éstos), y también en el Supremo Gobierno, existe interés en revisar el estatuto jurídico que normaliza las organizaciones comunitarias. En atención a ello y a los costos que significaría la adecuación estatutaria de las juntas de vecinos existentes y nacidas con anterioridad a la ley N° 18.893, toda vez que deben ser aprobadas en presencia de un notario o de un oficial del Registro Civil, que ante una inminente modificación aparecen como inoficiosos, se hace necesario ampliar el plazo que dispone el artículo 2 transitorio de la ley N° 18.893, de seis a veinticuatro meses. Pero el problema, señor Presidente, no termina con la aprobación de este proyecto o no, que sólo permite cierta tranquilidad a las juntas de vecinos existentes, en cuanto al reconocimiento de la legalidad de su vigencia, sino por el contrario, el problema es más profundo y serio. En las postrimerías del régimen pasado, se dictó una serie de leyes de última hora que tuvieron por objeto, como un distinguido político dijo, parafraseando a un símil ibérico, "dejar todo atado y bien atado". Pues bien, entre dichas leyes de "amarre" encontramos la N° 18.893, sobre organizaciones comunitarias, que derogó la N° 16.680, una buena ley dictada por el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva, que permitió la real participación de la comunidad organizada en el desarrollo local. La ley N° 18.893 posibilita la formación de una junta de vecinos con un reducido número de personas. Y es así que en cada unidad vecinal han surgido, a las ya existentes, juntas de vecinos paralelas, provocando la atomización de las organizaciones comunitarias. Hoy existen dos, tres y hasta seis juntas de vecinos en cada unidad vecinal que, más que representar a la comunidad organizada, representan a partidos políticos, a religiones o a sectores, en particular. Las juntas de vecinos, cuyos dirigentes, designados por el antiguo régimen no fueron electos como lo determinaba la ley N° 16.680, han creado una situación que está haciendo crisis. Ante el proceso democratizador vivido por el país, hoy, toda la comunidad desea lograr una participación que le fue negada durante dieciséis años; en consecuencia, solicitan incorporarse a las juntas de vecinos y acceder en elecciones libres y democráticas a su conducción. Los dirigentes designados, sin embargo, se niegan a permitir el ingreso de nuevos asociados y a realizar las elecciones correspondientes. Se ocasionan verdaderas batallas para acceder a los libros de socios, quienes impiden un proceso democratizador por cuanto no cuentan hoy con ningún respaldo popular y la mayoría de ellos está desprestigiado. En opinión de este Diputado, es necesario recuperar los principios que informaron la dictación de la antigua ley N° 16.680, y es por esa razón que, junto con varios colegas Diputados, hemos presentado al Ejecutivo, para que lo haga suyo, un proyecto de ley que persiga las finalidades de establecer una sola junta de vecinos por cada unidad vecinal, que evite la atomización de la base social y haga realidad el deseo de unir a la gente. Todas estas materias, por lo trascendental de su regulación, hace necesaria la más amplia discusión en la que participen y hagan oír su voz todos los sectores involucrados, con el objeto de aunar criterios y de legislar responsablemente. Por ello se hace indispensable la aprobación de este proyecto de ley que el Ejecutivo presenta, a fin de otorgar 24 meses de prórroga a las juntas de vecinos para que adecúen sus estatutos; pero, también, para que dispongan de un plazo que les permita legislar responsablemente sobre una ley que logre los objetivos de unir a todos los chilenos y hacerlos realmente partícipes en la construcción de una Patria mejor. Gracias, señor Presidente. 4.- AUTORIZACION PARA QUE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA SESIONE SIMULTANEAMENTE CON LA SALA. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Antes de seguir entregando el uso de la palabra, solicito la anuencia de la Sala para que funcione simultáneamente con ella la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Si le parece, así se acordaría. Acordado. 5.- REDUCCION DEL QUORUM DE LA COMISION ESPECIAL QUE INVESTIGA LA POBREZA EN CHILE. El señor VIERA-GALLO (Presidente) .Asimismo, solicito el acuerdo de la sala para disminuir a cuatro señores Diputados, el quórum de la Comisión especial que investiga la pobreza en Chile. Igual procedimiento se aplicó para la Comisión que investiga la situación de Televisión Nacional. Si les parece, así se acordará. Acordado. 6.- PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 18.893, SOBRE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, Honorables colegas, la bancada del Partido por la Democracia, Partido Socialista, Izquierda Cristiana y Partido Humanista, apoya decididamente la ampliación del plazo de seis a veinticuatro meses para la reforma de los estatutos de las organizaciones comunitarias. El fortalecimiento y desarrollo de la organización y participación ciudadana es una de nuestras preocupaciones fundamentales en este período de transición democrática. Chile tiene una fuerte tradición participativa y de organización popular. El autoritarismo y la represión no lograron revertir esas tradiciones. Desde comienzos de siglo hubo grandes impulsos de organización y de acción a nivel territorial. En 1968 se promulgó la ley N° 16.880 que estableció un cauce institucional para la participación ciudadana a nivel territorial. Esta fue una creación chilena muy trascendente que no existe en otros países. Por lo tanto, se descentralizó a los municipios; se crearon mecanismos de participación y de autogobierno por parte de los vecinos en muchas materias, lo que constituyó un estímulo a la solidaridad y a la colaboración. Los franceses aplicaron otro modelo y crearon 32 mil municipios, con los cuales hoy no saben qué hacer. Los españoles intentaron imitar la experiencia chilena. En 1973, el Gobierno autoritario intervino las juntas de vecinos. Estas son alrededor de 5 mil 500 en el país, además de otras 15 mil organizaciones comunitarias. Intervino las juntas de vecinos, en virtud del decreto ley N° 349, que facultaba a las autoridades para designar a los dirigentes. Esto estuvo vigente hasta el 30 de diciembre de 1989. Durante 16 años, más que organismos de participación pasaron a ser instancias de control y de manipulación de arriba hacia abajo. El sectarismo y la arbitrariedad politizaron a niveles nunca antes visto a estas organizaciones. Nunca oímos a los parlamentarios, ex alcaldes de Renovación Nacional, criticar este hecho. Por el contrario, en muchos casos ejercieron el decreto ley N° 349 en plenitud. Frente a esto, los vecinos se vieron obligados a generar miles de otras organizaciones para desarrollar la solidaridad, enfrentar los problemas de subsistencia y expresarse y a formar los que fueron los comedores populares, las ollas comunes, los talleres y los comités de derechos humanos. En 1984 comenzó un proceso de los vecinos para democratizar las juntas de vecinos. Se buscaron muchas maneras para recuperar estas organizaciones, particularmente, a partir del plebiscito de 1988. Hoy, vemos que existe una nueva ley, porque el 30 de diciembre de 1989 se derogó la ley N° 16.880 y se promulgó la ley N° 18.893. Después de 16 años de manejar las organizaciones vecinales y de bloquear la participación ciudadana, se promulga una ley que afecta seriamente a las organizaciones. La ley N° 18.893, es una ley que, como todas las de "amarre", nace a espaldas del país. Una ley mal concebida y frente a la cual hay un gran consenso de que no sirve. Representa un gran retroceso, se desdibujan las competencias y las atribuciones de las organizaciones sociales, se permite crear más de una junta de vecinos por Unidad Vecinal, con lo cual se propende al paralelismo y a la atomización, y le quita peso y representatividad a la vida local, lo que se une a otro conjunto de daños que bloquean la organización y la participación ciudadana. A partir de diciembre, las juntas de vecinos han debido entrar a readecuarse a esta nueva normativa. Han habido muchos problemas, una gran arbitrariedad de los municipios y de los dirigentes designados al 30 de diciembre de 1989. Se esconden los libros de registros, impidiéndoles a los vecinos inscribirse para participar en las elecciones. Se entra en una disputa irracional por los bienes comunitarios: los locales, los teléfonos y otros, y se genera un gran clima de confusión. Se ha tenido que consumir mucha energía social en un intento de democratizar las juntas de vecinos. A pesar de eso, el proceso de democratización sigue en marcha Nuestra bancada considera que es urgente derogar la ley N° 18.893 y promulgar una nueva Ley de Organizaciones Comunitarias, que restablezca lo sustantivo de la ley N° 16.880 y que la perfeccione en algunos aspectos como, por ejemplo, fortalecer las personería de los Comités Vecinales, que tengan financiamiento a las juntas de vecinos, que haya fondos para capacitación, y que recoja lo único positivo que tiene la ley actual, referente a los trámites para que las organizaciones comunitarias obtengan personalidad jurídica. Apoyamos este proyecto, sabiendo que no representa una solución de fondo para abrir las compuertas a la participación ciudadana. Lo hacemos, porque alivia la presión sobre las juntas de vecinos y de Organizaciones Comunitarias, y da tiempo para promulgar una nueva ley. No tiene sentido cambiar los estatutos, porque es caro. A cada organización le cuesta más de 25 mil pesos, y, además, porque vendrá una nueva ley que restablecerá la real importancia de la participación ciudadana. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Antonio Horvath. El señor HORVATH.- Gracias, señor Presidente, pero en esta ocasión no he pedido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Entonces dejo con la palabra al Diputado señor Cristian Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, para la bancada de la UDI es de gran importancia legislar en forma seria en esta materia, con el fin de que las organizaciones de carácter territorial o funcional abarquen los más diversos campos de acción, y se puedan generar libremente, con el objeto de que se pueda promover ampliamente la creación de canales expeditos de participación y que, a través de ello, se manifiesten las más diversas expresiones creativas que enriquecen a nuestra sociedad. Tal acción debe desarrollarse en un marco de total autonomía: de partidos políticos, de credos religiosos, de gobiernos de turno, etcétera, ya que de esta manera, estaremos construyendo una sociedad de respeto a sus cuerpos intermedios. Hoy día, existe un clima de inestabilidad en la organización vecinal. Existe una legislación vigente que es la ley N° 18.893, en la que se establece que en un plazo de seis meses, a contar del 30 de diciembre del año pasado, las organizaciones comunitarias deben adecuar sus estatutos al cuerpo legal. El Ejecutivo, hoy día, en su Mensaje, nos solicita una prórroga por más de dieciocho meses, a contar del 30 de junio. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Perdón, señor Diputado. Solicito a los señores Diputados de la Sala, y a las personas que están en las tribunas, que guarden silencio. El señor LEAY.- Se desprende del Mensaje una clara intención por parte del Ejecutivo, de enviar un nuevo proyecto de ley de modificación al actual en vigencia. No comparto los juicios emitidos por los Diputados que me antecedieron, porque, sin lugar a dudas, lo que se ha tratado de establecer con la nueva ley, si bien puede haber criterios discrepantes, es ampliar la base de participación de la comunidad, con el fin de que en las organizaciones, verdaderamente, los vecinos puedan representar a través de ellos y canalizar en forma seria, los diversos problemas que hoy día aquejan a la comunidad. Es indispensable estudiar y legislar en forma adecuada, con el objeto de mejorar todas las ineficiencias que tenía el cuerpo legal que dejó de tener vigencia al 30 de diciembre del año pasado. Creemos que el aumento de plazo propuesto por el Ejecutivo es exagerado. Si se nos dice que se quiere legislar, es inadecuado para la organización, sin lugar a dudas, mantener un período en el cual no se creen las condiciones claras de cómo funcionar; pero, del mismo modo, sería inoficioso permitir que las juntas de vecinos elaboren sus estatutos, siendo que podría haber una futura modificación. Dadas todas estas circunstancias, consideramos necesario legislar con el fin de facilitar en forma seria, de una vez por todas, la participación de la comunidad. Por lo tanto, aceptamos la prórroga del plazo, señalando que debiera legislarse en forma prudente, en un tiempo no lejano, para que así, en definitiva, todas estas organizaciones, que son la base de nuestra sociedad, puedan desarrollarse en un ambiente armónico, en un clima de representación y no como lo hacen actualmente, en un clima atentatorio de vejamen que se ha ido dando, por parte de los sectores de la Concertación en distintos lugares de este país, en el cual, lo único que están haciendo es distorsionar y politizar una organización que lo único que persigue es unir a los vecinos para lograr el desarrollo armónico de los múltiples problemas que le aquejan a ellos en su comunidad. He dicho, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, en nombre de la Sala de Diputados de Renovación Nacional, queremos manifestar nuestro apoyo al proyecto de ley, por el cual se prorroga por 24 meses la entrada en vigencia de la norma que establece un plazo de 6 meses para que las organizaciones comunitarias adecúen sus estatutos a lo que establece la ley N° 18.893. Sin contestar las expresiones vertidas hoy día por los Diputados oficialistas en esta Sala en relación con esta ley, consideramos que ella debe perfeccionarse ya que ella, que fue dictada y publicada el día 30 de diciembre recién pasado, acoge un gran anhelo de muchos vecinos y de muchos sectores del país que se veían obligados a participar en una sola junta de vecinos, cuando, en realidad, ésta no representaba efectivamente los intereses de aquéllos que viven en una misma circunscripción de una unidad vecinal. Por otra parte, esta ley permite que realmente exista la libertad de los vecinos para afiliarse o no a la junta de vecinos y no la obligatoriedad como lo establecía la ley N° 16.880. Por ello, damos nuestro apoyo a esta iniciativa del Presidente de la República en cuanto a legislar sobre esta materia, por cuanto, en primer lugar, está legitimando la ley de junta de vecinos, aprobada y publicada el 30 de diciembre pasado y, además, porque permitirá que todas las organizaciones comunitarias hoy existentes en nuestro país y que han alcanzado a inscribirse en los registros que las municipalidades tuvieron abiertos hasta el 28 de marzo podrán efectivamente adecuar sus estatutos a lo que establece nuestra nueva legislación sobre esta materia. Por ello, señor Presidente, la Sala de Diputados de Renovación Nacional e Independientes, da su apoyo a la iniciativa del Presidente de la República, de prorrogar por 24 meses el plazo para la adecuación de los estatutos de las juntas de vecinos y de las otras organizaciones comunitarias, en conformidad con lo que establece la ley N° 18.893. He dicho, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Roberto Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, por sensibilidad, no puedo dejar de indicar una posición contraria. El Honorable colega de la Unión Demócrata Independiente plantea que existe el peligro de que estas organizaciones comunitarias no sean auténticamente democráticas. Si no estuviéramos aquí en el Congreso Nacional, pensaría que habría sido una intervención de buen humor, como para alegrar un tanto a las diferentes bancadas. Sucede que en estas organizaciones comunitarias, sus dirigentes fueron designados a "dedo" durante estos 16 años. Si nosotros hiciéramos un catastro de cuántas personas integran las directivas de estas organizaciones comunitarias, nos encontraremos con que todos, absolutamente todos, son elementos que tenían la bendición de los alcaldes que aún permanecen en sus cargos. ¿Quién podría discutir que las organizaciones comunitarias no están absolutamente estructuradas por estas cofradías que se constituían en las municipalidades, en las cuales tuvieron intervención muchos de los señores parlamentarios que hoy día están reclamando un pluralismo. Actualmente, se está comprobando que hay un tipo de medicina, que es mala cuando tienen que dárselas a sí mismos. En este instante, de aproximadamente 340 alcaldes, solamente 13 ó 14 son designados por el Gobierno que democráticamente resultó triunfante y como no se han cambiado estos 300 y tantos alcaldes del régimen del General Pinochet, las organizaciones comunitarias siguen exactamente igual a como funcionaron durante estos 16 años. Funcionaron entre cuatro paredes, no se reunían y, evidentemente, los diversos sectores en ellas involucrados, los que no pertenecían al régimen, no tenían un canal para hacer sus planteamientos de desarrollo y de progreso. Tanto es así, y aquí hay Diputados de diferentes bancadas que tendrán que coincidir conmigo, en que muchas de estas juntas no se reunían jamás y cuyos libros eran manejados en forma oculta. Incluso, se ha llegado al colmo de la desvergüenza, de que en los últimos meses se han incorporado a estos libros, en las inscripciones de los vecinos, algunas determinadas personas de absoluta confianza, dejando a grandes sectores fuera. De tal manera, señor Presidente, que en un sentido de respeto, por encontrarnos en este Hemiciclo, no puedo aceptar los términos del Honorable colega en el sentido de decir de que antes estos organismos comunitarios funcionaban en forma democrática y que hoy día existe la posiblidad de que así no sea. Es al revés: hoy día se han abierto las puertas de la democracia y todas las organizaciones serán elegidas por el pueblo. Muchas gracias, señor Presidente. -Aplausos en las tribunas. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Les recuerdo a las personas que están en las tribunas que no pueden realizar manifestaciones de ninguna especie. El señor VILLOUTA.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, colegas parlamentarios: Creo necesario lamentar el hecho de que haya sido derogada la ley N° 16.880 a fines del año pasado. Por otra parte, la justificación que se da en el Mensaje de su Excelencia a la modificación de la ley N° 18.879, apunta muy bien al problema de las organizaciones comunitarias para legalizar su constitución. Justamente hoy día, leí un oficio del Director Nacional del Registro Civil, en el que imparte instrucciones a sus funcionarios para que den preferencia a la atención de las juntas de vecinos u organizaciones comunitarias que pidan su presencia para legalizar sus estatutos. Mi preocupación radica en que esta labor deben cumplirla los funcionarios en sus horas habituales de atención al público. Todos sabemos perfectamente que las organizaciones se reúnen los sábados, domingos o después de las horas de funcionamiento de las diversas oficinas, como una manera de asegurar el quórum necesario para constituirse y legalizarse. Por lo tanto, solicito del señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala a fin de enviar un oficio al Director Nacional del Registro Civil, para pedirle que los oficiales de ese Servicio cumplan las funciones que requieran las organizaciones comunitarias y de base, fuera de las horas de oficina y sin cobrar por tal trabajo. Eso es todo, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Si he entendido bien, el Diputado señor Villouta ha solicitado que se envíe un oficio, en nombre de la Cámara, al Director del Registro Civil, para que ese Servicio también atienda a las juntas de vecinos los días sábados. El señor URRUTIA.