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El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Corresponde continuar el debate sobre el proyecto de ley de reforma tributaria. Se han inscrito para hacer uso de la palabra los siguientes señores Diputados: Francisco Huenchumilla, Mario Devaud, Camilo Escalona, Jorge Pizarro, Armando Arancibia, Patricio Melero, Andrés Palma y Claudio Huepe.
Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, señores Diputados, reiniciamos hoy día el debate sobre la reforma tributaria, enviada a este Parlamento por el Gobierno del Presidente Aylwin.
Nosotros, en el curso de este debate, podríamos haber tenido dos posturas extremas: o rechazar completamente el proyecto, sin más o aceptarlo a fardo cerrado. Personalmente, creo que ni una ni otra postura se avienen con la naturaleza de este Poder del Estado, en cuanto es aquí donde confluyen las distintas corrientes de opinión, representativas de los diversos intereses de nuestra sociedad; y donde debemos buscar los grandes acuerdos que posibiliten el desarrollo y la justicia.
Creo que ése fue el ambiente que imperó en la Comisión de Hacienda, donde el proyecto fue corregido y mejorado. De ahí que, al discutir en esta Sala acerca del porqué y para qué de esta reforma, se haga necesario también dejar de lado los argumentos extremos del todo o nada, o el otro prisma que cree que todo es negro o blanco. Ni lo uno ni lo otro.
Es cierto que hoy día tenemos una situación económica que los economistas llaman "equilibrada"; pero también es efectivo que esto se logró a costa del sacrificio de miles de chilenos: de los pobres que pagaron los costos de las distintas políticas de "schock" implantadas por el gobierno anterior. Es cierto también que, a la larga, lo único que cuenta es el desarrollo creciente y sostenido; pero también es cierto que la política del "chorreo" ha fracasado en todos los países que la han intentado; porque en los países subdesarrollados, como el nuestro, el solo mercado no es capaz de asignar los recursos necesarios para solucionar los graves problemas de salud, de educación y de vivienda.
¿De qué se trata, en consecuencia? De dotar al Estado de los recursos necesarios para realizar los programas más urgentes, para ir en ayuda de los sectores más pobres; pero, al mismo tiempo, se trata de hacer una reforma tributaria que, cumpliendo con esos objetivos, no produzca desequilibrios en la inversión y en desarrollo económico..
Con ese criterio, el Gobierno ha buscado acuerdos con otros sectores políticos. Y lo seguiremos haciendo, porque creemos que de esa manera estaremos contribuyendo a construir, de nuevo, la política de los consensos, las que, cuando se rompieron, produjeron el colapso de nuestra democracia.
Así, como ayer buscamos acuerdos con la UDI para conformar y darle estabilidad a las Mesas de la Cámara y del Senado, hoy, respecto de este proyecto se ha logrado un acuerdo serio, respetuoso y dialogante con Renovación Nacional.
Creo, señor Presidente, que éste debe ser el clima que presida los debates de esta Sala.
Quiero referirme al contenido del proyecto; específicamente a la tributación de las empresas, o, en otras palabras, al impuesto de primera categoría. Es decir, a los tributos sobre aquellas rentas que provienen de inversiones o negocios; que requieren de un capital, o en cuya obtención predomina ese capital sobre el esfuerzo personal.
El actual impuesto de primera categoría fue establecido en la ley N° 15.564, durante el gobierno de don Jorge Alessandri, que fusionó las categorías de las anteriores leyes de la renta, correspondiente a los ingresos de los bienes raíces, de los capitales mobiliarios, de la industria y del comercio y de la minería y metalurgia. En 1984 se dictó la ley N° 18.293, que gravó tanto las rentas percibidas como las devengadas, estableciéndose que dicho impuesto, con tasa del 10 por ciento, constituiría un crédito contra los impuestos global complementario y adicional.
El 14 de enero de 1989 se dictó la ley N° 18.775, en virtud de la cual quedaban afectas al impuesto de primera categoría las rentas que fueran retiradas o distribuidas; pero no así las que se hubieran devengado.
El régimen propuesto en el actual proyecto de reforma tributaria respecto del impuesto de primera categoría, presenta características que ya han sido señaladas; pero en esta segunda oportunidad, para un mayor esclarecimiento del debate, y por la especialización del tema, me permitiré resumir en tres puntos.
En primer lugar, se retoma al sistema del impuesto de primera categoría vigente hasta 1988, con un impuesto general a las utilidades devengadas. Para los impuestos global complementario y adicional se mantiene el sistema de base retirada que rige desde 1984.
En segundo lugar, se mantiene el crédito del impuesto de primera categoría, con cargo al global complementario o al adicional, en forma completa y por un monto equivalente a la tasa del impuesto de primera categoría, vigente a la fecha en que se generaron las utilidades que se retiran.
En tercer lugar, se aumenta la tasa del impuesto de primera categoría desde el 10 por ciento actual a un 15 por ciento, a partir del año comercial 1991.
En cuarto lugar, se retrotrae el sistema de pagos provisionales mensuales del impuesto de primera categoría al vigente en 1988.
En quinto lugar, se rebaja la tasa del impuesto de primera categoría a un 10 por ciento, a partir de 1994.
En sexto lugar, se crea una bonificación especial, consistente en un crédito del 2 por ciento a la inversión productiva del sector privado, que tributa bajo el régimen de contabilidad completa, con un tope de 500 UTM por contribuyente.
Uno de los cuestionamientos centrales que se ha hecho a esta reforma tributaria, es que ella provocará una baja en la inversión de las empresas. Sin embargo, de la descripción del proyecto, en relación con el impuesto de primera categoría, creo que es menester tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Primero, que siempre, en las distintas leyes tributarias que ha tenido este país, las empresas han tributado sobre la base de renta devengada y no retiradas.
Segundo, que solamente a partir del 14 de enero de 1989, se estableció el sistema de que las empresas quedaban afectas al impuesto de primera categoría sobre la base de las rentas que fueran retiradas o distribuidas.
Pero esos efectos están todavía por verse, puesto que el año tributario 1989 acaba de terminar con la operación renta el 30 de abril de 1990.
En el fondo, hoy día casi no es posible hablar de impuesto de primera categoría, puesto que éste constituye un crédito contra el impuesto global complementario. En consecuencia, el impuesto de primera categoría es sólo un anticipo del global complementario o adicional.
Por último, en Chile, históricamente, las tasas impositivas fueron superiores al 25 o 30 por ciento, y sólo han sido reducidas a partir de la reforma tributaria de 1984.
En consecuencia, los cambios propuestos en este proyecto de reforma tributaria al impuesto de primera categoría, representan sólo un aumento moderado del referido impuesto, que está lejos de los niveles tributarios históricos y de los que rigieron durante buena parte del gobierno anterior.
Ruidos en la Sala por trabajos en el edificio.
El señor PIZARRO (Don Jorge).-
Señor Presidente, pido que se suspendan los trabajos, porque no se pueden escuchar las palabras del señor Diputado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Me informan que el señor Patricio Valenzuela suspenderá las obras; pero esto significará que no estarán terminadas para el 21 de mayo.
En todo caso, este problema lo tiene que estudiar la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Puede continuar el Diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Gracias, señor Presidente.
Continuando esta intervención, reitero lo que dijo ayer el señor Ministro de Hacienda, en orden a que en otros países del mundo las tasas que gravan las utilidades de las empresas son muy superiores a las que rigen en Chile. En la mayoría de dichos países no hay un tratamiento favorable a las utilidades reinvertidas, y, muy por el contrario, se les aplica una tasa tributaria mayor, con el objeto de estimular la canalización de dichos recursos hacia el mercado de capitales.
La reforma tributaria del año 1984 estimuló a las empresas a financiar sus inversiones con recursos propios; pero ello se debió a los altos niveles de endeudamiento generados en los años anteriores.
El único cambio contemplado en esta reforma tributaria, respecto de la reinversión de utilidades, implica volver al sistema de pago vigente hasta el año 1988. El cambio consiste en realizar los pagos provisionales del impuesto de primera categoría sobre la base de las utilidades devengadas por las empresas, en lugar de las retiradas por sus propietarios. Esto significa que las empresas, harán nuevamente pagos provisionales mientras se generan las utilidades, y no sólo cuando éstas son distribuidas.
