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- rdf:value = " El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En el tiempo del Comité Parlamentario del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Nicanor Araya.
El señor ARAYA .-
Señor Presidente, Honorables Diputados, el martes pasado se conmemoró en el mundo y en nuestro país un aniversario más de la gesta heroica de los mártires de Chicago, quienes ofrendaron sus vidas en defensa de los intereses de los trabajadores.
Este año, la celebración en nuestro país adquirió una trascendencia especial, porque es el primer 1° de Mayo que conmemoramos los trabajadores en democracia después de 16 años de régimen dictatorial.
El rompimiento del orden constitucional, en septiembre de 1973, que costara la vida al Presidente Salvador Allende, interrumpió un proceso de democratización social que vivía el país e inauguró un régimen autoritario que conculcó las libertades civiles y políticas de los chilenos y de todos los trabajadores.
El nuevo poder de facto, encabezado por la Junta Militar de Gobierno, procedió a dictar una serie de normas que afectaron las disposiciones legales, en el orden laboral, que regían hasta septiembre de 1973.
Algunos de los preceptos legales más importantes fueron el decreto ley N° 12, de 1973, que disolvió la Central Única de Trabajadores, que representaba a más del 33 por ciento de la fuerza laboral del país; el decreto ley N“ 44, que suspendió la vigencia de los mecanismos de contratación y de solución de los conflictos colectivos del trabajo.
Estas normas, y otras más, produjeron profundos cambios en el sistema de relaciones laborales en Chile. El movimiento sindical se desarticuló y, con ello, se acentuó la hegemonía del sector patronal, todo ello con una fuerte intervención del Estado en las cuestiones del trabajo.
La instauración del Gobierno Militar no sólo significó la sobreprotección de los derechos del propietario "Hay que cuidar a los ricos," sentenció en una oportunidad el General Pinochet y el desconocimiento de los derechos del trabajador, sino que, además, produjo un hecho muy grave, esto es, que el Estado chileno asumiera, como práctica permanente y sistemática, la violación de los derechos humanos.
Lo anterior tuvo como consecuencia para los trabajadores chilenos ejecuciones, desaparecimientos, torturas, cárcel, relegación y exilio.
En agradecimiento y homenaje a todos los trabajadores y dirigentes sindicales, víctimas de la represión y de la persecución del régimen militar, en este espacio de convivencia democrática traigo al recuerdo los nombres de Exequiel Ponce, obrero portuario desaparecido desde junio de 1975; Luis Figueroa , último Presidente de la Central Única de Trabajado Por lo tanto, es justo reconocer que res, muerto en el exilió; y Tucapel Jiménez , Presidente de la ANEF cruelmente asesinado en 1982, cuyo crimen aun esta sin castigo.
Todas estas violaciones a los derechos humanos y sindicales ofenden la dignidad nacional, y sobre ellas no pueden tenderse un manto de olvido.
Por lo tanto, es fundamental esclarecer estos delitos contra la humanidad para obtener la tan anhelada reconciliación nacional, sobre la base del respeto más irrestricto a los principios de verdad y de justicia que rigen a todo estado de derecho.
En síntesis, y para no alargar esta reseña histórica, el balance del Gobierno del General Pinochet arroja el siguiente resultado para los trabajadores: primero, atomización del movimiento sindical y permanentes violaciones de los derechos laborales y sindicales, reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo; segundo, promulgación de una legislación laboral contraria a los derechos individuales y colectivos del mundo del trabajo; tercero, un país con grandes concentraciones de la riqueza y enorme deuda social, la que se manifiesta a través de la muy deteriorada situación socioeconómica de los trabajadores y de los sectores más pobres del país.
Por su parte, los trabajadores jugaron, en este difícil periodo, un papel fundamental en la lucha por recuperar la democracia. En efecto, los trabajadores y sus organizaciones sindicales, esforzadamente reconstruidas, se pusieron a la cabeza de las demandas sociales y de la exigencia nacional de democracia.