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, el señor Diputado Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, hoy llegó un oficio de la señora Directora General del Registro Civil e Identificación, por el cual señala que, justamente, ha dado instrucciones a los oficiales del Registro Civil para que atiendan a las juntas de vecinos y a las organizaciones comunitarias, con el objeto de que ellas puedan adecuar sus estatutos en conformidad con la nueva ley. El oficio, de fecha 19 de abril de 1990, lleva el número 0449 y ha sido entregado a la mayoría de los señores parlamentarios. Eso es todo, señor Presidente. Gracias. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, nos parece muy pertinente la proposición del Diputado Villouta; pero una cosa es que el Registro Civil otorgue facilidades, y otra que los funcionarios trabajen fuera del horario que les corresponde. Ese es el problema que ha impedido que ellos estén presentes en la constitución o en las modificaciones legales de los estatutos de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Por lo tanto, sería muy importante que la Cámara oficiara a ese Servicio en tal sentido. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- ¿Existe acuerdo de la Sala para mandar el oficio, en nombre de la Cámara? El señor URRUTIA.- No hay acuerdo. El señor PEREZ (don Ramón).- Me opongo. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Como hay oposición, se enviará el oficio en nombre del Diputado Villouta y de los parlamentarios de su bancada. Los señores Diputados de otras bancadas que deseen adherir a esta petición, lo pueden hacer con posterioridad. El señor LEAY.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LEAY.- Señor Presidente, he solicitado la palabra solamente para aclararle al Diputado Radical que la ley que estuvo vigente durante los 16 años que él llama "de dictadura", no fue promulgada por el Gobierno pasado, sino con anterioridad a dicho régimen. También le quiero decir que sectores de la Concertación, en el pasado, tuvieron órdenes de no participar, en forma activa, en la organización y actividades de las juntas de vecinos. De acuerdo con la ley N° 16.880, estaba abierta la posibilidad para que cualquier vecino, por voluntad propia, pudiera participar en dichas juntas. Si el señor Muñoz Barra o sus partidarios no lo hicieron fue porque no se acogieron a esa ley. Por otra parte, deseo señalar que, tal como está propuesto en el Mensaje del Ejecutivo, nosotros, como bancada, estamos dispuestos a estudiar una legislación que norme, en forma seria, la participación de las organizaciones comunitarias. Desde esa perspectiva, hemos dado nuestra aprobación a la prórroga, y sería importante que el Ejecutivo, hiciera llegar a la Cámara, cuanto antes, el proyecto a que hace mención, con el fin de facilitar el proceso de participación de la comunidad en las distintas organizaciones que los hombres nos damos para una mejor convivencia. He dicho. El señor PEREZ (don Ramón).- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. Hago presente que, después de su intervención, corresponderá votar el proyecto. El señor PEREZ (don Ramón).- Sólo para hacer una aclaración. En su oficio, la Directora del Registro Civil comunica que ha autorizado a los oficiales civiles para actuar fuera de sus horas de trabajo. Seguramente, lo que no se reconoce son las horas extraordinarias. El señor HAMUY.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor HAMUY.- Señor Presidente, en verdad, el proyecto de ley que estamos despachando no aborda el problema, de fondo. Eso lo sabemos. Por esa razón, varios Diputados presentamos un proyecto de ley que sí lo resuelve. Quiero recordar al Honorable colega Leay que, efectivamente, la ley N° 16.880 estuvo vigente en los 16 años del régimen militar; pero rigió mientras el Gobierno pudo -con el decreto a que aludió el colega Montes- intervenir 6.500 juntas de vecinos y señalar quiénes eran los presidentes e integrantes de ellas. Cuando eso ya no fue posible, en diciembre del año pasado, en las postrimerías del Gobierno Militar, se dictaron las llamadas "leyes de amarre", entre ellas la N° 18.893, en virtud de la cual se cambiaron las reglas del juego. En lugar de haber una sola junta de vecinos por cada unidad vecinal, esa ley permite la existencia de varias. Ese sistema ha atomizado las unidades vecinales porque en cada una se han creado dos, tres, cuatro o cinco juntas de vecinos. En el fondo, es un reconocimiento de la debilidad que representa la presencia de los partidos de Derecha en las juntas de vecinos y en las poblaciones, porque la ley N° 18.893 permite que se pueda constituir una junta con sesenta vecinos. Esa "ley de amarre", la N° 18.893, la pretendemos modificar sustancialmente a través del proyecto de ley a que hemos hecho alusión, porque queremos democracia auténtica en la base y en las poblaciones. Muchas gracias. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Habiendo terminado el tiempo del debate, corresponde votar el proyecto. El señor Secretario dará lectura a los pareos. El señor VALDES (Secretario).- Se han comunicado a la Mesa los siguientes pareos: entre los Diputados señores Kuzmicic, don Vladislav, y Longton, don Arturo; Ramírez, don Gustavo, y Rodríguez, don Claudio; Matthei, doña Evelyn, y Schaulsohn, don Jorge. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En votación general y particular el proyecto, que consta de un artículo único. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. 7.- AGRADECIMIENTO POR APOYO A PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL SISTEMA SIMPLIFICADO DE REINTEGRO A EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ofrezco la palabra al Diputado informante, don José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Estimados Presidente de la Cámara, Vicepresidentes y colegas: Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer, en dos minutos, en mi nombre y en el del Diputado señor Angel Fantuzzi, el apoyo dado por todos los Diputados de esta Sala para aprobar sobre Tabla y por unanimidad el proyecto que introduce modificaciones al sistema simplificado de reintegro a exportaciones no tradicionales establecido en la ley N° 18.480. Lo hago como un gesto de justicia y de reconocimiento al trabajo de no menos de 7 reuniones con el señor Subsecretario de Economía, don Jorge Marshall, quien, después de que esta Honorable Cámara aprobara el 10 de abril, por unanimidad, un proyecto de acuerdo, demostró la disposición y apoyo del Ejecutivo para hacer realidad esta iniciativa y no perder los mercados exportadores de productos no tradicionales. Al respecto, no sólo agradecemos infinitamente su apoyo a todos los colegas, sino que recordamos que la iniciativa se logró gracias a las firmas de los Diputados señores Federico Mekis, Claudio Huepe, Edmundo Salas, Carlos Dupré, Andrés Chadwick, Jaime Campos, Jaime Estévez, José Antonio Viera-Gallo, y de quien les habla, José Miguel Ortiz. Esto demuestra que, a través del intercambio de opiniones y por sobre nuestras legítimas aspiraciones políticas partidarias, podemos ir solucionando los problemas del país. He dicho. 8.- PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE ENMIENDAS A LA LEY N° 18.962, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIAS Y TECNOLOGIA, DEPORTES Y RECREACION. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En la Tabla de Despacho Inmediato, corresponde tratar el proyecto de ley que introduce enmiendas en la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, que viene en segundo informe de Comisión. -El texto del proyecto, impreso en el boletín N° 13-04-B (90), es el siguiente: "Artículo 1.- Derógase la ley N° 18.862. Artículo 2.- Introdúcense a la Ley N°18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, las modificaciones que a continuación se indican: 1) Intercálase en el inciso primero del artículo 72, a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra "Naval", la expresión "Aeronáutica". 2) Deróganse el inciso segundo del artículo 2° transitorio y el artículo 3° transitorio, y 3) Agrégase en el artículo 4 transitorio, en punto (.) seguido, la frase: "En estos casos, el Ministerio de Educación Pública contará con un plazo de 12 meses para pronunciarse acerca de la solicitud." El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor Ortiz.- Señor Presidente, Honorable Cámara: Cumplo con informar, en nombre de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, que introduce enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, N° 18.962, publicada en el Diario Oficial del 10 de marzo de 1990. Como es de vuestro conocimiento, la Cámara de Diputados dio su aprobación, en general, en la sesión 11a., del 24 de abril recién pasado, al proyecto de ley que introduce algunas modificaciones indispensables y urgentes a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en especial a su articulado transitorio. Además, formuló 6 indicaciones a artículos del proyecto y propuso la introducción de dos artículos nuevos, de cuya discusión en particular en la Comisión de Educación da cuenta este informe. El análisis de las indicaciones y de los nuevos artículos se realizó en la Comisión durante 3 sesiones especiales, efectuadas los días miércoles 2, martes 8 y miércoles 9 del mes en curso. Estas sesiones fueron programadas con el propósito de conocer las opiniones de diversas autoridades y personalidades, ligadas al mundo académico nacional, sobre los fundamentos y alcances del proyecto de ley y, asimismo, en cuanto a las respectivas visiones de la realidad y actual configuración alcanzada por la educación superior chilena. El miércoles 2 de mayo se escuchó al rector del Instituto Profesional Blas Cañas, don Carlos Ortiz Henríquez; a don Alfonso Márquez Carrasco, Secretario General del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales, Asociación Gremial; y a don Edmundo Hoffens Bermúdez, rector subrogante del Instituto Profesional Educares. El martes 8, se contó con la participación de los siguientes rectores de universidades privadas, surgidas al amparo de la legislación de 1981, es decir, el decreto con fuerza de ley N° 1: señores Hugo Gálvez, de la Universidad Central; Julio del Río, de la Universidad de la República, y Mario Albornoz, de la Universidad de las Américas. También concurrió don Iván Navarro, ex rector del Instituto Profesional Blas Cañas. Por otra parte, hicieron presentes ese día sus puntos de vista los siguientes rectores y personalidades de universidades tradicionales facultadas por la legislación vigente para actuar como entidades examinadoras: el señor Gustavo Chiang, por la Universidad Santa María, y el señor Juan Enrique Fröemel, por la Universidad Católica de Valparaíso. Este último lo hizo acompañado de los profesores de la Escuela de Derecho de dicha Corporación, señores Pierry y Aimone, y por el abogado de la Contraloría de ella, señor Eduardo Sepúlveda. Al día siguiente, prosiguió este fructífero intercambio de opiniones entre las personalidades invitadas y los diferentes integrantes de la Comisión, mediante la participación de don Juan de Dios Vial, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y de los señores Enrique D’Etigny, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y Pablo Baraona, Rector de la Universidad Finis Terrae. Posteriormente, en sesión ordinaria efectuada el mismo miércoles 9 del presente, entre las 12 y las 14 horas, en el segundo informe, la Comisión trató las indicaciones formuladas. Acordó por unanimidad, luego de un debate en que se puso de manifiesto el consenso de los Honorables Diputados integrantes sobre los principios orientadores del desarrollo de la educación superior y sobre el diagnóstico de su situación actual, aprobar el artículo 1 y el N° 1 del artículo 2, en los términos propuestos por el Ejecutivo. En cuanto al N° 2 del artículo 2o y se acordó por unanimidad, reducir de 18 a 12 meses el plazo propuesto. Por último, también por unanimidad, se acordó agregar a este artículo 2, un N° 3 nuevo, con el objeto de adicionar en el artículo 72, contenido en el párrafo 6 de la Ley Orgánica en comento -que se refiere a los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas y Carabineros-, a continuación de la palabra "Naval", la expresión "y Aeronáutica". Como observaciones finales, primeramente, debemos reiterar brevemente algunas observaciones que formulamos en él primer informe. Las modificaciones que se proponen a la Ley Orgánica de Educación son urgentes e indispensables, porque corrigen aspectos de su normativa transitoria cuya mantención resulta difícil de sostener, a raíz de las evidencias en contrario establecidas durante su aplicación. Las cuestiones sobre las que se centra el proyecto tienen, entonces, un carácter menor dentro del conjunto amplio de disposiciones contenidas en la Ley Orgánica. El Supremo Gobierno ha dispuesto, recientemente, la creación de una comisión asesora, denominada Comisión de Estudio de la Educación Superior, uno de cuyos objetivos es llevar a cabo una completa revisión, tanto de la Ley Orgánica como de las restantes leyes y disposiciones aplicables a la educación superior. Para ello, se invitó a un grupo de personalidades del mundo académico que representan a los más variados sectores del país. No podía ser de otro modo. La educación superior es una cuestión que preocupa e interesa a toda la sociedad chilena, y la búsqueda de soluciones a sus problemas presentes y a las exigencias propias del desarrollo futuro del país, es un asunto que nos involucra a todos y que reclama lo mejor de nuestro espíritu y de nuestras voluntades para alcanzar el necesario consenso. La Comisión tendrá un plazo de seis meses para proponer al Ejecutivo las modificaciones legislativas que estime aconsejables. Para terminar, dejo expresa constancia de la dedicación y esfuerzo de los 13 Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, en especial de su Presidente don Roberto Muñoz Barra, y del espíritu de consenso, diálogo y acuerdo que imperó en todas las bancadas parlamentarias, sin lo cual no se hubiera logrado la unanimidad que, sin lugar a dudas, debe ser el faro que alumbre el camino hacia el Chile de hoy y hacia el Chile de mañana. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Terminado el informe, corresponde, discutir en general y particular el proyecto. Hago presente a la Sala que el artículo 1 se encuentra aprobado reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicación. Tiene la palabra la Diputada señora Prochelle. La señora PROCHELLE.- Señor Presidente, es nuestro deber señalar que no nos ha parecido conveniente el proyecto del Ejecutivo, llegado a esta Cámara a través del Mensaje N° 11, toda vez que una materia tan importante como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza merece, según nuestro criterio, un análisis amplio y profundo, más que la derogación de dos artículos transitorios y la modificación de otro de ellos. Además, lo creemos poco oportuno, puesto que la sola creación de la Comisión Especial, iniciativa de Su Excelencia el Presidente de la República, para que se aboque el estudio de la educación superior en nuestro país, indica que es materia más trascendente, que debe ser prudente, técnica y apolíticamente revisada. Por otra parte, en nuestra línea programática está claramente dicho que la educación superior debe gozar de plena autonomía y libertad académica, en un sistema en que coexistan las instituciones públicas y las privadas. Somos enfáticos en requerir del Ministerio de Educación su compromiso -y así ha quedado de manifiesto en las expresiones del señor Ministro de la Cartera y del Director de División de Educación Superior- en el sentido de que no obstaculizará la creación ni el funcionamiento de las entidades de educación superior que se ajusten a las normas de calidad y eficiencia y de respeto hacia los estudiantes y sus padres, garantizando así el total cumplimiento del artículo 19, N° 11, de la Carta Fundamental. Debo referirme a dos aprensiones del Diputado señor Valcarce, relacionadas con la facultad del Consejo Superior de Educación de reglamentar y fijar, en un plazo prudente, los parámetros para la acreditación de las instituciones de educación superior. La primera se refiere a que esto pueda traer consigo una paralización de los proyectos educativos de interés nacional, y la segunda a que las universidades financiadas por el Estado puedan iniciar algún procedimiento de desahucio de los actuales convenios de examinación vigentes, que obliguen a las nuevas universidades a integrarse al sistema de acreditación obligado. Estas precisiones no significan un endurecimiento de la línea de acción de Renovación Nacional, ya que en el bien entendido de que el Ministerio proveerá los mecanismos necesarios para la plena aplicación del artículo 82 (83) de la ley que nos ocupa y dado nuestro ánimo de cooperar a las iniciativas del Ejecutivo, la Sala de Diputados de Renovación Nacional e Independientes darán su aprobación al proyecto. He dicho, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO- Señor Presidente, comparto, tanto en su forma como en el fondo, la exposición del señor Diputado informante sobre el proyecto que introduce modificaciones a la Ley N° 18.862, Orgánica Constitucional de Enseñanza. Sin embargo, la educación afecta en forma directa a toda la comunidad nacional, pues se prolonga por toda la vida del individuo y está sometida a la influencia del desarrollo científico y tecnológico, todo lo cual obliga a un análisis más profundo, tanto por esta instancia parlamentaria como por quienes tienen a su cargo la gestión, administración, financiamiento y evaluación de los procesos educativos. La bancada democratacristiana, desde esta perspectiva y considerando la alta prioridad otorgada por el Gobierno de don Patricio Aylwin al sector educacional y particularmente a la juventud estudiantil, cree indispensable que en un futuro cercano se estudie una nueva Ley Orgánica Constitucional de Educación, en la que se pueda esclarecer el rol del Estado en la gestión, planificación, financiamiento, administración y evaluación del sistema educativo chileno. Del mismo modo, y con toda la relevancia que el caso requiere, se debe tratar la libertad de enseñanza, cuya tradición en este país jamás ha estado en duda cuando se trata de la gestión realizada por la Iglesia Católica u otras entidades religiosas, como también por particulares de un alto espíritu cívico y patriótico, pero que en los últimos años, y bajo un oscuro criterio de subsidiariedad, se ha prestado para escandalosos abusos de sostenedores inescrupulosos. Una cosa es la libertad consagrada por la Constitución espuria del 80 y otra muy distinta es el libertinaje que se traduce en la creación indiscriminada de centros de estudios superiores, que sólo han significado más cesantes ilustrados sin campo ocupacional, en carreras sin destino ni fundamento en áreas del quehacer nacional. Pero lo que es aún más preocupante es el comercio que realizan algunas universidades estatales examinadoras que ni siquiera dictan las carreras que les toca examinar en las universidades particulares. La proliferación de estos institutos y universidades particulares, lamentablemente no vino a solucionar el enorme problema en las regiones o en las provincias, ya que la mayoría de ellas se instalaron en el Gran Santiago. Los democratacristianos somos partidarios de la libertad de enseñanza, como también del rol del Estado en la educación. Por eso, creemos en la necesidad de una Ley Orgánica Constitucional de Educación que regule la totalidad del sistema educacional. Sobre