Por otro lado, es necesario tener presente que el sistema tributario chileno incluye una amplia gama de incentivos a la, inversión, que se mantendrán después de esta reforma. Entre esos incentivos se cuentan la posibilidad de recuperar el IVA pagado en la compra de bienes de capital, el sistema de depreciación acelerada para bienes de capital, el pago diferido de los derechos de Aduana en la importación de maquinarias y de equipos, y la no declaración de las utilidades retenidas para los efectos del impuesto global complementario.
Todos estos mecanismos no son modificados por la reforma, y los consideramos necesarios para estimular la inversión del sector privado.
No hay, pues, una política tributaria que atente en contra de la inversión o que tenga un sesgo antiempresarial. Se trata de solucionar la acumulación de demandas sociales insatisfechas, de mantener reglas del juego estables y de crear un clima que permita estabilidad política y desarrollo.
El Gobierno pasado racionalizó las finanzas públicas, efectuando despidos masivos de funcionarios públicos, vendiendo empresas, jibarizando los programas sociales, exonerando profesores, reduciendo la inversión pública; en definitiva, implantando un sistema económico en que el costo social lo pagaron los más pobres. Con ello, ahora no es posible efectuar nuevas reasignaciones de gastos en las magnitudes necesarias para hacer frente a los graves problemas sociales que vive nuestro país.
Por esa razón, hoy día se requiere un esfuerzo mayor de aquellos que tienen más y que se beneficiaron con el sistema económico. A ellos el país les pide ahora su aporte.
En el pasado Gobierno no hubo ningún año en que no se hicieran modificaciones al sistema tributario. Algunas de ellas fueron motivadas por razones macroeconómicas; otras, se hicieron para estimular distintos comportamientos del sector privado; otras, tuvieron causas más bien políticas; pero muchas fueron motivadas por el interés de provocar cambios estructurales en el tamaño del sector público.
Cada uno de esos cambios obligó al sector privado a adaptarse a nuevas reglas del juego y contribuyó a generar incertidumbre e inestabilidad.
La propuesta contenida en esta reforma tributaria es efectuar ahora cambios transitorios, en su mayor parte, que permitan generar recursos para financiar programas sociales de gran urgencia, sin tener que introducir nuevas modificaciones o establecer mecanismos indirectos para generar mayores ingresos en los últimos años.
La reforma tributaria, por lo tanto, les permitirá tanto a las empresas como a los trabajadores, y a los sectores de menores ingresos, contar con un horizonte de certidumbre que les permitan tomar .decisiones con la seguridad de que no se modificarán las reglas del juego a medio camino.
La reforma contribuirá a mantener la estabilidad de la economía, pues permitirá tener paz social y política, una situación fiscal sana y reglas del juego estables.
La experiencia chilena demuestra que no hay incentivo más poderoso para la inversión que la estabilidad. A pesar de que el Gobierno anterior estableció generosos incentivos a la inversión, ésta, en lugar de aumentar, se mantuvo por debajo de sus niveles históricos, por la situación de inestabilidad e incertidumbre en que vivió nuestro país.
Entre los años 1974 y 1988, la tasa de inversión fue, en promedio, de un 15 por ciento, cifra inferior al promedio del 20 por ciento que existió en el período 1960-1970.
Un retomo ordenado a la democracia, con una economía equilibrada, con solución a los graves problemas sociales y en que los sectores más pobre tengan oportunidad de empleos, vivienda, trabajo, salud y educación, son la mejores garantías que el país les puede ofrecer a los inversionistas y a los empresarios.
Nada más, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Mario Devaud.
El señor DEVAUD.-
Señor Presidente, Honorable Cámara, el proyecto de reforma tributaria, iniciado por Mensaje del Ejecutivo, como es de conocimiento de la Sala, ha sido debatido en general y en particular por la Comisión de Hacienda de esta Corporación.
El propósito fundamental de esta reforma radica en conciliar el desarrollo económico de la Nación con la justicia social, requerimiento imperativo de nuestro pueblo, como lo expresara ayer el Diputado informante, don Jaime Estévez.
Está indicado en el Mensaje que el destino de los recursos adicionales que se recauden en virtud de la reforma, será principalmente suplir las deficiencias presupuestarias del año 1990, para poder desarrollar los programas del Gobierno democrático; apoyar la ejecución de nuevas políticas sociales e iniciar programas de inversión y de infraestructura para asegurar el desarrollo. Consecuentemente, aun con todas las observaciones que puedan formularse al proyecto, reconocemos el efecto de la iniciativa del Gobierno como un acto soberano de solidaridad, al pretender incorporar activamente a los marginados y a los desposeídos a los beneficios del crecimiento.
El aumento de la recaudación tributaria y su resultado, en particular, debe ser necesariamente dirigido a superar los problemas que generan las carencias heredadas. Me refiero, obviamente, a las deficiencias notorias en salud, vivienda y educación, en forma principal. Creemos, asimismo, que una ampliación de los recursos fiscales debe mejorar las posibilidades para superar los evidentes desequilibrios sociales que se observan en nuestra Nación, tan notorios y perceptibles por los marginados de nuestra sociedad.
Advertimos, en general, que los principios incorporados a la reforma tributaria son coincidentes con muchos de los enunciados en el programa de Gobierno, donde, principalmente, destacan la equidad, la eficiencia y la simplicidad, que han sido objeto de especial preocupación, según se advierte del propio texto de la reforma sometida a la consideración de esta Honorable Cámara.
Las principales modificaciones contenidas en el proyecto cuyo contenido valoramos en forma importante, apuntan a cuatro grandes temas.
En materia de impuesto de primera categoría, se retoma al sistema de tributación sobre la base de renta devengada. También se introducen mecanismos de incentivos a las reinversiones, como el caso del crédito del dos por ciento contra el impuesto sobre nuevas inversiones que hagan los contribuyentes de primera categoría que tributan sobre renta efectiva o de activos fijos para fines productivos. Además, se modifican las tasas y tramos de los impuestos único al trabajo y global complementario, lo que estimamos un ingente esfuerzo de equidad tributaria.
En materia de rentas presuntas, se derogan los regímenes de excepción en actividades agrícolas, mineras y de transporte de alto rendimiento. Destaco el hecho y la expresión "de alto rendimiento", que pasan a tributar sobre renta efectiva, determinada por contabilidad completa. Pero, a la vez, se mantiene el sistema de renta presunta para las mismas actividades, en carácter de excepción, en relación con montos mínimos estimados, sean de venta, de facturación o de producción, de distintas maneras para cada rubro. Sin embargo, a este respecto, hay observaciones en relación con los límites y en cuanto al valor jurídico de la mantención de los regímenes de renta presunta, que se harán valer oportunamente.
Luego, en materia de renta presunta, la reforma tributaria establece un sistema simplificado para determinar el balance inicial de las actividades que pasarán a tributar sobre la base de renta efectiva; además, contiene considerables beneficios para estos contribuyentes, como son, las normas sobre el establecimiento de los valores iniciales de los activos y, especialmente, el carácter deducible del patrimonio negativo o dé las pérdidas determinadas en el balance inicial, que beneficia, sin duda, a los contribuyentes de estos giros con altas deudas de arrastre en el sistema financiero.
En relación con los vacíos legales existentes en la actual ley, en esta materia el proyecto corrige un número importante de vacíos al reglar, con especificidad, las siguientes materias:
Establece normas objetivas y claras sobre retiros anticipados, en relación con las empresas que declaran renta según contabilidad completa.
Señala, con extrema precisión, los elementos que constituyen el fondo de utilidades tributables.
Establece un sistema de prelación de retiros, remesas o distribuciones que hagan las empresas a sus propietarios, socios o accionistas.
Establece normas categóricas en relación con los ingresos por promesas de ventas de inmuebles y contratos preparatorios, coincidentes con el principio de tributación sobre renta devengada.
Amplía, para las empresas mineras, el valor de adquisición de las pertenencias como deducción incorporada a los costos de explotación.