De este modo, la Confederación de Trabajadores del Cobre formulo un llamado a paro en 1983. Después, se conformaron la Coordinadora Nacional Sindical y el Comando Nacional de Trabajadores, el que posteriormente convocó a la organización del pueblo y a la movilización pacífica.
Por lo tanto, es justo reconocer que muchos de los espacios políticos conquistados se los debemos, en gran medida, a la consecuente y generosa lucha de los trabajadores.
Esta mirada al pasado no la hago para quedarnos anclados, reviviendo viejas confrontaciones estériles, sino con el propósito de recuperar una memoria histórica que nos proyecte hacia el futuro, sin cometer los mismos errores del pasado.
Vivimos momentos esperanzadores en nuestro país. Hemos iniciado una nueva etapa de reconstrucción democrática, en la que ningún chileno sobra, sino todo lo contrario, hoy comprendemos el sacrificio de lo que fueron esos 16 años. El desafío que nos impone la democracia resulta crucial para asegurar un nivel de vida decoroso y digno a todos los chilenos, compatible con nuestro nivel de desarrollo.
La estabilidad de la democracia solo será posible si al desarrollo económico se le une la justicia social. Para ello, es necesario modificar en forma sustancial la actual legislación laboral, con el fin de superar las tremendas injusticias y desigualdades heredadas del régimen anterior.
El acuerdo marco entre trabajadores, empresarios y Gobierno abre posibilidades ciertas para iniciar un proceso en que los trabajadores comiencen a recuperar condiciones más justas y equitativas en su relación con los empresarios. Este paso lo evalúo como positivo, sobre todo porque establece un nuevo sistema de relaciones laborales que promueve el entendimiento directo y autónomo entre los dos agentes productivos fundamentales: empresarios y trabajadores. Es positivo que la relación entre empresarios y trabajadores este signada por los acuerdos, en lugar de la confrontación, aun cuando este solo paso resulta insignificantes en la tarea de recuperar condiciones de dignidad y justicia para el mundo del trabajo
El desafío del desarrollo nacional es un objetivo que considera a todos los sectores de la vida nacional. Por lo tanto, Chile requiere de un compromiso serio y responsable con la profundización y consolidación del sistema democrático; de una legislación que garantice la protección de los trabajadores y permita crear organizaciones sindicales fuertes, representativas y autónomas; de reglas del juego claras y estables, que permitan al empresario privado cumplir su importante tarea en el desarrollo económico nacional; de la fiscalización estricta, por parte del Estado, del cumplimiento de los derechos laborales y de los beneficios sociales. Se requiere también modificar urgentemente las normas que regulan el término del contrato de trabajo. Por lo tanto, es necesario derogar a la brevedad el artículo 155, letra f), del Código del Trabajo, pues los contratos a plazo fijo no debieran exceder los seis meses. Debe garantizarse el derecho a sindicalización de todos los trabajadores del país.
Señor Presidente, el fuero sindical debe estar garantizado para todos los representantes sindicales de los trabajadores. Se debe garantizar una estructura que permita crear sindicatos de base, federaciones, confederaciones y centrales sindicales; y el financiamiento de la actividad sindical, con recursos propios.
Se debe permitir, efectivamente, la negociación colectiva y derogar la obligación de negociar sólo a nivel de empresas; establecer el derecho a huelga de todos los trabajadores del país, el que debe protegerse particularmente durante el proceso de negociación colectiva, lo que sucede por no poner límites a la duración de la misma. Hay que terminar con la discriminación de los trabajadores jóvenes (a igual trabajo, igual salario) y de los dirigentes sindicales, impidiéndoles el ejercicio de la actividades político-partidista.
Señor Presidente, solicito de la Mesa que se oficie, en mi nombre, a los organismos pertinentes. En este caso, a la Dirección General del Trabajo y al Ministerio respectivo, sobre las cortes del trabajo, juzgados del trabajo e inspecciones provinciales y regionales del trabajo, los que fueron minimizados en el régimen pasado, lo cual no les permite, conforme a su estructura, cumplir una verdadera fiscalización en beneficio de los trabajadores del país.
He dicho, señor Presidente.
"