esto último, ¿cómo se puede explicar que la actual legislación que heredamos no haya contemplado la educación parvularia, la educación técnico-profesional y la educación de adultos? ¿Cómo es posible que una legislación de tan alto nivel no incluya las instancias de participación más elementales, tales como son los consejos regionales, provinciales y comunales de Educación y haya dejado un Consejo Nacional restringido? ¿Cómo poder explicarles a los 120 mil profesores del país, que hoy día no tienen ninguna injerencia en materias que le son propias, por qué la legislación no les da participación alguna? ¿Cómo es posible que la educación superior carezca hoy en día de un sistema de acreditación que permita regular la calidad de estas casas de estudios formadoras de profesionales, cuando es un mecanismo aceptado y desarrollado por los países industrializados y con larga tradición universitaria? En fin, la enumeración sobrepasa esta exposición y sólo quisiera reiterar, una vez más, lo expresado por el Presidente Aylwin: "La educación es un derecho y no un privilegio". Finalmente, quiero referirme a un problema de enorme importancia para los estudiantes de nuestro país que, lamentablemente, no ha sido abordado en la ley y que motivó el acuerdo unánime de los Diputados de la Comisión de Educación para otorgar a los estudiantes de los centros de formación técnica, de los institutos profesionales de educación superior y de las universidades particulares y públicas, reconocidas por el Ministerio de Educación Pública, el beneficio del pase escolar y una rebaja del 50 por ciento del valor del pasaje en la locomoción interprovincial, interregional y nacional. Procedimos así porque entendemos que el Gobierno ha abordado sólo una parte del problema al conceder el beneficio del pase escolar a estudiantes del país, especialmente en el Servicio Metropolitano de Transporte Colectivo, METRO. Antes de dos meses de administración, el Gobierno democrático abordó el tema de inmediato, con responsabilidad, otorgando este imprescindible, deseado y necesitado pase escolar a cientos de miles de estudiantes de la Región Metropolitana. Sin embargo, se ha excluido de ese beneficio a los estudiantes de provincia, que son tanto o más importantes que los de Santiago, y a todos aquellos jóvenes que no tuvieron cabida en las universidades tradicionales y que se han incorporado a estudiar en las universidades particulares, en los institutos profesionales superiores de educación y en los centros de formación técnica. Si entendemos que la educación es un derecho para todos los chilenos, la sociedad y, por tanto, el Estado, deben brindar las condiciones necesarias para que ese derecho tenga plena efectividad. Creemos, entonces, que es de absoluta justicia que el Gobierno repare esta discriminación. Por ello, solicito del señor Presidente de la Corporación que recabe el acuerdo de la Honorable Cámara para que se oficie a los señores Ministros de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que se modifique el decreto N° 20, del 18 de febrero de 1982, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual se otorga el pase escolar, haciéndolo extensivo a todos los estudiantes de los centros de formación técnica, de los institutos profesionales y de las universidades particulares y públicas, reconocidas por el Ministerio de Educación; como, asimismo, que se otorgue la rebaja del 50 por ciento del valor del pasaje, en la locomoción interprovincial, interregional y nacional. He dicho, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Respecto de la petición formulada por el Diputado señor Velasco, deberá reiterarla en la Hora de Incidentes. Tiene la palabra el Diputado señor Bombal. El señor BOMBAL.- Señor Presidente, yo iba a hacer notar que el Diputado Ve- lasco se había equivocado, pues estamos discutiendo en general y en particular una ley, y no en la Hora de Incidentes. Lamentablemente, el Diputado Velasco se ha salido absolutamente de lo que fueron los términos del informe que el Diputado Ortiz ha dado a la Sala, el que me atrevo a calificar de excelente. En efecto, lo que se discutió en la comisión fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y la modificación de sus artículos transitorios, y no el pase escolar, por muy importante que éste sea. Por lo demás, cuando se tocó este último tema, quedó claro en la Comisión que se enviaría oficio a las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con el objeto de que informaran sobre la posibilidad de atender esa petición. De manera que el señor Diputado introduce un elemento de confusión a un debate respecto del cual la Sala debe tener la mayor claridad y lucidez. Aquí no se discute el pase escolar, sino la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y, por lo mismo, los señores Diputados deben ser muy precisos, tratándose de materias tan importantes, para no apartarse del tema. No me voy a extender a las aprensiones que manifesté en la primera discusión del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que se orientaban, fundamentalmente, a la duda que nos asistía de que las universidades que de aquí en adelante se crearan, de aprobarse este proyecto, serían objeto de un tratamiento discrecional por parte de la autoridad. Esta aprensión fue manifestada en la Comisión y solicitamos expresamente que se invitara a los señores rectores de las distintas universidades. Así se hizo, tal como lo ha manifestado el Diputado informante. La discusión de este proyecto se inició antes, con la visita a la Comisión del señor Ministro de Educación, don Ricardo Lagos, acompañado del señor Subsecretario, don Raúl Allard, a quienes expusieron acerca de los alcances de la iniciativa, y señalaron, en aquella oportunidad, que más adelante se propondría una modificación integral, más a fondo, de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, tema que, naturalmente, quedó pendiente. Al referirse al punto específico del proyecto, el Ministro Lagos y el Subsecretario Allard fueron categóricos en puntualizar que no se alteraría en nada el régimen actualmente existente, contemplado en la propia ley orgánica y en sus disposiciones transitorias, respecto de las universidades ya creadas y que pueden acogerse a los decretos con fuerza de ley N° 1 y N° 5, de 1981, que también incluyen a los institutos profesionales. Esta seguridad de que no se alteraría el régimen, y de que no se aplicarían criterios discriminatorios respecto de la legislación vigente, de aprobarse el proyecto, fue reiterada por el señor Muga, encargado de la educación superior del Ministerio. Algunos Diputados presentamos indicaciones que, como lo dije, estaban orientadas, en la dirección de salvaguardar un sistema alternativo para que las universidades privadas siguieran existiendo sin ninguna alteración. Atendidas la seguridad y la intencionalidad que ahí se manifestó, y que son propósitos del Ejecutivo, ellas nos parecieron razones suficientes, porque aquí todos actuamos de buena fe. Además, las razones vertidas por los rectores nos parecieron convincentes como para pensar que en el país ya existía una cierta madurez en cuanto a la vigencia del sistema de universidades privadas, y que, en esta materia, bien podía entrar en plena aplicación la ley orgánica, no siendo necesario su articulado transitorio. Otro antecedente que tuvimos en consideración fue que el decreto que establece el Consejo Superior de Educación, creado en el inciso primero del artículo 32 de la ley orgánica, según se nos informó, ya se encuentra en trámite y que estarían designados los representantes de los distintos estamentos que el articulado consagra, hecho que también nos pareció importante, porque toda universidad que se cree desde este momento, para su acreditación institucional quedaría sujeta a lo que resuelva este Consejo. También agradezco, en lo personal, la invitación que me formuló S.E. el Presidente de la República para concurrir a la ceremonia de firma de una Comisión de Educación Superior, creada por el Ejecutivo, con un amplio espectro de personalidades del mundo de la cultura y de las ciencias, que, según se infiere del discurso del señor Presidente, tendrá por objeto asesorar al Gobierno sobre materias de educación, especialmente, de educación superior. Con todos estos elementos de juicio, fundados principalmente en actitudes y en el testimonio entregado por el propio señor Ministro de Educación ante la Comisión; en las seguridades dadas, especialmente, por los partidos de la Concertación, en cuanto a que no se alteraría la autonomía y la libre iniciativa para crear universidades privadas en el país, sujetas, naturalmente, a la reglamentación legal vigente, concurrimos a retirar las indicaciones, toda vez que nos parecía que había desaparecido la causa que ameritaba su formulación. Señor Presidente, deseo señalar que lo medular (y en esto discrepo profundamente con el Diputado Velasco) es que exista en el país, de acuerdo con el mandato constitucional, libertad de enseñanza y libertad para crear instituciones de enseñanza. Este es un principio constitucional consagrado y no hay gobierno posible que pueda menoscabarlo. Lo que sí el Estado puede hacer, y, naturalmente, a él le está reservado, es reglamentar la enseñanza, con el objeto de que toda ella se encauce a un fin noble y acorde con las necesidades del país. Pero el principio de la libertad está por encima del Estado, puesto que está inscrito dentro de otro que es anterior y superior al propio Estado. Señor Presidente, una vez más, destaco la voluntad que a todos nos animó para coincidir en un proyecto de ley recaído en una materia tan importante como ésta, para que no se siga diciendo que la Oposición sólo obstruye, ya que ésta también construye y, muchas veces, más que el propio Gobierno. Finalmente, deseo destacar la redacción del informe y agradecer, muy especialmente, al señor Secretario de la Comisión por el trabajo realizado. Muchas gracias, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ha concluido el plazo para hacer uso de la palabra; pero aún hay cuatro Diputados inscritos para ello. Si le parece a la Sala, se prorrogaría dicho plazo. -Varios señores Diputados.- ¡No! El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No habiendo acuerdo, procede la votación del proyecto, compuesto por dos artículos. El 1 ya fue aprobado por no haber sido motivo de indicación. El artículo 2 contempla tres normas (página 5 del informe) distintas: por la primera, se incluye a la Academia Politécnica Aeronáutica -por una omisión había quedado excluida- dentro de los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, a los cuales se les reconoce el carácter universitario de sus títulos; por la segunda se derogan el inciso segundo del artículo 2 transitorio y el artículo 3 transitorio; y la tercera agrega una frase al artículo 4 transitorio , por la que se sustituye el plazo de dieciocho meses, por doce meses, a fin de que el Ministerio de Educación Pública se pronuncie acerca de la solicitud. Aquí hay dos posibilidades: o votamos el artículo en su conjunto o punto por punto. Yo sería partidario de votarlo en su conjunto, salvo que algún señor Diputado planteara una votación dividida El señor VALCARCE.- Pido la palabra El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VALCARCE.- Señor Presidente, deseo votar punto por punto, porque no estoy de acuerdo con todos ellos. El señor VIERA-GALLO.- Entonces, se hará una votación separada. Ofrezco la palabra respecto del primer punto, es decir, que se incluya a la Academia Politécnica Aeronáutica dentro de aquellos establecimientos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, cuyos títulos tienen carácter universitario. Perdón, señores Diputados, he cometido un error al ofrecer la palabra. Como se trata de un proyecto de la Tabla de Fácil Despacho, apio .corresponde discusión conjunta, en general y en particular, por lo que no procede usar de la palabra en esta oportunidad. El señor CARRASCO.- Pido la palabra sólo para formular una moción de orden. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Carrasco. El señor CARRRASCO.- Señor Presidente, sugiero una moción de orden para que quede establecido en la Cámara, como norma permanente, que los artículos se voten siempre en conjunto, de manera que no sea necesario que el señor Presidente consulte a la Sala acerca de la forma de votar. Si un señor Diputado desea que se vote algún inciso separadamente, él lo deberá solicitar. El señor VIERA-GALLO. (Presidente).- Señor Diputado, es el Presidente quien debe proponer la forma de votación. He consultado sobre cuál es la mejor forma. Como hay tres normas claramente distintas, sobre materias diferentes, se ha solicitado votar en forma separada. En votación el N° 1, respecto de la Academia Politécnica Aeronáutica. Si les parece, se aprobaría por unanimidad. Un señor Diputado.- ¡No! El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No hay acuerdo. En votación. -Durante la votación. El señor CAMPOS.- Pido la palabra para una moción de orden. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Estamos en votación. Tiene la palabra. El señor CAMPOS.- En el texto que me entregaron, el artículo 1 es distinto de la materia que usted estaba proponiendo que se vote. El artículo 1 dice: "Derógase la ley N° 18.862". El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Estamos votando el N° 1) del artículo 2. El artículo 1 está aprobado reglamentariamente. En votación el N° 1) del artículo 2. Consulto si hay unanimidad en la Sala. No la hay. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 1 voto. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobado el N° 1) del artículo 2. Corresponde votar el N° 2) del artículo 2, que deroga el inciso segundo del artículo 2 transitorio y el artículo 3 transitorio de la ley N° 18.962. Como explicó el Diputado informante, ese inciso dispone que "el Ministerio de Educación Pública podrá encargar a una determinada entidad examinadora o a una comisión especial, la realización de las actividades de exanimación", etcétera. El artículo 3 transitorio dice: "Las entidades de educación superior que se creen dentro del plazo de dos años, a contar de la fecha de publicación de esta ley, podrán optar por el sistema de examinación establecido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980...". En votación el N° 2). Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad Un señor Diputado.- ¡No! El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 1 voto. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobado el N° 2) del artículo 2. En votación el N° 3), que concede al Ministerio de Educación Pública un plazo de 12 meses para pronunciarse acerca de la solicitud que los Centros de Formación Técnica creados de acuerdo con el decreto con fuerza de ley N° 24, de 1981, eleven, para los efectos de la declaración de autonomía. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Un señor DIPUTADO.- ¡No! El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 2 votos. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobado el N° 3) del artículo 2. El señor CAMPOS.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CAMPOS.- Muy breve, señor Presidente. Pido que quede constancia en el Acta de que 4 Diputados radicales nos abstuvimos de participar en la aprobación de este proyecto de ley, por las razones que, desgraciadamente, debido al escaso tiempo, el Diputado señor Muñoz Barra no pudo manifestar en la Sala. El señor ARANCIBIA.- Pido la palabra, sobre un punto reglamentario. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 233 del Reglamento -y lamento que así sea-, "Ningún Diputado presente en la discusión o parte de ella, podrá excusarse de votar, salvo el Presidente". Por lo tanto, la abstención no procede. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ese punto lo hemos analizado en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, durante el estudio del nuevo Reglamento. En realidad, no procede la abstención, la que sí consagrará el nuevo Reglamento. Hemos avanzado en ese sentido. El señor ORTIZ.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ORTIZ.- Muy breve y preciso. Señores Presidente, Vicepresidentes y estimados colegas parlamentarios. Como Diputado informante, en primer término, agradezco el espíritu de todos los parlamentarios, que posibilitaron la modificación de dos artículos transitorios de la ley N° 18.962. En segundo término, solicito se deje constancia en el Acta de esta sesión de la Cámara, del trabajo tan diligente y tan eficiente de don Carlos Loyola, Secretario de la Comisión de Educación Pública de esta Corporación. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ha quedado aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional, respecto de la cual se ha reunido el quórum necesario. Terminada la Tabla de Fácil Despacho. HORA DE INCIDENTES. 9.- ASIGNACION DE TIERRAS EFECTUADA POR EL REGIMEN PASADO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No habiendo proyectos de ley en el Orden del Día, se inicia la Hora de Incidentes. El primer turno corresponde a la Democracia Cristiana. El señor MATTA.- Pido la palabra. El señor VIERA -GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MATTA.