Amplía la norma de estimación de costos en las operaciones de enajenación o de promesa de enajenación de bienes no terminados al cierre del ejercicio, a las promesas de venta de inmuebles, de contratos de construcción, de confección de obra material y, finalmente, de contratos de servicios, vacío que estimamos importante y que ha sido mejorado en el proyecto de Reforma Tributaria.
Mejora notoriamente la situación del contribuyente en estado de tributación por término de giro.
Establece una norma que soluciona un vacío legal importante, referido a la enajenación de derechos sociales entre partes relacionadas.
Corrige también una evidente distorsión en la base imponible del impuesto global complementario, al incluir en ésta, un monto equivalente al crédito del impuesto de primera categoría, determinándose, de este modo, en forma más real, la base del tributo.
En materia de impuesto adicional, incorpora la responsabilidad solidaria de las sociedades anónimas, que no existía, en relación con eventuales restituciones de créditos deducidos en exceso por el socio, en favor del Fisco.
En relación con los impuestos indirectos, nuestra opinión original y concordante con nuestros principios políticos, fue rechazar el aumento de dos puntos del impuesto al valor agregado. Sin embargo, luego de escuchar la exposición del señor Ministro de Hacienda ante esta Cámara, sobre el estado de la Hacienda Pública, y estimando que no estaba dentro de las posibilidades inmediatas el dejar sin efecto este aumento, o llevar a cabo un aumento parcial de un punto sobre la actual tasa de tributo, patrocinamos, conjuntamente con otros señores Diputados, una indicación, aprobada en la Comisión de Hacienda, de transitoriedad de* este aumento, atendiendo, además a que no se perciben otras fuentes de financiamiento abiertas y accesibles, que pudieran sustituirlo.
Por otra parte, si la proposición del Ejecutivo en el proyecto de reforma es la transitoriedad de la tasa del impuesto a la renta, estimamos que, por razones de equidad tributaria, y en la convicción de que durante su aplicación el Ejecutivo compensará con su mayor rendimiento, y en la medida de lo posible, a los sectores más desposeídos de la sociedad, mediante la ejecución de los programa de justicia social, era también recomendable dar un tratamiento similar al contribuyente de primera categoría; en este caso, a los consumidores.
En general, no nos es posible analizar un tema de la trascendencia de la reforma tributaria y de sus incidencias, sin comentar sus insuficiencias, en relación con los objetivos prefijados en el programa de la Concertación.
Ciertamente, recaudar los recursos del Estado; promover el crecimiento de, la inversión; mejorar la progresividad impositiva; aumentar la contribución relativa por impuestos directos, y establecer un sistema tributario estable, simple, concentrado en pocos tributos de alto rendimiento y de mínima evasión, son objetivos definidos y aceptados por todos los partidos integrantes de la Concertación. En el mismo programa se consignan como medidas tributarias que privilegian el ahorro y la inversión, la equidad y disponibilidad de los recursos del Gobierno democrático, las siguientes:
1. La elevación de la tasa del impuesto de primera categoría entre el 15 y el 20 por ciento.
2. La creación de mecanismos eficaces para fortalecer la inversión, mediante estímulos a la reinversión de utilidades.
3. La educación de la política tributaria, mediante la derogación de exenciones y franquicias y regímenes presuntivos de renta, con excepción de actividades o empresas de giro mínimo.
4. Reducción sustancial de la evasión tributaria mediante una correcta fiscalización, absolutamente necesaria en los momentos que vive nuestra Patria.
No existen dudas de que la reforma tributaria cumple algunas de las medidas contenidas en el programa de Gobierno, en lo referente a la política tributaria. La pregunta es si las cumple en la medida esperada o proyectada, y si sus efectos satisfacen la esperanza de nuestros representados.
Al respecto, hay algunos juicios que considerar, analizar y atender.
En primer lugar, se ha estimado por algunos que la elevación de la tasa impositiva de 10 a 15 por ciento en el impuesto de primera categoría, si bien introduce un relativo elemento de equidad y corresponde a una de las opciones señaladas en el programa de la Concertación, no generará los recursos necesarios para dar cumplimiento al principalísimo objetivo de satisfacer gradualmente las carencias en las áreas más importantes del proyecto social.
En segundo término, la mantención del crédito contra el impuesto global complementario se ha considerado, también por algunos, como una franquicia exagerada en beneficio de los contribuyentes de primera categoría.
En tercer lugar, la introducción del crédito del 2 por ciento por inversiones en bienes físicos del activo inmovilizado, si bien constituye un mecanismo eficaz de reinversión, puede también ser visto como un elemento de inequidad tributaria, al no existir un crédito similar para el contribuyente de segunda categoría que, por ejemplo, invierte en la educación de sus hijos, lo que estimamos propiamente una inversión en la gente.
En cuarto término, se estima que la existencia de créditos contra el impuesto, por su propia mecánica, termina aportando un menor ingreso a la caja fiscal, no perceptible de inmediato, sino diferido.
En quinto lugar, se han formulado observaciones críticas al aumento propuesto de dos puntos en el impuesto al valor agregado, fundadas en que impacta negativamente en el grueso de la población, que destina la totalidad o gran parte de sus ingresos al consumo.
Distinto es el punto de vista de la percepción fiscal, pues se estima que la mayor recaudación proveniente de este aumento se origina en aquel sector de la población que tiene mayor margen de ingresos. Sin embargo, este análisis no acalla la crítica, y este aumento sólo puede ser entendido al no haber otras fuentes de financiamiento de los programas del Gobierno.
En sexto lugar, importantes sectores políticos han observado el hecho de que no se hayan explorado otras fuentes de financiamiento, que, a su vez, generarían una mayor fuente de ingresos a la caja fiscal, tales como:
1. Destinar una parte significativa de gravamen previsto en la Ley Reservada del Cobre al Presupuesto General de la Nación.
2. Establecer un gravamen extraordinario sobre las remesas de utilidades provenientes de operaciones de capitalización de deudas por vía del Capítulo XIX de las Normas de Cambios Internacionales del Banco Central.
3. Establecer un tributo especial a los propietarios de empresas privatizadas y adquiridas a menguado precio al Fisco de Chile, como una medida compensatoria.
4. Decidirse por la opción del aumento de la tasa del impuesto de primera categoría al 20 por ciento, contemplada alternativamente en el programa de la Concertación, o reducirlo definitivamente a un 10 por ciento, eliminando en este caso, en forma simultánea, el crédito contra el impuesto global complementario.
5. Estudiar la posibilidad de establecer gravámenes especiales a los artículos suntuarios.
Sin embargo, pese a los cuestionamientos de que pueda ser objeto el proyecto de reforma tributaria, cabe reconocer que contiene elementos de estabilidad, equidad, eficiencia y simplicidad, que si bien no constituyen una satisfacción plena de las expectativas consideradas, constituyen un significativo avance en la modernización y justicia de la estructura tributaria.
Por estas últimas razones, la representación parlamentaria de la Coordinadora Socialista Democrática votará favorablemente el proyecto.
La exposición del señor Ministro de Hacienda, en el día de ayer, ha sido particularmente interesante. Ha destacado un hecho que debe llamamos a la reflexión: nuestros representados han demostrado una innegable confianza en la buena fe del Gobierno democrático, están plenamente conscientes de las limitaciones presupuestarias que asume el actual Gobierno y, en una muestra innegable de voluntad política, han expresado su disposición a aportar su cuota de sacrificio, a fin de que el Estado chileno pueda ejecutar sus programas sociales. Esta es una razón más que decisiva para apoyar el proyecto de reforma tributaria.
Esto explica, tal vez, las motivaciones de fondo del pueblo chileno para negarse terminantemente a aceptar la sugerencia de vender las empresas del Estado para financiar el gasto social.
La pregunta formulada en esta Sala acerca de por qué no se venden las empresas del Estado para financiar el gasto social, tiene muchas y muy variadas respuestas. Primero, porque no queda casi ninguna por enajenar a la voracidad del capital. Segundo, porque ese criterio es igual al de la persona que vende los muebles de la casa para pagar el arriendo y, por lo tanto, absolutamente fuera de lo razonable. Tercero, porque hay conciencia generalizada, en todos los sectores, de la necesidad de ejecutar programas de justicia social y de que su fuente de financiamiento deviene específicamente de la reforma tributaria en discusión.
Antes de terminar, señor Presidente, quisiera dejar constancia de un aspecto de la intervención que ayer hiciera ante esta Sala el Diputado señor Ramírez, la que me llamó la atención en cuanto a reparar en el principio constitucional de igualdad ante la ley, consagrado en la Carta Fundamental, al establecer la igual repartición de las cargas públicas.
Le asiste razón al señor Diputado, por cuanto la mantención de regímenes de excepción, como es el caso de las rentas presuntas, vulnera claramente el precepto constitucional y requiere, por consiguiente, un análisis exhaustivo y jurídicamente fundado.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, el proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo y aprobado por la Comisión de Hacienda, propone, explícitamente, conjugar el desarrollo económico y la justicia social.
Tal es su esencia y, en consecuencia, conlleva necesariamente a una reflexión y balance político e histórico.
En efecto, iniciar una política de redistribución de la riqueza, calificada, en este caso, por el Diputado señor Cerda, como una reforma moderada, es parte indisoluble del proceso de democratización de las estructuras económicas y sociales, comenzado en marzo de este año.
Generar los mecanismos que frenen y en lo posible reviertan la agresiva y grosera concentración de la riqueza en una pocas manos, es también parte del proceso de reimplantación de la democracia y de progresivo reemplazo del régimen dictatorial, derrotado el 5 de octubre de 1988 y el 14 de diciembre de 1989.
En consecuencia, no estamos asistiendo a un acto abusivo, incoherente o apresurado. Por el contrario, millones de chilenos están a la espera ansiosa de la aprobación de la reforma tributaria, porque, a través de ella, perciben que habrá más recursos para el gasto social.
Esos millones de chilenos entienden que la democracia debe mejorar urgentemente sus condiciones de vida. Defraudar sus esperanzas, es frustrar su confianza y fe en el régimen democrático que se está reconstituyendo; es alimentar y acumular una caldera social de imprevisibles consecuencias.
Por ello, la oposición terca y obsesiva de la UDI, en éste como en otros campos, es la expresión de la asociación indisoluble de ese grupo con el pasado autoritario, y de su ideologismo exacerbado, irrevocablemente dogmático; en resumen, de su escasa valoración de la nueva democracia.
La historia de cada pueblo es imborrable, y el escándalo de algunos, cuando se habla del pasado, no es sino el efecto de la propia conciencia culpable, por el compromiso con una política económica y social que dividió como nunca al país en ricos y pobres, y que no pudo sostenerse sino que a través de la fuerza y del ejercicio Ilegítimo del poder. Esa realidad no se podrá ocultar ahora rasgando vestiduras en defensa de los pobres, que ahora son más pobres que nunca, por efecto del mal llamado modelo neoliberal.
Resulta chocante que se aluda a los pobres para justificar la más brutal política antipopular de la historia de este país, y prolongar, ahora, bajo la naciente democracia, una injusta y odiosa desigualdad social. No podemos sino denunciar que, de esa manera, tras el concepto de oposición constructiva, se oculta la torva intención de manipular el descontento popular y de bloquear el proceso de transición democrática para generar condiciones que permitan a la Derecha autoritaria recuperar el poder perdido. "Amarrar" la institucionalidad dictatorial, legislar hasta última hora, mantener a los alcaldes designados, diezmar las arcas fiscales, fueron y son actos concretos de la entrega hipócrita del poder por parte de quienes se prepararon para perpetuarse en el mismo.
El Socialismo y las fuerzas de Izquierda apoyamos el proyecto enviado por el Ejecutivo, por cuanto éste significa un paso concreto en el camino de unir la democracia con la justicia social. Valoramos la voluntad del Gobierno de Patricio Aylwin y la actitud positiva adoptada por Renovación Nacional en esta materia.
Mantenemos con el mismo proyecto áreas de disenso, como es lógico y legítimo que existan entre demócratas, pero nos guiamos por la necesidad de avanzar pronto y urgentemente en el esfuerzo nacional para mitigar la pobreza, la falta de vivienda, la ausencia de seguridad social, de educación y de salud pública. Tal es la forma de encaminarse al cumplimiento del programa de la Concertación Democrática, respaldado mayoritariamente por los chilenos, y de asumir con verdadera responsabilidad la consolidación democrática que nuestro país necesita.
Gracias.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que puedan ingresar a ella los asesores del señor Ministro de Hacienda, señores Manuel Marfán y Manuel Barahona.
Si así les parece, se acordará.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Señor Presidente, soy autor de una indicación para sustituir el artículo 90 de la ley N° 18.768, que autorizó a la empresa Polla Chilena de Beneficencia y a la Lotería de Concepción para administrar sorteos de números y juegos de azar, independientes de sus sistemas anteriores, pero derivados de los mismos.
Quiero, en esta oportunidad, fundamentar brevemente el contenido y alcance de esta indicación y por qué creo que debe incluirse en el proyecto de reforma tributaria.
El decreto ley N° 1.298, de 1975, que creó el Sistema de Pronósticos Deportivos, materializó una idea largamente debatida por Gobiernos y Congresos durante más de 20 años. Dicho sistema constituye la fuente de financiamiento para fomentar y desarrollar las actividades relacionadas con el deporte y la recreación en el país.
Se beneficia del sistema toda la actividad deportiva y recreativa del país: el deporte de elite o alta competición, .el deporte amateur y de carácter masivo, en el nivel poblacional, y la actividad recreativa nacional, además del fútbol, deporte que sirve de base al sistema de pronósticos deportivos.
En efecto, el decreto ley Ne 1.298 establece que los recursos netos que genera el sistema, se distribuyen de la siguiente manera: un 35% para premios; hasta un 9% para gastos de administración, es decir, para la Polla Chilena de Beneficencia; hasta un 10% para pago de comisiones a los Agentes; un 3% para la Federación Rectora Nacional del Deporte para que sirva de base al respectivo concurso, es decir, para la Federación de Fútbol; un 6% para fomentar, desarrollar y satisfacer las necesidades de los clubes deportivos nacionales y del deporte que sirvan de base al concurso.
El producto líquido, una vez hechas las deducciones a que se refieren las letras anteriores, es entregado a la Dirección de Deportes y Recreación, con el objeto de financiar, exclusivamente, el fomento, desarrollo y actividades relacionadas con el deporte y la recreación. Con un 37 por ciento, se otorga especial prioridad a aquellas que tengan atingencia con la niñez y la juventud. A su vez, la Dirección de Deportes, de ese porcentaje, destina el 15 por ciento al Comité Olímpico de Chile, para ser distribuido entre el deporte federado.
Mi propósito, en esta oportunidad, es destacar la importancia que asignamos al Deporte y la recreación, como factores de integración social, como alternativa de uso del tiempo libre de la población, que genera el mayor grado de beneficio social en relación con el gasto, como elemento de esparcimiento que se presenta al niño, al adolescente y al joven para alejarlos del vicio, el alcoholismo y la adicción. Y en el caso del deporte de alta competitividad, como un elemento de valor en la necesidad de participación que tiene la nación en el concierto internacional.
Por estas razones, la política deportiva nacional considera en forma especial el fomento y desarrollo del deporte, tanto respecto de la práctica por la población, cuanto de su desarrollo como espectáculo recreativo, accesible a grandes sectores. Todo ello tiene un costo y, por tanto, requiere de recursos. Esa necesidad es la que satisfizo el sistema de pronósticos deportivos, popularmente conocido como
Polla Gol, fuente generadora de recursos para el fomento y el desarrollo del deporte y la recreación.
Desde su origen, en 1975, fue concebido como un sistema de apuestas, basado en los resultados semanales del fútbol profesional, no afecto a impuestos ni tributos de ningún tipo. Sin embargo, en 1982, la ley N° 18.110 aplicó un impuesto a beneficio fiscal del 15 por ciento de la recaudación bruta del sistema y, posteriormente, la ley N° 18.681, de 1987, destinó un 6,6 por ciento a la Polla Chilena de Beneficencia, para invertirlo, hasta el 31 de enero de 1991, en la mecanización del procedimiento y captación de apuestas. Ambos tributos han significado ya una merma considerable del volumen de recursos destinados originalmente al deporte y la recreación, puesto que ahora se ve restringido al 79 por ciento neto.