- Señor Presidente, a raíz de la visita, hace algunos días, a la provincia de Linares, del señor Ministro de Agricultura, don Juan Agustín Figueroa, y del diálogo que mantuvo con organizaciones campesinas de base en una reunión muy amplia que tuvimos, surgió con muchísima fuerza un problema fundamental, derivado de la política de asignación de tierras llevadas a cabo por el régimen pasado, mediante la aplicación del decreto ley N° 208. Para referirnos en forma especial a este tema, quisiéramos ver cuál fue el destino real de las tierras de la reforma agraria en el período pasado. En primer lugar, gran parte de ellas, a junio de 1979, se encontraban, o revocadas total o parcialmente en un porcentaje aproximado al 28 por ciento, equivalente a 3.813 predios. En segundo lugar, otro grupo importante de las tierras expropiadas o reformadas pertenecían al sector de secano interior o costero, en una proporción del 39 por ciento. En consecuencia, las asignaciones individuales de parcelas sólo cubrieron el 33 por ciento de las tierras reformadas. Sobre esta superficie se asignaron alrededor de 37.472 parcelas, entre los años 1973 a 1982. Por otra parte, las familias que estaban en el sector reformado bajo la Administración del Presidente Frei, eran aproximadamente 36 mil. En el período siguiente, 1970-1973, ese mismo número de familias ascendió al orden de las 54 mil, lo que hacía un total de 94 mil familias del sector reformado, que, indudablemente, tenían aspiraciones serias y responsables de acceder al derecho legítimo de la tierra. Por otro lado, el número de hectáreas que estaba bajo el proceso, era del orden de los 9 millones 900 mil hectáreas. Pero lo que efectivamente se asignó, no alcanzó al orden de los 3 millones 800 mil hectáreas. Esto significa, en buenas cuentas, que, de una u otra forma, más de 56 mil familias campesinas quedaron sin ese importante derecho de acceder a la propiedad de la tierra. A todos los postulantes al proceso de asignación de tierra se les aplicaba el artículo 71 de la ley N° 16.640. Los requisitos esenciales consistían en ser chileno, ser campesino, ser casado o subvenir permanentemente a las necesidades de un hogar, el de trabajar permanentemente en algún predio del sector reformado, etcétera. Muchas otras exigencias se establecían en ese artículo, las que fueron modificadas por el artículo pertinente del decreto ley N° 208, publicado en el Diario Oficial en diciembre de 1973, en el cual, a los requisitos anteriores, se les agregó el de acreditar prácticas en trabajos agrícolas y poseer aptitudes. Por el otro lado, no pudieron postular a la selección de tierras aquéllos que ocuparon violentamente los predios, durante la reforma agraria. ¿Qué consideraciones jurídicas nos merece el decreto ley N° 208? En primer lugar, ese decreto ley suprimió la condición esencial de ser campesino, que según el artículo 1, letra i), de la ley N° 16.640, era "el obrero o empleado cuyo trabajo habitual o continuo se realiza en el campo, así como el ocupante, mediero, arrendatario, tenedor o dueño de tierras, siempre que lo sean respecto de una superficie no superior a la de la unidad agrícola familiar. En ningún caso se considerará como campesino a la persona que esté en posesión de un título profesional universitario". La supresión de este requisito marginó del acceso a la tierra a un importante sector de campesinos. En segundo lugar, se sustituyó el requisito esencial establecido en la letra d) del artículo 71 de la ley N° 16.640, esto es, poseer aptitudes para el trabajo en el campo o acreditar prácticas en el trabajo agrícola, en un período no inferior a tres años, lo que, en definitiva, tornaba mucho más exigente este requisito. En tercer lugar, por el decreto ley N° 208, se estableció un nuevo requisito para ser adquiriente de tierra, lo que significó que todos aquellos campesinos que hubiesen ocupado los predios con violencia fuesen castigados con el rechazo de su postulación. Indudablemente, por haberse cometido el hecho antes de la dictación del decreto ley N° 208, que tipificó tal conducta, se violó el principio jurídico de que no hay pena sin ley dictada con antelación al delito. Pero, para este efecto, no se requirió acreditar certificado de antecedentes limpios, sino -y esto es lo más grave- meros informes de los servicios de seguridad del agro, con lo cual, prácticamente, se hizo una verdadera "cacería de brujas" con dirigentes y numerosas familias campesinas asentadas de conformidad con el proceso de la reforma agraria. A lo anterior debemos agregar que los mecanismos de selección y de asignación de puntajes, obviamente, regían para quienes estaban en posesión de un título universitario y, al mismo tiempo, para aquéllos que podían obtener un certificado de rendimiento, de iniciativa y de responsabilidad en el trabajo agrícola, el que muchas veces era otorgado por los propios empleadores, funcionarios del agro o cualquiera otra autoridad, con criterio meramente discrecional. Lo afirmado precedentemente y la aplicación in extenso del decreto ley N° 208 -lo queremos dejar como constancia-, significó la marginación y la exclusión de miles de familias campesinas que tenían legítimo derecho al acceso a la tierra. Por eso, señor Presidente, un grupo de Diputados hemos solicitado al señor Ministro de Agricultura que, por la vía del Servicio Agrícola Ganadero, hoy sucesor legal de la Cora y de la Oficina de Normalización Agrícola, Odena, informe a esta Honorable Cámara sobre la cuantificación precisa del problema planteado y, al mismo tiempo, sobre sus alcances sociales y económicos. Muchas gracias. 10.- AUTORIZACION A LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR Y RE- GIONALIZACION PARA SESIONAR EN FORMA SIMULTÁNEA CON LA SALA. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Pido el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización pueda funcionar en forma simultánea con la Sala. Si les parece, así se acordará. Acordado. 11.- IMPORTANCIA DE LA RESTAURACION DEL ESTADO DE DERECHO EN CHILE. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Jara. El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, distinguidos colegas: El día 15 de mayo, se recuerda un nuevo aniversario de un gran mensaje. Se trata de la encíclica "Rerum Novarum", sobre la situación de los obreros, cuyo autor es el Papa León XHI y que cumple, esta vez, 99 años desde que fue entregada como un aporte a la humanidad. La encíclica en referencia nos enseña que la Iglesia no tiene una fórmula social y política hecha y preconcebida, sino principios básicos permanentes, como la primacía de la persona humana, el respeto y la promoción de la justicia, la solidaridad y el amor entre los miembros del cuerpo social. Señor Presidente, quiero recalcar el hecho político de que, a mi juicio, es el más relevante de los últimos tiempos: la reconstrucción del Estado de Derecho en Chile, con la participación de los principales liderazgos políticos del país y con un claro mandato de la inmensa mayoría de los chilenos. En ese sentido, después de tantos años, continúa plenamente vigente la carta papal de León XIII, que dice, textualmente: "Los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil, impidiendo o castigando las injurias. Sólo en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública". Constatamos con amargura que la guerra es todavía un instrumento de poder, utilizado por países que, habitualmente, se consideran civilizados. Es cierto que la violencia de Estado y el terrorismo parecen ser permanentes, tanto en Chile como en el mundo. Es verdad que la miseria material y espiritual destruye la aspiración de paz y de libertad; pero también es cierto que, desde hace mucho tiempo, hemos luchado por el restablecimiento de un estado normal de convivencia para lograr un grado suficiente de consenso o acuerdo mayoritario que permita superar la división de los chilenos en bandos irreconciliables. Para nosotros, es una orientación clave lo que indicó primero como candidato y luego, como Presidente de la República de Chile, don Patricio Aylwin Azocar, en cuanto a buscar con todos "una Patria justa y buena". Ello es bueno para el país y es bueno para el Estado de Derecho. Señor Presidente, una respuesta moral al problema de la violencia la da el requisito de que exista un verdadero estado de derecho, que respete los derechos fundamentales de la persona humana. De ahí el sentido profundo de nuestra participación y respaldo a las reformas constitucionales del 30 de julio de 1989, las que, entre otras conquistas a favor de la dignidad humana, reconocen que el Estado debe respetar los derechos humanos; el pluralismo político y la participación de todos los partidos políticos en el quehacer público, y la consagración jurídica efectiva de los recursos de amparo y de protección. Mi experiencia sobre el punto, me permite señalar que tan mal estaba este importante asunto hasta hace poco tiempo atrás, que, como abogado, he interpuesto centenares de recursos de amparo y todos han sido rechazados, salvo uno, que, de todas maneras, la autoridad administrativa burló en sus efectos prácticos. Señor Presidente, la ley N° 18.978, publicada en el Diario Oficial del 14 de mayo de 1990, que, con todas sus limitaciones, concede indulto a reos rematados en algunos delitos, más el proyecto de ley aprobado en esta Honorable Cámara de Diputados, que suprime la pena de muerte en términos generales, constituyen también signos de reconciliación que vale la pena destacar en un país tan dividido como el nuestro. Un verdadero estado de derecho reclama que las disposiciones jurídicas, una vez dictadas, adquieran eficacia ética que permita interpretarlas y aplicarlas en forma objetiva, cualquiera que sea el resultado que ello arroje, favorable o desfavorable. Por eso, nos alegramos profundamente por el consenso total logrado tanto en la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, que preside la distinguida colega María Maluenda, como en su ámbito de competencia en el análisis histórico sobre las causas, circunstancias, vivencias y experiencias relacionadas con la violación de los derechos del hombre vividas por la sociedad chilena en un período que permita realizar este análisis, y en la defensa y promoción de los derechos fundamentales del hombre en nuestro futuro como país. Queremos saludar también el inicio de una tarea difícil, dolorosa, pero muy necesaria, por la "Comisión Verdad y Reconciliación", cuyo estatuto jurídico y el nombre de cuyos integrantes constan en el Diario Oficial del 9 de mayo de 1990, y cuyo texto señala: "Sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales de la justicia "y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional". Sin perjuicio del contexto nacional, mi obligación, como Diputado del Distrito N° 11, es recordar que, en mi zona, las víctimas de la violencia ideológica de distintas tendencias, a contar del 11 de septiembre de 1973, son dos funcionarios públicos, seis dirigentes sindicales, un oficial de Ejército, un carabinero y un cesante. El propio texto del decreto que crea la Comisión antes mencionada, dice: "Sólo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el concepto público la dignidad de las víctimas, facilitará a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas como corresponde y permitirá reparar en alguna medida el daño causado". Señor Presidente, en los próximos días, estudiaremos otros cuerpos legales relacionados directamente con el problema de los derechos humanos. Debemos legislar con visión de futuro, sin perjuicio de observar los hechos de violencia que, periódicamente, estremecen la conciencia nacional, para ponderar adecuadamente los instrumentos jurídicos que lleven al cumplimiento de los fines sociales que permitan al Gobierno democrático y al estado de derecho superar nuestros errores colectivos y, en definitiva, lograr, para esta generación de chilenos, paz, justicia y libertad. 12.- DEFENSA DEL INTENDENTE DE LA QUINTA REGION FRENTE A CRITICAS FORMULADAS EN SU CONTRA POR PARLAMENTARIOS OPOSITORES. El señor JARA (don Sergio).- Señor Presidente, finalmente y aprovechando esta tribuna, quiero tocar un tema contingente. Creo que la Oposición parlamentaria tiene derecho a exigirnos grandeza y decencia en la administración del Estado. Sus críticas razonables han sido y serán ponderadas adecuadamente. Creo, también, que las bancadas parlamentarias de Gobierno tienen todo el derecho político de exigir a la Oposición grandeza y sensatez en la fiscalización de los actos de un Poder Ejecutivo generado libremente por el pueblo de Chile, en la primera oportunidad política en que así pudo hacerlo. Quiero, expresamente, respaldar a don Juan Andueza, injustamente agraviado en medios de prensa por distinguidos parlamentarios opositores, a propósito de los dichos de uno de los tantos alcaldes que existen en la V Región y que dice ser perseguido político. Don Juan Andueza es un verdadero caballero de la política. Estoy seguro de que, si su estilo tolerante y pluralista, unido a una gran capacidad de trabajo, en particular en beneficio de los más pobres de la zona, fuese la regla general en los hombres públicos, nunca habríamos tenido que vivir y lamentar tantos hechos penosos para unos y otros, según nos consta. Estoy seguro, además, de que ningún funcionario de confianza política del Presidente de la República, como cualquier gobernador de la zona, conculcará los derechos de nadie, porque, para nosotros, hacer gobierno es una tarea ética tan difícil, pero tan hermosa, como dignificar y respetar absolutamente a todos los chilenos. 13.- POSICION DEL PARTIDO DEMO- CRATACRISTIANO EN EL MOMENTO POLITICO ACTUAL. REPLICA A OBSERVACIONES DEL DIPUTADO SEÑOR FEDERICO MEKIS MARTINEZ. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Ortega. El señor ORTEGA.- Señor Presidente, en el debate parlamentario y, en general, en el debate político, podemos seguir uno de dos caminos. El primero es desarrollar un "debate de sordos", donde las partes cada vez se escuchan menos, porque se agreden, se lanzan juicios y descalificaciones, lo que termina impidiendo una comprensión mutua y provoca, generalmente, una dialéctica pública de agresión y de defensa. El segundo camino es el debate acumulativo de raciocinio y de argumentación seria, destinado a esclarecer las posiciones y a persuadir. Para ello, lo único que no podemos hacer es que el contrincante se sienta agredido y se encierre en sus argumentos y prejuicios. El triunfo en el debate no consiste en dejar mal al adversario, sino en ampliar su receptividad y comprensión. Las palabras del señor Mekis, escuchadas en esta Sala, en el día de ayer, que parecen representar el sentir oficial de Renovación Nacional, tienen ingredientes de uno y de otro camino. Partiré valorando algunos conceptos de su intervención. Dice el señor Mekis: "Sabemos que hay crímenes horrorosos. Sabemos que hay cosas que nos avergüenzan a todos; que nos avergüenzan como país, como sociedad". Por eso, el señor Mekis, con un espíritu que valoramos, afirma que "en cuanto a la Comisión de Verdad y Reconciliación, deseo -dice él- personalmente, y creo representar, según sus palabras, el espíritu de muchos Diputados de Renovación Nacional, sinceramente y con todo el alma, que le vaya bien". Estos conceptos son importantes y sirven como punto de encuentro, pues reconocen que hubo crímenes horrorosos y desea con el alma el éxito de la "Comisión de Verdad y Reconciliación". Echa de menos el Diputado señor Mekis la ampliación del tiempo de análisis de dicha Comisión, porque considera importante el contexto histórico de las violaciones de los derechos humanos. Subrayo que podemos discrepar en este punto, pero nos acercamos en cuanto a reconocer que el tema de los derechos humanos constituye un problema serio y grave en nuestra sociedad. Más aún, deseamos esclarecer la verdad con el propósito de llegar a una reconciliación. Nos interesa cerrar las heridas, y no abrirlas. Este es un objetivo compartido, que se desprende de las palabras del señor Mekis. Vale la pena hacerse cargo del contexto histórico de las violaciones de los derechos humanos. Primero, tenemos que decir que han sido los propios socialistas quienes han señalado errores y excesos del período 1970-1973. Cada exiliado que regresaba al país lo señalaba con una crudeza que admiramos. Se debe reconocer también la responsabilidad de la otra parte de este conflicto, lo que pocas veces se hace. ¿No estuvo "Patria y Libertad" involucrada en acciones terroristas? ¿No se buscó exacerbar el conflicto social desde este otro lado? Nosotros, los democratacristianos, afirmamos que también cometimos errores. Por eso, no tememos a este examen, porque al menos los socialistas y los democratacristianos hemos hecho nuestra autocrítica. Pocas veces la hemos escuchado de la Derecha sobre ese período de la historia de Chile. Pero hay un argumento que el señor Mekis y, muy particularmente, el señor Allamand, han expuesto al país en recientes entrevistas y que es necesario recoger. Se señala que los que firmaron el acuerdo de la Cámara de Diputados en 1973 estaban reconociendo el quiebre del Estado de Derecho. Me pregunto: Más allá del juicio histórico sobre la validez de esa afirmación, ¿se quiere acaso justificar la violación de los derechos humanos en el período militar por los excesos atribuidos al Gobierno de la Unidad Popular? La demanda de la Cámara fue la de restablecer el Estado de Derecho. No se trataba de otra cosa. No puede, entonces; llevarse a concluir que se acepten o justifiquen torturas, exilio, muertes, desaparecidos o perseguidos por los excesos del Gobierno anterior. El Diputado señor Bombal trataba la semana pasada, en forma liviana, de establecer una relación de causa a efecto. A mi entender, no es aceptable la lógica de algunos de justificar los efectos, violaciones de los derechos humanos, por la causa que se trata de establecer: los errores verdaderos o supuestos cometidos en el Gobierno de la Unidad Popular. Espero -o más bien estoy seguro de ello- que el señor Mekis no cae en este gravísimo error moral y político, cuando habla del "contexto histórico de las violaciones de los derechos humanos", porque el fin nunca justifica los medios. La parte del discurso del señor Mekis que nos parece poco elevada y que no sirve para un debate constructivo es aquélla en que se levantan, una tras otra, acusaciones poco serias, diría, demagógicas, que ni siquiera llegan a ser efectistas. Según él, el Gobierno y los parlamentarios de la Concertación estaríamos sufriendo una metamorfosis política de demócratas a autoritarios. Nos enrostra el absurdo de que queremos una democracia sin oposición. Señala "la arrogancia y la intolerancia de los parlamentarios para aceptar la crítica". Si yo quisiera crear la espiral de un debate confrontacional y de sordos, debiera responder diciendo: "Ustedes, durante 16 años, no aceptaron ninguna crítica y apoyaron a un Gobierno que no sólo fue arrogante, sino que institucionalizó la arrogancia y la prepotencia, desde el Presidente para abajo". Con este tipo de debates, nada ganan los chilenos y menos el futuro del país y su democracia. Se nos critica que nosotros estamos anclados en el pasado. Pero quienes apoyaron el "sí" y la perpetuidad del General Pinochet y, después, la elección del señor Büchi, centraron su campaña en revivir el pasado. Cuando nosotros señalamos la herencia de "amarras" y de problemas que nos legó el Gobierno militar, estamos comportándonos como lo hace cualquier Gobierno en el mundo, que es señalar las responsabilidades políticas y delimitarlas. ¿No haría lo mismo el señor Mekis, en la eventualidad de ser Gobierno? Aceptamos como constructivas las críticas que nos hizo la Diputada señora Matthei, de que muchas veces exageramos la actitud negativa ante los logros del Gobierno pasado en materia económica. Lo señalamos en una intervención anterior. Sólo espero que la bancada de Renovación Nacional acepte nuestra queja, de ser poco autocrítica, de los excesos y costos humanos, sociales y políticos del Gobierno Militar. Ayer, la intervención del Diputado Viera-Gallo mostró una argumentación seria y responsable sobre el extremismo de Izquierda. Ello no se compara con la ausencia, en algunos discursos, de un sentido crítico a los excesos del Gobierno pasado en materia de derechos humanos o del terrorismo de extrema Derecha o de Estado. La última acusación que nos hace el señor Mekis, y que no podemos aceptar, es que el Gobierno y los parlamentarios de la Concertación estaríamos en una "persistente campaña por enlodar a las Fuerzas Armadas y de Orden por su pasada gestión gubernativa". La falta de consistencia en su argumentación la deja en evidencia el propio señor Mekis al afirmar que Renovación Nacional ha tenido una actitud "de crítica pública en el pasado, lo que demuestra su independencia política frente a las Fuerzas Armadas y a su Gobierno". ¿Por qué, entonces, su crítica al Gobierno Militar es justa y ella no enloda a las Fuerzas Armadas y de Orden? ¿Por qué las nuestras sí? Nada dice el señor Mekis al respecto. Precisemos nuestra posición. Criticar al Gobierno pasado es ejercer el derecho que el Diputado señor Mekis reclama para sí, para su posición; es criticar sus aciertos y desaciertos, sus errores y excesos, puesto que los militares jugaron un papel político y hubo personas -subrayo el término "personas"- que ejercieron opciones, que pudieron se buenas o malas, eficientes o deficientes. Ese derecho a la evaluación crítica lo tienen todos los chilenos, lo tiene Renovación Nacional y lo tenemos nosotros. Eso no es enlodar a las Fuerzas Armadas y de Orden. La institución no depende de cómo jugó el equipo humano en un asunto contingente, que, por lo demás, está lejos de su función profesional. Nosotros fuimos claros y definidos para hacer oposición o crítica política al Gobierno Militar. Las palabras del señor Mekis, tan oficiales como bien recibidas por su bancada, van aún más allá. Dice él: "Curiosa posición la de este Gobierno: predicar una política de entendimiento con las Fuerzas Armadas, pero, simultáneamente, potenciar los conflictos con ellas, sin que ellas puedan ser contrincantes." Rechazamos esta afirmación por liviana e irresponsable. Nosotros no estamos buscando conflictos con las Fuerzas Armadas. Muchas veces, los que crean los conflictos son quienes las adulan y, deseándolo o no, pretenden transformarse en sus voceros. El país necesita superar los conflictos y restablecer una leal relación cívico-militar, en plena democracia. Este es nuestro objetivo y nadie nos sacará de ese camino. Cuando digo "nuestro", hablo de la Oposición y del Gobierno. Ayudémonos, entonces, lealmente, a lograrlo, porque la democracia es una tarea de ustedes y de nosotros, y nuestras diferencias no pueden cerrarnos el camino al futuro en paz social y en pleno respeto a la justicia y a la libertad de nuestro pueblo. He dicho, señor Presidente. -Aplausos en la Sala. El señor MEKIS.