A todo lo anterior se suma un nuevo antecedente que nos preocupa hondamente, porque viene a significar otra importante disminución de los recursos de Polla Gol destinados al deporte y la recreación. Y quienes, como yo, sentimos el deporte como una actividad trascendente en la vida nacional y lo apreciamos por haber estado muy ligado a él tanto en la práctica como en niveles directivos, no podemos menos que reaccionar con alarma y tratar de buscar una solución al problema. En efecto, he sido siempre un deportista. Fui seleccionado chileno de rugby y presidente de la Federación de Rugby de Chile; miembro del Consejo del Comité Olímpico de Chile, en representación de la Federación de Rugby, y miembro del Consejo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile, en representación del fútbol profesional. Esta estrecha vinculación con el deporte me permite estar bien informado de su acontecer, y observar con honda preocupación lo que en esa actividad está sucediendo.
El Gobierno anterior, en las postrimerías de su administración, en una ley miscelánea, la N° 18.768, incluyó un artículo signado con el número 90, que autorizó a la Polla Chilena de Beneficencia y a la Lotería de Concepción, previa autorización expedida por el Ministerio de Hacienda, para administrar sorteos de números y juegos de azar, independientes de sus sistemas habituales, pero derivados de los mismos. Los ingresos brutos de estos sorteos de números y juegos de azar, excluidos los impuestos que pudieren afectarles, se distribuyen de la siguiente manera: un 50 por ciento para premios; un 30 por ciento, en el caso de la Polla Chilena de Beneficencia, para rentas generales de la Nación; y en el caso de Lotería de Concepción, para la Universidad de Concepción, y un 20 por ciento para comisión de agentes y gastos de administración.
Al amparo de la disposición antes citada, el 29 de septiembre de 1989, el Ministerio de Hacienda dictó el decreto supremo N2 846, que autorizó a Polla Chilena de Beneficencia para que, derivado del sistema de pronósticos deportivos, administre en forma independiente de éste un sistema de números denominado Polla Loto o Loto. Posteriormente, el 27 de diciembre de 1989, después de expirar el mandato anterior, el Ministerio de Hacienda dictó el decreto supremo 1.183, que autorizó a Polla Chilena de Beneficencia para que, derivado del sistema de sorteos que opera, administre en forma independiente de éste, un sorteo de números denominado Polla Bingo. Este último aún no está en operación, aunque se espera que pronto se llevará a la práctica.
El denominado Loto, en aproximadamente 6 meses de funcionamiento, se ha constituido en una alternativa de Polla Gol sumamente atractiva para la población, por la simplicidad del juego y el considerable monto de sus premios. Ello, como es obvio, ha determinado un descenso alarmante en él tradicional juego de Polla Gol, que cada día ve cómo bajan los ingresos destinados al deporte, con gran preocupación de todos sus beneficiarios, especialmente de la Dirección General de Deportes y Recreación, del Comité Olímpico de Chile, de la Federación de Fútbol de Chile y de los clubes profesionales que sirven de base al sistema.
Como se desprende de lo anterior, el juego del Loto, derivado de Polla Gol, que utiliza los sistemas mecanizados adquiridos con el producto de esta última, no puede considerarse completamente ajeno a su origen o principio. Sin embargo, de la recaudación del Loto ni un solo peso está destinado al fomento y desarrollo del deporte, como lo está el sistema que le da origen y del cual deriva.
Recordemos que el producto del Loto, como lo dispone el artículo 90 de la ley N°18.768, se distribuye en un 50 por ciento para premios, un 30 por ciento para rentas generales de la Nación y un 20 por ciento para la comisión de agentes y gastos de administración. El 30 por ciento destinado a rentas generales de la nación no tiene destino específico.
El impacto que Loto ha provocado sobre la Polla Gol lo podemos apreciar comparando las cifras de recaudación en los últimos seis meses desde su entrada en vigencia. A modo de ejemplo, cabe señalar que la recaudación total del sorteo de pronósticos deportivos realizado el 21 de octubre del año pasado, fue de 286 millones 820 mil 550 pesos. El pasado 15 de abril de este año, el mismo sistema de pronósticos deportivos recaudó 140 millones 104 mil 525 pesos en ese sorteo. Es decir, en 6 meses de existencia del Loto como sistema alternativo de juego, la recaudación de Polla Gol ha disminuido a menos de la mitad, y la tendencia es a seguir bajando. Ello importa el desfinanciamiento total del deporte, la atomización del fútbol profesional, el desaparecimiento de los clubes profesionales, la paralización de obras de infraestructura deportiva, la terminación y esto es lo más grave del fomento y desarrollo del deporte masivo y la recreación y, por lo tanto, la muerte por inanición de la DIGIDER, cuya única fuente de financiamiento es su porcentaje de la Polla Gol.
Indudablemente, quienes amamos el deporte y estamos preocupados de su desarrollo, no queremos que ello ocurra. Por eso, hemos tomado la iniciativa de presentar esta indicación, que es muy simple y la cual sólo tiene por objeto poner a cubierto al deporte y a los beneficiarios del sistema de pronósticos deportivos, de los avatares provocados por juegos de azar alternativos que en nada contribuyen a los objetivos trascendentales de aquél, de clara finalidad social.
En síntesis, propone modificar el artículo 90 de la ley N° 18.768, sólo en cuanto se refiere a la distribución de los ingresos del Loto, asimilándolos al reparto que hace el decreto ley NQ 11.298, respecto de los de Polla Gol. Esto es, un 35 por ciento para premios, hasta el 9 por ciento para gastos de administración, hasta un 10 por ciento para comisión de agentes, un 3 por ciento para la Federación Nacional rectora del deporte que sirve de base al sistema, un 6 por ciento para los clubes deportivos que sirven de base al sistema y un 37 por ciento para la Dirección General de Deportes.
Para lograr lo anterior, se rebaja de un 50 a un 35 por ciento el 'monto destinado a premios y se redistribuye el saldo en la forma ante dicha, suprimiendo el 30 por ciento que va a rentas generales de la Nación sin destino específico.
Cabe hacer notar que la indicación sólo se refiere a los juegos que administra o llegase a administrar la Polla Chilena de Beneficencia y no la Lotería de Concepción, pues en este último caso el 30 por ciento se destina a la Universidad de Concepción y no a rentas generales de la Nación. Consideramos que ese destino debe mantenerse por tener un objetivo de financiamiento en el ámbito educacional, plenamente compatible e incluso complementario con el deportivo.
Estimamos que nuestra indicación es plenamente pertinente con el proyecto de ley en estudio, opuesto que se refiere a una materia afín con las ideas matrices del proyecto, en cuanto redistribuye recursos del destino general en favor de una actividad claramente identificada y definida. Una de las ideas matrices del proyecto es introducir en nuestra legislación reformas tributarias que tienen por finalidad allegar fondos al erario para la satisfacción de necesidades sociales consideradas prioritarias.
Nuestra indicación no crea tributos nuevos, sino que orienta el destino de recursos ya existentes a la satisfacción de una necesidad social que estimamos prioritaria y que debe ser preocupación fundamental del Estado, cuales con el deporte y la recreación. Por lo demás, baste recordar que el artículo 90 que nuestra indicación modifica está inserto en la ley N° 18.768, sobre normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y de personal; es decir, una ley de contenidos análogos al proyecto de reforma tributaria en actual estudio.
Señor Presidente, esta indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión de Hacienda. Yo creo que es plenamente pertinente incluirla en el proyecto de reforma tributaria, tal como lo he sostenido anteriormente. En este sentido, el criterio seguido en la Comisión para declarar la admisibilidad de las indicaciones no ha sido coherente; más bien, ha sido contradictorio. Así, por ejemplo, declaró admisible la indicación referente a las donaciones culturales, en circunstancias de que la propia Mesa de la Cámara había cuestionado su procedencia, por cuanto constituía un verdadero cuerpo legal aparte injertado en el proyecto de reforma tributaria. Reitero que me parece incomprensible que mi indicación haya sido declarada inadmisible.