- Señor Presidente, como fui aludido, solicito tiempo para responder. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En virtud del artículo 19 del Reglamento; podrá; responder al final de la sesión 14.- DEROGACION DE NORMAS LEGALES QUE AUTORIZAN AUMENTO DE LAS TARIFAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFICIO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Luis Leblanc. El señor LEBLANC.- Gracias, señor Presidente. ¿De cuántos minutos dispongo? El señor VIERA-GALLO (Presidente).- De cuatro. El señor LEBLANC.- Señor Presidente, el artículo 2 de las disposiciones transitorias del decreto con fuerza de ley N° 70, del Ministerio de Obras Públicas, del 30 de diciembre de 1988, dispone que la primera fijación final tarifaria de agua potable deberá efectuarse dentro de los dieciocho meses siguientes a la publicación del cuerpo legal, es decir, junio de 1990. Esta situación, en aras de la privatización de los servicios de agua potable, implica traspasar totalmente el costo del servicio a los usuarios, con la autorización de reajustarlo automáticamente. Este costo total implica incluir los costos S. 21 implementables de desarrollo y los costos marginales de largo plazo, con el consiguiente mecanismo de indexación respecto de su reajustabilidad automática. Todo esto significa, a la vez, que existe una alta probabilidad de un aumento cercano al 90 por ciento de la tarifa mensual por agua potable en el país. Ante una situación de tal importancia, que afecta gravemente la situación económica de los sectores de más bajos ingresos del país, y preferentemente de los habitantes de la I Región, zona con una alta tasa de desempleo y en donde los costos energéticos son los más altos de Chile, me permito solicitar que se oficie, en nombre de la Honorable Cámara o, si hay objeción, en nombre del Comité Democratacristiano, en primer lugar, al señor Ministro de Obras Públicas, para solicitarle la derogación del decreto con fuerza de ley N° 70, "sobre tarifas", publicado el 30 de diciembre de 1988; en segundo lugar, al señor Ministro de Economía, para pedirle la derogación del decreto con fuerza de ley N°62, publicado el 25 de febrero de 1989, que "Modifica tarifas de agua potable y alcantarillado por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias", y del decreto con fuerza de ley N° 453, publicado el 17 de enero de 1990, que "Aprueba Reglamento del decreto con fuerza de ley N° 70"; y, en tercer término, al señor Ministro de Obras Públicas, para solicitarle la dictación del reglamento de la ley N° 18.778, que condonó deudas a octubre de 1988 y dio facilidades de pago para los saldos insolutos posteriores de los deudores morosos, y que el nuevo estudio tarifario por servicios de agua potable y alcantarillado que habrá de realizarse, considere las particulares características de cada zona del país, especialmente en lo referente a las ciudades de Arica e Iquique, pertenecientes a la I Región. Esta situación es preocupante. Es producto del cambio de un sistema tarifario que buscaba otorgar un servicio de agua potable a los chilenos por un sistema de mayor eficiencia y rentabilidad, que ha significado nueve reajustes en el período de un año y que representa ahora un reajuste total respecto de todos los costos. Naturalmente, esta situación afecta, además, en particular, como lo he planteado, a las provincias de la I Región del país, provincias donde el recurso hídrico es escaso y donde su costo de producción es el más caro de Chile. De ahí la importancia de insistir en esta solicitud, de tal modo que esta Cámara oficie y solicite a los Ministerios correspondientes lo que he expresado. Gracias, señor Presidente. 15.- REPLICA A OBSERVACIONES FORMULADAS EN ESTA SESION POR EL DIPUTADO SEÑOR EUGENIO ORTEGA RIQUELME. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Reitero al Diputado Federico Mekis que, conforme con el artículo 19 del Reglamento, puede hacer uso del derecho a réplica al final de la sesión, y le hago presente que también puede intervenir ahora, durante el tiempo que le corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional. El señor MEKIS.- Como estoy inscrito dentro de los Diputados que hablarán en el turno de Renovación Nacional, lo haré en esta oportunidad. El señor VIERA-GALLO (Presidente). Tiene la palabra Su Señoría. El señor MEKIS.- Señor Presidente, lamento las descalificaciones personales en las que entró el Diputado Ortega. Yo no lo hice ayer. Realmente, no esperaba que su defensa de hoy se basara en esos términos. Quiero reiterar algunos de los conceptos que formulé ayer. Decíamos que advertíamos la existencia de una verdadera campaña para inhibir en su actuar a la Oposición. Buscábamos algunas justificaciones muy concretas. Por eso, decíamos también que asistíamos a una especie de metamorfosis política. Entiendo que al Diputado Ortega, por lo que ha dicho, le molestan el término y las críticas. ¿Me dirá el Diputado Ortega que no ha habido arrogancia en la participación de algunos personeros que hoy conforman el bloque oficialista? Yo creo que sí la ha habido. Creo que la opinión pública también lo percibe así. Lo importante es buscar la manera de cambiar ese tipo de actitudes. Eso es lo que yo decía ayer al final de mis palabras. No por el hecho de que nosotros establezcamos mecanismos de cooperación entre los partidos de la Oposición y del Gobierno, puede considerársenos personas dóciles, que estamos dispuestas a acatar que ellos tengan una política de no aceptar las críticas. En ese sentido, decía: ¡Qué metamorfosis! Por eso, los vinculaba con algunas tradiciones autoritarias. Las imágenes autoritarias también penetran a personas que se precian de tener credenciales democráticas únicas. Nosotros participamos en política -yo, en particular- hasta el año 1973, formando parte del viejo Partido Nacional. En esa época -se lo recuerdo al Diputado Ortéga- se emitió en la Cámara de Diputados la famosa declaración que hoy día les molesta. Incomoda a algunos el haber suscrito esa declaración; pero quienes pertenecíamos al Partido Nacional nos sentíamos representados por ella. Precisamente, de esa declaración se infería, concretamente, que se había perdido el Estado de Derecho. Fue precisamente el Presidente de la República, don Patricio Aylwin, quien reconoció, en una entrevista de prensa, haber participado en la redacción de ese "famoso" acuerdo de la Cámara de Diputados. En ese acuerdo también se hablaba de violaciones de los derechos humanos; se hablaba de torturas. Por eso, cuando ayer yo decía que deseaba que le fuese bien a la Comisión que decretó el Presidente de la República, también establecía la excepción, en cuanto a que me parecía que el período que se iba a analizar no era el que a nosotros nos parecía conveniente. Desde luego, creíamos importante incluir el período de 1970 a 1973 y, por supuesto, llegar a los orígenes ideológicos en materia de violencia y su derivación en terrorismo, a lo cual se refirió ayer el Presidente de esta Cámara, señor José Antonio Viera-Gallo. En realidad, veo un contraste entre las palabras del Diputado Ortega y aquellas otras que apuntan a la reconciliación, como las que expresara con dolor, doña María Maluenda hace unas semanas, cuando dijo que, en su campaña, un hombre humilde, pobre, desde la obscuridad de su ceguera y de su propia pobreza, le hablaba con tono de voz amiga y le preguntaba por su hijo José Manuel Parada. Esa es una actitud totalmente distinta. Ayer, también manifestaba que había ciertas señales de las cuales se desprendía que había un cambio en la política oficial respecto de la Oposición. Se dijo que mirábamos el pasado. Sí, durante la campaña mirábamos el pasado; pero permanentemente, en los discursos de muchos de los candidatos de la Concertación, escuchábamos que siempre había que mirar hacia adelante. Y observábamos un cambio en eso: que ahora se miraba y miraba hacia el pasado, por lo cual concluíamos que, en el fondo, tal obsesión por el pasado no pasaba de ser otra cosa que el reconocimiento de que las cosas no marchaban bien para el Gobierno. Nosotros hemos manifestado, muchas veces, que nos gustaría que al Gobierno le fuera bien, porque de esa forma, le iría bien a Chile; pero también advertimos que al Gobierno le resulta difícil cumplir con su promesa, y que tiene dificultades para administrar eficientemente al país. Otra señal se refería a las Fuerzas Armadas y al propósito (decía yo, textualmente, como citaba el Diputado Ortega) de enlodar su pasada gestión gubernativa. Todos somos testigos en esta Cámara, de que, en sucesivos discursos, se ha intentado, sin ninguna objetividad, enlodar su acción gubernativa. La cita hecha por la Diputada Evelyn Matthei, a la que aludió recientemente el Diputado Ortega, confirma esa aseveración. El mismo hecho de que él haya querido ingresar en el terreno de los años 70 y 73 revela la necesidad de analizar y de explorar también ese período, como manera de buscar efectivamente la reconciliación. Me tomé el trabajo de revisar algunas intervenciones de Diputados de la Concertación (no voy a leer sus nombres), y no creo que el trato respecto de las Fuerzas Armadas contribuya realmente a ese clima de reconciliación que nos gustaría alcanzar desde el punto de vista consensual. Un Diputado, refiriéndose al Gobierno anterior, dijo: "Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen pasado"; "confundir excesos, abusos, con una sistemática y masiva violación de los derechos humanos, que arrojó resultados de muertes." Más adelante, otro Diputado hizo alusión a los crímenes y torturas, cometidos en el período histórico recién terminado. Otro habló de que "no puede haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables, que usaron el aparato del Estado para actuar clandestinamente bajo un manto de impunidad y al margen del derecho". Después, hizo mención a una "política de represión institucionalizada sin precedente en nuestra historia". Luego se habló de "tácticas de terror", de "un diseño de enfrentamiento", de "irracionalidad", de "subalternos", de "funcionarios", de "política represiva"; en fin, se usó un montón de adjetivos que, estoy convencido -y pienso que el Diputado Ortega coincide conmigo- no van por el ¿sentido que a todos nos gustaría, cual es, que el país efectivamente se reconcilie. Hay otra señal: es la acusación de dureza con que se nos sindica en los últimos días. Olvida el señor Diputado, cuando efectuó el análisis de lo positivo en su exposición de ayer, lo que hizo Renovación Nacional para conseguir que el tránsito a la democracia fuese totalmente moderado. También olvida nuestra posición respecto de la reforma constitucional; la que tuvimos tanto en el momento de la inauguración de la democracia como con ocasión de la discusión del proyecto de ley de pesca y de la reforma tributaria y, asimismo, la actitud que hemos tenido hoy en la aprobación de distintos proyectos de ley. Por eso, al final, concluía, e igualmente lo iba a hacer hoy, que nosotros consideramos la democracia anterior como la de "los conflictos exacerbados". Y en "los conflictos exacerbados" también participaba nuestro Partido, el Partido Nacional, en el que entonces yo me sentía representado. Es cierto que no queremos buscar ni tampoco volver a una democracia de "conflictos exacerbados". No confundan, les decía ayer, nuestra buena fe democrática, nuestra verdadera capacidad para vivir "la democracia de los acuerdos", con una especie de sometimiento, de actitud no crítica, de consentirlo todo porque, en definitiva, proviene del Gobierno. No creo que ningún sistema democrático realmente logre ese equilibrio. Termino mis palabras diciendo que busco, como todos los parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional, y también de la UDI, todos los elementos que contribuyan a afianzar y a estabilizar el sistema democrático. En nosotros existe una gran responsabilidad. De algún modo, la forma en que nos conduzcamos hoy, y nos proyectemos como Cámara, fijará, asimismo, la forma en que se realizará el debate democrático hacia adelante. Por eso, es preferible corregir los errores a tiempo y no tener que lamentarnos después de haber hecho las cosas mal cuando hagamos un balance, y analicemos lo que ha realizado esta Cámara, por ejemplo, en un año más. Cuánto me gustaría que en un año más pudiésemos concluir todos, diciendo: "Hemos buscado, efectivamente, los acuerdos, y los desacuerdos, en verdad, han dinamizado el debate. No somos una Cámara de conflictos, sino una Cámara en la que se practica la amistad y la cooperación entre los distintos sectores políticos." Gracias, señor Presidente. -Aplausos en la Sala 16.- PREOCUPACION POR FALTA DE INICIATIVAS LEGALES SOBRE MATERIAS URGENTES PARA EL PAIS, ESPECIALMENTE PARA LAS REGIONES, DURANTE LA LEGISLATURA EXTRAORDINARIA DE SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Küschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, Honorables señoras y señores Diputados, en estas dos semanas hemos realizado una oposición generosa, coherente, constructiva y franca, orientada hacia el futuro. El país es testigo de ello y no nos inhibiremos por ninguna campaña de descalificación o de desprestigio. Nuestra actitud contrasta con la de personas y parlamentarios del Gobierno que, a todo nivel y en casi todo el país, están todavía mirando al pasado, haciendo listados de problemas reales e imaginarios. Muchas autoridades perciben que sus cargos en el Gobierno son el premio a sus largas y sacrificadas carreras políticas, y no posiciones desde las cuales deben impulsar la solución real y concreta de los problemas pendientes. Los cargos públicos no pueden asignarse como premios o jubilaciones transitorias, con criterios de cuoteos y de equilibrios de fuerzas relativas, al interior del Gobierno de la Concertación. En una sociedad cada vez más moderna, que está superando la mayor parte de los problemas del subdesarrollo, los funcionarios públicos deben ser técnicos eficaces y sensibles, actualizados en el conocimiento del funcionamiento eficiente de los mecanismos y pautas de una economía social de mercado. Acabamos de asistir a una campaña política de ofertas desatadas, al antiguo estilo, por antiguos "estilistas" que hoy se quejan desde sus escritorios de Gobierno, culpando al pasado de su propia ceguera hacia el futuro. La confusión y la incoherencia entre lo ofrecido y lo que realmente se estuvo haciendo en más de dos meses de legislatura extraordinaria, se refleja en el hecho de que el Gobierno no ha presentado ninguna iniciativa legal sobre asuntos de enorme importancia para el país, especialmente relativos a las regiones. Señor Presidente, hasta el momento, en dos meses de este período extraordinario de sesiones, el Gobierno no ha presentado iniciativas legales en las siguientes materias: obras públicas, salud, trabajo, capacitación laboral, recursos naturales, medio ambiente; asuntos concernientes a la juventud; a la familia y a la mujer; asuntos respecto de la ciencia, la tecnología, la cultura, la previsión social y la Defensa Nacional. En otras materias tanto o más importantes que las mencionadas, el Gobierno sólo ha presentado una iniciativa. Estas materias son: relaciones exteriores, agricultura, silvicultura y pesca, desarrollo social, regionalización y régimen municipal. No obstante, respecto de justicia y de derechos humanos hay trece iniciativas légales, varias de ellas de carácter propagandístico, orientadas con preferencia a llamar la atención de la opinión pública internacional. En este contexto de generalidades y de superficialidad de la mayor parte de las iniciativas legales de este período legislativo extraordinario, debo informar que en mi distrito, el 57, que comprende las comunas de Puerto Montt, Calbuco, Maullín y Cochamó, la actividad económica y social se está resintiendo en forma notable. Eso se reflejará en los próximos indicadores. Nos preocupa que los programas de impulso social que Chile necesita, especialmente en las regiones, las cuales, en parte, están entre los objetivos del Gobierno, se atrasen o, simplemente, jamás se encaren apropiadamente y de manera concreta. Gracias, señor Presidente. 17.- FALSAS EXPECTATIVAS DE LOS CHILENOS, EN CUANTO A LA SOLUCION DE SU PROBLEMAS, ANTE EL ADVENIMIENTO DE LA DEMOCRACIA. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, señores Diputados, la democracia, sin duda alguna, ha traído cosas buenas a nuestro país. Los parlamentarios de Renovación Nacional, desde luego, celebramos la incorporación de Chile a la vida democrática. Nos alegra debatir en esta Sala todas aquellas materias importantes para los hombres y mujeres que han puesto sus esperanzas en nosotros, en nuestra gestión, en esta nueva etapa que vive el país. La democracia es el mejor sistema de gobierno, y es bueno aprender a vivirla, no sólo por los ciudadanos, sino también por los gobernantes y, particularmente, por los parlamentarios. Ello significa que nunca hay que sobredimensionar los múltiples beneficios que la vida en democracia trae consigo. Hoy vemos, con preocupación, que así sucedió; que en el régimen pasado, el sector que hoy gobierna especuló con la democracia e hizo pensar y creer a los chilenos, al trabajador, al pobre, al empresario, que la democracia por sí sola resolvería los problemas pendientes en nuestra sociedad, y que bastaría su advenimiento para que, mágicamente, superáramos las injusticias sociales, los asuntos de derechos humanos y tantos otros que, muchas veces, eran percibidos unilateralmente. Para ser justos, tengo que decir que sólo en contadas ocasiones advirtieron que las correcciones demorarían; pero cuando lo hicieron, ya era tarde. En cada chileno, en forma individual, estaba la semilla de la esperanza sobredimensiona- da de la solución inmediata de su problema particular. Fue imprudente, señor Presidente, alentar tantas expectativas. Por ello, hoy, para eludir disimuladamente la responsabilidad que les cabe a los que hoy son Gobierno, escogen el fácil camino de culpar a la actual Oposición de adoptar posturas rígidas, que no permiten efectividad y eficiencia en las medidas del Ejecutivo para enfrentar los problemas presentes, en un país que busca su salida al pleno desarrollo. ¡Qué injustas resultan esas acusaciones! Parecen extraídas de las viejas prácticas políticas, en las que, para descolocar al adversario, no había mejor receta que tergiversar sus declaraciones y actuaciones y poner en ellas intencionalidades inexistentes. No digo esto con el ánimo de descalificar, sino, simplemente, para dejar en claro que la actitud de la Centro-Derecha ha sido de cooperación en todas aquellas iniciativas de Gobierno que nos han parecido prudentes y de buena intención. Desde luego, nos hemos opuesto a aquéllas que nos parecen contrarias al interés nacional. Esta actitud nuestra es perfectamente coincidente con cada una de las declaraciones que hiciéramos al asumir el Gobierno el Presidente Aylwin. Dijimos, en pocas palabras, que colaboraríamos y apoyaríamos todas, aquellas medidas que entendiéramos beneficiosas para el país y, especialmente, para los más necesitados. Por tanto, las acusaciones e imputaciones son inexactas. Estamos seguros de que la opinión pública tiene plena conciencia de que las luces rojas que hemos puesto en señal de alerta ante lo que consideramos que son errores del Gobierno, tienen como propósito que esos errores se corrijan. Así se afianza la democracia y se genera un clima de estabilidad que posibilita el desarrollo de Chile. He querido referirme a estos hechos porque en el país el aire está enrarecido, y en muchos ámbitos de la vida nacional existe incertidumbre y compás de espera. Necesitaríamos ser ciegos para no ver la inquietud y la desorientación que se advierte en la agricultura, en la construcción, en la actividad pesquera, forestal y otras. Chile está perdiendo su ritmo. No somos precisamente nosotros los que pusimos al país en este ambiente. No ha sido nuestra supuesta dureza la que está comprometiendo el desarrollo económico y social de nuestra Nación; pues al término de este período de Legislatura Extraordinaria se concluye que el Gobierno está más preocupado de legislar mirando al pasado que de hacerlo con los ojos puestos en el futuro. Salvo algunas iniciativas, vemos con preocupación que la tendencia en el próximo período ordinario de sesiones puede repetirse. En todo esto hay un hecho claro: los chilenos observan en forma más preocupante el futuro que hace 6 meses atrás. Ello es por la falta de orientación que en materias trascendentes para el país deja traslucir la acción del Gobierno. Señor Presidente, aun después de lo expuesto, soy optimista y creo que, tanto el Gobierno como este Parlamento, están todavía en posición de recuperar la confianza en el futuro, siempre y cuando actuemos con prudencia y demos cabida al entendimiento. En este sentido hago, por su intermedio, un llamado a los Honorables colegas para que, a tiempo, enmendemos rumbos y demos al debate de los grandes problemas, y por ende de las grandes soluciones, la altura de miras necesaria con la prioridad que ellos merecen. Quiero pensar, señor Presidente, que es mejor y más patriótico postergar la aplicación de estrategias políticas, con el propósito de ocuparnos en resolver problemas reales y preocupantes para las grandes mayorías. Quiero pensar, finalmente, que en cada Diputado que integra esta Sala existe el convencimiento de que la Historia nos juzgará, principalmente, por aquello que hicimos en beneficio del futuro, y no por lo hecho para enmendar el pasado. Muchas gracias. He dicho. -Aplausos en la Sala. 18.