Señor Presidente, no quiero provocar una polémica respecto del punto. Sólo quiero dejar constancia de que si la Cámara no aprueba esta indicación, la presentaré posteriormente como un proyecto de ley separado, y espero que, en su oportunidad, cuente con el apoyo, ojalá unánime, de los colegas Diputados, como una manera de proteger al deporte nacional y a los miles de jóvenes que necesitan del deporte, la recreación y el esparcimiento.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, quisiera aclarar lo dicho en su intervención por el Diputado Pizarro, don Jorge, sobre la declaración de inadmisibilidad que, como Presidente de la Comisión de Hacienda, hice respecto de la indicación de que es autor, en uso de la facultad reglamentaria que compete a los Presidentes de Comisiones.
En este caso, la inadmisibilidad planteada no fue aceptada por el Diputado Huenchumilla, lo que obligó a la Comisión a votarla. El resultado de la votación indicó que todos los integrantes de la Comisión, con excepción del diputado Huenchumilla, estimaron que la indicación era improcedente. Por lo tanto, no es exacto que sólo el Presidente de la Comisión de Hacienda lo haya estimado así. Esta situación no sólo se ha presentado respecto de la indicación del Diputado Pizarro, sino que con varias otras que conocerá la Sala en la discusión particular.
Personalmente, deseché la inadmisibilidad solicitada respecto de varias indicaciones, con el objeto de que la Comisión de Hacienda pudiera conocerlas, sin limitaciones por discrepancia en la interpretación de la ley. No ha sido mi ánimo declarar inadmisibilidad de indicaciones. Me he limitado a cumplir con la Constitución y la ley.
Este es el punto importante que la Cámara debe resolver. El acuerdo de la Comisión de Hacienda fue que esta materia pasara a la Sala, precisamente para no estar restringiendo nosotros atribuciones que eventualmente podríamos tener. En este caso, como no fue aceptada la indicación que presenté, se sometió a votación, y todos los miembros de la Comisión la declararon inadmisible, con la sola excepción del Diputado Huenchumilla, que no la aceptó. Este punto, obviamente, tendremos que discutirlo con mayor profundidad, porque esa situación también puede repetirse con indicaciones futuras, y no es el ánimo del Presidente de la Comisión de Hacienda, ni de los miembros de ella, suprimir atribuciones que eventualmente podrían tener sus miembros, mediante una interpretación que se haga de común acuerdo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, en el día de ayer vivimos una situación que podría calificarse de sorpresiva y sorprendente, y creo que es bueno desviar un minuto la atención para reflexionar al respecto.
Después del trabajo de la Comisión, dentro de las posturas de cada cual, con espíritu comprensivo, constructivo, incluso con una cierta amistad cívica, escuchamos ayer dos intervenciones, a lo menos, de quienes, en parte, colaboraron en ese trabajo, las cuales resultan un tanto sorprendentes y obligan a plantearnos una interrogante hacia el futuro.
Señor Presidente, creo que recurrir a .emplazamientos o a amenazas, o emplear calificativos de "arrogancia" en una Comisión, donde yo diría que las discrepancias fueron razonablemente debatidas y democráticamente resueltas, no tiene sentido, y todavía sigo sin entender cuál es la explicación de ese hecho, a menos que se haya originado en motivos que no han tenido lugar en este hemiciclo ni durante las sesiones de la Comisión.
Hago alusión a ello, porque nos plantea hacia adelante la interrogante sobre el grado de confianza en que continuaremos trabajando, dentro de las limitaciones de las posturas y de los principios personales en que seguiremos enfrentando esta tarea común de legislar para superar las necesidades y los problemas de este país.
Señor Presidente, hablar de arrogancia nos resulta sorprendente, por cuanto lo que este país ha querido es terminar con ella. Arrogancia fue decir: "En este país no se mueve una hoja si yo no quiero", arrogancia también fue expresar, cuando había un reajuste: "Aquí tengo unas platas para darles unos pesos de aumento". Esa es arrogancia. Arrogancia, en fin, fue cuando se descalificó sistemáticamente a todo aquel que pensaba de manera distinta y se atrevía a plantear, a veces con gran valor, denuncias frente a atropellos que eran ostensibles de los derechos y condiciones fundamentales del ser humano.
Señor Presidente, creo que, efectivamente, aquí los presentes pensamos distinto, pero ese hecho no nos obliga a poner o colocar esa diferencia de pensamiento en términos de discursos altisonantes, de palabras agresivas o, en fin, de crear un clima que no ayuda precisamente a esta tarea que, de todas formas, estoy cierto que en los próximos cuatro años realizaremos en común.
Esta es una cuestión que nos obligaría a meditar un poco más, si queremos seguir avanzando en este proceso de reencuentro entre los chilenos y de reconstrucción de la democracia; sin que se transforme en una guerrilla permanente de injurias y descalificaciones o de distorsión de intenciones, en el entendido de que pensamos y apreciamos de distintas forma el pasado, el presente y, tal vez, el futuro de este país. No debemos magnificar esas diferencias ni convertirlas en un verdadero foso, para que ningún chileno acuse o sea acusado de no ser consecuente con lo que piensa, porque se atreve a tener una actitud de discrepancia, pero con respeto, con altura y de acuerdo con las normas democráticas.
Señor Presidente, creo que ésa es una cuestión importante que debemos tener en cuenta si queremos seguir trabajando, sobre todo, en las propuestas que más adelante debatiremos, no sólo respecto de este proyecto de ley sino' que de otros que traerán, sin duda, elementos de conflicto o de mayor problemática.
Agradezco la atención a esta digresión, la cual tiene mucho que ver con el ánimo con que se ha debatido la propuesta del Ejecutivo en tomo a la Ley de Impuesto a la Renta.
Señor Presidente, estimo que no es pertinente extenderse en exceso después de las palabras tan contundentes del señor Ministro en su primera intervención, y en la segunda explicación en la tarde de ayer, y de las de varios señores parlamentarios de la bancada de la Concertación, a las cuales no me referiré en detalle, porque sería abusar del tiempo de los Honorables colegas; pero hay dos o tres puntos en los que nos interesa insistir o que deseamos remarcar.
Aquí se ha planteado una visión extremadamente catastrofista y negativa de una iniciativa que ha sido calificada, incluso por sectores muy distantes del actual Gobierno, por dirigentes muy connotados de los sectores empresariales, como moderada y prudente.
Se ha dicho que el impuesto de primera categoría impacta la inversión. No quisiera entrar en reiteraciones sobre este punto porque ha sido suficientemente dilucidado en esta Honorable Cámara.
Sin embargo, hay una cuestión adicional más. No siempre se recuerda, con el rigor que se debiera, el hecho de que el impuesto de primera categoría no es efectivamente un tributo que pagan las empresas, sino que es un anticipo que, en definitiva, pagarán los contribuyentes, las personas naturales, en función del global complementario. En consecuencia, no se puede decir que es un impuesto que grava a las empresas, sino que se trata de un anticipo que entregan las empresas sobre las utilidades devengadas y que, en definitiva, permitirá el crédito a las personas naturales, propietarias o socias de la empresa, para el pago del global complementario. Pero se nos dice que afecta la inversión. Ayer, el señor Ministro nos recordaba que en este país se mantuvo un tributo de primera categoría mucho más elevado para no dar cifras que el que hoy día el Gobierno propone restablecer, el cual, apenas en un 50 por ciento, recupera lo que hubo en el pasado.
Es importante recordar que la mayoría de los otros sistemas tienen urja tributación de primera categoría equivalente a tasas considerablemente mayores. Se dice que el impuesto de primera categoría afecta a la inversión. Nosotros, en un principio, no participábamos del criterio de incrementar el IVA, pero el Gobierno formuló la propuesta del IVA compensado; es decir, una persona que paga más por gastos de consumo, será más que compensada por la vía del gasto social, por los servicios que recibirá. En ese sentido, también se adoptó el criterio de la transitoriedad de este tributo. Se manifiesta que el IVÁ afectará a todos los consumidores, lo que es cierto, y que, en definitiva, también tendrá una serie de impactos negativos. Además, se expresa que el global complementario afectará a los sectores más dinámicos.