- DEFICIT EN EL PAGO DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURALES. OFICIO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Antonio Horvath. El señor HORVATH.- Quisiera saber cuánto tiempo me queda. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Le restan 5 minutos. El señor HORVATH.- En todo caso, quisiera pedirle a la Unión Demócrata Independiente que nos cediera tiempo adicional, a fin de completar mi exposición, intervención, y para que el Diputado señor Navarrete pueda hacer una presentación. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Conforme. El señor HORVATH.- Señor Presidente, por su intermedio, deseo llamar la atención de la Honorable Cámara acerca de una situación de déficit que afecta a gran cantidad de establecimientos educacionales rurales, en atención a que las subvenciones no llegan en forma completa por las restricciones que imponen las leyes N° 18.681 y 18.955, específicamente en lo relativo a internados, las cuales no permiten cubrir los costos fijos de estos establecimientos. Esto ha producido una importante sangría en los presupuestos municipales, dejando a los señores alcaldes sin fondos para las labores propias de las respectivas corporaciones, sobre todo cuando deben responder a los anhelos de la comunidad. Esto está produciendo un gran debilitamiento del sector rural, que incluso puede comprometer la soberanía del país en las zonas extremas. A continuación, me referiré al detalle de estas leyes, en cuanto al efecto que provocan, señalando también algunos casos concretos. Las leyes mencionadas, que regulan las subvenciones educacionales, tienen disposiciones que perjudican fuertemente la situación de los alumnos de las escuelas rurales y de áreas que carecen de un adecuado acceso, como son la Zona Austral y la Zona Norte altiplánica del país. Específicamente, este problema se da en las subvenciones de internados y de escuelas rurales con pocos alumnos. Además, ambos factores están ligados. La ley establece textualmente, en su artículo 13: "No tendrán derecho a recibir subvención de internados por aquellos estudiantes cuyos hogares se ubiquen en sectores urbanos o a menos de tres kilómetros del establecimiento educacional más cercano que entrega el nivel y una calidad educacional que requiere". El mismo artículo agrega más adelante: "Sólo se pagará esta subvención por alumnos a quienes se proporcione el servicio de internados los días sábados, domingos y festivos, si el lugar de residencia de ellos se encuentra a una distancia superior a 50 kilómetros del establecimiento". Si bien estas disposiciones de la ley parecen racionales para un habitante del sector central del país, la realidad del sector rural y de las zonas extremas de Chile, como son las regiones australes y las del norte del país, hace esto muy injusto. En efecto, recorrer en Aisén 50 kilómetros por accidentadas huellas, sendas o picadas -por la necesidad de vadear ríos y cruzar acantilados rocosos o bien pantanosos-, demora hasta tres días. Y ello no está exento de riesgos. A esto hay que agregar un clima riguroso, de lluvias, vientos y nieve, con escasas horas de sol en el período invernal. Además, por tratarse de una región en proceso de integración, los sectores que actualmente cuentan con caminos tienen transporte colectivo con frecuencia semanal o quincenal o, a veces, sólo en vehículos particulares, esporádicamente. Las faenas, de pesca y de ganadería extensiva hacen aún mayor la dificultad de contacto de los hijos con los apoderados, produciéndose sólo en forma semanal en estas regiones. La aplicación de las disposiciones de las leyes mencionadas ha disminuido la cantidad de alumnos en las escuelas rurales i que tienen internados, lo cual incide fuertemente en su adecuado financiamiento, por contar con escaso número de subvenciones. Por ejemplo, el déficit del presente año en la XI Región del país es de 145 millones de pesos. Las subvenciones deben permitir financiar, por lo menos, los costos fijos de estos establecimientos. Este financiamiento no supera los montos máximos que indica la ley y, por ello, se estima que no modifica las leyes de Presupuestos correspondientes. También el déficit ha influido notablemente, tanto en el Norte altiplánico del país como en la Zona Austral, donde se han cerrado escuelas, produciéndose un éxodo muy grave que afecta incluso la soberanía de estas zonas del país. Las municipalidades de la Región de Aisén, de Tarapacá y de otros puntos del país, han tenido que distraer importantes recursos para paliar esta situación, produciéndose una falta de inversión en obras del ámbito municipal que representan anhelos importantes de la comunidad. 19.-ACLARACION SOBRE USO DEL TIEMPO CEDIDO POR LOS DIFERENTES COMITES. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Señor Diputado, tengo que interrumpirlo por un problema reglamentario que se me ha planteado. En realidad, no corresponde que la Unión Demócrata Independiente le ceda el tiempo a Renovación Nacional, porque, de por medio, está el turno de la bancada Socialista y del Partido por la Democracia. Lo que corresponde es que, cuando llegue el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, Su Señoría haga uso de la palabra para completar su discurso, salvo que las bancadas Socialista y del Partido por la Democracia, por una parte, y de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, por la otra, se cedieran recíprocamente sus tiempos. Pero eso no depende de la Mesa. El señor HORVATH.- Lo entiendo, señor Presidente; pero ojalá prime el fondo sobre la forma, para poder completar la idea. En ese sentido, hago un llamado a los colegas socialistas. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Consulto a la bancada Socialista si estaría dispuesta a otorgar al señor Horvath el tiempo que le había cedido la Unión Demócrata Independiente. A la vez, pregunto a la Unión Demócrata Independiente si estaría dispuesta a ceder el mismo tiempo a la bancada Socialista. El señor ARANCIBIA.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría; después, el señor Melero. El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me permite una aclaración, señor Presidente? El señor VIERA-GALLO.- (Presidente).- Conforme, tiene la palabra Su Señoría. El señor MUÑOZ BARRA.-Gracias. Frente a lo que el señor Presidente plantea, en el sentido de que se pueden ir creando otras situaciones, si mal no recuerdo, -y en eso le pido al señor Secretario que me ayude y lo aclare, si estoy equivocado-, es posible que el Comité, cuando está interviniendo un parlamentario, ceda una interrupción, por los minutos que estime necesarios, a un Diputado de otra bancada. Eso es total y absolutamente reglamentario. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El otro día se planteó un problema en ese sentido. Por ello, es mejor que sigamos con la práctica corriente. Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, nosotros, con mucho agrado, le cedemos al Diputado Horvath el tiempo, en los términos en que Su Señoría lo ha propuesto. El señor MELERO.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Melero. El señor MELERO.- Nosotros también estamos de acuerdo; pero la bancada de la Unión Demócrata Independiente estaría dispuesta a ceder del tiempo que le corresponde sólo 5 minutos, porque también necesitamos hacer uso de la palabra, luego no sería el tiempo completo, sino una fracción. 20.- DEFICIT EN EL PAGO DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURALES. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Su Señoría puede hacer uso de la palabra por cinco minutos más. El señor HORVATH.- En primer lugar, agradezco el gesto de la bancada socialista, así como también al Partido de la UDI, para explicar el fondo de mi intervención. Por lo anteriormente señalado, he decidido presentar una moción, que se adjunta, para corregir estos aspectos. En ese sentido, solicito el copatrocinio de los señores Diputados que lo estimen conveniente. Para solucionar la situación del presente año, pido al señor Presidente recabar el asentimiento de la Cámara, con el objeto de enviar, en su nombre, un oficio al señor Ministro de Hacienda, a fin de que estos déficit sean cubiertos en su oportunidad con los ingresos que produzca la refirma tributaria recientemente aprobada. Por lo anterior, se posibilitará asegurar un mejor equilibrio entre las áreas rurales y urbanas y un mayor arraigo de la población rural, el necesario acceso a la educación y, por consiguiente, una mejor calidad de vida y de desarrollo armónico del país. Muchas gracias. Los minutos que restan los usará el Diputado señor Navarrete. El señor NAVARRETE.- Gracias, pero no intervendré. 21.- CREACION DEL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER (SERNAM). El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la Diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados, en el día de ayer, 15 de mayo, el Presidente de la República, don Patricio Aylwin, firmó el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM. Sin duda, el 15 de mayo pasará a ser una fecha histórica para la mujer chilena, porque la creación del SERNAM viene a responder a una larga lucha llevada a cabo por miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país, que ha buscado valorar y dignificar nuestra condición en la sociedad chilena. El proyecto que propone crear el SERNAM es un gesto alentador para las mujeres, pues nos hace mirar la década que estamos iniciando con nuevas y redobladas energías y nos hace pensar que, por fin, la sociedad nos empieza a mirar como personas, como seres humanos, que estamos viviendo los efectos de los cambios y de la modernidad en una forma conflictiva, difícil y dramática en la cotidianidad de nuestra vidas. Aunque, quizás, la mayoría de los chilenos no se haya dado cuenta, uno de los cambios más profundos que ha ocurrido en nuestra sociedad en las últimas décadas es la presencia, cada vez más masiva, de la mujer en la vida pública. Hoy día, las mujeres constituimos alrededor del 35 por ciento de la fuerza de trabajo en Chile, y cada vez más mujeres asumen las jefaturas de hogar. Más del 20 por ciento de los hogares chilenos son dirigidos por mujeres. La soledad de éstas es un problema que se está haciendo cada día más visible y más dramático. Significativamente dramática será esta situación en los hogares de extrema pobreza, donde la jefatura de hogar femenina ha aumentado de 50 mil, en 1975, a 70 mil, en 1988. Todos estos datos demuestran que ha operado un cambio profundo en el papel doméstico que tradicionalmente se ha asignado a la mujer. Ahora la mujer no sólo es madre, esposa y dueña de casa, sino que ocupa un lugar destacado en la vida pública del país. Sin embargo, este cambio que, sin duda, es producto de la modernidad de los tiempos, no se ha dado respecto de las modernizaciones orientadas a redefinir los papeles asignados a los hombres y a las mujeres en la sociedad, cambios que apunten a ir avanzando en relaciones más igualitarias, justas y humanas para esta mitad silenciosa de la humanidad que hemos sido, hasta ahora, las mujeres. Señor Presidente, es de gran importancia para la mujer que un Gobierno proponga la creación de un mecanismo gubernamental que sea responsable de conocer y de estudiar, en profundidad, las formas diversas en que se expresa la discriminación hacia la mujer en las distintas esferas de la vida social y política, y que sea responsable también de diseñar y de formular políticas públicas y estrategias orientadas a modificar y a poner fin a esta discriminación. EL SERNAM debiera ser un compromiso de todos, hombres y mujeres, Oposición y Gobierno, para ir avanzando hacia una democracia justa, que valore y dignifique a la mujer chilena. He dicho. Muchas gracias. -Aplausos en la Sala. 22.- GESTION EN OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO ANTERIOR. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado Octavio Jara. El señor JARA (don Octavio).- Señor Presidente, en mi calidad de integrante de la Comisión de Obras Públicas de esta Honorable Cámara, creo pertinente hacer algunas consideraciones sobre la gestión de obras públicas del anterior Gobierno. Lo hacemos sin el ánimo pequeño de descalificar, aumentar desencuentros o crear polémicas estériles, en el entendido de que estamos analizando la labor de un Gobierno anterior, al que tenemos legítimo derecho de juzgar, sin que por ello deba pensarse que pretendemos desprestigiar a las Fuerzas Armadas y de Orden, como algunos lo han querido hacer creer. Ningún Gobierno, aunque sea de las Fuerzas Armadas, puede estar ajeno a la crítica fundada y responsable. Hacemos, pues, estas consideraciones, con el exclusivo propósito de establecer, en este foro público y nacional, la dimensión negativa de un modelo de desarrollo, considerado exitoso por algunos, con el ánimo de dejar en evidencia la actual realidad de un área fundamental para el desarrollo del país, de la cual se debe hacer cargo el Gobierno elegido democráticamente. Las obras públicas son expresión del patrimonio colectivo de un país, en tanto son de uso común y, además, un eje fundamental de su desarrollo económico, social y cultural. Todos los gobiernos democráticos anteriores, de distintos signos ideológicos, así lo entendieron y fueron, por ende, incrementando los esfuerzos y recursos en esta área. Así, por ejemplo, entre los años 1960 y 1970 se invirtieron en este sector recursos superiores a los 400 millones de dólares promedio al año; y entre los años 1970 y 1973, la inversión promedio anual se elevó a 415 millones de dólares. En cambio, durante la gestión del Gobierno pasado, entre los años 1974 y 1979, esa inversión cayó a un promedio anual de 245 millones. Entre 1979 y 1989, disminuyó aún más, dado que llegó a sólo 240 millones de dólares. En otros términos, durante el mandato del Gobierno anterior -que duró 16 años y medio, el más largo que ha tenido nuestro país en toda su historia, y con una Oposición que, a diferencia de lo que ha ocurrido en estos meses, era fuertemente reprimida-, hubo una disminución de la inversión fiscal en obras públicas de alrededor de 34 por ciento. Señor Presidente, de estas cifras generales, que son objetivas, se colige que durante el período autoritario disminuyó significativamente la acción del Estado y el esfuerzo histórico colectivo que había venido haciendo el país en materia de infraestructura física. Es cierto que en 16 años y medio se realizaron algunas obras públicas relevantes: se terminó la construcción del Metro de Santiago, se habilitó gran parte de la Carretera Longitudinal, se construyó la Carretera Austral y se inició la construcción de este edificio. Sin pronunciarnos, por falta de tiempo, sobre la conveniencia, oportunidad y factibilidad de algunas de estas importantes inversiones públicas, es evidente que durante el régimen anterior, obras de esta área fueron desatendidas y paralizadas. En efecto, y sólo a modo de ejemplo, durante el Gobierno que expiró por voluntad mayoritaria de la ciudadanía, no se hizo ninguna obra mayor de regadío. Tampoco se mejoraron o ampliaron sustancialmente nuestros puertos. Tal carencia hoy día provoca un grave cuello de botella para seguir dinamizando las exportaciones. Por otra parte, si bien en obras sanitarias se aumentó la cobertura de agua, no se invirtió en sus captación, con lo cual disminuyó la dotación, es decir, la cantidad de litros de agua disponible por habitante. Ahora tenemos graves problemas de escasez de ese vital elemento. Por último, para no agotar con ejemplos, durante el Gobierno pasado, se pavimentaron menos kilómetros al año. En efecto, en la década del 60, se pavimentaban 360 kilómetros al año. Entre 1974 y 1989, se pavimentó sólo un promedio anual de 170 kilómetros. Estos datos evidencian que, durante los últimos 16 años, hubo un claro retroceso del país en su infraestructura física. Ello no es responsabilidad de los civiles o generales que fueron Ministros de la Cartera durante ese período, sino consecuencia de un modelo económico impuesto al país, que perjudicó notablemente el interés colectivo y nacional, apreciación que el pueblo ratificó en los actos electorales a que se sometió tardíamente el Gobierno pasado. En consecuencia, en esta área, como en las demás, se requiere introducir cambios sustanciales en las políticas, que signifiquen, por una parte, rescatar el papel histórico protagónico del Estado como gestor y promotor de las obras públicas; y, por otra, armonizar adecuadamente los intereses y esfuerzos públicos y privados en esta importante área. Como lo demuestra la experiencia histórica, no es posible, sin causar un grave daño, dejar entregada totalmente a la acción del mercado la suerte de este sector. Necesariamente debe ser el Estado quien ejerza una acción rectora en la planificación, proyección, construcción, explotación y conservación de las principales obras públicas. He dicho. 23.- MENSAJE DE SOLIDARIDAD Y ALIENTO DE LA CORPORACION A LAS AUTORIDADES Y DAMNIFICADOS DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, CON MOTIVO DE LAS INUNDACIONES QUE SUFRIO ESA CIUDAD.OFICIO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Smok. El señor SMOK.- Señor Presidente, vengo de Magallanes, un extenso y lejano territorio, donde 150 mil chilenos hacen un significativo aporte a la Patria con singular tesón, en adversas condiciones. Somos una isla por imperio de la lejanía y el desmembramiento geográfico del austro. Llegamos hasta el Polo Sur, y nuestra capital regional, Punta Arenas, constituye el exacto centro geográfico de Chile, al quedar equidistante de la Línea de la Concordia y del Polo Sur. Nos sentimos hijos del esfuerzo. Conservamos el espíritu de los pioneros. Estamos orgullosos de nuestro pasado, esperanzados en el porvenir y comprometidos con la democracia en plenitud. La representamos dos Diputados y dos Senadores de la Concertación. Así somos en el austro. Hoy, Punta Arenas está herida. Fuertes precipitaciones y el rápido deshielo de los montes vecinos le han provocado la peor catástrofe en su historia. La mitad de la superficie urbana ha sido inundada. Toneladas y toneladas de lodo han desbordado el río "Las Minas", destruyendo puentes a su paso y arrastrando casas de míseros campamentos instalados en sus márgenes. Tras recorrer la ciudad, el coronel Héctor Orrego, Director Nacional de ONEMI, ha declarado que "Los daños son comparables a los producidos por un terremoto". Por fortuna, no hemos tenido pérdidas de vidas; pero hay 1.200 damnificados en albergues instalados en distintos establecimientos educacionales. Hemos perdido captaciones, aducciones y redes de distribución de agua potable; miles de líneas telefónicas; kilómetros de calles y caminos. Un centenar de familias que viven en campamentos han visto cómo la furia del río arrastraba sus medias aguas. Hay centenares de propiedades privadas anegadas, edificios públicos dañados, embarcaciones perdidas, y el puerto corre grave riesgo de embancarse y de no poder operar. Sólo en obras públicas y servicios hemos acusado pérdidas por sobre 1.500 millones de pesos. Las pérdidas del comercio y en habitación son también millonarias. Las parcelas e invernaderos aledaños a la ciudad, dedicados a la horticultura, han sufrido una pérdida total. Las clases escolares están suspendidas. Hemos enfrentado la emergencia con coraje solidaridad y aunque con dificultades. El régimen anterior, en el marco de su política de repartirse o extinguir bienes del Estado, o apropiarse de ellos, entregó la Intendencia sin fondos de emergencia, ni recursos, como colchones, frazadas o alimentos. No obstante, la ayuda de la ONEMI desde el Ministerio del Interior, y de la OFASA, de la Iglesia Adventista, fue pronta y eficiente. La labor de Carabineros y de la Fuerza Aérea ha resultado particularmente destacable, junto con la de la comunidad, de las empresas del Estado y las privadas en las largas horas de lucha contra la inundación y en el rescate de las víctimas. Altas autoridades y funcionarios, incluyendo al Ministerio de Obras Públicas, se han constituido en la zona. Ya se han comprometido 300 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la recuperación y reconstrucción de lo perdido. No obstante, y como ya lo he dicho, las pérdidas son cuantiosas, y nuestras urgentes necesidades, y la llegada del invierno en Punta Arenas, son palabras mayores y, para tanto damnificado, no deben significar un nuevo calvario. Desde esta tribuna, apelo a mis colegas parlamentarios para apoyar los proyectos que permitan destinar fondos del próximo complemento presupuestario a la reconstrucción de las obras mencionadas. Solicito al Ejecutivo que mantenga y profundice el buen ánimo de asistencia que hasta ahora ha mostrado, y apelo a la ciudadanía toda para que se dignifique a sí misma, extendiendo su mano solidaria a sus hermanos del austro. En lo particular, solicito a Su Señoría, señor Presidente, que en nombre de esta Cámara, se sirva enviar un mensaje de solidaridad y de aliento a las autoridades y damnificados de la ciudad de Punta Arenas. Muchas gracias. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para enviar, en su nombre, el oficio mencionado por el Diputado señor Smok, relativo a la situación que afecta a la ciudad de Punta Arenas. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobado. 24.- CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde hacer uso de la palabra al Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas: En el día de hoy, a las 12 horas 30 minutos, el Presidente de la República, en un acto solemne, firmó un proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Juventud. Considero que este proyecto reviste gran importancia. Todos los aquí presentes fuimos jóvenes, y, probablemente, casi todos participamos en organizaciones sociales juveniles, en las Universidades, en los "scout" o en la acción católica. Casi todos tenemos hijos, algunos de ellos adolescentes, y, sin duda, todos, en nuestras campañas, hablamos y solicitamos el apoyo de los jóvenes. Los jóvenes de nuestro país representan una gran mayoría. Aproximadamente, el 29 por ciento de ellos tiene entre 15 y 30 años, y su realidad actual es dramática. Las estadísticas señalan que, anualmente, 50 mil jóvenes abandonan la enseñanza media y que 75 mil no pueden acceder a la educación superior por razones económicas. En nuestro país, cada año nacen 38 mil niños de madres menores de 19 años. Son pocas las fuentes de trabajo que se crean y destinan a los jóvenes. Evidentemente, frente a estos y otros problemas se requiere de una respuesta integral, a través de un organismo formado por profesionales calificados, capaz de elaborar programas cuya proyección trascienda, lejos, los 4 años del Gobierno actual. Esta es la misión que le corresponde cumplir al Instituto Nacional de la Juventud. La juventud chilena espera mucho de esta Honorable Cámara. Nuestros jóvenes, que no sólo son el porvenir de la Patria, sino también el presente, quieren participar de esta democracia que todos juntos estamos construyendo. Les pido a los colegas de todas las bancadas que hoy contraigamos un compromiso con los jóvenes de Chile; con esa hermosa juventud que quiere aportar al desarrollo chileno; con los jóvenes de Col- tauco, de Machalí, de Rancagua, de Rengo; con los jóvenes de todos los rincones de nuestro país, y apoyemos la creación del Instituto Nacional de la Juventud, que es también un reflejo de la modernidad que nuestro país requiere, mirando el año 2 mil. Gracias. 25.- NECESIDADES DEL HOSPITAL DE MOLINA. OFICIO El señor VIERA-GALLO (Presidente). Corresponde ahora el turno al Comité Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Correa. El señor LETELIER.- Perdón, señor Presidente. El resto del tiempo de nuestra bancada se lo cedemos al Comité Radical. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Le queda un minuto. Pero será preferible que el Comité Radical haga uso de él en su turno, después del de la bancada de la UDI. El señor CORREA.- Señor Presidente, hace algunos días, planteé un problema de la comuna de Molina, a la cual represento. En esta oportunidad, me referiré a la atención hospitalaria que se presta en dicha comuna, tema respecto del cual solicitaré oficiar al señor Ministro de Salud. Como dije en esa oportunidad, Molina tiene alrededor de 50 mil habitantes. Fue cabecera de departamento, y hoy es comuna de Curicó. Por el hecho de haber dejado de ser cabecera de departamento, le fueron retirando poco a poco una serie de servicios públicos, hoy absolutamente necesarios. Mencioné la oficina del Servicio de Impuestos Internos, y el Diputado señor Campos señaló la necesidad de restablecer el Cuartel de la Policía de Investigaciones. En cuanto a la situación hospitalaria, el Hospital de Molina funcionó hasta 1981 en un ruinoso edificio. Ese año, le fue entregado un edificio amplio y moderno que atiende un área que comprende a las comunas de Río Claro, Molina y Sagrada Familia, con un total de más o menos ochenta mil habitantes. Desgraciadamente, su actual clasificación determina que la dotación de personal sea insuficiente, y los materiales escasos, o que muchas veces no haya. Desde luego, lo más grave es que no cuenta con un médico residente. Por lo tanto, solicito de la Honorable Cámara enviar un oficio al señor Ministro de Salud, con el objeto de pedirle que eleve el nivel de clasificación del Hospital de Molina, a fin de corregir y solucionar los problemas ya descritos. Gracias, señor Presidente. 26.-DESTINACION DE RECURSOS ADICIONALES PARA PROGRAMAS OCUPACIONALES QUE PERMITAN PALIAR LA CESANTIA PRODUCIDA POR EFECTOS ESTACIONALES.- PROYECTO DE ACUERDO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, durante los últimos años, las comunas de la Región Metropolitana y, en general, las de otras regiones del país, se han visto afectadas por la contracción de la contratación de mano de obra ocasionada por los efectos estacionales, especialmente en los meses de invierno, por la baja que experimenta la actividad agrícola en particular. La temporada que se avecina no es una excepción, y ya con inquietud verificamos cómo el sector agrícola contrata cada día menos mano de obra, situación que se ve agravada ahora por la eventual paralización que está afectando a la construcción privada en el país, según lo reconoció el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción hace algunos días. Para éstos fines durante los últimos dos años pasados se aplicaron programas intensivos en contratación de mano de obra, con el objeto de paliar los efectos de la cesantía, especialmente en las comunas populares y en sectores poblacionales modestos. Estos programas tuvieron un doble efecto positivo: por un lado, permitieron contratar esa mano de obra cesante, y por otro, llevar a cabo, en distintas comunas, trabajos que, financiados por esta vía, permitieron la pavimentación de importantes calles y avenidas, como también la ejecución de importantes obras en el campo agrícola, especialmente limpieza de canales y otros trabajos intensivos en empleo de mano de obra. Desgraciadamente, de acuerdo con la información que nos dio el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, para el presente año, sólo hay considerados 200 millones de pesos, en circunstancias de que, en 1989, se invirtió en estos programas una cifra superior a los 4 mil millones de pesos. Dada esta situación, la bancada de la Unión Demócrata Independiente presentará un proyecto de acuerdo, que ojalá cuente con el respaldo unánime de esta Sala, con el fin de solicitar de Su Excelencia el Presidente de la República que, por las vías que corresponda, disponga la destinación de recursos a dicha Subsecretaría de Estado, de modo que ésta, a su vez, en forma proporcional al problema de cesantía que afecta a las comunas, los distribuya entre las respectivas municipalidades. De obtenerse esta destinación de recursos, las municipalidades podrían, en un plazo breve, llamar a licitación para la contratación de obras intensivas en empleo de mano de obra, {gustándose los salarios al monto del nuevo ingreso mínimo, según el proyecto aprobado ayer por la Cámara. Por esta vía, no estamos proponiendo crear un subsidio de cesantía, en la forma como operó el POJH o el PEM en años pasados, sino que una contratación de mano de obra sujeta a imposiciones previsionales y al régimen laboral que la legislación establece, que permita acceder a oportunidades de trabajo a la gente que en las comunas carece de ellas. Esperamos que este proyecto de acuerdo, que presentaremos a la Mesa, sea aprobado en la forma indicada, toda vez que su finalidad es paliar un efecto estacional hoy día en creciente aumento. Muchas gracias, señor Presidente. 27.- CONSIDERACIONES SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA, CON OCASION DEL DESPACHO DEL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 18.962, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA. El señor MELERO.- Concedemos una interrupción al señor Muñoz Barra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Muñoz Barra, en el tiempo del Comité Radical. Asimismo, dispondrá, el señor Diputado de los tiempos que le han sido cedidos. El señor MUÑOZ (don Roberto).- Agradezco a la bancada de la UDI la gentileza de concederme parte de su tiempo. Señor Presidente, mi intervención tendrá por objeto, fundamentalmente, dar a conocer las razones que tuvo parte de la bancada socialdemócrata de abstenerse en la votación del proyecto que modifica la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza. La razón de esa actitud, que pudo haber parecido un tanto extraña, se debió al deseo de expresar nuestro desacuerdo con f el procedimiento de hacer un análisis parcial de la problemática educacional. Parte de la bancada socialdemócrata considera que "pellizcar" por encima al "monstruo educacional" que hoy día, en forma bastante anacrónica, tenemos en el país, significa, a lo mejor, hacer creer que se está aceptando el actual estado de cosas. Por eso, la bancada radical socialdemócrata quiere dejar constancia de que, en lo sucesivo, se abstendrá de apoyar modificaciones parciales, que no vayan a lo profundo, a lo largo y ancho del quehacer educacional, en todos sus niveles Evidentemente, la modificación que hoy despachó la Cámara trató -y así lo entendió el Diputado que habla, como Presidente de la Comisión de Educación- de terminar con un sistema realmente engorroso y con un tanto de Ripley, en el cual el Ministerio técnico, en este caso el Ministerio de Educación, no era más que un simple buzón, que recibía la documentación de postulaciones a universidades e institutos profesionales, y no podría emitir un juicio negativo sobre esta materia. Así es, entonces, como a lo largo del país, se han creado 45 universidades y un número mucho mayor de institutos profesionales. Aquí surge una legítima pregunta: ¿Existe una dotación o planta de profesores de nivel superior en la cantidad necesaria para formar en las universidades y en los centros de educación superior, profesionales realmente aptos y capacitados? Nosotros pensamos que ello no acontece, porque no es docencia universitaria el que un ingeniero enseñe docencia en matemática o que un biólogo marino enseñe docencia en biología. La docencia y la especialización pertenecen a mundos distintos. Se ha considerado, en la posición que asumió la Comisión de Educación frente al proyecto -actitud que debo hacer resaltar respecto de las bancadas de la UDI, Renovación Nacional y de la Concertación, entre las que se ha producido consenso-, que el proceso educacional chileno merece una revisión y un profundo análisis. En esto, reitero, todos están contestes. Asimismo, todas las bancadas están de acuerdo en que no puede ser bueno para el progreso del país, en el área de la educación, que los requisitos que se exigen para ingresar a las casas de estudios superiores sean tan diferentes unos de otros: en las universidades tradicionales, altísimos puntajes, y en el resto de las universidades e institutos profesionales, prácticamente sólo el acto físico de rendir una prueba de aptitud, sin exigencia de ningún tipo de puntaje. El Presidente Pedro Aguirre Cerda, allá por el año 1938, acuñó una frase que, a pesar de los decenios transcurridos, sigue latente y marcada a fuego en la realidad social chilena. Dijo: "Gobernar es educar". Y en esa frase, él expresaba la filosofía educacional de que un país no puede desaprovechar los recursos intelectuales de sus habitantes, de modo que quien reúne condiciones suficientes debe tener acceso a las Universidades, y si no cuenta con los recursos materiales, era el Estado quien debía proporcionárselos. Hoy día, vemos en el campo de las universidades una proliferación que casi todos estamos de acuerdo en limitar. No se trata de terminar con la libertad de enseñanza, como algunos lo han insinuado, la que no cabe confundir con la libertad de entregar títulos y de conceder grados solamente. En este análisis, que haremos próximamente, habrá que examinar el hecho de que hoy, las universidades privadas constituyen una suerte de financiamiento indirecto para algunas universidades e institutos profesionales que carecen de recursos y elementos. Es bueno que la Honorable Cámara y la opinión pública sepan que la examinación de un alumno de una universidad privada tiene un costo de 180 mil pesos, que no los paga ni la universidad privada ni el instituto privado, sino que son costos cargados, precisamente, al alumno. Evidentemente, eso encarece el sistema y transforma el proceso de educación, de titulación y de acreditación, en un elemento prácticamente de consumo. Es bueno señalar y enfatizar, para los estudios a posteriori que tendrá que hacer la Honorable Cámara, que no hay un sistema coherente de educación en Chile. Esto es sumamente grave, porque éste es un país modesto en recursos económicos, con profundas lacras sociales, de modo que, los mismos, evidentemente, se deben optimizar. Hoy día, hay una desconexión en todos los niveles educacionales: en la enseñanza pre básica, básica, media y universitaria. Y nos encontramos con que de 135 mil alumnos que egresan anualmente de la educación media, sólo 35 mil pueden ingresar a las universidades. Y quedan cerca de 100 mil muchachos sin ninguna formación con fines y objetivos al servicio del país, sin encontrar un campo ocupacional, porque son licenciados de la enseñanza media y saben, exactamente, muy poco. Hoy día hay cerca de cuatrocientas municipalidades, cuatrocientas cabezas que distorsionan un sistema coherente de educación. No hay relación alguna entre el quehacer educacional en las escuelas de una misma comuna, y mucho menos lo hay entre las escuelas de los diversos niveles de comunas con comunas y, evidentemente, de Regiones con Regiones. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Disculpe Su Señoría que lo interrumpa. El señor MUÑOZ (don Roberto).- Quisiera pedirle al señor Presidente que me permitiera... El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No es ése el problema, sino que son las 19 horas y deben votarse los proyectos de acuerdo, salvo que la Sala asintiera en que terminara el Diputado señor Muñoz. El señor MUÑOZ (don Roberto).- Me bastarían dos minutos para terminar. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- ¿Se concederían dos minutos más al Diputado señor Muñoz? Varios señores DIPUTADOS.- Sí. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Bien. Tiene dos minutos el Diputado señor Muñoz. El señor MUÑOZ (don Roberto).- Señor Presidente, agradezco el consenso de esta Sala. Es interesante que los parlamentarios de todas las bancadas analicemos si es efectivo que el sistema municipalizado ha tenido éxito en este país, y si es importante recoger la inquietud de los maestros chilenos de todos los niveles, que piden que la educación vuelva a estar a cargo de un Ministerio especializado, como lo fue antes, para fijar en nuestro país una política educacional coherente. Muchas gracias. -Aplausos en la Sala y en las tribunas PROYECTOS DE ACUERDO 28.- REBAJA DEL PASAJE DE LOCOMOCION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION SUPERIOR. OFICIO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde votar los proyectos de acuerdo que señalaré. En primer lugar, el Diputado señor Sergio Pizarro ha solicitado que la Corporación oficie al señor Ministro de Educación Pública y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que se modifique el decreto N° 20, de 18 de febrero de 1982, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que otorga el pasaje escolar, haciéndolo extensivo a todos los estudiantes de los Centros de Formación Técnica, de los Institutos Profesionales y de las Universidades particulares y públicas reconocidas por el Ministerio de Educación, y que se les otorgue la rebaja de un 50 por ciento del valor del pasaje en la locomoción interprovincial, interregional y nacional. Se pide el asentimiento de la Sala para enviar un oficio en su nombre. Si no hay acuerdo, se enviará en nombre del señor Diputado que lo solicita. El señor PIZARRO (don Sergio).