¿Qué se quiere decir con esto, señor Presidente? Aquí hay dos opciones: O no se aumenta ningún tributo, en el entendido de que aquí no se está planteando una reforma tributaria con un fin persecutorio o vindicativo, o se aprueba esta reforma, porque el país tiene necesidades muy apremiantes, en lo social. No por casualidad en los tres programas de los candidatos presidenciales para la elección de diciembre del año pasado se puso énfasis, justamente, en los problemas y necesidades sociales apremiantes de este país.
Reitero que, por eso, se recurre a esta vía tributaria, a fin de captar recursos que el Estado requiere urgentemente para atender esta clase de situaciones y de necesidades.
Señor Presidente, si no se quiere atender esas necesidades y no se desea resolver estos problemas sociales, que se diga con más claridad. Lo otro sería aumentar los gastos sociales, de salud, de vivienda, de habitación, y paralelamente, que el Fisco no tenga dónde echar mano para obtener nuevos recursos. ¿Qué se quiere provocar con eso? ¿Inestabilidad? ¿Inflación? Yo no pienso mal. Creo que, efectivamente, hay una visión errada cuando se plantea este tipo de cuestionamientos tan globales y radicados respecto de la iniciativa que ha sido fundada y abundamente explicada por el Gobierno, tanto en los medios de comunicación como en el mismo Parlamento.
Me parece que el trabajo entregado por la Comisión de Hacienda de esta Cámara refleja, precisamente, la comprensión de los distintos señores Diputados que la integran, en cuanto a la necesidad de atender estos problemas y demandas sociales urgentes, buscando aquellas fuentes de financiamiento que resulten menos lesivas para el desarrollo económico y el crecimiento normal del país y, a la vez, más equitativas, en lo que dice relación con las normas de distribución dé la carga tributaria.
No puede acusarse de arrogancia ni de inflexibilidad cuando, con nuestra actitud, hemos estado dispuestos a escuchar y a atender a los distintos sectores que se sienten potencialmente gravados con la modificación tributaria.
Así, por ejemplo, en el caso de la renta mínima presunta agrícola se aumentó considerablemente el límite a partir del cual se exige la contabilidad efectiva. En cuanto a los mineros, se introdujo una modificación que permite que los gastos de exploración y de instalación de una faena también sean deducidos o incluidos dentro de la carga tributaria, para los efectos de no desincentivar ese tipo de gastos y de inversión.
Además, cuando se plantea la incorporación del transporte al sistema de renta efectiva, también se buscan soluciones que apuntan a lo que se aspira; y, justamente, a escuchar las demandas y los problemas específicos que los distintos sectores plantean a este Parlamento, o al Gobierno, directamente.
Entonces, abordar esta reforma con prejuicios, o de manera extremadamente alarmista, no ayuda efectivamente a la solución de los problemas que este país y esta democracia tienen por delante.
Señor Presidente, nuestra bancada resolvió desde el primer momento, apoyar esta iniciativa, en la medida en que, además, fue el propio Presidente de la República quien empeñó su compromiso en impulsarla, como lo dijimos oportunamente. Nosotros apoyaremos esta reforma porque obedece a criterios de flexibilidad, de equidad y de eficacia en la aplicación de las medidas que se necesitan para obtener los recursos que el Fisco les son tan necesarios en esta etapa que el país vive.
Además, hemos visto como se ha hecho todo un manejo publicitario respecto de un proyecto inspirado en la buena fe, porque propone la supresión de algunas exenciones tributarias en los llamados casos del "capitalismo popular".
No cabe duda que ésta es una iniciativa que puede ser controvertida, pero creemos que tiene fundamentos sólidos que seguiremos defendiendo en el seno de la Comisión y en lo que queda del debate de este proyecto de ley. Tampoco hay ahí el ánimo de perseguir a nadie; pero sí queremos aclarar y en ello debo ser muy preciso que no puede distorsionarse el alcance de una propuesta que tiene un sentido muy claro y a la que me voy a referir de la manera más breve posible.
Se trata de acciones que han sido compradas a precios bajos, a través de un crédito con una tasa de interés bonificada; que se pagan a muy largo plazo, ganan dividendos y también tienen una tributación extremadamente favorable. A veces, son más altos los dividendos recibidos que las cantidades pagados y, además, parte de la inversión del capital queda exenta de impuestos definitivamente, o constituye un crédito contra el impuesto, también de manera indefinida.
Nos parece que ésa es una situación extremadamente injusta, que no está favoreciendo a la gran masa de pequeños inversionistas, sino a aquella gente que hizo la adquisición, es decir, que contó con los recursos para comprar las acciones.
Por cierto, estamos dispuestos a discutir la iniciativa y a perfeccionarla; pero creemos que hemos planteado un problema como muchos otros expuestos por el Gobierno o por otros sectores que apunta a encontrar un tratamiento tributario equitativo y justo entre los distintos contribuyentes del país. No hay un ánimo persecutorio ni vindicativo de nuestra parte, como tampoco lo hay en ninguna de las disposiciones de esta reforma que hoy se somete a la consideración del Congreso.
Señor Presidente, termino diciendo que, según nuestra opinión, lo que este Gobierno está haciendo es, lisa y llanamente, cumplir con el compromiso que contrajo frente al pueblo durante todo el proceso de la campaña electoral. El pueblo comprendió que lo que dijimos debía compartirlo. Por algo se pronunció, muy mayoritariamente, por el actual Presidente, don Patricio Aylwin, y por la Concertación. Dijo que quería justicia social por los mecanismos precisos que planteamos. Todas estas reformas que hoy discutimos fueron claras y estuvieron contenidas en el programa de la Concertación, sujetas, por cierto, a los aportes que el Parlamento debe hacerles en su discusión.
No cabe duda de que todas y cada una de estas ideas fueron claras y anticipadamente planteadas al país, y el pueblo chileno las votó de manera rotunda, diciendo que ésa era la solución que quería.
Estamos cumpliendo ese compromiso y esa palabra.
Gracias.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Corresponde el uso de la palabra al Diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestra posición respecto de la reforma tributaria en discusión quedó largamente expresada en el día de ayer, a través de la intervención del Diputado señor Longueira.
Hoy día queremos referimos especialmente a una modificación introducida por la Comisión de Hacienda, que propone sustituir el artículo 8° permanente del proyecto del Ejecutivo, que establecía el alza del IVA del 16 al 18 por ciento, por un artículo 9° transitorio, que dispone que la tasa del impuesto al valor agregado, contemplada en el artículo 14 del decreto ley N° 825, de 1974, será del 18 por ciento y tendrá validez solamente hasta el 31 de diciembre de 1993.
Nos parece que esta proposición se contradice, ya en el hecho, con lo que inicialmente se señaló en esta Cámara y a través de las autoridades del Ministerio de Hacienda, en términos de que no se iban a introducir modificaciones al proyecto en discusión. Sin embargo, ya se está incorporando, en un artículo transitorio, una modificación, dejando para el año 1993 un porcentaje del IVA que no sabemos si en esa fecha se propondrá subirlo aún más o bajarlo, porque la reducción es muy clara en términos de señalar que será del 18 por ciento, pero no dice que lo que pretenden en esa fecha es devolverlo al 16 por ciento.
No entendemos esto, porque, dentro de las argumentaciones que se dieron en el día de ayer, en cuanto a que el IVA iba a ser compensado a los sectores que tuvieran por pagarlo, por la vía de la red social, también se señaló, como argumentación para subir este impuesto, que el 75 por ciento del IVA provenía del 40 por ciento más rico de la población del país, y que el 25 por ciento restante provenía del 60 por ciento más pobre.
Si esto es así, y si aceptamos esta situación, entonces tendríamos que pensar en por qué no subir aún más el IVA, si, total, está gravando a los más ricos de este país. ¿Por qué darle, entonces, a esta medida tan eficaz en la recaudación de tributos, un carácter transitorio y restringirlo a los tres años?