- Pido la palabra, señor Presidente, para hacer una aclaración. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro. El señor PIZARRO (don Sergio).- Señor Presidente, Su Señoría anunció que este proyecto de acuerdo es de mi iniciativa, y no es así. Hay un error. Es del Diputado señor Sergio Velasco. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Sí, perdón; me confundí. Es del Diputado señor Velasco. Entonces, se oficiaría en nombre de él y de los demás Diputados que han firmado esta comunicación. El señor ORPIS.- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Orpis. El señor ORPIS - Señor Presidente, tengo entendido que en la Comisión de Educación, este tema fue tratado y se acordó enviar el oficio. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No habiendo acuerdo de la Sala, se enviará en nombre de los Diputados que firmen la presentación. 29.- RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO PALESTINO, COMO CONTRIBUCION A LA PAZ EN EL MEDIO ORIENTE. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde, ahora, tratar el proyecto de acuerdo referente a la situación del Medio Oriente. Dice lo siguiente: "Considerando: "1.- Que la Asamblea General de la "Organización de las Naciones Unidas aprobó, "en 1947, la Resolución 181, en la cual se "estableció la partición de Palestina; "2.- Que Chile aprobó la Resolución 181 y, "en consecuencia, reconoció y estableció "relaciones diplomáticas con el Estado de Israel; "3.- Que en 1988 el Consejo Nacional "Palestino, en su reunión de Argel, proclamó la "creación del Estado Palestino, basándose, "precisamente, en la Resolución 181 de la "Organización de las Naciones Unidas, "comprometiéndose, además, a respetar y a "adherir a los principios de la Organización de "las Naciones Unidas y a la Declaración "Universal de los Derechos Humanos, y a "respetar el principio de la solución de los "conflictos por medios pacíficos; "4.- Que el Consejo Nacional Palestino "adoptó una iniciativa de paz en el Medio "Oriente, la cual fue aceptada mediante una "resolución que acordó la Asamblea General, en "sesión ordinaria celebrada en diciembre de "1988. "5.- Que, a raíz de esta nueva resolución de "las Naciones Unidas, ochenta y ocho Estados "miembros del Movimiento de Países no "Alineados, junto a varios Estados de la "Comunidad Europea, han acordado reconocer "al Estado Palestino y establecer con él "relaciones diplomáticas, y, "6.- Que la política exterior de Chile se basa, "entre otras, en el principio del respeto a la "autodeterminación e independencia de los "pueblos. "La Honorable Cámara de Diputados "acuerda: "A) La Cámara de Diputados reafirma su "permanente defensa de los principios de "respeto irrestricto a las normas del Derecho "Internacional, de solución pacífica de las "controversias y del derecho de los pueblos a "vivir en paz y a ejercer su soberanía sobre el "territorio nacional. "B) La Cámara de Diputados considera que "el logro de la paz duradera en el Medio "Oriente implica reconocer el derecho del "pueblo palestino de tener su propio Estado y el "derecho del Estado de Israel de existir dentro "de fronteras seguras y reconocidas. "C) La Cámara de Diputados propicia el "diálogo directo entre todas las partes "involucradas en el conflicto, incluidas la "Organización de Liberación de Palestina y las "autoridades del Estado de Israel, en tanto lo "considera un factor que contribuye "positivamente para garantizar una paz duradera "en el Medio Oriente. "D) La Cámara de Diputados recomienda al "Gobierno de Chile establecer los vínculos y "representaciones que correspondan con los "representantes del pueblo palestino, a fin de "promover los propósitos contenidos en este "acuerdo". Firman este proyecto de acuerdo los Diputados señores Juan Pablo Letelier, Pedro Guzmán, Federico Mekis, Teodoro Ribera, Hosain Sabag, Mario Hamuy, Claudio Huepe y Armando Arancibia. Se ofrece la palabra a quien quiera defender este proyecto de acuerdo. El señor LETELIER.- Pido la palabra El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la recuperación de la democracia en nuestro país hace posible que se exprese en toda su magnitud nuestra vocación como país de contribuir a la paz mundial; nuestro compromiso con el derecho internacional, y nuestra voluntad de recuperar el papel tradicional que cumplió Chile en el concierto de las naciones. Somos un país pequeño, con gran voluntad internacionalista. Tenemos una tradición de respeto irrestricto al derecho internacional. Estamos comprometidos con la paz. Por ello, nuestra bancada, en conjunto con otros colegas, hemos promovido activamente la elaboración de un proyecto de acuerdo cuyo fin es expresar nuestra voluntad de que Chile contribuya a la paz duradera en el Medio Oriente. Entendemos que este objetivo reviste particular importancia en el contexto mundial de hoy. Vivimos un momento de redefinición del sistema internacional surgido después de la segunda posguerra. Es una hermosa posibilidad para consolidar la paz y la seguridad planetaria. Estamos convencidos de que esta Cámara está comprometida con este objetivo. El Gobierno de don Patricio Aylwin ha manifestado su voluntad de ser, en el nivel internacional, un actor que contribuya efectivamente a la paz mundial. Asimismo, y a raíz de la visita a nuestra Patria del señor Kadumi, Ministro de Relaciones Exteriores Palestino, quedó de manifiesto la voluntad de los diversos sectores políticos de nuestro país de contribuir a la paz en el Medio Oriente. Esto significa, desde nuestra perspectiva, en primer lugar, reconocer la existencia de un conflicto en el Medio Oriente. En segundo lugar, reconocer que el conflicto tiene raíces históricas. Y en tercer lugar, asumir que la solución del conflicto requiere: a) Reconocer el derecho del Estado de Israel de existir dentro de fronteras seguras y reconocidas, y b) Reconocer el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado, con territorio, con fronteras seguras y definidas. No quiero ni creo necesario, en esta oportunidad, hacer un relato sobre el drama que le ha tocado vivir al pueblo palestino. No estimo necesario proporcionar hoy cifras sobre el costo humano de la persecución sufrida por el pueblo palestino. Digo esto porque tengo la confianza y la certeza de que existe gran interés, de parte de esta Corporación, en analizar y profundizar la discusión sobre este tema en el seno de su Comisión de Relaciones Exteriores. Para nadie es sorpresa la solidaridad que sentimos los socialistas y los integrantes de esta bancada con la causa palestina. Por ello, queremos manifestar nuestro pleno apoyo al proyecto de acuerdo en discusión, así como agradecer el amplio consenso que se ha suscitado en torno a este tema. En particular, en nombre propio y en el de mi bancada, quiero agradecer el aporte importante de otros parlamentarios a la redacción de este texto, entre los cuales cabe mencionar a los Diputados Mekis, Guzmán, Ribera, Sabag y Hamuy. He dicho. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Se ofrece la palabra a algún Diputado que quiera impugnar el texto del acuerdo. Reglamentariamente, se otorgan cinco minutos a alguien que desee apoyarlo e igual tiempo para rechazarlo o fundamentar su rechazo. Se ofrece la palabra. Si nadie la solicita, entonces, se pone en votación el proyecto de acuerdo. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Varios señores DIPUTADOS.- No. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En ese caso, se procederá a votarlo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 0 voto. El señor ESTEVEZ.- Hay Unanimidad. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El acuerdo fue aprobado por unanimidad. 30.- CREACION DE UNA COMISION INTERMINISTERIAL DE DESARROLLO RURAL. PROYECTO DE ACUERDO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde, ahora, votar un proyecto de acuerdo que han presentado los señores Diputados Claudio Huepe y Manuel José Matta, para la creación de una Comisión Interministerial de Desarrollo Rural. El señor Secretario dará lectura a dicho documento. El señor VALDES (Secretario).- El proyecto de acuerdo dice lo que sigue: "Creación de una Comisión Interministerial de Desarrollo Rural". "Fundamentos: "La necesidad de una Comisión de alto nivel "que coordine e impulse las acciones de "desarrollo rural se basa en las siguientes "consideraciones: "1) Se requiere una atención especial a las "zonas rurales dado que concentran una alta "cantidad de población en extrema pobreza; su "capacidad de bregar por soluciones es menor, "dada su desorganización y aislamiento; y las "poblaciones de temporeros y minifundistas "requieren de medidas específicas urgentes. "2) El problema del desarrollo rural debe ser "abordado de manera coordinada, evitando las "acciones dispersas de las diferentes "reparticiones del sector público. Esto potencia "recursos y evita paralelismos y pérdidas de "esfuerzos. "3) El problema va mucho más allá de lo "agrario. Las soluciones, tanto productivas como "sociales, integran aspectos industriales, "artesanales, de servicios (vivienda, salud, "educación, de riego, etcétera). "4) Si no hay esfuerzo y preocupación "especial dentro del sector público, cada "Ministerio o repartición tiende a concentrar su "acción en sectores urbanos y no se le da la "importancia relativa que merece el sector rural. "La creación de una Comisión "Interministerial de Desarrollo Rural podría a "la vez, estimular la integración del sector "privado y de organizaciones "no gubernamentales a niveles "regionales y comunales en tareas coordinadas "de beneficio social amplio. "FUNCIONES: "D Coordinar, a nivel de sector público, el "esfuerzo de desarrollo rural. "2) Estimular la coordinación en los niveles "regional y comunal, tanto de organismos "públicos, privados y organizaciones no "gubernamentales. ”3) Estimular la búsqueda de recursos "nacionales e internacionales para programas de "desarrollo rural. "4) Definir los mecanismos de implementación de programas especiales de "desarrollo rural. "5) Hacer un seguimiento y evaluar los "programas en ejecución que sean financiados "con recursos públicos". El señor VIERA-GALLO (Presidente). Se ofrece la palabra para fundamentar el proyecto de acuerdo. El señor PIZARRO (don Jorge).- Pido la palabra. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro. El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, quiero manifestar brevemente el acuerdo de la bancada democratacristiana respecto de este proyecto de acuerdo, sobre la creación de una Comisión Interministerial de Desarrollo Rural. No quiero insistir en los argumentos que están claramente establecidos en los fundamentos de este proyecto. Sólo quiero hacer resaltar el interés que debe existir para buscar una solución coordinada y de fondo para los graves problemas por los cuales pasan los sectores más marginados de nuestra sociedad, fundamentalmente, aquellos sectores rurales de las provincias más alejadas, de las Regiones más alejadas de nuestro país. Por ejemplo, en la IV Región, hay grandes y vastos sectores de comuneros que se encuentran aislados, en la indefensión más absoluta y sin ninguna posibilidad de políticas de apoyo que signifiquen sacarlos de su situación de extrema pobreza. De manera que, a nosotros nos parece absolutamente pertinente una iniciativa en este sentido. Estamos de acuerdo con que este proyecto se apruebe. Antes de terminar mi intervención, quiero ceder una interrupción al colega Juan Antonio Coloma. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Coloma. El señor COLOMA.- En nombre de la Unión Demócrata Independiente, también quiero manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa y dejar especial constancia de que nuestro programa y nuestros distintos parlamentarios, especialmente los de zonas rurales, han tenido por objeto buscar un mundo de oportunidades para Chile. Creemos -y lo hemos constatado, por estudios realizados- que muchos aspectos, especialmente en Salud, en Vivienda y en Educación, han sido difíciles de enfrentar para las personas que viven en sectores rurales, sobre todo en aquéllos más alejados. Vivimos en el mundo de las comunicaciones, absolutamente nuevo. Vivimos en el mundo que abre muchas oportunidades para los chilenos. En tal idea, consideramos atinente e importante darle la máxima trascendencia posible a este tipo de iniciativa, que no tiene otro objeto -y así lo entendemos- que dar una verdadera oportunidad a quienes vivan en sectores rurales de nuestra Patria. Si alcanza el tiempo, concedo una breve interrupción al Diputado señor Patricio Melero. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Melero. El señor MELERO.- Muchas gracias, señor Presidente. Concurro, también, a apoyar la creación de esta Comisión Interministerial para favorecer el desarrollo rural. Como profesional del sector agrícola, me consta que, justamente, del diagnóstico del desarrollo rural en nuestro país se ve que si este último no se ha dado en la magnitud esperada, no ha sido por falta de dedicación o de esfuerzo de los sectores gubernamentales, sino porque nunca se ha logrado aunar en un todo al sector privado con el sector estatal. El desarrollo rural es tarea de todas las entidades. Es tarea del sector educacional, del sector salud, del sector vivienda, del sector de obras públicas y de muchos otros que concurren, justamente, a favorecer las condiciones de esta área. Sí quisiera manifestar, señor Presidente, que para que no se constituya en una entidad burocrática, que no llegue al resultado final que esperamos, parece importante que ojalá esta Comisión Interministerial pudiera, al menos semestralmente, dar cuenta al país del estado de avance que su coordinación está teniendo y de las obras concretas que, en tal sentido, se están efectuando. Concedo una interrupción al Diputado señor Naranjo. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo. El señor NARANJO.- Si bien es cierto que, de acuerdo con informaciones que nosotros manejamos, existiría una Comisión, que encabeza el Ministerio de Agricultura, para abocarse a estas materias^ no nos parece inconveniente apoyar esta idea. Pero en la rigurosidad de las cosas, quisiéramos ponerlas en su lugar. Mi impresión personal es que algunos Diputados no saben que existe una Comisión que está coordinando esta materia. En ese sentido, si bien apoyamos esta idea, me gustaría que hubiera mayor información sobre este asunto. El señor PIZARRO.- (don Jorge).- Señor Presidente, una moción de orden. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro. El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, efectivamente, en el Ministerio hay una Comisión que podría tener relación con este tema. Entiendo que haya discusión e interpretaciones diferentes respecto del papel y del funcionamiento de la Comisión que actualmente existe. A raíz de eso, los Diputados señores Mattay Huepe plantearon esta proposición, por cuanto consideran que son materias un poco distintas. En todo caso, habiendo una interpretación diferente respecto del punto, quisiera manifestar que preferiría que se enviara, como oficio, este acuerdo, al Ministerio, en nombre de los dos Diputados de la bancada democratacristiana y de aquellos colegas que estimen procedente sumarse a esta iniciativa. Por lo tanto, solicito que no se vote el proyecto de acuerdo. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Siendo así, se enviará un oficio en nombre de los dos Diputados firmantes y de los demás que quieran adherir a la solicitud, para lo cual pueden indicar después sus nombres al señor Secretario. 31.- PERDIDA DE INVITACIONES PARA EL PROXIMO CONGRESO PLENO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Debo informar de dos hechos, que son administrativos, pero de los cuales, sin duda, uno de ellos, por lo menos, crea cierta dificultad. El Senado nos envió las invitaciones para la ceremonia del 21 de mayo: 2 por cada Diputado y 20 para la Mesa. El señor Edecán del Senado despachó 260 invitaciones, y nos llegaron 216; es decir, 44 invitaciones desaparecieron. Afortunadamente, están numeradas, por lo cual, se ha proporcionado la información a quien corresponda y ese día habrá un control para anularlas. Eso puede crear cierta dificultad a las personas, porque deberá controlarse el número que figura en cada invitación. Eso significa que hay una cantidad de señores Diputados que no han recibido su invitación. Voy a confeccionar la lista de los que a nosotros nos consta que no la recibieron. Si hubiera alguno de ellos que, sin embargo, la recibió, o si hay alguien que falte, les ruego que nos lo hagan saber. No habrían recibido todavía la invitación los Diputados señores Aguiló, Bartolucci, Campos, Cardemil, Carrasco, Guzmán, Huenchumilla, Huepe, Longueira, señora Maluenda, Olivares, Andrés Palma, Ramírez, Rebolledo, Reyes, Rocha, Vilicic y Yunge. Si algún Diputado presente no hubiere recibido la invitación, y no ha sido nombrado, por favor, indíquelo. El señor ORTIZ.- No la he recibido, señor Presidente. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- ¿Alguien más no la ha recibido? El señor MUÑOZ PARRA.- Yo. El señor MEKIS.- Yo tampoco. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Las invitaciones de los Diputados de Renovación Nacional las tiene el Diputado señor Gustavo Alessandri, quien las retiró. El señor PEÑA.- Yo tampoco. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Quiere decir que, además de los nombrados, para que no haya error, faltarían los Diputados señores José Miguel Ortiz, Hosain Sabag, Sergio Jara, José Peña y Mario Devaud. El señor OJEDA.- Y Sergio Ojeda. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Y el señor Ojeda. Respecto de estas personas, pueden retirar sus entradas a partir del día viernes en la mañana. Como eso puede crear dificultad para los que no son de Valparaíso, pueden ustedes llamar por teléfono al señor Secretario, o a su secretaria e indicarle los nombres de las personas a las que ustedes van a invitar, que son dos. Habrá un funcionario, en la entrada, que, con la lista, les entregará las entradas respectivas. Sus Señorías tienen que excusar este problema; pero no somos responsables del hecho de que hayan desaparecido 44 entradas. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, a pesar de que estamos terminando la reunión, quiero dejar constancia de que hay muchas cosas que le van quitando su majestad a un Poder tan importante, como es el Congreso Nacional. Su Señoría me dirá que son 40 tarjetas; pero ellas no se pueden perder, habiendo funcionarios tan selectos como los que posee el Congreso Nacional. De tal manera que le solicito al señor Presidente de la Cámara que me permita expresar, por lo menos, mi malestar, y que se haga una investigación acuciosa, porque aquí no puede perderse ningún tipo de documento, cualquiera que sea su nivel. Me parece muy grave esta situación. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Sin duda se trata de una situación grave, y se hará una investigación al respecto. 32.- FALTA DE DESIGNACION DE LOS DIPUTADOS QUE INTEGRARAN LA COMISION DE RECEPCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL PROXIMO CONGRESO PLENO. El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El otro punto es que las distintas bancadas tienen qué designar al señor Diputado que las represente en la Comisión Se levanta la sesión, de Recepción del Presidente de la República. Hasta ahora, lo ha hecho sólo la bancada democratacristiana. Eso se puede hacer ahora o mañana, pero el plazo máximo para efectuarlo vence el lunes próximo. Se levanta la sesión. - Se levantó la sesión a las 19.28 horas. Sergio Lillo Nilo, Jefe de Redacción de Sesiones