Salvo la votación en contra que en tal sentido se dio en la Comisión de Hacienda por los diputados Palma y Longueira, por razones diferentes (el primero de ellos porque quiere que sea permanente y, el segundo, porque no desea que se suba el impuesto al valor agregado), esto demuestra en los demás miembros de la Comisión una contradicción, en cuanto una medida que ellos señalan que es tan positiva, la están planteando ahora en forma transitoria, pidiéndole a esta Honorable Cámara que legisle y deje un cheque en blanco para el año 1993, con el propósito de que este impuesto pueda ser subido nuevamente o, quizás, bajado.
Por esta razón, señor Presidente, la bancada parlamentaria de la UDI, junto con el Diputado Carlos Bombal, ha presentado una iniciativa, con el objeto de que se suprima este artículo 9° transitorio y no se innove en materia del impuesto al valor agregado.
Quisiera también, en nombre de los parlamentarios de mi bancada, hacerme cargo del emplazamiento que en el día de ayer nos hiciera el Diputado don Vicente Sota, en términos de que nosotros señaláramos algunas alternativas para lograr mayores disponibilidades para el sector público y, por consiguiente, enfrentar estas nuevas necesidades del gasto social.
Vale la pena aclarar, una vez más, que no estamos en contra de que se haga, sino que creemos que se ha buscado un camino que no es el correcto.
Por eso, yo quisiera mencionar algunas potenciales disponibilidades con las que podría contar el Estado si no se aplican las reformas tributarias. Se han dado a conocer en numerosas oportunidades, pero creemos importante ir hoy día un poco más al detalle e indicar algunas cifras que podrían recaudarse.
El primer mecanismo, señalado en forma reiterada, es el del crecimiento económico.
Supongamos para hacer un ejercicio en este tema que se mantiene la razón de los ingresos tributarios en moneda nacional, menos los gastos corrientes y de inversión, y el producto de cada año respecto de la relación estimada para el año 1989. Supongamos, también, una tasa de crecimiento del producto de un 4,5 por ciento y que la recaudación tributaria en moneda nacional crecerá en la misma proporción; por consiguiente, la base sobre la cual se aplican los impuestos también subirá. Exceptuamos, eso sí, de esta situación, el IVA, que crece a una tasa superior, de acuerdo con la vivencia histórica que en este sentido se ha dado.
Supongamos, además, que el gasto corriente y la inversión del Gobierno crecen anualmente, en términos reales, a una tasa del 1,8 por ciento y del 2 por ciento respectivamente.
Eso, señor Presidente, podría permitir al Estado tener recaudaciones adicionales para este año del orden de los 135 millones de dólares; para el año 1991, de 362 millones de dólares; para el año 1992, de 554 millones de dólares, y para 1993, de 791 millones de dólares.
Otro mecanismo a través del cual pensamos que también se puede allegar más recursos al Estado, es la reasignación de los gastos y el debido y adecuado control sobre la focalización del gasto social. Sabemos, y hay estudios de la Universidad de Chile y de Odeplán sobre el gasto social efectivo, que demuestran que toda esta red social tiene filtraciones. Hay filtraciones de recursos que el Estado^ destina a los sectores de mayor pobreza, y que van a sectores que no los necesitan. Esas filtraciones hay que corregirlas, para que efectivamente esos recursos lleguen a quienes más corresponde, y el ahorro que por eso se produzca, efectivamente contribuya a satisfacer esta mayor necesidad de recursos del Estado.
Hagamos nuevamente un ejercicio en tal sentido. Si se optara por focalizar dicho gasto en mejor forma, en el sentido de eliminar el 70 por ciento de las filtraciones hacia los grupos pertenecientes al 20 por ciento más rico de la población, y eliminar un 30 por ciento de las filtraciones en el tramo inmediatamente inferior
en pobreza, tendríamos, .entonces en el estado de régimen que ello implicaría que liberar recursos por una magnitud equivalente al 0,9 por ciento del producto geográfico bruto, de acuerdo con estudios efectuados el año 1987, lo que significaba ya en esa fecha habría que acomodarlo al día de hoy una equivalencia a 170 millones de dólares de ese año.
Por último, podríamos agregar dos nuevas medidas adicionales. Tenemos, primero la del control para disminuir la evasión tributaria. En el año 1989, la recaudación tributaria en moneda nacional fue de un 16,2 por ciento del producto geográfico bruto, representando el impuesto al valor agregado (IVA), aproximadamente la mitad de dicha recaudación.'
Si bien no disponemos de estimaciones actualizadas respecto de las magnitudes que están involucradas en la evasión de impuestos, existen referencias que datan del año 1986, que señalan que la evasión que se producía sobre el IVA, era aproximadamente de un 1,3 por ciento del producto geográfico bruto.
Sabemos, y especialmente quienes conocemos la actividad agrícola, por ejemplo, la fuerte evasión que se produce en ese sector. Basta con ir a la Feria de Lo Valledor, en la Región Metropolitana, para darse cuenta de que, prácticamente, la totalidad, o un porcentaje muy alto de los productos, en ese lugar se transan sin pagar IVA.
Veíamos el ejemplo, semanas atrás, de una comuna en el sur de Chile, donde se transaban 6 mil quintales de trigo diarios, sin pagar IVA. Vemos a diario en las calles del centro de Santiago, un comercio ambulante que tampoco tributa, y sabemos que allí existe también una evasión importante.
En este sentido, así como hoy día se nos está pidiendo a los chilenos que nos "metamos las manos al bolsillo" para generar mayor cantidad de impuestos y de recursos a la nación, no vemos igual esfuerzo de parte del Estado, en términos de perfeccionar estos mecanismos de control para que impuestos que están hoy día vigentes rindan con mayor eficiencia que ahora.
Por último, un tema controvertido; pero que es importante volver a plantearlo: las ventas de activos prescindibles del Estado, que podríamos estimar en cifras de aproximadamente 50 a 100 millones de dólares para los próximos dos años.
En resumen, señor Presidente, estas medidas que no contemplan reformas tributarias, que son algunas de quizás otras que también podrían, con ingenio y creatividad, buscarse, significaría que podríamos, por la sumatoria de estos efectos, lograr en el año 1990 recursos adicionales por 275 millones de dólares; en el año 1991, 638 millones de dólares; en el año 1992, 897 millones de dólares, y en el año 1993, 1.145 millones de dólares.
Eso es todo señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI.-
Señor Presidente, Renovación Nacional apoyó la reforma tributaria, en el sentido de que la recaudación de estos fondos iría en directo apoyo de los sectores más postergados. Muy en especial, a mejorar y aumentar los distintos programas sociales. Posteriormente, se nos anunció que no toda la recaudación podría ir a la reforma social. Ello, sin duda y a pesar de razones justificadas expuestas por el señor Ministro de Hacienda, en el sentido de que también debería apoyar ciertos equilibrios macroeconómicos, produjo un alto grado de preocupación en muchos de nosotros y, muy en especial, en quienes apoyaron y comprendieron los alcances de la reforma tributaria.
Aún no sabemos en forma cierta cómo se distribuirán los recursos por recaudar. Ello preocupa no sólo a parlamentarios, sino que también a gran parte de la ciudadanía.
En el día de ayer, el señor Ministro manifestó que este tema se podría discutir cuando se trataran los cambios que debe sufrir la Ley de Presupuestos de la Nación. Sin embargo, la reforma tributaria ya está aprobada. Sin duda, parece que las cosas se hubieran hecho al revés. Primero se solicitaron los recursos, y después se definirá cómo y en qué gastarlos. Mejor habría sido haber planteado, en forma clara y precisa, cuántos y cuáles son los beneficios sociales que se quieren solventar.
Confiamos en el compromiso formal que existe por parte del Gobierno para que estos fondos sean ocupados en áreas de alta rentabilidad social, como así también que ésta sea la única reforma tributaria.
Espero, sí, que junto con la solución de los problemas más sensibles, como son la salud, la educación y la vivienda, se fomenten programas para que vayan en directo apoyo de la mujer, especialmente de las de menores recursos, tales como el subsidio familiar, el aumento de las salas cunas y de los jardines infantiles, la capacitación y las mayores oportunidades de trabajo.
Con esa confianza y con esa esperanza, concuerdo con esta reforma tributaria. En caso de que así no sea, ya será tarde para votar en contra.
He dicho.
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